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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-06320-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06320-01

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06320-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 32 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06320-01 Actora: MARÍA JOSÉ DÍAZ ACOSTA SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06320-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

6 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06320-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: MARÍA JOSÉ DIAZ ACOSTA

TESIS: SE CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR NO CUMPLIR EL
REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD. ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA DECISIÓN ADMINISTRATIVA PARTICULAR EMITIDA EN EL
TRÁMITE DE UN CONCURSO DE MÉRITOS, EN LA CUAL SE EMITIÓ
EL PUNTAJE OBTENIDO EN EL CURSO-CONCURSO. NO SE ACREDITÓ
LA EXISTENCIA DE UN PERJUICIO IRREMEDIABLE.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A
CARGOS PÚBLICOS.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la

sentencia de 23 de enero de 2025, proferida en primera instancia por

la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 que declaró

improcedente la acción de tutela de la referencia.

1
En adelante la Sección Quinta.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06320-01
Actora: MARÍA JOSÉ DÍAZ ACOSTA

I.– ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La señora MARÍA JOSÉ DÍAZ ACOSTA, actuando en nombre propio,

en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, al trabajo y de acceso a cargos

públicos, los cuales estima vulnerados por el CONSEJO SUPERIOR

DE LA JUDICATURA2 - ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA

BONILLA, al expedir esta última autoridad las resoluciones núms.

EJR24-298 de 21 de junio3 y EJR24-13334 de 6 de noviembre de

2024, dentro del concurso de méritos adelantado con ocasión de la

Convocatoria núm. 27, para proveer cargos de carrera en la Rama

Judicial.

I.2.- Hechos

Refirió que se inscribió como aspirante para proveer cargos de

2
En adelante el Consejo Superior.
3
“Por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de Formación
Judicial Inicial”. Corregida a su vez mediante la Resolución núm. EJR24-317 del 28 de junio de 2024,
“Por medio de la cual se corrige un error formal en la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024,
por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial
Inicial”.
4
“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición contra la Resolución EJR24-298 del 21 de
junio de 2024, corregida por la Resolución EJR24 - 317 del 28 de junio de 2024”.

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3

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Actora: MARÍA JOSÉ DÍAZ ACOSTA

carrera en la Rama Judicial dentro de la Convocatoria núm. 27

adelantada con fundamento en el Acuerdo núm. PCSJA18-11077 de

16 de agosto de 20185, emitido por el CONSEJO SUPERIOR.

Indicó que, agotadas las etapas respectivas, mediante la Resolución

núm. EJR24-298 de 21 de junio de 2024, la ESCUELA JUDICIAL

RODRIGO LARA BONILLA publicó los resultados de la subfase

general del IX Curso de Formación Judicial inicial, en el que obtuvo

un puntaje no aprobatorio de 750.440.

Sostuvo que interpuso recurso de reposición contra la referida

decisión, el cual fue desatado a través de la Resolución núm. EJR24-

1333 de 6 de noviembre de 20246, de manera desfavorable a sus

intereses, pues se le otorgó un puntaje no aprobatorio de 764.

Adujo que el referido Curso de Formación desconoció el Acuerdo

Pedagógico7 por medio del cual se adoptó el mismo y cambió su

metodología, pues no desarrolló el modo b-learning y fue

desarrollado sólo de manera virtual, no se realizó ningún encuentro

5
“Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la
provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial”.
6
Cfr. visible en el índice núm. 2, la cual fue allegada con la demanda.
7
Acuerdo núm. PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019, “Por el cual se adopta el Acuerdo
Pedagógico que regirá el “IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de
Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, Promoción 2020-2021”.

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presencial ni retroalimentación por parte de los discentes y los

formadores e incluyó exámenes adicionales que no se encontraban

inicialmente en el Curso Concurso.

Manifestó que el referido Acuerdo núm. PCSJA19-11400 de 19 de

septiembre de 20198, estableció que se desarrollaría un taller virtual

con el fin de que el discente realizara una capacitación intensiva y

práctica del programa; sin embargo, advirtió que dicho objetivo no

se cumplió con las actividades desarrolladas en el mismo, pues sólo

se limitó a realizar ejercicios de emparejamiento de frases de las que

no se conocía el contexto y, asimismo, que los controles de lectura

solo consistían en la memorización de textos.

Afirmó que la ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA

incluyó un requisito adicional que no se encontraba en las normas

del Curso de Formación Judicial inicial, el cual era la aprobación de

un examen el cual tenía un carácter eliminatorio y no “[…] se dirigió

a cumplir con la Formación de un grupo de futuros Jueces y

Magistrados sino que fue encaminado a disminuir drásticamente el

8
“Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el “IX Curso de Formación Judicial Inicial para
aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, Promoción
2020-2021”.

