Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06163-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06163-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06163-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
25 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06163-01
Accionante: ROY DAVID GONZÁLEZ ÁNGULO
Accionado: ESCUELA JUDICIAL “RODRIGO LARA BONILLA” Y
OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra acto administrativo proferido por la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla, dentro del curso concurso IX de formación judicial, en relación
con discente que señala que sí obtuvo el puntaje mínimo aprobatorio.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la parte accionante
contra la sentencia del 22 de mayo de 2025, proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado, de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la
Constitución Política, los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 19911.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 13 de noviembre de 20242, el señor Roy David González Ángulo, en nombre
propio, presentó acción de tutela contra la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”,
la Unión Temporal Formación Judicial 2019 integrada por la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Sociedad E- Distribution, con el fin de
obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso.
Hechos relevantes
2. La parte accionante era discente del IX del Curso de formación Judicial
(Convocatoria 27) para acceder a cargos de funcionarios de la Rama judicial, que
se encuentra a cargo de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” de conformidad
con el Acuerdo PCSJA19-11400 de 20193.
1
Que ingresó para fallo el 2 de julio de 2025.
2
Se advierte que inicialmente fue repartido al Juzgado Once Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Cartagena Bolívar, sin embargo mediante auto No. 149 del 14 de noviembre de
2024 no avocó conocimiento y remitió a esta Corporación. Motivo de lo anterior, una vez enviado al
Consejo de Estado fue repartido al despacho de la consejera Nubia Margoth Peña Garzón el 15 de
noviembre de 2024.
3
“Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el “IX Curso de Formación Judicial Inicial
para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades,
Promoción 2020-2021”.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06163-01
Accionante: Roy David González Ángulo
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
3. Una vez fueron publicados los resultados de las evaluaciones de la sub-fase
general, se expidió la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, mediante la
cual se indicaba que había sido reprobado.
4. Inconforme con lo anterior, radicó dentro de los términos establecidos, el recurso
de reposición en contra de la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, en
el cual manifestó las inconformidades de algunas de las preguntas y sus
respectivas calificaciones.
5. Mediante Resolución N° EJR24-1284, notificada por correo electrónico el 8 de
noviembre de 2024, se dispuso reponer parcialmente la Resolución EJR24-298 del
21 de junio de 2024 y se ajustó la calificación de la evaluación de la subfase
general del IX Curso de Formación Judicial; sin embargo, seguía sin aprobar el
examen.
Pretensiones
6. El señor Roy David González Ángulo solicitó lo siguiente:
“1. Que se ordene responder de manera clara y precisa (motivación del acto
administrativo) a las preguntas recalificadas, con su respectivo informe técnico.
2. Que se recalifique a todos los concursantes, tanto aprobados como
reprobados, en una sola fecha.
3. Que sea eliminada la intervención de la Inteligencia Artificial en la elaboración
de dicho acto administrativo.”
Fundamentos de la demanda de tutela
7. La parte accionante indicó que se vulneró su derecho al debido proceso, toda vez
existe una inconsistencia entre los ítems de evaluación. En efecto, la suma de los
módulos corresponde a un total específico, mientras que la resolución otorga otra
cifra y la reposición también indica otra calificación. Por este motivo, se genera duda
respecto de la totalidad del proceso administrativo llevado a cabo por las entidades
accionadas.
8. De otra parte, expuso que, en el trámite del recurso de reposición, se presentó
un ajuste al 100% de los que presentaron la revisión, lo que generó una
recalificación tácita de todo el examen. Además, señaló que la resolución que
resolvió el recurso de reposición contiene más de un 80% de elaboración a través
de inteligencia artificial. Motivo de lo anterior, al existir preguntas recalificadas,
demuestra un beneficio o un perjuicio dentro del concurso. Encima de que se otorga
“una oportunidad de resolver el recurso con una fecha posterior a la terminación de
la fase especializada, sin respetar la non reformatio in pejus”.
Trámite de la acción de tutela
9. A través de auto del 18 de noviembre de 2024, la Sección Primera del Consejo
de Estado admitió la tutela de la referencia; ordenó notificar al Rector de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, al Representante legal de la
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06163-01
Accionante: Roy David González Ángulo
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Sociedad E-DISTRIBUTION S.A.S, a los magistrados del Consejo Superior de la
Judicatura y a los directores de la Unidad de Administración de Carrera Judicial y
de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla como accionados y a los discentes que
hacen parte del proceso de selección dentro del concurso de méritos adelantado en
virtud de la Convocatoria núm. 27, en calidad de terceros interesados en las resultas
del proceso.
10. Mediante auto del 19 de noviembre de 20244, el consejero Fredy Ibarra Martínez
remitió al despacho de la consejera Nubia Margoth Peña Garzón el radicado de
tutela núm. 11001-03-15-000-2024-06228-00 debido a que la Secretaría del
Consejo de Estado informó que se estaban en trámite acciones de tutela con
similitud fáctica y jurídica al presente caso. Por este motivo, al haber sido la primera
en admitir una acción de tutela de esa misma naturaleza y de conformidad con el
artículo 2.2.3.1.3.1 del Decreto 1069 de 2015 se envió a ese despacho para el
estudio de una posible acumulación.
