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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00837-00

Fecha
24 de marzo de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
25 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00837-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de coadyuvancia presentada por el señor DAN MATÍAS GONZÁLEZ GARCÍA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 38 Número único de radicación: 110010315000-2023-00837-00 Actor: LUIS ESTEBAN RODRÍGUEZ VERANO SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de amparo de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00837-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

24 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000 2023 00837 00
Referencia: Acción de tutela
Actor: LUIS ESTEBAN RODRÍGUEZ VERANO

TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. NO SE VULNERARON
LOS DERECHOS DE PETICIÓN E IGUALDAD. LAS AUTORIDADES
JUDICIALES SÍ RESOLVIERON EL RECURSO DE REPOSICIÓN
INTERPUESTO POR EL ACTOR CONTRA LOS RESULTADOS DE SUS
PRUEBAS. CONCURSO DE LA RAMA JUDICIAL. REITERACIÓN.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, A LA DEFENSA Y AL ACCESO A CARGOS PÚBLICOS.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la solicitud de tutela presentada por el actor

contra la SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE

LA JUDICATURA, la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE

CARRERA JUDICIAL y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE

COLOMBIA1.

1
En adelante la UNIVERSIDAD.

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Número único de radicación: 110010315000-2023-00837-00
Actor: LUIS ESTEBAN RODRÍGUEZ VERANO

I. – ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor LUIS ESTEBAN RODRÍGUEZ VERANO, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la

defensa y al acceso a cargos públicos, los cuales, a su juicio, le fueron

vulnerados por la SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA, la UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL y la UNIVERSIDAD,

con ocasión de la expedición de la Resolución CJR23-0028 de 16 de

enero de 2023, dentro del concurso de méritos adelantado en virtud

de la Convocatoria núm. 27 para la provisión de los cargos de

funcionarios de la Rama Judicial.

I.2.- Hechos

Manifestó que se inscribió como aspirante al cargo de Juez Penal

Municipal dentro de la Convocatoria núm. 27 adelantada con

fundamento en el Acuerdo núm. PCSJA18-11077 de 16 de agosto de

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Actor: LUIS ESTEBAN RODRÍGUEZ VERANO

2018, emitido por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

Indicó que, agotadas las etapas respectivas, mediante la Resolución

núm. CJR22-0351 de 1o. de septiembre de 2022, la UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL publicó los resultados

de la prueba de aptitudes y conocimientos, en los que obtuvo un

puntaje no aprobatorio de 795,75.

Sostuvo que interpuso el recurso de reposición contra la referida

decisión, el cual complementó una vez se efectuó la jornada de

exhibición de la prueba para impugnar las preguntas 6, 7, 9, 11, 28,

29, 32 y 43 del componente de aptitudes, así como las 53, 55, 59, 66,

70, 82, 102, 105, 120 y 130 de conocimientos.

Comentó que, a través de la Resolución núm. CJR23-0028 de 16 de

enero de 2023, la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA

JUDICIAL y la UNIVERSIDAD, esta última como encargada de la

elaboración y aplicación de las pruebas, se pronunciaron sobre los

recursos de reposición interpuestos en forma general por los

aspirantes al cargo de Juez Penal Municipal, sin referirse de forma

puntual a los argumentos que planteo en su recurso.

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Agregó que mediante oficio número CJO23 – 332 de 31 de enero de

2023 dirigido a la UNIVERSIDAD, la UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL solicitó que se diera

respuesta completa a los interrogantes planteados en los recursos

presentados por los aspirantes a “jueces promiscuos

municipales”.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Afirmó que las autoridades accionadas se limitaron a enunciar las

justificaciones de sus respuestas, “[…] pero no controvirtieron y

mucho menos desvirtuaron los argumentos desarrollados en mi

escrito de complementación del recurso de reposición […]”.

Apuntó que “[…] sólo a modo de ejemplo enunció al Juez de tutela

[…]” las razones por las cuales estimaba que no le fueron resueltas

las objeciones que presentó frente a las preguntas 53, 105 y 120.

Explicó que en relación con la pregunta 53 relacionada con los

conceptos de valores y principios, sus argumentos estaban dirigidos

a demostrar que tanto la respuesta de la UNIVERSIDAD como la

suya “[…] son adecuadas conforme al enunciado planteado, el cual no

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hacía referencia a grados de concreción, sino a características comunes a

ambas categorías normativas […]”.

Expuso que frente a la pregunta 105, relativa a lesiones personales,

en su recurso de reposición alegó que la clave de respuesta dada por

la UNIVERSIDAD como correcta era errada porque “[…] no resuelve

de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta

incorrecta porque el delito de lesiones personales, aunque se agrave,

según artículos 112 y 119 del Código Penal, tiene una pena menor al

de violencia intrafamiliar […]”, no obstante, dicha institución al

defender su postura “[…] no la citó en el enunciado de la pregunta

para poder determinar si la conducta del agresor se adecuaba o no

al delito de violencia intrafamiliar […]”.

Adujo que respecto a la pregunta 120 relativa al comiso de bienes,

en su recurso argumentó que la respuesta dada por la

UNIVERSIDAD era errada por inconstitucionalidad, sin que esta

institución se haya referido frente a este reproche.

Agregó que si bien mediante oficio número CJO23 – 332 de 31 de

enero de 2023, la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA

JUDICIAL solicitó a la UNIVERSIDAD que diera respuesta

completa a los interrogantes planteados en los recursos presentados

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por los aspirantes a “[…] Jueces Promiscuos Municipales […]”, “[…]

en virtud al principio de igualdad, debe exigírsele a la universidad

que se pronuncie de fondo frente al recurso interpuesto por el

suscrito, pues ciertamente no lo hizo este claustro educativo […]”.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

“[…] PRIMERO: Solicito respetuosamente al juez de tutela,
amparar mis derechos fundamentales al debido proceso
administrativo, derecho de defensa, confianza legítima, carrera
administrativa y acceso a cargos públicos mediante concurso de
méritos; además de aquellos que en su consideración también
hayan sido vulnerados, por el CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA -DIRECCION UNIDAD DE CARRERA
JUDICIAL y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.

SEGUNDO: En consecuencia, solicito se ordene a las entidades
accionadas CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -
DIRECCION UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL y a la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA a resolver de
fondo las objeciones presentadas a las siguientes preguntas.

• Componente de conocimientos: Preguntas 53, 55, 59, 66, 70,
82, 102, 105, 120 y 130.

• Componentes de aptitudes: Preguntas 6, 7, 9, 11, 28, 29, 32,
43

Cuyas sustentaciones, se encuentran contenidas en el escrito de
ampliación del recurso de reposición interpuesto en contra de la
RESOLUCIÓN No. CJR22-0351 del 1 de septiembre de 2022.

