Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00528-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00528-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00528-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
29 de mayo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00528-01
Demandante: Mario Armando Echeverría Acuña
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Bogotá D.C, veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00528-01
Demandante: MARIO ARMANDO ECHEVERRÍA ACUÑA
Demandado: ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA Y OTRO
Tema: Tutela contra autoridad administrativa, concurso de méritos. Falta
de cumplimiento de requisito general de subsidiariedad
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
providencia de 14 de marzo de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, que resolvió:
«PRIMERO: NEGASE la solicitud de desvinculación de la Unión Temporal Formación
Judicial 2019.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con las
razones ut supra. […].»
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 3 de febrero de 2025, la parte demandante interpuso acción de tutela contra la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Unión Temporal IX Curso de Formación
Judicial por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a cargos públicos y los principios de confianza legítima y de buena fe. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«[…] ORDENAR a la accionada que en un término improrrogable de 48 horas:
—EXPIDA un acto administrativo en el que: DISPONGA mi inclusión definitiva en la
subfase especializada del curso concurso de formación judicial (IX curso de formación
judicial) en lo que es admitida y resuelta en primera instancia la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada en contra de la Resolución N. EJR24-1478 que
resolvió recurso de reposición contra la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024
corregida por la Resolución EJR24-317 del 28 de junio de 2024.
Subsidiariamente y en el evento de no considerase la anterior orden, pido que se
DISPONGA mi inclusión provisional en la subfase especializada del curso concurso de
formación judicial (IX curso de formación judicial), hasta que un juez ordinario resuelva la
medida cautelar presentada en la demanda que, en ese evento, presente contra los
resultados de la subfase general del mencionado curso de formación judicial.[…]».
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
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Demandante: Mario Armando Echeverría Acuña
El 16 de agosto de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo
PCSJA18-11077, mediante el cual convocó a un concurso de méritos para la provisión
de cargos en la Rama Judicial (Convocatoria 27). En dicho proceso, el señor
Echeverría Acuña se inscribió para el cargo de Juez Administrativo.
Tras aprobar la prueba de conocimientos y aptitudes, fue seleccionado para participar
en el IX Curso de Formación Judicial Inicial, convocado por la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla mediante la Resolución EJR23-349 del 9 de octubre de 2023.
El 19 de mayo y 2 de junio de 2024, el tutelante participó en las jornadas de evaluación
de la Subfase General y mediante la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024 la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla publicó los resultados «de la subfase general del IX
Curso de Formación Judicial Inicial», en la que el actor obtuvo un puntaje de 741,270, por
lo cual su estado fue de «reprobado».
El demandante interpuso recurso de reposición contra esa decisión, en el que cuestionó
el incumplimiento de lo previsto en el acuerdo pedagógico, la modificación sin
justificación de esa subfase de clasificatoria a eliminatoria, el modelo pedagógico del
curso, inconsistencias técnicas que generaron un menor tiempo para presentar la
evaluación bajo la modalidad virtual, el diseño del instrumento de evaluación, la
aplicación de preguntas memorísticas, los criterios psicométricos, lingüísticos, técnicos
y jurídicos, el desconocimiento de la bibliografía de los syllabus y fallas en la plataforma
dispuesta por la Unión Temporal para realizar el examen.
Además, advirtió errores en las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 9, 24, 27, 36, 39, 40, 41, 44, 45,
47, 56, 57, 61, 62, 64, 65, 71, 78 y 79 de la jornada de la mañana de 19 de mayo de
2024; 13, 14, 22, 25, 27, 45, 46, 47, 50, 57, 62, 63, 78, 83 y 84 de la jornada de la tarde
de 19 de mayo de 2024; 8, 9, 11, 52, 55, 57, 59, 76 y 77 de la jornada de la mañana de
2 de junio de 2024, y; 3, 4, 5, 6, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 31, 37, 41, 42, 75, 76, 79, 80,
81 y 84 de la jornada de la tarde del 2 de junio de 2024.
