Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06513-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06513-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06513-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
6 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06513-00
Demandante: Jaime Hernando Lindo Espitia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06513-00
Demandante: JAIME HERNANDO LINDO ESPITIA
Demandada: ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA
Tema: Acción de tutela contra actos administrativos que excluyeron al actor
del IX Curso de Formación Judicial Inicial
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Jaime Hernando Lindo Espitia contra
la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 27 de noviembre de 20241, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, el
demandante pidió la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al
debido proceso y de acceso a cargos públicos.
A juicio del accionante, la vulneración de dichas garantías superiores se presenta con
ocasión de las Resoluciones (i) EJR24-298 del 21 de junio de 20242, con la que la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla lo excluyó del IX Curso de Formación Judicial Inicial
adelantado en el marco del concurso de méritos convocado por el Consejo Superior de
la Judicatura a través del Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto del 2018
(convocatoria 27), por obtener en la evaluación de esa etapa 782.85 puntos; y (ii) EJR24-
1659 del 7 de noviembre de 2024, que decidió el recurso de reposición interpuesto contra
el acto administrativo inicial, en el sentido de modificarlo para indicar que reprobó con
una puntuación de 793.
2. Pretensiones
El tutelante formuló las siguientes pretensiones:
TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, la confianza legitima, la buena fe y el acceso
a cargos públicos, vulnerados por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” y, en consecuencia,
ORDENAR a la accionada que en un término improrrogable de 48 horas:
-EXPIDA un acto administrativo en el que: i) reconozca como acertadas las respuestas que di a las
preguntas referidas en los argumentos del recurso ii) DISPONGA mi inclusión definitiva o transitoria en
la subfase especializada del curso concurso de formación judicial (IX curso de formación judicial).
Subsidiariamente y en el evento de no considerase la anterior orden, pido que se DISPONGA mi
inclusión provisional en la subfase especializada del curso concurso de formación judicial (IX curso de
formación judicial), hasta que un juez ordinario resuelva la demanda que, en ese evento, presentaré
contra los resultados de la subfase general del mencionado curso de formación judicial.
1 Índice 1 de Samai.
2 Cuyos anexos fueron adicionados mediante la Resolución EJR24-345 del 15 de julio de 2024.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06513-00
Demandante: Jaime Hernando Lindo Espitia
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
Mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto del 2018, el Consejo Superior de
la Judicatura convocó a concurso de méritos con el fin de proveer empleos de
funcionarios de la Rama Judicial (convocatoria 27), al que se inscribió el demandante
para el cargo de juez penal municipal, quien, tras superar la prueba de conocimientos y
aptitudes, fue convocado por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla al IX Curso de
Formación Judicial Inicial, a través de Resolución EJR23-349 del 9 de octubre de 2023.
Con Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla publicó los resultados «de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial»,
en la que no se hizo mención al tutelante. Asimismo, con Resolución EJR24-333 del 9 de
julio de 2024, incluyó al tutelante en el listado de discentes a los cuales se le negó la
reprogramación de la evaluación de la referida subfase.
Posteriormente, la autoridad accionada, con Resolución EJR-24-345 del 15 de julio de
2024, adicionó el anexo de la Resolución EJR-24-298 del 21 de junio de ese año, en el
sentido de indicar que el demandante obtuvo en la precitada evaluación un puntaje de
780.85, por tanto, su estado era reprobado, decisión administrativa contra la cual el
tutelante interpuso recurso de reposición, en el que advirtió errores en las preguntas 34,
35, 39, 40, 41, 50, 77, 81, 83 y 143, los cuales justificó en respuestas obtenidas de la
aplicación virtual ChatGPT.
Por medio de Resolución EJR24-1659 del 7 de noviembre de 2024, la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla repuso parcialmente la Resolución EJR24-345 del 15 julio de ese año,
para indicar que el actor había alcanzado un puntaje de 793 en la evaluación «de la subfase
general del IX Curso de Formación Judicial Inicial» y su estado era reprobado. Allí se estableció
que al consolidar los puntajes de cada una de las respuestas se obtenía como resultado
792.94 puntos, pero se aproximaba a 793 en «aplicación de la regla para la aproximación
prevista en el Acuerdo Pedagógico».
