Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06332-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06332-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06332-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
13 de marzo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06332-01
Demandante: Diana Carolina Agudelo Zárate
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06332-01
Demandante: DIANA CAROLINA AGUDELO ZÁRATE
Demandado: ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA
Temas: Contra concurso de méritos. Falta de cumplimiento de
requisitos generales.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
providencia de 23 de enero de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, que resolvió:
«PRIMERO: ACEPTAR la solicitud de coadyuvancia del señor Gabriel Alfonso García
Brunal.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela promovida por la señora
Diana Carolina Agudelo Zárate.»
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 19 de noviembre de 2024, la parte actora interpuso acción de tutela contra la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por estimar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a cargos públicos y los principios de
confianza legítima y de buena fe. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:
«(…) ORDENAR a la accionada que en un término improrrogable de 48 horas:
-EXPIDA un acto administrativo en el que: i) DISPONGA mi inclusión definitiva o transitoria
en la subfase especializada del curso concurso de formación judicial (IX curso de
formación judicial).
Subsidiariamente y en el evento de no considerase la anterior orden, pido que se
DISPONGA mi inclusión provisional en la subfase especializada del curso concurso de
formación judicial (IX curso de formación judicial), hasta que un juez ordinario resuelva la
demanda que, en ese evento, presentaré contra los resultados de la subfase general del
mencionado curso de formación judicial, según la resolución del recurso de reposición.».
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
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Demandante: Diana Carolina Agudelo Zárate
El 16 de agosto de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo
PCSJA18-11077, mediante el cual convocó a un concurso de méritos para la
provisión de cargos en la Rama Judicial (Convocatoria 27). En dicho proceso, la
señora Agudelo Zárate se inscribió para el cargo de Juez Civil. Tras aprobar la
prueba de conocimientos y aptitudes, fue seleccionada para participar en el IX
Curso de Formación Judicial Inicial, convocado por la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla mediante la Resolución EJR23-349 del 9 de octubre de 2023.
El 19 de mayo y 2 de junio de 2024, la señora Olmos Munroe participó en las jornadas
de evaluación de la Subfase General y el 21 de junio de 2024, la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla, mediante la Resolución EJR24-298 publicó los resultados «de
la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial», en la que la accionante
obtuvo un puntaje de 757,500, por lo cual su estado fue de «reprobado».
La señora Agudelo Zárate interpuso recurso de reposición contra esa decisión, en el
que cuestionó el incumplimiento de lo previsto en el acuerdo pedagógico, la
modificación sin justificación de esa subfase de clasificatoria a eliminatoria, el modelo
pedagógico del curso, inconsistencias técnicas que generaron un menor tiempo para
presentar la evaluación bajo la modalidad virtual, el diseño del instrumento de
evaluación, la aplicación de preguntas memorísticas, los criterios psicométricos,
lingüísticos, técnicos y jurídicos, el desconocimiento de la bibliografía de los syllabus
y fallas en la plataforma dispuesta por la Unión Temporal para realizar el examen.
Además, advirtió errores en las preguntas 1, 2, ,3, 4, 5, 11, 15, 16, 26, 27, 29, 34, 38,
39, 40, 41, 44, 47, 51, 57, 58, 61, 62, 65, 66 y 71 de la jornada de la mañana de 19
de mayo de 2024; 2, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 37, 40, 41, 45, 47, 50, 56, 57, 61, 63, 69,
72, 74, 76, 83 y 84 de la jornada de la tarde de 19 de mayo de 2024; 3, 12, 13, 19,
20, 26, 27, 28, 30 y 40, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 69, 79, 81, 82, 83, de la jornada de
la mañana de 2 de junio de 2024, y; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 27, 30, 31, 32, 35, 38,
40, 41, 44, 45, 62, 65, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81 y 83 de la jornada de la tarde del 2
de junio de 2024.
El 1 de noviembre de 2024, mediante la Resolución Nro. EJR24-798, la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla repuso parcialmente la decisión inicial en el sentido de
indicar que la señora Agudelo Zárate obtuvo un puntaje de 773 en la evaluación «de
la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial» y su estado era reprobado.