El 6 de noviembre de 2024, mediante la Resolución EJR24-1478, la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla repuso parcialmente la decisión inicial en el sentido de indicar que
el señor Echeverría Acuña obtuvo un puntaje de 751 en la evaluación «de la subfase
general del IX Curso de Formación Judicial Inicial» y su estado era reprobado.
3. Argumentos de la acción de tutela
El tutelante sostuvo que la entidad accionada incumplió con los criterios de evaluación
establecidos en el Acuerdo Pedagógico del IX Curso de Formación Judicial, al aplicar
criterios distintos a los previamente definidos, porque la evaluación de la subfase
general no valoró adecuadamente la apropiación del contenido académico ni el
desarrollo de competencias sobre la función judicial. De modo que desconoció lo
señalado en las sentencias SU-067 de 2022 y SU-068 de ese mismo año.
Consideró que varias preguntas fueron mal calificadas y los argumentos expuestos en
los recursos no fueron evaluados.
Advirtió que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla incluyó en la prueba temas que
no estaban previstos dentro de las lecturas obligatorias definidas en los syllabus, a
pesar de que la accionada afirmó que la evaluación se basaría exclusivamente en las
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lecturas obligatorias, varias preguntas se formularon sobre contenidos no anunciados
previamente.
Manifestó que la entidad accionada cambió el esquema de evaluación en contravía
de la normativa aplicable, porque, en lugar de realizar evaluaciones parciales como
estaba previsto, implementó un único examen acumulativo, lo que alteró las reglas del
concurso sin justificación válida. Además, que las evaluaciones realizadas en el «taller
virtual» no cumplieron con los objetivos definidos en el Acuerdo Pedagógico, pues
debía ser una capacitación intensiva y práctica del programa, pero en realidad
consistió únicamente en preguntas memorísticas.
Resaltó que la subfase especializada del IX Curso de Formación Judicial iniciaría el
16 de noviembre de 2024, por lo que la tutela es el único mecanismo idóneo para
evitar un perjuicio irremediable.
Por otro lado, solicitó como medida provisional que se dispusiera su inclusión en la
subfase especializada, hasta que se resolviera la presente acción constitucional.
Al respecto, señaló que debía concederse la medida provisional solicitada, que le
permita continuar en el proceso, pues de no hacerlo perdería la oportunidad de
avanzar en el concurso de méritos y, por ello, se vulneraría su derecho fundamental
de acceso a cargos públicos.
Indicó que su inclusión provisional en la subfase especializada no genera un impacto
fiscal ni administrativo significativo, porque el contrato de la entidad con la firma
encargada de la formación contempla la posibilidad de incluir más discentes sin afectar
su presupuesto.
4. Trámite previo
El 5 de febrero de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
negó la medida provisional, admitió la acción de tutela y ordenó notificar, al actor y a
las entidades demandadas. Además, vinculó como tercero al Consejo Superior de la
Judicatura.
5. Oposición
La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla solicitó que se declare improcedente la
solicitud de amparo por no cumplir el requisito general de subsidiariedad. Sobre el
particular, consideró que los actos administrativos que excluyeron al tutelante de la
Subfase Especial del IX Curso de Formación Judicial Inicial procede demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, en la cual puede solicitar las medidas
cautelares que estimara pertinentes.
Lo anterior, de conformidad con las sentencias T-425 de 2019, T-260 de 2018 y T-059
de 2019, que establecen que las controversias sobre concursos de méritos deben
resolverse en la jurisdicción contenciosa y no mediante la acción de tutela.
Afirmó que no se demostró la configuración de un perjuicio irremediable, toda vez que
el actor presentó recurso de reposición, que fue resuelto mediante la Resolución
EJR24-1478 del 6 de noviembre de 2024, por lo que ya se le garantizó el derecho
fundamental de defensa.
