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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00315-00

Fecha
4 de marzo de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
15 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00315-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. OCTAVO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-00315-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

4 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000 2022 00315 00
Referencia: Acción de tutela
Actor: Cristian Leonardo Barbosa González

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR SUBSIDIARIEDAD. ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIONES
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES EMITIDAS EN EL TRÁMITE DE
UN CONCURSO DE MÉRITOS. NO SE ACREDITÓ LA EXISTENCIA DE
UN PERJUICIO IRREMEDIABLE.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, AL TRABAJO Y AL ACCESO A CARGOS PÚBLICOS.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la solicitud de tutela presentada por el

actor contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, la

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL y el

CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SANTANDER1.

1
En adelante el CONSEJO SECCIONAL.

2

Número único de radicación: 110010315000 2022 00315 00
Actor: CRISTIÁN LEONARDO BARBOSA GONZÁLEZ

I – ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor CRISTIAN LEONARDO BARBOSA GONZÁLEZ, actuando

en nombre propio, instauró acción de tutela contra el CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA, la UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL y el CONSEJO

SECCIONAL, con el fin de obtener el amparo de sus derechos

fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y al

acceso a cargos públicos, los cuales estima vulnerados con ocasión

al proceso de opción de sede llevado a cabo en el mes de

noviembre de 2021, dentro del concurso de méritos adelantado por

el CONSEJO SECCIONAL en el marco de la convocatoria núm. 4,

para proveer cargos de carrera en Tribunales, Juzgados y Centros de

Servicios de los Distritos Judiciales de Bucaramanga y San Gil y

Administrativo de Santander

I.2.- Hechos

Manifestó que mediante acuerdos núms. CSJSAA17-3609 y

CSJSAA17-3610 de 6 de octubre de 2017 y CSJSAA17-3611 de 10

de octubre de 2017, el CONSEJO SECCIONAL convocó al concurso

de méritos destinado a la conformación de los registros de elegibles

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Actor: CRISTIÁN LEONARDO BARBOSA GONZÁLEZ

para los cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y

Centros de Servicios de los Distritos Judiciales de Bucaramanga y

San Gil y Administrativo de Santander.

Indicó que en la referida convocatoria concursó para las vacantes

del cargo de “ESCRIBIENTE DE TRIBUNAL Y/O EQUIVALENTES -

GRADO NOMINADO”, por lo que una vez culminaron las etapas de

selección, integró el respectivo registro de elegibles con las demás

personas que superaron las pruebas respectivas.

Sostuvo que el 5 de noviembre de 2021, el CONSEJO SECCIONAL

publicó en el sitio web de la Rama Judicial los formatos de opción

de sede de numerosas vacantes, entre las cuales se encontraban

las del cargo referido, con la precisión de que el límite para escoger

sede se cumplía el día 8 de noviembre siguiente.

Explicó que el vínculo en el sitio web que permitía la descarga del

formato de opción de sedes del cargo en comento no funcionaba, por

lo que el mismo 5 de noviembre intentó comunicarse vía telefónica

con el CONSEJO SECCIONAL sin obtener respuesta, por lo que

envió dos correos electrónicos informando las inconsistencias.

Manifestó que ante la falta de respuesta y la inoperancia del

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vínculo, el 8 de noviembre de 2021, modificó y envió un formato

correspondiente a otro cargo, pero especificando que aplicaba al

cargo de escribiente vacante en las secretarías de los Tribunales

Administrativo de Santander y Superior – Sala Civil Familia.

Destacó que el 9 de noviembre de 2021, notó que en la información

que había enviado el día anterior había cometido errores

involuntarios, por lo que procedió a reenviar el formato con las

correcciones respectivas.

Señaló que, pese a lo anterior, el 30 de noviembre de 2021 el

CONSEJO SECCIONAL publicó la lista de aspirantes a las vacantes

de ese mes, sin que hubiese sido relacionado en ninguna de las

sedes por las que optó.