11. Sin embargo, al verificar el radicado mencionado, el despacho sustanciador
constató que, mediante auto del 22 de noviembre de 2024, la consejera Peña
Garzón negó la solicitud de acumulación de la acción de tutela. Lo anterior, debido
a que, si bien los actos administrativos cuestionados tanto en la presente acción
como en el expediente 2024-06228-00 se originan en la subfase general del IX
Curso de Formación Judicial Inicial del concurso de méritos convocado mediante la
Convocatoria núm. 27 para proveer cargos de carrera en la Rama Judicial -y fueron
expedidos por la directora de la EJRLB-, la única coincidencia entre ambos procesos
radica en la Resolución EJ24-298 del 21 de junio de 2024. La Escuela Judicial y su
operador corrigió la Resolución EJ24-317 del 28 de junio de 2024, la cual resolvió
los reparos y reclamaciones presentadas por los accionantes frente a resultados o
puntajes distintos, mediante actos administrativos diferentes.
12. De otra parte, mediante auto del 20 de noviembre de 2024, el consejero Omar
Joaquín Barreto Suárez también remitió al despacho de la consejera Nubia Margoth
Peña Garzón el radicado de tutela núm. 11001-03-15-000-2024-06232-00, con
ocasión de un informe secretarial que puso en conocimiento de otras acciones de
tutela. Por esta razón, una vez revisados ambos expedientes, el consejero concluyó
que ambas acciones de tutela presentaban una similitud fáctica y jurídica porque
cuestionaban los actos administrativos EJR24-298 del 21 de junio y EJR24-1284
del 8 de noviembre de 2024, dentro del concurso de méritos adelantado dentro de
la Convocatoria 27, por tanto con base en el Decreto 1069 del 2015, se remitió para
que decidiera sobre la acumulación de los proceso.
13. Una vez fue verificado el expediente 11001-03-15-000-2024-06232-00, se
encontró que en el índice 9 de Samai había sido acumulado a la acción de tutela
2024-06163-00 y no se encontraba vigente, sin que la consejera ponente se
pronunciara frente a la respectiva acumulación, pese a que el 25 de noviembre de
20245, el señor Daniel Camilo Agudelo Tolosa como accionante del radicado 2024-
06232-00 había presentado un memorial en el que indicaba que no podía tener
4
Ver índice 4 de samai, dentro del expediente 11001-03-15-000-2024-06228-00.
5
Ver índice 17 de Samai. de la primera instancia.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06163-01
Accionante: Roy David González Ángulo
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
acceso al radicado 2024-06163-00. Además indicó que, esta situación no ha sido
constatada y que dentro de su solicitud de tutela, se encuentra una medida
provisional.
14. No obstante, la Sección Primera del Consejo de Estado profirió sentencia de
primera instancia el 12 de diciembre de 20246 y resolvió (i) negar la solicitud de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la
Unidad de Administración de Carrera Judicial; y (ii) declaró la improcedencia de la
acción de tutela de la referencia.
15. El señor Roy David González Ángulo presentó impugnación contra la anterior
decisión7. A través de auto del 21 de enero de 20258, se concedió dicha apelación.
16. El 30 de enero de 20259, el expediente ingresó al despacho del consejero
sustanciador para resolver la segunda instancia.
17. A través de auto del 18 de febrero de 202510, el consejero sustanciador declaró
la nulidad de la sentencia del 12 de diciembre de 2024 proferida por la Sección
Primera de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 13311 y el
parágrafo del artículo 13612 del Código General del Proceso debido a que “no existió
pronunciamiento alguno respecto a la posible acumulación de este proceso con la
acción de núm. 11001-03-15-000-2024-06232-00, con lo cual al señor Daniel Camilo
Agudelo Tolosa se le pretermitió íntegramente el trámite procesal correspondiente
a la primera instancia de la acción de tutela”13. Sin embargo, en el mismo auto, se
advirtió que los informes recibidos y las pruebas practicadas dentro de la acción de
tutela 11001-03-15-000-2024-06163-00/01 conservan su validez y tienen plena
eficacia de quienes tuvieron la oportunidad de controvertirlos.
18. Una vez devuelto a la primera instancia, el 21 de febrero de 202514, el señor
Roy David González Ángulo presentó un memorial de adición y recusación contra
la consejera Nubia Margoth Peña Garzón de conformidad con el artículo 141 del
CGP y 150 del CPACA que establece las causales de impedimentos y recusaciones
de los jueces y magistrados como el caso que hayan conocido previamente de un
asunto o cuando existan motivos que puedan comprometer su imparcialidad.
6
Ver índice 21 de Samai de la primera instancia.