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Señaló que resolvió el recurso de reposición con criterio profesional y siguiendo
parámetros objetivos. Asimismo, que todas las preguntas fueron elaboradas siguiendo
criterios psicométricos y pedagógicos estrictos, alineados con la taxonomía de bloom,
y que no se incluyeron preguntas meramente memorísticas, máxime si se tenía en
cuenta que el diseño del examen pasó por varias etapas de validación.
Además, que el actor tenía conocimiento previo de los criterios de evaluación y que la
metodología utilizada fue la establecida en los documentos oficiales del IX Curso de
Formación Judicial. De igual forma, todas las preguntas fueron formuladas conforme
al syllabus del curso y que no se alteraron los criterios de evaluación.
La Unión Temporal Formación Judicial 2019 solicitó que se le separe del presente
asuntos por falta de legitimación por pasiva dado que no tiene competencia ni
responsabilidad en la presunta vulneración de derechos fundamentales del actor, que,
la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla es la única entidad con facultad para resolver
recursos y peticiones del IX Curso de Formación Judicial.
Por otra parte, adujo que el presente asunto es improcedente por cuanto la acción de
tutela no es el mecanismo adecuado para controvertir actos administrativos, lo cual
corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa y no se demostró el perjuicio
irremediable.
6. Intervención de los terceros con interés
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) pidió que se
negaran las pretensiones de la acción de tutela porque no se demostró ninguna
vulneración a los derechos fundamentales invocados que fueran atribuible a su
actuación.
Explicó que actuó conforme con las normas constitucionales y legales que regulan el
IX Curso de Formación Judicial Inicial, esto es, los acuerdos pedagógicos PCSJA18-
11077 de 2018, PCSJA19-11400 de 2019 y PCSJA19-11405 de 2019, han sido
debidamente fundamentados, difundidos entre los participantes y sujetos a
impugnación dentro del derecho a la defensa.
Asimismo, que se han corregido las falencias detectadas en las distintas fases del
curso concurso, por lo que debía descartarse cualquier vulneración al debido proceso.
El Consejo Superior de la Judicatura guardó silencio.
7. Sentencia de primera instancia
El 14 de marzo de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C profirió
sentencia de primera instancia en la que resolvió declarar improcedente la acción de
tutela, porque los cuestionamientos del actor se dirigían contra un acto administrativo
particular. De ahí que, debía acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Aunado a lo anterior, expresó que no se demostró la configuración de un perjuicio
irremediable, porque el actor tiene mecanismos ordinarios para controvertir su
exclusión del concurso, de modo que, se descartaba la urgencia alegada, pues su
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situación no representa una afectación inminente y grave a sus derechos
fundamentales.
Finalmente, negó la solicitud de desvinculación de la Unión Temporal Formación
Judicial 2019.
8. Impugnación
El actor impugnó la decisión de primera instancia y solicitó la protección transitoria de
sus derechos fundamentales mediante su inclusión provisional en la subfase
especializada del IX Curso de Formación Judicial, bajo el argumento que su exclusión
le causa un perjuicio irremediable, por cuanto la citada subfase inició 16 de noviembre
de 2024 y finaliza en julio de 2025 y si no se le permite participar, perderá la
oportunidad de acceder a cargos públicos, lo que haría ineficaz cualquier decisión
judicial posterior.
Afirmó que superó los puntajes mínimos en las pruebas iniciales, pero fue calificado
como «reprobado» con 751 puntos en una evaluación posterior, lo cual considera
irregular, dado que se evaluaron temas no incluidos en las lecturas obligatorias, no se
valoraron adecuadamente las competencias requeridas y se usó inteligencia artificial
para resolver su recurso de reposición, lo que considera, vulneró el debido proceso al
no analizar de fondo sus argumentos.
Alegó que la Escuela Judicial cambió las reglas del concurso sin justificación, afectó
expectativas válidas de los participantes e incumplió normas y acuerdos pedagógicos
que rigen el concurso, lo que vulnera la buena fe y la legalidad.
