Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07736-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07736-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-07736-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
1 de octubre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., primero (1o.) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07736-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: CARMEN ALICIA MONTILLA ROSERO
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ
QUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIÓN ADMINISTRATIVA EXPEDIDA DENTRO
DE UN CONCURSO DE MÉRITOS, EN EL QUE SE RECHAZÓ LA INSCRIPCIÓN DE
LA ACTORA POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL
ACUERDO PCSJA25-12348 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2025.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, TRABAJO, IGUALDAD Y
ACCESO AL DESEMPEÑO DE FUNCIONES Y CARGOS PÚBLICOS.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora
contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL1.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
La señora CARMEN ALICIA MONTILLA ROSERO, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
1
En adelante, UNIDAD.
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Actora: CARMEN ALICIA MONTILLA ROSERO
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la igualdad,
al acceso al desempeño de funciones y cargos públicos y al principio
de mérito, los cuales estima vulnerados por la UNIDAD, al haber
expedido la Resolución núm. CJR26-0497 de 3 de agosto de 20262
en el concurso de méritos adelantado dentro de la convocatoria núm.
28, para proveer cargos de funcionarios de carrera en la Rama
Judicial.
I.2. Hechos
Refirió que se inscribió como aspirante para proveer el cargo de juez
penal municipal para adolescentes, en la modalidad de ingreso
público y abierto, para la conformación de los registros de elegibles
dentro de la convocatoria núm. 28, adelantada con fundamento en
el Acuerdo PCSJA25-12348 de 13 de noviembre de 20253, expedido
por el Consejo Superior de la Judicatura.
Indicó que oportunamente se inscribió al concurso de méritos a
través del software de gestión integrado CARJUD APP4, en el que
efectuó el diligenciamiento de la información exigida. Además,
2
“Por medio de la cual se decide acerca de la admisión o rechazo de las y los aspirantes al concurso de
méritos, modalidad de ingreso público y abierto, destinado a la conformación de los Registros
Nacionales de Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado
mediante el Acuerdo PCSJA25-12348 de 13 de noviembre de 2025”
3
“Por medio del cual se adelanta el proceso de selección en las modalidades de ingreso y de ascenso y
se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial”.
4
Herramienta tecnológica desarrollada para el trámite, control y gestión a nivel central y seccional de
los procesos de administración de la carrera judicial, procesos de selección, convocatoria de méritos,
traslados, escalafón y calificación integral de servicios.
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declaró bajo la gravedad del juramento la veracidad de la información
aportada y el cumplimiento de las condiciones allí exigidas para
participar en el concurso, incluida la manifestación de ausencia de
inhabilidades e incompatibilidades.
Sostuvo que mediante la Resolución núm. CJR26-0497 de 3 de
agosto de 2026, la UNIDAD decidió acerca de la admisión y rechazo
de los aspirantes inscritos en el referido concurso de méritos,
modalidad de ingreso público y abierto.
Mencionó que, al consultar el resultado de su inscripción, advirtió que
fue rechazada por la causal núm. 5 del artículo 6 del numeral 3 del
Acuerdo PCSJA25-12348 de 2025 que dispone: “[…] No presentar la
declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades suscrita por el aspirante, escaneada y cargada en
formato PDF […]”.
Adujo que la razón de su exclusión obedeció a que no cargó un
documento en formato PDF, en el que declarara bajo juramento la
ausencia de inhabilidades e incompatibilidades.
I.3. Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, la entidad accionada vulneró sus garantías
constitucionales al excluirla del concurso de méritos mediante la
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aplicación de una causal de rechazo derivada de la falta de un
documento en PDF, ya que le impuso la consecuencia más gravosa
por una mera formalidad documental que no desvirtúa ni evalúa su
idoneidad, incurriendo así en un exceso ritual manifiesto, máxime
cuando la declaración juramentada ya constaba y se había
convalidado en la plataforma digital.
Asimismo, destacó que exigir dicho archivo en un formato
independiente carece de lógica jurídica y de sentido común, pues la
omisión de un trámite digital no crea ni elimina inhabilidades reales,
sacrificando de manera desproporcionada el mérito como eje central
de la función pública y la carrera judicial, y vulnerando su derecho
fundamental al debido proceso al castigar un simple descuido formal
con la exclusión definitiva del concurso.
I.4. Pretensiones
La actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] 1. Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso
administrativo, igualdad, trabajo, mérito y acceso al desempeño de
funciones y cargos públicos
2. Dejar sin efectos, respecto de la suscrita Carmen Alicia Montilla
Rosero, identificada con cédula de ciudadanía No. 59.705.631, la
decisión contenida en Resolución CJR26- 0497 de 3 de agosto de
2026, en cuanto me rechazó del concurso de méritos de la
Convocatoria 28, modalidad de ingreso público y abierto, cargo
Juez Penal Municipal para Adolescentes, por la causal 5 del numeral
3 del artículo 6 del Acuerdo PCSJA25-12348 de 2025.
