Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06426-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06426-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06426-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
20 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06426-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: YOHAN MANUEL BUITRAGO VARGAS
TESIS: SE CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR NO CUMPLIR EL
REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD. ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA DECISIÓN ADMINISTRATIVA PARTICULAR EMITIDA EN EL
TRÁMITE DE UN CONCURSO DE MÉRITOS, EN LA CUAL SE EMITIÓ
EL PUNTAJE OBTENIDO EN EL CURSO-CONCURSO. NO SE ACREDITÓ
LA EXISTENCIA DE UN PERJUICIO IRREMEDIABLE.
DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA IGUALDAD, AL DEBIDO
PROCESO Y AL ACCESO A CARGOS PÚBLICOS.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la
sentencia de 23 de enero de 2025, proferida en primera instancia por
la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia.
1
En adelante la Sección Quinta.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06426-01
Actor: YOHAN MANUEL BUITRAGO VARGAS
I.– ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor YOHAN MANUEL BUITRAGO VARGAS, actuando a través
de apoderado, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso
a cargos públicos y al principio de confianza legitima, los cuales
estima vulnerados por el CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA2 - ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA
y la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CARRERA JUDICIAL, al
expedir esta última autoridad las resoluciones núms. EJR24-298 de
21 de junio3 y EJR24-14514 de 6 de noviembre de 2024, dentro del
concurso de méritos adelantado con ocasión de la Convocatoria núm.
27, para proveer cargos de carrera en la Rama Judicial.
2
En adelante el Consejo Superior.
3
“Por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de Formación
Judicial Inicial”. Corregida a su vez mediante la Resolución núm. EJR24-317 del 28 de junio de 2024,
“Por medio de la cual se corrige un error formal en la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024,
por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial
Inicial”.
4
“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición contra la Resolución EJR24-298 del 21 de
junio de 2024, corregida por la Resolución EJR24 - 317 del 28 de junio de 2024”.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06426-01
Actor: YOHAN MANUEL BUITRAGO VARGAS
I.2.- Hechos
Refirió que se inscribió como aspirante para proveer cargos de
carrera en la Rama Judicial dentro de la Convocatoria núm. 27
adelantada con fundamento en el Acuerdo núm. PCSJA18-11077 de
16 de agosto de 20185, emitido por el CONSEJO SUPERIOR, para
ocupar el cargo de Magistrado de Tribunal Administrativo.
Indicó que, agotadas las etapas respectivas, mediante la Resolución
núm. EJR24-298 de 21 de junio de 2024, la ESCUELA JUDICIAL
RODRIGO LARA BONILLA publicó los resultados de la subfase
general del IX Curso de Formación Judicial inicial, en el que obtuvo
un puntaje no aprobatorio de 780.850.
Sostuvo que interpuso recurso de reposición contra la referida
decisión, el cual fue desatado a través de la Resolución núm. EJR24-
1451 de 6 de noviembre de 20246, de manera desfavorable a sus
intereses, pues se le otorgó un puntaje no aprobatorio de 790.
5
“Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la
provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial”.
6
Cfr. visible en el índice núm. 2, la cual fue allegada con la demanda.
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Actor: YOHAN MANUEL BUITRAGO VARGAS
Adujo que la citada Resolución vulneró sus derechos fundamentales,
toda vez que las preguntas de la evaluación de la subfase general se
plantearon con doble clave de respuesta en el marco de
interpretaciones jurisprudenciales y de talleres virtuales, los cuales,
a su juicio, respondió de forma correcta y en ese sentido debía
otorgársele un puntaje aprobatorio superior a 800 puntos, para
continuar a la siguiente fase del curso concurso.
Manifestó que el acto administrativo que resolvió su recurso de
reposición no solucionó los argumentos planteados en el mismo,
comoquiera que utilizó un formato para una respuesta masiva,
acudiendo a la inteligencia artificial para darle apariencia de legalidad
y dirigir las respuestas a resultados específicos.
Precisó que la ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA le
debía tener como contestada correctamente, conforme a la doble
clave de respuesta, las preguntas 76, 79 y 81 del Programa de
Filosofía del Derecho e Interpretación Constitucional; 80 del
Programa de Interpretación Judicial - Estructura de la Sentencia; 76
del Programa de Derechos Humanos y Género y 35 del Programa de
Gestión Judicial y Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, lo cual de tenerse en cuenta obtendría un puntaje
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Actor: YOHAN MANUEL BUITRAGO VARGAS
aprobatorio superior a 800.
Insistió en que debido a lo precedente la “[…] totalidad de los puntos
impugnados ascendía a CIENTO TRECE PUNTO SETENTA Y CUATRO
PUNTOS (113,74), debo resaltar que los puntos que fueron resaltados con
anterioridad, otorgarían a mi poderdante un total de TREINTA Y UNO
PUNTO SESENTA Y SEIS (31,66) PUNTOS y, por tal, ARITMÉTICAMENTE le
permitirían obtener una calificación superior a OCHOCIENTOS (800)
PUNTOS y, por consecuencia, el derecho a obtener la condición de
APROBADO y, seguir cursando la FASE ESPECIALIZADA del IX CURSO DE
FORMACIÓN JUDICIAL INICIAL […]”.