4. Fundamentos de la tutela
El demandante adujo que en el concurso de méritos en el que se profirieron los actos
administrativos censurados se han presentado una serie de anomalías a lo largo de las
diferentes etapas, como la repetición de las pruebas de conocimientos y aptitudes, las
dificultades para adelantar el IX Curso de Formación Judicial Inicial de manera presencial
(lo que obligó a realizarlo de manera remota a través de la plataforma Klarway), la
modificación de la fecha en la que se realizaría la evaluación de la subfase general, entre
otras, lo que generó «una lluvia de críticas, denuncias [y] cuestionamientos que incluso fueron
tema de los principales medios de comunicación del país».
Que la omisión de incluirlo en el listado que se publicó como anexo a la Resolución
EJR24-298 del 21 de junio de 2024, porque presuntamente no había asistido a la
correspondiente prueba, y después calificarlo con un puntaje de 780.85, permitían
evidenciar serias irregularidades que afectaron la transparencia del procedimiento de
selección.
Adujo que en la Resolución EJR24-1659 del 7 de noviembre de 2024 no se resolvieron
todas las inconformidades que planteó en el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución EJR24-345 del 15 de julio de 2024, y tampoco se advirtió la corrección de las
calificaciones que se hizo3, lo que afecta sus derechos fundamentales invocados.
3 No identifica acto administrativo alguno.
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5. Trámite procesal
Por auto del 2 de diciembre de 2024, el Despacho sustanciador admitió la acción de la
referencia y, entre otras cosas, ordenó notificar a la autoridad accionada y vincular como
terceros con interés al representante legal de la Unión Temporal Formación Judicial 20194
y a los concursantes señalados en el anexo de la Resolución EJR24-298 del 24 de junio
de 2024.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General del Consejo de Estado
practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 6 de
diciembre de 2024. Además, con la contestación de la demanda, la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla allegó certificación de notificación del auto del 2 de diciembre de
2024 a los concursantes identificados en el anexo de la Resolución EJR24-298 del 24 de
junio de 2024.
6. Intervenciones
La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla pidió que se declarara improcedente la
solicitud de amparo por no cumplir el requisito general de subsidiariedad, pues contra los
actos administrativos que excluyeron al actor del IX Curso de Formación Judicial Inicial
procede la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro de la cual podía
solicitar las medidas cautelares que estimara pertinentes.
Que las Resoluciones censuradas por el accionante se emitieron en atención a las reglas
fijadas tanto en la convocatoria del concurso de méritos como en el Acuerdo PCSJA19-
11400 del 19 de septiembre de 2019, las cuales eran de obligatorio cumplimiento y cuya
observancia no involucraba per se desconocimiento de derechos fundamentales.
Además, se constataba que el actor pretendía que el juez de tutela realizara un nuevo
análisis sobre aspectos desestimados en sede administrativa, lo que desnaturaliza el
carácter excepcional de la acción de tutela.
Señaló que la jurisprudencia constitucional ha precisado que la tutela procedía para
controvertir actos administrativos emitidos en el marco de concursos de méritos, siempre
que (i) el empleo ofertado comporte un período fijo, (ii) involucraran trabas para nombrar
al primero de la lista de elegibles y (iii) resultara desproporcionado exigirle la discente
que acudiera a la jurisdicción contencioso-administrativa (como grave estado de salud),
sin embargo, esos presupuestos no acontecían en este caso concreto.
La Unión Temporal Formación Judicial 20195 adujo que carecía de legitimación en la
causa por pasiva, toda vez que no tenía competencia para determinar si al actor le asistía
el derecho de continuar en el IX Curso de Formación Judicial Inicial, que ello le
correspondía a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y no expidió los actos
administrativos censurados, de ahí que no fuera dable atribuirle vulneración de los
derechos fundamentales del tutelante.
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), como integrante de
la Unión Temporal Formación Judicial 2019, señaló que el accionante no acreditó la
existencia de un perjuicio irremediable en este trámite constitucional, lo que imponía
declararlo improcedente por cuanto el ordenamiento jurídico preveía otros instrumentos
para controvertir las decisiones relacionadas con concursos de méritos. Asimismo,
sostuvo que las actuaciones que había realizado en el concurso de méritos del cual el
actor fue excluido, atendieron las reglas fijadas en la convocatoria y las normas
pertinentes, lo que impedía atribuirle vulneración de garantías superiores.