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3. Ordenar a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial,
expida el acto administrativo que me incluya en el listado de
aspirantes admitidos y garantice mi participación efectiva en las
fases subsiguientes, disponiendo las fechas alternas que resulten
necesarias si el cronograma hubiere avanzado dentro del concurso
para proveer el cargo de Juez Penal Municipal para Adolescentes.
4. Ordenar a la entidad accionada efectuar una nueva verificación
de mi inscripción bajo criterios de prevalencia del derecho
sustancial sobre las formas.
5. Ordenar las demás medidas que el despacho considere
pertinentes para la protección efectiva de mis derechos
fundamentales.
6. Subsidiariamente, en caso de que el despacho considere que se
requiere una validación adicional, ordenar a la Unidad de
Administración de Carrera Judicial realizar una revisión integral de
la documentación aportada por la suscrita y adoptar una decisión
ajustada a los principios de buena fe, mérito y prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- La UNIDAD manifestó que la solicitud de amparo de la
referencia no satisface los requisitos generales ni específicos de
procedencia para controvertir la actuación administrativa surtida
dentro del proceso de selección objeto de cuestionamiento, por
cuanto la decisión contenida en la Resolución núm. CJR26-0497 de 3
de agosto de 2026, se encuentra debidamente motivada y en ella se
empleó la normativa aplicable al asunto, esto es, lo dispuesto en el
artículo 164 de la Ley 270 de 19965 modificado por el artículo 81 de
la Ley 2430 de 20246, además del material probatorio obrante en el
aplicativo CARJUD-APP, en el que se constató de manera objetiva la
5
“Estatutaria de la Administración de Justicia”.
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"Por la cual se modifica la ley 270 de 1996 - estatutaria de la administración de justicia y se dictan
otras disposiciones"
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omisión en la carga del documento exigido.
Igualmente, descartó la configuración de la vulneración a los
derechos fundamentales invocados, así como la existencia de un
exceso ritual manifiesto, esto, al considerar que es
constitucionalmente admisible, legítimo y de obligatorio
cumplimiento exigir a todos los participantes la presentación física y
oportuna de la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades
e incompatibilidades en formato PDF dentro del plazo perentorio de
inscripción, sin que la simple aceptación general de términos del
sistema o la acreditación de títulos académicos puedan entenderse
como mecanismos idóneos para sustituir o convalidar un requisito
legal de estricta observancia.
Asimismo, aseguró que la acción constitucional de la referencia busca
pretermitir el debate jurídico natural y reabrir etapas preclusivas ya
surtidas, pretendiendo de manera improcedente que la fase de
verificación posterior sirva para subsanar cargas documentales
omitidas en tiempo.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
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abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19917. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
En el presente caso, la actora instauró acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,
al trabajo, a la igualdad, al acceso al desempeño de funciones y
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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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cargos públicos y al principio de mérito, los cuales estima vulnerados
por la UNIDAD, al haber expedido la Resolución núm. CJR26-0497
de 3 de agosto de 2026, mediante la cual se rechazó su inscripción
como aspirante para proveer cargos de funcionarios de carrera en la
Rama Judicial en el marco del concurso de méritos adelantado dentro
de la convocatoria núm. 28.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela y ii) de superarse tal derrotero, establecer si la accionada
vulneró los derechos fundamentales invocados, al expedir el acto
administrativo mediante el cual rechazó su inscripción al concurso de
méritos.
De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del
requisito de subsidiariedad
En ese orden de ideas, la Sala entrará a examinar el cumplimiento
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, en
especial, el requisito general de la subsidiariedad.
Al respecto, cabe señalar que el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991
prevé como causal de improcedencia que «existan otros recursos
o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
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La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto
a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los
derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, el juez constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se
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dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer
del fondo del asunto.»8 (Subrayas y negrillas fuera del texto).
Con relación a la procedencia de la acción de tutela para cuestionar
actos administrativos en el marco de la convocatoria núm. 27 para
proveer cargos de funcionarios en la Rama Judicial, la Corte
Constitucional en la sentencia SU-067 de 24 de febrero de 20229,
precisó lo siguiente:
“[…] esta corporación ha manifestado que la acción de
tutela no es, en principio, el medio adecuado para
reclamar la protección de los derechos fundamentales
cuando estos resultan infringidos por la expedición de un
acto administrativo. Dicha postura ha dado lugar a una
línea jurisprudencial pacífica y reiterada[52]. Su
fundamento se encuentra en el hecho de que el legislador
ha dispuesto los medios de control de la Ley 1437 de 2011
como los instrumentos procesales para demandar el
control judicial de los actos administrativos[53].