7
Ver índice 25 de Samai de la primera instancia.
8
Ver índice 26 de Samai de la primera instancia.
9
Ver índice 3 de samai.
10
Ver índice 4 de samai.
11
“ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en
los siguientes casos:
(…)
2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente
concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.
(…)”
12
“PARÁGRAFO. Las nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un
proceso legalmente concluido o pretermitir íntegramente la respectiva instancia, son
insaneables.
13
Obra en certificado
1D0DB36733C140AB7B7E8C43E53CBB5C11A505123609F172CC7E35FCA3B5FF9F, pág. 5,
índice 4 de samai.
14
Ver índice 33 y 35 de samai de la primera instancia.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06163-01
Accionante: Roy David González Ángulo
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
19. Asimismo, expresó que la consejera sustanciadora de primera instancia juzgó
previamente la acción de tutela, lo cual “contaminaba” el proceso no solo del
accionante sino del otro concursante al cual no se le acumuló la acción de tutela,
por tal motivo resultaba relevante que fuera separada del caso. También, solicitó
una medida provisional de ser incluido en la parte especializada. Además, el señor
González Ángulo expresó que existe (i) un perjuicio irremediable; (ii) una motivación
de los actos administrativos; (iii) legitimación en la causa por pasiva de la Unidad de
Administración de Carrera Judicial y (iv) la demora en la solución en la acción
constitucional afecta de manera significativa sus oportunidades y sus derechos de
manera irreparable. Por último, adujo que si bien resulta improcedente la tutela para
cuestionar actos administrativos se ha demostrado que específicamente estos
carecen de una debida motivación y han sido elaborados por inteligencia artificial.
20. De otra parte, el 3 de marzo de 202515, el señor Daniel Camilo Agudelo Tolosa
envió un memorial a través del cual coadyubaba al accionante pero difería respecto
del fundamento invocado puesto que el Decreto 2591 de 1991 en su artículo 39
indica que no es procedente la recusación en la acción de tutela.
21. También puso de presente que la ponente de la primera instancia dejó vencer
términos procesales, cuando se entiende que para emitir sentencia no puede pasar
más de 10 días hábiles. Sumado a que, no emitió ninguna decisión judicial sobre la
remisión en la acumulación si avocaba o no su acción de tutela sin ser atendidos ni
respetados sus planteamientos.
22. Una vez ingresó al despacho de la consejera Nubia Margoth Peña Garzón,
emitió un pronunciamiento sobre la recusación dirigido al consejero Hernando
Sánchez Sánchez fechado del 12 de marzo de 202516. En el mismo expresaba que
con ocasión de que la parte accionante la recusó no es aceptada de su parte pues
no es procedente en la acción de tutela, para esto transcribió un aparte del auto 296
del 16 de mayo de 2018. Tampoco aceptó los hechos en los que se fundamenta el
señor Daniel Camilo Agudelo Tolosa pues no tenía legitimación en la causa por
activa para actuar en el proceso ya que en auto del 3 de marzo de 2025 se denegó
la solicitud de acumulación de la acción de tutela 2024-06232-00 al de la referencia
puesto que no concurrían los presupuestos para ser acumuladas bajo una misma
cuerda procesal.
23. En auto del 3 de abril de 202517, el resto de la sala de la Sección Primera decidió
sobre la recusación presentada por el accionante en contra de la consejera Nubia
Margoth Peña Garzón. En la providencia se resolvió (i) rechazar la recusación por
ser improcedente y (ii) no se pronunció frente a la coadyuvancia puesto que
mediante auto del 3 de marzo de 2025 en el proceso de tutela con radicado núm.
2024-06232-00 se negó la solicitud de acumulación y se devolvió a su despacho de
origen.
15
Ver índice 38 de la primera instancia.
16
Ver índice 40 de la primera instancia.
17
Ver índice 45 de la primera instancia.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06163-01
Accionante: Roy David González Ángulo
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
24. El 24 de abril de 202518, el expediente ingresó al despacho de la consejera
Nubia Margoth Peña para nuevamente proferir sentencia de primera instancia.
Intervenciones
25. A través de memorial del 21 de diciembre de 2024, la Unión Temporal
Formación Judicial 2019 conformada por la universidad Pedagógica y Tecnología
de Colombia y E-Distribution S.A.S. expresó que no es la competente para resolver
las solicitudes relacionadas con los actos administrativos expedidos por la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla, puesto que sus funciones se limitan al desarrollo del
IX Curso de Formación Judicial y no es la competente para realizar modificaciones
a las calificaciones de los discentes.
26. Adujo que no fue la entidad que expidió los actos administrativos, ya que le
correspondía a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla quien es el competente para
la elaboración y expedición de los actos administrativos.
27. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) indicó que
era una institución de educación superior con personería jurídica independiente a la
de la Unión Temporal Formación Judicial. Además, indicó que el desarrollo del curso
de formación judicial se lleva a cabo de acuerdo con la planeación y formalidades
exigidas por este, siendo conformada por la Sociedad E-Distribution S.A.S. y tal
universidad.