4 Encargada de diseñar, estructurar y desarrollar el mencionado curso de formación judicial.
5 Integrada por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y la empresa Distribution SAS.
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El señor Gabriel Alfonso García Brunal, discente en el procedimiento de selección del
cual fue excluido el accionante, señaló que se debían acceder a las pretensiones de este,
porque, a su juicio, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla había trasgredido el sistema
normativo en dicho concurso, en afectación del precepto constitucional del mérito, tal
como lo demostraban las deficiencias en la formulación de las preguntas de la evaluación
«de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial», las cuales debían ser
advertidas en esta instancia judicial por cuanto «en una democracia no pueden existir jueces
miedosos».
Que en razón a que el procedimiento de selección seguía su curso, los excluidos no
contaban con un instrumento judicial ordinario adecuado para obtener la salvaguarda de
sus derechos fundamentales, motivo por el cual la tutela se tornaba en la única
herramienta adecuada para garantizar sus prerrogativas, afectadas por las falencias en
las que se había incurrido la evaluación «de la subfase general del IX Curso de Formación
Judicial Inicial», las cuales constituían un «estado de cosas inconstitucional en la carrera
judicial».
II. CONSIDERACIONES
1. Cuestión preliminar. Legitimación en la causa por pasiva
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional4 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.
En el presente asunto, el actor cuestiona las Resoluciones (i) EJR24-298 del 21 de junio
de 2024, con la que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla lo excluyó del IX Curso de
Formación Judicial Inicial adelantado en el marco de la convocatoria 27; y (ii) EJR24-
1659 del 7 de noviembre de 2024, que decidió el recurso de reposición interpuesto contra
el acto administrativo inicial.
En la contestación de la tutela la Unión Temporal Formación Judicial 2019 adujo que
carecía de legitimación en la causa por pasiva, dado que no emitió los actos
administrativos cuestionados y tampoco ordenó la exclusión del actor del concurso de
méritos, frente a lo cual la Sala advierte que aquella es la encargada de desarrollar «en
modalidad virtual y presencial el IX Curso de Formación Judicial Inicial para los aspirantes a
Magistrados/as y Jueces/zas de la República de todas las especialidades y jurisdicciones»6.
En ese orden de ideas, la Unión Temporal Formación Judicial 2019 tiene interés en este
trámite constitucional, pues el tutelante, entre otras cosas, controvierte la metodología
empleada en dicho curso, lo cual le concierne por haberlo diseñado e implementado,
situación que impide acceder a la solicitud de desvinculación.
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el
demandante con el fin controvertir las Resoluciones (i) EJR24-298 del 21 de junio de
2024, con la que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla excluyó al demandante del IX
Curso de Formación Judicial Inicial; y (ii) EJR24-1659 del 7 de noviembre de 2024, que
decidió el recurso de reposición interpuso contra el acto administrativo inicial.
6 https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/sites/default/files/241023/Documento%20Maestro%20IX%20CFJI.pdf.
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La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela de la referencia, toda vez
que no cumple el requisito de procedibilidad de subsidiariedad y no se acredita una
situación que involucre en perjuicio irremediable.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a: (i) generalidades de la acción de tutela,
(ii) la subsidiariedad de la acción de tutela en los concursos de méritos, y (iii) el análisis
del caso concreto.
3. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que sean
vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los
particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.
La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si
existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que
proponga el demandante.
4. La subsidiariedad en los concursos de méritos
En el caso de las acciones de tutela interpuestas en el trámite de los concursos de
méritos, convocados para acceder a cargos públicos, esta Corporación ha sostenido 7
que, por regla general, las decisiones dictadas en los concursos de méritos son actos
administrativos de trámite, expedidos justamente para impulsar y dar continuidad a la
convocatoria. Como se sabe, contra los actos de trámite no proceden los recursos ni las
acciones contencioso-administrativas y, por lo tanto, la tutela se ve como el remedio
judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales de los
concursantes. Por consiguiente, la Sección ha estudiado de fondo las tutelas en las que
se discuten decisiones de mero trámite.