94. Según este diseño normativo, el proceso judicial que se
surte ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo es el
escenario natural para la reivindicación de los derechos
fundamentales conculcados en este contexto. Allí, los
interesados pueden reclamar no solo el control de legalidad
correspondiente, sino, además, el restablecimiento de los
derechos fundamentales que hayan sido vulnerados. Las
medidas cautelares que ofrece la Ley 1437 de 2011, las
cuales permitirían prevenir la consumación de un daño
definitivo mientras se surte la causa judicial, corroboran
la idoneidad de los aludidos medios de control en este
campo.
95. Esta regla general ha sido igualmente acogida en el ámbito
de los concursos de méritos. Al respecto, esta corporación ha
manifestado que el juez de lo contencioso administrativo es la
autoridad llamada a juzgar las violaciones de los derechos
fundamentales que ocurran en este tipo de actuaciones
administrativas. Al respecto, ha manifestado que «por regla
general, […] es improcedente la acción de tutela que pretenda
8
Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
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controvertir los actos proferidos por las autoridades
administrativas que se expidan con ocasión de un concurso de
méritos, pues para ello se han previsto otros instrumentos
judiciales como lo dispone el artículo 104 de la Ley 1437 de
2011»[54]. La posibilidad de emplear las medidas
cautelares, «que pueden ser de naturaleza preventiva,
conservativa, anticipativa o de suspensión»[55],
demuestra que tales acciones «constituyen verdaderos
mecanismos de protección, ante los efectos adversos de
los actos administrativos»[56].
96. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha
instaurado tres excepciones a la regla general de
improcedencia de la acción de tutela, en el campo
específico de los concursos de mérito[57]. Los actos
administrativos que se dicten en el curso de estas
actuaciones administrativas podrán ser demandados por
esta vía cuando se presente alguno de los siguientes
supuestos: i) inexistencia de un mecanismo judicial que
permita demandar la protección del derecho fundamental
infringido, ii) configuración de un perjuicio irremediable
y iii) planteamiento de un problema constitucional que
desborde el marco de competencias del juez
administrativo. A continuación, se explican estas
hipótesis.
97. Inexistencia de un mecanismo judicial que permita
demandar la protección del derecho fundamental infringido. La
primera excepción se basa en el reconocimiento de la existencia
de ciertos actos que, de conformidad con las reglas del derecho
administrativo, no pueden ser sometidos a escrutinio judicial. En
estos casos, la solicitud de amparo resulta procedente por
cuanto «la persona afectada no tiene mecanismo distinto de la
acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos
porque no está legitimada para impugnar los actos
administrativos que los vulneran»[58]. Habida cuenta de esta
circunstancia, la acción de tutela actúa «como mecanismo
definitivo, cuando se controvierten actos de trámite o de
ejecución que vulneren derechos fundamentales, comoquiera
que tales decisiones no son susceptibles de discusión
jurisdiccional ante lo Contencioso Administrativo»[59].
98. Urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio
irremediable. La segunda excepción a la regla general de
improcedencia de la acción de tutela contra estos actos
administrativos se funda en la necesidad de evitar la
consolidación de un perjuicio irremediable[60]. Este supuesto de
hecho se presenta cuando «por las circunstancias excepcionales
del caso concreto, es posible afirmar que, de no producirse la
orden de amparo, podrían resultar irremediablemente afectados
los derechos fundamentales de la persona que interpone la
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acción»10.
99. Planteamiento de un problema constitucional que desborde
el marco de competencias del juez administrativo. Finalmente,
la tercera salvedad reconocida por la jurisprudencia
constitucional se basa en la especial índole que presentan ciertos
problemas jurídicos. De conformidad con el criterio expresado
en las sentencias T-160 de 2018 y T-438 de 2018, algunas
demandas plantean controversias que desbordan el ámbito de
acción del juez de lo contencioso administrativo. En tales casos,
«las pretensiones del accionante no se dirigen a determinar la
legalidad de los actos administrativos expedidos en desarrollo de
la convocatoria, pretensión para la cual puede acudir a los
medios de control de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, sino que pretende demostrar que la aplicación
de estas normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos
fundamentales»11.
