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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04988-00

Fecha
10 de octubre de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
10 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04988-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela promovida por el señor Leonardo Alfonso Moya Guaje. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04988-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

10 de octubre de 2024

Demandante: Leonardo Alfonso Moya Guaje
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla - EJRLB
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04988-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04988-00
Demandante: LEONARDO ALFONSO MOYA GUAJE
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – ESCUELA
JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA - EJRLB

TEMAS: Tutela de fondo. Acto administrativo definitivo de carácter
particular. Improcedencia al existir otros medios de defensa
judicial1.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor Leonardo Alfonso Moya Guaje, en nombre propio, radicó acción de tutela
el 17 de septiembre de 2024, con el fin de que se le protejan sus derechos
fundamentales «de acceso a cargos públicos y al debido proceso administrativo».

Las mencionadas garantías las consideró transgredidas con ocasión a que por
medio de la Resolución EJR24-305 de 24 de junio de 2024, se le excluyó del IX
Curso de Formación Judicial Inicial, con fundamento en que, según el escrito de
tutela, el actor «no consumió la unidad 1 ni la 2 del programa de Filosofía del
Derecho e Interpretación Constitucional, frente a lo cual se le informa que el Acuerdo
PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019, norma rectora de la Fase III de la
Etapa de Selección de la Convocatoria 27, en el Capítulo X contempla
taxativamente once causales de exclusión del IX Curso de Formación Judicial
Inicial»2.

Contra la Resolución EJR24-305 de 24 de junio de 2024, el actor interpuso recurso
de reposición, en el que a través de la Resolución EJR24-373 de 6 de agosto de
2024 se confirmó la decisión de excluirlo del IX Curso de Formación Judicial Inicial.

1 Sobre el particular ver los fallos de esta Sección de 18 de enero de 2024, expediente 11001-03-15-

000-2023-07159-00. MP Omar Joaquín Barreto Suárez y de 15 de febrero de 2024, expediente
11001-03-15-000-2024-00056-00, MP Luis Alberto Álvarez Parra (E).
2 Y a pesar de que el accionante allegó medios de convicción para desvirtuar esa afirmación, en todo

caso, por medio del acto administrativo de 24 de junio de 2024, se le excluyó del referido curso.
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1.2. Peticiones de amparo constitucional

Las pretensiones son las siguientes:

PRINCIPAL- Que se tutelen mis derechos fundamentales conculcados y se ordene
dejar sin valor ni efectos la RESOLUCION No. EJR24-305 en la que se decidió
EXCLUIR del IX Curso de Formación Judicial Inicial al discente Leonardo Alfonso
Moya Guaje, identificado con cédula de ciudadanía 1.032.379.593 y la RESOLUCION
No. EJR24-373 del 6 de agosto de 2024, que confirmó esta decisión de exclusión, de
acuerdo a lo expuesto ut supra. Y en consecuencia, se me permita continuar a la fase
especializada del concurso.

SUBSIDIARIA- Que se tutelen mis derechos fundamentales conculcados y DE
MANERA TRANSITORIA se me conceda la acción de tutela suspendiendo los efectos
de la RESOLUCION No. EJR24-305 en la que se decidió EXCLUIR del IX Curso de
Formación Judicial Inicial al discente Leonardo Alfonso Moya Guaje, identificado con
cédula de ciudadanía 1.032.379.593 y la RESOLUCION No. EJR24-373 del 6 de
agosto de 2024, que confirmó esta decisión de exclusión, de acuerdo a lo expuesto
ut supra. Y en consecuencia, se me permita continuar a la fase especializada del
concurso.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta providencia:

1.3.1. El señor Leonardo Alfonso Moya Guaje se inscribió al concurso de méritos de
la Convocatoria número 027 iniciada mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 para el
cargo de JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, al
superar la prueba de conocimientos para la acceder al IX Curso de Formación
Judicial.

