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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01768-00

Fecha
11 de mayo de 2023
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01768-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NO RECONOCER como coadyuvante de la parte actora al señor Freddy Alexander Niño Cortés, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de la referencia, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 13 “3. CAUSALES DE RECHAZO Serán causales de rechazo, entre otras: […] 3.5. No presentar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades”. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de octubre de 2021, CP. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS número único de radicación 11001-03-15-000-2021-06518-00(AC). 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de agosto de 2021, CP. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN número único de radicación 11001-03-15-000-2021-03717-00(AC). 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de marzo de 2022, CP. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN número único de radicación 110010315000 2022 00315 00 (AC). 17 Expedientes 11001-03-15-000-2023-01559-00 y 11001-03-15-000-2023-01476-00. 12 Radicación: 11001-03-15-000-2023-01768-00 Accionante: José Carlos Sierra Ramos TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley No. 2591 del 19 de noviembre de 1991. CUARTO: De no ser impugnada la presente sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 del 19 de noviembre de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01768-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

11 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01768-00
Accionante: JOSÉ CARLOS SIERRA RAMOS
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – SE DECLARA IMPROCEDENTE – la
parte actora dispone de otro medio de defensa judicial para
ventilar los motivos de inconformidad

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela promovida por el ciudadano José Carlos Sierra
Ramos en contra del Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de Carrera Judicial y de la Universidad Nacional de
Colombia.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El ciudadano José Carlos Sierra Ramos solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales «[…] al debido proceso administrativo, igualdad, derecho a la
defensa, acceso a la carrera administrativa y acceso a cargos públicos […]», cuya
vulneración le atribuyó al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de Carrera Judicial y a la Universidad Nacional de Colombia
por haberlo rechazado y excluido del concurso de méritos convocado mediante
Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, al no haber aportado, en
formato PDF, la declaración juramentada de no hallarse incurso en inhabilidad o
incompatibilidad para asumir el cargo de juez de penal municipal.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01768-00
Accionante: José Carlos Sierra Ramos

2.1. Manifestó que se inscribió al concurso de méritos convocado mediante Acuerdo
PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, encaminado a proveer, entre otros, el cargo de juez de penal municipal.

2.2. Señaló que presentó la prueba de «[…] conocimientos […]», en la que obtuvo un
puntaje aprobatorio, resultado que, en principio, le permitía pasar a la otra etapa del
concurso. Sin embargo, fue rechazado o excluido de este, mediante Resolución
CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, «[…] por la causal 3.5, que describe “No
presentar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades” […]».

2.3. Relató que, dentro de la oportunidad procesal concedida, presentó solicitud de
verificación de documentos, la cual fue resuelta negativamente mediante Oficio de
22 de marzo de 2023.

2.4. Manifestó que la accionada vulneró sus derechos fundamentales porque, pese a
que no presentó en formato PDF la declaración de no hallarse incurso en
inhabilidad o incompatibilidad para ocupar el cargo, este requisito debe
entenderse cumplido o convalidado porque: (i) al momento de efectuar la
inscripción en línea, el aplicativo Kactus exigía aceptar el recuadro en el que el
aspirante manifestaba que no estaba incurso en inhabilidad o incompatibilidad; (ii)
en su condición de participante en otros concursos de la Rama Judicial y de
servidor judicial ha tenido que aportar la aludida declaración juramentada, y (iii)
en el recuadro del formulario en línea indicó expresamente no se encontraba
incurso en inhabilidad o incompatibilidad alguna.

2.5. Puntualizó que la accionada no rechazó o excluyó a ningún participante por el
incumplimiento de la causal 3.8 consistente en: […] No haber declarado bajo
juramento al momento de la inscripción, que cumple y acredita los requisitos
mínimos exigidos para el cargo seleccionado y que son veraces y fidedignos los
documentos que los soportan […]», por el simple hecho de que dicho «[…]
requisito fue convalidado con la declaración prevista en el cuadernillo de la prueba
de aptitudes conocimientos suscrita por los aspirantes al momento de la
presentación de ésta […]».