Agregó que, en consecuencia, el mismo 30 de noviembre de 2021,

envío un nuevo correo electrónico al CONSEJO SECCIONAL, en el

que puso de presente la falta de respuesta a sus peticiones

anteriores.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Argumentó que, conforme con la jurisprudencia constitucional, la

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presente acción de tutela es procedente para el estudio del fondo

del asunto, dada la agilidad con la que se desarrollan las etapas del

concurso de méritos aludido, por lo que los medios de protección

ordinarios no garantizarían las medidas inmediatas que se

requieren para conjurar el daño ocasionado.

Hizo mención al marco jurídico general de los derechos al acceso a

los cargos públicos, al debido proceso y a la igualdad en el marco

de los concursos de méritos.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

“[…] Con fundamento en los hechos relacionados, la
jurisprudencia y la normatividad aplicable, muy
respetuosamente solicito al (la) señor(a) Juez tutelar mis
derechos fundamentales del debido proceso, a la igualdad, al
trabajo y al acceso a cargos públicos por concurso de méritos
previstos en la Constitución Nacional en su Preámbulo y en los
artículos 13, 29, 25, 40, 83, 86, 228 y 230, en razón a que han
sido VULNERADOS por parte del Consejo Superior de la
Judicatura, la Unidad de Administración de Carrera Judicial y
por ende del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander,
en tal virtud.

PRIMERO: Se conceda la medida provisional deprecada, y se
ordene al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA –
SANTANDER o a quien corresponda, suspender de manera
inmediata el envío de las listas optadas por los escribientes de
Tribunal del mes de noviembre del presente año, así como
cualquier otra etapa del proceso que vulnere mis derechos
fundamentales.

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SEGUNDO: Ordenar a al CONSEJO SECCIONAL DE LA
JUDICATURA – SANTANDER – tener como válidos los formatos
remitidos desde mi correo institucional, en los que comuniqué
mis opciones de sede, teniendo en cuenta que EL LISTADO DE
ESCRIBIENTES TRIBUNAL NO FUNCIONABA, toda vez que
cumplen con la intención de comunicar las opciones
seleccionadas para proveer el empleo en virtud de la
prevalencia del derecho sustancial frente a lo formal, en tal
virtud continuar con las diferentes etapas del proceso […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El CONSEJO SECCIONAL señaló que en el año 2017

convocó al concurso de méritos destinado a la conformación de los

registros de elegibles para los cargos de empleados de carrera de

Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios de los Distritos

Judiciales de Bucaramanga y San Gil y Administrativo de

Santander.

Apuntó que mediante Oficio núm. CSJSAO21-1364 de 7 de

diciembre de 2021, dio respuesta al actor de los correos que remitió

respecto a la opción de sede del mes de noviembre de esa

anualidad.

Manifestó que no es cierto que no hubiese funcionado el vínculo

para descargar los formatos de opción de sede para el mes de

noviembre, porque para ese período recibió en debida forma y

dentro del término otorgado, las postulaciones de otros aspirantes

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del registro de elegibles para el cargo de Escribiente de Tribunal

grado nominado, con los cuales procedió a elaborar las listas

respectivas.

Agregó que, en efecto, el día 8 de noviembre de 2021, (último día

para postularse a las vacantes ofertadas), el actor envió un formato

de opción de sede, no obstante, este pertenecía al cargo de

Profesional Universitario Grado 12, pero con algunas modificaciones

de los datos.

Precisó que el 9 de noviembre de 2021, recibió, de forma

extemporánea, un nuevo formato de opción de sede del actor, que

también presentaba inconsistencias, porque no era el dispuesto

para el cargo de Escribiente de Tribunal y/o equivalentes grado

nominado.

Expuso que: “[…] los dos formatos con los que el acá accionante

realizó la escogencia de sede, presentan inconsistencias, pues el

remitido el día 8 de noviembre de 2021, no es el formato habilitado

para el cargo de Escribiente de Tribunal Grado Nominado y para el

día 9 de noviembre de 2021, fue remitido un documento que

tampoco corresponde al formato cargado en la página y adicional a

ello, este último fue remitido de forma extemporánea […]”.

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Explicó que, por lo anterior, no pudo tener como válidos los

formatos que el accionante remitió en el mes de noviembre,

situación que le fue señalada de forma clara al mismo en el oficio

mediante el cual se dio respuesta a sus solicitudes.