TERCERO: De considerarlo necesario y conforme a la solicitud
que hiciere la directora de la Unidad de carrera en oficio

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número CJO23 – 332 del 31 de enero de 2023, dirigido al
Dr. EDUARDO AGUIRRE DAVILA en su calidad de director
de proyecto del contrato 096 CSJ-UN, el cual como asunto
indica: “Ausencia de respuesta frente a interrogantes
realizados por aspirantes al cargo de Juez Promiscuo
Municipal en los recursos de reposición contra los
resultados de la prueba de conocimientos y aptitudes
publicados mediante CJR22-0351 – convocatoria 27” el
cual adjunto con pantallazo, lo cual ocurrió en todos los
cargos. Solicito otorgar EFECTO INTERCOMUNIS a esta
decisión para todos los participantes de la Convocatoria No. 27
que presentaron la ampliación a los recursos de reposición
contra la prueba de aptitudes y conocimientos para el cargo de
Juez Penal Municipal en atención a la falta de respuesta a sus
recursos, y ordenar nuevo termino para que la Universidad
resuelva de fondo los mismos y se suspenda el cronograma de
la convocatoria hasta tanto ello no se realice.

CUARTO: Ordenar en consecuencia que se adicione el acto
administrativo RESOLUCIÓN CJR23-0042 16ENE2023 Y SUS
ANEXOS “POR MEDIO DE LOS CUALES SE RESUELVE EL
RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO EN CONTRA DE
LA RESOLUCIÓN CJR22-0351 Y SU ANEXO”, que negó el
recurso de reposición presentado y se ORDENE expedir otro una
vez resuelto el recurso de fondo y en debida forma.

QUINTO: DE CONSIDERARLO EVIDENTE, se ordene
MODIFICAR la Resolución CJR22-0351 del 01 de septiembre de
2022 y su respectivo anexo, por medio de la cual se expide el
listado de los resultados de la prueba de conocimientos, donde
se me asignó una calificación de 587,39_en la prueba de
conocimientos (sobre 700 posibles) y 208,08 en la prueba
de aptitudes (de 300 posibles) para un resultado total de
795,47 el cual fue notificado mediante la RESOLUCIÓN No.
CJR22-0351 del 1 de septiembre de 2022, para el Cargo de Juez
Penal Municipal Y EN SU LUGAR SE REPONGA DICHA
DECISION ASIGNANDO el puntaje aprobatorio superior a 800
puntos acorde a los argumentos expuestos en las objeciones a
algunas preguntas que tiene doble respuesta válida, claves de
respuesta o enunciados inexequibles, errores de redacción,
errores en los razonamientos matemáticos y lógicos o
inconsistencias consignados en la ampliación del recurso […]”.

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I.5.- Defensa

I.5.1.- La UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA

JUDICIAL señaló que conforme con el Contrato 096 de 2018, en

relación con la Convocatoria núm. 27, la UNIVERSIDAD tiene a su

cargo “[…] realizar el diseño, estructuración, impresión y aplicación

de pruebas de conocimientos, de aptitudes y psicotécnica, así como

elaborar el instructivo, realizar la lectura óptica y el procesamiento

de las hojas de respuesta, calificar las pruebas presentadas,

suministrar información de carácter técnico y proyectar y dar

respuesta técnica y jurídica a derechos de petición, reclamaciones,

recursos en sede administrativa, acciones constitucionales y legales

durante todas las etapas del concurso […]”.

Explicó que, contrario a lo afirmado por el actor, en la Resolución

CJR23- 0028 de 16 de enero de 2023, sí fue resuelto el recurso de

reposición que fue interpuesto por el actor contra el puntaje que

obtuvo en las pruebas de aptitudes y conocimientos.

Aclaró que en aplicación de los principios de eficiencia, celeridad y

economía que orientan la actividad administrativa los recursos que

fueron interpuestos por los participantes contra los resultados

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referidos “[…] fueron resueltos en una sola resolución por cargo,

mediante categorías numeradas que agruparon cada uno de los

temas planteados y con un análisis particular sobre cada escrito, en

donde las objeciones coinciden con los ítems desarrollados en el

cuerpo del acto administrativo […]”.

Comentó que los cuestionamientos efectuados sobre preguntas del

examen por motivos de construcción, redacción, formulación en su

enunciado y opciones de respuesta y múltiples claves en el marco de

los recursos de reposición interpuestos por los aspirantes al cargo de

Juez Penal Municipal, fueron respondidos en los puntos 13, 17, 18

y 35 de la resolución aludida.

Expuso que además en el anexo 2 de la referida resolución se dieron

a conocer las claves de respuesta correctas y la correspondiente

explicación, como resultado de las valoraciones técnicas que

responden a criterios de objetividad e imparcialidad con parámetros

previamente determinados frente a los reproches formulados por el

actor a cada una de las preguntas.

Indicó que mediante el Oficio CJO23 – 332 de 31 de enero de 2023,

solicitó a la UNIVERSIDAD dar respuesta concreta a los recursos de

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reposición interpuestos por los aspirantes al cargo de Juez

Promiscuo Municipal en lo concerniente a las preguntas 101, 103,

126, 129 y 130; no obstante, esa actuación solo concernió a dicho

cargo, el cual no corresponde al aspirado por el actor.

I.5.2.- La UNIVERSIDAD señaló que a través de la Resolución

CJR23-0028 de 2023, brindó respuesta clara, completa y de fondo a

todos los reparos y solicitudes invocados por el accionante en

ejercicio del citado recurso de reposición.

Apuntó que la tutela no es un mecanismo judicial adecuado para

solicitar la salvaguarda de los derechos en el presente caso, dado

que ante la ausencia de los supuestos fácticos que le dieron origen a

la controversia, la decisión que eventualmente pudiese tomar el juez

constitucional para el caso se tornaría ineficaz.

Arguyó que las preguntas cuestionadas por el accionante, así como

todas aquellas que integran las pruebas en los diferentes cargos

están orientadas a aspectos transversales de las áreas previamente

informadas a los aspirantes, así como estructuradas en atención al

protocolo de creación de la prueba que tiene su origen en el anexo

técnico del contrato 096.

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Manifestó que las razones expuestas por el actor son débiles, en

razón a que intentan poner en tela de juicio la estructura de unos

ítems por el solo hecho de no estar de acuerdo con planteamientos

que, a su parecer, contienen errores de diferente naturaleza tal como

lo expresó en su recurso y hoy nuevamente alude en la presente

acción constitucional.

Adujo que las preguntas de la prueba fueron creadas sobre aspectos

de competencia de cada uno de los cargos, atendiendo no solo a la

ley sino al conocimiento profundo de aspectos básicos, de nociones

y conceptos que hacen parte de la órbita de unas áreas del

conocimiento del derecho y del cual fueron previamente informados

los aspirantes.

Sostuvo que las respuestas entregadas y dadas ya a conocer tanto

al aspirante como al público, contienen los elementos necesarios para

la defensa contundente de las pruebas aplicadas, pues de su lectura

se evidencia la adecuada estructura y mediante las justificaciones, la

pertinencia para el cargo al cual aplicó el accionante.

