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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06469-00

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06469-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Universidad Nacional, la Unión Temporal Formación Judicial 2019, el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela promovida por el señor Carlos Parrado Gamba. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06469-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

13 de febrero de 2025

Demandante: Carlos Parrado Gamba
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06469-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06469-00
Demandante: CARLOS PARRADO GAMBA
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

TEMAS: Tutela contra acto administrativo definitivo de carácter
particular. Improcedencia al existir otros medios de defensa
judicial1.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor Carlos Parrado Gamba, el 26 de noviembre de 2024, presentó acción de
tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de administración de
Carrera Judicial, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Universidad
Nacional de Colombia, en la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
a la igualdad, al debido proceso y de acceso a cargos públicos.

Las mencionadas garantías fundamentales las consideró vulneradas con ocasión
de la Resolución EJR24-1009 de 5 de noviembre de 2024, mediante la cual la
Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” resolvió un recurso de reposición interpuesto
por el actor contra los resultados de la subfase general del IX curso de formación
judicial dentro de la convocatoria 27 para el proceso de selección de jueces y
magistrados.

1.2. Peticiones de amparo constitucional

Las pretensiones son las siguientes:

TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, la confianza legitima, la
buena fe y el acceso a cargos públicos, vulnerados por la Escuela Judicial “Rodrigo
Lara Bonilla” y, en consecuencia, ORDENAR a la accionada que en un término
improrrogable de 48 horas:

1
Sobre el particular ver los fallos de esta Sección de 18 de enero de 2024, expediente 11001-03-15-
000-2023-07159-00, MP Omar Joaquín Barreto Suárez, de 15 de febrero de 2024, expediente 11001-
03-15-000-2024-00056-00, MP Luis Alberto Álvarez Parra (E), de 10 de octubre de 2024, expediente
11001-03-15-000-2024-04988-00, MP Luis Alberto Álvarez Parra.
1
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Demandante: Carlos Parrado Gamba
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06469-00

-EXPIDA un acto administrativo en el que: i) reconozca como acertadas las
respuestas sustentadas en esta tutela y en el recurso de reposición.

-EXPIDA un acto administrativo en el que: i) corrija la calificación otorgada tomando
el primero puntaje otorgado “788,770” (Resolución EJR24-298 del 21 de junio de
2024) más el puntaje adicional que me otorgaron al resolver mi recurso de reposición
(resolución EJR24-1009 del 05 de noviembre de 2024) y

-DISPONGA mi inclusión definitiva en la subfase especializada del curso concurso
de formación judicial (IX curso de formación judicial).

Subsidiariamente y en el evento de no considerarse la anterior orden, pido que se
DISPONGA mi inclusión provisional en la subfase especializada del curso concurso
de formación judicial (IX curso de formación judicial), hasta que un juez ordinario
resuelva la demanda que, en ese evento, presentaré contra los resultados de la
subfase general del mencionado curso de formación judicial.

Para ello, pido tener en cuenta los argumentos expuestos al momento de efectuar la
solicitud de la medida provisional, atendiendo a que lo pedido no resulta oneroso para
la autoridad accionada, dado que ya tiene contratada la subfase especializada para
la totalidad de los dicentes que iniciamos la subfase general; por tanto, incluirme
provisionalmente en la subfase especializada, no implica para la accionada realizar
una contratación diferente a la existente ni un desembolso o afectación presupuestal
distinto a lo ya previsto2.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta providencia:

1.3.1. El señor Carlos Parrado Gamba, se inscribió al concurso de méritos de la
Convocatoria número 27 iniciada mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de
agosto de 2018.

1.3.2. Expuso que actualmente en el referido concurso se están desarrollando las
subfases a cargo de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla (EJRLB), y como
consecuencia de ello, recientemente se surtió la subfase general del curso concurso
de formación judicial (IX curso de formación judicial) y el 16 de noviembre de 2024
inició la subfase especializada.

1.3.3. Adujo que los resultados de las evaluaciones aplicadas para la subfase antes
referida, fueron publicados en la plataforma de la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla (EJRLB), para lo cual, esta expidió la Resolución EJR24-298 de 21 de junio
de 2024 y su anexo.

