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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06232-00

Fecha
24 de abril de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06232-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, así como de la Unión Temporal Formación Judicial 2019. SEGUNDO: Declárase la improcedencia de la solicitud de tutela por no cumplir con el presupuesto de la subsidiariedad. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06232-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

24 de abril de 2025

Demandante: Daniel Camilo Agudelo Tolosa
Demandados: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06232-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06232-00
Demandante: DANIEL CAMILO AGUDELO TOLOSA
Demandados: ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA Y OTROS

Temas: Tutela contra acto administrativo. Declara la improcedencia
de la solicitud de amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela promovida por la parte
actora, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1º del numeral 2º del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
del 6 de abril de 2021.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El señor Daniel Camilo Agudelo Tolosa presentó acción de tutela contra la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la confianza
legítima, a la buena fe y el acceso a cargos públicos, los cuales consideró
transgredidos por su exclusión del concurso de méritos de la Rama Judicial
para funcionarios judiciales (Convocatoria 27), pues se le categorizó como
“reprobado” en la subfase general del curso concurso de formación judicial (IX
Curso de Formación Judicial)1, además por el indebido uso de la inteligencia
artificial en dicho procedimiento y porque no se aceptó su solicitud de examen
supletorio.

A su vez, solicitó como medida provisional su inclusión en la subfase

1
Mediante la Resolución EJR24-1764 del 7 de noviembre de 2024 con la cual se dispuso
reponer parcialmente la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, en el sentido de ajustar
la calificación de la evaluación de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial
que obtuvo el discente Daniel Camilo Agudelo Tolosa, identificado con la cédula de ciudadanía
1.026.574.769. [ ] SEGUNDO. – MODIFICAR el Anexo de la Resolución EJR24-298 de 21 de
junio de 2024…

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Daniel Camilo Agudelo Tolosa
Demandados: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
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especializada del mencionado curso concurso hasta que se resuelva la acción
de tutela.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte accionante solicitó:

Respetuosamente, me permito reiterar al señor juez constitucional en este
proceso en concreto, amablemente, no tengo inconveniente y solicito de
hecho, en lo posible, ABSTENERSE, de valorar de fondo, las más que
evidentes transgresiones que frente al iusfundamental PETICIÓN como
DEBIDO PROCESO, inclusive, pueda observar frente a lo acontecido en
cuanto a el trámite dado por la accionada a i) petitorio RAD. ID. 26168
(KLARWAT – SISTEMA DE TICKETS) y ii) recurso de reposición y, acto
administrativo en respuesta frente a la negativa de practicar examen
supletorio plasmada genéricamente por la EJRLB en RESOLUCIÓN
EJR24-300 y luego afirmada “individualmente” en desmedro de la realidad,
y el derecho sustancial del suscrito, con RESOLUCIÓN EJR24-487.

Lo anterior pues se invocaron dichas situaciones en el recuento fáctico
pues no bien inciden en las resultas de lo que constituye la RESOLUCIÓN
EJR24-1764 al cerrar irreflexivamente la sede administrativa y de un
portazo materializar mi exclusión en este curso y en todo caso habrán de
contextualizar mi caso concreto a la luz de la sistematicidad de
irregularidades que he padecido en esta actuación administrativa particular
(IX CURSO) y en general (CONVOCATORIA 27), inclusive -pues
recuérdese que ya he tenido que agotar el debate parcialmente en lo no
ventilado aquí -pues era un hecho no acontecido- ante el juez contencioso.
No menos cierto es que, son asuntos que tengo la intencionalidad en aras
de no desnaturalizar el remedio constitucional en concreto, de adelantar a
través de acciones judiciales, bien constitucionales, bien contencioso
administrativas, particulares y concretas que permitan debatir su fondo,
pues por demás, no es mi intención desgastar injustificadamente el aparato
jurisdiccional, este remedio en concreto, nace, por la inminencia del
perjuicio ampliamente sustentado.