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listado de candidatos en concurso, cuestión frente a la que debe

señalarse que, aunque es claro que como en cualquier actividad

académica el Curso de Formación Judicial debía tener un parámetro

de calificación, el restringirlo a un solo examen en el que se evaluaron

la totalidad de contenidos es una acción que no se observa ni siquiera

en los programas de formación académicos universitarios, pues aún

en estos se realizan diversas evaluaciones que permiten que el

estudiante haga una retroalimentación que le permita hallar sus

debilidades y superarlas, acto que fue imposible de realizar en el

presente asunto, en el que las fallas en la comprensión de los

contenidos fueron comunicados únicamente cuando se resolvió el

recurso de reposición […]”.

Señaló que la ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA, al

resolver su recurso de reposición, ya mencionado, se limitó a señalar

que había dado cumplimiento a los acuerdos y documentos de

soporte del IX Concurso de Formación Judicial, sin que explicara la

forma en que se calificaron las preguntas de la evaluación de subfase

general ni que puntaje le fue asignado a cada una de ellas, las cuales,

a su juicio, estuvieron mal redactadas o formuladas.

Precisó en que en la Resolución que resolvió el recurso se le asignó

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un nuevo puntaje a las preguntas 50 del Programa de Interpretación

Judicial – Estructura de la Sentencia; 59 del Programa de

Argumentación Judicial - Valoración Probatoria; 35 y 41 del Programa

de Ética, Independencia y Autonomía Judicial; 78 del Programa de

Derechos Humanos y Género y 30 del Programa de Gestión Judicial

y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por lo cual al

sumarse los puntos respectivos, debía obtener un puntaje de 776.69

y no 764, como finalmente lo concluyó la ESCUELA JUDICIAL

RODRIGO LARA BONILLA.

I.3.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:

“[…] PETICIÓN

Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones
expuestas, respetuosamente solicito al señor Juez TUTELAR mis
derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al acceso a los
cargos públicos por el mérito, y en consecuencia, ORDENAR al
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la ESCUELA JUDICIAL
RODRIGO LARA BONILLA:

PRIMERO: Impartir nuevamente los contenidos de la Sub fase General
del IX Curso de Formación Judicial, garantizando una educación idónea
y que permita a los discentes adquirir las capacidades que se esperan
por los formadores, realizando evaluaciones periódicas para cada uno
de los programas luego de las que se les permita a los discentes

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conocer sus fallas y posibilidades de corrección, respetando las normas
del Concurso, a saber, acuerdo de convocatoria y acuerdo pedagógico.

SEGUNDO: En caso de que la anterior petición no sea acogida, se me
permita continuar en la Fase Especializada del IX Curso de Formación
Judicial […]”.

I.4.- Defensa

I.4.1.- La ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA solicitó

declarar improcedente la solicitud de amparo de la referencia por

falta del requisito general de subsidiariedad, toda vez que no se

acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, como tampoco

existe vulneración alguna a los derechos fundamentales invocados.

Sostuvo que la accionante cuenta con un mecanismo idóneo y

efectivo para proteger sus derechos fundamentales como es el medio

de control de nulidad y restablecimiento del derecho, así como la

posibilidad de solicitar al juez ordinario la adopción de medidas

cautelares.

Mencionó que lo que pretende la actora con la presente acción

constitucional es utilizarla como un nuevo recurso para controvertir

la Resolución núm. EJR24-1333 de 2024, la cual le resolvió los

motivos de inconformidad frente al contenido del cuestionario

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aplicado en la Subfase General del IX Curso de Formación Judicial,

en el cual le explicó el contexto de las preguntas, los elementos

psicométricos, la coherencia y cohesión de las mismas, entre otros,

concluyendo con la retroalimentación de cada opción de respuesta.

Indicó que no le vulneró ningún derecho fundamental a la actora,

comoquiera que dentro del citado concurso “[…] 1) presentó recurso

de reposición contra el acto administrativo que definió los puntajes

de la prueba de la Subfase General del curso–concurso. 2) Su recurso

fue atendido y resuelto de conformidad con la ley, el Acuerdo de

Convocatoria y el Acuerdo Pedagógico. 3) En la resolución se

resolvieron los motivos de inconformidad con respecto al cuestionario

aplicado en las jornadas de evaluación de la Subfase general, entre

ellos, los motivos de inconformidad frente a las preguntas esbozadas

en el acápite de pretensiones […]”, lo que también evidencia la

ausencia de la amenaza de un perjuicio irremediable.

Manifestó que cumplió con las reglas concebidas para el desarrollo

del IX Curso de Formación Judicial Inicial, al tener en cuenta sus

instrumentos de evaluación, diseño y la estructuración de cada una

de las preguntas de conformidad con los criterios de pertinencia,

conducencia y documentos del syllabus en su elaboración, razón por

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la cual insistió en que no vulneró los derechos fundamentales de la

actora.