100. Las acciones sometidas a revisión se encuadran en el
supuesto de ausencia de medios de control. Las acciones de
tutela interpuestas por los demandantes se enmarcan en el
primer supuesto de hecho. Esto es así dado que la Resolución
CJR20-0202 es un acto administrativo de trámite, motivo por el
cual no puede ser sometido al escrutinio de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. Así lo confirma la jurisprudencia del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, la cual reconoce
que los medios de control de la Ley 1437 de 2011 no pueden ser
empleados en el caso particular de los actos de trámite. En todo
caso, según se explica a continuación, el hecho de que no sea
posible demandar por esta vía tales actos administrativos en
modo alguno implica que la acción de tutela pueda utilizarse en
todos los casos para demandar tales determinaciones de la
Administración. Así pues, a continuación, se expone la aludida
postura de estos tribunales al respecto, y se analizan los
requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela
contra actos de trámite. […]
109. Supuestos específicos de procedencia de la acción de
tutela contra actos administrativos de trámite expedidos
en el marco de los concursos de méritos. Con fundamento
en las razones expuestas hasta este punto, la Sala Plena
de esta corporación ha propuesto los siguientes
requisitos, que permiten evaluar la procedibilidad
específica de la acción de tutela contra estos actos en
10
Sentencia T-049 de 2019.
11
En ambos casos, la Corte revisó dos acciones de tutela de personas que habían sido excluidas de
sendos concursos de méritos como consecuencia de razones que comprometían sus derechos
fundamentales: en un caso, la exclusión se basó en el hecho de que el concursante tenía un tatuaje en
su cuerpo; mientras que en el otro la determinación se basó en la estatura del aspirante. En opinión de
la Corte, tales controversias excedían el ámbito de competencia de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, pues planteaban un estricto problema de constitucionalidad, y no de legalidad. Por tal
motivo, estimó procedente la solicitud de amparo.
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particular: «i) que la actuación administrativa de la cual
hace parte el acto no haya concluido; ii) que el acto
acusado defina una situación especial y sustancial que se
proyecte en la decisión final; y iii) que ocasione la
vulneración o amenaza real de un derecho constitucional
fundamental»12. A continuación, se procede a analizar la
procedibilidad de las acciones interpuestas en los
procesos bajo revisión, a la luz de estas exigencias.
110. Las acciones de tutela interpuestas en los procesos T-
8.252.659, T-8.258.202, T-8.374.927 satisfacen los requisitos
específicos de procedibilidad para el caso de actos de trámite.
La Sala Plena juzga que las acciones de tutela presentadas por
Diego Mauricio Higuera Jiménez, Pedro Alirio Quintero Sandoval
y Jorge Hernán Pulido Cardona satisfacen los requisitos
establecidos por la jurisprudencia constitucional sobre este
asunto específico. En primer lugar, la actuación administrativa
que tuvo inicio con la expedición del Acuerdo PCSJA18-11077 se
encuentra en curso; en cumplimiento de lo decidido en la
Resolución CJR20-0202, aquella fue retrotraída a la citación para
la práctica de la prueba de conocimientos y aptitudes. Por
consiguiente, la actuación se encuentra en la primera fase de la
primera etapa, de acuerdo con el procedimiento establecido en
el acto de convocatoria.
111. En segundo término, la Resolución CJR20-0202 «define
una situación especial y sustancial que se proyecta en la decisión
final»13. Si bien el acto administrativo que da a conocer los
resultados de la prueba de conocimientos y aptitudes es un acto
de trámite, es evidente que contiene una decisión de indiscutible
relevancia para el desarrollo de la convocatoria. Antes de
ahondar en este asunto, la Sala Plena encuentra oportuno hacer
hincapié en la naturaleza jurídica de la Resolución CJR20-0202
como acto administrativo de trámite: la manifestación de
voluntad del Consejo Superior de la Judicatura que se encuentra
contenida en la resolución no trae como consecuencia la
finalización o la obstaculización del avance de la actuación
administrativa que se encuentra en curso. Por el contrario,
aquella pretende enmendar las irregularidades que se han
presentado en la estructuración y evaluación de la prueba de
conocimientos y aptitudes. De ahí que, en estricto rigor, dicho
acto administrativo sea de trámite, y no un acto administrativo
definitivo […]”.
Conforme con la sentencia de unificación en cita, la acción de tutela
12
Sentencia SU-077 de 2018.
13
Idem.
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es improcedente para reclamar la protección de derechos
fundamentales cuando la vulneración se endilga respecto de un acto
administrativo, excepto si no existe otro mecanismo judicial que
permita demandar la protección de la garantía fundamental
infringida; se vislumbre la configuración de un perjuicio irremediable
o se trate de un asunto cuyo problema constitucional desborde el
marco de competencias del juez administrativo.