28. Expresó que la acción de tutela es improcedente, pues se presentó una carencia
actual del objeto19, sumado a que no se dio cumplimiento al requisito de
subsidiariedad y no se demuestra la conculcación de los derechos fundamentales
invocadas. La parte accionada ha actuado en lo de su competencia o participación
del desarrollo del objeto de la Unión Temporal Formación Judicial 2019. Tampoco
se evidenció un perjuicio de carácter irremediable, tal como se analizó en la
sentencia T-554 de 2019 de la Corte Constitucional.
29. La Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura solicitó ser desvinculado de la acción de tutela, por falta de
legitimación en la causa por pasiva, con ocasión de que no ha vulnerado ningún
derecho fundamental del accionante, puesto que no ha intervenido en el desarrollo
del Curso de Formación Judicial ni tiene relación alguna con la aplicación del
instrumento evaluativo a cargo de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sumado
a que la acción constitucional gira en torno a la inconformidad de la evaluación,
recalificación y procedimiento de la sub-fase general del IX Curso de Formación
Judicial Inicial. Por tanto, no tiene competencia ni injerencia alguna para emitir
ningún pronunciamiento sobre lo pretendido por el accionante.
30. A través de memorial del 21 de noviembre de 2024, la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla respondió el escrito de tutela, al solicitar que se declare
improcedente el amparo invocado, pues no satisface el requisito de subsidiariedad
18
Ver índice 50 de la primera instancia.
19
No hizo referencia específica a este punto.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06163-01
Accionante: Roy David González Ángulo
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
y existen otros medios judiciales para solicitar la protección de los derechos
invocados. Además, no existe un perjuicio irremediable y no se advierte la
conculcación de los derechos constitucionales.
31. Puso de presente que el actor se limitó a plasmar argumentos propios del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho para desvirtuar la legalidad de
los actos administrativos, mismos que deben ser dirimidos ante el juez contencioso.
32. Por otro lado, indicó que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla no hizo uso de
la inteligencia artificial para el análisis y expedición de las resoluciones relacionadas
con los discentes del IX Curso de Formación Judicial Inicial, debido a que fueron
atendidas de manera individual de acuerdo con la razonabilidad y juicio profesional
del equipo de la unidad correspondiente del Consejo Superior. Sin embargo, aclaró
que las inconformidades se resolvieron con los insumos proporcionados por la “UT”
quien era el aliado estratégico de los aspectos técnicos de las pruebas. Sumado a
que, trajo a colación la sentencia T-323 de 2024 en la que se estableció que el uso
de la herramienta se debía entender como un apoyo a la gestión judicial pero que
con esta no se sustituya la labor humana el desarrollo y análisis de los casos.
33. La Sociedad E-Distribution S.A.S. no intervino20.
Sentencia de primera instancia
34. Mediante sentencia del 22 de mayo de 2025, la Sección Primera del Consejo
de Estado declaró improcedente el amparo constitucional invocado y denegó la
solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva
presentada por la Unidad de Administración de Carrera Judicial.
35. Hizo referencia a que se encuentra saneada la nulidad decretada por el
despacho sustanciador de la segunda instancia, dado que en el expediente con
radicado 2024-06232-00 se emitió un auto del 3 marzo de 2025, en el cual se negó
la solicitud de acumulación al presente proceso.
36. De otra parte, consideró que de conformidad con el artículo 6 del Decreto 2591
de 1991, la acción de tutela ostenta un carácter excepcional y subsidiario, siendo
procedente cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales para
que sus peticiones sean examinadas, a menos que a pesar de que existan otros
mecanismos, esta acción se instaure de manera transitoria, con el fin de obtener
una protección urgente e inmediata de sus derechos. Por tanto, solo procede en los
casos en que se presente la ocurrencia de un perjuicio irremediable y cuando se
encuentren amenazados o vulnerados sus derechos fundamentales.
37. De otro lado, expresó que en relación con la convocatoria núm. 27 y la
procedencia de la acción de tutela para cuestionar actos administrativos, de acuerdo
con la Sentencia SU-067 del 2022 es improcedente cuando se trate de un acto
administrativo a menos de que no exista otro mecanismo que permita demandar la
protección de la garantía fundamental infringida. Además, únicamente procedería
20
Se notificó el 19 de noviembre de 2024, al correo electrónico contacto@edistribution.co.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06163-01
Accionante: Roy David González Ángulo
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
cuando se busque la protección de derechos fundamentales frente a actos
administrativos de trámite expedidos en el maco de los concursos de méritos,
siempre que la actuación administrativa de la cual hace parte no haya concluido, o
que el acto acusado defina una situación especial y sustancial, en la que se proyecte
en la decisión final y que ocasione amenaza real de las garantías deprecadas.