Agregó que, en todo caso, advertía que la acción de tutela tampoco

resulta procedente de manera excepcional dentro del presente

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asunto para discutir la legalidad de los actos administrativos que

definieron la situación del actor, dado que este no demuestra un

perjuicio irremediable que lo habilite a desplazar los mecanismos

ordinarios dispuestos para tal efecto.

I.5.3.- El señor DAN MATÍAS GONZÁLEZ GARCÍA, con ocasión de

la vinculación general que se dispuso en el auto admisorio de la

solicitud de amparo para los demás participantes del proceso de

selección origen de la controversia, allegó un escrito en el que

manifestó que coadyuvaba las acciones constitucionales impetradas

en desarrollo de la Convocatoria 27 de la Rama Judicial, en especial,

lo atinente a la “Resolución CJR23-0022 de 16 de enero de

2023” " por medio de la cual se resolvieron los recursos de

reposición presentados por los aspirantes al cargo de Juez

Promiscuo Municipal, contra los puntajes de las pruebas de

aptitudes y conocimientos.

Comentó que se presentó a la convocatoria aludida al cargo de Juez

Promiscuo Municipal y obtuvo un puntaje en las pruebas de

aptitudes y conocimientos de 736,51.

Comentó que en los tres últimos exámenes que ha presentado en las

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convocatorias de la Rama Judicial ha obtenido puntajes de 735,

735.43 y 736.51, lo que evidencia que “[…] la Universidad Nacional

por error involuntario, no valoró mi examen, sino que tan solo me

volvió a calificar con un puntaje previamente asignado, situación que

debe ser corregida ya que es contraria al mérito […]”.

Agregó que en ese orden de ideas debe ordenarse a las autoridades

accionadas reponer los resultados que le fueron dados, a partir de

una revisión manual de sus pruebas.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

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Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19912. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, la Sala se pronunciará

respecto de la solicitud de coadyuvancia presentada por el señor

DAN MATÍAS GONZÁLEZ GARCÍA.

La coadyuvancia está prevista en el artículo 13 del Decreto 2591 de

19 de noviembre de 19913, en el cual se establece que las personas

2
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
3
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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que tengan un interés legítimo en el resultado del proceso también

pueden intervenir en el mismo para coadyuvar u oponerse a las

pretensiones de la demanda.

Así mismo, el artículo 71 del Código General del Proceso, aplicable al

trámite de la acción de tutela por remisión del artículo 4 del Decreto

306 de 19 de febrero de 19924, prevé que las personas que tengan

relación sustancial con una de las partes del proceso, pueden

intervenir como coadyuvantes mientras no se haya dictado sentencia

de segunda instancia.

En efecto, la Corte Constitucional, en sentencia T-269 de 29 de marzo

de 20125, precisó:

“…1.4 Precisamente en el trámite de la acción de tutela,
reglamentado en el Decreto 2591 de 1991, se prevé que los
terceros con interés legítimo pueden intervenir en el
proceso de tutela actuando como coadyuvantes. Tal como
se señaló anteriormente, el artículo 13 del Decreto 2591
dispone que “quien tuviere un interés legítimo en el
resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública
contra quien se hubiere hecho la solicitud”.

1.5 En el trámite de las acciones de tutela esta delimitación
del papel de los terceros debe armonizarse con el principio
de informalidad y de prevalencia de lo sustancial que rigen
el proceso. Es por esto que una persona que no solicitó el
amparo y que luego es vinculada a su trámite, bien por

4
“Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991”.
5
Magistrado Ponente Luis Ernesto Vargas Silva.

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solicitud de las partes o por decisión oficiosa del juez, puede
advertir que su interés no se reduce al resultado del
proceso, sino que también es titular de los derechos que se
ven vulnerados o amenazados en el caso concreto. Esto
ocurre en virtud de los mismos hechos más o menos delimitados
desde la instauración de la tutela, y porque es la misma persona o
autoridad pública accionada quien con su conducta ha generado
esta situación presentada al juez de tutela.

En estos casos, el juez de tutela está facultado para
involucrar a esta persona, pero para que pueda actuar a
favor de sus propias pretensiones, la convierte en una
verdadera parte dentro del proceso, dejando así de ser un
tercero coadyuvante. Es por ello que en la sentencia puede
pronunciarse sobre los derechos afectados de quien
promovió la acción de tutela, y de otros vinculados al mismo
proceso en calidad de partes del mismo (…)”. (Negrillas y
subrayas fuera del texto original).

La Sala denegará la solicitud de coadyuvancia elevada por el señor

DAN MATÍAS GONZÁLEZ GARCÍA, dado que, por una parte, si bien

afirmó haber participado en la Convocatoria núm. 27, indicó haberlo

hecho como aspirante al cargo de Juez Promiscuo Municipal y no

para el cargo de Juez Penal Municipal relacionado con el presente

asunto y, por otra, porque sus reproches están basados en aspectos

diferentes a los planteados por el actor en el caso bajo examen,

comoquiera que lo que pretende es que se efectué la calificación

manual de su examen en razón a que encuentra sospechoso que

siempre obtiene el mismo resultado en los exámenes de la Rama

Judicial, razón por la cual no es posible afirmar que tenga un interés

legítimo en las resultas del presente trámite de tutela.

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Además, en el correo electrónico mediante el cual el señor DAN

MATÍAS GONZÁLEZ GARCÍA precisó a la Secretaría General de

esta Corporación los expedientes a los que remitía su solicitud,

también requirió que dicho memorial se radicara como una acción de

tutela independiente, lo cual en efecto se surtió con el número

110010315000-2023-01019-00.

Precisado lo anterior, la Sala denegará la solicitud de coadyuvancia

elevada por el señor DAN MATÍAS GONZÁLEZ GARCÍA, como en

efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

Caso concreto

A través de la presente acción de tutela el actor pretende que se

ordene a la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL y a la

UNIVERSIDAD resolver el recurso de reposición que interpuso

contra la Resolución CJR22-0351 de 1o. de septiembre de 2022,

mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de

aptitudes y conocimientos, correspondientes al concurso de méritos

para la provisión del cargo de Juez Penal Municipal de la Rama

Judicial.

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El disenso del actor radica en que pese a que la UNIDAD DE

CARRERA JUDICIAL expidió la Resolución núm. CJR23-0028 de 16

de enero de 2023, a través de la cual resolvió las reposiciones que

fueron presentadas contra los resultados de los exámenes del

concurso aludido, no se refirió a los argumentos que planteó en su

recurso.

Al respecto cabe precisar que, si bien el actor indicó que la autoridad

aludida no resolvió ninguno de sus reproches en relación con las

preguntas 6, 7, 9, 11, 28, 29, 32, 43, 53, 55, 59, 66, 70, 82, 102, 105,

120 y 130, en el escrito introductorio solo expuso las razones por las

cuales estimaba que no le fueron resueltos sus argumentos en

relación con las preguntas 53, 105 y 120, por lo que el análisis del

presente caso se limitará a estas últimas.

