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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06297-00

Fecha
30 de abril de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06297-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Julieth Nataly Bautista Bautista, por las razones expuestas. 2. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 3. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06297-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

30 de abril de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06297-00
Demandante: Julieth Nataly Bautista Bautista

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)

Bogotá D.C, treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06297-00
Demandante: JULIETH NATALY BAUTISTA BAUTISTA
Demandado: ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA
Tema: Tutela contra autoridad administrativa, concurso de méritos. Falta
de cumplimiento de requisito general de subsidiariedad

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Julieth Nataly Bautista
Bautista, en nombre propio, contra la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, de
conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 19 de noviembre de 2024, la parte actora interpuso acción de tutela contra la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por estimar vulnerado el derecho fundamental
al debido proceso. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«Solicito se conceda el amparo de mi derecho fundamental al debido proceso
administrativo, en consecuencia: (i) se ordene a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
adicionar la resolución EJR24-965 del 5 de noviembre de este año, con el reconocimiento
de los 8.75 puntos frente a las preguntas 37 y 39 -del componente de habilidades
humanas- y 71 -del componente de interpretación judicial y estructura de la sentencia-,
para así superar los 800 puntos en la subfase general (ii) modificar mi estatus a aprobada
e incluirme en la subfase especializada del IX Curso de Formación Judicial.».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El 16 de agosto de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo
PCSJA18-11077, mediante el cual convocó a un concurso de méritos para la provisión
de cargos en la Rama Judicial (Convocatoria 27). En dicho proceso, la señora Bautista
Bautista se inscribió para el cargo de Juez Penal. Tras aprobar la prueba de
conocimientos y aptitudes, fue seleccionada para participar en el IX Curso de
Formación Judicial Inicial, convocado por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla a
través de la Resolución núm.EJR23-349 del 9 de octubre de 2023.

El 19 de mayo y 2 de junio de 2024, la señora Bautista Bautista participó en las jornadas
de evaluación de la Subfase General.

El 21 de junio de 2024, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, mediante la Resolución
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Demandante: Julieth Nataly Bautista Bautista

EJR24-298 publicó los resultados «de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial
Inicial», en la que la accionante obtuvo un puntaje de 786,68, por lo cual su estado fue
de «reprobado».

La señora Bautista Bautista interpuso recurso de reposición contra esa decisión, en el
que alegó errores en la calificación, desconocimiento de respuestas parcialmente
correctas y fallas de redacción que afectaron la validez de algunos ítems,
específicamente, de las preguntas 9, 25, 34, 36, 37 y 39 del componente de habilidades
humanas, 71 del componente de interpretación judicial y estructura de la sentencia y 46
del componente de argumentación judicial y valoración probatoria.

El 5 de noviembre de 2024, mediante la Resolución núm.EJR24-965, la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla repuso parcialmente la decisión inicial en el sentido de indicar que
la señora Bautista Bautista obtuvo un puntaje de 797 en la evaluación «de la subfase
general del IX Curso de Formación Judicial Inicial» y su estado era «reprobado».

3. Argumentos de la acción de tutela

La accionante sostuvo que la resolución mediante la cual se decidió su recurso de
reposición adolece de falsa motivación en la valoración de las preguntas 37 y 39 del
componente de habilidades humanas y la pregunta 71 del componente de
interpretación judicial y estructura de la sentencia.

Respecto de las preguntas 37 y 39, expresó que la entidad demandada se apartó de
su propio criterio, comunicado en respuesta masiva del 15 de julio de 2024, conforme
con el cual, en los casos en que existieran sinónimos que preservaran la coherencia
y el sentido del texto, las respuestas alternativas debían ser consideradas válidas. En
ese sentido, indicó que los términos «actuar» y «comportamiento» (pregunta 37), así
como «conocimiento» y «conciencia» (pregunta 39), son equivalentes y mantienen la
coherencia del contenido, razón por la cual debieron ser aceptados como correctos y
asignársele los puntos correspondientes.

En relación con la pregunta 71, afirmó que existió un error de redacción en la opción
de respuesta correcta, pues esta aparecía escrita con mayúscula inicial «Justificación
Razonada» sin tratarse de un nombre propio, lo que afectó la validez y confiabilidad
del ítem. Consideró que dicha inconsistencia ameritaba un tratamiento similar al
otorgado a otras preguntas que fueron anuladas o validadas a favor de todos los
aspirantes.

Adicionalmente, sostuvo que la vulneración de su derecho fundamental al debido
proceso se agrava debido a la ineficacia de los mecanismos judiciales ordinarios,
como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, porque los términos procesales impedirían una resolución
oportuna de su reclamación, frustrando su participación en las fases subsiguientes del
concurso de méritos y afectando de manera irremediable su posibilidad de acceder a
un cargo público en aplicación del principio de mérito.