3. Argumentos de la acción de tutela
La señora Agudelo Zárate sostuvo que la entidad accionada incumplió con los
criterios de evaluación establecidos en el Acuerdo Pedagógico del IX Curso de
Formación Judicial, al aplicar criterios distintos a los previamente definidos, porque
la evaluación de la subfase general no valoró adecuadamente la apropiación del
contenido académico ni el desarrollo de competencias sobre la función judicial. De
modo que desconoció lo señalado en las sentencias SU-067 de 2022 y SU-068 de
ese mismo año.
Consideró que varias preguntas fueron mal calificadas y los argumentos expuestos
en los recursos no fueron evaluados.
Advirtió que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla incluyó en la prueba temas que
no estaban previstos dentro de las lecturas obligatorias definidas en los syllabus, a
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pesar de que la accionada afirmó que la evaluación se basaría exclusivamente en
las lecturas obligatorias, varias preguntas se formularon sobre contenidos no
anunciados previamente.
Manifestó que la entidad accionada cambió el esquema de evaluación en contravía
de la normativa aplicable, porque, en lugar de realizar evaluaciones parciales como
estaba previsto, implementó un único examen acumulativo, lo que alteró las reglas
del concurso sin justificación válida. Además, que las evaluaciones realizadas en el
«taller virtual» no cumplieron con los objetivos definidos en el Acuerdo Pedagógico,
pues debía ser una capacitación intensiva y práctica del programa, pero en realidad
consistió únicamente en preguntas memorísticas.
Resaltó que la subfase especializada del IX Curso de Formación Judicial iniciaría
el 16 de noviembre de 2024, por lo que la tutela es el único mecanismo idóneo para
evitar un perjuicio irremediable.
Por otro lado, solicitó como medida provisional que se dispusiera su inclusión en la
subfase especializada, hasta que se resolviera la presente acción constitucional.
Al respecto, señaló que debía concederse la medida provisional solicitada, que le
permita continuar en el proceso, pues de no hacerlo perdería la oportunidad de
avanzar en el concurso de méritos y, por ello, se vulneraría su derecho fundamental
de acceso a cargos públicos.
Indicó que su inclusión provisional en la subfase especializada no genera un
impacto fiscal ni administrativo significativo, porque el contrato de la entidad con la
firma encargada de la formación contempla la posibilidad de incluir más discentes
sin afectar su presupuesto.
4. Trámite previo
El 5 de diciembre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó la medida
provisional, admitió la acción de tutela y ordenó notificar, a la accionante y a la
entidad accionada. Además, vinculó como terceros al Consejo Superior de la
Judicatura y a la Unión Temporal Formación Judicial 2019 y a la Sociedad E-
Distribution S.A.S. De igual forma, se ordenó a la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla enviar a las direcciones de correo electrónico de los discentes inscritos en
la Convocatoria Nro. 27 copia de la tutela junto con sus anexos, así como de la
providencia que admite la acción de tutela.
5. Oposición
La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla solicitó que se declare improcedente la
solicitud de amparo por no cumplir el requisito general de subsidiariedad. Sobre el
particular, consideró que los actos administrativos que excluyeron a la accionante
de la Subfase Especial del IX Curso de Formación Judicial Inicial procede demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, en la cual puede solicitar las medidas
cautelares que estimara pertinentes. Lo anterior, de conformidad con las sentencias
T-425 de 2019, T-260 de 2018 y T-059 de 2019, que establecen que las
controversias sobre concursos de méritos deben resolverse en la jurisdicción
contenciosa y no mediante tutela.
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Afirmó que no se demostró la configuración de un perjuicio irremediable, toda vez
que la accionante presentó recurso de reposición, que fue resuelto mediante la
Resolución EJR24-798 del 1 de noviembre de 2024, por lo que ya se le garantizó
el derecho fundamental de defensa.