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló la siguiente pretensión:

[…] Solicito se declare la vulneración de mis derechos fundamentales
invocados y en restablecimientos de mis derechos se les ordene a las
entidades accionadas que me admitan para continuar en el concurso de

3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01768-00
Accionante: José Carlos Sierra Ramos

funcionarios de la Rama Judicial para el cargo de JUEZ PENAL MUNICIPAL,
debido a que cumplo a cabalidad con los requisitos para posesionarme el
dicho cargo […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 13 de abril de 2023, se admitió la presente acción de tutela en
contra del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial y de la Universidad Nacional de Colombia. En la misma
providencia se negó la medida provisional solicitada por el actor y se ordenó
vincular como terceros con interés directo en los resultados de este proceso «[…]
a las personas que aspiraron al concurso de méritos convocado mediante
Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018 […]». También se dispuso
notificar al agente del Ministerio Público para lo de su competencia.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada las notificaciones a las autoridades accionadas, se advierte
que se allegaron los siguientes informes:

5.1. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura, por intermedio de la directora de la Unidad, rindió informe en los
siguientes términos:

5.2. En primera medida, advirtió que: «[…] el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de
agosto de 2018, es de obligatorio cumplimiento tanto para la administración como
para los concursantes y en el mismo se señalaron de manera integral todos los
requisitos generales y específicos para participar en el concurso, requisitos cuyo
incumplimiento da lugar a ser rechazado del concurso […]».

5.3. Al respecto, señaló lo siguiente:

[…] en el acuerdo de convocatoria y se evidencia con la foto de la pantalla del
ingreso de información de documentos, siempre estuvo y está claramente
establecido en el reglamento, que uno de los documentos a aportar al
momento de la inscripción al concurso, era la declaración juramentada de no
encontrarse incurso en inhabilidades o incompatibilidades para ejercer el
cargo, en formato PDF, carga con la cual cumplieron más de 3.389 aspirantes
de los que pasaron la prueba de aptitudes y conocimientos, por lo que fueron
admitidos, en aplicación de las normas bajo el principio de la igualdad que no
puede ahora vulnerarse para favorecer a aquellos que a pesar de tratarse una
exigencia clara y explícita, no la tomaron en consideración por distintas
razones, como puede ser la de no haber leído de manera juiciosa las normas
de la convocatoria […].

4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01768-00
Accionante: José Carlos Sierra Ramos

5.4. Ensegundo lugar, señaló que procedió a revisar «[…] los documentos
cargados en la base del sistema "Kactus", durante el término previsto en la
inscripción y se verificó que el accionante no aportó documento en formato PDF
contentivo de la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades, tal como quedó establecido en el Acuerdo de Convocatoria.
De lo cual, mediante Oficio CJO23-1451 de 17 de marzo de 2023 se le dio
respuesta al aspirante a la revisión de los documentos aportados […]».

5.5. De otra parte, sostuvo que el presente mecanismo de amparo no satisface el
requisito general de procedibilidad atinente a la subsidiariedad, ya que los motivos
de inconformidad del actor se centran en controvertir «[…] la Resolución CJR23-
0061 de 8 de febrero de 2023 […] al haberse incluido en el listado de aspirantes
rechazados por la causal de inadmisión prevista en el punto 3.5, por tratarse de
un acto administrativo de carácter general con contenido particular, lo procedente
es iniciar el medio de control de nulidad […]».

6. La Universidad Nacional de Colombia, por conducto del director del proyecto
contrato 096 de 2028, rindió informe en el que solicitó declarar improcedente la
presente acción de tutela por las siguientes razones:

7. Sostuvo que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad, dado que lo
pretendido por el actor es controvertir el acto administrativo que dispuso su
rechazo del concurso de méritos, por lo que dispone del medio de control de
nulidad, y nulidad y restablecimiento del derecho para tal fin.

