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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06260-00

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06260-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Unión Temporal Formación Judicial 2019. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE este mecanismo constitucional promovido por el señor Carlos García Salamanca contra el Consejo Superior de la Judicatura – EJLRB, por no satisfacer el requisito de la subsidiariedad. TERCERO: NEGAR la solicitud del señor Carlos José García Salamanca referente al amparo de su derecho fundamental a la igualdad. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06260-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

30 de enero de 2025

Demandante: Carlos José García Salamanca
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06260-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06260-00
Demandante: CARLOS JOSÉ GARCÍA SALAMANCA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - ESCUELA
JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA

Temas: Tutela contra acto administrativo – improcedente por no
superar el requisito de la subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El señor Carlos José García Salamanca, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla (en adelante EJRLB). Con la solicitud de amparo
requirió la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a cargos públicos, de petición, «a la confianza legítima y buena fe».

2. En sentir de la parte actora, la transgresión de las citadas garantías
constitucionales se consolidó con la expedición de la Resolución EJR24-298 del
21 de junio de 2024, mediante la cual se publicaron los resultados finales en la
evaluación de la subfase general del IX del Curso de Formación Judicial Inicial y,
la Resolución EJR24-1270 del 5 noviembre de 2024, que resolvió el recurso de
reposición impetrado por el accionante en contra de la primera. Ambas,
proferidas por la autoridad accionada.

3. Mediante providencia del 20 de noviembre de 2024, el despacho ponente
remitió la solicitud de amparo al despacho de la Doctora Nubia Margoth Peña
Garzón, consejera de la Sección Primera del Consejo de Estado. Lo anterior,

1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.

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Demandante: Carlos José García Salamanca
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para que en virtud del artículo 2.2.3.1.3.1. del Decreto 1069 de 2015, se
pronunciará sobre su acumulación al proceso de radicado 11001-03-15-000-
2024-06163-00.

4. Posteriormente, por medio de auto de 29 de noviembre de 2024, fue
negada la solicitud de acumulación. En consecuencia, el proceso de la referencia
ingresó nuevamente al despacho del magistrado sustanciador el 11 de diciembre
de 2024 para continuar con el trámite correspondiente.

1.2. Pretensiones

5. La parte tutelante solicitó lo siguiente:

TUTELAR mis derechos fundamentales de petición, debido proceso, la confianza
legitima, la buena fe y el acceso a cargos públicos, vulnerados por la Escuela
Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” y, en consecuencia, ORDENAR a la accionada que
en un término improrrogable de 48 horas:

RESUELVA de fondo el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
EJR24-298 del 21 de junio de 2024, específicamente lo que respecta a las:

Preguntas de la evaluación del 19 de mayo de 2024 jornada de la mañana:
P.43, P.44, P.50, P.62, P.70, P.71, P.79
Preguntas de la evaluación del 19 de mayo de 2024 jornada de la tarde: P.59
Preguntas de la evaluación del 2 de junio de 2024 jornada de la mañana: P.2,
P.54, P.61, P.63, P.64, P.65, P.66, P.67, P.71, P.75, P.78, P.81, P.82.
Preguntas de la evaluación del 2 de junio de 2024 jornada de la tarde: P.23,
P. 24, P.25, P.27, P.28, P.32, P.43, P.44, P.45, P.50, P.55, P.57, P.62, P.64,
P.65, P.66, P.69.

EXPIDA un acto administrativo en el que: i) reconozca como acertadas las
respuestas que di a las preguntas referidas en los argumentos séptimo y octavo
de la presente acción ii) DISPONGA mi inclusión definitiva o transitoria en la
subfase especializada del curso concurso de formación judicial (IX curso de
formación judicial).

Subsidiariamente y en el evento de no considerase la anterior orden, pido que se
DISPONGA mi inclusión provisional en la subfase especializada del curso
concurso de formación judicial (IX curso de formación judicial), hasta que un juez
ordinario resuelva la demanda que, en ese evento, presentaré contra los
resultados de la subfase general del mencionado curso de formación judicial.

1.3. Hechos

6. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:

7. El señor Carlos José García Salamanca aludió que participó en la subfase
general del IX Curso de Formación Judicial Inicial. Precisó que mediante la

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Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, la EJRLB publicó los resultados
de las pruebas. Dado que obtuvo 775 puntos, reprobó el examen.

8. Inconforme con el puntaje, presentó un recurso de reposición, mecanismo
que le fue resuelto mediante la Resolución EJR24-1270 del 5 noviembre de 2024.
Pese a que se repuso de forma parcial el acto administrativo anterior reprochado
y se le aumentó en un leve porcentaje su calificación, no obtuvo el puntaje
suficiente de aprobación2.