Asimismo, adujo que por medio de la Resolución EJR24-1009 de 5 de noviembre
de 2024, le informaron que había obtenido un puntaje de 779 puntos, es decir,
«reprobado».

2
Transcripción literal, por lo que puede contener errores.
2
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1.3.4. Indicó que, en dicho acto administrativo, salta a la vista que la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla (EJRLB), «emitió una respuesta genérica, inclusive apoyada
por IA, pues no dio respuesta a cada una de las preguntas o inconformidades
referidas en el escrito de reposición».

1.3.5. Indicó que «las inconformidades relacionadas con el acuerdo pedagógico
pueden estar superando los alcances de la tutela y que estas pueden resultar más
indicado debatirlas en sede ordinaria; pero lo que evidentemente no supera los
alcances de la tutela, tiene que ver con los derechos conculcados por la accionada
al no revisar objetivamente cada una de las inconformidades frente a las preguntas
de los exámenes».

1.4. Fundamentos de la solicitud

El señor Carlos Parrado Gamba, adujo que sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y de acceso a cargos públicos están siendo
transgredidos con la Resolución EJR24-1009 de 5 de noviembre de 2024, dado que
desconoció el principio de congruencia que debe existir entre el acto administrativo
inicial y el que resuelve el recurso de reposición.

Agregó que «el evaluador nunca aclaró los fundamentos específicos psicométricos
que permitieron invalidar las 5 preguntas referidas en el acto administrativo, pero lo
que permite determinar de entrada yerros en la configuración del examen».

Expuso que «la procedibilidad de la acción de tutela en el contexto de concursos de
méritos es un tema que ha sido abordado por la jurisprudencia, especialmente por
la Corte Constitucional (SU 068 de 2022 expedida por hechos de este mismo
concurso y el Consejo de Estado citadas en el pie de página). La tutela es viable
cuando se presenta una flagrante violación de derechos fundamentales, como el
derecho al trabajo, la igualdad, y el debido proceso, en el marco del concurso de
méritos».

1.5. Trámite de la acción

1.5.1. Mediante auto de 20 de enero de 20253, el despacho sustanciador de esta
decisión admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte actora y al Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial, a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Universidad Nacional de
Colombia, y les otorgó el término de dos días para que rindieran el informe de que
trata el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.

Asimismo, ordenó vincular a la Unión Temporal Formación Judicial 2019, por cuanto
en su condición de tercero interesado, puede resultar afectada con la decisión que
se tome.

3
Inicialmente, por medio de providencia de 28 de noviembre de 2024, este despacho ordenó a la
Secretaría General de esta Corporación que remitiera este expediente al despacho de la magistrada
Nubia Margoth Peña Garzón con destino al proceso 11001-03-15-000-2024-06163-00, por haber
sido la primera en haber admitido una acción de tutela con identidad de objeto. A pesar de lo dicho,
el 12 de diciembre de 2024 se denegó tal acumulación, al considerar que las pretensiones de las
acciones eran diferentes, comoquiera que se controvertían resoluciones distintas.
3
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Además, requirió al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración
de Carrera Judicial y a la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, para que publiquen
en la página web de la convocatoria 27 el auto admisorio junto con el escrito de
tutela y sus anexos, con el fin de que los demás discentes pudieran intervenir si lo
consideran necesario.

1.5.2. En el referido auto admisorio también se negó la medida provisional que
solicitó el señor Carlos Parrado Gamba, a saber:

Se DISPONGA MI INCLUSIÓN PROVISIONAL EN LA SUBFASE ESPECIALIZADA
del curso concurso de formación judicial (IX curso de formación judicial) a cargo de la
accionada, hasta que usted resuelva la presente acción constitucional.

Medida que solicito, dado que mediante la Resolución N. EJR24-1009, contra la cual
no procede recurso alguno, la entidad accionada me categorizó como “REPROBADO”
de la subfase general, otorgándome un puntaje de 799 el mínimo exigido es de 800.
Ello implica que, producto de tal decisión quedo fuera del concurso de méritos y no
puedo avanzar a la subfase especializada que iniciará el próximo 16 de noviembre de
2024.