8. Sin perjuicio de lo expuesto, indicó que: «[…] las accionadas no han vulnerado
derecho alguno del señor Sierra Ramos y salta a la vista que la presente acción
carece de objeto por cuanto lo pretendido por él fue resuelto de fondo mediante
los Actos Administrativos antes mencionados, donde se le otorgó plena
justificación a la decisión adoptada por la accionada de rechazar su participación
en el concurso […]».

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, en virtud de lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

1
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01768-00
Accionante: José Carlos Sierra Ramos

abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20183 y
con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

VI.2. Cuestión previa – de la solicitud de coadyuvancia en el sub examine

10. El ciudadano Freddy Alexander Niño Cortés, en escrito enviado por correo
electrónico el 4 de mayo de 2023, presentó solicitud de coadyuvancia en el
presente asunto.

11. Sobre el particular, resulta oportuno destacar que el inciso 2º del artículo 13 del
Decreto núm. 2591 de 1991, señala que: «[…] Quien tuviere un interés legítimo en
el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la
persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]».

12. En consonancia con lo anterior, la Corte Constitucional ha señalado que: «[…]
la coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación de un
tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir
reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin que
ello suponga que éste pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones
propias que difieran de las hechas por el demandante, pues de suceder esto se
estaría realmente ante una nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la
naturaleza jurídica de la coadyuvancia […]»4.

13. Con fundamento en las anteriores premisas, y comoquiera que el señor Niño
Cortés, pese a ratificar la prosperidad del amparo deprecado por el actor, utiliza
su intervención para reclamar pretensiones propias y plantear argumentos
distintos a los expuestos en la demanda de tutela, la Sala de Decisión considera
que no se encuentran satisfechos los presupuestos para reconocerlo como
coadyuvante del extremo aquí accionante, en la medida que se trata de una
nueva acción de tutela.

14. Por tanto, se dispondrá no reconocer al señor Freddy Alexander Niño Cortés.

2
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
4
Corte Constitucional, sentencia T-1062 de 16 de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01768-00
Accionante: José Carlos Sierra Ramos

VI.3. Problemas jurídicos

15. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer lo siguiente:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra actos administrativos expedidos en el marco de un
concurso de méritos. Si ello es así, determinar:

B) Si la accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte
actora, al haberlo rechazado o excluido del concurso de méritos convocado
mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, por no haber
aportado, en formato PDF, la declaración juramentada de no hallarse
incurso en inhabilidad o incompatibilidad para asumir el cargo de juez penal
municipal.

VI.4. Requisitos de procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos expedidos en el marco de un concurso de méritos

16. Sobre el particular, la Sala advierte que, de conformidad con lo establecido por
el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la subsidiaridad de la acción de
tutela, por regla general, esta no procede para controvertir actos administrativos
de carácter general o particular y concreto, toda vez que el legislador previó como
mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su legalidad, los medios de control
de nulidad, y nulidad y restablecimiento del derecho.

17. En relación con los actos administrativos expedidos en el marco de un
concurso de méritos, la Corte Constitucional, en sentencia SU-067 de 24 de
febrero de 2022, precisó que, por regla general, la acción de tutela es
improcedente, excepto en los siguientes tres eventos: (i) que no exista otro
mecanismo judicial que permita demandar la protección de la garantía
fundamental infringida; (ii) que se vislumbre la configuración de un perjuicio
irremediable o (iii) que se trate de un asunto cuyo problema constitucional
desborde el marco de competencias del juez administrativo. Al respecto, la
referida Corporación explicó lo siguiente:

[…] la jurisprudencia constitucional ha instaurado tres excepciones a la regla
general de improcedencia de la acción de tutela, en el campo específico de
los concursos de mérito. Los actos administrativos que se dicten en el curso
de estas actuaciones administrativas podrán ser demandados por esta vía
cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: i) inexistencia de un

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Accionante: José Carlos Sierra Ramos

mecanismo judicial que permita demandar la protección del derecho
fundamental infringido, ii) configuración de un perjuicio irremediable
y iii) planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de
competencias del juez administrativo. A continuación, se explican estas
hipótesis.