I.4.2.- La UNIÓN TEMPORAL DE FORMACIÓN JUDICIAL 2019,

conformada por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de

Colombia y la Sociedad E-Distribution S.A.S, tercero con interés

directo en las resultas del proceso, sostuvo que carece de

legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la ESCUELA

JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA es la competente para

tramitar y resolver las inconformidades expuestas en la solicitud de

amparo, por lo que solicitó su desvinculación del presente trámite.

I.4.3.- La UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE

COLOMBIA9, tercero con interés directo en las resultas del proceso,

refirió que la acción de tutela es improcedente ante la carencia actual

de objeto y por no cumplir con el requisito general de la

subsidiariedad, toda vez que se está ante un caso concreto en el que

no existe un hecho vulnerador que demuestre la conculcación de los

derechos fundamentales invocados, aunado a que los hechos que

9
En adelante la UNIVERSIDAD.

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fundamentan la solicitud de amparo dan cuenta de que ha actuado

de conformidad a su competencia.

II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN QUINTA de esta Corporación, mediante sentencia de

23 de enero de 2025, denegó la solicitud de desvinculación de la

UNIÓN TEMPORAL DE FORMACIÓN JUDICIAL 2019 y declaró

improcedente la acción de tutela de la referencia, al no cumplir con

el requisito general de la subsidiariedad.

Sostuvo que lo que pretende la actora con la presente solicitud de

amparo es que se deje sin efecto las resoluciones núms. EJR24-298

de 21 de junio y EJR24-1333 de 6 de noviembre de 2024, para lo

que cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-, en el cual

puede solicitar las medidas cautelares pertinentes.

Advirtió que no se evidenció un grave riesgo en el que se configure

un perjuicio irremediable que le impida ejercer los recursos judiciales

a la actora ni que vulnere sus derechos fundamentales.

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III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora impugnó la providencia en primera instancia y solicitó que

se revocará la misma y se ordenará la suspensión provisional de los

efectos de la Resolución núm. EJR24-1333 de 2024 y se le permita

continuar en el IX Curso de Formación Judicial inicial.

Sostuvo que el a quo solo se limitó a indicar la existencia de los

medios de control ordinarios para discutir la legalidad de la citada

Resolución, sin realizar un estudio de la inminencia del perjuicio que

le puede causar al acudir a estos sin que se decrete una suspensión

temporal de los efectos de la misma.

Finalmente, dijo que: “[…] el IX Curso Concurso se ha seguido

impartiendo sin la asistencia de quienes no superamos la primera fase,

debido a la realización del irregular examen al que ampliamente hice

referencia en la acción de tutela, y un proceso ordinario conlleva un amplio

término que podría significar un fallo irrisorio, pues al culminar el trámite

bien podría haber finalizado el Curso Concurso y hacerse la posesión de

quienes sí continuaron […]”.

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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

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2591 de 19 de noviembre de 199110. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

En el presente caso, la actora instauró la acción de tutela con el fin

de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido

proceso, al trabajo y de acceso a cargos públicos, los cuales, a su

juicio, le fueron vulnerados por las autoridades accionadas, al expedir

las resoluciones núms. EJR24-298 de 21 de junio11 y EJR24-133312

de 6 de noviembre de 2024, dentro del concurso de méritos

adelantado con ocasión de la Convocatoria núm. 27, para proveer

cargos de carrera en la Rama Judicial.

A través de las referidas decisiones la ESCUELA JUDICIAL

10
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
11
“Por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de Formación
Judicial Inicial”. Corregida a su vez mediante la Resolución núm. EJR24-317 del 28 de junio de 2024,
“Por medio de la cual se corrige un error formal en la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024,
por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial
Inicial”.
12
“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición contra la Resolución EJR24-298 del 21 de
junio de 2024, corregida por la Resolución EJR24 - 317 del 28 de junio de 2024”.

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RODRIGO LARA BONILLA publicó los resultados de la subfase

general del IX Curso de Formación Judicial Inicial en el cual la actora

obtuvo un puntaje no aprobatorio de 750.440 y se resolvió el

recurso de reposición contra dicha decisión, en el cual le fue otorgado

un puntaje no aprobatorio de 764.

