Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00268-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00268-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-00268-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
16 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202300268-00
Actor: Carlos Andrés Tumbaquí Rojas
Demandado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad y iii) trabajo
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el actor contra la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la
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Núm. único de radicación: 110010315000202300268-00
Actor: Carlos Andrés Tumbaquí Rojas
sentencia de 1.° de septiembre de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 66001-23-33-000-2014-00445-01, vulneró sus
derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la E.S.E. Hospital Santa Mónica de
Dosquebradas, con el fin de que se declarara la nulidad del Oficio núm. 0656 de
10 de abril de 2014, por medio del cual le negó la existencia de una relación laboral
con dicha entidad, la cual, sostuvo se configuró desde el 1 de marzo de 2004, hasta
el 30 de enero del 2014. Precisó que, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) pagar la indemnización por el no pago oportuno de los salarios y
prestaciones sociales en los términos del artículo 52 del Decreto 2127 de 28 de
agosto de 19451, la indemnización moratoria de conformidad con lo previsto en el
artículo 13 de la Ley 344 de 27 de diciembre de 19962, las cesantías y las
diferencias entre el salario pactado en el contrato y aquello que perciben los
servidores de planta, la prima de servicio, las vacaciones, la prima de vacaciones,
la prima de navidad y la indemnización por despido injusto; ii) compensar lo que
cotizó al sistema de seguridad social; iii) indexar todas las sumas; y iv) ordenar su
reintegro.
4. Indicó que, el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia de 19
de marzo de 2020, resolvió negar a las pretensiones de la demanda.
5. Manifestó que, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante sentencia de 1.° de septiembre de 2022, resolvió:
“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de marzo de 2020 proferida por el
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“Por el cual se reglamenta la Ley 6ª de 1945, en lo relativo al contrato individual de trabajo, en general”.
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“Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones”.
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Actor: Carlos Andrés Tumbaquí Rojas
Tribunal Administrativo de Risaralda, que negó las pretensiones de la demanda, en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Carlos
Andrés Tumbaquí Rojas contra de la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante, las
cuales deben ser liquidadas por el a quo […]”.
5.1. Como fundamento de su decisión consideró lo siguiente:
“[…] No obstante lo anterior, tal afirmación no puede considerarse, per se, con vigor
probatorio suficiente para demostrar la imposición de un horario laboral al contratista,
pues al no haberse aportado ningún otro soporte probatorio (p.ej. cuadros de turnos,
de reuniones, etc.) que corrobore esa estricta exigencia, debe tenerse como un
indicio, pero no necesariamente unívoco, concluyente y determinante de la
subordinación, ya que también puede inferirse, razonablemente, que el señor
Tumbaquí Rojas cumplía ese horario motu proprio, pues al no presentarse prueba
fehaciente del inicio y terminación de la presunta jornada, cabe igualmente considerar
que, una vez terminadas sus labores, aquel podía dar por finalizada la prestación de
su servicio profesional […]”.
[…]
“[…] A partir de la lectura del objeto de los distintos contratos de «compraventa de
servicios de salud» celebrados entre la E.S.E. demandada y «Sersalud»; el objeto
del contrato individual de trabajo suscrito por el actor con la empresa «Sersalud UT»,
así como del contenido de las declaraciones de los señores Pío Eugenio Vélez
Sáenz, Sanery Toro Restrepo y Luz Adriana Ordóñez López, se encuentra probado
que el señor Carlos Andrés Tumbaquí, contrario a lo afirmado en el recurso de
apelación, sí disponía de plena autonomía profesional para el desarrollo de sus
actividades como médico […]”
[…]
“[…] Por ello, y como en el proceso no obra prueba documental que corrobore la
exigencia o imposición de un horario al demandante, ni ningún otro elemento que
demuestre que la E.S.E. ejerció sobre él un poder disciplinante (como correos
electrónicos, memorandos u oficios que contuvieran llamados de atención,
sanciones, advertencias o cualquier otra forma propia del correctivo laboral) la Sala
encuentra las pruebas testimoniales imprecisas e insuficientes para determinar que
el señor Carlos Andrés Tumbaquí laboró al servicio de la E.S.E. Hospital Santa
Mónica en condiciones de subordinación o dependencia continuada […]”.