En ese mismo sentido esta Sala se pronunció, en sentencia de 9 de

marzo de 20236, proferida dentro de la acción de tutela identificada

con el número único de radicación 11001 03 15 000 2023 00336 00,

en la que se resolvió una solicitud de amparo similar a la presente,

así:

”[…] Al respecto, se advierte que, si bien en el recurso de
reposición el señor Uribe Becerra solicitó que se valoren y se

6
CP Oswaldo Giraldo López.

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hagan ajustes frente a la calificación de las preguntas 21, 23,
25, 26, 28, 29, 32, 53, 59, 61, 62, 63, 69, 77, 82, 84, 101, 102,
103, 119, 126, 129 y 130, en la petición de amparo únicamente
expuso las razones por las que consideraba que la Unidad de
Administración de Carrera Judicial no decidió de forma clara,
precisa y de fondo el recurso de reposición frente a las preguntas
101 a 103

[…]

Bajo dicho contexto, le corresponde a la Sala verificar si la
Unidad de Administración de Carrera Judicial resolvió los reparos
formulados por el ahora accionante en el recurso de reposición,
consistente en que las preguntas 101 a 103 deben calificarse
como correctas por tratar temas que no corresponden con la
competencia del cargo al que concursó. […]”

Por otro lado, el actor puso de presente que la UNIDAD DE

CARRERA JUDICIAL a través del Oficio número CJO23 – 332 del 31

de enero de 2023, solicitó a la UNIVERSIDAD que diera respuesta

completa a los interrogantes planteados en los recursos presentados

por los aspirantes a “jueces promiscuos municipales”, por lo que

solicitaba se diera aplicación al derecho a la igualdad.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que en lo que concierne a los

derechos deprecados, el análisis se centrará en los de petición e

igualdad, dado que fue frente a estos que el actor argumentó en

concreto las razones de la presunta vulneración.

En ese orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si la

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UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL y la UNIVERSIDAD vulneraron

los derechos de petición e igualdad del actor, por presuntamente

haber omitido su deber de resolver el recurso de reposición que este

interpuso contra la Resolución CJR22-0351 de 1o. de septiembre de

2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de

aptitudes y conocimientos, correspondientes al concurso de méritos

para la provisión del cargo de Juez Penal Municipal.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará mención al

marco legal de los derechos fundamentales aludidos para en seguida

abordar el estudio del fondo del asunto.

Del derecho de petición

El derecho de petición se encuentra establecido en el artículo 23 de

la Constitución Política, que textualmente indica:

“[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales […]”.

Respecto del derecho de petición, la Jurisprudencia de la Corte

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Constitucional, entre otras, en sentencia C-818 de 20117, estableció

que:

“[…] En relación con lo que debe entenderse como elementos
estructurales esenciales del derecho fundamental de
petición, reiteradamente, la Corporación ha señalado que estos
se constituyen en la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas.
Sobre el particular, la Sentencia T-490 de 2005, reiterada por
la Sentencia T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y
T-108 de 2006, señaló:

“En lo que concierne al derecho de petición, considera la Sala
que conforme a las reglas que en esa materia ha fijado esta
Corporación y que se encuentran contenidas, entre otras, en la
Sentencia T-466 de 2004, el núcleo esencial del derecho de
petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión,
el cual en el asunto de la referencia resulta lesionado puesto que
el Seguro Social, según se ha reseñado, no demostró haber dado
respuesta a la petición del actor formulada el 5 de noviembre de
2003. Esta sola circunstancia impedía al a-quo dar aplicación al
artículo 26 del Decreto 2591 de 1991”.

En igual sentido, en la Sentencia T- 147 de 2006, se dijo:

“La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en
materia de características esenciales del derecho de
petición, cuyo núcleo esencial reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, tiene como presupuesto esencial una
de dos circunstancias: (i) que al accionante no se le permita
presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud
por parte del accionante. En este sentido, la vulneración del
derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un
agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación
– circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una
petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud
presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).”

De la misma manera, las Sentencias T-1160A de 2001, T-1889
de 2001, T-846 de 2003, T-306 de 2003, T-447 de 2003, T-855
de 2004, T-734 de 2004, T-915 de 2004, T-192 de 2007, T-243
de 2008, T-325 de 2010, entre muchas otras, han señalado que
el derecho de petición en su contenido comprende los siguientes

7
M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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elementos: (i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
(ii) una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es decir
otorgada dentro de los términos establecidos en el ordenamiento
jurídico, así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la
materia propia de la solicitud y de manera completa y
congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno
de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo
decidido al peticionario, independientemente de que la
respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se debe
acceder a lo pedido […]”.

El derecho de petición es considerado fundamental y determinante

para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.

Además, porque mediante él se garantizan otros derechos

constitucionales, como el de información, participación política y

libertad de expresión.

Asimismo, que el núcleo esencial de dicho derecho reside en la

resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la

posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva

para sí el sentido de lo decidido.

Que, por ello, la respuesta debe cumplir con estos requisitos: ser

oportuna; debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera

congruente con lo solicitado; ser puesta en conocimiento del

peticionario. Si la misma no cumple con estos parámetros se incurre

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en una vulneración del derecho constitucional fundamental de

petición.

Por su parte, la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 20158 se

ocupó de regular el derecho fundamental de petición y sustituyó el

Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo.

En lo pertinente al objeto y modalidades del derecho de petición, se

refirió así la citada Ley:

“[…] Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de
petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los
términos señalados en este código, por motivos de interés
general o particular, y a obtener pronta resolución completa y
de fondo sobre la misma.

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las
autoridades implica el ejercicio del derecho de petición
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que
sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se
podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención
de una entidad o funcionario, la resolución de una situación
jurídica, la prestación de un servicio, requerir información,
consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular
consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.

El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse
sin necesidad de representación a través de abogado, o de
persona mayor cuando se trate de menores en relación a las
entidades dedicadas a su protección o formación […]”.

8
“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley

1755 estableció que es de quince (15) días siguientes a su recepción,

excepto cuando se trate de peticiones de documentos y de

información o consultas a las autoridades en relación con las

materias a su cargo, cuyo plazo es de diez (10) y treinta (30) días,

respectivamente. En todo caso, si no es posible resolver la petición

en los plazos señalados, la autoridad debe informar esa circunstancia

al interesado, antes del vencimiento del término señalado,

precisando los motivos de la demora y el plazo razonable en que se

dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente

previsto.

Del derecho a la igualdad

La igualdad como noción jurídica tiene origen en las teorías del

derecho natural y en la actualidad está proclamada como derecho

universal, en los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de

Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948.