Por lo anterior, solicitó que se ordenara adicionar la Resolución núm. EJR24-965 para
reconocerle los 8,75 puntos reclamados, modificar su estado a aprobada e incluirla en
la subfase especializada del curso.

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4. Trámite previo

El 22 de noviembre de 2024, el despacho del magistrado Milton Chaves García remitió
el presente asunto al despacho de la doctora Nubia Margoth Peña Garzón, para que
resolviera sobre una posible acumulación con la acción de tutela de radicado 11001-
03-15-000-2024-06163-00.

El 6 de diciembre de 2024, el Consejo de Estado, Sección Primera, Despacho de la
magistrada Nubia Margoth Peña Garzón negó la solicitud de acumulación y ordenó
devolver el expediente al Despacho de origen.

El 16 de diciembre de 2024, el despacho sustanciador negó la medida provisional,
admitió la acción de tutela y ordenó notificar, a la accionante y a la entidad accionada.
Además, vinculó como terceros al Consejo Superior de la Judicatura y a la Unión
Temporal Formación Judicial 2019. De igual forma, se ordenó a la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla enviar a las direcciones de correo electrónico de los discentes
inscritos en la Convocatoria Nro. 27 copia de la tutela junto con sus anexos, así como
de la providencia que admite la acción de tutela.

5. Oposiciones

La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla no se manifestó en el presente trámite.

6. Intervención de los terceros con interés

La Unión Temporal Formación Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura
guardaron silencio.

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTC- manifestó que el
desarrollo del IX Curso de Formación Judicial Inicial se encuentra a cargo de la Unión
Temporal Formación Judicial 2019, conforme al contrato núm.
CO1.PCCNTR.1240112 de 2019 suscrito con el Consejo Superior de la Judicatura.

Precisó que la UPTC, aunque forma parte de dicha unión temporal, es una institución
de educación superior jurídicamente independiente, y que las plataformas digitales,
así como las cuentas institucionales utilizadas en el curso, se encuentran adscritas a
la Unión Temporal y no a la universidad en forma directa.

Señaló que los actos administrativos cuestionados fueron expedidos por la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla, sin que la UPTC haya intervenido en ellos.

En consecuencia, alegó la improcedencia de la acción de tutela frente a la UPTC, en
tanto no existe actuación atribuible a la universidad que pueda configurar una
vulneración de derechos fundamentales. Además, solicitó su desvinculación del
trámite constitucional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
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Demandante: Julieth Nataly Bautista Bautista

en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la presente solicitud de amparo cumple el
requisito de subsidiariedad o si, por el contrario, procede la solicitud de amparo como
mecanismo transitorio.

En caso de que se cumpla con lo anterior, la Sala procederá a revisar si existe una
vulneración de los derechos fundamentales invocados por la actora por parte del
Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la Unión
Temporal Formación Judicial 2019 y la UPTC.

Previo a resolver el asunto, se resolverá la solicitud de desvinculación alegada por la
UPTC.

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del

pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en
esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando
al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial

son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de
la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la
sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido

en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo;
(v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece
el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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De la legitimación en la causa por pasiva

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTC- solicitó que se declare
la falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no expidió los actos
administrativos controvertidos en la presente acción de tutela.

Sin embargo, se advierte que, de conformidad con el documento maestro de la
convocatoria, el desarrollo del IX Curso de Formación Judicial Inicial, tanto en
modalidad virtual como presencial, fue adjudicado a la Unión Temporal Formación
Judicial 2019, de la cual forma parte la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia.

Por tanto, la UPTC tiene interés en la presente solicitud de amparo, en tanto que la
accionante cuestiona la valoración de las respuestas suministradas en la subfase
general del IX Curso de Formación Judicial Inicial, actividad que fue desarrollada por
la Unión Temporal Formación Judicial 2019, de la cual forma parte la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Esta circunstancia impide acceder a la
solicitud de desvinculación.

Del requisito general de subsidiariedad

Como se anticipó, de manera previa a cualquier consideración respecto del fondo del
asunto, la Sala estima necesario verificar si la presente acción de tutela cumple el
requisito de subsidiariedad.

La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos
para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados.
De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los
mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la
protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte
Constitucional manifestó4:

«La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o
amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene
previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la
protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por
cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del
interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la
concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción
dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni
menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede
afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la
Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin de llenar los vacíos que

4 Sentencia C-543 de 1992. Magistrado ponente: José Gregorio Hernández Galindo.

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pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus
derechos esenciales (…)».

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se
cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.