Sin embargo, en los casos en los que han culminado las etapas del concurso y existe un
acto administrativo que establece la lista de elegibles para proveer los cargos ofertados,
esta Sección ha sostenido que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sí se
erige como el mecanismo judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos de
las personas que se someten a un concurso de méritos8, pues se trata de un acto
administrativo definitivo, que establece el número de plazas a ocupar y el orden de
elegibilidad, según el puntaje. A la misma conclusión ha llegado la Sala frente a los actos
que excluyen a los participantes del concurso de méritos, por cuanto también se trata de
un acto administrativo definitivo9. En esos casos, se ha determinado que la tutela es
improcedente, habida cuenta de que existe otro medio para la protección de los derechos
fundamentales violados o en situación de amenaza: la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.
7 En efecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia de AC-00698[1], sostuvo
que «las decisiones dictadas durante un concurso docente son actos de trámite, expedidos dentro de la actuación
propia del mismo y las determinaciones que en ellos se adoptan se hacen justamente para impulsar y dar continuidad
al proceso de las convocatorias, en cumplimiento de los deberes legales de las entidades involucradas. Contra los
actos de trámite no proceden los recursos de la vía gubernativa ni las acciones contencioso-administrativas, por lo
tanto, en el caso objeto de estudio, la actora no cuenta con otros medios de defensa para lograr la continuidad en el
concurso docente y las acciones de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, no son eficaces para lograr la
protección a los derechos fundamentales invocados».
8 Al respecto ver, entre otras, las sentencias del 10 de junio de 2010. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Expedientes No. 2010-00475-01, 2010-00496-01 y 2010-00583-01.
9 Sentencias del 1° de julio de 2021, expedientes 11001-03-15-000-2021-03087-00 y 11001-03-15-000-2021-02796-
00, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Demandante: Jaime Hernando Lindo Espitia
En conclusión, la acción de tutela es procedente contra las decisiones que se dicten en
un concurso de méritos, siempre que se trate de actos de trámite. Empero, si se discute
una decisión definitiva (como el acto que contiene el registro de elegibles o el que excluye
a un participante de un concurso, por ejemplo) la acción de tutela es improcedente,
porque existen otros medios de defensa judicial, como los medios de control ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, en los que se puede hacer uso de las
medidas cautelares.
No sobra advertir que, en materia de concursos de méritos, la competencia del juez de
tutela es extremadamente restringida. Por eso, debe ser cuidadoso en examinar la
vulneración de los derechos fundamentales de los concursantes. Solo en los casos en
que aparezca probada de manera suficiente, la vulneración o amenaza puede adoptar
medidas razonables y pertinentes para conjurarla. El cuidado que debe tener el juez de
tutela lo obliga a prevenir que la protección que concede no haga traumático el concurso
de méritos, al punto de volverlo interminable. Esto es, las decisiones que adopte no
pueden llegar a afectar las condiciones normales en que se desarrolla el concurso ni
afectar los derechos fundamentales de los demás concursantes.
5. Análisis del caso concreto
En el sub lite la Sala advierte que el señor Jaime Hernando Lindo Espitia cuestiona los
actos administrativos que lo excluyeron del IX Concurso de Formación Judicial Inicial
adelantado en el marco de la convocatoria 27, en razón a que, a su juicio, se han
presentado una serie de irregularidades que afectan sus derechos fundamentales, como
la omisión de incluirlo en los resultados iniciales de la evaluación de la subfase general
y anomalías en la formulación de las preguntas de la evaluación de esa etapa.
Al respecto, conviene precisar que las Resoluciones EJR24-298 del 21 de junio de 2024
y EJR24-1659 del 7 de noviembre de ese año tienen naturaleza de definitivas, pues
definieron la situación particular del demandante al impedirle continuar en el IX Curso de
Formación Judicial Inicial y excluirlo del procedimiento de selección.
Ahora, sería del caso analizar los argumentos propuestos, sin embargo, la Sala advierte
que el demandante cuenta con otro medio de defensa judicial: la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho prevista en el artículo 13810 de la Ley 1437 de 2011. Ese
medio de control procede con el fin de que se declare la nulidad de actos administrativos
y de que se restablezca el derecho subjetivo de la persona lesionada.