La actora pretende que a través de la presente acción de tutela se

resuelva sobre la legalidad de las resoluciones aludidas, comoquiera

que, a su juicio, el IX Curso de Formación Judicial Inicial se apartó

del Acuerdo Pedagógico núm. PCSJA19-11400 de 2019, cambiando

la metodología de este y, asimismo, advirtió su inconformidad frente

al puntaje obtenido en el cuestionario aplicado en las jornadas de

evaluación, respecto de las preguntas 50 del Programa de

Interpretación Judicial - Estructura de la Sentencia; 59 del Programa

de Argumentación Judicial - Valoración Probatoria; 35 y 41 del

Programa de Ética, Independencia y Autonomía Judicial; 78 del

Programa de Derechos Humanos y Género y 30 del Programa de

Gestión Judicial y Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones, las cuales, a su juicio, al sumarse los puntos

respectivos, debía obtener un puntaje de 776.69 y no 764, tal y como

lo estableció la ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA

finalmente.

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La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN QUINTA de esta Corporación que, a través de providencia

de 23 de enero de 2025, denegó la solicitud de desvinculación de la

UNIÓN TEMPORAL DE FORMACIÓN JUDICIAL 2019 y declaró

improcedente la acción de tutela de la referencia, al no cumplir con

el requisito general de la subsidiariedad, toda vez que, a su juicio, la

actora contaba con el medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, en el cual podía

solicitar las medidas cautelares pertinentes.

Como consecuencia de lo anterior, la decisión proferida en primera

instancia fue impugnada por la actora alegando que no puede acudir

a los medios de control ordinarios sin que antes se decrete la

suspensión temporal de los efectos de los actos administrativos

censurados.

Por lo anterior, la Sala debe establecer si hay lugar a confirmar,

modificar o revocar la sentencia proferida en primera instancia, para

lo cual, en primer lugar, debe estudiar si la solicitud de amparo

cumple con el requisito de subsidiariedad y, de ser así, en segundo

lugar, determinar si las autoridades accionadas vulneraron los

derechos deprecados por la actora, al expedir las resoluciones núms.

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EJR24-298 de 21 de junio13 y EJR24-133314 de 6 de noviembre de

2024, dentro del concurso de méritos adelantado con ocasión de la

Convocatoria núm. 27, para proveer cargos de carrera en la Rama

Judicial.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del

requisito de subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 prevé como causal de

improcedencia que «existan otros recursos o medios de defensa

judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia

de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,

atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante»

(Subrayas y negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

13
“Por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de Formación
Judicial Inicial”. Corregida a su vez mediante la Resolución núm. EJR24-317 del 28 de junio de 2024,
“Por medio de la cual se corrige un error formal en la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024,
por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial
Inicial”.
14
“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición contra la Resolución EJR24-298 del 21 de
junio de 2024, corregida por la Resolución EJR24 - 317 del 28 de junio de 2024”.

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cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se

dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer

del fondo del asunto.»15 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

15 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge
Iván Palacio Palacio.

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En relación con la Convocatoria núm. 27 y la procedencia de la acción

de tutela para cuestionar sus actos administrativos, en la sentencia

SU 067 de 24 de febrero de 2022, la Corte Constitucional precisó:

“[…] esta corporación ha manifestado que la acción de
tutela no es, en principio, el medio adecuado para
reclamar la protección de los derechos fundamentales
cuando estos resultan infringidos por la expedición de un
acto administrativo. Dicha postura ha dado lugar a una
línea jurisprudencial pacífica y reiterada[52]. Su
fundamento se encuentra en el hecho de que el legislador
ha dispuesto los medios de control de la Ley 1437 de 2011
como los instrumentos procesales para demandar el
control judicial de los actos administrativos[53].

94. Según este diseño normativo, el proceso judicial que se
surte ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo es el
escenario natural para la reivindicación de los derechos
fundamentales conculcados en este contexto. Allí, los
interesados pueden reclamar no solo el control de legalidad
correspondiente, sino, además, el restablecimiento de los
derechos fundamentales que hayan sido vulnerados. Las
medidas cautelares que ofrece la Ley 1437 de 2011, las cuales
permitirían prevenir la consumación de un daño definitivo
mientras se surte la causa judicial, corroboran la idoneidad de
los aludidos medios de control en este campo.

95. Esta regla general ha sido igualmente acogida en el ámbito
de los concursos de méritos. Al respecto, esta corporación ha
manifestado que el juez de lo contencioso administrativo es la
autoridad llamada a juzgar las violaciones de los derechos
fundamentales que ocurran en este tipo de actuaciones
administrativas. Al respecto, ha manifestado que «por regla
general, […] es improcedente la acción de tutela que pretenda
controvertir los actos proferidos por las autoridades
administrativas que se expidan con ocasión de un concurso de
méritos, pues para ello se han previsto otros instrumentos
judiciales como lo dispone el artículo 104 de la Ley 1437 de
2011»[54]. La posibilidad de emplear las medidas cautelares,
«que pueden ser de naturaleza preventiva, conservativa,
anticipativa o de suspensión»[55], demuestra que tales acciones
«constituyen verdaderos mecanismos de protección, ante los

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efectos adversos de los actos administrativos»[56].

96. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha
instaurado tres excepciones a la regla general de
improcedencia de la acción de tutela, en el campo
específico de los concursos de mérito[57]. Los actos
administrativos que se dicten en el curso de estas
actuaciones administrativas podrán ser demandados por
esta vía cuando se presente alguno de los siguientes
supuestos: i) inexistencia de un mecanismo judicial que
permita demandar la protección del derecho fundamental
infringido, ii) configuración de un perjuicio irremediable
y iii) planteamiento de un problema constitucional que
desborde el marco de competencias del juez
administrativo. A continuación, se explican estas
hipótesis.

97. Inexistencia de un mecanismo judicial que permita
demandar la protección del derecho fundamental infringido. La
primera excepción se basa en el reconocimiento de la existencia
de ciertos actos que, de conformidad con las reglas del derecho
administrativo, no pueden ser sometidos a escrutinio judicial. En
estos casos, la solicitud de amparo resulta procedente por
cuanto «la persona afectada no tiene mecanismo distinto de la
acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos
porque no está legitimada para impugnar los actos
administrativos que los vulneran»[58]. Habida cuenta de esta
circunstancia, la acción de tutela actúa «como mecanismo
definitivo, cuando se controvierten actos de trámite o de
ejecución que vulneren derechos fundamentales, comoquiera
que tales decisiones no son susceptibles de discusión
jurisdiccional ante lo Contencioso Administrativo»[59].

98. Urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio
irremediable. La segunda excepción a la regla general de
improcedencia de la acción de tutela contra estos actos
administrativos se funda en la necesidad de evitar la
consolidación de un perjuicio irremediable[60]. Este supuesto de
hecho se presenta cuando «por las circunstancias excepcionales
del caso concreto, es posible afirmar que, de no producirse la
orden de amparo, podrían resultar irremediablemente afectados
los derechos fundamentales de la persona que interpone la
acción»[61].

99. Planteamiento de un problema constitucional que desborde
el marco de competencias del juez administrativo. Finalmente,
la tercera salvedad reconocida por la jurisprudencia

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constitucional se basa en la especial índole que presentan ciertos
problemas jurídicos. De conformidad con el criterio expresado
en las sentencias T-160 de 2018 y T-438 de 2018, algunas
demandas plantean controversias que desbordan el ámbito de
acción del juez de lo contencioso administrativo. En tales casos,
«las pretensiones del accionante no se dirigen a determinar la
legalidad de los actos administrativos expedidos en desarrollo de
la convocatoria, pretensión para la cual puede acudir a los
medios de control de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, sino que pretende demostrar que la aplicación
de estas normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos
fundamentales»[62].

100. Las acciones sometidas a revisión se encuadran en el
supuesto de ausencia de medios de control. Las acciones de
tutela interpuestas por los demandantes se enmarcan en el
primer supuesto de hecho. Esto es así dado que la Resolución
CJR20-0202 es un acto administrativo de trámite, motivo por el
cual no puede ser sometido al escrutinio de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. Así lo confirma la jurisprudencia del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, la cual reconoce
que los medios de control de la Ley 1437 de 2011 no pueden ser
empleados en el caso particular de los actos de trámite. En todo
caso, según se explica a continuación, el hecho de que no sea
posible demandar por esta vía tales actos administrativos en
modo alguno implica que la acción de tutela pueda utilizarse en
todos los casos para demandar tales determinaciones de la
Administración. Así pues, a continuación, se expone la aludida
postura de estos tribunales al respecto, y se analizan los
requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela
contra actos de trámite.

[…]

109. Supuestos específicos de procedencia de la acción de
tutela contra actos administrativos de trámite expedidos
en el marco de los concursos de méritos. Con fundamento
en las razones expuestas hasta este punto, la Sala Plena
de esta corporación ha propuesto los siguientes
requisitos, que permiten evaluar la procedibilidad
específica de la acción de tutela contra estos actos en
particular: «i) que la actuación administrativa de la cual
hace parte el acto no haya concluido; ii) que el acto
acusado defina una situación especial y sustancial que se
proyecte en la decisión final; y iii) que ocasione la
vulneración o amenaza real de un derecho constitucional

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fundamental»[76]. A continuación, se procede a analizar
la procedibilidad de las acciones interpuestas en los
procesos bajo revisión, a la luz de estas exigencias.