Consideró que, aunque la tutela es un mecanismo excepcional, es procedente cuando
hay violación de derechos fundamentales como el trabajo, la igualdad y el debido
proceso y se justifica su uso como mecanismo transitorio ante la ineficacia de los
medios judiciales ordinarios por su duración.
Finalmente, manifestó que, si no se permite su inclusión provisional en la subfase
especializada, se causaría un daño irreversible, ya que esta etapa finaliza antes de
que se resuelva el proceso ordinario.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
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Procedencia de la acción de tutela para cuestionar las decisiones que se
profieren en desarrollo de un concurso de méritos
Según el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no
procede cuando existen otros medios de defensa judicial, salvo que se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Y ese mecanismo
de defensa judicial, según reiterada jurisprudencia constitucional, debe ser eficaz,
pues de no serlo, la tutela procede como medio judicial de protección de los derechos
fundamentales.
Ahora, las decisiones que se dictan en el desarrollo de un concurso de méritos para
la provisión de empleos generalmente corresponden a actos de trámite, contra los
cuales no proceden los recursos de la vía gubernativa ni las acciones contencioso
administrativas. Sin embargo, ha sido un criterio reiterado de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 1 y de esta Sección 2, que en
aquellos eventos en que, en el desarrollo de un concurso, se presente la flagrante
violación de un derecho fundamental, la acción de tutela resulta procedente, ante la
carencia de medios de defensa judiciales para lograr la continuidad en el concurso del
aspirante afectado con la decisión.
En los concursos de méritos también se expiden actos administrativos definitivos,
como ocurre en los casos en los que han culminado las etapas del concurso y existe
un acto que establece la lista de elegibles para proveer los cargos ofertados. En ese
caso, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sí se erige como el
mecanismo judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos de las personas
que se someten a un concurso de méritos 3, pues se trata de un acto administrativo
definitivo que fija el número de plazas a ocupar y el orden de elegibilidad, según el
puntaje.
Por lo tanto, en ese evento, la tutela es improcedente, habida cuenta de que existe
otro medio para la protección de los derechos fundamentales violados o en situación
de amenaza, a menos que se configure un perjuicio irremediable.
Es del caso mencionar que los concursos públicos abiertos son el mecanismo idóneo
para que el Estado dentro de los criterios de imparcialidad y objetividad, pueda valorar
las calidades y aptitudes de los aspirantes a los distintos cargos con el fin de escoger
a la persona que resulte idónea para desempeñarlos y dentro de ese marco, definir
las reglas que deben ser aplicadas de acuerdo con la naturaleza del empleo y los
objetivos que se persigan por la entidad que cuenta con las vacantes a proveer.
Problema jurídico y solución
De conformidad con lo expuesto en la impugnación, le corresponde a la Sala
determinar si la presente solicitud de amparo cumple el requisito de subsidiariedad o
si, por el contrario, procede el estudio de fondo de la presunta vulneración de los
derechos fundamentales invocados por el tutelante por parte de la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla y la Unión Temporal Formación Judicial 2019.
1
Sentencia AC-00698 (2007) del 28 de agosto de 2007, M. P. Martha Sofía Sanz Tobón.
2
Sentencia AC-00068 del 28 de mayo de 2008, reiterada a su vez en las sentencias AC-00009 del 3 de abril de 2008, AC-00044
y AC-00046 del 10 de abril de 2008 y AC-00043 del 8 de mayo de 2008, todas con Ponencia de Ligia López Díaz.
3
Al respecto, ver, entre otras, las sentencias del 10 de junio de 2010. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Expedientes No.
2010-00475-01, 2010-00496-01 y 2010-00583-01.