[…]
“[…] En definitiva, en el presente caso, la parte demandante no logró demostrar que
la prestación del servicio se hubiera realizado con ausencia de autonomía, pues, se
itera, el cumplimiento de un horario y la obligación de llevar a cabo ciertas
instrucciones son condiciones válidas para el desarrollo de las funciones asignadas
al contratista […]”.
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Actor: Carlos Andrés Tumbaquí Rojas
La solicitud de tutela
Pretensiones
6. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuesta (sic)
respetuosamente solicito al Señor Juez con el fin de que se protegiera su derecho
fundamental al debido proceso, igualdad, al trabajo y a la primacía de la realidad
sobre las formas; se dejé (sic) sin efectos la sentencia de proferida por el Consejo de
Estado en su Sección segunda – el 25 de agosto de 2022 (sic), notificada por correo
electrónico el 22 de septiembre de 2022. Y en su lugar, dicten una nueva sentencia
de acuerdo a derecho, declarándose la existencia de un contrato realidad en el
periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2004 hasta el 30 de enero de 2014 y
demás suplicas de la demanda […]”.
7. Como fundamento de su solicitud, el actor señaló lo siguiente:
“[…] Para tal fin se hará un análisis detallado de los elementos para dar aplicación en
el caso particular y logra (sic) así, demostrar con las pruebas aportadas en el proceso
se cumplía el requisito y por lo tanto, nos encontramos contra una violación al debido
proceso por defecto sustancial al no realizar un análisis detallado de las pruebas […]”.
[…]
“[…] i) El lugar del trabajo: De acuerdo con el testimonio del señor Pio Eugenio Vélez
Sáenz, y la documental relacionada en los hechos probados uno, tres y cinco,
habitualmente, era las instalaciones físicas de la ESE Hospital Santa Mónica de
Dosquebradas […] ii) El horario de labores. Según las declaración (sic) del Testigo
señor Pio Eugenio Vélez, se puede constatar que cumplía un horario continuo y
recibía órdenes por parte de la coordinación de consulta externa del Hospital, así:
“este era por la mañana, por la tarde, tiempo completo, por lo que puede inferirse que
oscilaba entre las ocho horas diarias de lunes a viernes, y, eventualmente, algunos
fines de semana […]”.
[…]
“[…] En cuanto a la exigencia de ordenes (sic) se puede observar que los turnos eran
impuestos por las directivas del Hospital, los lineamientos de atención al público
según prueba que obra en el plenario la gerencia enviaba comunicados de cómo eran
las directrices de atención a los usuarios (ver: circular No. 37 de 2007), y el
cumplimiento de los reglamentos laborales […]”.
[…]
“[…] Por lo anteriormente manifestado, se encuentra el defecto que se invoca es el
procedimental, el cual se materializa cuando la autoridad judicial aplica una norma
claramente inaplicable al caso o deja de aplica (sic) la que evidentemente lo es, u
opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica; puesto, que con todo lo analizado se comprueba que el suscrito presto sus
servicios de manera personal, subordinada y en contra prestación se recibía el pago
de sus servicios. […]”.
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Actor: Carlos Andrés Tumbaquí Rojas
Actuación
8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 25 de enero de 2023: i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado; y iii) vinculó, como terceros con interés
legítimo, al Tribunal Administrativo de Risaralda, a la E.S.E. Hospital Santa Mónica
de Dosquebradas y a Seguros del Estado S.A., concediéndoles el término de tres
(3) días para rendir informe sobre el particular.
Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo
9. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado solicitó
negar la acción de tutela, por las siguientes razones:
“[…] En segundo lugar, es evidente que el actor confunde las características del
defecto sustantivo al pretender darle el alcance del defecto fáctico, pues si bien el
primero alude a una actuación desbordada (por parte del juez) «del contenido de la
norma y se imponen mayores barreras a las exigidas por el legislador para conceder
el derecho o se desconocen normas que debían aplicarse»; el segundo refiere a
aquellos supuestos donde, en el examen probatorio, «(i) se vislumbre un error
ostensible, flagrante, manifiesto e irrazonable en la valoración probatoria, que
obedezca a un proceder caprichoso o incorrecto; y, (ii) debe tener la entidad suficiente
para tener ‘incidencia directa’, ‘trascendencia fundamental’ o ‘repercusión sustancial’
en la decisión […]”.
[…]
“[…] En ese orden de ideas, una lectura ordenada de la sentencia objeto de tutela
ofrece suficiente claridad sobre la debida valoración probatoria que en ella se realizó.
Así debe tenerse en cuenta el examen del contenido de los contratos de prestación
de servicios, de los contratos entre el actor y las cooperativas de trabajo asociado, de
los documentos contentivos de directrices generales y, en particular, de los
testimonios transcritos a partir de la audiencia de pruebas grabada en medio
magnético […]”.
[…]
“[…] En definitiva, respetuosamente considero que debe declarase infundada la
acción de tutela por las causales del defecto sustantivo (fáctico) y desconocimiento
del precedente constitucional […]”.
[…]
“[…] El presente asunto no debe superar el examen de procedibilidad de la acción de
tutela, por falta de los requisitos mínimos que exige la jurisprudencia constitucional
para desatar el amparo contra una decisión judicial proferida con autonomía del juez
natural de la causa, en derecho, y que goza de los efectos de la cosa juzgada.
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Actor: Carlos Andrés Tumbaquí Rojas
Por todo lo anterior, comedidamente, solicito se declare la improcedencia de la acción
de tutela de la referencia o, en el evento en que se conozca de fondo, negar las
pretensiones de la demanda por ausencia de vulneración de los derechos
fundamentales alegados por el accionante. […]”.
10. La E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas solicitó negar la acción
de tutela, al considerar que:
“[…] De lo anterior se puede indicar que dentro del proceso de nulidad y
Restablecimiento del derecho tramitado bajo el radicado 660012333000201400445-
01, el DEBIDO PROCESO se ha regulado dentro de los trámites llevados por los
funcionarios competentes, y las peticiones elevadas por el accionante fueron
atendidas y resueltas con base en procedimientos previamente establecidos, bajo
fundamentos constitucionales y legales existentes, adicionalmente, se evidencia que
el accionante interpuesto los recursos de ley en contra de las decisiones tomadas al
interior de las diligencias, motivo por el cual no se evidencia que se haya violado el
derecho fundamental invocado, pues los falladores tanto en primera como en segunda
instancia, motivaron las decisiones teniendo en cuenta las pruebas aportadas tanto
por las partes, como las decretadas de oficio, para finalmente concluir que no eran
plausibles los argumentos narrados por la parte demandante, cosa muy distinta es
que dicha decisión no haya sido la esperada por la parte vencida, y no por esa razón
se configure una vulneración de esos derechos, no siendo este trámite sumario.
Es así como al revisar la actuación procesal surtida no se evidencia un error u omisión
en el juicio valorativo, o que el juez haya valorado de manera arbitraria, irracional o
caprichosa las pruebas en el asunto debatido, del mismo modo, el juicio estuvo
sustentado en criterios de objetividad, en la totalidad de las pruebas arribadas y el
grado de valor probatorio otorgado por el juez de instancia obedeció al principio de
sana critica, la ley, la jurisprudencia y la constitución.
Al margen de lo expuesto, es preciso llamar la atención del accionante en el sentido
de que no es la tutela un mecanismo previsto para propiciar una instancia adicional
cuando el litigante queda inconforme con la solución definitiva otorgada por la
jurisdicción […]”.
[…]
“[…] Por lo anterior, se considera y se solicita respetuosamente que la tutela sea
declarada improcedente ya que ésta, fue creada para proteger los derechos
fundamentales en sí mismo considerados y no para dirimir asuntos legales o
reglamentarios y mucho menos para desconocer una decisión que fue ajustada a
derecho, como es lo que pretende la parte actora en este caso. Se reitera, la acción
de tutela no es un recurso adicional destinado ineludiblemente a lograr una decisión
favorable para la parte actora […]”.