La acción de tutela tampoco procede como mecanismo transitorio, puesto que el
accionante no demostró la existencia de un perjuicio irremediable. Si bien el señor Lindo
Espitia sostuvo que el daño es inminente, por cuanto el mencionado curso de formación
judicial sigue adelante, lo cierto es que el proceso contencioso-administrativo prevé
medidas cautelares que permiten al juez adoptar las decisiones pertinentes para que,
por ejemplo, no se vulneren derechos fundamentales. Sobre el particular, la Sala Plena
de esta Corporación, en sentencia del cinco de marzo de 201411, determinó:
En estos términos, se concluye que: i) lo que ahora se discute a través de la acción de tutela se podrá
discutir promoviendo el proceso de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta
10 «Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo
amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o
presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las
mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho
directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el
mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su
publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará
a partir de la notificación de aquel”.
11 Consejo de Estado, Sala Plena. Providencia del 5 de marzo de 2014. Expediente No. 25000-23-42-000-2013-06871-01.
Demandante: Gustavo Francisco Petro Urrego.
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Demandante: Jaime Hernando Lindo Espitia
que: ii) que la suspensión provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia protectora
que la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el proceso, b) procede para
evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción que se exige para suspender el acto
administrativo ya no tiene el rigor y la exigencia del pasado: que sea ostensible; de hecho se puede
hacer un estudio complejo para concluirlo.
Así las cosas, en el proceso ordinario el actor podrá pedir la suspensión provisional de
los efectos jurídicos de los actos administrativos que censura, medida cautelar que
resulta un medio de defensa ágil y efectivo, en cuanto permite proteger y garantizar, de
manera provisional, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. Incluso, el
demandante está en la posibilidad de solicitar medidas cautelares de urgencia, que
pueden decretarse sin correr traslado al demandado, en el evento de que se evidencie
urgencia en el caso objeto de discusión, como lo dispone el artículo 23412 del CPACA.
Así las cosas, se concluye (i) que lo que ahora se discute a través de la acción de tutela se
podrá controvertir en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y (ii) que la
suspensión provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia protectora que
la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el proceso, b) procede
para evitar un perjuicio irremediable y c) en razón a que la contradicción que se exige para
suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la exigencia del pasado: que sea
ostensible; de hecho se puede hacer un estudio complejo para concluirlo.
Por lo demás, la Sala no advierte que la decisión de la autoridad demandada consistente
en excluir al demandante del IX Curso de Formación Judicial Inicial, realizado en el marco
de la convocatoria 27, constituya una actuación que ocasione un riesgo cierto y real que
amenace o afecte un derecho fundamental y que amerite la intervención urgente e
inmediata del juez de tutela, máxime cuando los participantes en un concurso de méritos
no les asiste un derecho adquirido13.
En este punto, conviene precisar que el perjuicio irremediable que hace procedente la
acción de tutela como mecanismo transitorio de protección no debe verse solamente
desde la perspectiva de las consecuencias nocivas, adversas, perjudiciales, que puede
producir las decisiones de la administración. Esas decisiones pueden estar revestidas de
legalidad y, por ende, las consecuencias perjudiciales de quienes las sufren no son
ilegítimas o ilícitas. No porque una decisión de la administración resulte desfavorable a
los intereses de los administrados, debe asumirse que existe un perjuicio irremediable
que deba evitarse mediante la acción de tutela. De lo contrario, todos los actos
administrativos que establecen situaciones desfavorables a los destinatarios tendrían
que ser suspendidos por vía de tutela.
Las anteriores razones son suficientes para concluir que la acción de tutela resulta
improcedente por incumplir el requisito general de subsidiariedad.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Denegar la solicitud de desvinculación de la Unión Temporal Formación Judicial 2019,
de acuerdo con la parte motiva.
12 Ley 1437 de 2011. Artículo 234. Medidas Cautelares de Urgencia. Desde la presentación de la solicitud y sin previa
notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los
requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo
anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. La medida así adoptada deberá comunicarse
y cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la caución señalada en el auto que la decrete.
13 Corte Constitucional, sentencia T-081 del 2021, M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar: «[…] no cabe alegar que existe
un derecho adquirido, en la medida en que para que ello confluya se requiere acreditar que (a) la persona participó en
un concurso de méritos; (b) que el nombre fue incluido en la lista de elegibles y (c) que existe una vacante definitiva
para ser designado, por lo que los demás participantes tan solo tendrán una expectativa […]».
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Demandante: Jaime Hernando Lindo Espitia
2. Declarar improcedente la acción de tutela promovida por Jaime Hernando Lindo
Espitia, por las razones expuestas en esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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