PEDIMENTO EN CONCRETO

Donde, clarificado lo anterior, son los pedimentos en tutela que hoy elevo
al despacho, lo siguientes, en suma, teniendo en cuenta los fundamentos
facticos y de derecho que sustentan la presente acción de tutela, además
del acervo probatorio que se recaude dentro del trámite de la acción,
solicito acceder al AMPARO de mis derechos fundamentales invocados
como vulnerados al comienzo de este introductorio, y los demás por usted
así evidenciados dado el caso concreto. Como medidas de
restablecimiento a la tutela efectiva de los citados derechos, las siguientes:
…
Para ello, pido tener en cuenta las misma razones que expuse frente a la
medida provisional solicitada, pues lo pedido no resulta oneroso para la

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autoridad accionada, dado que ya tiene contratada la subfase
especializada para la totalidad de los dicentes que iniciamos la subfase
general; es decir, incluirme provisionalmente en la subfase especializada,
no implica para la accionada realizar una contratación diferente a la
existente ni un desembolso o afectación presupuestal distinto a lo ya
previsto.

Además, si mis reclamos se llegaren a descartar en un eventual proceso
ordinario, la autoridad accionada no vería afectado su patrimonio por lo
aquí pedido; situación que no ocurriría si mis reclamos son aceptados —
como estoy convencido que son— y para ese momento no he realizado la
subfase especializada, pues me causaría un perjuicio, dada la posición
desigual y desventajosa en la que quedaría frente a los concursantes que
inician dicha subfase el próximo 16/11/2024, dadas las consecuencia que
ello trae frente a la conformación del registro de elegibles. Téngase en
cuenta que, la subfase especializada será evaluada a más tardar el 30 de
julio de 2025, término que, conforme a las reglas de la experiencia es muy
inferior al de duración razonada del proceso ordinario que instauraría si no
se accede a mi pretensión principal.

1.3. Hechos

Indicó que participó en la tercera fase del IX Curso de Formación Judicial Inicial,
en el marco de la Convocatoria 27 de la Rama Judicial para proveer los cargos
de funcionarios judiciales.

Precisó que mediante la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, la
EJRLB publicó en orden numérico de la cédula de ciudadanía los puntajes
finales obtenidos por los discentes en la subfase general del IX Curso de
Formación Judicial Inicial.

Adujo que con la Resolución EJR24-487 del 23 de septiembre de 2024, se
confirmó la Resolución EJR24-300 del 21 de junio de 2024, por medio de la
cual, se negaron las solicitudes de evaluación supletoria de algunos discentes
del IX Curso de Formación Judicial Inicial, como fue su caso. En dicho acto se
indicó:

En conclusión, el señor DANIEL CAMILO AGUDELO TOLOSA no sustentó
fehacientemente las dos condiciones que el Acuerdo pedagógico exige
para la evaluación supletoria, es decir, no presentar la evaluación en la
fecha programada y la circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que
impidiese su asistencia y presentación de las evaluaciones adelantadas el
19 de mayo y el 2 de junio de este año.

Los retrasos para el ingreso a la plataforma que experimentó el dicente no
pueden ser atribuidos a fallos en la plataforma proporcionada por la
Escuela Judicial, ya que operó dentro de los parámetros técnicos
establecidos y no presentó deficiencias que impidiesen el acceso del

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discente en tiempo oportuno. Las dificultades enfrentadas por el recurrente
pueden son imputables a factores técnicos y/o tecnológicos propios de su
entorno, sobre los cuales la Escuela Judicial no tiene control ni
responsabilidad.

Señaló que, a través de la Resolución EJR24-1764 del 7 de noviembre de 2024
se dispuso: “PRIMERO.- REPONER PARCIALMENTE la Resolución EJR24-
298 del 21 de junio de 2024, en el sentido de ajustar la calificación de la
evaluación de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial que
obtuvo el discente Daniel Camilo Agudelo Tolosa, identificado con la cédula de
ciudadanía 1.026.574.769. [ ] SEGUNDO. – MODIFICAR el Anexo de la
Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024…”.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora consideró vulneradas sus garantías constitucionales por su
exclusión del concurso de méritos de la Rama Judicial para funcionarios
judiciales (Convocatoria 27), pues se le categorizó como “reprobado” en la
subfase general del curso concurso de formación judicial (IX Curso de
Formación Judicial), además por el indebido uso de la inteligencia artificial y
porque se negó su solicitud para presentar el examen supletorio, sin motivación
alguna.