Aclaró que, no obstante, el actor procedió a optar nuevamente en la

publicación de sedes que se realizó en el mes de diciembre en

debida forma, esto es, dentro del término y con el formato

correspondiente, por lo que fue enlistado en las opciones de dicho

mes, junto con los demás aspirantes.

Finalmente arguyó que la presente acción de tutela es

improcedente, en razón a que lo que se pretende es cuestionar la

regulación del concurso, sin que se presente una situación de

urgencia que amerite desconocer la existencia de mecanismos

ordinarios para que el actor ventile sus disensos.

I.5.2.- La UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA

JUDICIAL solicitó que se le desvincule del presente asunto, por

carencia de legitimación en la causa por pasiva, porque la actuación

reprochada por el accionante ha sido adelantada por el CONSEJO

SECCIONAL como órgano competente para administrar la carrera

judicial dentro de su jurisdicción territorial de conformidad con lo

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señalado en el artículo 101 de la Ley 270 de 7 de marzo 19962.

Sostuvo que, no obstante, debe tenerse en cuenta que para la

provisión de cargos es necesario seguir el procedimiento

establecido y la existencia definitiva de las vacantes, por tanto el

actor no puede alegar la propia culpa para subsanar falencias y

revivir términos fenecidos, además que este tiene la oportunidad de

optar por las vacantes publicadas por el CONSEJO SECCIONAL

cada mes durante la vigencia del registro de elegibles.

I.5.3.- Los posibles interesados en las resultas del proceso no

rindieron informe alguno, pese a haber sido notificados en debida

forma3.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de

30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo

número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del

2
“Estatutaria de la Administración de Justicia”.
3
Mediante auto de 7 de febrero de 2022, se ordenó al CONSEJO SECCIONAL publicar dicha
providencia en la página web de la convocatoria, así como una copia del escrito de tutela y anexos,
para que si a bien lo tenían los interesados pudieran intervenir dentro de los dos (2) días siguientes.

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Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de

tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12

de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el

conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema

jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para

efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión,

como el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL solicitó

que se le desvincule de la presente acción de tutela por falta de

legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-

1001 de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de

legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del

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actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes
en relación con el interés sustancial que se discute en el
proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho
proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las
personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]].
(Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es
responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del
actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la
tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de
tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de
realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando
no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la
Sala).

En el presente caso, independiente de la prosperidad o no de la

solicitud de amparo, comoquiera que el actor, entre otros, dirigió la

acción de tutela de la referencia contra la UNIDAD DE

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ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL, es claro que esta

dependencia debía ser notificada de la existencia del presente

trámite y, en consecuencia, se denegará su desvinculación, como

en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente

providencia.

Caso concreto

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los

derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier

autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo

42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 4. Dicha

acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que

solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de

defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio,

con miras a evitar un perjuicio irremediable.

En el presente caso, el actor instauró la acción de tutela con el fin

de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido

proceso, a la igualdad, al trabajo y al acceso a cargos públicos, los

4
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política».

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cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por las autoridades

judiciales accionadas y, en particular, por el CONSEJO

SECCIONAL porque no lo relacionó en la lista de aspirantes por

sede del mes de noviembre de 2021, en lo que respecta al cargo de

“ESCRIBIENTE DE TRIBUNAL Y/O EQUIVALENTES - GRADO

NOMINADO”, dentro del concurso de méritos que convocó en el año

2017 .

El actor pretende que a través de la presente acción de tutela se

ordene al CONSEJO SECCIONAL tener como válidos los formatos

que le remitió para postular a los cargos ofertados en noviembre de

2021, puesto que si bien los mismos tenían inconsistencias

formales, esto se debió a que el vínculo dispuesto en el sitio web de

la Rama Judicial para tal fin no funcionó cuando intentó acceder.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en establecer si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela, en

especial el requisito de la subsidariedad y, de ser así, determinar si

el hecho de que el CONSEJO SECCIONAL no haya relacionado al

actor en la lista de aspirantes al cargo de “ESCRIBIENTE DE

TRIBUNAL Y/O EQUIVALENTES - GRADO NOMINADO” en el mes de

noviembre de 2021 vulnera los derechos deprecados.