Señaló que resolvió el recurso de reposición con criterio profesional y siguiendo
parámetros objetivos. Asimismo, que todas las preguntas fueron elaboradas
siguiendo criterios psicométricos y pedagógicos estrictos, alineados con la
Taxonomía de Bloom, y que no se incluyeron preguntas meramente memorísticas,
máxime si se tenía en cuenta que el diseño del examen pasó por varias etapas de
validación. Además, que la accionante tenía conocimiento previo de los criterios de
evaluación y que la metodología utilizada fue la establecida en los documentos
oficiales del IX Curso de Formación Judicial. De igual forma, todas las preguntas
fueron formuladas conforme al syllabus del curso y que no se alteraron los criterios
de evaluación.
6. Intervención de los terceros con interés
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) pidió que se
negaran las pretensiones de la acción de tutela porque no se demostró ninguna
vulneración a los derechos fundamentales invocados que fueran atribuible a su
actuación.
Explicó que actuó conforme con las normas constitucionales y legales que regulan
el IX Curso de Formación Judicial Inicial, esto es, los acuerdos pedagógicos
PCSJA18-11077 de 2018, PCSJA19-11400 de 2019 y PCSJA19-11405 de 2019,
han sido debidamente fundamentados, difundidos entre los participantes y sujetos
a impugnación dentro del derecho a la defensa. Asimismo, que se han corregido
las falencias detectadas en las distintas fases del curso concurso, por lo que debía
descartarse cualquier vulneración al debido proceso.
El señor Gabriel Alfonso García Brunal presentó escrito mediante el cual
coadyuvó la acción de tutela promovida por la señora Diana Carolina Agudelo
Zárate. En síntesis, señaló que el IX Curso de Formación Judicial, ha estado lleno
de violaciones al debido proceso, por lo que dichas irregularidades configuran un
Estado de Cosas Inconstitucionales en la carrera judicial.
Expresó que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y el Consejo Superior de la
Judicatura desconocieron las normas el Acuerdo PCSJA19-11400 de 2019 y el
Documento Maestro del IX Curso de Formación Judicial.
Advirtió que la prueba del taller virtual fue desnaturalizada, pues se limitó a
preguntas de memoria sin evaluar la interpretación jurídica ni la capacidad
argumentativa de los aspirantes.
Sostuvo que el proceso de evaluación no respetó los parámetros establecidos y se
utilizó de manera discrecional para excluir a participantes sin justificación objetiva.
Indicó que la entidad demandada utilizó inteligencia artificial para resolver los
recursos de reposición sin garantizar criterios de transparencia y verificación;
además, que las respuestas generadas por la IA fueron insuficientes, erróneas y
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carentes de un análisis crítico de las objeciones planteadas. Mencionó que debía
tenerse en cuenta lo dispuesto en la sentencia T-323 de 2024, la cual establece
criterios para el uso adecuado de la IA en procesos administrativos y judiciales, los
cuales fueron desconocidos por la EJRLB.
Alegó que la entidad demandada no motivó las respuestas a los recursos de
reposición, respondiendo con formatos preestablecidos que no abordaban los
argumentos presentados. Es decir, que en lugar de efectuar una revisión detallada
de los disensos, la demandada no realizó una recalificación real de las evaluaciones,
afectando la posibilidad de una defensa efectiva de los aspirantes.
Dijo que se modificó la metodología del examen, pues, las evaluaciones parciales
cambiaron a una sola evaluación acumulada sin previo aviso.
Manifestó que el uso de la plataforma Klarway, presentó fallas técnicas y problemas
de accesibilidad, afectando el rendimiento de los aspirantes, máxime si se tenía en
cuenta que existió falta de protocolos adecuados para reportar y solucionar
problemas durante la prueba.
Indicó que varias preguntas del examen no correspondían con las lecturas
obligatorias del Syllabus, lo que generó incertidumbre y confusión en los evaluados.
Asimismo, que ciertas preguntas fueron calificadas con doble clave de respuesta
en lugar de ser anuladas, lo que afectó negativamente la calificación de varios
aspirantes.
Por lo anterior, solicitó que se reconociera la existencia de un estado de cosas
inconstitucionales y se ordenara la recalificación de las evaluaciones del curso para
garantizar que se respeten los criterios de transparencia, debido proceso y
confianza legítima.
Los demás terceros con interés guardaron silencio.