En relación con el presupuesto de la subsidiariedad, el accionante indicó lo
siguiente:

Subsidiariedad e Inmediatez: La tutela como sabemos solo procede
cuando no hay otro medio de defensa judicial disponible, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable
Urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable… Además,
debe ser un instrumento de protección inmediata para garantizar la guarda
efectiva de los derechos fundamentales… O cuando se requiere como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La tutela es
procedente cuando los medios judiciales ordinarios no garantizan la
inmediatez y eficacia necesarias para proteger los derechos fundamentales
involucrados, debido a la complejidad y duración de los procesos
contenciosos administrativos…La tutela puede proceder cuando, por las
circunstancias excepcionales del caso concreto, es posible afirmar que, de
no producirse la orden de amparo, podrían resultar irremediablemente
afectados los derechos fundamentales del solicitante…

Tenga en cuenta señor(a) juez que de no ingresar prontamente, así sea de
manera transitario al Subfase especializada del IX CURSO DE
FORMACIÓN de Formación Judicial, perderé la oportunidad acceder al
servicio p[ú]blico en las cargos ofertados porque un proceso ordinaria
demoraría más de una año y esta subfase terminaría en agosto del año
entrante, porque que aunque la justicia ordinaria conceda las pretensiones
es un sobrecosto para el estado volver a abrir un curso de formación
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máxime cuando este ha generado un costo de 14.mil millones de pesos…
y en [é]l hay capacidad contrata (sic) para 3459 beneficiarios y en la
actualidad en la subfase especializada son beneficiarios de del IX CURSO
DE FORMACIÓN entre 1500 y 2000 concursantes, se puede concluir que
mi inclusión transitoria en el IX CURSO DE FORMACIÓN no afecta
fiscalmente a la entidad…

1.5. Trámite de la solicitud de amparo

Mediante auto del 20 de noviembre de 2024 se ordenó la remisión para posible
acumulación a la acción de tutela identificada con el radicado con el número
11001-03-15-000-2024-06163-002, por similitud fáctica y jurídica, pues tenía el
trámite más adelantado en tanto que se admitió el 18 de noviembre de la misma
anualidad.

Posteriormente, con providencia del 3 de marzo de 2025, la magistrada ponente
de la Sección Primera del Consejo de Estado denegó la solicitud de
acumulación y, dispuso la devolución del expediente al despacho de origen.

Por lo que, con proveído del 18 de marzo de 2025, se admitió la demanda y, en
consecuencia, se ordenó que se notificara a los representantes del Consejo
Superior de la Judicatura, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Unidad de Administración de
Carrera Judicial, a la Unión Temporal Formación Judicial 2019, a la Universidad
Pedagógica y Tecnológica y a la sociedad E. Distribution S.A.S.

A su vez, se dispuso que se comunicara por el medio más expedito y eficaz, la
iniciación del presente trámite procesal a todos los discentes del IX Curso de
Formación Judicial que se adelanta en el marco de la Convocatoria 27, como
terceros interesados.

Finalmente, se denegó la medida cautelar solicitada por la parte accionante.

1.6. Informes

1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura

1.6.1.1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Esta entidad solicitó que se declare su falta de legitimación material en la causa
por pasiva y, por ende, se ordene su desvinculación en las presentes
diligencias.

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A cargo de la magistrada Nubia Margoth Peña Garzón, integrante de la Sección Primera del
Consejo de Estado.

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Señaló que, la DEAJ no es la competente para administrar la carrera judicial, en
tanto que, sobre la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura -
Unidad de Administración de la Carrera Judicial recae la competencia para
administrar y reglamentar de dicho asunto, por lo que, son estas las autoridades
legitimadas para responder por las pretensiones de la demandada de tutela.