I.3.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, al actor pretende lo siguiente:
“[…] PRETENSIONES PRINCIPALES EN VIRTUD DE LA
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO
DIRECTO DE AMPARO:
3.1. TUTELAR los derechos constitucionales fundamentales A LA
IGUALDAD (Art 13), AL DEBIDO PROCESO (Art. 29), a
PARTICIPAR EN LA CONFORMACIÓN, EJERCICIO Y CONTROL
DEL PODER POLÍTICO (Art. 40 1 y 7) y de CONFIANZA LEGÍTIMA
de mi poderdante el abogado YOHAN MANUEL BUITRAGO VARGAS,
persona mayor de edad y vecino de Tunja (Boyacá), identificado con
la C.C. Nro. 7.176.361 de Tunja (Boyacá), vulnerados con la expedición
de la Resolución Nro. EJR24 - 1451 del 6 de Noviembre de 2024
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06426-01
Actor: YOHAN MANUEL BUITRAGO VARGAS
[…], suscrita por la Dra. GLORIA ANDREA MAHECHA SÁNCHEZ, en
su condición de Directora de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, por medio
de la cual se resuelve el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto en
contra de la RESOLUCIÓN NRO EJR24 – 298 del 21 de junio de
2024, corregida por la Resolución Nro. EJR24 – 317 del 28 de
junio de 2024.
3.2. INVALIDAR Y DECLARAR QUE CARECE DE EFECTO, la
Resolución Nro. EJR24 - 1451 del 6 de Noviembre de 2024 […],
suscrita por la Dra. GLORIA ANDREA MAHECHA SÁNCHEZ, en su
condición de Directora de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, por medio de
la cual se dispuso REPONER PARCIALMENTE la RESOLUCIÓN NRO
EJR24 – 298 del 21 de junio de 2024, corregida por la Resolución Nro.
EJR24 – 317 del 28 de junio de 2024 y MODIFICAR su anexo declarando
REPROBADO a mi poderdante así:
CÉDULA: CALIFICACIÓN ESTADO:
TOTAL:
[…] 790 REPROBADO
3.3. ORDÉNESE a la Dra. GLORIA ANDREA MAHECHA SÁNCHEZ,
en su condición de Directora de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, para
que dentro del término de 48 horas y en observancia y aplicación de lo
normado en el artículo 4 superior que proceda a expedir un acto
administrativo en el que se RECONOZCAN Y CALIFIQUEN como
acertadas las preguntas impugnadas por el discente YOHAN MANUEL
BUITRAGO VARGAS, […], especialmente las consignadas en EL
HECHO 2.14 (POR DOBLE CLAVE DE RESPUESTA), EL HECHO 2.15.
(POR CLAVE ERRONEA) y EL HECHO 2.16., otorgándole un puntaje de
OCHOCIENTOS VEINTIUNO PUNTO SESENTA Y SEIS (821,66)
PUNTOS Y LA CONDICIÓN DE APROBADO.
3.4. ORDÉNESE a la Dra. GLORIA ANDREA MAHECHA SÁNCHEZ,
en su condición de Directora de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, para
que dentro del término de 48 horas y en observancia y aplicación de lo
normado en el artículo 4 superior que proceda a expedir un acto
administrativo en el que se inscriba al discente YOHAN MANUEL
BUITRAGO VARGAS, […] en la SUB FASE ESPECIALIZADA DEL IX
CURSO DE FORMACIÓN JUDICIAL INICIAL, en virtud de su
inscripción al CARGO DE MAGISTRADO DE TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO.
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Actor: YOHAN MANUEL BUITRAGO VARGAS
3.5. Que se señale al funcionario accionado las consecuencias
derivadas del incumplimiento a la orden judicial proferida dentro del
presente proceso.
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS EN VIRTUD DE LA
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO
TRANSITORIO DE AMPARO:
3.6. TUTELAR los derechos constitucionales fundamentales A LA
IGUALDAD (Art 13), AL DEBIDO PROCESO (Art. 29), a
PARTICIPAR EN LA CONFORMACIÓN, EJERCICIO Y CONTROL
DEL PODER POLÍTICO (Art. 40 1 y 7) y de CONFIANZA LEGÍTIMA
de mi poderdante el abogado YOHAN MANUEL BUITRAGO VARGAS,
[…] vulnerados con la expedición de la Resolución Nro. EJR24 - 1451
del 6 de Noviembre de 2024 (notificada electrónicamente el 8
de noviembre de 2024 a las 9:48 p.m.), suscrita por la Dra.
GLORIA ANDREA MAHECHA SÁNCHEZ, en su condición de Directora
de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, por medio de la cual se resuelve el
RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto en contra de la
RESOLUCIÓN NRO EJR24 – 298 del 21 de junio de 2024,
corregida por la Resolución Nro. EJR24 – 317 del 28 de junio de
2024.
3.7. SUSPENDER PROVISIONALMENTE la Resolución Nro. EJR24
• 1451 del 6 de Noviembre de 2024 (notificada
electrónicamente el 8 de noviembre de 2024), suscrita por la Dra.