11. Seguros del Estado S.A. solicitó negar la acción de tutela, por las siguientes
razones:
“[…] las sentencias de primera y segunda instancias proferidas dentro del proceso
ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, se encuentran ajustadas a
derecho […]”.
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[…]
“[…] Como se observa la póliza de responsabilidad civil extracontractual, excluye
expresamente las reclamaciones que tengan sustento en una relación contractual de
carácter laboral, dado que la citada póliza, tiene por finalidad exclusiva cubrir la
responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado, por daños
materiales y lesiones personales causadas a “terceros”, durante la vigencia de la
póliza y en desarrollo de las actividades propias del contrato Asegurado mencionado
y no el incumplimiento propiamente dicho de las obligaciones contractuales cuyos
riesgos son amparados por pólizas de cumplimento […]”.
[…]
“[…] Así las cosas, del análisis del texto de la demanda y de los soportes aportados,
se puede verificar que la acción adelantada encuentra su fundamento en virtud de
una vinculación laboral, por lo que se encuentra que NO concurren los requisitos
legales que exigen la existencia y configuración de la responsabilidad civil
extracontractual, que soporten la solicitud de efectividad de las pólizas de seguro de
responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento No 55-40-101002145,
55-40-101002215, 55-40-101002312, 55-40-101002462 […]”.
12. El Tribunal Administrativo de Risaralda allegó el expediente del proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número único de radicación 66001-23-33-000-2014-
00445-01.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 3, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20214 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20185
y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 6, que asigna a
esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Generalidades de la acción de tutela
14. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas jurídicos
15. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales,
concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.
16. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la igualdad; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al trabajo; procediendo posteriormente a vi) resolver el caso concreto,
adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los
requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
17. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena7, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
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que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
18. Esta Sección adoptó8 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 20059, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
19. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
20. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”10 que encaje en dichos parámetros.
21. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
9 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
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que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
22. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto
23. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de la
relevancia constitucional.
Acerca del requisito general de la relevancia constitucional
24. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5
de agosto de 201412, al referirse al requisito general de relevancia constitucional,
consideró lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [13]; por otro, evita que la
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
12 Ut supra página 6.
[13] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
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acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [14].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [15].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [16].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [17]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
[14] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[15] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[16] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[17] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
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Actor: Carlos Andrés Tumbaquí Rojas
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [18].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [19]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.
[…]
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).
25. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional consideró20:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”21
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
[18] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[19] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
20 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
21Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”22
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
26. En ese orden de ideas, el requisito general de la relevancia constitucional se
acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez constitucional se
involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y ii) cuando el actor
en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga argumentativa mínima de
establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial demandada
incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la afectación de los
derechos fundamentales.
27. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202223
precisó, en relación con el alcance del requisito general de la relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
22 Ibidem.
23 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción
de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no
a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental,
producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia,
(ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]”. (Resaltado por la Sala).
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Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso
28. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
29. Atendiendo a que, la Corte Constitucional24 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
30. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
24 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
31. Atendiendo a que la Corte Constitucional25 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo
32. Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a
un trabajo en condiciones dignas y justas […]”.
33. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo
ha dicho lo siguiente26:
“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un
derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de derecho
y como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental el derecho
al trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la personalidad
jurídica; un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la medida en que a
25 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
26 Corte Constitucional, sentencia T-611 de 8 de junio de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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través de él la persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve logran su
perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el individuo no podría existir
dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona los medios indispensables
para su congrua subsistencia y además desarrolla su potencial creativo y de servicio
a la comunidad. El derecho al trabajo es la actividad que lo pone en contacto
productivo con su entorno.
El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se refleja
en la especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido de
protección subjetiva con la enumeración de principios mínimos que limitan el
ejercicio legislativo (artículo 53) y con el reconocimiento expreso de la
responsabilidad del Estado en la promoción de políticas de pleno empleo (artículo
334) […]”.