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De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del

requisito de subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por

el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo

86 de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia

que «existan otros recursos o medios de defensa judiciales,

salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para

evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios

será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las

circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y

negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus

derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de

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los derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia

de un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que

se dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe

conocer del fondo del asunto.»5 (Subrayas y negrillas fuera del

texto).

Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente

acción de tutela es improcedente por la existencia de otro

medio de defensa judicial, comoquiera que las inconformidades

planteadas en este trámite constitucional recaen sobre la negativa

del CONSEJO SECCIONAL de incluir al actor en el listado de

aspirantes al cargo de “ESCRIBIENTE DE TRIBUNAL Y/O

EQUIVALENTES - GRADO NOMINADO” del mes de noviembre de

2021.

5 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván
Palacio Palacio.

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Dicha negativa se encuentra contenida, por una parte, de forma

tácita en la lista de aspirantes por sede aludida en la que no fue

relacionado el actor y, por otra, de forma expresa en el Oficio núm.

CSJSAO21-1364 de 7 de diciembre de 2021, a través del cual el

CONSEJO SECCIONAL dio respuesta a aquel sobre sus

reclamaciones y le indicó las razones por las cuales no era

procedente su inclusión en el listado aludido, en los siguientes

términos:

“[…] Así las cosas, sus dos formatos de escogencia de sede,
presentan inconsistencias, el remitido el día 8 de noviembre de
2021, no es el formato habilitado para el cargo de Escribiente
de Tribunal Grado Nominado y para el día 9 de noviembre de
2021, fue remitido un documento que tampoco es el formato y
adicional a ello fue enviado de forma extemporánea.
Igualmente, se precisa que para conformar las listas de
elegibles destinadas a la provisión de cargos de empleados, la
disponibilidad de los integrantes del registro de elegibles, se
verificará, mediante la publicación de sedes y cargos vacantes
a través de la página Web de la rama judicial,
www.ramajudicial.gov.co, para lo cual los integrantes del
registro deberán tramitar la comunicación en la forma y
términos establecidos.

Por lo anterior el Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander, no puede acceder favorablemente a su
solicitud de opción de sede en el cargo de Escribiente de
Tribunal Grado Nominado, por lo anteriormente
expuesto. No obstante, puede realizar escogencia de
sede los próximos meses cuando sea publicada las
opciones de sede en el portal web del Consejo Seccional
[…]”. (Destacado fuera de texto)

En ese orden de ideas, la Sala precisa que para discutir la legalidad

de las decisiones administrativas aludidas, el actor tiene a su

disposición el medio de control de nulidad y restablecimiento del

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derecho, por lo que la solicitud de amparo resulta improcedente.

Además, la Sala no advierte la existencia de un perjuicio

irremediable que haga procedente la acción de tutela de la

referencia como mecanismo transitorio, dado que, en primer lugar,

de los elementos de juicio obrantes en el expediente no es posible

establecer dicha circunstancia y, en segundo lugar, porque lo cierto

es que durante el tiempo que esté vigente6 el registro de elegibles

del cual el actor hace parte, podrá continuar postulando a las

vacantes que se presenten en el cargo al que aspira.

En lo que concierne a la improcedencia de la acción de tutela para

discutir decisiones administrativas particulares emitidas en

concursos de méritos, esta Sala en sentencia de 14 de octubre de

20217, señaló:

“[…] VI.4.1. Improcedencia de la presente acción de
tutela por desconocer requisito de subsidiariedad

20. En el sub judice la actora afirmó que las entidades
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales invocados,
al expedir las resoluciones números CSJBOR21 568 de 20 de
mayo de 2021, CSJBOR21-801 de 6 de julio de 2021 y CJR21-

6
Ley 270 de 1996 “[…] ARTÍCULO 165. REGISTRO DE ELEGIBLES.
[…]
La inscripción individual en el registro tendrá una vigencia de cuatro años. Durante los meses de
enero y febrero de cada año, cualquier interesado podrá actualizar su inscripción con los datos que
estime necesarios y con éstos se reclasificará el registro, si a ello hubiere lugar […]”.