Además, el Alto Tribunal precisó que de manera excepcional la acción
de tutela es procedente para solicitar la protección de derechos
fundamentales frente a actos administrativos de trámite expedidos
en el marco de los concursos de méritos, siempre que la actuación
de la cual hacen parte no haya concluido; que estos definan una
situación especial y sustancial que se proyecten en la decisión final y
que ocasionen la vulneración y/o amenaza real de las garantías
deprecadas.
En la providencia en cita, la Corte Constitucional concluyó que en esa
oportunidad era procedente el estudio del fondo del asunto, dado que
la presunta vulneración de los derechos deprecados se derivaba de
un acto que no era susceptible de control judicial por ser de trámite,
pero que, en todo caso, sí definía una situación especial y sustancial
que se proyectaría en la decisión final, esto era, la Resolución núm.
CJR20-0202 a través de la cual la UNIDAD corrigió varias de las
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actuaciones que había desarrollado hasta ese momento en el marco
de la convocatoria núm. 27 desde la citación a las pruebas de
aptitudes y conocimientos, para ajustar todo el curso a derecho y
continuarlo en debida forma.
Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente
acción de tutela es improcedente por la existencia de otro
medio de defensa judicial, comoquiera que las inconformidades
planteadas en este trámite constitucional recaen frente a la
Resolución núm. CJR26-0497 de 3 de agosto de 2026, mediante la
cual la UNIDAD decidió acerca de la admisión y rechazo de los
aspirantes inscritos al concurso de méritos adelantado con ocasión
de la convocatoria núm. 28, modalidad de ingreso público y abierto;
y cuya legalidad puede ser discutida a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, mecanismo de defensa
judicial idóneo para el asunto y en el cual pueden solicitar las
medidas cautelares dispuestas en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 14 (CPACA), las
cuales “permitirán prevenir la consumación de un daño definitivo
mientras se surte la causa judicial”, tal como lo previó la Corte
Constitucional en la precitada sentencia SU-067 de 2022.
Igualmente, en lo que concierne a la improcedencia de la acción de
tutela para discutir decisiones administrativas particulares emitidas
14
En adelante, CPACA
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Actora: CARMEN ALICIA MONTILLA ROSERO
en concursos de méritos, en especial, el acto administrativo que
excluye a un aspirante del proceso de selección, esta Sección en
sentencia de 14 de octubre de 202115, señaló:
“[…] VI.4.1. Improcedencia de la presente acción de tutela
por desconocer requisito de subsidiariedad
20. En el sub judice la actora afirmó que las entidades
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales invocados,
al expedir las resoluciones números CSJBOR21 568 de 20 de
mayo de 2021, CSJBOR21-801 de 6 de julio de 2021 y CJR21-
0265 de 17 de agosto de 2021, por medio de las cuales se
dispuso su exclusión del proceso de selección en el marco
del concurso de méritos convocado mediante Acuerdo
CSJBOA17-609 del 06 de octubre de 2017.
21. Cabe resaltar que, como se enunció previamente, la acción
de tutela resulta improcedente cuando se pretende controvertir
la legalidad de actos administrativos, en razón a que los
asociados cuentan con medios de defensa ordinarios como lo son
los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento
del derecho, los cuales son mecanismos idóneos para solicitar la
anulación y la suspensión de los actos de la administración que,
según afirma, lesionan el ordenamiento jurídico y, debido a esto,
afectan derechos fundamentales.
22. Conforme con lo anterior, para la Sala resulta forzoso
concluir que los actos administrativos acusados por esta vía
constitucional son susceptibles de control jurisdiccional y, en ese
sentido, la accionante dispone del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, a través del cual
puede discutir la legalidad de los actos administrativos en
cuestión.
23. Así las cosas, y resaltándose que, tal como lo ha sostenido
esta Sección, «con la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de
2011, ya no es aceptable el argumento según el cual los medios
de control ordinarios no son eficaces ni oportunos para la
protección de los derechos presuntamente conculcados en casos
como el estudiado».
24. Lo anterior en consideración a que «la mencionada
normativa además de darle celeridad a los procesos al consagrar
la oralidad en los mismos, contiene diferentes herramientas
jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
octubre de 2021, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés número único de radicación 2021-06518-
00(AC).
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Actora: CARMEN ALICIA MONTILLA ROSERO
medidas cautelares incluso de urgencia, como la
suspensión provisional de los efectos del acto
administrativo o del procedimiento hasta tanto se defina
la declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de
una decisión administrativa; impartir órdenes o imponerle
obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las partes, las
cuales demuestran la efectividad del procedimiento
ordinario cuando se advierte una situación apremiante
que necesite ser remediada incluso antes de que se
profiera una decisión definitiva». (negrillas fuera del texto)
25.Con fundamento en la anterior premisa, para la Sala es claro
que, contrario a lo sostenido por la actora, el medio de defensa
de que dispone para controvertir los actos administrativos
acusados por vía judicial resulta ser idóneo y eficaz para la
protección de los derechos fundamentales que estima
vulnerados con los actos administrativos emitidos por las aquí
accionadas.