Análisis del caso concreto
34. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
35. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
36. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
36.1. Copia digital del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 66001-23-33-000-2014-00445-01.
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Solución del caso concreto
37. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. El actor en su escrito de tutela indicó que la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró sus derechos fundamentales,
toda vez que, a su juicio, incurrió en “[…] una violación al debido proceso por
defecto sustancial al no realizar un análisis detallado de las pruebas […]”.
43. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por el actor ya fue
objeto de estudio por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado y la acción de tutela contra providencia judicial no constituye una tercera
instancia que permita reabrir el debate resuelto por el juez natural, sino que tiene
por objeto verificar si las entidades accionadas incurrieron en la vulneración de
derechos fundamentales.
44. Además de lo anterior, para la Sala, el actor plantea una afectación de
derechos fundamentales que tienen su origen en últimas en un debate
estrictamente legal y probatorio, el cual ya fue expuesto dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho y fue decidido por el juez natural de la
causa, por lo que no le corresponde al juez constitucional hacer un
pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio de
autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional
convirtiéndolo en una instancia adicional.
45. Además, la Sala debe hacer énfasis que cuando se trata de interponer una
acción de tutela contra providencias proferidas por una Alta Corte como lo es el
Consejo de Estado, el juez constitucional debe efectuar un análisis de
procedibilidad de los requisitos generales de manera más rigurosa y exigente. En
ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al tema ha considerado lo
siguiente27:
“[…] Dado que “la garantía de que cada órgano goce de autonomía, en el sentido
que debe poder desenvolverse y desplegar su actividad por sí mismo, y
autogobernarse, son actividades que resultan básicas para definir el equilibrio en el
27 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
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ejercicio del poder público”28, los órganos judiciales de cierre “tienen entre sus
competencias ‘la unificación de jurisprudencia como forma de precisar con autoridad
y vocación de generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas del
ordenamiento jurídico”29. Por tanto, en el evento en que se cuestione una sentencia
dictada por una Alta Corte, el examen de la relevancia constitucional debe ser más
estricto que el que pudiera hacerse en los demás eventos de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales. En tales términos, la acreditación de
esta exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga
una relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la
existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un derecho
fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel […]”.
46. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal de lo
Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…] entidad de
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…] no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito de tutela se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.
47. Así las cosas, esta Sección, siguiendo el precedente precisado por la Corte
en la sentencia SU – 215 de 2022, considera que la controversia que nos ocupa
carece de relevancia constitucional porque la discusión planteada por el actor no
gira en torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de un derecho fundamental; a lo
que se agrega que el actor no justificó el motivo por el cual dicha decisión constituye
una afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales.
48. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien el actor aduce que fueron
desconocidos sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al
trabajo, lo cierto es que no existe una mayor explicación acerca de las razones por
las cuales se afectó, en forma desproporcionada, el núcleo esencial de los derechos
fundamentales del actor con ocasión de la sentencia de 1.° de septiembre de 2022
proferida por Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
28 Sentencia SU-050 de 2018.
29 Sentencia SU-354 de 2017.
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49. Asimismo, la Sala considera que la discusión que se expone a través del
escrito de tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia
antes transcrita, no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la
controversia se encuentra limitado a asuntos meramente legales y probatorios cuya
competencia se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
50. Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance de
contenido particular y meramente legal y probatorio, esto es así porque la discusión
y los argumentos que se extraen de la acción de tutela, más que develar la
necesidad de protección de un derecho fundamental, buscan que el juez de tutela
valide la tesis jurídica del actor y, con ello, acceda a las pretensiones de la demanda,
sin que de esta discusión se pueda evidenciar una clara trascendencia o relevancia
constitucional.
51. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple
con el requisito general de relevancia constitucional dentro del marco de la acción
de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien el actor enuncia
la trasgresión de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al
trabajo, esa presunta afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal y
probatorio.
Conclusiones de la Sala
52. Con fundamento en lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la
acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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Actor: Carlos Andrés Tumbaquí Rojas
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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