Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06332-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06332-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06332-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
23 de enero de 2025
Demandante: Diana Carolina Agudelo Zárate
Demandado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla (EJRLB)
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06332-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06332-00
Demandante: DIANA CAROLINA AGUDELO ZÁRATE
Demandado: ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA (EJRLB)
TEMAS: Tutela contra acto administrativo definitivo de carácter
particular. Improcedencia al existir otros medios de defensa
judicial1.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
La señora Diana Carolina Agudelo Zárate, el 19 de noviembre de 2024, en nombre
propio, presentó acción de tutela contra la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
(EJRLB), por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la confianza legítima, a la buena fe y de acceso a cargos públicos con la
expedición de la Resolución EJR24-798 de 1 de noviembre de 2024, pues se le
categorizó como «reprobado» en la subfase general del curso concurso de
formación judicial [IX Curso de Formación de Formación Judicial].
1.2. Peticiones de amparo constitucional
Las pretensiones son las siguientes:
TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, la confianza legitima, la
buena fe y el acceso a cargos públicos, vulnerados por la Escuela Judicial “Rodrigo
Lara Bonilla” y, en consecuencia, ORDENAR a la accionada que en un término
improrrogable de 48 horas:
-EXPIDA un acto administrativo en el que: i) DISPONGA mi inclusión definitiva o
transitoria en la subfase especializada del curso concurso de formación judicial (IX
curso de formación judicial).
1
Sobre el particular ver los fallos de esta Sección de 18 de enero de 2024, expediente 11001-03-15-
000-2023-07159-00, MP Omar Joaquín Barreto Suárez, de 15 de febrero de 2024, expediente 11001-
03-15-000-2024-00056-00, MP Luis Alberto Álvarez Parra (E), de 10 de octubre de 2024, expediente
11001-03-15-000-2024-04988-00, MP Luis Alberto Álvarez Parra.
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Subsidiariamente y en el evento de no considerase la anterior orden, pido que se
DISPONGA mi inclusión provisional en la subfase especializada del curso concurso
de formación judicial (IX curso de formación judicial), hasta que un juez ordinario
resuelva la demanda que, en ese evento, presentaré contra los resultados de la
subfase general del mencionado curso de formación judicial, según la resolución del
recurso de reposición.
Para ello, pido tener en cuenta las misma razones que expuse frente a la medida
provisional solicitada, pues lo pedido no resulta oneroso para la autoridad accionada,
dado que ya tiene contratada la subfase especializada para la totalidad de los dicentes
que iniciamos la subfase general; es decir, incluirme provisionalmente en la subfase
especializada, no implica para la accionada realizar una contratación diferente a la
existente ni un desembolso o afectación presupuestal distinto a lo ya previsto.
Además, si mis reclamos se llegaren a descartar en un eventual proceso ordinario, la
autoridad accionada no vería afectado su patrimonio por lo aquí pedido y concedido,
caso contrario ocurriría si no son concedidos pues se me causaría un perjuicio
irremediable de no poder participar de la fase especializada y, en el evento de ser
concedidas mis pretensiones en el proceso ordinario le correspondería a la Escuela
abrir el espacio para tramitar la fase en mención y de contera el lío en la conformación
del registro de elegibles. Téngase en cuenta que, la subfase especializada será
evaluada a más tardar el 30 de julio de 2025, término que, conforme a las reglas de
la experiencia es muy inferior al de duración razonada del proceso ordinario que
instauraría si no se accede a mi pretensión principal2.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta providencia:
1.3.1. La señora Diana Carolina Agudelo Zárate, se inscribió al concurso de méritos
de la Convocatoria número 027 iniciada mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 de
16 de agosto de 2018.
1.3.2. Expuso que actualmente en el referido concurso se están desarrollando las
subfases a cargo de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla (EJRLB), y como
consecuencia de ello, recientemente se surtió la subfase general del curso concurso
de formación judicial (IX curso de formación judicial) y el 16 de noviembre de 2024
inició la subfase especializada.
1.3.3. Adujo que los resultados de las evaluaciones aplicadas para la subfase antes
referida, fueron publicados en la plataforma de la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla (EJRLB), para lo cual, esta expidió la Resolución EJR24-298 de 21 de junio
de 2024 y su anexo.