1.6.1.2. Unidad de Administración de Carrera Judicial

Esta entidad manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva, dado
que no tiene competencia alguna para emitir decisiones o pronunciamientos
sobre el objeto de la presente acción.

Agregó que no se ha configurado vulneración alguna de los derechos
fundamentales invocados por el accionante atribuible a dicha dependencia,
puesto que la controversia planteada se circunscribe a aspectos inherentes al
desarrollo del IX curso de formación judicial inicial para jueces y magistrados de
la Rama Judicial, cuyo trámite, por disposición normativa, es competencia
exclusiva de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.

1.6.1.3. Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”

Esta entidad se opuso a la prosperidad de la solicitud de tutela, al considerar
que no existe vulneración de los derechos fundamentales alegados por el actor.

Por lo anterior, solicitó que se niegue el amparo solicitado por el accionante, en
razón a que 1) el actor cuenta con otros recursos o medios de defensa
judiciales. Adicionalmente, porque 2) no se acredita la existencia de un perjuicio
irremediable y, en todo caso, 3) no se advierte la vulneración de ningún derecho
fundamental.

Refirió que, la actuación administrativa ha dado cumplimiento a los acuerdos
PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 y PCSJA19-11400 del 19 de
septiembre de 2019 (aclarado mediante el Acuerdo PCSJA19-11405 del 25 de
septiembre de 2019), así como al Cronograma de la Fase III definido por el
Consejo Superior de la Judicatura.

Afirmó que el acto de publicación de notas y el que resolvió el recurso de
reposición fue debidamente notificado al interesado garantizándole el derecho
de defensa y contradicción. Por tal motivo, no se advierte vulneración alguna
frente a este derecho, que amerite intervención del juez constitucional.

Manifestó que, dichas garantías buscan que la administración adelante las
actuaciones con cumplimiento de las reglas que ella misma se ha impuesto, sin
que se adopten cambios intempestivos, en perjuicio de los administrados.

Indicó que, la evaluación de la subfase general midió de forma objetiva la
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adquisición de conocimientos, competencias y habilidades impartidas durante la
etapa formativa, sin que se haya aplicado criterios diferentes al mérito para
avanzar a la fase especializada.

Expuso que, las inconformidades frente a las preguntas relacionadas por el
accionante ya habían sido atendidas por medio en la Resolución EJR24-1764
del 7 de noviembre de 2024. Agregó que, también podía ser consultada las
notas con el puntaje asignado por cada pregunta.

Destacó que, en dicha resolución, se podrán ver los motivos por los cuales la
opción de respuesta era la correcta.

Añadió que, la Escuela Judicial cumplió con las reglas concebidas para el
desarrollo del IX Curso de Formación Judicial Inicial, así como para el
instrumento de evaluación, en tanto que en el diseño y la estructuración de
cada una de las preguntas se tuvieron en cuenta los criterios de pertinencia,
conducencia y documentos del syllabus en su elaboración.

1.6.2. Unión Temporal Formación Judicial 2019

Precisó que no tiene potestad para resolver las solicitudes que presenten los
discentes en el marco del IX Curso de Formación Judicial, debido a que no es la
competente para expedir un acto administrativo y reconocer como acertadas las
respuestas referidas en los argumentos séptimo y siguientes de la acción
constitucional, ni disponer de su inclusión en la subfase especializada del IX
Curso de Formación Judicial, como lo son las pretensiones del accionante. En
ese sentido, solicitó su desvinculación.

1.6.3. UPTC

Sostuvo que no se evidencia vulneración del debido proceso de la parte
accionante porque la Unión Temporal Formación Judicial 2019, el Consejo
Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” han
actuado con observancia de las normas de orden constitucional y legal que
regulan el IX Curso de Formación Judicial Inicial. Por lo que, se opuso a cada
una de las pretensiones de la demanda.