1.4. Sustento de la vulneración

9. En sentir del señor García Salamanca, la Resolución EJR24-1270 del 5
noviembre de 2024 que resolvió el recurso de reposición afectó gravemente sus
derechos fundamentales, dado que no disipó de fondo sus argumentos, no
resolvió todos sus reproches y utilizó inteligencia artificial para explicar algunos
de los puntos calificados.

10. Asimismo, trajo a colación la sentencia SU-067 de 2022 de la Corte
Constitucional, pues pese a que tiene a su alcance el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, se cumplen los presupuestos de la mencionada
decisión judicial para superar el requisito de la subsidiariedad.

11. Lo anterior, al considerar que se encuentra ante la posible consumación
de un perjuicio irremediable, dado que la siguiente subfase dentro del curso
concurso que iniciaba el 16 de noviembre de 2024 y finaliza en agosto de 2025.

1.5. Trámite de la tutela

12. Por auto del 11 de diciembre de 2024, el ponente de esta decisión admitió
la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar en calidad de
accionado al Consejo Superior de la Judicatura – EJRLB. Adicionalmente vinculó
como terceros con interés a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia (en adelante UPTC) y a la Sociedad E-Distribution S.A.S.

13. Finalmente, se ordenó al Consejo Superior de la Judicatura y a la UPTC
publicar un aviso sobre la existencia de esta tutela y se negó la medida
provisional solicitada3.

1.6. Informes

1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura – EJRLB

14. Refirió que la solicitud de amparo pretende utilizarse como un nuevo

2 Se requería para aprobar un puntaje de 800, no obstante, su calificación final fue de 785.

3 El actor pidió con la tutela que se procediera a su inscripción provisional en la subfase
especializada del IX Curso de Formación Judicial.

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recurso de reposición o desplazar al juez contencioso administrativo, teniendo en
cuenta que, todos los argumentos alegados fueron especialmente resueltos
mediante la Resolución EJR24-1270 del 5 noviembre de 2024.

15. Puso de presente que la Sección Quinta del Consejo de Estado concluyó
que casos como el presente resultan improcedentes ante la existencia de otro
mecanismo judicial de defensa, mediante la sentencia del 18 de enero de 20244.

16. Asimismo, indicó que no se configura un perjuicio irremediable si se tiene
en cuenta que el actor presentó el recurso de reposición correspondiente, el cual
le fue tramitado de conformidad con las reglas del concurso y se resolvieron todos
los motivos de inconformidad que expuso.

17. Sostuvo que no es cierto que haya utilizado la inteligencia artificial para
resolver los reparos del tutelante y que, en todo caso, en la sentencia T-323 de
2024 la Corte Constitucional se aclaró que el uso de este tipo de herramientas
constituye un apoyo a la gestión judicial.

18. Por lo anterior, adujo que la solicitud de amparo debía declararse
improcedente, pues no se acredita la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
aunado a que no se advirtió la vulneración de derechos fundamentales.

1.6.2. Unión Temporal Formación Judicial 20195

19. Precisó que no tiene competencia para resolver las solicitudes que
presentó el accionante en el marco del IX Curso de Formación Judicial debido a
que no existe el nexo causal entre la presunta transgresión de los derechos
fundamentales del tutelante y sus funciones. En ese sentido, solicitó que se
declare su falta de legitimación en la causa por pasiva y se desvincule del trámite
constitucional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

20. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra la EJRLB. Lo anterior, de conformidad
con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto
1069 de 2015 modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena del Consejo de Estado.

4
Exp. 11001-04-15-000-2023-07159-00.
5 Conformada por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Sociedad E-
Distribution S.A.S.

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2.2. Cuestión previa

21. La Unión Temporal Formación Judicial 2019 solicitó que se declare su falta
de legitimación en la causa por pasiva, al no tener relación alguna con los actos
administrativos que se reprochan por esta vía.

22. Su solicitud será negada, dado que su vinculación al presente trámite se
dispuso en calidad de tercero con interés, pues participó en el desarrollo de la
fase del concurso en el que se dictó el acto administrativo cuestionado.

2.3. Legitimación en la causa

23. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

24. La Sala advierte que el señor Carlos José García Salamanca se
encuentra legitimado por activa para reclamar la protección de los derechos
fundamentales invocados al haber sido discente del IX Curso de Formación
Judicial del que resultaron los actos administrativos reprochados.

25. Por otro lado, se evidencia que la EJRLB tiene legitimación por pasiva por
ser la autoridad que profirió las Resoluciones EJR24-298 del 21 de junio de 2024
y EJR24-1270 del 5 noviembre del mismo año.

2.4. Problema jurídico

26. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; el problema jurídico a
resolver en el caso concreto es el siguiente:

• ¿La EJRLB vulneró los derechos fundamentales cuya protección solicita
el tutelante con ocasión de las Resoluciones EJR24-298 del 21 de junio de 2024
y EJR24-1270 del 5 de noviembre del mismo año?

27. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela, (ii) los requisitos generales de
procedibilidad del mecanismo constitucional bajo estudio, y de superarse, (iii) el
caso concreto.

2.5. Generalidades de la acción de tutela

28. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede
ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata
de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la

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acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.

29. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente
la tutela como mecanismo transitorio.

2.6. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de esta
cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces

30. El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1 del
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.

31. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros
mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la
protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se
debe recurrir a estos y no a la tutela.

32. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando
una persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean
protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales
contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela
adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado
asunto radicado bajo su competencia.

33. Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se
colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es
un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los
mecanismos judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos.

34. Vale decir que el respeto y la garantía de los derechos de las personas
son de la esencia del Estado Social de Derecho, como bien lo establece el inciso
2 del artículo 2 de la Constitución, de ahí que la garantía de los derechos
fundamentales de las personas no solo corre a cargo del juez de tutela, sino que
es vinculante para cualquier persona que esté investida de la autoridad del
Estado y en cualquiera de los ámbitos funcionales del mismo.

2.7. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos
administrativos

35. Con fundamento en lo dispuesto por las normas jurídicas anteriores, la
jurisprudencia constitucional ha reiterado que, por regla general, la acción de

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tutela no procede para controvertir la validez ni la legalidad de los actos
administrativos.

36. Lo anterior, en razón a que, la naturaleza residual y subsidiaria de este
mecanismo constitucional impone al ciudadano la carga de acudir previamente,
a través de los respectivos medios de control a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. Esta es la vía procesal idónea para que el legislador ha diseñado
para la garantía de los derechos6.

37. Así las cosas, la Corte ha precisado que «conforme al carácter residual de
la tutela, no es, en principio, este mecanismo el medio adecuado para controvertir
las actuaciones administrativas, puesto que para ello están previstas las acciones
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese escenario, la acción
de tutela cabría como mecanismo transitorio de protección de los derechos
fundamentales cuando quiera que esperar a la respuesta de la jurisdicción
contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un perjuicio irremediable (…)»7.

38. En tratándose de actos administrativos, en virtud de lo dispuesto por los
artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011 proceden los medios de control de
nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho. Al interior de este tipo de
procesos es posible recurrir a la solicitud de medidas cautelares, inclusive de
urgencia, al tenor de lo dispuesto en los artículos 229 y siguientes del referido
ordenamiento.

39. A partir de tales lineamientos, es claro que para cuestionar la legalidad de
actos administrativos se deben emplear los medios de control consagrados en la
Ley 1437 de 2011, dada la naturaleza residual y subsidiaria del mecanismo de
amparo, salvo en el evento, se itera, en que se interponga para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable.

2.8. Subsidiariedad de la acción de tutela en el caso concreto

40. A juicio de la parte actora, la trasgresión de las garantías constitucionales
cuya protección solicitó por esta vía devienen de las Resoluciones EJR24-298
del 21 de junio de 2024 y EJR24-1270 del 5 de noviembre del mismo año.

41. En este sentido, cabe destacar que los argumentos de la tutela se dirigen
a atacar la legalidad de dichas decisiones por presuntamente no resolver todos
los reproches contenidos en el recurso de reposición, por utilizar la inteligencia
artificial para resolverlo y en consecuencia no obtener una respuesta de fondo
frente a los argumentos plateados.

42. Así las cosas, si bien es cierto que se ha aceptado de manera excepcional
la procedencia de la suspensión provisional de los efectos de los actos

6
Corte Constitucional, Sentencia T-260 de 2018.
7
Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 2015.

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administrativos a través de acciones constitucionales de tutela, ello solo ocurre
ante la presencia o posible consumación de un perjuicio irremediable, situación
que debe ser cuando menos justificada de alguna manera por quien acude al juez
de tutela.

43. Frente a lo anterior, el tutelante insistió en la necesidad de continuar con
la fase correspondiente del curso, la cual daba inicio el 16 de noviembre de 2024.
Por lo tanto, puso de presente que pese a que tiene conocimiento de la
posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, la espera para
obtener el fallo de primera instancia en el marco del proceso ordinario le resultaría
gravosa.

44. Ahora bien, la Sala considera que la petición de amparo debe declararse
improcedente, dado que, para discutir la legalidad de las Resoluciones
mencionadas, el actor tiene a su alcance el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, pues es el mecanismo idóneo y eficaz para dejar
sin efecto la decisión enjuiciada y proteger los derechos fundamentales que se
considera en riesgo.