En el sistema constitucional colombiano, el derecho a la igualdad fue

instituido bajo la concepción liberal clásica, según la cual todas las

personas son iguales ante la ley.

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No obstante, el constituyente integró a esta noción jurídica cláusulas

que permiten prever regímenes que garanticen el goce efectivo de

todas las garantías constitucionales, atendiendo a las diferencias que

puede haber entre los distintos sujetos de derecho.

Esto en teoría constitucional, se traduce en la creación de regímenes

de discriminación positiva9, instituidos sobre el reconocimiento de las

desigualdades, acordando a ciertos sujetos, tratamientos

preferenciales, con la finalidad de garantizar la igualdad de

oportunidades en el goce de las garantías constitucionales.

Así, el artículo 13 de la Constitución Política, prevé este derecho en

los siguientes términos:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales
ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política
o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea
real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos
discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por
su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan […]”

9
Levade, A. (2004). Discrimination positive et principe d'égalité en droit français. Pouvoirs, 111(4), 55-
71. doi:10.3917/pouv.111.0055. Disponible en línea: https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2004-4-
page-55.htm?contenu=article (Consultado en la fecha)

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En relación con este derecho, la Corte Constitucional10 señaló:

“[…] designa un concepto relacional y no una cualidad. Es una
relación que se da al menos entre dos personas, objetos o
situaciones. Es siempre el resultado de un juicio que recae sobre
una pluralidad de elementos, los “términos de comparación”.
Cuáles sean estos o las características que los distinguen, no es
cosa dada por la realidad empírica sino determinada por el
sujeto, según el punto de vista desde el cual lleva a cabo el juicio
de igualdad. La determinación del punto de referencia,
comúnmente llamado tertium comprationis, para establecer
cuándo una diferencia es relevante, es una determinación libre
más no arbitraria, y sólo a partir de ella tiene sentido cualquier
juicio de igualdad” […]”.

Conforme con lo expuesto en cita, para determinarse, si hay o no,

vulneración al derecho a la igualdad en un caso particular, debe

haber elementos que permitan efectuar una comparación a partir de

un punto de referencia y si, en efecto, se presenta un trato disímil

frente a situaciones comparables.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que en relación con

las preguntas 53, 105 y 120, en el recurso de reposición origen de la

controversia y en la Resolución CJR23-0028 de 16 de enero de 2023,

se observa lo siguiente:

Recurso Respuesta de la Universidad

10
Corte Constitucional, Sentencia T-422 junio 19 de 1992, Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes
Muñoz.

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Pregunta 53. Pregunta 53.

“[…] “[…] Esta pregunta es pertinente
porque para cualquier operador
Enunciado jurídico y, en especial, para los jueces
y magistrados, es fundamental
La Universidad nos pregunta sobre conocer los diferentes tipos de normas
normas que condicionan a las demás que integran un sistema jurídico con el
normas, tienen un contenido objeto de poder interpretarlas y
abstracto, son abiertas, y están aplicarlas.
formuladas como cláusulas generales
que determinan criterios La opción A no resuelve de manera
interpretativos del ordenamiento adecuada el enunciado y por ende es
jurídico. una respuesta incorrecta porque las
directrices ordenan o permiten que se
MOTIVO DEL RECLAMO alcance un estado de cosas o fin
general en la mayor medida de lo
La Universidad da como única clave de posible.
respuesta la opción D (Valores). No
obstante, y aunque efectivamente la La opción B no resuelve de manera
opción D (Valores es válida) como adecuada el enunciado y por ende es
clave de respuesta, la opción C una respuesta incorrecta porque las
(Principios) también lo es, como reglas son normas que tienen un
explicaré a continuación. supuesto de hecho formulado de forma
cerrada y ordenan una consecuencia
La Honorable Corte Constitucional, en jurídica definitiva, es decir, cuando se
Sentencia C-1287/01 cita a la doctrina cumplen determinadas condiciones,
estableciendo lo siguiente: ordenan, prohíben o permiten algo
definitivamente.
Nótese entonces, como la doctrina
citada por la Honorable Corte La opción C no resuelve de manera
constitucional en la sentencia referida, adecuada el enunciado y por ende es
indica que existen dos posturas: una respuesta incorrecta porque los
principios también son normas que
• La primera: Que tal como plantea la condicionan las demás normas, pero
Universidad, considera a los valores con mayor grado de concreción y, por
conforme a lo descrito en el enunciado lo tanto, de aplicabilidad concreta,
de la pregunta. (La cual señala “Para alcanzando por sí mismos proyección
algunos”) normativa.

• La segunda: Que considera igual a La opción D es la respuesta correcta
los valores y a los principios. (La cual porque tanto la doctrina como la
señala “Para otros” las normas que jurisprudencia constitucional han
consagran valores, al igual que las que definido los valores de la forma
consagran principios… solo se expuesta en el enunciado.
diferencian) lo cual valida la opción (C)
principios como clave de respuesta.
Conclusión que en una primera medida
permite ver la doble clave de respuesta
de esta pregunta. Pues en el enunciado
no existía un criterio diferenciador
entre valores y principios, el cual sería
haber incluido que alguno de los dos

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tenía (una mayor o menor eficacia o
aplicación directa).
[…]
En su libro ley natural y derecho
naturales, se define dicha ley como
una serie de principios morales –la
razón práctica- para guiar y justificar
el derecho positivo y ordena la vida del
hombre y de la comunidad, pero no
suministra criterios de validez jurídica,
no obstante, su propósito es promover
los principios racionales capaces de
guiar la moral.
• Para HANS KELSEN: en su teoría
pura del derecho, no aceptaba eso
conceptos morales o aspectos
políticos, sino en la NORMA FUNDANTE
BÁSICA DEL ORDENAMIENTO
JURÍDICO (constitución).
• Para HERBERT HART: eran REGLAS
PRIMARIAS (impones deberes) y
SECUNDARIAS (solucionan los
problemas de las primarias) regla del
reconocimiento, regla del cambio,
regla de adjudicación = todo ello para
diferenciar del derecho que es del
derecho que de ser.
[…]
Lo anterior, para significar que,
dependiendo la escuela, la corriente, el
doctrínate, etc, un valor, una regla, un
principio, etc, puede ser una norma
que condicionan las demás normas, al
poseer un contenido abstracto y
abierto, formulados como cláusulas
generales que determinan criterios
interpretativos del resto del
ordenamiento. Conclusión que me
lleva a realizar el siguiente cuadro
comparativo […]”.
Pregunta 105 Pregunta 105

[…] un ciudadano llega a la casa de su “[…]Esta pregunta es pertinente
exesposa con quien tiene un hijo porque los delitos contra la familia,
menor de edad y de quien se divorció como el de violencia intrafamiliar, se
desde hace más de un año. En el calor han incrementado con la crisis que ha
de la discusión la amenaza de muerte generado la pandemia. Este tipo de
y le propina varios golpes a la mujer. circunstancias son de las más comunes
Medicina legal le dictamina una en nuestra sociedad y en
incapacidad médico legal por 30 días consecuencia, los jueces deben estar al
sin secuelas. atendiendo los hechos la tanto de las últimas actualizaciones
conducta, del individuo se tipifica legales en este tipo delitos así como las
como: reglas aplicables.