7. Sentencia de primera instancia
El 23 de enero de 2025, el Consejo de Estado, Sección Quinta profirió sentencia de
primera instancia en la que resolvió declarar improcedente la acción de tutela,
porque los cuestionamientos de la accionante se dirigían contra un acto
administrativo particular. De ahí que, debía acudir al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Aunado a lo anterior, expresó que no se demostró la configuración de un perjuicio
irremediable, porque la accionante tiene mecanismos ordinarios para controvertir
su exclusión del concurso, de modo que, se descartaba la urgencia alegada, pues
su situación no representa una afectación inminente y grave a sus derechos
fundamentales.
De igual forma, aceptó la solicitud de Gabriel Alfonso García Brunal de coadyuvar
la tutela, porque su situación es similar a la de la accionante y también cuestiona
su exclusión del concurso.
8. Impugnación
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La accionante impugnó la decisión de primera instancia con fundamento en que la
acción de tutela es procedente en el presente caso, a pesar de la existencia de
otros medios judiciales, porque estos no garantizan una protección oportuna de los
derechos fundamentales vulnerados. En particular, destacó que presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, a la que le correspondió el radicado No.
11001-03-24-000-2024-00431-00. Sin embargo, dicha demanda aún no ha sido
admitida, pues mediante auto del 11 de diciembre de 2024, fue remitida a los
juzgados administrativos de Bogotá.
Asimismo, señaló que la respuesta proferida por la Escuela Judicial en los actos
administrativos cuestionados no constituyó una revisión clara, congruente y de
fondo de los argumentos expuestos en el recurso interpuesto.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Procedencia de la acción de tutela para cuestionar las decisiones que se
profieren en desarrollo de un concurso de méritos
Según el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no
procede cuando existen otros medios de defensa judicial, salvo que se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Y ese mecanismo
de defensa judicial, según reiterada jurisprudencia constitucional, debe ser eficaz,
pues de no serlo, la tutela procede como medio judicial de protección de los
derechos fundamentales.
Ahora, las decisiones que se dictan en el desarrollo de un concurso de méritos para
la provisión de empleos generalmente corresponden a actos de trámite, contra los
cuales no proceden los recursos de la vía gubernativa ni las acciones contencioso
administrativas. Sin embargo, ha sido un criterio reiterado de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 1 y de esta Sección 2, que en
aquellos eventos en que, en el desarrollo de un concurso, se presente la flagrante
violación de un derecho fundamental, la acción de tutela resulta procedente, ante
la carencia de medios de defensa judiciales para lograr la continuidad en el
concurso del aspirante afectado con la decisión.
1 Sentencia AC-00698 (2007) del 28 de agosto de 2007, M. P. Martha Sofía Sanz Tobón.
2 Sentencia AC-00068 del 28 de mayo de 2008, reiterada a su vez en las sentencias AC-00009 del 3 de abril
de 2008, AC-00044 y AC-00046 del 10 de abril de 2008 y AC-00043 del 8 de mayo de 2008, todas con Ponencia
de Ligia López Díaz.
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En los concursos de méritos también se expiden actos administrativos definitivos,
como ocurre en los casos en los que han culminado las etapas del concurso y existe
un acto que establece la lista de elegibles para proveer los cargos ofertados. En
ese caso, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sí se erige como el
mecanismo judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos de las
personas que se someten a un concurso de méritos3, pues se trata de un acto
administrativo definitivo que fija el número de plazas a ocupar y el orden de
elegibilidad, según el puntaje.
Por lo tanto, en ese evento, la tutela es improcedente, habida cuenta de que existe
otro medio para la protección de los derechos fundamentales violados o en
situación de amenaza, a menos que se configure un perjuicio irremediable.
Es del caso mencionar que los concursos públicos abiertos son el mecanismo
idóneo para que el Estado dentro de los criterios de imparcialidad y objetividad,
pueda valorar las calidades y aptitudes de los aspirantes a los distintos cargos con
el fin de escoger a la persona que resulte idónea para desempeñarlos y dentro de
ese marco, definir las reglas que deben ser aplicadas de acuerdo con la naturaleza
del empleo y los objetivos que se persigan por la entidad que cuenta con las
vacantes a proveer.
Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto en la impugnación, le corresponde a la Sala
determinar si la presente solicitud de amparo cumple el requisito de subsidiariedad
o si, por el contrario, procede el estudio de fondo de la presunta vulneración de los
derechos fundamentales invocados por la actora por parte del Consejo Superior de
la Judicatura, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la Unión Temporal
Formación Judicial 2019 y la UPTC.
Del requisito general de subsidiariedad
Como se anticipó, de manera previa a cualquier consideración respecto del fondo
del asunto, la Sala estima necesario verificar si la presente acción de tutela cumple
el requisito de subsidiariedad.
La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de
los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la
Constitución y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente
eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos
invocados. De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han
agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto
3 Al respecto, ver, entre otras, las sentencias del 10 de junio de 2010. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Expedientes No. 2010-00475-01, 2010-00496-01 y 2010-00583-01.
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para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido,
la Corte Constitucional manifestó4:
«La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o
amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene
previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la
protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por
cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del
interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la
concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción
dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni
menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede
afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la
Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin de llenar los vacíos que
pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus
derechos esenciales (…)».
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por
lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de
lo contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos
se cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.
Del requisito general de subsidiariedad en el caso concreto
Mediante el ejercicio de la presente acción la señora Diana Carolina Agudelo Zárate
interpuso acción de tutela contra la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por
estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
cargos públicos y los principios de confianza legítima y de buena fe.
Para resolver el presente asunto, es necesario resaltar los siguientes hechos:
• El 16 de agosto de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo
PCSJA18-11077, mediante el cual convocó al Concurso de Méritos No. 27 para
la provisión de cargos en la Rama Judicial. En el marco de dicho proceso, la
señora Diana Carolina Agudelo Zárate se inscribió para el cargo de magistrado
de Juez Civil. Tras superar la prueba de conocimientos y aptitudes, fue
seleccionada para participar en el IX Curso de Formación Judicial Inicial,
convocado por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla mediante la Resolución
EJR23-349 del 9 de octubre de 2023.
• Como parte del proceso de formación, la señora Agudelo Zárate presentó las
evaluaciones correspondientes a la Subfase General los días 19 de mayo y 2 de
junio de 2024.
• Posteriormente, mediante la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla publicó los resultados de dicha subfase,
en la que la accionante obtuvo un puntaje de 757,50, razón por la cual fue
clasificada como «reprobada».
• En desacuerdo con la decisión, la señora Agudelo Zárate interpuso recurso de
reposición.
4 Sentencia C-543 de 1992. Magistrado ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
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Demandante: Diana Carolina Agudelo Zárate
• El 1 de noviembre de 2024, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla resolvió el
recurso y modificó parcialmente la decisión inicial mediante la Resolución
EJR24-798. En esta, se ajustó el puntaje final de la accionante a 773 puntos,
manteniéndose su estado de «reprobado».
Al respecto, la Sala anticipa que no se cumple con el requisito general de
subsidiariedad, lo cual hace improcedente el estudio de fondo del defecto invocado
en la acción de tutela, como se pasa a explicar.
En el presente caso, la parte accionante sostiene que la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla incumplió los criterios de evaluación establecidos en el Acuerdo
Pedagógico del IX Curso de Formación Judicial, incluyó preguntas sobre temas no
previstos en las lecturas obligatorias, calificó de manera arbitraria diversas
respuestas, y la indebida resolución del recurso de reposición. En consecuencia,
solicita que se recalifique su puntaje y se le incluya en la Subfase Especializada.
Por lo anterior, la Sala advierte que la presente acción de tutela no cumple con el
requisito de subsidiariedad, porque la accionante cuenta con otro medio de defensa
judicial, pues el debate propuesto recae sobre la legalidad de una decisión
administrativa de carácter definitivo que produjo efectos particulares en su contra.
En este caso, la exclusión de la Subfase Especializada del IX Curso de Formación
Judicial inicial fue confirmada mediante la Resolución EJR24-798 de 1 de
noviembre de 2024, lo que permite acudir a la jurisdicción contenciosa
administrativa por medio de una demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho. Adicionalmente, no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable
que haga procedente la tutela como mecanismo transitorio.