1.3.2. Expuso que desarrolló todos los cursos y talleres previstos como preparativos
para la EVALUACIÓN SUBFASE GENERAL, sin embargo, el día 10 de mayo de
2024, le notificaron el oficio número EJO24-652 en el cual se adujo que, al revisar
el reporte, se evidencia que no había hecho ni la unidad 1 ni la 2 del programa de
Filosofía del Derecho e Interpretación Constitucional.

En consecuencia, le informaron que el Acuerdo PCSJA19-11400 de 19 de
septiembre de 2019, norma rectora de la Fase III de la Etapa de Selección de la
Convocatoria 27, en el Capítulo X contempla taxativamente once causales de
exclusión del IX Curso de Formación Judicial Inicial, y que en el caso del tutelante
su situación se adecuaba a lo descrito en la décima causal de exclusión del IX Curso
de Formación Judicial Inicial, a saber: «10. Abandonar o no realizar ninguna
actividad en una unidad temática en cualquiera de las subfases del curso de
formación judicial inicial». (Negrilla en el texto original)

1.3.3. De manera que, el tutelante, en respuesta a la referida afirmación, remitió un
documento en que manifestó que sí había desarrollado el programa y que no
entendía qué pudo haber acontecido con los sistemas que estaban al margen de su
control. Adicionalmente, allegó diferentes medios de pruebas, en los que según el

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actor, se evidenciaba que si había cumplido con el desarrollo de todos los cursos y
talleres requeridos.

1.3.4. El señor Leonardo Alfonso Moya Guaje adujo que el 24 de junio de 2024 se
le notificó la Resolución número EJR24-305 en la que se decidió excluirlo del IX
Curso de Formación Judicial Inicial con el siguiente argumento, que «del análisis de
las pruebas aportadas por el discente, se logra evidenciar que la captura de pantalla
allegada fue tomada el día 10 de mayo de 2024, es decir, fuera del período
dispuesto para el consumo del programa de Filosofía del Derecho e Interpretación
Constitucional (del 14 de abril de 2024 a 27 de abril de 2024), mientras que el video
adjunto no muestra una fecha, por lo tanto, las pruebas en mención, no acreditan
que el discente haya consumido los contenidos en el término establecido en
el cronograma por programas tornándose inútiles para la actuación
administrativa». (Negrilla fuera del texto original)

1.3.5. En consecuencia, el actor radicó recurso de reposición contra la Resolución
número EJR24-305 de 24 de junio de 2024, y adujo «que sí lo había realizado
porque estoy con el sumo convencimiento de que así fue, a pesar de que, en todo
caso, realizar fuera de tiempo uno de los talleres no tiene la consecuencia de la
exclusión, según la misma causal expuesta».

También expuso que su esposa había padecido quebrantos de salud, por lo que
debió acompañarla a los procedimientos quirúrgicos y que debió estar al cuidado de
su hija menor de edad.

1.3.6. Este recurso fue decidido mediante la Resolución número EJR24-373 de 6 de
agosto de 2024, en la que se confirmó la decisión de excluirlo del IX Curso de
Formación Judicial Inicial.

En el mencionado acto administrativo la parte accionada manifestó que «en el
Capítulo VI del Acuerdo Pedagógico se estableció que cuando se presentara una
circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito, los discentes debían manifestarlo
dentro de los cinco días siguientes a la ocurrencia de la circunstancia de fuerza
mayor o caso fortuito, aportando la evidencia pertinente, además las incapacidades
debían ser expedidas o validadas por la EPS a la cual se encuentre afiliado el
discente, lo cual no sucedió en el presente caso dado que el discente alegó la
circunstancia de fuerza mayor con ocasión del recurso de reposición (interpuesto el
9 de julio de 2024)».

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte accionante consideró que las Resoluciones número EJR24-305 de 24 de
junio de 2024 y EJR24-373 de 6 de agosto de la misma anualidad, se transgredieron
sus derechos fundamentales «de acceso a cargos públicos y al debido proceso
administrativo».