38. Motivo de lo anterior, concluyó que de acuerdo con las inconformidades
planteadas que recaen en las resoluciones EJR24-298 del 21 de junio y EJR24-
1284 del 8 de noviembre de 2024, la legalidad puede ser discutida a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Igualmente, para
controvertir la calificación de la evaluación de la sub-fase general del IX Curso de
Formación Judicial Inicial y el contenido de las preguntas antes mencionadas, el
actor cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
siendo el mecanismo idóneo para el asunto mismo en el que puede solicitar medida
cautelares dispuestas en el CPACA.
39. De otra parte, se advirtió que la Sala ha reiterado en varias oportunidades la
improcedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra decisiones particulares
adoptadas en el marco de concursos de méritos21. Bajo un criterio uniforme, ha
señalado que la legalidad de dichas decisiones debe discutirse a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho. No obstante, en algunos casos
relacionados con la Convocatoria núm. 27, la Sala ha efectuado pronunciamientos
de fondo. Esta excepción obedeció a que las solicitudes de amparo versaban sobre
la presunta falta de respuesta a los recursos de reposición interpuestos contra los
puntajes obtenidos en las pruebas de aptitudes y conocimientos, lo cual se relaciona
directamente con el derecho fundamental de petición22.
Impugnación
40. La parte accionante impugnó la decisión al considerar que existió una demora
excesiva en los trámites administrativos y judiciales, lo que generó un perjuicio real
e irreparable. Sostuvo que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho carece de medidas cautelares eficaces y no garantiza una solución
oportuna, ya que la pretensión podría resultar satisfecha cuando el perjuicio ya se
haya consolidado. Indicó que el trámite de la acción de tutela se extendió por más
de seis meses, lo cual impidió obtener una reparación efectiva y facilitó la caducidad
del medio ordinario. Finalmente, citó la Sentencia SU-067 de 2022, en la cual la
Corte Constitucional señaló que, aunque la acción de tutela no sustituye los
mecanismos ordinarios ni permite revivir términos, puede proceder de forma
transitoria cuando la lentitud del proceso administrativo impide la protección efectiva
de un derecho fundamental.
21
Se citan las siguientes sentencias: 11001-03-15-000-2021-06518-00; 11001-03-15-000-2021-
03717-00; 11001-03-15-000-2022-00315-00, entre otras.
22
Se citan las siguientes sentencias: 11001-03-15-000-2023-01326-00; 11001-03-15-000-2023-
00837-00; 11001-03-15-000-2023-01122-00.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06163-01
Accionante: Roy David González Ángulo
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
CONSIDERACIONES
1. Competencia
41. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.
2. Problema jurídico
42. En primer lugar, la Sala debe establecer ¿si la acción de tutela es procedente
para cuestionar los actos administrativos proferidos dentro del curso-concurso de
formación judicial en la Convocatoria No. IX, puntualmente, precisar las hipótesis en
las que, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la acción de amparo supera
el requisito de subsidiariedad, toda vez que la entidad accionada sostiene que, en
el caso concreto, proceden los medios ordinarios de defensa, puesto que los
mismos, prevén medidas cautelares?
43. Con el fin de resolver el anterior problema jurídico, la Sala reiterará el
precedente constitucional sobre la procedencia de la acción de tutela para
cuestionar actos administrativos dentro de cursos-concursos de formación judicial.
En caso de responder afirmativamente la primera cuestión, como segundo problema
jurídico debe examinarse si se presentaron las vulneraciones alegadas por el
accionante.
3. Procedencia de la acción de tutela para cuestionar actos administrativos
dentro del IX curso concurso de formación judicial.
44. El artículo 86 superior señala que la acción de tutela es un medio judicial
subsidiario de protección de los derechos fundamentales, en esa medida no es
principal ni procede directamente ante cualquier amenaza o violación, toda vez que,
los medios ordinarios de defensa, también son instrumentos procesales idóneos
para la protección de las garantías constitucionales23.
45. En desarrollo de lo anterior, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 precisó que
la acción de tutela es improcedente cuando en la controversia puntual, sea posible
acudir a un medio de defensa judicial ordinario o extraordinario, el cual, en el caso
concreto sea idóneo y eficaz. En consecuencia, la acción de tutela es procedente
cuando no existe medio de defensa, o este, aplicado al caso concreto, carece de
idoneidad o eficacia. Situación en la cual, de manera excepcional el juez de tutela
desplaza al juez ordinario y, en sede de tutela, puede resolver definitivamente la
solicitud de protección.