De este modo al estar en presencia de un acto administrativo que puede demandar
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
conforme lo establecido en el artículo 138 del CPACA, el cual resulta eficaz para
resolver el debate que propone y en todo caso en dicha oportunidad cuenta con la
posibilidad de solicitar medidas cautelares que considere pertinentes de
conformidad al artículo 229 del CPACA y siguientes. Este es el mecanismo idóneo
para conseguir el amparo de los derechos invocados. Máxime si se considera que
lo que pretende es que se le permita continuar en la convocatoria, lo que puede ser
solicitado como medida cautelar mediante la figura de la suspensión provisional de
los efectos del acto administrativo objeto de demanda.
Ahora bien, la accionante informó en la impugnación que presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, en la que solicitó que se declare la nulidad
de dichas actuaciones.
Sobre el particular, se resalta que el capítulo XI del CPACA establece las medidas
cautelares en las acciones contenciosas administrativas como un mecanismo de
defensa provisional, idóneo y eficaz si lo que se pretende es evitar un perjuicio
irremediable.
Según el artículo 230 del CPACA, las medidas cautelares, podrán ser: i)
preventivas, cuando se ordene la adopción de una decisión administrativa con el fin
de evitar un perjuicio irremediable o la agravación de los efectos; ii) conservativas,
cuando el juez ordena mantener la situación o que se restablezca al estado en que
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se encontraba antes de la conducta vulneradora o amenazadora; iii) anticipativas,
cuando se ordene la adopción de una decisión administrativa; iv) suspensivas,
cuando se ordene suspender provisionalmente los efectos de un acto
administrativo.
El artículo 231 de la misma normatividad contempla los requisitos que deben
acreditarse para decretar las medidas cautelares, ya sea que se trate de
suspensión provisional o de otras medidas. Cuando se pretenda la suspensión
provisional de los efectos del acto administrativo demandado, ésta procederá por
violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en solicitud separada,
que surja del análisis y confrontación del acto con las normas superiores invocadas
como vulneradas o del estudio de las pruebas del expediente. Así mismo, cuando
se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios,
deberá acreditarse la existencia de aquellos.
De conformidad con el artículo 234 del CPACA, las medidas cautelares de urgencia
pueden ser adoptadas por el Juez o Magistrado desde la presentación de la
solicitud sin previa notificación a la otra parte, siempre y cuando se evidencie que
por la urgencia no es posible agotar el trámite previsto en el artículo 233 de la Ley
1437 de 2011.
En ese orden de ideas, la Sala encuentra que la acción de tutela resulta
improcedente para controvertir la resolución que resolvió el recurso de reposición
interpuesto. Además, como quedó expuesto la accionante puede solicitar las
medidas cautelares pertinentes dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
que se encuentra en curso. De modo que, le corresponderá al juez natural de
conocimiento resolver la legalidad de los actos cuestionados y la procedencia o no
de la medida cautelar.
Así las cosas, la Sala no advierte la urgencia y la inminencia en la intervención del
juez de tutela, pues, en todo caso, la pretensión que la actora persigue mediante el
ejercicio de la presente acción guarda identidad con el objeto del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho.
En tal sentido, la actora cuenta con otro medio en curso, en el cual puede solicitar
que se profieran medidas cautelares. En esa medida la presente solicitud de
amparo es improcedente.
Cabe resaltar que la Sala ya se ha pronunciado en el mismo sentido en casos con
similitud fáctica al caso objeto de estudio5.
Por lo expuesto, la Sala confirmará la decisión de primera instancia proferida el 23
de enero de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró
improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Agudelo Zárate.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
5 Sentencia de 6 de febrero de 2025, expediente radicado: 11001-03-15-000-2024-06513-00, C.P. Wilson
Ramos Girón.
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FALLA
1. Confirmar la decisión de primera instancia de 23 de enero de 2025, proferida
por el Consejo de Estado, Subsección Quinta de conformidad a lo expuesto.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRIGUEZ MONTAÑO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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