26. Sumado a lo anterior, la Sala advierte que en el sub examine
no se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ya
que este debe suponer una hipotética afectación grave y
significativa de los derechos fundamentales de la parte actora, y
en ese sentido se justifica la intervención del juez de tutela en
forma transitoria para adoptar medidas urgentes e
impostergables que eviten la materialización del referido
perjuicio; circunstancias que en el presente asunto no se
presentan.
27. Por todo lo anterior, la Sala concluye que la parte
actora debe utilizar los medios ordinarios establecidos en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, para discutir la legalidad de
los actos administrativos que acusa por vía
constitucional. Por tanto, se declarará la improcedencia la
presente acción de tutela ante la inobservancia del requisito de
la subsidiariedad […]”.
Cabe precisar que en sentencias de 5 de agosto de 2021 16, 4 de
marzo de 202217 y 27 de febrero de 202518, esta Sección también se
pronunció sobre la improcedencia de la acción de tutela para
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de agosto
de 2021, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón número único de radicación 2021-03717-00(AC).
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de marzo
de 2022, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón número único de radicación 2022-00315-00 (AC).
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de
febrero de 2025, MP. Nubia Margoth Peña Garzón número único de radicación 2024-06700-00 (AC).
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cuestionar decisiones particulares emitidas en el desarrollo de los
concursos de méritos, bajo argumentos similares a los expuestos en
el precedente en cita.
Asimismo, la Sala precisa que si bien, entre otras, en sentencias de
2419 y 3120 de marzo de 2023 se pronunció de fondo frente a
solicitudes de amparo elevadas por participantes dentro del concurso
de méritos adelantado con ocasión de la convocatoria núm. 27, dicha
situación obedeció a que los asuntos devenían de la presunta falta
de resolución de los recursos de reposición interpuestos contra los
puntajes de las pruebas de aptitudes y conocimientos, lo que se
relacionaba con el derecho de petición, garantía susceptible de
protección directa a través de la acción de tutela21, lo que difiere del
asunto bajo examen, en el que se cuestiona el rechazo de la
inscripción por incumplimiento de los requisitos allí exigidos.
Al respecto en la sentencia de 31 de marzo de 2023 aludida, esta
Sección precisó:
“[…] Cabe destacar, en cuanto al cumplimiento del requisito de
subsidiariedad, que si bien es cierto el actor solicita expresamente
que se deje sin efectos «[…] el acto administrativo RESOLUCIÓN
CJR23-0028 16 ENE2023 Y SUS ANEXOS […]», la realidad
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de marzo
de 2023, CP Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 110010315000 2023 00837 00.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo
de 2023, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-000-2023-
01122-00.
21
Ver, sentencia T-230/20, Corte Constitucional, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez “[…] respecto del
requisito de subsidiariedad, es preciso anotar que, visto el asunto sub-judice, el recurso de amparo es
el mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para la protección del derecho de petición, si se tiene
en cuenta que, en el ordenamiento colombiano no existe otra alternativa para proceder a su amparo,
tal y como insistentemente lo ha señalado esta Corporación […]”.
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es que dicha petición surge porque a juicio del tutelante las
accionadas no resolvieron de manera clara, fondo y congruente
los cuestionamientos u objeciones que presentó frente «[…] a las
preguntas 53, 82, 88, 103, 105, 106, 108, 110, 119, 120, 122,
129, 32, 53, 65, 66, 70, 82, 100, 101, 102, 103, 126 y 129 […]».
Significa lo anterior que el presente asunto está orientado
a determinar si se violó o no el núcleo esencial del derecho
de petición del actor, con ocasión del recurso de reposición
que promovió en contra de la Resolución CJR22- 0351 de
1° de septiembre de 2022, razón por la cual el medio de
defensa ordinario resultaría ineficaz para tal fin […]”
(Destacado fuera de texto).