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Demandante: Mario Armando Echeverría Acuña
La Sala anticipa que declarará improcedente el amparo solicitado porque no se
cumple con el requisito general de subsidiariedad, en el entendido que cuenta con una
decisión definitiva que lo excluyó del concurso de méritos y que puede ser cuestionada
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Para resolver este asunto, la Sala se referirá: (i) al requisito de subsidiariedad y,
análisis del caso concreto.
(i) Del requisito general de subsidiariedad
Como se anticipó, de manera previa a cualquier consideración respecto del fondo del
asunto, la Sala estima necesario verificar si la presente acción de tutela cumple el
requisito de subsidiariedad.
La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos
para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados.
De manera que la acción de tutela solo puede utilizarse cuando se han agotado los
mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la
protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte
Constitucional manifestó 4:
«La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o
amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene
previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la
protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por
cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del
interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la
concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción
dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni
menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede
afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la
Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin de llenar los vacíos que
pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus
derechos esenciales (…)».
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se
cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.
(ii) Caso concreto
4
Sentencia C-543 de 1992. Magistrado ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
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Demandante: Mario Armando Echeverría Acuña
Mediante el ejercicio de la presente acción el señor Mario Armando Echeverría Acuña
interpuso acción de tutela contra la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por estimar
vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a cargos
públicos y los principios de confianza legítima y de buena fe.
Para resolver el presente asunto, es necesario resaltar los siguientes hechos:
• El 16 de agosto de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo
PCSJA18-11077, mediante el cual convocó al Concurso de Méritos nro. 27 para
la provisión de cargos en la Rama Judicial. En el marco de dicho proceso, el
señor Mario Armando Echeverría Acuña se inscribió para el cargo de Juez
Administrativo. Tras superar la prueba de conocimientos y aptitudes, fue
seleccionado para participar en el IX Curso de Formación Judicial Inicial,
convocado por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla mediante la Resolución
EJR23-349 del 9 de octubre de 2023.
• Como parte del proceso de formación, el tutelante presentó las evaluaciones
correspondientes a la Subfase General los días 19 de mayo y 2 de junio de 2024.
• Posteriormente, mediante la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla publicó los resultados de dicha subfase,
en la que el actor obtuvo un puntaje de 741,270, razón por la cual fue clasificado
como «reprobado».
• En desacuerdo con la decisión, el señor Echeverría Acuña interpuso recurso de
reposición.
• El 6 de noviembre de 2024, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla resolvió el
recurso y modificó parcialmente la decisión inicial mediante la Resolución
EJR24-1478. En esta, se ajustó el puntaje final del actor a 751 puntos,
manteniéndose su estado de «reprobado».
Al respecto, la Sala anticipa que no se cumple con el requisito general de
subsidiariedad, lo cual hace improcedente el estudio de fondo del defecto invocado en
la acción de tutela, como se pasa a explicar.
En el presente caso, la parte accionante sostiene que la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla incumplió los criterios de evaluación establecidos en el acuerdo pedagógico
del IX Curso de Formación Judicial, incluyó preguntas sobre temas no previstos en las
lecturas obligatorias, calificó de manera arbitraria diversas respuestas y la indebida
resolución del recurso de reposición. En consecuencia, solicita que se recalifique su
puntaje y se le incluya en la Subfase Especializada.
Por lo anterior, la Sala advierte que la presente acción de tutela no cumple con el
requisito de subsidiariedad, porque el actor cuenta con otro medio de defensa judicial,
pues el debate propuesto recae sobre la legalidad de una decisión administrativa de
carácter definitivo que produjo efectos particulares en su contra. En este caso, la
exclusión de la Subfase Especializada del IX Curso de Formación Judicial inicial fue
confirmada mediante la Resolución EJR24-1478 del 6 de noviembre de 2024, lo que
permite acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa por medio de una demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho. Adicionalmente, no se demostró la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la tutela como
mecanismo transitorio.