Asimismo, adujo que por medio de la Resolución EJR24- 798 de 1 de noviembre de
20243, le informaron que había obtenido un puntaje de 773 puntos.
1.3.4. Indicó que respecto de la decisión adoptada por la escuela, tenía múltiples
reparos, dado que, «existe un importante número de preguntas que no se ajustan a
2
Transcripción literal, por lo que puede contener errores.
3
El referido acto administrativo le fue notificado el 8 de noviembre de 2024.
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los propósitos de la evaluación indicados en el acuerdo pedagógico que rige el IX
curso de formación judicial, tales como: preguntas que fueron calificadas sin tener
en cuenta la apropiación del contenido académico enfocado a la práctica judicial ni
el desarrollo de competencias sobre la función judicial, ni la interpretación de textos
jurídicos ni la lógica del razonamiento para la solución de problemas jurídicos ni los
rangos de lecturas obligatorias, entre otros aspectos».
1.3.5. Dijo que «la ejecución del IX Curso de Formación Judicial, atentó contra la
legalidad, pues los documentos académicos modificaron entre otras cosas las
formas de evaluación, entre ellas el concepto de taller».
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte accionante consideró que la Resolución EJR24- 798 de 1 de noviembre de
2024 transgredió sus derechos fundamentales al debido proceso, a la confianza
legítima, a la buena fe y de acceso a cargos públicos, puesto que no respetó las
reglas que rigen el concurso de méritos en la fase de curso de formación judicial.
Agregó que además de los vicios de legalidad y al debido proceso en la fase de
formación, «en el instrumento de evaluación y en la ejecución del IX Curso, las
preguntas tienen vicios técnicos en los conceptos y competencias que miden y en
la redacción, puesto que no debieron evaluar exclusivamente con preguntas […]».
Expuso que la sede administrativa para defender sus derechos ante la entidad
pública se cerró el viernes 8 de noviembre y que a partir de ese momento tiene 4
meses para demandar ante el juez ordinario, «sin embargo, el IX Curso se inició el
16 de noviembre por lo que no da espera siquiera de cumplirse el término de cuatro
meses para presentar la demanda».
1.5. Trámite de la acción
1.5.1. Mediante auto de 5 de diciembre de 20244, el despacho sustanciador de esta
decisión admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte actora y a la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla (EJRLB) y le otorgó el término de dos días para que
rindiera el informe de que trata el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.
Asimismo, ordenó vincular a la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura,
a la Unión Temporal Formación Judicial 2019, a la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, y a la Sociedad E-Distribution S.A.S., así como a las
demás personas que hacen parte del proceso de selección dentro del concurso de
méritos adelantado en virtud de la Convocatoria 27, por la Unidad de Administración
de Carrera Judicial, para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en el
presente trámite tutelar. Lo anterior, por cuanto en su condición de terceros
interesados, pueden resultar afectados con la decisión que se tome.
4
Inicialmente, por medio de providencia de 21 de noviembre de 2024, este despacho ordenó a la
Secretaría General de esta Corporación que remitiera este expediente al despacho de la magistrada
Nubia Margoth Peña Garzón con destino al proceso 11001-03-15-000-2024-06163-00, por haber
sido la primera en haber admitido una acción de tutela con identidad de objeto. A pesar de lo dicho,
el 26 de noviembre de 2024 se denegó tal acumulación, al considerar que las pretensiones de las
acciones eran diferentes, comoquiera que se controvertían resoluciones distintas.
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Además, se ordenó a la oficina de sistemas del Consejo de Estado que realizara
una publicación en la página web de la corporación, con la información de la tutela.
1.5.2. En el referido auto admisorio también se negó la medida provisional que
solicitó la señora Diana Carolina Agudelo Zárate, a saber:
Se DISPONGA MI INCLUSIÓN PROVISIONAL EN LA SUBFASE ESPECIALIZADA
del curso concurso de formación judicial (IX curso de formación judicial) a cargo de la
accionada, hasta que usted resuelva la presente acción constitucional. Medida que
solicito, dado que mediante la Resolución N. EJR24-798, contra la cual no procede
recurso alguno, la entidad accionada me categorizó como “REPROBADO” de la
subfase general, otorgándome un puntaje de 773 —el mínimo exigido es de 800—.