Lo anterior, con ocasión a que, según el señor Leonardo Alfonso Moya Guaje, no
se le realizó un procedimiento transparente y legal en el que se le permitiera
controvertir la información que la parte accionada tenía «para esta injusta decisión
y en el que por el contrario sí demostré haber realizado el taller, tomando evidencia
del mismo instante en que se me cuestionó».
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Mencionó que «ha luchado mucho para lograr estar en estas etapas, se logró
aprobar el examen inicial donde el 90% de los aspirantes no aprobaron, se realizan
los talleres de manera acuciosa, tanto así, que en el segundo examen que evalúa
todos los cursos de la subfase general, incluso el que alegan no cumplido, el puntaje
fue positivo y con cierta solvencia teniendo en cuenta que fue de bastante dificultad
académica».

Asimismo, adujo que está claro que todas las actividades están desarrolladas y «no
debe perderse de vista que la causal de exclusión es no haber realizado ninguna de
estas actividades que buscan como finalidad máxima adquirir el conocimiento de
los temas que se evaluarán y el hecho de pasar el segundo examen de todo el
contenido de la subsfase general, puede ser un poco subjetivo como elemento
probatorio, pero sí es un hecho periférico que da credibilidad a haber realizado el
taller».

Manifestó que, en su caso, existe una innegable afectación de los siguientes
principios: «debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad,
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia,
economía y celeridad», dado que el Estado, además de ser la parte con más fuerza
en la relación con los ciudadanos, es quien tiene la información del proceso
administrativo que adelanta al servicio de proveer cargos para la Rama Judicial.

Por tanto, indicó que «se espera que su actuación sea transparente y analice mis
argumentos que dan cuenta elementos valorables para no excluirme del concurso,
pues se demuestra sin ambages haber realizado el curso y en todo caso haber
demostrado una fuerza mayor, que en la decisión exponen como posible de
acreditar y luego con un exceso de ritualismo establecen que debió exponerse
previamente».

Dijo que hubo un exceso ritual manifiesto, y lo fundamentó en que desacreditó «una
situación médica de estas características fue un excesivo rigor en el procedimiento,
así como sobre la valoración del desarrollo de una lectura preparativa que se
demostró haberse realizado y su consecuencia de exclusión».

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 20 de septiembre de 2024, el despacho sustanciador de esta
decisión admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte actora, así como al
Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y les
otorgó el término de dos días para que rindieran el informe de que trata el artículo
19 del Decreto 2591 de 1991.

Asimismo, ordenó a la oficina de sistemas del Consejo de Estado que realizara una
publicación en la página web de la corporación, con la información de la tutela.

1.6. Contestación

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentó la siguiente intervención:

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1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”3

En escrito de 26 de septiembre de 2024, la directora de la referida dependencia
rindió informe dentro de la presente tutela y solicitó que se declare improcedente la
acción constitucional, comoquiera que el actor no ejerció los medios ordinarios de
defensa establecidos por la ley para atacar los actos administrativos censurados, o
que, en su defecto, se niegue el amparo solicitado, ante la ausencia de vulneración
de los derechos fundamentales invocados por el señor Leonardo Alfonso Moya
Guaje.

Advirtió así que, para la protección de las prerrogativas superiores que alegó como
conculcadas el señor Moya Guaje, este cuenta con los mecanismos previstos en
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y que
si bien ya interpuso el recurso de reposición contra la Resolución número EJR24-
305 de 24 de junio de 2024, el cual fue resuelto mediante Resolución número
EJR24-373 de 6 de agosto de 2024, por medio de la cual se confirmó lo decidido en
el acto inicial que lo excluyó del IX Curso de Formación Judicial Inicial, lo cierto es
que no ha ejercido el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
en el cual puede solicitar medidas cautelares.