97. Inexistencia de un mecanismo judicial que permita demandar la protección
del derecho fundamental infringido. La primera excepción se basa en el
reconocimiento de la existencia de ciertos actos que, de conformidad con las
reglas del derecho administrativo, no pueden ser sometidos a escrutinio
judicial. En estos casos, la solicitud de amparo resulta procedente por cuanto
«la persona afectada no tiene mecanismo distinto de la acción de tutela, para
defender eficazmente sus derechos porque no está legitimada para impugnar
los actos administrativos que los vulneran»[58]. Habida cuenta de esta
circunstancia, la acción de tutela actúa «como mecanismo definitivo, cuando
se controvierten actos de trámite o de ejecución que vulneren derechos
fundamentales, comoquiera que tales decisiones no son susceptibles de
discusión jurisdiccional ante lo Contencioso Administrativo»[59].

98. Urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable. La
segunda excepción a la regla general de improcedencia de la acción de tutela
contra estos actos administrativos se funda en la necesidad de evitar la
consolidación de un perjuicio irremediable[60]. Este supuesto de hecho se
presenta cuando «por las circunstancias excepcionales del caso concreto, es
posible afirmar que, de no producirse la orden de amparo, podrían resultar
irremediablemente afectados los derechos fundamentales de la persona que
interpone la acción»[61].

99. Planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de
competencias del juez administrativo. Finalmente, la tercera salvedad
reconocida por la jurisprudencia constitucional se basa en la especial índole
que presentan ciertos problemas jurídicos. De conformidad con el criterio
expresado en las sentencias T-160 de 2018 y T-438 de 2018, algunas
demandas plantean controversias que desbordan el ámbito de acción del juez
de lo contencioso administrativo. En tales casos, «las pretensiones del
accionante no se dirigen a determinar la legalidad de los actos administrativos
expedidos en desarrollo de la convocatoria, pretensión para la cual puede
acudir a los medios de control de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, sino que pretende demostrar que la aplicación de estas
normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos fundamentales»[62] […].
(Subrayas por fuera del texto original)

18. Igualmente en la aludida sentencia de unificación, se precisó que, de manera
excepcional, la acción de tutela es procedente para solicitar la protección de
derechos fundamentales frente a actuaciones administrativas de trámite
expedidos en el marco de los concursos de méritos, siempre que la actuación
administrativa de la cual hace parte el acto no haya concluido; que el acto
acusado defina una situación especial y sustancial que se proyecte en la decisión
final y que ocasione la vulneración o amenaza real de las garantías deprecadas.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01768-00
Accionante: José Carlos Sierra Ramos

VI.5. Caso concreto

19. El ciudadano José Carlos Sierra Ramos solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales «[…] al debido proceso administrativo, igualdad, derecho a la
defensa, acceso a la carrera administrativa y acceso a cargos públicos […]», cuya
vulneración le atribuyó al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de Carrera Judicial y a la Universidad Nacional de Colombia
por haberlo rechazado y excluido del concurso de méritos convocado mediante
Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, al no haber aportado, en
formato PDF, la declaración juramentada de no hallarse incurso en inhabilidad o
incompatibilidad para asumir el cargo de juez de penal municipal.

VI.5.1. Improcedencia de la presente acción de tutela por desconocer
requisito de subsidiariedad

20. Cabe resaltar que, como se enunció previamente, la acción de tutela resulta
improcedente cuando se pretende controvertir la legalidad de actos
administrativos, en razón a que los asociados cuentan con medios de defensa
ordinarios como lo son los medios de control de nulidad y de nulidad y
restablecimiento del derecho5, los cuales son mecanismos idóneos para solicitar
la anulación y la suspensión de los actos de la administración que, según afirma,
lesionan el ordenamiento jurídico y, debido a esto, afectan derechos
fundamentales.

21. Ahora bien, en el caso de autos, el actor afirmó que la entidad accionada
vulneró sus derechos fundamentales invocados, al haberlo excluido o rechazado
del concurso de méritos convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de
agosto de 2018, por el simple hecho de no haber aportado, en formato PDF, la
declaración juramentada de no hallarse incurso en inhabilidad o incompatibilidad
para asumir el cargo de juez de familia del circuito.