Ello implica que, producto de tal decisión quedo fuera del concurso de méritos y no
puedo avanzar a la subfase especializada que inició el 16 de noviembre de 2024 5.
Al respecto, el despacho sustanciador consideró que la solicitud de medida
provisional no cumplía con el requisito de urgencia, por alto grado de afectación, o
inminencia de la ocurrencia de un daño mayor, porque no se encontraba acreditada,
en ese momento procesal, una duda razonable respecto de la legalidad de la
actuación cuestionada, o si se superaban los requisitos establecidos en la SU-067
de 2022 que se refiere a la procedencia para resolver controversias relacionadas
con concursos de méritos.
De manera que, en dicha providencia se consideró que solo era posible determinar
si los derechos fundamentales de la señora Agudelo Zárate, estaban en amenaza
o en riesgo cuando se contara con el debido material probatorio y se le hubiere
garantizado el derecho a la defensa de la parte demandada, mediante su
participación efectiva en el trámite de la presente acción
1.6. Contestaciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”
En escrito de 10 de diciembre de 2024, la directora de la referida dependencia rindió
informe dentro de la presente tutela y solicitó que se declare improcedente la acción
constitucional, comoquiera que la señora Agudelo Zárate no ejerció los medios
ordinarios de defensa establecidos por la ley para atacar el acto administrativo
censurado, o que, en su defecto, se niegue el amparo solicitado, ante la ausencia
de vulneración de los derechos fundamentales invocados por la tutelante.
Advirtió así que, para la protección de las prerrogativas superiores que alegó como
conculcadas la señora Diana Carolina Agudelo Zárate, esta cuenta con los
5
El fundamento de la medida provisional es que: (i) el accionante superó el puntaje mínimo requerido
para aprobar la prueba; (ii) realizó las actividades programadas en la subfase general; (iii) el examen
realizado no valoró “[…] la apropiación del contenido académico […]”; (iv) la accionada se abstuvo
de resolver de forma congruente el recurso de reposición interpuesto, y (v) que se haya utilizado con
“[…] parámetros sugestivos […]” una herramienta de inteligencia artificial al resolverse la reposición.
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mecanismos previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso - Administrativo (Ley 1437 de 2011), específicamente con el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, así como con la posibilidad de
solicitar al juez contencioso la adopción de medidas cautelares.
Indicó que la sentencia T-260 de 2018 confirmó que, «cuando se trata de objetar
actos administrativos, en principio se debe acudir a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, y no a la acción de tutela, salvo que los mecanismos no proporcionen
una eficaz protección a los derechos que se pretenden salvaguardar o se esté ante
la posibilidad que se configure un perjuicio irremediable».
Respecto al caso específico de la accionante, adujo que ella «no superó la prueba
de la Subfase General del curso–concurso, es decir, obtuvo un puntaje por debajo
de 800 puntos. El acto administrativo que estableció los resultados de la evaluación
fue la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, la cual fue susceptible del
recurso de reposición dentro del interregno del 15 de julio de 2024 al 26 de julio de
2024».
Dijo que, «después de revisada la base de datos de la Escuela Judicial, se evidenció
que la accionante presentó recurso de reposición contra la Resolución EJR24-298
del 21 de junio de 2024, dentro del término, y que, según el cronograma del 3 de
septiembre de la Convocatoria 27 (Fase III, Etapa de Selección), del IX Curso de
Formación Judicial Inicial, esta unidad del Consejo Superior de la Judicatura, el 8
de noviembre del año que avanza, emitió la resolución que resuelve el recurso de
reposición contra el acto administrativo con las notas finales de la Subfase General
del IX Curso de Formación Judicial Inicial».
Asimismo, precisó que a través de la Resolución EJR24-798 de 1 de noviembre de
2024, se resolvió el recurso de reposición incoado por la actora contra la Resolución
EJR24-298 de 21 de junio de 2024, corregida por la Resolución EJR24-317 de 28
de junio de 2024. En dicha resolución, se verificó la procedencia del recurso y se
analizaron los motivos de inconformidad.