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A. Lesiones personales por incapacidad La opción A no resuelve de manera
para trabajar o enfermedad adecuada el enunciado y por ende es
B. violencia intrafamiliar simple a falta una respuesta incorrecta porque para
de un vínculo matrimonial poder aplicar este delito la pena
C lesiones personales por incapacidad debería ser mayor al de violencia
o enfermedad agravadas intrafamiliar, según el artículo 229 del
D. Violencia intrafamiliar agravada por Código Penal. Situación que no ocurre,
que la conducta recayó sobre la mujer ya que la violencia intrafamiliar
• esposa agravada tiene una pena de 72 meses
a 168 meses de prisión frente a 21,33
Con todo respeto considera el suscrito meses a 54 meses de prisión para el
que, si bien la universidad dio como delito de lesiones personales. En
respuesta acertada la clave “D”, consecuencia si la violencia
también es válida la clave “C” por las intrafamiliar tiene más pena se prefiere
razones que se pasaran a estudiar, su aplicación.
principalmente por vigencia
normativa: La opción B no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es
Al carecer el enunciado de un límite una respuesta incorrecta porque para
temporal para la fecha de ocurrencia poder aplicar este delito la pena
de los hechos, se abre una gama de debería ser mayor al de violencia
posibilidades en virtud a la vigencia de intrafamiliar, según el artículo 229 del
la norma que regula el reato de Código Penal. Situación que no ocurre,
violencia intrafamiliar y la puesto que la violencia intrafamiliar
jurisprudencia aplicable al caso en agravada tiene una pena de 72 meses
concreto. En primer lugar, el artículo a 168 meses de prisión frente a 21,33
229 del Código Penal, modificado por meses a 54 meses de prisión para el
el artículo 1° de la Ley 1959 de 2019, delito de lesiones personales. En
establece: consecuencia si la violencia
intrafamiliar tiene más pena se prefiere
[…] su aplicación.
Es decir, que, con esta norma, sin
discusión alguna la respuesta
acertada, es la clave indicada por la La opción C no resuelve de manera
universidad “D” “Violencia intrafamiliar adecuada el enunciado y por ende es
agravada por que la conducta recayó una respuesta incorrecta porque el
sobre la mujer - esposa”, no obstante, delito de lesiones personales, aunque
antes de la vigencia de la Ley 1959 de se agrave, según artículo s 112 y 119
2019, frente al mismo componente del Código Penal (situación que no es
factico o enunciado, la solución al caso admisible en este caso), tiene una
sería otra, lo que actualizaría la clave pena menor al de violencia
“C” escogida por el aspirante, como se intrafamiliar y por ende se prefiere la
pasará a estudiar. aplicación de este último tipo penal
tratándose de un delito subsidiario, es
Antes de la entrada en vigencia de la decir, que se aplica a no ser que la
Ley 1959 de 2019, el tipo penal de la conducta constituya un delito con pena
violencia intrafamiliar, artículo 229 mayor, situación que no ocurre en el
modificado por la Ley 1850 de 2017, caso en estudio.
rezaba:
[…] La opción D es la respuesta correcta
Por todo lo anterior, es claro que, del porque el delito de violencia
enunciado ante la ausencia de la intrafamiliar que trata el artículo 229

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vigencia normativa, cabe la posibilidad del Código Penal, en su modalidad
de estructurar el reato de LESIONES básica, contiene una pena de prisión de
PERSONALES POR INCAPACIDAD O 4 a 8 años; sin embargo, esta pena se
ENFERMEDAD AGRAVADAS. agrava de la mitad a las tres cuartas
partes (de 72 meses a 168 meses) si
PETICIÓN Solicito que, conforme a lo la conducta recae sobre una mujer. En
expuesto, por favor den también como adición el literal a) del parágrafo 1º
válida la respuesta de la clave “C”. ES establece que a la misma pena
MÁS SI EN GRACIA DE DISCUSIÓN NO quedará sometido quien sin ser parte
SE ADMITIESE COMO VÁLIDA LA del núcleo familiar realice las
RESPUESTA C, DEFINITIVAMENTE LA conductas descritas en el tipo penal, si
RESPUESTA CORRECTA TAMPOCO ES la realiza contra los cónyuges o
LA D. A LA ANTERIOR CONCLUSIÓN compañeros permanentes, aunque se
LLEGO CON BASE EN LA hubieren separado o divorciado. Esta
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE es precisamente la hipótesis planteada
SUPREMA DE JUSTICIA EN DONDE en el caso, porque anteriormente, el
INDICÓ QUE PARA QUE SE delito de violencia intrafamiliar al
CONFIGURE EL AGRAVANTE POR EL referirse a núcleo familiar requería
HECHO DE SER MUJER EN EL DELITO convivencia, situación que ya no es
DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SE necesaria en los casos planteados por
DEBE TENER EN CUENTA: el mismo artículo, en virtud de la
reforma realizada por el artículo 1º de
“la naturaleza de la agravación la Ley 1959 de 2019 al delito de
dispuesta en la norma típica, para violencia intrafamiliar. Por otra parte
significar que ella no deriva automática podría pensarse que se trata de un
del género de la víctima, motivo por el concurso de tipos penales, entre
cual se advierte obligatorio para la violencia intrafamiliar y lesiones
fiscalía, no solo investigar el contexto personales por incapacidad para
a partir del cual delimitar causada la trabajar o enfermedad del artículo 112
violencia por factores de del Código Penal, también agravadas
discriminación, subyugación o (Artículo 119 que remite al artículo 104
dominio, sino consignarlo de manera del Código Penal); sin embargo, esta
expresa en el acápite de hechos situación se define de la siguiente
jurídicamente relevantes de la forma:
acusación”, en respeto por el derecho
de defensa. SP4135-2019, 1 jun. Si bien el delito de violencia
2019, rad. 52394. Extracto citado en la intrafamiliar es subsidiario, (ver
sentencia SP894-2022, 23 de marzo Rad. 48047 del 7 de junio de 2017)
de 2022, rad. 60781. es decir que se aplica siempre y
[…]
cuando la conducta no constituya
TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR,
EL ENUNCIADO TAMBIÉN FUE
delito sancionado con pena mayor,
INCOMPLETO PUES CLARAMENTE NO en este caso específico será la
DELIMITÓ SI LA VIOLENCIA EJERCIDA violencia intrafamiliar agravada el
SE DIO EN UN CONTEXTO DE delito con pena mayor (72 a 168
DISCRIMINACIÓN, SUBYUGACIÓN O meses de prisión) respecto al de
DOMINACIÓN DE TIPO MACHISTA. lesiones personales por
SIMPLEMENTE EL ENUNCIADO DE incapacidad para trabajar o
MANERA EQUIVOCADA QUISO enfermedad también agravada con
AGRAVAR LA CONDUCTA DE MANERA pena de 21,33 a 54 meses de
AUTOMÁTICA POR EL HECHO DE SER
prisión, razón por la cual el delito
MUJER LA AFECTADA.
aplicable es el de violencia