110. Las acciones de tutela interpuestas en los procesos T-
8.252.659, T-8.258.202, T-8.374.927 satisfacen los requisitos
específicos de procedibilidad para el caso de actos de trámite.
La Sala Plena juzga que las acciones de tutela presentadas por
Diego Mauricio Higuera Jiménez, Pedro Alirio Quintero Sandoval
y Jorge Hernán Pulido Cardona satisfacen los requisitos
establecidos por la jurisprudencia constitucional sobre este
asunto específico. En primer lugar, la actuación administrativa
que tuvo inicio con la expedición del Acuerdo PCSJA18-11077 se
encuentra en curso; en cumplimiento de lo decidido en la
Resolución CJR20-0202, aquella fue retrotraída a la citación para
la práctica de la prueba de conocimientos y aptitudes. Por
consiguiente, la actuación se encuentra en la primera fase de la
primera etapa, de acuerdo con el procedimiento establecido en
el acto de convocatoria.

111. En segundo término, la Resolución CJR20-0202 «defin[e]
una situación especial y sustancial que se proyect[a] en la
decisión final»[77]. Si bien el acto administrativo que da a conocer
los resultados de la prueba de conocimientos y aptitudes es un
acto de trámite, es evidente que contiene una decisión de
indiscutible relevancia para el desarrollo de la convocatoria.
Antes de ahondar en este asunto, la Sala Plena encuentra
oportuno hacer hincapié en la naturaleza jurídica de la
Resolución CJR20-0202 como acto administrativo de trámite: la
manifestación de voluntad del Consejo Superior de la Judicatura
que se encuentra contenida en la resolución no trae como
consecuencia la finalización o la obstaculización del avance de la
actuación administrativa que se encuentra en curso. Por el
contrario, aquella pretende enmendar las irregularidades que se
han presentado en la estructuración y evaluación de la prueba
de conocimientos y aptitudes. De ahí que, en estricto rigor, dicho
acto administrativo sea de trámite, y no un acto administrativo
definitivo […]”.

Conforme con la sentencia de unificación en cita, la acción de tutela

es improcedente para reclamar la protección de derechos

fundamentales, cuando la vulneración se endilga respecto de un acto

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administrativo, excepto si no existe otro mecanismo judicial que

permita demandar la protección de la garantía fundamental

infringida; se vislumbre la configuración de un perjuicio irremediable

o se trate de un asunto cuyo problema constitucional desborde el

marco de competencias del juez administrativo.

Además, el Alto Tribunal precisó que de manera excepcional la acción

de tutela es procedente para solicitar la protección de derechos

fundamentales frente a actos administrativos de trámite expedidos

en el marco de los concursos de méritos, siempre que la actuación

administrativa de la cual hace parte el acto no haya concluido; que

el acto acusado defina una situación especial y sustancial que se

proyecte en la decisión final y que ocasione la vulneración o amenaza

real de las garantías deprecadas.

En la providencia en cita, la Corte Constitucional concluyó que en esa

oportunidad era procedente el estudio del fondo del asunto, dado que

la presunta vulneración de los derechos deprecados se derivaba de

un acto que no era susceptible de control judicial por ser de trámite,

pero que, en todo caso, sí definía una situación especial y sustancial

que se proyectaría en la decisión final, esto era, la Resolución CJR20-

0202 a través de la cual la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL

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corrigió varias de las actuaciones que había desarrollado hasta ese

momento en el marco de la Convocatoria núm. 27 desde la citación

a las pruebas de aptitudes y conocimientos, para ajustar todo el

trámite a derecho y continuarlo en debida forma.

Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente

acción de tutela es improcedente por la existencia de otro medio

de defensa judicial, comoquiera que las inconformidades planteadas

en este trámite constitucional recaen en las resoluciones núms.

núms. EJR24-298 de 21 de junio16 y EJR24-133317 de 6 de noviembre

de 2024, cuya legalidad puede ser discutida a través del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Cabe precisar que la Resolución núm. EJR24-298 de 21 de junio de

2024 publicó los puntajes obtenidos por los concursantes en la

evaluación de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial

Inicial y la Resolución núm. EJR24-1333 de 6 de noviembre de 2024,

estudió el recurso de reposición interpuesto por la actora en el cual

16
“Por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de Formación
Judicial Inicial”. Corregida a su vez mediante la Resolución núm. EJR24-317 del 28 de junio de 2024,
“Por medio de la cual se corrige un error formal en la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024,
por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial
Inicial”.
17
“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición contra la Resolución EJR24-298 del 21 de
junio de 2024, corregida por la Resolución EJR24 - 317 del 28 de junio de 2024”.

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se analizaron los motivos de inconformidad específicos frente al

contenido del cuestionario aplicado en las jornadas de evaluación

sobre las preguntas 5, 11, 27, 35, 36, y 39 del Programa de

Habilidades Humanas; 44, 61, 63, y 79 del Programa de

Interpretación Judicial – Estructura de la Sentencia; 11, 18, 27, 37 y

40 del Programa de Justicia Transicional y Justicia Restaurativa; 50,

56, 57, 63, 69, 71 y 77 del Programa de Argumentación Judicial -

Valoración Probatoria; 19 del Programa de Ética, Independencia y

Autonomía Judicial; 55, 57, 75 y 82 del Programa de Derechos

Humanos y Género; 3, 4, 27, 28, 31 y 35 del Programa de Gestión

Judicial y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 55,

66, 73, y 79 del Programa de Filosofía del Derecho - Interpretación

Constitucional.