GLORIA ANDREA MAHECHA SÁNCHEZ, en su condición de Directora
de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, por medio de la cual se dispuso
REPONER PARCIALMENTE la RESOLUCIÓN NRO EJR24 – 298 del 21 de
junio de 2024, corregida por la Resolución Nro. EJR24 – 317 del 28 de
junio de 2024 y MODIFICAR su anexo declarando REPROBADO a mi
poderdante así:
CÉDULA: CALIFICACIÓN ESTADO:
TOTAL:
[…] 790 REPROBADO
3.8. ORDÉNESE a la Dra. GLORIA ANDREA MAHECHA SÁNCHEZ,
en su condición de Directora de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, para
que dentro del término de 48 horas y en observancia y aplicación de lo
normado en el artículo 4 superior que proceda a expedir un acto
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Actor: YOHAN MANUEL BUITRAGO VARGAS
administrativo en el que se inscriba PROVISIONALMENTE al discente
YOHAN MANUEL BUITRAGO VARGAS, […] en la SUB FASE
ESPECIALIZADA DEL IX CURSO DE FORMACIÓN JUDICIAL
INICIAL, en virtud de su inscripción al CARGO DE MAGISTRADO DE
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable y mientras la jurisdicción contenciosa
administrativa resuelve el medio de control que para el efecto el
tutelante debe interponer dentro de los 4 meses siguientes a la fecha
en que se profiera la sentencia que resuelva esta acción constitucional.
3.9. Que se señale al funcionario accionado las consecuencias
derivadas del incumplimiento a la orden judicial proferida dentro del
presente proceso […]”.
I.4.- Defensa
I.4.1.- La ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA solicitó
declarar improcedente la solicitud de amparo de la referencia por
falta del requisito general de la subsidiariedad, toda vez que no se
acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, como tampoco
existe vulneración alguna a los derechos fundamentales invocados.
Sostuvo que el accionante cuenta con un mecanismo idóneo y
efectivo para proteger sus derechos fundamentales como es el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, así como la
posibilidad de solicitar al juez ordinario la adopción de medidas
cautelares.
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Mencionó que lo que pretende el actor con la presente acción
constitucional es utilizarla como un nuevo recurso para controvertir
la Resolución núm. EJR24-1451 de 2024, la cual le resolvió los
motivos de inconformidad frente al contenido del cuestionario
aplicado en la Subfase General del IX Curso de Formación Judicial,
en el cual le explicó el contexto de las preguntas, los elementos
psicométricos, la coherencia y cohesión de las mismas, entre otros,
concluyendo con la retroalimentación de cada opción de respuesta.
Indicó que no le vulneró ningún derecho fundamental al actor,
comoquiera que dentro del citado concurso “[…] 1) presentó recurso
de reposición contra el acto administrativo que definió los puntajes
de la prueba de la Subfase General del curso–concurso. 2) Su recurso
fue atendido y resuelto de conformidad con la ley, el Acuerdo de
Convocatoria y el Acuerdo Pedagógico. 3) En la resolución se
resolvieron los motivos de inconformidad con respecto al cuestionario
aplicado en las jornadas de evaluación de la Subfase general, entre
ellos, los motivos de inconformidad frente a las frente a las cuales ya
se emitió un pronunciamiento por parte de la Escuela Judicial en sede
administrativa […]”, lo que también evidencia la ausencia de la
amenaza de un perjuicio irremediable.
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Manifestó que cumplió con las reglas concebidas para el desarrollo
del IX Curso de Formación Judicial Inicial, al tener en cuenta sus
instrumentos de evaluación, diseño y la estructuración de cada una
de las preguntas de conformidad con los criterios de pertinencia,
conducencia y documentos del syllabus en su elaboración, razón por
la cual insistió en que no vulneró los derechos fundamentales del
accionante.
Refirió frente a la utilización de inteligencia artificial que no fue
utilizada en la construcción de los argumentos contra los
cuestionamientos generales, pues cada uno fue analizado y resuelto
de manera particular y, asimismo, dijo que “[…] los argumentos
técnicos y específicos utilizados en los actos, en virtud d ellos reparos
en contra de las preguntas objetadas, fueron proporcionados por la
Unión Temporal Formación Judicial 2019 […]”.
I.4.2.- La UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA
JUDICIAL solicitó su desvinculación del presente trámite
constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva o, en
su defecto, denegar el amparo deprecado, en la medida en que no
ha vulnerado derecho fundamental alguno, en tanto no ha
intervenido en el desarrollo del Curso de Formación Judicial ni tiene
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injerencia alguna con la aplicación del instrumento evaluativo a cargo
de la ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA.
I.4.3.- La UNIÓN TEMPORAL DE FORMACIÓN JUDICIAL 2019,
conformada por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia y la Sociedad E-Distribution S.A.S, tercero con interés
directo en las resultas del proceso, sostuvo que carece de
legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la ESCUELA
JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA es la competente para
tramitar y resolver las inconformidades expuestas en la solicitud de
amparo, por lo que solicitó su desvinculación del presente trámite.