Aunado a lo anterior, la Sala destaca que la actora no hizo uso de la
solicitud de verificación de requisitos contemplada en el numeral
4 del artículo 6 del Acuerdo PCSJA25-12348 de 2025, disposición que
rige el concurso de méritos cuestionado y que prevé:
“[…] Artículo 6. El concurso es público. La convocatoria es norma
obligatoria y reguladora de este proceso de selección, por tanto, de
perentorio cumplimiento tanto para la administración como para
los participantes, quienes, con su inscripción, aceptan las
condiciones y términos señalados en el presente Acuerdo. […]
4. ETAPAS DEL CONCURSO
El concurso de méritos comprende dos (2) etapas: Selección y
Clasificación
4.1 Etapa de Selección
Para los concursos de ingreso y ascenso comprende la Fase I -
Verificación de requisitos, la Fase II – Prueba de conocimientos,
competencias, aptitudes y/o habilidades y la Fase III – Curso de
Formación Judicial Inicial, las cuales ostentan carácter eliminatorio.
(Artículos 164 - 4 y 168 de la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia).Hoja No. 17 Acuerdo PCSJA25-12348 del 13 de noviembre
de 2025, “Por medio del cual se adelanta el proceso de selección
en las modalidades de ingreso y de ascenso y se convoca al
concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios
de la Rama Judicial”
Fase I. Verificación de requisitos
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La Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura verificará el cumplimiento de los
requisitos mínimos para desempeñar el cargo de aspiración
señalados en la presente convocatoria, respecto de quienes se
inscribieron al concurso de ingreso y de ascenso. Igualmente,
verificará las condiciones establecidas en el artículo 163 de la citada
Ley Estatutaria para participar en los concursos de ascenso.
La verificación de los requisitos se decidirá mediante dos
resoluciones (una por cada modalidad de concurso) sobre la
admisión o rechazo al concurso, indicando la causal o causales que
dieron lugar a la decisión. Contra estas decisiones no habrá recurso
en sede administrativa, de conformidad con lo establecido en el
artículo 164, numeral tercero de la Ley 270 de 1996 modificado por
el artículo 81 de la Ley 2430 de 2024.
Sólo dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación
de las resoluciones expedidas, los aspirantes rechazados
podrán pedir la verificación de su documentación, mediante
escrito tramitado únicamente en el software CARJUDAPP,
dentro del citado término.
Cualquier solicitud extemporánea o enviada por un medio diferente
al indicado en el acto administrativo, se entenderá como no
presentada […]” (Resaltado fuera del texto original)
Asimismo, la Sala advierte que el artículo 3 de la Resolución núm.
CJR26-0497 de 3 de agosto de 2026, ahora cuestionada, determinó
la procedencia de la solicitud de verificación de requisitos, en los
siguientes términos:
“[…] ARTÍCULO 3º: SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE
REQUISITOS. Las y los aspirantes rechazados podrán
solicitar la verificación de su documentación dentro de los
tres (3) días siguientes a la notificación de esta decisión,
mediante escrito tramitado únicamente a través del
software CARJUD APP. Cualquier solicitud extemporánea o
enviada por un medio diferente o registradas en una opción
distinta dentro del aplicativo, se entenderá como no
presentada […]”. (Resaltado fuera del texto original).
Por lo anterior, se tiene que en el caso bajo examen, si la parte actora
estaba inconforme con el rechazo de su inscripción debido a la
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ausencia del requisito establecido en la causal núm. 5 esto es “[…]
No presentar la declaración juramentada de ausencia de
inhabilidades e incompatibilidades suscrita por el aspirante,
escaneada y cargada en formato PDF […]”, lo procedente era haber
presentado la solicitud en mención aun cuando aquella asegura haber
efectuado la manifestación de dicha declaración al momento de su
inscripción.
En ese sentido, se colige que, al no haber acudido a los mecanismos
previstos en las reglas del concurso de méritos para controvertir la
decisión aquí cuestionada, se incumple el presupuesto de
subsidiariedad de la acción de tutela.
Sobre el particular, es dable traer a colación lo dispuesto por la Corte
Suprema de Justicia22 en un asunto similar al aquí planteado, pues
la allí actora también controvirtió el contenido de la Resolución núm.
CJR26-0497 de 3 de agosto de 2026, que rechazó su inscripción al
concurso de méritos de la convocatoria núm. 28 por la causal prevista
en el numeral 5º. En dicha oportunidad, esa Corporación dispuso:
“[…] Siguiendo esa línea de pensamiento, emerge con
claridad que los reproches esbozados por la accionante son
improcedentes en la medida en que lo perseguido es que se
deje sin efecto la Resolución CJR26-0497 del 3 de agosto de
2026 -mediante la cual se rechazó su inscripción a la
22
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia STL 17137-2026 de 2 de septiembre
de 2026, M.P. Juan Carlos Espeleta Sánchez número único de radicación 2026-01240-00(AC). Criterio
acogido por esta Sala en sentencias de 24 de septiembre de 2026, expedientes identificados con los
números de radicación 2026-07061-00,2026-06990-00; y 2026-07234-00, 2026-06997-00 y 2026-
07305-00 respectivamente, M.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes y M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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22
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convocatoria 28- no obstante, revisado el plenario se
advierte que la accionante no manifestó ninguna
inconformidad ante la autoridad convocada en relación con
la determinación que ahora censura.