46. Una segunda hipótesis de procedencia se funda en el hecho que, en un caso
concreto puede existir un mecanismo de defensa judicial, ordinario o extraordinario,
23
“Ello significa que la totalidad de acciones y recursos del sistema jurídico, sean de naturaleza
administrativa o judicial, están dispuestos para asegurar la protección de los derechos
fundamentales” Corte Constitucional, Sentencia SU-067 de 2022
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06163-01
Accionante: Roy David González Ángulo
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
y el mismo se idóneo y eficaz, pero se presenta un perjuicio irremediable sobre el
ejercicio de un derecho fundamental, lo cual, impide esperar el desarrollo y
conclusión de un procedimiento judicial ordinario. En esos eventos, conocidos como
la procedencia transitoria por presentarse un perjuicio irremediable, la Corte ha
indicado que, el juez de tutela puede proferir un fallo temporal que ampare los
derechos constitucionales invocados, y además imponer la obligación al actor para
que acuda al juez ordinario, y sea dicha autoridad judicial la que tome una
determinación definitiva.
47. En punto al IX curso concurso de formación judicial, la Corte Constitucional ha
indicado que, en principio resultan improcedentes las acciones de tutela que se
dirigen a cuestionar decisiones administrativas definitivas, pues las mismos cuentan
con los medios de defensa judicial previstos en la Ley 1437 de 2011, con su abanico
amplio de medidas provisionales. En efecto, en la Sentencia SU-067 de 2022 se
precisó:
“(…) el legislador ha dispuesto los medios de control de la Ley 1437 de 2011
como los instrumentos procesales para demandar el control judicial de los
actos administrativos.
Según este diseño normativo, el proceso judicial que se surte ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo es el escenario natural para la
reivindicación de los derechos fundamentales conculcados en este contexto.
Allí, los interesados pueden reclamar no solo el control de legalidad
correspondiente, sino, además, el restablecimiento de los derechos
fundamentales que hayan sido vulnerados. Las medidas cautelares que
ofrece la Ley 1437 de 2011, las cuales permitirían prevenir la consumación
de un daño definitivo mientras se surte la causa judicial, corroboran la
idoneidad de los aludidos medios de control en este campo.”24
48. La Sentencia SU-067 de 2022 reiteró el precedente constitucional conforme al
cual, la acción de tutela resulta improcedente contra los actos administrativos
proferidos en el marco de concursos de méritos, pues, insistió, los medios de
defensa judicial en cabeza de la jurisdicción contencioso administrativa son
mecanismos adecuados y eficaces de protección. Situación diferente es de aquellos
actos administrativos que, por expresa definición del legislador no son objeto de
control judicial. Es el caso de los actos administrativos de trámite, los cuales,
conforme la Ley 1437 de 2011 y la jurisprudencia del Consejo de Estado no son
objeto de control judicial autónomo, sino en el momento en que se controla el acto
definitivo.
49. En la aludida sentencia, la Corte Constitucional resolvió varias acciones de
tutela en la que discentes del IX curso concurso de formación judicial atacaban un
acto de trámite el cual, por disposición legal del CPACA, no podía ser atacado
directamente ante la jurisdicción contencioso administrativa. En la decisión de
unificación, la Sala Plena explicó que en razón de la inexistencia de instrumentos
que permitan su control judicial, es posible emplear la acción de tutela como
mecanismo principal y definitivo de protección de los derechos fundamentales. Se
aclaró que, en todo caso, no todo acto administrativo de trámite es pasible de acción
24
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-067 de 2022 (M.P. Paola Meneses Mosquera)
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de tutela, pues por su carácter, la procedencia general de la acción de tutela contra
actos administrativos de trámite implicaría obstruir el avance de la administración.
En esa medida, incluso la acción de tutela contra actos de trámite resulta
excepcional. Consideró la Sala Plena:
“En cualquier caso, esta facultad no ha de ser interpretada de modo que
obstruya el avance y la conclusión de las actuaciones administrativas, pues
«de ninguna manera se trata de extender la tutela a los actos de trámite o
preparatorios, hasta el extremo que se haga un uso abusivo de ella, con el
propósito de impedir que la Administración cumpla con la obligación legal
que tiene de adelantar los trámites y actuaciones administrativas». De ahí
que esta corporación afirme que la acción de tutela instaurada contra actos
de trámite, aprobados con ocasión de un concurso de méritos, «solo procede
de manera excepcional, cuando el respectivo acto tiene la potencialidad de
definir una situación especial y sustancial dentro de la actuación
administrativa»”.
La procedencia indiscriminada de la acción de tutela contra los actos
administrativos de trámite comprometería gravemente el desarrollo y la
culminación oportuna de las actuaciones administrativas.”
50. La Corte Constitucional verificó que, en el caso concreto (cuatro tutelas
acumuladas), se atacaba un acto administrativo de trámite, puntualmente, la
Resolución CJR20-020225. Dicha resolución corrigió una actuación administrativa
“desde la citación a las pruebas de conocimiento generales y específicas, de
aptitudes y psicotécnicas, para ajustar todo el trámite a derecho”. En consecuencia,
dicha sentencia de unificación, en punto a la procedencia formal de la acción de
tutela se refiere a actos administrativos de trámite, dentro del curso-concurso de
formación judicial. En aquella tutela no se examinaron actos administrativos
definitivos de carácter particular, pues la providencia indicó que la acción de tutela
no es procedente para ese tipo de actuaciones.