Al respecto, el despacho sustanciador consideró que la solicitud de medida
provisional no cumplía con el requisito de urgencia, por alto grado de afectación, o
inminencia de la ocurrencia de un daño mayor, porque no se encontraba acreditada,
en ese momento procesal, una duda razonable respecto de la legalidad de la
actuación cuestionada, o si se superaban los requisitos establecidos en la SU-067
de 2022 que se refiere a la procedencia para resolver controversias relacionadas
con concursos de méritos.

De manera que, en dicha providencia se consideró que solo era posible determinar
si los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a cargos
públicos del señor Carlos Parrado Gamba, estaban en amenaza o en riesgo cuando
se contara con el debido material probatorio y se le hubiere garantizado el derecho
a la defensa de la parte demandada, mediante su participación efectiva en el trámite
de la presente acción.

1.5.3. En providencia de 31 de enero de 2025 4, se ordenó vincular al presente
trámite tutelar a la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, a la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y a la Sociedad E-Distribution S.A.S., para
que, si lo consideraban del caso, intervinieran en esta acción constitucional.

1.6. Contestaciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Unión Temporal Formación Judicial 2019

En intervención de 24 de enero de 2025, el representante legal suplente, intervino
en el presente trámite tutelar, y manifestó que carece de legitimación en la causa
por pasiva, con fundamento en que no ha transgredido los derechos fundamentales

4
Notificada por medio de correo electrónico el martes 4 de febrero de 2025.
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alegados por el señor Carlos Parrado Gamba, puesto que siempre ha actuado de
conformidad con lo previsto en la ley y en las atribuciones establecidas para el
desarrollo de las etapas del IX Curso de Formación Judicial Inicial para Jueces y
Magistrados de la República.

Sumado a lo dicho, indicó que la Unión Temporal Formación Judicial 2019 «NO es
la competente para expedir un acto administrativo que reconozca como acertadas
las respuestas referidas en los argumentos de la acción, relacionadas con el
examen de la Subfase General, y disponer sobre su inclusión en la Subfase
especializada del IX Curso de Formación Judicial, como es lo pretendido por el
accionante, debido a que de conformidad con lo señalado en el numeral 9 capítulo
VII del Acuerdo Pedagógico, esta competencia fue delegada exclusivamente en la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla».

1.6.2. Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”

Por medio de memorial, la directora de la referida escuela expuso que en el presente
asunto se debe declarar la improcedencia, con fundamento en que los reparos
esgrimidos por el señor Carlos Parrado Gamba pueden ser objeto de control por
parte del juez administrativo y, adicionalmente, esa Unidad respetó las garantías
constitucionales en la Resolución EJR24-1009 de 5 de noviembre de 2024.

Advirtió así que, para la protección de las prerrogativas superiores que alegó como
conculcadas el señor Parrado Gamba, cuenta con los mecanismos previstos en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo (Ley
1437 de 2011), específicamente con el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, así como con la posibilidad de solicitar al juez
contencioso la adopción de medidas cautelares.

Indicó que la sentencia T-260 de 2018 confirmó que, «cuando se trata de objetar
actos administrativos, en principio se debe acudir a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, y no a la acción de tutela, salvo que los mecanismos no proporcionen
una eficaz protección a los derechos que se pretenden salvaguardar o se esté ante
la posibilidad que se configure un perjuicio irremediable».

Respecto al caso específico del accionante, adujo que evidenció que el accionante
presentó reposición contra la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024 el 26
de julio de 2024, y que, por medio de la Resolución EJR24-1009 de 05 de noviembre
de 2024, se resolvió el referido recurso, en el sentido de aclarar los motivos de
inconformidad generales y específicas frente al contenido del cuestionario aplicado
en las jornadas de evaluación de la Subfase General del IX Curso de Formación
Judicial.