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intrafamiliar.
Pregunta 120 Pregunta 120

“[…]
PREGUNTA 120 “[…]Esta pregunta es pertinente
porque es importante que los jueces
(CLAVE DE RESPUESTA INEXEQUIBLE, conozcan los alcances del comiso, las
ERROR DE CLAVE Y AMBIGUEDAD) diferencias entre delitos culposos y
dolosos; entre bienes del autor y de
MOTIVO DEL RECLAMO terceros, y también las competencias
en materia de devolución de bienes
• La Universidad Nacional, otorga que no han sido afectados por medidas
como clave de respuesta la opción B, cautelares, por jueces de control de
la cual dice que el Fiscal a quien garantías.
corresponde las diligencias
preliminares debe: “Devolver La opción A no resuelve de manera
definitivamente el vehículo a quien adecuada el enunciado y por ende es
acredite su propiedad”. una respuesta incorrecta porque la
devolución provisional opera para los
No obstante, esa clave de respuesta es delitos culposos, en los términos
errada y la respuesta más acertada es establecidos por el artículo 100 del
la C. Esto es, que al Fiscal a quien Código Penal, de Igual medida, se
corresponde las audiencias aplicará en los delitos dolosos, cuando
preliminares “debe acudir a un Juez de los bienes, que tengan libre comercio y
Control de Garantías para que este pertenezcan al responsable
ordene la devolución del vehículo”. Tal penalmente, sean utilizados para la
como lo establece el artículo 88 de la realización de la conducta punible, o
ley 906 de 2004 o Código de provengan de su ejecución.
Procedimiento Penal.
Cabe destacar que la Honorable Corte La opción B es la respuesta correcta
Constitucional mediante sentencia de porque en los delitos dolosos sólo
constitucionalidad C 591 de 2014 procede el comiso cuando el autor es
declaró inexequible la expresión “y por propietario del vehículo, según lo
orden del fiscal”, contenida en el inciso establecido por la Sala de Casación
primero del artículo 88 sobre Penal de la Corte Suprema de Justicia
devolución de bienes del Código de en providencia SP11015-2016,
Procedimiento Penal. radicación No. 47660: ¨En este caso,
Es tan notoria la equivocación en el el comiso sólo es procedente respecto
que se incurre por parte de la de los bienes y recursos del
Universidad, que a su tenor literal penalmente responsable, en el
dispone el artículo 88: entendido que el artículo 82 de la Ley
[…] 906 de 2004, desarrolla lo consignado
Así, el enunciado contempla las en el artículo 100 del Código Penal, y
siguientes opciones de respuesta: éste faculta la medida exclusivamente
en lo que toca con «…bienes, que
• La opción A (Devolver tengan libre comercio y pertenezcan al
provisionalmente el vehículo), queda responsable penalmente, sean
descartada inmediatamente al utilizados para la realización de la
eliminársele la facultad a la Fiscalía en conducta punible, o provengan de su
sentencia de constitucionalidad C 591 ejecución».” Como en este caso el
de 2014, declarándose. automóvil es de libre comercio, y no le
pertenece al indiciado, debe ser
• La opción B (“Devolver regresado a quien acredite su

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definitivamente el vehículo a quien propiedad.
acredite su propiedad”), queda
igualmente descartada por la misma La opción C no resuelve de manera
razón que la opción A, de que no es adecuada el enunciado y por ende es
posible que el Fiscal entregue una respuesta incorrecta porque la
directamente el vehículo. intervención de juez de control de
garantías, solo se hace necesaria en
• La Opción D, habla sólo de la los eventos en que se ha decretado una
incautación del vehículo, pero no hace medida cautelar sobre bienes
referencia a la incautación de la droga susceptibles de comiso, según los
ni a la devolución del carro, que es establecido por la Corte Constitucional
hacia dónde va encaminada la opción en Sentencia C-591 de 2014: “7.
de respuesta de la Universidad. Cuando los bienes han sido objeto de
medidas materiales de incautación u
• Y finalmente la opción C, la cual ocupación con fines de comiso (artículo
compagina con lo ordenado en el 88 del Código de Procedimiento Penal),
artículo 88 de la ley 906 de 2004, y con la actuación de autorizar la devolución
la clave inicial de la Universidad que a quien tenga derecho a recibirlos,
era ordenar la entrega del carro al trasciende la competencia del fiscal de
propietario que desconocía los hechos, proveer al aseguramiento de los
con la diferencia que quien debe elementos materiales de prueba, y
ordenar la entrega es el Juez con puede afectar derechos fundamentales
Función de Control de Garantías y no (acceso a la justicia, debido proceso,
la Fiscalía. Ello, puesto la persona tenía reparación integral), de las víctimas,
derecho a recibirlo al no ser necesario de terceros con legítimas pretensiones
para la indagación o investigación al sobre los bienes, o del propio
tenor del artículo 88 inciso 1. Lo imputado. Se trata de una decisión que
anterior me lleva a concluir en involucra potestad dispositiva,
definitiva que, la clave más acertada es comoquiera que implica definir quién
la C, por lo cual solicito corregir el tiene derecho a recibir los bienes del
error. penalmente responsable, que
provengan o sean producto directo o
indirecto del delito, o que hubiesen
sido utilizados en delitos dolosos como
medio o instrumento para su
ejecución.” En este caso no hay
medidas cautelares posibles, dado que
el proceso está en audiencias
preliminares.

La opción D no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es
una respuesta incorrecta porque no es
necesario acudir al juez de control de
garantías para que legalice la
incautación de un bien que no será
sometido a comiso. Según lo proferido
en Sentencias C-591 de 2014 y SU-036
2018 por la Corte Constitucional, quien
fija la responsabilidad en el fiscal para
estos casos

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Por otro lado, en la parte motiva de la Resolución CJR23-0028 de 16

de enero de 2023, la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL se refirió a

los argumentos con los cuales se cuestionaba la idoneidad de las

preguntas, así como aquellos con los que se aseguraba la existencia

de múltiples opciones de respuestas válidas correctas, así:

“[…] 13. Índices psicométricos de la prueba (validez,
confiabilidad, discriminación, dificultad, efectividad) -
Análisis psicométrico de la prueba

“Como se mencionó en líneas previas, la totalidad de los ítems
incorporados en el examen, fueron creados con la participación
de destacados expertos en las diferentes materias y áreas del
conocimiento jurídico de acuerdo con la normatividad y
jurisprudencia aplicable para validar los conocimientos de los
aspirantes al concurso. Por ello, cada una de las preguntas
diseñadas fue realizada bajo estrictos protocolos de diseño
técnico y metodología especializada para este tipo de procesos,
además de atender las condiciones de confidencialidad
requeridas para este proceso en particular.