22. Por lo anterior, la Sala advierte que la presente discusión gira en torno a
la
legalidad o no del acto administrativo contenido en la Resolución CJR23-0061 de
8 de febrero de 2023, por medio de la cual se dispuso excluir o rechazar del
concurso de méritos al aquí actor.

23. En atención a la anterior, la Sala encuentra que el actor dispone de otro medio
de defensa judicial como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho para controvertir la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023,

5
CPACA. Art. 141: (…) Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual,
podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según el caso (…)”

9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01768-00
Accionante: José Carlos Sierra Ramos

comoquiera que dicha actuación administrativa es susceptible de control judicial,
tal como lo precisó esta Sección, en reciente pronunciamiento de 14 de abril de
2023, oportunidad en la que se señaló lo siguiente:

[…] Cabe precisar que, si bien el actor indicó que, en su sentir, dichos actos
administrativos son de trámite, lo cierto es que en lo que le concierne, en
dichas decisiones se definió su situación jurídica dentro de la
Convocatoria núm. 27, en la medida que implicaron su eliminación para
las etapas subsiguientes del concurso y, por ende, cualquier reproche
que dirija para cuestionar esa actuación puede ventilarlo a través del
medio de control aludido […]6. (negrillas por fuera de texto)

24. De allí que resulta oportuno resaltar que esta Sección7 ha sostenido que: «[…]
con la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, ya no es aceptable el
argumento según el cual los medios de control ordinarios no son eficaces ni
oportunos para la protección de los derechos presuntamente conculcados en
casos como el estudiado […]»8.

25. Lo anterior en consideración a que: «[…] la mencionada normativa además de
darle celeridad a los procesos al consagrar la oralidad en los mismos, contiene
diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas,
las medidas cautelares incluso de urgencia9, como la suspensión provisional
de los efectos del acto administrativo o del procedimiento hasta tanto se
defina la declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión
administrativa; impartir órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer a
cualquiera de las partes, las cuales demuestran la efectividad del
procedimiento ordinario cuando se advierte una situación apremiante que
necesite ser remediada incluso antes de que se profiera una decisión
definitiva […]»10. (negrillas fuera del texto)

26. Significa lo expuesto que el aquí actor cuenta con un mecanismo judicial para
controvertir la legalidad de la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023,
instrumento que resulta idóneo y eficaz para la protección de los derechos
fundamentales aquí invocados y en el que, adicionalmente, podrá solicitar el
decreto de las medidas cautelares preventivas que estime pertinentes.

6
Expediente 11001-03-15-000-2023-01326-00.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de marzo de 2018,
expediente número 52001-23-33-000-2017-00626-01, C.P. María Elizabeth García González.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de junio de 2021,
expediente número 110010315000202102428-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
9
Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra
parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción,
se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será
susceptible de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente,
previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete.
10
Ibidem.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01768-00
Accionante: José Carlos Sierra Ramos

27. En armonía con lo anterior, cabe señalar que en el presente asunto no se dan
los supuestos excepcionales fijados por la Corte Constitucional en sentencia SU-
067 de 2022 para la procedencia de la acción de tutela contra un acto
administrativo proferido en el marco de un concurso de méritos, en razón a lo
siguiente:

(i) El aquí actor efectivamente dispone de otro medio de defensa judicial, tal como
se explicó previamente.

(ii) No se evidencia la supuesta afectación grave y significativa de los derechos
fundamentales de la parte actora, por lo que no se encuentra configurado un
perjuicio irremediable, en el entendido de que la exclusión del actor del concurso
de méritos obedeció al no cumplimiento del requisito previsto en el numeral 1.1., 1,
del artículo 3 del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, acto
administrativo que, valga resaltarlo, goza de presunción de legalidad y, por tanto,
es de obligatorio cumplimiento.