Ello es así pues, verificado el Acuerdo PCSJA25-12348 de 2025 -a
través del cual se establecen los lineamientos del concurso-, en el
mismo se estableció: […]
De allí que, si la accionante consideraba que la entidad convocada
se equivocó al exigirle presentar la declaración juramentada en
formato PDF y que ello constituye un exceso de ritual manifiesto,
lo cierto es que esas discrepancias debió exponerlas a través de los
mecanismos dispuestos para el desarrollo del concurso.
Ahora bien, esta Sala no pasa por alto que la accionante
refirió que no hizo uso de dicha herramienta porque «en su
momento no se adjuntó el formato pdf donde se afirmaba
no estar inmerso en habilidades o incompatibilidades», no
obstante, dicho argumento deviene improcedente pues,
esta Sala encuentra que la fase de verificación prevista en
el Acuerdo PCSJA25-12348 de 2025 constituía el
mecanismo idóneo para que los aspirantes expusieran sus
inconformidades o reparos frente al rechazo de su
inscripción, siendo ese el escenario previsto para que se
analizara la viabilidad de los argumentos que ahora expone.
Ahora bien, de otro lado, esta Sala advierte que lo censurado
por la accionante corresponde a un acto administrativo
respecto del cual la vía correcta para discutir su legalidad es
ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a
través de los medios de control establecidos para ello,
mecanismos en los cuales puede solicitar las medidas
cautelares reguladas en el artículo 229 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Sin embargo, tampoco se observa que la accionante hubiera
activado los medios judiciales expeditos para ello de forma previa
a la interposición de la acción de tutela.
Al respecto, debe decirse que el mecanismo de amparo no puede
concebirse como una instancia paralela o previa - como lo
pretendió la accionante- a las vías judiciales ordinarias dispuestas
por el legislador para debatir las decisiones que las partes estimen
arbitrarias o incompatibles con sus derechos, de ahí que,
ineludiblemente, deban agotar las herramientas jurídicas
correspondientes y luego, si estiman que el trámite de aquellas no
impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable o que no son
idóneas y eficaces para a resolución de su controversia, acudir a la
acción constitucional.
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23
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En esas condiciones, surge palmario que con la omisión antedicha
la interesada no ejerció las herramientas procesales que le
otorgaba la ley para discutir, en el escenario idóneo y ante la
autoridad competente, sus discrepancias contra las decisiones que
se emitieron en el concurso censurado, de manera que no puede
ahora aspirar a su quebrantamiento en sede de tutela, pues, se
insiste, este mecanismo no se encuentra instituido como una
instancia adicional ni como un procedimiento para revivir términos
u oportunidades pretermitidas en los procesos judiciales o
administrativos.
Tampoco se acreditó la configuración de un perjuicio
irremediable, es decir, cierto, inminente, grave y de urgente
atención, que posibilite tramitar la petición de tutela para
proteger transitoriamente a quien se dice afectado con la
decisión, pues no se aportó prueba alguna que diera cuenta
de una situación excepcional y de tal magnitud que
ameritara la intervención especial del juez de tutela […]
En ese entendido, al no encontrar cumplido el presupuesto
de subsidiariedad, esta Sala no emitirá pronunciamiento
sobre el fondo del asunto puesto a consideración […]”
(Resaltado fuera del texto original).
Aunado a lo anterior, con el fin de analizar si en el presente caso se
configura la existencia de un perjuicio irremediable que haga
procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala
se remite a lo dispuesto por la Corte Constitucional 23 que, frente al
tema, ha sostenido lo siguiente:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta
Corporación ha precisado que éste debe reunir las
siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y
suficientes elementos fácticos que así lo demuestren,
tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el
perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la
persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas
urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una
23
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a
la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice
con las particularidades del caso. Por último, las medidas
de protección deben ser impostergables, esto es, que
respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de
evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable
[…]”.
De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala no advierte la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción
de tutela de la referencia como mecanismo transitorio, dado que
sobre tal aspecto ni siquiera se hace mención en el escrito
introductorio, sin que en todo caso de las circunstancias fácticas
probadas se pueda advertir tal situación.
En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales
inconformidades carecen del requisito general de subsidiariedad,
razón por la que se declarará improcedente la solicitud de amparo y
así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
sentencia.
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 1o. de octubre de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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