Finalmente, expuso que, era evidente que la Escuela Judicial cumplió con las reglas
concebidas para el desarrollo del IX Curso de Formación Judicial Inicial, así como
para el instrumento de evaluación, en tanto que el diseño y la estructuración de cada
una de las preguntas se tuvieron en cuenta los criterios de pertinencia, conducencia
y documentos del syllabus en su elaboración.

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1.6.3. Universidad Nacional de Colombia

En documento de 27 de enero de 2025, el establecimiento educativo en su calidad
de consultor para el diseño, estructuración, impresión y aplicación de pruebas
psicotécnicas, de conocimientos, competencias, y/o aptitudes, en el marco del
concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama
Judicial (Convocatoria 27), solicitó que se le desvincule de la presente tutela, lo que
garantizará que la acción se enfoque en las actuaciones de la entidad competente,
permitiendo así, un análisis ajustado al marco legal y administrativo
correspondiente.

1.6.4. Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial

La directora de la unidad solicitó que se le desvincule de la presente acción
constitucional, con fundamento en que carece de legitimación en la causa por
pasiva, por cuanto no tiene competencia para decidir o pronunciarse sobre las
pretensiones, y porque con el actuar administrativo no ha transgredido o afectado
los derechos fundamentales del señor Carlos Parrado Gamba.

1.6.5. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

La representante legal de la institución educativa expuso que la acción
constitucional de improcedente, toda vez que no existe un hecho vulnerador que
demuestre la conculcación de los derechos fundamentales alegados, aunado a que
los hechos y pretensiones dan cuenta que ha actuado dentro del marco de sus
competencias y participación del desarrollo del objeto de la «Unión Temporal
Formación 2019».

Además, dijo que no se evidencia que se esté causando un perjuicio irremediable
contra el tutelante por la trasgresión o amenaza de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la confianza legítima, a la buena fe y de acceso a cargos públicos.

También indicó:

La Unión Temporal Formación Judicial 2019, el Consejo Superior de la Judicatura y
la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” han actuado con observancia de las normas
de orden constitucional y legal que regulan el IX Curso de Formación Judicial Inicial;
los actos administrativos proferidos en el marco de la actuación: acuerdos
pedagógicos PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, PCSJA19-11400 del 19 de
septiembre de 2019 y PCSJA19-11405 de 2019 y posteriores comunicados, han sido
sustentados y difundidos ampliamente a todos los discentes del IX Curso de
Formación Judicial Inicial, garantizando la posibilidad de controvertirlos en ejercicio
de su derecho a la defensa y corrigiendo las falencias detectadas en las distintas
fases del Curso-Concurso; por ello no se evidencia la vulneración al debido proceso.

En ese orden de ideas, se opuso a las pretensiones de la tutela, puesto que no se
han vulnerado los derechos fundamentales del señor Carlos Parrado Gamba.

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1.6.6. Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial

En intervención de 23 de enero de 2025, solicitó que se le desvinculara de la
presente acción de tutela, dado que, carece de legitimación en la causa por pasiva.

Lo anterior, con fundamento en que la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, no es la competente para administrar la carrera judicial, «en tanto que,
sobre la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura- Unidad de
Administración de la Carrera Judicial recae la competencia para administrar y
reglamentar de dicho asunto, de manera que son las autoridades legitimadas para
responder por las pretensiones de la demandada de tutela».

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
formulada por el señor Carlos Parrado Gamba contra el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, de conformidad con
lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.

2.2. Cuestión previa

La Universidad Nacional, la Unión Temporal Formación Judicial 2019, el Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitaron que se declare su falta de
legitimación en la causa por pasiva, al no tener relación alguna con los actos
administrativos que se atacan por esta vía.

Lo solicitado por las mencionadas entidades se negará pues se integraron como
extremo pasivo en este proceso en atención a su participación en el desarrollo de
la fase del concurso de la que resultaron las resoluciones cuestionadas.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de
acceso a cargos públicos, por parte del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Administración de Carrera Judicial, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, con ocasión de la Resolución
EJR24-1009 de 5 de noviembre de 2024.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) las
generalidades de la acción de tutela; (ii) la naturaleza subsidiaria de la acción de
tutela y su excepcionalísima procedencia frente a actos administrativos; y (iii) el caso
concreto.