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Demandante: Mario Armando Echeverría Acuña
De este modo al estar en presencia de un acto administrativo que puede demandar
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme
lo establecido en el artículo 138 del CPACA, el cual resulta eficaz para resolver el
debate que propone y en todo caso en dicha oportunidad cuenta con la posibilidad de
solicitar medidas cautelares que considere pertinentes de conformidad al artículo 229
del CPACA y siguientes.
Este es el mecanismo idóneo para conseguir el amparo de los derechos invocados.
Máxime si se considera que lo que pretende es que se le permita continuar en la
convocatoria, lo que puede ser solicitado como medida cautelar mediante la figura de
la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo objeto de demanda.
Ahora bien, el actor informó en la impugnación que presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, en la que solicitó que se declare la nulidad de dichas
actuaciones. Sobre el particular, se resalta que el capítulo XI del CPACA establece
las medidas cautelares en las acciones contenciosas administrativas como un
mecanismo de defensa provisional, idóneo y eficaz si lo que se pretende es evitar un
perjuicio irremediable.
Según el artículo 230 del CPACA, las medidas cautelares, podrán ser: i) preventivas,
cuando se ordene la adopción de una decisión administrativa con el fin de evitar un
perjuicio irremediable o la agravación de los efectos; ii) conservativas, cuando el juez
ordena mantener la situación o que se restablezca al estado en que se encontraba
antes de la conducta vulneradora o amenazadora; iii) anticipativas, cuando se ordene
la adopción de una decisión administrativa; iv) suspensivas, cuando se ordene
suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
El artículo 231 de la misma normatividad contempla los requisitos que deben
acreditarse para decretar las medidas cautelares, ya sea que se trate de suspensión
provisional o de otras medidas. Cuando se pretenda la suspensión provisional de los
efectos del acto administrativo demandado, esta procederá por violación de las
disposiciones invocadas en la demanda o en solicitud separada, que surja del análisis
y confrontación del acto con las normas superiores invocadas como vulneradas o del
estudio de las pruebas del expediente. Así mismo, cuando se pretenda el
restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios, deberá acreditarse la
existencia de aquellos.
De conformidad con el artículo 234 del CPACA, las medidas cautelares de urgencia
pueden ser adoptadas por el Juez o Magistrado desde la presentación de la solicitud
sin previa notificación a la otra parte, siempre y cuando se evidencie que por la
urgencia no es posible agotar el trámite previsto en el artículo 233 de la Ley 1437 de
2011.
En ese orden de ideas, la Sala encuentra que la acción de tutela resulta improcedente
para controvertir la resolución que resolvió el recurso de reposición interpuesto.
Además, como quedó expuesto el actor puede solicitar las medidas cautelares
pertinentes dentro del proceso de nulidad y restablecimiento que se encuentra en
curso. De modo que, le corresponderá al juez natural de conocimiento resolver la
legalidad de los actos cuestionados y la procedencia o no de la medida cautelar.
Así las cosas, la Sala no advierte la urgencia y la inminencia en la intervención del
juez de tutela, pues, en todo caso, la pretensión que el tutelante persigue mediante el
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00528-01
Demandante: Mario Armando Echeverría Acuña
ejercicio de la presente acción guarda identidad con el objeto del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho.
En tal sentido, el tutelante cuenta con otro medio en curso, en el cual puede solicitar
que se profieran medidas cautelares. En esa medida la presente solicitud de amparo
es improcedente.
Cabe resaltar que la Sala ya se ha pronunciado en el mismo sentido en casos con
similitud fáctica al caso objeto de estudio 5.
Por lo expuesto, la Sala confirmará la decisión de primera instancia proferida el 14 de
marzo de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró
improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Mario Armando Echeverría
Acuña.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la decisión de primera instancia del 14 de marzo de 2025, proferida por
el Consejo de Estado, Subsección Tercera, Subsección C de conformidad con lo
expuesto.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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Sentencia de 6 de febrero de 2025, expediente radicado: 11001-03-15-000-2024-06513-00, C.P. Wilson Ramos Girón.
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