(iii) Los argumentos que sustentan la supuesta afectación de garantías
iusfundamentales no desbordan el marco de competencias del juez administrativo,
ya que los mismos están orientados a que se realice un juicio de legalidad o se
inaplique el mandato dispuesto en el numeral 1.1., 1, del artículo 3 del Acuerdo
PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018.

28. En este estado de cosas, cabe poner de relieve que la Corte Constitucional, en
sentencia T-059 de 2019, tuvo por cumplido el requisito de la subsidiariedad11 y,
finalmente, resolvió amparar los derechos al debido proceso y al acceso a cargos
públicos de un aspirante que había sido excluido del concurso por haber incurrido
en un error al momento de aportar la declaración juramentada de no hallarse
incurso en inhabilidad o incompatibilidad.

29. Enesa oportunidad, la Corte Constitucional fundamentó12 su decisión en el
hecho consistente en que en el reglamento de la convocatoria no se estableció
como causal de exclusión del concurso el asociado con que el participante no
hubiere aportado la declaración juramentada de no hallarse incurso en inhabilidad
o incompatibilidad, circunstancia que difiere del asunto de la referencia, habida

11
“Esta determinación se fundamentó porque se trataba de una decisión administrativa que fue proferida en un concurso
de méritos para proveer el cargo de gerente de una empresa social del Estado, cuyo período es fijo”.
12
“Lo expuesto en párrafos anteriores, lleva necesariamente a concluir que, si bien aportar la declaración de no encontrase
incurso en inhabilidades e incompatibilidades era un requisito de participación en el concurso de conformidad con el
artículo 8 de la convocatoria, lo cierto es que de acuerdo con ese mismo reglamento no es una causal de exclusión
del proceso de selección, en la medida en que el artículo 9 sólo permite desvincular a un aspirante por no aportar
los documentos que soporten la acreditación de los requisitos mínimos, los cuales se refieren exclusivamente a
las condiciones que se necesitan para ostentar el cargo establecidos en el Decreto785 de 2005 y el Decreto 2484
de 2014 antes citados”.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01768-00
Accionante: José Carlos Sierra Ramos

cuenta que el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 201813 taxativamente
previó como causal de rechazo no haber presentado «[…] la declaración
juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades […]», lo cual
implica que se deba efectuar un control de legalidad de la mencionada causal,
análisis que claramente escapa de la órbita del juez constitucional, y que, valga
resaltarlo, recae exclusivamente en el juez natural del asunto.

30. Sumado a todo lo expuesto, resulta oportuno señalar que, en sentencias de 14
de octubre de 202114, de 5 de agosto de 202115, 4 de marzo de 202216 y de 27 de
abril de 202317, esta Sala también se pronunció sobre la improcedencia de la
acción de tutela para cuestionar decisiones particulares emitidas en el desarrollo
de concursos de méritos, bajo argumentos similares a los expuestos en esta
providencia.

31. Asílas cosas, la Sala concluye que la parte actora debe utilizar los medios
ordinarios establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, para discutir la legalidad del acto administrativo que
acusa por vía constitucional.

32. Porlos anteriores razonamientos, la Sala declarará la improcedencia la
presente acción de tutela ante la inobservancia del requisito de la subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NO RECONOCER como coadyuvante de la parte actora al señor
Freddy Alexander Niño Cortés, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de la referencia, de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

13
“3. CAUSALES DE RECHAZO Serán causales de rechazo, entre otras:
[…]
3.5. No presentar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades”.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de octubre de 2021, CP.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS número único de radicación 11001-03-15-000-2021-06518-00(AC).
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de agosto de 2021, CP.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN número único de radicación 11001-03-15-000-2021-03717-00(AC).
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de marzo de 2022, CP.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN número único de radicación 110010315000 2022 00315 00 (AC).
17
Expedientes 11001-03-15-000-2023-01559-00 y 11001-03-15-000-2023-01476-00.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01768-00
Accionante: José Carlos Sierra Ramos

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley No. 2591 del 19 de noviembre
de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada la presente sentencia, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo
31 del Decreto Ley No. 2591 del 19 de noviembre de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley. P (18)

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