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN QUINTA de esta Corporación, mediante sentencia de
23 de enero de 2025, denegó las solicitudes de desvinculación de la
UNIÓN TEMPORAL DE FORMACIÓN JUDICIAL 2019 y la
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL y
declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, al no
cumplir con el requisito general de la subsidiariedad.
Sostuvo que el actor tiene un mecanismo judicial idóneo para
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controvertir las resoluciones núms. EJR24-298 de 21 de junio y
EJR24-1451 de 6 de noviembre de 2024, esto es, el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -CPACA-, en el cual puede solicitar las medidas
cautelares pertinentes.
Advirtió que el actor no acreditó ninguna de las circunstancias
excepcionales que la jurisprudencia ha admitido como válidas para
superar el requisito general de la subsidiariedad.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la providencia en primera instancia y solicitó que se
revocara la misma, pues a pesar de que existe el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho para reclamar lo
pretendido, este no resulta eficaz.
Sostuvo que existe un perjuicio irremediable debido a que fue
reprobado del examen de la subfase general del IX Curso de
Formación Judicial inicial, “[…] mediante la utilización de un
mecanismo evaluatorio absoluta y manifiestamente ilegal, irregular,
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injusto y espurio, lo cual no mereció ninguna valoración de fondo por
el a quo […]”.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
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particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19917. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
En el presente caso, el actor instauró la acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,
al trabajo y de acceso a cargos públicos, los cuales, a su juicio, le
fueron vulnerados por las autoridades accionadas, al expedir las
resoluciones núms. EJR24-298 de 21 de junio8 y EJR24-14519 de 6
de noviembre de 2024, dentro del concurso de méritos adelantado
con ocasión de la Convocatoria núm. 27, para proveer cargos de
carrera en la Rama Judicial.
7
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
8
“Por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de Formación
Judicial Inicial”. Corregida a su vez mediante la Resolución núm. EJR24-317 del 28 de junio de 2024,
“Por medio de la cual se corrige un error formal en la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024,
por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial
Inicial”.
9
“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición contra la Resolución EJR24-298 del 21 de
junio de 2024, corregida por la Resolución EJR24 - 317 del 28 de junio de 2024”.
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A través de las referidas decisiones la ESCUELA JUDICIAL
RODRIGO LARA BONILLA publicó los resultados de la subfase
general del IX Curso de Formación Judicial Inicial en el cual el actor
obtuvo un puntaje no aprobatorio de 780.850 y se resolvió el
recurso de reposición contra dicha decisión, en el cual le fue otorgado
un puntaje no aprobatorio de 790.
El actor pretende que a través de la presente acción de tutela se
resuelva sobre la legalidad de las resoluciones aludidas, comoquiera
que la ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA le debía
tener como contestadas correctamente, conforme a la doble clave de
respuesta, las preguntas 76, 79 y 81 del Programa de Filosofía del
Derecho e Interpretación Constitucional; 80 del Programa de
Interpretación Judicial - Estructura de la Sentencia; 76 del Programa
de Derechos Humanos y Género y 35 del Programa de Gestión
Judicial y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las
cuales, a su juicio, al sumarse los puntos respectivos, le permitía
obtener un puntaje aprobatorio superior a 800.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN QUINTA de esta Corporación que, a través de providencia
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la UNIÓN TEMPORAL DE FORMACIÓN JUDICIAL 2019 y la
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL y
declaró improcedente la acción de tutela de la referencia al no
cumplir con el requisito general de la subsidiariedad, toda vez que, a
su juicio, el actor contaba con el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA,
en el cual podía solicitar las medidas cautelares pertinentes.
Como consecuencia de lo anterior, la decisión proferida en primera
instancia fue impugnada por el actor alegando que a pesar de que
existe el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
para reclamar lo pretendido, este no resulta eficaz.
Por lo anterior, la Sala debe establecer si hay lugar a confirmar,
modificar o revocar la sentencia proferida en primera instancia, para
lo cual, en primer lugar, debe estudiar si la solicitud de amparo
cumple con el requisito de subsidiariedad y, de ser así, en segundo
lugar, determinar si las autoridades accionadas vulneraron los
derechos deprecados por el actor, al expedir las resoluciones núms.
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2024, dentro del concurso de méritos adelantado con ocasión de la
Convocatoria núm. 27, para proveer cargos de carrera en la Rama
Judicial.
De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del
requisito de subsidiariedad
El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 prevé como causal de
improcedencia que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante»
(Subrayas y negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
10
“Por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de Formación
Judicial Inicial”. Corregida a su vez mediante la Resolución núm. EJR24-317 del 28 de junio de 2024,
“Por medio de la cual se corrige un error formal en la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024,
por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial
Inicial”.
11
“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición contra la Resolución EJR24-298 del 21 de
junio de 2024, corregida por la Resolución EJR24 - 317 del 28 de junio de 2024”.
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Actor: YOHAN MANUEL BUITRAGO VARGAS
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los
derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se
dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer
del fondo del asunto.»12 (Subrayas y negrillas fuera del texto).
12 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge
Iván Palacio Palacio.