Así mismo, con miras a la construcción final del banco de
preguntas clasificadas por grado de dificultad, se contó con la
verificación posterior y objetiva de expertos idóneos,
previamente seleccionados y capacitados en la construcción de
preguntas para procesos de selección, con iguales o superiores
criterios de calidad y confidencialidad, así como con la
coordinación y supervisión permanente del área de psicometría
del operador técnico y científico del concurso, de manera tal que
se garantizara la seguridad de la información y la absoluta
confidencialidad del contenido de las pruebas. El área de
psicometría está a cargo del diseño, la validación, los análisis
psicométricos y la calificación de las pruebas escritas que hacen
parte del presente proceso de selección.

Una vez aplicadas las pruebas se realizó un análisis psicométrico
completo con fundamento en las respuestas de los examinados,
siguiendo estándares técnicos internacionalmente aceptados
como los estándares para pruebas educativas y psicológicas
(Standards for Educational and Psychological Testing, en inglés)

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de American Educational Research Association -AERA-,
American Psychological Association – APA- y National Council on
Measurement in Education - MNCE – edición del año 2014, que
incluyen procedimientos estadísticos y análisis de contenido con
el grupo de expertos encargados de la validación previa. Para tal
efecto se revisaron los indicadores de confiabilidad, validez y se
hicieron análisis de dificultad.

En términos generales, la validez hace referencia al uso de los
resultados obtenidos a través de la prueba y la confiabilidad a
los factores que afectan la calidad de la evaluación de manera
consistente mediante la prueba aplicada. La dificultad analiza el
grado de facilidad/dificultad de la prueba a partir del desempeño
de los concursantes. Al respecto, lo ideal en procesos de
evaluación es balancear entre ítems difíciles y fáciles que
permitan generar diferencias entre concursantes, por ello una
prueba de nivel medio es adecuada para la evaluación.

Así mismo los datos estadísticos psicométricos observados dan
cuenta de la calidad de la prueba evidenciando que la misma fue
adecuada para la evaluación tanto de los conocimientos como de
las aptitudes.

Ahora bien, la prueba de aptitudes tuvo una dificultad media y
una confiabilidad o consistencia interna alta, por lo que la
Universidad puede garantizar que los datos obtenidos son
altamente confiables y la medición de las aptitudes de los
participantes fue precisa. Con relación a la prueba de
conocimientos fue una prueba de dificultad media, la
confiabilidad fue buena y adecuada para cada una de las pruebas
desarrolladas según el cargo o conjunto de cargos agrupados.”

[…]

18. Preguntas capciosas, ambiguas, confusas - Solicita
excluir preguntas - Informar si fue excluido algún ítem –
Recalificar.

“Como se ha señalado reiterativamente, las metodologías y
procedimientos empleados en la construcción de ítems, contaron
con la verificación posterior y objetiva de expertos previamente
seleccionados y capacitados en la construcción de preguntas
para procesos de selección, con iguales o superiores criterios de
calidad y confidencialidad, y con la coordinación y supervisión
permanente del área de psicometría del operador técnico y
científico del concurso, con miras a la construcción final del
banco de preguntas clasificadas por grado de dificultad.

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En este sentido y luego de la revisión detallada de los ítems
incluidos, se concluye que cumplen con todos los requisitos y
estándares técnicos de construcción, verificación, dificultad,
metodología y confidencialidad requeridos para la elaboración de
pruebas en esta clase de procesos de selección, por lo que los
mismos no son susceptibles de modificación, exclusión o
invalidación, por no ser ambiguos, confusos, capciosos o
impertinentes.

Es importante resaltar que para el cargo de Juez Penal Municipal
que nos ocupa se notó la existencia de un ítem con varias
opciones de respuesta o también denominadas multiclave,
específicamente la pregunta 111, la cual se identificó luego del
análisis psicométrico y antes de la calificación, quiere esto decir,
que las opciones de respuesta fueron ya tenidas en cuenta en el
puntaje publicado.

Así las cosas, no es procedente recalificar los puntajes, toda vez
que no se excluyó ninguna pregunta y no se evidencia razón
alguna para proceder a la modificación de la calificación […]”.

Precisado lo anterior, la Sala encuentra que la presente acción de

tutela no tiene vocación de prosperar, comoquiera que la UNIDAD

DE CARRERA JUDICIAL y la UNIVERSIDAD sí dieron una

respuesta clara, precisa y de fondo a las reclamaciones que el actor

formuló en el recurso de reposición origen de la controversia en

relación con las preguntas aludidas, toda vez que explicaron las

razones por las cuales las respuestas marcadas por aquel no eran

acertadas, las justificaciones de la clave correcta, así como el

diagnóstico sobre la idoneidad de la estructura de la prueba y

preguntas con múltiple opción válida.

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Sin perjuicio de lo anterior, la Sala destaca que aunque el actor haya

ilustrado las razones por las cuales estimaba que las claves de

respuesta de la UNIVERSIDAD eran erróneas, sus preguntas

contenían enunciados incompletos o aceptaban doble respuesta, lo

cierto es que el núcleo esencial del derecho de petición, no implicaba

que las accionadas debían acceder a lo solicitado.

Lo anterior constituye una reiteración de lo señalado en sentencias

de 23 de febrero11 y 9 de marzo de 202312, en las que esta Sala se

ha pronunciado frente a solicitudes de amparo elevadas por

participantes de la convocatoria 27, por la presunta falta de

resolución de los recursos de reposición interpuestos contra los

puntajes de las pruebas de aptitudes y conocimientos.

Por otro lado, en relación con la presunta transgresión al derecho a

la igualdad, la Sala advierte que si bien en el plenario obra copia del

Oficio CJO23-332 de 31 de enero de 2023, a través del cual la

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL requirió

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de
febrero de 2023, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 110010315000 2023
00283 00.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de febrero
de 2023, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 110010315000 2023 00316
00.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de marzo
de 2023, CP Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 110010315000 2023 00336 00.

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a la UNIVERSIDAD para que se pronunciara frente a los recursos

planteados por los aspirantes a Juez Promiscuo Municipal en lo

concerniente a unas preguntas específicas, lo cierto es que la

situación planteada por el actor no es comparable, como quiera que

este participó por el cargo de Juez Penal Municipal y, en particular,

porque como quedó visto sus reproches sí fueron resueltos,

independientemente de que no hubiese sido a su favor.

Consecuente con lo anterior, la Sala denegará el amparo solicitado,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de coadyuvancia presentada por

el señor DAN MATÍAS GONZÁLEZ GARCÍA, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

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SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de amparo de la referencia, de

conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 24 de marzo de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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