De igual forma, respecto de las preguntas 50 del Programa de

Interpretación Judicial – Estructura de la Sentencia; 59 del Programa

de Argumentación Judicial - Valoración Probatoria; 35 y 41 del

Programa de Ética, Independencia y Autonomía Judicial; 78 del

Programa de Derechos Humanos y Género y 30 del Programa de

Gestión Judicial y Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones, la Sala observa que sí tuvo en cuenta sus puntajes,

tal y como se observa en los folios núms. 124, 127, 129 y 130 de la

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Resolución núm. EJR24-1333 de 2024.

Así las cosas, se destaca que para controvertir la calificación de la

evaluación de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial

Inicial y el contenido de las preguntas antes mencionadas, la actora

cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho, mecanismo de defensa judicial idóneo para el asunto y en

el cual puede solicitar las medidas cautelares dispuestas en el CPACA,

las cuales “permitirán prevenir la consumación de un daño definitivo

mientras se surte la causa judicial”, tal como lo previó la Corte

Constitucional en la sentencia SU-067 de 2002.

Igualmente, en lo que concierne a la improcedencia de la acción de

tutela para discutir decisiones administrativas particulares emitidas

en concursos de méritos, en especial, el acto administrativo que

excluye del proceso de selección, esta Sala en sentencia de 14 de

octubre de 202118, señaló:

“[…] VI.4.1. Improcedencia de la presente acción de tutela
por desconocer requisito de subsidiariedad

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
octubre de 2021, CP. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS número único de radicación 11001-03-
15-000-2021-06518-00(AC).

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20. En el sub judice la actora afirmó que las entidades
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales invocados,
al expedir las resoluciones números CSJBOR21 568 de 20 de
mayo de 2021, CSJBOR21-801 de 6 de julio de 2021 y CJR21-
0265 de 17 de agosto de 2021, por medio de las cuales se
dispuso su exclusión del proceso de selección en el marco
del concurso de méritos convocado mediante Acuerdo
CSJBOA17-609 del 06 de octubre de 2017.

21. Cabe resaltar que, como se enunció previamente, la acción
de tutela resulta improcedente cuando se pretende controvertir
la legalidad de actos administrativos, en razón a que los
asociados cuentan con medios de defensa ordinarios como lo son
los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento
del derecho, los cuales son mecanismos idóneos para solicitar la
anulación y la suspensión de los actos de la administración que,
según afirma, lesionan el ordenamiento jurídico y, debido a esto,
afectan derechos fundamentales.

22. Conforme con lo anterior, para la Sala resulta forzoso
concluir que los actos administrativos acusados por esta vía
constitucional son susceptibles de control jurisdiccional y, en ese
sentido, la accionante dispone del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, a través del cual
puede discutir la legalidad de los actos administrativos en
cuestión.

23. Así las cosas, y resaltándose que, tal como lo ha sostenido
esta Sección, «con la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de
2011, ya no es aceptable el argumento según el cual los medios
de control ordinarios no son eficaces ni oportunos para la
protección de los derechos presuntamente conculcados en casos
como el estudiado».

24. Lo anterior en consideración a que «la mencionada
normativa además de darle celeridad a los procesos al consagrar
la oralidad en los mismos, contiene diferentes herramientas
jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia, como la
suspensión provisional de los efectos del acto
administrativo o del procedimiento hasta tanto se defina

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la declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de
una decisión administrativa; impartir órdenes o imponerle
obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las partes, las
cuales demuestran la efectividad del procedimiento
ordinario cuando se advierte una situación apremiante
que necesite ser remediada incluso antes de que se
profiera una decisión definitiva». (negrillas fuera del texto)

25.Con fundamento en la anterior premisa, para la Sala es claro
que, contrario a lo sostenido por la actora, el medio de defensa
de que dispone para controvertir los actos administrativos
acusados por vía judicial resulta ser idóneo y eficaz para la
protección de los derechos fundamentales que estima
vulnerados con los actos administrativos emitidos por las aquí
accionadas.

26. Sumado a lo anterior, la Sala advierte que en el sub examine
no se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ya
que este debe suponer una hipotética afectación grave y
significativa de los derechos fundamentales de la parte actora, y
en ese sentido se justifica la intervención del juez de tutela en
forma transitoria para adoptar medidas urgentes e
impostergables que eviten la materialización del referido
perjuicio; circunstancias que en el presente asunto no se
presentan.