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Actor: YOHAN MANUEL BUITRAGO VARGAS
En relación con la Convocatoria núm. 27 y la procedencia de la acción
de tutela para cuestionar sus actos administrativos, en la sentencia
SU 067 de 24 de febrero de 2022, la Corte Constitucional precisó:
“[…] esta corporación ha manifestado que la acción de
tutela no es, en principio, el medio adecuado para
reclamar la protección de los derechos fundamentales
cuando estos resultan infringidos por la expedición de un
acto administrativo. Dicha postura ha dado lugar a una
línea jurisprudencial pacífica y reiterada[52]. Su
fundamento se encuentra en el hecho de que el legislador
ha dispuesto los medios de control de la Ley 1437 de 2011
como los instrumentos procesales para demandar el
control judicial de los actos administrativos[53].
94. Según este diseño normativo, el proceso judicial que se
surte ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo es el
escenario natural para la reivindicación de los derechos
fundamentales conculcados en este contexto. Allí, los
interesados pueden reclamar no solo el control de legalidad
correspondiente, sino, además, el restablecimiento de los
derechos fundamentales que hayan sido vulnerados. Las
medidas cautelares que ofrece la Ley 1437 de 2011, las cuales
permitirían prevenir la consumación de un daño definitivo
mientras se surte la causa judicial, corroboran la idoneidad de
los aludidos medios de control en este campo.
95. Esta regla general ha sido igualmente acogida en el ámbito
de los concursos de méritos. Al respecto, esta corporación ha
manifestado que el juez de lo contencioso administrativo es la
autoridad llamada a juzgar las violaciones de los derechos
fundamentales que ocurran en este tipo de actuaciones
administrativas. Al respecto, ha manifestado que «por regla
general, […] es improcedente la acción de tutela que pretenda
controvertir los actos proferidos por las autoridades
administrativas que se expidan con ocasión de un concurso de
méritos, pues para ello se han previsto otros instrumentos
judiciales como lo dispone el artículo 104 de la Ley 1437 de
2011»[54]. La posibilidad de emplear las medidas cautelares,
«que pueden ser de naturaleza preventiva, conservativa,
anticipativa o de suspensión»[55], demuestra que tales acciones
«constituyen verdaderos mecanismos de protección, ante los
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efectos adversos de los actos administrativos»[56].
96. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha
instaurado tres excepciones a la regla general de
improcedencia de la acción de tutela, en el campo
específico de los concursos de mérito[57]. Los actos
administrativos que se dicten en el curso de estas
actuaciones administrativas podrán ser demandados por
esta vía cuando se presente alguno de los siguientes
supuestos: i) inexistencia de un mecanismo judicial que
permita demandar la protección del derecho fundamental
infringido, ii) configuración de un perjuicio irremediable
y iii) planteamiento de un problema constitucional que
desborde el marco de competencias del juez
administrativo. A continuación, se explican estas
hipótesis.
97. Inexistencia de un mecanismo judicial que permita
demandar la protección del derecho fundamental infringido. La
primera excepción se basa en el reconocimiento de la existencia
de ciertos actos que, de conformidad con las reglas del derecho
administrativo, no pueden ser sometidos a escrutinio judicial. En
estos casos, la solicitud de amparo resulta procedente por
cuanto «la persona afectada no tiene mecanismo distinto de la
acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos
porque no está legitimada para impugnar los actos
administrativos que los vulneran»[58]. Habida cuenta de esta
circunstancia, la acción de tutela actúa «como mecanismo
definitivo, cuando se controvierten actos de trámite o de
ejecución que vulneren derechos fundamentales, comoquiera
que tales decisiones no son susceptibles de discusión
jurisdiccional ante lo Contencioso Administrativo»[59].
98. Urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio
irremediable. La segunda excepción a la regla general de
improcedencia de la acción de tutela contra estos actos
administrativos se funda en la necesidad de evitar la
consolidación de un perjuicio irremediable[60]. Este supuesto de
hecho se presenta cuando «por las circunstancias excepcionales
del caso concreto, es posible afirmar que, de no producirse la
orden de amparo, podrían resultar irremediablemente afectados
los derechos fundamentales de la persona que interpone la
acción»[61].
99. Planteamiento de un problema constitucional que desborde
el marco de competencias del juez administrativo. Finalmente,
la tercera salvedad reconocida por la jurisprudencia
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constitucional se basa en la especial índole que presentan ciertos
problemas jurídicos. De conformidad con el criterio expresado
en las sentencias T-160 de 2018 y T-438 de 2018, algunas
demandas plantean controversias que desbordan el ámbito de
acción del juez de lo contencioso administrativo. En tales casos,
«las pretensiones del accionante no se dirigen a determinar la
legalidad de los actos administrativos expedidos en desarrollo de
la convocatoria, pretensión para la cual puede acudir a los
medios de control de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, sino que pretende demostrar que la aplicación
de estas normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos
fundamentales»[62].