Mencionó que, los actos administrativos proferidos en el marco de la actuación:
acuerdos pedagógicos PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, PCSJA19-
11400 del 19 de septiembre de 2019 y PCSJA19-11405 de 2019 y posteriores
comunicados, han sido sustentados y difundidos ampliamente a todos los
discentes del IX Curso de Formación Judicial Inicial, garantizando la posibilidad
de controvertirlos en ejercicio de su derecho a la defensa y corrigiendo las
falencias detectadas en las distintas fases del curso-concurso.

II. CONSIDERACIONES
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2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 19913 y el numeral 2°
del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 20154, modificado por el Decreto
333 del 6 de abril de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena
del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Unidad de Administración
de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, así como la Unión
Temporal Formación Judicial 2019 solicitaron que se declare su falta de
legitimación en la causa por pasiva, al no tener relación alguna con los actos
administrativos que se atacan por esta vía.

Lo solicitado por las mencionadas entidades se negará pues se integraron
como extremo pasivo en este proceso en atención a su participación en el
desarrollo de la fase del concurso de la que resultaron las resoluciones
cuestionadas.

Por lo tanto, su comparecencia resultaba necesaria para garantizar su derecho
de defensa y contradicción y, así, contar con elementos suficientes para definir
la controversia planteada por la parte actora.

2.3. Problema jurídico

Consiste en determinar si se vulneraron los derechos fundamentales de la parte
actora con ocasión de las Resoluciones EJR24-298 del 21 de junio de 2024 y
EJR24-1764 del 7 de noviembre de la misma anualidad, en las que la Escuela
Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” publicó los puntajes finales obtenidos por los
discentes en la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial, entre
ellos el del demandante, y resolvió el recurso interpuesto en contra de la
decisión inicial, actos con los que quedó en estado “reprobado” del concurso de
méritos adelantado por la Convocatoria 27 de la Rama Judicial.

De igual manera, se analizará si se transgredieron dichas garantías porque no
se aceptó su solicitud de examen supletorio con las Resoluciones EJR24-300
del 21 de junio de 2024 y EJR24-487 del 23 de septiembre de la misma
anualidad.

3
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
4
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del
Derecho.

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Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) generalidades de la acción de tutela, (ii) los requisitos generales de
procedibilidad del mecanismo constitucional bajo estudio, y de superarse, (iii) el
caso concreto.

2.4. De la procedencia de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional,
según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante
los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que
sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades o de los
particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no
es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas
en el artículo 6º del Decreto 2591 de 19915, entre otros motivos, la relativa a la
existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección
del derecho que se alega amenazado o vulnerado (subsidiariedad).

2.5. Subsidiariedad de la acción de tutela en el caso concreto

La parte actora consideró vulneradas sus garantías constitucionales por su
exclusión del concurso de méritos de la Rama Judicial para funcionarios
judiciales Convocatoria 27, pues se le categorizó como “reprobado” en la subfase
general del curso concurso de formación judicial (IX Curso de Formación
Judicial), además por lo que considera como un indebido uso de la inteligencia
artificial en dicho procedimiento.

Para tal efecto, cuestionó el estado de “reprobado” debido a la calificación de la
evaluación de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial,
establecido con las Resoluciones EJR24-298 del 21 de junio de 2024 y
Resolución EJR24-1764 del 7 de noviembre de la misma anualidad.

A su vez, reprochó la negativa ante su solicitud de presentar el examen
supletorio consignada en las Resoluciones EJR24-300 del 21 de junio de 2024 y
EJR24-487 del 23 de septiembre de la misma anualidad.

En relación con el uso indebido de la inteligencia artificial, el demandante
sostuvo lo siguiente:

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Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.

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d) La accionada, no se pronunció congruentemente sobre los argumentos
puntuales que planteé en el recurso contra los resultados de la evaluación
de la subfase general del IX CURSO DE FORMACIÓN de formación
judicial. Esto se evidencia al comparar los argumentos planteados en el
recurso y lo indicado por la accionada la Resolución N. EJR24-1764, los
cuales aporto.