De modo que, mencionó que ese acto administrativo reviste el carácter de definitivo,
por lo cual no procede recurso alguno frente a él en sede administrativa. Sí, en
cambio, ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Arguyó que la Resolución EJR24-798 de 1 de noviembre de 2024 resolvió de
manera especial los motivos de inconformidad específicos frente al contenido del
cuestionario aplicado en las jornadas de evaluación de la Subfase General del IX
Curso de Formación Judicial.
Expuso que, frente a los reparos efectuados por la actora sobre las diferentes
preguntas, dijo que, en realidad, lo que la señora Agudelo Zárate busca con esta
acción constitucional es fundamentar las presuntas causales de nulidad del acto
administrativo, que en sí fundamentan un reproche a la legalidad del acto
administrativo como tal, lo cual es improcedente resolver en este escenario.
Finalmente, precisó que es claro que la accionante pretende usar la tutela como un
nuevo recurso frente a la resolución que resolvió su recurso de reposición, lo cual
va en contravía de la naturaleza del recurso de amparo.
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1.6.2. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
El representante legal de la institución educativa expuso que la acción constitucional
de improcedente, toda vez que no existe un hecho vulnerador que demuestre la
conculcación de los derechos fundamentales alegados, aunado a que los hechos y
pretensiones dan cuenta que ha actuado dentro del marco de sus competencias y
participación del desarrollo del objeto de la «Unión Temporal Formación 2019».
Además, dijo que no se evidencia que se esté causando un perjuicio irremediable
contra la tutelante por la trasgresión o amenaza de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la confianza legitima, a la buena fe y de acceso a cargos públicos.
También indicó:
La Unión Temporal Formación Judicial 2019, el Consejo Superior de la Judicatura y
la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” han actuado con observancia de las normas
de orden constitucional y legal que regulan el IX Curso de Formación Judicial Inicial;
los actos administrativos proferidos en el marco de la actuación: acuerdos
pedagógicos PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, PCSJA19-11400 del 19 de
septiembre de 2019 y PCSJA19-11405 de 2019 y posteriores comunicados, han sido
sustentados y difundidos ampliamente a todos los discentes del IX Curso de
Formación Judicial Inicial, garantizando la posibilidad de controvertirlos en ejercicio
de su derecho a la defensa y corrigiendo las falencias detectadas en las distintas
fases del Curso-Concurso; por ello no se evidencia la vulneración al debido proceso.
En ese orden de ideas, se opuso a las pretensiones de la tutela, puesto que no se
han vulnerado los derechos fundamentales de la señora Diana Carolina Agudelo
Zárate.
1.7. Solicitud de coadyuvancia
El señor Gabriel Alfonso García Brunal, por medio de escrito de 10 de diciembre de
2024 solicitó que se le acepte como coadyuvante en las pretensiones de esta acción
de tutela, con fundamento en que considera que sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la confianza legítima, a la buena fe y de acceso a cargos públicos
también se transgredieron por parte de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
(EJRLB).
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
formulada por la señora Diana Carolina Agudelo Zárate contra la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla (EJRLB), de conformidad con lo establecido en los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. De la coadyuvancia
Frente a las solicitudes de coadyuvancia, el Decreto Ley 2591 de 1991 señala que
esta corresponde a una figura jurídica, en virtud de la cual, quien tenga un interés
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legítimo en el resultado del proceso, podrá intervenir para reafirmar las pretensiones
del actor o de quien ha sido demandado.
Por su parte, la Corte Constitucional al referirse al alcance de dicha intervención en
la acción de tutela, precisó que, quien coadyuva lo hace para apoyar las razones
presentadas, bien por el actor o por la persona o autoridad demandadas, y no
promoviendo sus propias pretensiones.
En consecuencia, como en este caso el señor Gabriel Alfonso García Brunal, por
medio de escrito de 10 de diciembre de 2024, manifestó su interés en coadyuvar la
presente acción constitucional, porque tampoco está de acuerdo con su exclusión
del concurso, de modo que, en la parte resolutiva de esta providencia se aceptará
la referida coadyuvancia.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso, a la confianza
legítima, a la buena fe y de acceso a cargos públicos por parte de la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla (EJRLB) a la señora Diana Carolina Agudelo Zárate al proferir
la Resolución EJR24-798 de 1 de noviembre de 2024.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) las
generalidades de la acción de tutela; (ii) la naturaleza subsidiaria de la acción de
tutela y su excepcionalísima procedencia frente a actos administrativos; y (iii) el caso
concreto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona reclamar la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando quiera que resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o, excepcionalmente,
de particulares.
Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa judicial
ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio
como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por
parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.
En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo demanda la
concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes,
como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un
perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional inmiscuirse
en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes subreglas
dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine.
Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar del uso inadecuado este mecanismo,
que podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento
jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió.
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2.5. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su excepcionalísima
procedencia frente a actos administrativos
El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de subsidiariedad
como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que «[e]sta
acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591
de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, cuando existen otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos
y no a la tutela.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia6.
Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que
la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos
judiciales deben buscar la defensa de aquellos.
Por tanto, debe haber claridad en que la jurisdicción de lo contencioso administrativo
es la que tiene la competencia para conocer de las controversias que se puedan
suscitar de un acto administrativo, frente al cual se pueden pedir medidas cautelares
en los términos de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).
No obstante, a pesar de ser este el juez natural de este tipo de asuntos es claro que
en determinadas oportunidades el enfoque bajo el cual se resuelven no es suficiente
para precaver la vulneración de derechos fundamentales, pues se puede dar el caso
de que tal transgresión sea el producto de una decisión administrativa que a la luz
del ordenamiento contencioso se encuentre revestida de legalidad. En esos casos,
la tutela se torna procedente para precaver la eventual conculcación de estas
garantías de orden superior.
2.6. Caso concreto
En el sub examine la parte tutelante alegó que se vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la confianza legítima, a la buena fe y de acceso
6
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución
y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía
el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones
de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior
de cada una de las jurisdicciones.”
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a cargos públicos con ocasión a la expedición de la Resolución EJR24-798 de 1 de
noviembre de 2024, pues se le categorizó como «reprobado» en la subfase general
del curso concurso de formación judicial [IX Curso de Formación de Formación
Judicial].
Pues bien, para la Sala el presente asunto se torna improcedente, teniendo en
cuenta que los reproches hechos por la señora Diana Carolina Agudelo Zárate se
dirigen a cuestionar, como se precisó en el párrafo inmediatamente anterior, un acto
administrativo particular expedido por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
(EJRLB), el 1 de noviembre de 2024.
Lo anterior encuentra fundamento en que lo pretendido por la parte actora configura
la causal de improcedencia fijada en el numeral 1° del artículo 6º del Decreto 2591
de 1991, que señala:
Artículo 6o. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no
procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
[…]
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que, por regla general, la
acción de tutela no procede para controvertir la validez ni la legalidad de los actos
administrativos, en consideración a que la naturaleza residual y subsidiaria de este
mecanismo impone al ciudadano la carga razonable de acudir previamente, a través
de los respectivos medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, con el fin de solucionar los conflictos con la administración y proteger
los derechos de las personas7.
De igual forma, se ha precisado que el requisito de subsidiariedad exige que el
peticionario despliegue de manera diligente los medios judiciales que estén a su
disposición, siempre y cuando sean idóneos y efectivos para la protección de los
derechos que se consideran vulnerados o amenazados, pues «[u]na acción judicial
es idónea cuando es materialmente apta para producir el efecto protector de los
derechos fundamentales, y es efectiva cuando está diseñada para brindar una
protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados»8.
En el caso objeto de análisis, ante la existencia de otro medio de defensa judicial,
esto es, el de nulidad y restablecimiento del derecho para reprochar la resolución a
través de la cual la parte actora le informó a la señora Diana Carolina Agudelo Zárate
que reprobó la subfase general del curso concurso de formación judicial [IX Curso
de Formación de Formación Judicial], el cual, debe ser controvertido ante el juez
natural de la causa ordinaria en virtud de lo estipulado en la Ley 1437 de 2011,
donde además incluso, se pueden solicitar las medidas cautelares pertinentes.
En ese orden de ideas, corresponde al juez de lo contencioso administrativo a la
hora de decidir las medidas cautelares que le sean solicitadas dentro del trámite de
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Corte Constitucional, sentencia T-260 de 2018.