Asimismo, señaló que la Resolución número EJR24-373 de 6 de agosto de 2024
quedó en firme, y que a través de la misma, se confirmó su exclusión del IX Curso
de Formación Judicial Inicial, por tanto, le impide continuar con el proceso de
selección, pues éste surte un efecto inmediato, directo y subjetivo respecto del
destinatario que le impide continuar a la Subfase especializada, y así, una posterior
conformación de la lista de elegibles.

De modo que, reiteró que «le correspondería al accionante hacer uso de los medios
de control dispuestos por la Ley 1437 de 2011 para atacar dicha decisión,
verbigracia, por medio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, aún
más, cuando en el marco de este medio de control existe la posibilidad por parte del
accionante, de solicitar medidas cautelares, que pueden ser preventivas,
conservativas, anticipativas o de suspensión».

Finalmente, expresó que la sentencia T-260 de 2018 confirmó que, cuando se trata
de objetar actos administrativos, en principio se debe acudir a la jurisdicción
contencioso administrativa, y no a la acción de tutela, salvo que los mecanismos no
proporcionen una eficaz protección a los derechos que se pretenden salvaguardar
o se esté ante la posibilidad que se configure un perjuicio irremediable.

Además indicó que «el Acuerdo PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019,
aclarado mediante el Acuerdo PCSJA19-11405 25 de septiembre de 2019,
estableció en el Capítulo X, las causales de exclusión, en el numeral 10 dispuso lo
siguiente: “Abandonar o no realizar ninguna actividad en una unidad temática en
cualquiera de las subfases del curso de formación judicial inicial”.

3 Con correo del 18 de enero de 2024.

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De ahí se puede observar que el hecho de abandonar o no consumir los contenidos
formativos de un programa, tiene como consecuencia la exclusión del IX Curso de
Formación Judicial Inicial»

Respecto de la participación en las actividades virtuales del IX Curso de Formación
Judicial Inicial mencionó que «el Acuerdo Pedagógico estableció que los discentes
deben participar en todas las actividades virtuales programadas de las dos
subfases, en las fechas indicadas en el cronograma y en la plataforma virtual;
igualmente, que la participación no se entiende como el simple acceso a la
plataforma, sino que es deber cumplir con el desarrollo de las actividades y
evaluaciones».

Y por consiguiente, en el asunto objeto de estudio se evidenció que el señor
Leonardo Alfonso Moya Guaje no consumió el contenido formativo de las unidades
1 y 2 del programa de Filosofía del Derecho e Interpretación Constitucional, por
tanto, se configuró la causal 10 de exclusión, de conformidad con lo establecido en
el Acuerdo multicitado.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
formulada por el señor Leonardo Alfonso Moya Guaje contra el Consejo Superior de
la Judicatura - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales «de acceso a cargos públicos y al debido
proceso administrativo» del señor Leonardo Alfonso Moya Guaje por parte del
Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, al proferir
las Resoluciones número EJR24-305 de 24 de junio de 2024 y EJR24-373 de 6 de
agosto de la misma anualidad, a través de las cuales se le excluyó IX Curso de
Formación Judicial Inicial.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) las
generalidades de la acción de tutela; (ii) la naturaleza subsidiaria de la acción de
tutela y su excepcionalísima procedencia frente a actos administrativos; y (iii) el caso
concreto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona reclamar la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando quiera que resulten

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vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o, excepcionalmente,
de particulares.

Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa judicial
ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio
como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por
parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.

En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo demanda la
concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes,
como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un
perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional inmiscuirse
en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes subreglas
dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine.

Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar del uso inadecuado este mecanismo,
que podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento
jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió.

2.4. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su excepcionalísima
procedencia frente a actos administrativos

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de subsidiariedad
como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que «[e]sta
acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591
de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, cuando existen otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos
y no a la tutela.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia4.

Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que
la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto

4 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución

y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía
el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones
de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior
de cada una de las jurisdicciones.”
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reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos
judiciales deben buscar la defensa de aquellos.

Por tanto, debe haber claridad en que la jurisdicción de lo contencioso administrativo
es la que tiene la competencia para conocer de las controversias que se puedan
suscitar de un acto administrativo, frente al cual se pueden pedir medidas cautelares
en los términos de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

No obstante, a pesar de ser este el juez natural de este tipo de asuntos es claro que
en determinadas oportunidades el enfoque bajo el cual se resuelven no es suficiente
para precaver la vulneración de derechos fundamentales, pues se puede dar el caso
de que tal transgresión sea el producto de una decisión administrativa que a la luz
del ordenamiento contencioso se encuentre revestida de legalidad. En esos casos,
la tutela se torna procedente para precaver la eventual conculcación de estas
garantías de orden superior.

2.5. Caso concreto

En el sub examine la parte tutelante alegó que se vulneraron sus derechos
fundamentales «de acceso a cargos públicos y al debido proceso administrativo»
por parte del Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla, al proferir las Resoluciones número EJR24-305 de 24 de junio de 2024 y
EJR24-373 de 6 de agosto de la misma anualidad, a través de las cuales se le
excluyó IX Curso de Formación Judicial Inicial. Por lo tanto, solicitó que se dejen sin
efectos los referidos actos administrativos.

Pues bien, para la Sala el presente asunto se torna improcedente, teniendo en
cuenta que los reproches hechos por el señor Leonardo Alfonso Moya Guaje se
dirigen a cuestionar los actos administrativos particulares expedidos por la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla, el 24 de junio y 6 de agosto de 2024.

Lo anterior encuentra fundamento en que lo pretendido por la parte actora configura
la causal de improcedencia fijada en el numeral 1° del artículo 6º del Decreto 2591
de 1991, que señala:

Artículo 6o. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no
procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
[…]

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que, por regla general, la
acción de tutela no procede para controvertir la validez ni la legalidad de los actos
administrativos, en consideración a que la naturaleza residual y subsidiaria de este
mecanismo impone al ciudadano la carga razonable de acudir previamente, a través
de los respectivos medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso

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administrativo, con el fin de solucionar los conflictos con la administración y proteger
los derechos de las personas5.

De igual forma, se ha precisado que el requisito de subsidiariedad exige que el
peticionario despliegue de manera diligente los medios judiciales que estén a su
disposición, siempre y cuando sean idóneos y efectivos para la protección de los
derechos que se consideran vulnerados o amenazados, pues «[u]na acción judicial
es idónea cuando es materialmente apta para producir el efecto protector de los
derechos fundamentales, y es efectiva cuando está diseñada para brindar una
protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados»6.

En el caso objeto de análisis, ante la existencia de otro medio de defensa judicial,
esto es, el de nulidad y restablecimiento del derecho para reprochar las resoluciones
a través de las cuales el señor Moya Guaje fue excluido del IX Curso de Formación
Judicial Inicial, impide que el juez de tutela se pronuncie sobre la validez de las
decisiones del Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla, los cuales deben ser controvertidos ante el juez natural de la causa ordinaria
en virtud de lo estipulado en la Ley 1437 de 2011, donde además incluso, se pueden
solicitar las medida cautelares pertinentes.

En ese orden de ideas, corresponde al juez de lo contencioso administrativo a la
hora de decidir las medidas cautelares que le sean solicitadas dentro del trámite de
un proceso ordinario, garantizar los principios que rigen a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo: los derechos de las personas -sean estos de carácter
fundamental o legal- y la preservación del orden jurídico, como lo estipula el artículo
103 de la Ley 1437 de 2011.

Es preciso señalar que el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra este
requisito de subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de
tutela y determina que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el referido
numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, que estableció que, al existir
otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar
la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe
recurrir a estos y no a la tutela.