51. Aclarada la situación del precedente constitucional invocado por el accionante,
puntualmente la hipótesis fáctica resuelta en la Sentencia SU-067 de 2022,
corresponde ahora examinar el precedente constitucional sobre la procedencia de
la acción de tutela contra actos administrativos concretos y definitivos producidos
como parte de un concurso de méritos para proveer cargos públicos.
52. En la Sentencia T-425 de 201926, la Sala Primera de Revisión resolvió una
petición de amparo, relacionada con la determinación de una autoridad pública que
omitió conservar los puntajes de dos aspirantes en un concurso de méritos. En la
decisión, la Corte indicó que respecto del requisito de subsidiariedad, la acción de
tutela es improcedente, salvo que se acredite un perjuicio irremediable. Se concluyó
que en asuntos relativos a concursos de méritos los participantes pueden cuestionar
las actuaciones surtidas en el marco de la convocatoria en ejercicio de los medios
de control pertinentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por tanto,
25
Fundamento Jurídico No. 100: “Las acciones de tutela interpuestas por los demandantes se
enmarcan en el primer supuesto de hecho. Esto es así dado que la Resolución CJR20-0202 es un
acto administrativo de trámite, motivo por el cual no puede ser sometido al escrutinio de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo.”
26
M.P. Carlos Bernal Pulido.
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la intervención del juez constitucional se restringe, de ser el caso, “a conjurar un
perjuicio irremediable.
53. Se indicó que, los accionantes podían debatir la pretensión formulada ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, y, en este escenario judicial, exigir el decreto
de medidas cautelares. Además, de los hechos que dieron lugar a la solicitud de
amparo no era posible inferir la configuración de un supuesto de perjuicio
irremediable, en relación con ninguno de los intereses y derechos fundamentales
cuya protección solicitaron.
54. Posteriormente, en la Sentencia T-081 de 202227, una sala de revisión de la
Corte resolvió una acción de tutela formulada por un aspirante en un concurso
público de méritos con el fin de proveer cargos de docentes en la planta pública del
sistema de educación. En aquella oportunidad la Corte reiteró la improcedencia de
la acción pues el juez administrativo cuenta con medidas cautelares en el seno de
los procesos contencioso administrativos. Excepciones a ello, es el evento en que
se discuten actos administrativos dentro de concursos públicos para cargos con un
período legal fijo. Esto pues, dado que el cargo tiene un periodo limitado, no resulta
razonable ni proporcionado exigir que un aspirante agote un proceso judicial que
concluirá cuando ya haya fenecido el periodo del cargo para el que aspira. Situación
diferente se da cuando el concurso público es para proveer un cargo que no tiene
periodo limitado, pues en atención a que no existe un límite temporal, el medio de
defensa judicial deviene en idóneo y eficaz. En la providencia que se menciona la
Corte tuvo oportunidad de precisar las reglas de procedencia excepcional:
“En conclusión, la acción de tutela no es, por regla general, el mecanismo
judicial dispuesto para resolver las controversias que se derivan del trámite
de los concursos de méritos, cuando ya se han dictado actos administrativos
susceptibles de control por parte del juez de lo contencioso administrativo,
en especial, cuando ya existe una lista de elegibles. Sin embargo, el juez de
tutela deberá valorar si, atendiendo a las circunstancias del caso concreto,
los medios de control ante la justicia administrativa son eficaces para
resolver el problema jurídico propuesto, atendiendo a las subreglas (…), esto
es, (i) si el empleo ofertado cuenta con un periodo fijo determinado por la
Constitución o por la ley; (ii) si se imponen trabas para nombrar en el cargo
a quien ocupó el primer lugar en la lista de elegibles; (iii) si el caso tiene una
marcada relevancia constitucional; y (iv) si resulta desproporcionado acudir
al mecanismo ordinario, en respuesta a las condiciones particulares del
accionante”.
5. Examen de procedibilidad formal en el caso concreto
55. En el caso concreto, la Sala debe determinar, en primer lugar, si la acción de
tutela es procedente conforme a lo anteriormente señalado.
56. Lo primero que corresponde concluir es que la Sentencia SU-067 de 2022 no
es precedente para el caso concreto, pues como se dejó indicado en el acápite de
consideraciones, la providencia de unificación era procedente formalmente, pues se
27
M.P. Alejandro Linares.
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resolvían varias acciones de tutelas acumuladas dirigidas contra un acto de trámite
dentro de IX curso-concurso de formación judicial, etapa de formación de la
Convocatoria No. 27. Como se precisó, el ataque de los actores en aquella
oportunidad se dirigía contra un acto administrativo que, por mandato legal se
encuentra explícitamente excluido del control judicial por parte del juez
administrativo.