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
octubre de 2021, CP. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS número único de radicación 11001-03-
15-000-2021-06518-00(AC).

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Actor: CRISTIÁN LEONARDO BARBOSA GONZÁLEZ

0265 de 17 de agosto de 2021, por medio de las cuales se
dispuso su exclusión del proceso de selección en el marco del
concurso de méritos convocado mediante Acuerdo CSJBOA17-
609 del 06 de octubre de 2017.

21. Cabe resaltar que, como se enunció previamente, la acción
de tutela resulta improcedente cuando se pretende controvertir
la legalidad de actos administrativos, en razón a que los
asociados cuentan con medios de defensa ordinarios como lo
son los medios de control de nulidad y de nulidad y
restablecimiento del derecho, los cuales son mecanismos
idóneos para solicitar la anulación y la suspensión de los actos
de la administración que, según afirma, lesionan el
ordenamiento jurídico y, debido a esto, afectan derechos
fundamentales.

22. Conforme con lo anterior, para la Sala resulta forzoso
concluir que los actos administrativos acusados por esta vía
constitucional son susceptibles de control jurisdiccional y, en
ese sentido, la accionante dispone del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, a través del cual puede
discutir la legalidad de los actos administrativos en cuestión.

23. Así las cosas, y resaltándose que, tal como lo ha sostenido
esta Sección, «con la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de
2011, ya no es aceptable el argumento según el cual los
medios de control ordinarios no son eficaces ni oportunos para
la protección de los derechos presuntamente conculcados en
casos como el estudiado».

24. Lo anterior en consideración a que «la mencionada
normativa además de darle celeridad a los procesos al
consagrar la oralidad en los mismos, contiene diferentes
herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre
otras cosas, las medidas cautelares incluso de urgencia,
como la suspensión provisional de los efectos del acto
administrativo o del procedimiento hasta tanto se defina
la declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de
una decisión administrativa; impartir órdenes o imponerle
obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las partes, las
cuales demuestran la efectividad del procedimiento
ordinario cuando se advierte una situación apremiante
que necesite ser remediada incluso antes de que se
profiera una decisión definitiva». (negrillas fuera del texto)

25.Con fundamento en la anterior premisa, para la Sala es
claro que, contrario a lo sostenido por la actora, el medio de
defensa de que dispone para controvertir los actos

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Actor: CRISTIÁN LEONARDO BARBOSA GONZÁLEZ

administrativos acusados por vía judicial resulta ser idóneo y
eficaz para la protección de los derechos fundamentales que
estima vulnerados con los actos administrativos emitidos por
las aquí accionadas.

26. Sumado a lo anterior, la Sala advierte que en el sub
examine no se demostró la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, ya que este debe suponer una hipotética
afectación grave y significativa de los derechos fundamentales
de la parte actora, y en ese sentido se justifica la intervención
del juez de tutela en forma transitoria para adoptar medidas
urgentes e impostergables que eviten la materialización del
referido perjuicio; circunstancias que en el presente asunto no
se presentan.

27. Por todo lo anterior, la Sala concluye que la parte actora
debe utilizar los medios ordinarios establecidos en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, para discutir la legalidad de los actos
administrativos que acusa por vía constitucional. Por tanto, se
declarará la improcedencia la presente acción de tutela ante la
inobservancia del requisito de la subsidiariedad […]”.

Cabe precisar que en sentencia de 5 de agosto de 20218, esta Sala

ya se había pronunciado sobre la improcedencia de la acción de

tutela para cuestionar decisiones particulares emitidas en el

desarrollo de concursos de méritos, bajo argumentos similares a los

expuestos en el precedente en cita.

En las condiciones anotadas, la Sala concluye que es evidente que

el asunto objeto de estudio en el presente caso carece del requisito

general de subsidiariedad, por lo que se declarará improcedente la

solicitud de amparo.

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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de
agosto de 2021, CP. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN número único de radicación 11001-03-15-000-
2021-03717-00(AC).

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Actor: CRISTIÁN LEONARDO BARBOSA GONZÁLEZ

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

OCTAVO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

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discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de marzo de

2022.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

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