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Corte Constitucional, sentencia T-260 de 2018.
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un proceso ordinario, garantizar los principios que rigen a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo: los derechos de las personas -sean estos de carácter
fundamental o legal- y la preservación del orden jurídico, como lo estipula el artículo
103 de la Ley 1437 de 2011.
Es preciso señalar que el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra este
requisito de subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de
tutela y determina que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el referido
numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, que estableció que, al existir
otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar
la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe
recurrir a estos y no a la tutela.
La Corte Constitucional ha indicado que cuando una persona acude al servicio de
administración de justicia con el propósito de que le sean protegidas sus
prerrogativas, no puede omitir los medios judiciales estipulados en el ordenamiento
jurídico, puesto que en la Constitución Política de 1991, se colige que la garantía
para la efectividad material de los derechos fundamentales no es un asunto
exclusivo de la acción de tutela, habida cuenta de que todos los mecanismos
ordinarios y extraordinarios previstos en cada materia deben buscar la defensa de
aquellos.
En la misma línea, la Corte Constitucional manifestó en la sentencia T–030 de 2015:
«[q]ue conforme al carácter residual de la tutela, no es, en principio, este mecanismo
el medio adecuado para controvertir las actuaciones administrativas, puesto que
para ello están previstas las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. En ese escenario, la acción de tutela cabría como mecanismo
transitorio de protección de los derechos fundamentales cuando quiera que esperar
a la respuesta de la jurisdicción contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un
perjuicio irremediable […]».
De manera que, podrá ejercerse la acción de tutela contra un acto administrativo,
excepcionalmente, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. También, en el evento en que se constata que el medio de control
preferente carece de idoneidad y/o eficacia para garantizar la protección oportuna
e inmediata sobre los derechos fundamentales vulnerados.
Entonces corresponde a la Sala estudiar si en la causa concreta procede de forma
transitoria ante la configuración de un perjuicio irremediable que afecte de manera
directa los derechos fundamentales invocados por la señora Diana Carolina
Agudelo Zárate.
La referida Alta Corte en sentencia T-097 de 2011, señaló que para que aquel
perjuicio se configure se requiere:
Frente a la procedencia excepcional de la acción de tutela cuando se esté frente a un
perjuicio irremediable, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que
únicamente se considerará que tal es la magnitud cuando, “dadas las circunstancias
del caso particular, se constate que (iii) el daño es cierto e inminente, esto es, que no
se debe a conjeturas o especulaciones, sino que se haya sustentado en la apreciación
razonable de hechos reales y apremiantes; (iv) que involucra gravedad, desde el
punto de vista de su incontrastable trascendencia y de la naturaleza del derecho
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fundamental que lesionaría; y (v) de urgente atención, en el sentido de que sea
necesario e inaplazable precaverlo o mitigarlo, evitando que se consume una lesión
antijurídica de connotación irreparable (…)9.
En el asunto sub examine dicho perjuicio no se evidencia, habida cuenta de que de
los reparos planteados por la señora Diana Carolina Agudelo Zárate no se advierte
una vulneración de sus garantías, con ocasión a que se le categorizó como
«reprobado» en la subfase general del curso concurso de formación judicial [IX
Curso de Formación de Formación Judicial].
En consecuencia, ante la ausencia de una vulneración palmaria, se desvirtúa la
urgencia alegada por la accionante, con fundamento en la cual pretende que el juez
de tutela realice un pronunciamiento respecto de la Resolución EJR24-798 de 1 de
noviembre de 2024, pese a que este no es el mecanismo idóneo ni eficaz para ello.
Así las cosas, la sala declarará la improcedencia de la acción de tutela promovida
por la señora Diana Carolina Agudelo Zárate contra la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla (EJRLB) comoquiera que la solicitud de amparo se encuadra en una de las
causales de improcedencia señaladas en el artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991,
por lo que no se satisface el presupuesto de la subsidiariedad.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: ACEPTAR la solicitud de coadyuvancia del señor Gabriel Alfonso
García Brunal.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela promovida por la
señora Diana Carolina Agudelo Zárate.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
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«T-1316 de diciembre 7 de 2001, M. P. Rodrigo Uprimny Yepes».
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Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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