Situación que tiene explicación, entre otras cosas, en el uso irresponsable,
no informado e indiscriminado de Inteligencia Artificial (IA) para resolver mi
recurso, ello se salta a la vista al revisar aún de manera general, de dicha
resolución, dónde quedaron rastros del uso de dicha tecnología y de las
instrucciones que se le dieron a la IA…

Para tal efecto, cuestionó las Resoluciones EJR24-298 del 21 de junio de 2024
y Resolución EJR24-1764 del 7 de noviembre de la misma anualidad,
expedidas por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” con las cuales publicó
los puntajes finales obtenidos por los discentes en la subfase general del IX
Curso de Formación Judicial Inicial, entre ellos el del demandante, y resolvió el
recurso interpuesto en contra de la decisión inicial.

En lo particular, debe indicarse que, si bien es cierto que se ha aceptado la
procedencia de la suspensión provisional de los efectos de los actos
administrativos a través de acciones constitucionales de tutela, ello solo ocurre
ante la presencia o posible consumación de un perjuicio irremediable, situación
que debe ser, por lo menos justificada de alguna manera por quien acude al juez
de tutela y pretende que se desplace la competencia del juez contencioso
administrativo.

Frente a lo anterior, la parte actora insistió en la necesidad de que como medida
provisional, se le permita continuar con la fase correspondiente del curso
concurso, pues a pesar de que tiene conocimiento de la posibilidad de acudir en
sede de nulidad y restablecimiento del derecho, considera que si sus reclamos
se llegaren a descartar en un eventual proceso ordinario, la autoridad accionada
no vería afectado su patrimonio por lo pedido; situación que no ocurriría si sus
reclamos son aceptados, pues se le causaría un perjuicio, dada la posición
desigual y desventajosa en la que quedaría frente a los concursantes que
iniciaron dicha subfase el “16/11/2024”, dadas las consecuencia que ello trae
frente a la conformación del registro de elegibles.

Pese a lo anterior, la Sala considera que la petición de amparo deviene en
improcedente, dado que, para discutir la legalidad de las resoluciones
cuestionadas el actor tiene a su alcance el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Como es de conocimiento del tutelante y lo propuso en el escrito tutelar, en el
marco del proceso ordinario cuenta con la posibilidad de proponer medidas
cautelares, que de considerarse urgentes por el juez administrativo se adoptarán
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Demandante: Daniel Camilo Agudelo Tolosa
Demandados: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06232-00

desde la presentación de la solicitud y sin necesidad de notificar a la otra parte,
de conformidad con el artículo 234 de la Ley 1437 de 20116.

En otras palabras, la Sala no evidencia que en este caso exista un grave riesgo
que configure un perjuicio irremediable para los derechos fundamentales del
accionante. Máxime, si se considera que al acudir al medio de control dispuesto
en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 podrá, además de discutir la legalidad
de los actos en cuestión y proponer sus desacuerdos, solicitar las medidas
cautelares que considere convenientes para la satisfacción de sus derechos, las
cuales pueden ser adoptadas por el juez desde la presentación de la solicitud en
caso de advertir su urgencia y necesidad.

Por lo tanto, se reitera que la acción de tutela tiene una naturaleza residual ante
la existencia de otros mecanismos de defensa judicial. Aceptar lo contrario
implicaría un desgaste innecesario de la administración de justicia. Además, que
no se acreditó la posible configuración de un perjuicio irremediable.

Por consiguiente, se declarará que este medio constitucional es improcedente
por no satisfacer el requisito de la subsidiariedad, toda vez que la parte actora
cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para
proponer lo que plantea por esta vía.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y la Unidad de Administración de Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, así como de la Unión Temporal
Formación Judicial 2019.

SEGUNDO: Declárase la improcedencia de la solicitud de tutela por no cumplir
con el presupuesto de la subsidiariedad.

TERCERO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

6
ARTÍCULO 234. MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA. Desde la presentación de la
solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar
una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por
su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será
susceptible de los recursos a que haya lugar.
La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución
de la caución señalada en el auto que la decrete.

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CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los 3 días siguientes
a la notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del
Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

12

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