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2.4. Generalidades de la acción de tutela

Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona reclamar la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando quiera que resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o, excepcionalmente,
de particulares.

Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa judicial
ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio
como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por
parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.

En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo demanda la
concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes,
como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un
perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional inmiscuirse
en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes subreglas
dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine.

Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar del uso inadecuado este mecanismo,
que podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento
jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió.

2.5. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su excepcionalísima
procedencia frente a actos administrativos

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de subsidiariedad
como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que «[e]sta
acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591
de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, cuando existen otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos
y no a la tutela.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia5.

5
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución
y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía
el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones
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Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que
la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos
judiciales deben buscar la defensa de aquellos.

Por tanto, debe haber claridad en que la jurisdicción de lo contencioso administrativo
es la que tiene la competencia para conocer de las controversias que se puedan
suscitar de un acto administrativo, frente al cual se pueden pedir medidas cautelares
en los términos de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

No obstante, a pesar de ser este el juez natural de este tipo de asuntos es claro que
en determinadas oportunidades el enfoque bajo el cual se resuelven no es suficiente
para precaver la vulneración de derechos fundamentales, pues se puede dar el caso
de que tal transgresión sea el producto de una decisión administrativa que a la luz
del ordenamiento contencioso se encuentre revestida de legalidad. En esos casos,
la tutela se torna procedente para precaver la eventual conculcación de estas
garantías de orden superior.

2.6. Caso concreto

En el sub examine la parte tutelante alegó que se vulneraron sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a cargos públicos, con
ocasión de la expedición de la Resolución EJR24-1009 de 5 de noviembre de 2024,
mediante la cual la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” resolvió un recurso de
reposición interpuesto por el actor contra los resultados de la subfase general del IX
curso de formación judicial dentro de la convocatoria 27 para el proceso de
selección de jueces y magistrados.

Pues bien, para la Sala el presente asunto se torna improcedente, teniendo en
cuenta que los reproches hechos por el señor Carlos Parrado Gamba, se dirigen a
cuestionar, como se precisó en el párrafo inmediatamente anterior, un acto
administrativo particular expedido por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
(EJRLB), el 5 de noviembre de 2024.

Lo anterior encuentra fundamento en que lo pretendido por la parte actora configura
la causal de improcedencia fijada en el numeral 1° del artículo 6º del Decreto 2591
de 1991, que señala:

Artículo 6o. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no
procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
[…]

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que, por regla general, la
acción de tutela no procede para controvertir la validez ni la legalidad de los actos

de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior
de cada una de las jurisdicciones.”
9
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administrativos, en consideración a que la naturaleza residual y subsidiaria de este
mecanismo impone al ciudadano la carga razonable de acudir previamente, a través
de los respectivos medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, con el fin de solucionar los conflictos con la administración y proteger
los derechos de las personas6.

De igual forma, se ha precisado que el requisito de subsidiariedad exige que el
peticionario despliegue de manera diligente los medios judiciales que estén a su
disposición, siempre y cuando sean idóneos y efectivos para la protección de los
derechos que se consideran vulnerados o amenazados, pues «[u]na acción judicial
es idónea cuando es materialmente apta para producir el efecto protector de los
derechos fundamentales, y es efectiva cuando está diseñada para brindar una
protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados»7.

En el caso objeto de análisis, ante la existencia de otro medio de defensa judicial,
esto es, el de nulidad y restablecimiento del derecho para reprochar la resolución a
través de la cual la parte accionada le informó al señor Carlos Parra Gamba que
reprobó la subfase general del curso concurso de formación judicial [IX Curso de
Formación Judicial], el cual, debe ser controvertido ante el juez natural de la causa
ordinaria en virtud de lo estipulado en la Ley 1437 de 2011, donde además incluso,
se pueden solicitar las medidas cautelares pertinentes.