27. Por todo lo anterior, la Sala concluye que la parte
actora debe utilizar los medios ordinarios establecidos en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, para discutir la legalidad de
los actos administrativos que acusa por vía
constitucional. Por tanto, se declarará la improcedencia la
presente acción de tutela ante la inobservancia del requisito de
la subsidiariedad […]”.

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Cabe precisar que en sentencias de 5 de agosto de 202119 y 4 de

marzo de 202220, esta Sala también se pronunció sobre la

improcedencia de la acción de tutela para cuestionar decisiones

particulares emitidas en el desarrollo de concursos de méritos, bajo

argumentos similares a los expuestos en el precedente en cita.

En efecto, tal criterio ha sido acogido por esta Sala en múltiples

oportunidades, entre ellas, mediante providencia de 14 de abril de

202321, por medio de la cual en un asunto en el que el actor pretendía

controvertir el puntaje asignado en las pruebas de aptitudes y

conocimientos y en el que formuló reproches respecto de cada una

de las preguntas del examen, declaró improcedente la solicitud de

amparo por falta del presupuesto de subsidiariedad, al considerar

que la legalidad de las decisiones acusadas podían ser discutidas a

través del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho.

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de agosto
de 2021, CP. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
03717-00(AC).

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de marzo
de 2022, CP. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN número único de radicación 110010315000 2022 00315
00 (AC).

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril
de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-2023-01326-
00.

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Asimismo, la Sala precisa que si bien, entre otras, en sentencias de

2422 y 3123 de marzo de 2023 se pronunció de fondo frente a

solicitudes de amparo elevadas por participantes de la convocatoria

27, dicha situación obedeció a que los asuntos devenían de la

presunta falta de resolución de los recursos de reposición

interpuestos contra los puntajes de las pruebas de aptitudes y

conocimientos, lo que se relacionaba con el derecho de petición,

garantía susceptible de protección directa a través de la acción de

tutela24, lo que difiere del asunto bajo examen, en el cual se

cuestiona la forma de calificación y los instrumentos utilizados para

el efecto.

Al respecto en la sentencia de 31 de marzo de 2023 aludida, esta

Sala precisó:

“[…] Cabe destacar, en cuanto al cumplimiento del requisito de

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de marzo
de 2023, CP Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 110010315000 2023 00837 00.

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo
de 2023, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-000-2023-
01122-00.

24
Ver, sentencia T-230/20, Corte Constitucional, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez “[…] respecto del
requisito de subsidiariedad, es preciso anotar que, visto el asunto sub-judice, el recurso de amparo es
el mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para la protección del derecho de petición, si se tiene
en cuenta que, en el ordenamiento colombiano no existe otra alternativa para proceder a su amparo,
tal y como insistentemente lo ha señalado esta Corporación […]”.

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subsidiariedad, que si bien es cierto el actor solicita expresamente
que se deje sin efectos «[…] el acto administrativo RESOLUCIÓN
CJR23-0028 16 ENE2023 Y SUS ANEXOS […]», la realidad
es que dicha petición surge porque a juicio del tutelante las
accionadas no resolvieron de manera clara, fondo y congruente
los cuestionamientos u objeciones que presentó frente «[…] a las
preguntas 53, 82, 88, 103, 105, 106, 108, 110, 119, 120, 122,
129, 32, 53, 65, 66, 70, 82, 100, 101, 102, 103, 126 y 129 […]».
Significa lo anterior que el presente asunto está orientado
a determinar si se violó o no el núcleo esencial del derecho
de petición del actor, con ocasión del recurso de reposición
que promovió en contra de la Resolución CJR22- 0351 de
1° de septiembre de 2022, razón por la cual el medio de
defensa ordinario resultaría ineficaz para tal fin […]”
(Destacado fuera de texto).

Aunado a lo anterior, con el fin de analizar si en el presente caso se

configura la existencia de un perjuicio irremediable que haga

procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala

se remite a lo dispuesto por la Corte Constitucional 25 que, frente al

tema, ha sostenido lo siguiente:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha
precisado que éste debe reunir las siguientes características:
“debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un
considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos
que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del
daño. (…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona
(moral o material), pero que sea susceptible de determinación
jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una
respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como

25
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por
último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto
es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de
evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable […]”.

De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala no advierte la

existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción

de tutela de la referencia como mecanismo transitorio, dado que

sobre tal aspecto ni siquiera se hace mención en el escrito

introductorio, sin que en todo caso de las circunstancias fácticas

probadas se pueda advertir tal situación.

Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará la sentencia

impugnada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

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32

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06320-01
Actora: MARÍA JOSÉ DÍAZ ACOSTA

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para

su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 6 de marzo de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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