La Corte Constitucional ha indicado que cuando una persona acude al servicio de
administración de justicia con el propósito de que le sean protegidas sus
prerrogativas, no puede omitir los medios judiciales estipulados en el ordenamiento
jurídico, puesto que en la Constitución Política de 1991, se colige que la garantía
para la efectividad material de los derechos fundamentales no es un asunto
exclusivo de la acción de tutela, habida cuenta de que todos los mecanismos
ordinarios y extraordinarios previstos en cada materia deben buscar la defensa de
aquellos.

En la misma línea, la Corte Constitucional manifestó en la sentencia T–030 de 2015:
«[q]ue conforme al carácter residual de la tutela, no es, en principio, este mecanismo
el medio adecuado para controvertir las actuaciones administrativas, puesto que

5 Corte Constitucional, sentencia T-260 de 2018.
6 Corte Constitucional, sentencia T-260 de 2018.

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Demandante: Leonardo Alfonso Moya Guaje
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla - EJRLB
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04988-00

para ello están previstas las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. En ese escenario, la acción de tutela cabría como mecanismo
transitorio de protección de los derechos fundamentales cuando quiera que esperar
a la respuesta de la jurisdicción contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un
perjuicio irremediable […]».

De manera que, podrá ejercerse la acción de tutela contra un acto administrativo,
excepcionalmente, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. También, en el evento en que se constata que el medio de control
preferente carece de idoneidad y/o eficacia para garantizar la protección oportuna
e inmediata sobre los derechos fundamentales vulnerados.

Entonces corresponde a la Sala estudiar si en la causa concreta procede de forma
transitoria ante la configuración de un perjuicio irremediable que afecte de manera
directa los derechos fundamentales invocados por el actor.

La referida Alta Corte en sentencia T-097 de 2011, señaló que para que aquel
perjuicio se configure se requiere:

Frente a la procedencia excepcional de la acción de tutela cuando se esté frente a un
perjuicio irremediable, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que
únicamente se considerará que tal es la magnitud cuando, “dadas las circunstancias
del caso particular, se constate que (iii) el daño es cierto e inminente, esto es, que no
se debe a conjeturas o especulaciones, sino que se haya sustentado en la apreciación
razonable de hechos reales y apremiantes; (iv) que involucra gravedad, desde el
punto de vista de su incontrastable trascendencia y de la naturaleza del derecho
fundamental que lesionaría; y (v) de urgente atención, en el sentido de que sea
necesario e inaplazable precaverlo o mitigarlo, evitando que se consume una lesión
antijurídica de connotación irreparable (…)7.

En el asunto sub examine dicho perjuicio no se evidencia, habida cuenta de que de
los reparos planteados por el señor Leonardo Alfonso Moya Guaje no se advierte
una vulneración de su mínimo vital y el de su familia, con ocasión a la exclusión del
IX Curso de Formación Judicial Inicial.

En consecuencia, ante la ausencia de una vulneración palmaria, se desvirtúa la
urgencia alegada por el accionante, con fundamento en la cual pretende que el juez
de tutela realice un pronunciamiento respecto de las Resoluciones número EJR24-
305 de 24 de junio de 2024 y EJR24-373 de 6 de agosto de la misma anualidad,
pese a que este no es el mecanismo idóneo ni eficaz para ello.

Así las cosas, la sala declarará la improcedencia de la acción de tutela promovida
por el señor Leonardo Alfonso Moya Guaje contra el Consejo Superior de la
Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, comoquiera que la solicitud de
amparo se encuadra en una de las causales de improcedencia señaladas en el
artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991, por lo que no se satisface el presupuesto de
la subsidiariedad.

7 «T-1316 de diciembre 7 de 2001, M. P. Rodrigo Uprimny Yepes».

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Rodrigo Lara Bonilla - EJRLB
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04988-00

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela promovida por el
señor Leonardo Alfonso Moya Guaje.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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