Del requisito general de subsidiariedad en el caso concreto

Mediante el ejercicio de la presente acción la señora Julieth Nataly Bautista Bautista
interpuso acción de tutela contra la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por estimar
vulnerado el derecho fundamental al debido proceso.

Para resolver el presente asunto, es necesario resaltar los siguientes hechos:

• El 16 de agosto de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo
PCSJA18-11077, mediante el cual convocó al Concurso de Méritos No. 27 para la
provisión de cargos en la Rama Judicial. En el marco de dicho proceso, la señora
Julieth Nataly Bautista Bautista se inscribió para el cargo de Juez Penal. Tras
superar la prueba de conocimientos y aptitudes, fue seleccionada para participar en
el IX Curso de Formación Judicial Inicial, convocado por la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla mediante la Resolución EJR23-349 del 9 de octubre de 2023.

• Como parte del proceso de formación, la señora Bautista Bautista presentó las
evaluaciones correspondientes a la Subfase General los días 19 de mayo y 2 de
junio de 2024.

• Posteriormente, mediante la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla publicó los resultados de dicha subfase, en la
que la accionante obtuvo un puntaje de 786,68, razón por la cual fue clasificada
como «reprobada».

• En desacuerdo con la decisión, la señora Bautista Bautista interpuso recurso de
reposición.

• El 5 de noviembre de 2024, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla resolvió el
recurso y modificó parcialmente la decisión inicial mediante la Resolución EJR24-
965. En esta, se ajustó el puntaje final de la accionante a 797 puntos,
manteniéndose su estado de «reprobado».

Al respecto, la Sala anticipa que en el presente caso no se cumple con el requisito
general de subsidiariedad, lo cual hace improcedente el estudio de fondo en la acción
de tutela de la referencia, como se pasa a explicar.

En el presente caso, la parte accionante sostiene que la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla calificó de manera arbitraria las preguntas 37 y 39 del componente de
habilidades humanas, y la pregunta 71 del componente de interpretación judicial y
estructura de la sentencia, correspondientes a la subfase general del IX Curso de
Formación Judicial Inicial.

Al respecto, señala que dicho yerro afectó de manera indebida su puntaje final y, con
ello, su permanencia en el concurso de méritos de la Convocatoria 27. En
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consecuencia, solicita que se recalifique su puntaje y se le incluya en la Subfase
Especializada.

Por lo anterior, la Sala advierte que la presente acción de tutela no cumple con el
requisito de subsidiariedad, porque la accionante cuenta con otro medio de defensa
judicial, pues el debate propuesto recae sobre la legalidad de una decisión
administrativa de carácter definitivo que produjo efectos particulares en su contra.

En este caso, la exclusión de la Subfase Especializada del IX Curso de Formación
Judicial inicial fue confirmada mediante la Resolución núm. EJR24-965 de 5 de
noviembre de 2024, lo que permite acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa
por medio de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
Adicionalmente, no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que haga
procedente la tutela como mecanismo transitorio.

De este modo al estar en presencia de un acto administrativo que puede demandar
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme
lo establecido en el artículo 138 del CPACA, el cual resulta eficaz para resolver el
debate que propone y en todo caso en dicha oportunidad cuenta con la posibilidad de
solicitar medidas cautelares que considere pertinentes de conformidad al artículo 229
del CPACA y siguientes.

Este es el mecanismo idóneo para conseguir el amparo de los derechos invocados.
Máxime si se considera que lo que pretende es que se le permita continuar en la
convocatoria, lo que puede ser solicitado como medida cautelar mediante la figura de
la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo objeto de demanda.

Sobre el particular, se resalta que el capítulo XI del CPACA establece las medidas
cautelares en las acciones contenciosas administrativas como un mecanismo de
defensa provisional, idóneo y eficaz si lo que se pretende es evitar un perjuicio
irremediable.

En ese orden de ideas, la Sala encuentra que la acción de tutela resulta improcedente
para controvertir la resolución que resolvió el recurso de reposición interpuesto. Cabe
resaltar que la Sala ya se ha pronunciado en el mismo sentido en casos con similitud
fáctica al caso objeto de estudio5.

En suma, la Sala concluye que en el presente caso no se cumple con uno de los
requisitos de procedencia de la tutela, esto es, que se agoten en debida forma el medio
de defensa para que se le protegieran los derechos fundamentales que considera
fueron vulnerados. Luego, la Sala declarará improcedente la acción de tutela
interpuesta por la señora Julieth Nataly Bautista Bautista.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

5 Sentencia de 6 de febrero de 2025, expediente radicado: 11001-03-15-000-2024-06513-00, C.P. Wilson Ramos

Girón.
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Demandante: Julieth Nataly Bautista Bautista

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Julieth Nataly
Bautista Bautista, por las razones expuestas.
2. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
3. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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