100. Las acciones sometidas a revisión se encuadran en el
supuesto de ausencia de medios de control. Las acciones de
tutela interpuestas por los demandantes se enmarcan en el
primer supuesto de hecho. Esto es así dado que la Resolución
CJR20-0202 es un acto administrativo de trámite, motivo por el
cual no puede ser sometido al escrutinio de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. Así lo confirma la jurisprudencia del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, la cual reconoce
que los medios de control de la Ley 1437 de 2011 no pueden ser
empleados en el caso particular de los actos de trámite. En todo
caso, según se explica a continuación, el hecho de que no sea
posible demandar por esta vía tales actos administrativos en
modo alguno implica que la acción de tutela pueda utilizarse en
todos los casos para demandar tales determinaciones de la
Administración. Así pues, a continuación, se expone la aludida
postura de estos tribunales al respecto, y se analizan los
requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela
contra actos de trámite.
[…]
109. Supuestos específicos de procedencia de la acción de
tutela contra actos administrativos de trámite expedidos
en el marco de los concursos de méritos. Con fundamento
en las razones expuestas hasta este punto, la Sala Plena
de esta corporación ha propuesto los siguientes
requisitos, que permiten evaluar la procedibilidad
específica de la acción de tutela contra estos actos en
particular: «i) que la actuación administrativa de la cual
hace parte el acto no haya concluido; ii) que el acto
acusado defina una situación especial y sustancial que se
proyecte en la decisión final; y iii) que ocasione la
vulneración o amenaza real de un derecho constitucional
fundamental»[76]. A continuación, se procede a analizar
la procedibilidad de las acciones interpuestas en los
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procesos bajo revisión, a la luz de estas exigencias.
110. Las acciones de tutela interpuestas en los procesos T-
8.252.659, T-8.258.202, T-8.374.927 satisfacen los requisitos
específicos de procedibilidad para el caso de actos de trámite.
La Sala Plena juzga que las acciones de tutela presentadas por
Diego Mauricio Higuera Jiménez, Pedro Alirio Quintero Sandoval
y Jorge Hernán Pulido Cardona satisfacen los requisitos
establecidos por la jurisprudencia constitucional sobre este
asunto específico. En primer lugar, la actuación administrativa
que tuvo inicio con la expedición del Acuerdo PCSJA18-11077 se
encuentra en curso; en cumplimiento de lo decidido en la
Resolución CJR20-0202, aquella fue retrotraída a la citación para
la práctica de la prueba de conocimientos y aptitudes. Por
consiguiente, la actuación se encuentra en la primera fase de la
primera etapa, de acuerdo con el procedimiento establecido en
el acto de convocatoria.
111. En segundo término, la Resolución CJR20-0202 «defin[e]
una situación especial y sustancial que se proyect[a] en la
decisión final»[77]. Si bien el acto administrativo que da a conocer
los resultados de la prueba de conocimientos y aptitudes es un
acto de trámite, es evidente que contiene una decisión de
indiscutible relevancia para el desarrollo de la convocatoria.
Antes de ahondar en este asunto, la Sala Plena encuentra
oportuno hacer hincapié en la naturaleza jurídica de la
Resolución CJR20-0202 como acto administrativo de trámite: la
manifestación de voluntad del Consejo Superior de la Judicatura
que se encuentra contenida en la resolución no trae como
consecuencia la finalización o la obstaculización del avance de la
actuación administrativa que se encuentra en curso. Por el
contrario, aquella pretende enmendar las irregularidades que se
han presentado en la estructuración y evaluación de la prueba
de conocimientos y aptitudes. De ahí que, en estricto rigor, dicho
acto administrativo sea de trámite, y no un acto administrativo
definitivo […]”.
Conforme con la sentencia de unificación en cita, la acción de tutela
es improcedente para reclamar la protección de derechos
fundamentales, cuando la vulneración se endilga respecto de un acto
administrativo, excepto si no existe otro mecanismo judicial que
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permita demandar la protección de la garantía fundamental
infringida; se vislumbre la configuración de un perjuicio irremediable
o se trate de un asunto cuyo problema constitucional desborde el
marco de competencias del juez administrativo.
Además, el Alto Tribunal precisó que de manera excepcional la acción
de tutela es procedente para solicitar la protección de derechos
fundamentales frente a actos administrativos de trámite expedidos
en el marco de los concursos de méritos, siempre que la actuación
administrativa de la cual hace parte el acto no haya concluido; que
el acto acusado defina una situación especial y sustancial que se
proyecte en la decisión final y que ocasione la vulneración o amenaza
real de las garantías deprecadas.
En la providencia en cita, la Corte Constitucional concluyó que en esa
oportunidad era procedente el estudio del fondo del asunto, dado que
la presunta vulneración de los derechos deprecados se derivaba de
un acto que no era susceptible de control judicial por ser de trámite,
pero que, en todo caso, sí definía una situación especial y sustancial
que se proyectaría en la decisión final, esto era, la Resolución CJR20-
0202 a través de la cual la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL
corrigió varias de las actuaciones que había desarrollado hasta ese
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momento en el marco de la Convocatoria núm. 27 desde la citación
a las pruebas de aptitudes y conocimientos, para ajustar todo el
trámite a derecho y continuarlo en debida forma.
Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que, tal como lo
consideró el a quo, la presente acción de tutela es improcedente
por la existencia de otro medio de defensa judicial, comoquiera
que las inconformidades planteadas en este trámite constitucional
recaen en las resoluciones núms. núms. EJR24-298 de 21 de junio13
y EJR24-145114 de 6 de noviembre de 2024, cuya legalidad puede
ser discutida a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Cabe precisar que la Resolución núm. EJR24-298 de 21 de junio de
2024 publicó los puntajes obtenidos por los concursantes en la
evaluación de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial
Inicial y la Resolución núm. EJR24-1451 de 6 de noviembre de 2024,
estudió el recurso de reposición interpuesto por el actor en el cual se
13
“Por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de Formación
Judicial Inicial”. Corregida a su vez mediante la Resolución núm. EJR24-317 del 28 de junio de 2024,
“Por medio de la cual se corrige un error formal en la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024,
por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial
Inicial”.
14
“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición contra la Resolución EJR24-298 del 21 de
junio de 2024, corregida por la Resolución EJR24 - 317 del 28 de junio de 2024”.
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analizaron los motivos de inconformidad específicos frente al
contenido del cuestionario aplicado en las jornadas de evaluación
sobre las preguntas 39, 41 y 42 del Programa de Habilidades
Humanas; 80 del Programa de Interpretación Judicial – Estructura
de la Sentencia; 76 y 84 del Programa de Argumentación Judicial -
Valoración Probatoria; 40 del Programa de Ética, Independencia y
Autonomía Judicial; 76 y 82 del Programa de Derechos Humanos y
Género; 35, 40, 41 y 42 del Programa de Gestión Judicial y
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 76, 79, 81, 83
y 84 del Programa de Filosofía del Derecho - Interpretación
Constitucional.
Así las cosas, se destaca que para controvertir la calificación de la
evaluación de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial
Inicial y el contenido de las preguntas antes mencionadas, el actor
cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, mecanismo de defensa judicial idóneo para el asunto y en
el cual puede solicitar las medidas cautelares dispuestas en el CPACA,
las cuales “permitirán prevenir la consumación de un daño definitivo
mientras se surte la causa judicial”, tal como lo previó la Corte
Constitucional en la sentencia SU-067 de 2002.
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Igualmente, en lo que concierne a la improcedencia de la acción de
tutela para discutir decisiones administrativas particulares emitidas
en concursos de méritos, en especial, el acto administrativo que
excluye del proceso de selección, esta Sala en sentencia de 14 de
octubre de 202115, señaló:
“[…] VI.4.1. Improcedencia de la presente acción de tutela
por desconocer requisito de subsidiariedad
20. En el sub judice la actora afirmó que las entidades
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales invocados,
al expedir las resoluciones números CSJBOR21 568 de 20 de
mayo de 2021, CSJBOR21-801 de 6 de julio de 2021 y CJR21-
0265 de 17 de agosto de 2021, por medio de las cuales se
dispuso su exclusión del proceso de selección en el marco
del concurso de méritos convocado mediante Acuerdo
CSJBOA17-609 del 06 de octubre de 2017.
21. Cabe resaltar que, como se enunció previamente, la acción
de tutela resulta improcedente cuando se pretende controvertir
la legalidad de actos administrativos, en razón a que los
asociados cuentan con medios de defensa ordinarios como lo son
los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento
del derecho, los cuales son mecanismos idóneos para solicitar la
anulación y la suspensión de los actos de la administración que,
según afirma, lesionan el ordenamiento jurídico y, debido a esto,
afectan derechos fundamentales.
22. Conforme con lo anterior, para la Sala resulta forzoso
concluir que los actos administrativos acusados por esta vía
constitucional son susceptibles de control jurisdiccional y, en ese
sentido, la accionante dispone del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, a través del cual
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
octubre de 2021, CP. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS número único de radicación 11001-03-
15-000-2021-06518-00(AC).
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06426-01
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puede discutir la legalidad de los actos administrativos en
cuestión.
23. Así las cosas, y resaltándose que, tal como lo ha sostenido
esta Sección, «con la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de
2011, ya no es aceptable el argumento según el cual los medios
de control ordinarios no son eficaces ni oportunos para la
protección de los derechos presuntamente conculcados en casos
como el estudiado».
24. Lo anterior en consideración a que «la mencionada
normativa además de darle celeridad a los procesos al consagrar
la oralidad en los mismos, contiene diferentes herramientas
jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia, como la
suspensión provisional de los efectos del acto
administrativo o del procedimiento hasta tanto se defina
la declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de
una decisión administrativa; impartir órdenes o imponerle
obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las partes, las
cuales demuestran la efectividad del procedimiento
ordinario cuando se advierte una situación apremiante
que necesite ser remediada incluso antes de que se
profiera una decisión definitiva». (negrillas fuera del texto)
25.Con fundamento en la anterior premisa, para la Sala es claro
que, contrario a lo sostenido por la actora, el medio de defensa
de que dispone para controvertir los actos administrativos
acusados por vía judicial resulta ser idóneo y eficaz para la
protección de los derechos fundamentales que estima
vulnerados con los actos administrativos emitidos por las aquí
accionadas.