57. Examinado desde el precedente proferido por la Corte Constitucional en casos
de acciones de tutela dirigidas contra actos particulares definitivos, ha de indicarse
que por regla general la acción de tutela es improcedente, salvo que se esté ante;
(i) un perjuicio irremediable; (ii) si el empleo ofertado cuenta con un periodo fijo
determinado por la Constitución o por la ley; (iii) si se imponen trabas para nombrar
en el cargo a quien ocupó el primer lugar en la lista de elegibles; (iv) si el caso tiene
una marcada relevancia constitucional; y (v) si resulta desproporcionado acudir al
mecanismo ordinario, en respuesta a las condiciones particulares del accionante.
58. Respecto de la primera hipótesis, en el caso concreto, esta subsección
considera que existe un medio de defensa judicial ordinaria idóneo y eficaz que
permite cuestionar los actos administrativos atacados por la parte actora, y en cuyo
marco se pueden ejercer medidas cautelares innominadas; (ii) Estos medios de
defensa son idóneos y eficaces, especialmente en atención a que, el cargo al que
aspira no tiene un periodo fijo, razón por la cual, incluso en la hipótesis en la que,
las autoridades judiciales tomen el tiempo previsto en los códigos procesales para
expedir los fallos ordinarios, y estos le den la razón, pues las decisiones judiciales
serán oportunas en atención a que el cargo público al que aspira, estará disponible.
59. En el escrito de tutela la parte accionante presenta argumentos de estricta
legalidad que pueden ser claramente discutidos a través del medio de control
ordinario. Los mismos se sintetizan en que la Resolución de 8 de noviembre de
2024, no resolvió todos los cargos planteados en el recurso de reposición. En criterio
de la parte actora, se presenta una recalificación tácita de todo el examen y varía
entre una resolución y otra que resolvió los recursos de reposición, sumado a que
se realizó uso inadecuado de la inteligencia artificial, en las que resultaron
beneficiosas y perjudiciales algunas de las respuestas que fueron analizadas en los
recursos.
60. A criterio de esta Sala, todos los reclamos del accionante pueden ser
encaminados bajo la cuerda procesal correspondiente a los medios ordinarios de
defensa judicial (nulidad y restablecimiento del derecho), a lo cual se suma que no
es el primero en una lista de aspirantes, razón por la cual, no se configura ninguna
de las hipótesis que jurisprudencialmente habilitan a que el juez de tutela intervenga
en el marco de un proceso de concurso de méritos.
61. La Sala verifica que, en el expediente no se ofrecen razones que lleven a
concluir que es desproporcionado que el señor González Ángulo acuda al juez
administrativo para cuestionar las decisiones que estima se profirieron en contra del
ordenamiento jurídico superior. Ello pues no se ofrecen situaciones concretas de su
situación socioeconómica o de eventuales situaciones vulnerabilidades que hagan
procedente la flexibilización del requisito de subsidiariedad.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06163-01
Accionante: Roy David González Ángulo
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62. Finalmente, respecto a la eventual configuración de un perjuicio irremediable, el
artículo 8 del Decreto 2591 de 1991 dispone que “aun cuando el afectado disponga
de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. La jurisprudencia
ha definido el perjuicio irremediable como “el riesgo de consumación de un daño o
afectación cierta, negativa, jurídica o fáctica, a los derechos fundamentales, que
debe ser invocada por el juez constitucional, dada la alta probabilidad de su
ocurrencia”28.
63. Para determinar la existencia de un perjuicio irremediable, que pueda superar
el requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional ha establecido que (i) el
perjuicio debe ser inminente, es decir, no basta con que exista una mera posibilidad
de que se produzca el daño; (ii) el perjuicio que se cause sea grave, lo que
implicaría, en consecuencia, un daño de intensidad sobre la persona afectada; (iii)
las medidas que se requieran para evitar la configuración sean urgentes; y (iv) la
acción es impostergable, es decir, en caso de aplazarse la misma sea ineficaz por
inoportuna29.
64. En el sub lite, no se configura un perjuicio irremediable, pues no se avizora un
hecho que afecte gravemente los derechos fundamentales de la parte actora. Más
allá que no continuará en la fase especializada, además de que no se verifica que
dicha situación afecte sus garantías constitucionales. Especialmente, dado que,
como ya se indicó, los reparos que presenta contra los actos administrativos
proferidos por la Escuela Judicial pueden ser tramitados por los medios defensa
ordinarios, en los que se pueden ejercer medidas cautelares.
65. Puesto que no se verifica alguna de las hipótesis de procedencia de la tutela
contra actos administrativos proferidos dentro de concursos públicos, se confirmará
la decisión de primera instancia mediante la cual se declaró improcedente el medio
de amparo por incumplir el requisito de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
28
Corte Constitucional, Sentencia T-003 de 2022 (M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar)
29
Corte Constitucional, Sentencia, SU-508 de 2020 (M.P. Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes
Cuartas)
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06163-01
Accionante: Roy David González Ángulo
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de mayo de 2025 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
AUSENTE CON PERMISO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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