45. Además, cuenta con la posibilidad de proponer medidas cautelares que,
de considerarse urgentes por el juez administrativo, se adoptarán desde la
presentación de la solicitud y sin necesidad de notificar a la otra parte, de
conformidad con el artículo 234 de la Ley 1437 de 20118.

46. Nótese que, incluso pese a que el actor tuvo conocimiento del acto con el
que culminó la actuación administrativa desde el 5 de noviembre de 2024, acudió
al juez de tutela hasta el 15 del mismo mes. Esto es, un día antes a la fecha en
la que se inició la fase del concurso con la que no pudo continuar, de tal forma
que no se advierte la urgencia a la que alude.

47. En otras palabras, la Sala no evidencia que en este caso exista un grave
riesgo que configure un perjuicio irremediable para los derechos fundamentales
del señor García Salamanca, máxime si se tiene en cuenta que al acudir al medio
de control dispuesto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 podrá, además de
discutir la ilegalidad de los actos en cuestión y proponer sus desacuerdos,
solicitar las medidas cautelares que considere convenientes para la satisfacción
de sus derechos, que pueden ser adoptadas por el juez desde la presentación
de la solicitud en caso de advertir la urgencia y necesidad.

8 ARTÍCULO 234. MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA. Desde la presentación de la
solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una
medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por su
urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será
susceptible de los recursos a que haya lugar.
La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución
de la caución señalada en el auto que la decrete.

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48. Se reitera que la acción de tutela tiene una naturaleza residual ante la
existencia de otros mecanismos de defensa judicial. Aceptar lo contrario
implicaría un desgaste innecesario de la administración de justicia. Además, no
se acreditó la posible configuración de un perjuicio irremediable.

49. Por consiguiente, se declarará que este medio constitucional es
improcedente por no satisfacer el requisito de la subsidiariedad, toda vez que la
parte actora cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho para proponer lo que plantea por esta vía.

2.9. Cuestión final

50. Mediante el memorial allegado el 23 de enero de 2025, el accionante puso
de presente la existencia de un fallo de tutela de similares características
proferido por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Armenia el 18 de diciembre de 20249.

51. En dicha sentencia, se ampararon los derechos fundamentales del
discente y se ordenó a la EJRLB que realizara una nueva sumatoria de la
evaluación presentada en la subfase general del IX Curso de Formación Judicial
Inicial. De igual manera, que se incluyera en la subfase especializada mientras
se valorara el examen nuevamente.

52. En este orden, el señor Carlos José García Salamanca solicitó que se
adoptara en el presente fallo el estudio de fondo realizado por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Armenia.

53. Al respecto la Sala adelanta que negará la solicitud del actor, por las
razones que pasan a exponerse.

54. Se resalta que la Constitución Política de Colombia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones.
Frente a ello, la Corte Constitucional ha establecido lo siguiente:

En virtud del principio de autonomía judicial, los jueces tienen un amplio margen
de discreción al momento de motivar sus decisiones. Sin perjuicio de ello, este
deber de motivación encuentra límites constitucionales que deben ser
acatados. Los jueces en el marco de un Estado Social de Derecho deben
justificar suficientemente sus sentencias conforme a lo demostrado por las partes
en un proceso judicial. Esto implica analizar las pruebas y posiciones de las
partes y justificar la decisión en los argumentos más razonables y fuertes que el
juez encuentre10.

9 Radicado número 63001-31-09-001-2024-00107-01. Accionante: Diego Alexander Marín
Bedoya.
10 T-126 de 2018.

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55. En ese sentido, en ejercicio del principio de autonomía judicial, la presente
providencia se ajusta a derecho. Lo anterior, teniendo en cuenta que a partir de
la situación fáctica y los argumentos expuestos por el accionante la Sala al
estudiar los requisitos generales de procedibilidad de las acciones de tutela
consideró que no se superó el requisito de la subsidiariedad. Cabe destacar que,
se fundamentó la razón de la decisión con base a la jurisprudencia y normativa
vigente sin que se evidencie una actitud arbitraria de la Colegiatura.

56. Adicionalmente, se debe recordar que el Consejo de Estado es un órgano
judicial de cierre, por lo tanto, sus decisiones no están atadas a los precedentes
de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.

57. Por lo descrito anteriormente se advierte que, en virtud del principio de
autonomía judicial, no existe vulneración alguna al derecho fundamental a la
igualdad del actor por no acoger el criterio adoptado por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Armenia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Unión
Temporal Formación Judicial 2019.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE este mecanismo constitucional
promovido por el señor Carlos García Salamanca contra el Consejo Superior de
la Judicatura – EJLRB, por no satisfacer el requisito de la subsidiariedad.

TERCERO: NEGAR la solicitud del señor Carlos José García Salamanca
referente al amparo de su derecho fundamental a la igualdad.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

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Demandante: Carlos José García Salamanca
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06260-00

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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