26. Sumado a lo anterior, la Sala advierte que en el sub examine
no se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ya
que este debe suponer una hipotética afectación grave y
significativa de los derechos fundamentales de la parte actora, y
en ese sentido se justifica la intervención del juez de tutela en
forma transitoria para adoptar medidas urgentes e
impostergables que eviten la materialización del referido
perjuicio; circunstancias que en el presente asunto no se
presentan.
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27. Por todo lo anterior, la Sala concluye que la parte
actora debe utilizar los medios ordinarios establecidos en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, para discutir la legalidad de
los actos administrativos que acusa por vía
constitucional. Por tanto, se declarará la improcedencia la
presente acción de tutela ante la inobservancia del requisito de
la subsidiariedad […]”.
Cabe precisar que en sentencias de 5 de agosto de 202116 y 4 de
marzo de 202217, esta Sala también se pronunció sobre la
improcedencia de la acción de tutela para cuestionar decisiones
particulares emitidas en el desarrollo de concursos de méritos, bajo
argumentos similares a los expuestos en el precedente en cita.
En efecto, tal criterio ha sido acogido por esta Sala en múltiples
oportunidades, entre ellas, mediante providencia de 14 de abril de
202318, por medio de la cual en un asunto en el que el actor pretendía
controvertir el puntaje asignado en las pruebas de aptitudes y
conocimientos y en el que formuló reproches respecto de cada una
de las preguntas del examen, declaró improcedente la solicitud de
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de agosto
de 2021, CP. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
03717-00(AC).
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de marzo
de 2022, CP. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN número único de radicación 110010315000 2022 00315
00 (AC).
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril
de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-2023-01326-
00.
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29
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06426-01
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amparo por falta del presupuesto de subsidiariedad, al considerar
que la legalidad de las decisiones acusadas podían ser discutidas a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
Asimismo, la Sala precisa que si bien, entre otras, en sentencias de
2419 y 3120 de marzo de 2023 se pronunció de fondo frente a
solicitudes de amparo elevadas por participantes de la convocatoria
27, dicha situación obedeció a que los asuntos devenían de la
presunta falta de resolución de los recursos de reposición
interpuestos contra los puntajes de las pruebas de aptitudes y
conocimientos, lo que se relacionaba con el derecho de petición,
garantía susceptible de protección directa a través de la acción de
tutela21, lo que difiere del asunto bajo examen, en el cual se
cuestiona la forma de calificación y los instrumentos utilizados para
el efecto.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de marzo
de 2023, CP Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 110010315000 2023 00837 00.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo
de 2023, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-000-2023-
01122-00.
21
Ver, sentencia T-230/20, Corte Constitucional, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez “[…] respecto del
requisito de subsidiariedad, es preciso anotar que, visto el asunto sub-judice, el recurso de amparo es
el mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para la protección del derecho de petición, si se tiene
en cuenta que, en el ordenamiento colombiano no existe otra alternativa para proceder a su amparo,
tal y como insistentemente lo ha señalado esta Corporación […]”.
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Actor: YOHAN MANUEL BUITRAGO VARGAS
Al respecto en la sentencia de 31 de marzo de 2023 aludida, esta
Sala precisó:
“[…] Cabe destacar, en cuanto al cumplimiento del requisito de
subsidiariedad, que si bien es cierto el actor solicita expresamente
que se deje sin efectos «[…] el acto administrativo RESOLUCIÓN
CJR23-0028 16 ENE2023 Y SUS ANEXOS […]», la realidad
es que dicha petición surge porque a juicio del tutelante las
accionadas no resolvieron de manera clara, fondo y congruente
los cuestionamientos u objeciones que presentó frente «[…] a las
preguntas 53, 82, 88, 103, 105, 106, 108, 110, 119, 120, 122,
129, 32, 53, 65, 66, 70, 82, 100, 101, 102, 103, 126 y 129 […]».
Significa lo anterior que el presente asunto está orientado
a determinar si se violó o no el núcleo esencial del derecho
de petición del actor, con ocasión del recurso de reposición
que promovió en contra de la Resolución CJR22- 0351 de
1° de septiembre de 2022, razón por la cual el medio de
defensa ordinario resultaría ineficaz para tal fin […]”
(Destacado fuera de texto).
Aunado a lo anterior, con el fin de analizar si en el presente caso se
configura la existencia de un perjuicio irremediable que haga
procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala
se remite a lo dispuesto por la Corte Constitucional 22 que, frente al
tema, ha sostenido lo siguiente:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha
precisado que éste debe reunir las siguientes características:
“debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un
considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos
que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del
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Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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daño. (…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona
(moral o material), pero que sea susceptible de determinación
jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una
respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como
respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por
último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto
es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de
evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable […]”.
De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala no advierte la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción
de tutela de la referencia como mecanismo transitorio, dado que
sobre tal aspecto ni siquiera se hace mención en el escrito
introductorio, sin que en todo caso de las circunstancias fácticas
probadas se pueda advertir tal situación.
Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará la sentencia
impugnada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
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F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de marzo de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.
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