En ese orden de ideas, corresponde al juez de lo contencioso administrativo a la
hora de decidir las medidas cautelares que le sean solicitadas dentro del trámite de
un proceso ordinario, garantizar los principios que rigen a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo: los derechos de las personas -sean estos de carácter
fundamental o legal- y la preservación del orden jurídico, como lo estipula el artículo
103 de la Ley 1437 de 2011.

Es preciso señalar que el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra este
requisito de subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de
tutela y determina que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el referido
numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, que estableció que, al existir
otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar
la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe
recurrir a estos y no a la tutela.

La Corte Constitucional ha indicado que cuando una persona acude al servicio de
administración de justicia con el propósito de que le sean protegidas sus
prerrogativas, no puede omitir los medios judiciales estipulados en el ordenamiento
jurídico, puesto que en la Constitución Política de 1991, se colige que la garantía
para la efectividad material de los derechos fundamentales no es un asunto
exclusivo de la acción de tutela, habida cuenta de que todos los mecanismos
ordinarios y extraordinarios previstos en cada materia deben buscar la defensa de
aquellos.

6
Corte Constitucional, sentencia T-260 de 2018.
7
Corte Constitucional, sentencia T-260 de 2018.
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En la misma línea, la Corte Constitucional manifestó en la sentencia T–030 de 2015:
«[q]ue conforme al carácter residual de la tutela, no es, en principio, este mecanismo
el medio adecuado para controvertir las actuaciones administrativas, puesto que
para ello están previstas las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. En ese escenario, la acción de tutela cabría como mecanismo
transitorio de protección de los derechos fundamentales cuando quiera que esperar
a la respuesta de la jurisdicción contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un
perjuicio irremediable […]».

De manera que, podrá ejercerse la acción de tutela contra un acto administrativo,
excepcionalmente, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. También, en el evento en que se constata que el medio de control
preferente carece de idoneidad y/o eficacia para garantizar la protección oportuna
e inmediata sobre los derechos fundamentales vulnerados.

Entonces corresponde a la Sala estudiar si en la causa concreta procede de forma
transitoria ante la configuración de un perjuicio irremediable que afecte de manera
directa los derechos fundamentales invocados por el señor Carlos Parrado Gamba.

La referida Alta Corte en sentencia T-097 de 2011, señaló que para que aquel
perjuicio se configure se requiere:

Frente a la procedencia excepcional de la acción de tutela cuando se esté frente a un
perjuicio irremediable, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que
únicamente se considerará que tal es la magnitud cuando, “dadas las circunstancias
del caso particular, se constate que (iii) el daño es cierto e inminente, esto es, que no
se debe a conjeturas o especulaciones, sino que se haya sustentado en la apreciación
razonable de hechos reales y apremiantes; (iv) que involucra gravedad, desde el
punto de vista de su incontrastable trascendencia y de la naturaleza del derecho
fundamental que lesionaría; y (v) de urgente atención, en el sentido de que sea
necesario e inaplazable precaverlo o mitigarlo, evitando que se consume una lesión
antijurídica de connotación irreparable (…)8.

En el asunto sub examine dicho perjuicio no se evidencia, habida cuenta de que de
los reparos planteados por el señor Carlos Parrado Gamba no advierte una
vulneración de sus garantías, con ocasión a que se le categorizó como «reprobado»
en la subfase general del curso concurso de formación judicial [IX Curso de
Formación Judicial].

En consecuencia, ante la ausencia de una vulneración palmaria, se desvirtúa la
urgencia alegada por el accionante, con fundamento en la cual pretende que el juez
de tutela realice un pronunciamiento respecto de la Resolución EJR24-1009 de 5
de noviembre de 2024, pese a que este no es el mecanismo idóneo ni eficaz para
ello.

Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela promovida
por el señor Carlos Parrado Gamba contra el Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, comoquiera que la
solicitud de amparo se encuadra en una de las causales de improcedencia

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«T-1316 de diciembre 7 de 2001, M. P. Rodrigo Uprimny Yepes».
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señaladas en el artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991, por lo que no se satisface el
presupuesto de la subsidiariedad.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Universidad Nacional, la
Unión Temporal Formación Judicial 2019, el Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela promovida por el
señor Carlos Parrado Gamba.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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