Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2014-00445-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2014-00445-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2014-00445-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
1 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., uno (1) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Asunto: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicado: 66001-23-33-000-2014-00445-01 (2976-2020)
Demandante: Carlos Andrés Tumbaquí Rojas
Demandado: E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas (Risaralda)
Temas: Contrato estatal de prestación de servicios, relación laboral subyacente o
encubierta
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda, de 19 de marzo de 2020, por medio de
la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 138 de
la Ley 1437 de 2011), el ciudadano Carlos Andrés Tumbaquí Rojas, mediante apoderado,
formuló demanda en orden a que se declarara la nulidad del oficio 0656, de 10 de abril de
2014, expedido por el gerente de la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, a
través del cual se le negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral, así
como el pago de las respectivas acreencias laborales derivadas de esta.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i)
declarar la excepción de inconstitucionalidad frente al acto demandado por ser contrario a
la Constitución; ii) declarar que entre el demandante y la E.S.E. Hospital Santa Mónica
existió una relación laboral entre el 1 de marzo de 2004 y el 30 de enero de 2014; ii) ordenar
a la parte demandada a reconocer y pagar la indemnización por el no pago oportuno de los
salarios, prestaciones sociales y cesantías correspondientes; iii) ordenar el pago de la
diferencia resultante entre lo pactado en los contratos y lo devengado por un empleado de
planta; iv) ordenar el pago de las prestaciones sociales que dejó de percibir durante la
vigencia del vinculo contractual: prima de servicios, vacaciones, primas de vacaciones y
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navidad; v) compensar el pago de los aportes a la Seguridad Social; vi) ordenar el pago de
la indemnización por despido injusto; vii) ordenar la indexación de los valores adeudados;
y, viii) ordenar a la entidad accionada a que realice un nuevo acto administrativo en el cual
se le vincule directamente como personal de planta.
1.1.2. Hechos:
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) El señor Carlos Andrés Tumbaquí Rojas prestó sus servicios como médico de consulta
externa, de manera ininterrumpida, en la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas,
desde el 1 de marzo de 2004 hasta el 30 de enero de 2014.
ii) La labor ejecutada por el demandante se realizó según las instrucciones y bajo el control
exclusivo del gerente y del jefe del área de Consulta Externa de la E.S.E. Hospital Santa
Mónica, quienes, en tal condición, permanentemente, le impartían directrices sobre sus
actividades.
iii) Las obligaciones desarrolladas por el señor Tumbaquí Rojas debían ejecutarse dentro
de un horario determinado, rotativo e impuesto exclusivamente por la entidad demandada,
el cual, además, era de obligatorio cumplimiento, pues se le exigía laborar de forma
continua y estar con plena disponibilidad cuando las circunstancias lo requerían.
iv) La E.S.E. Hospital Santa Mónica buscó enmascarar la relación laboral a través de la
intermediación de varias cooperativas de trabajo asociado, con las cuales suscribió distintos
acuerdos cooperativos, pero que, en la práctica, solo eran «maniobras administrativas».
v) El 28 de marzo de 2014, presentó derecho de petición a la E.S.E. Hospital Santa Mónica,
donde solicitó el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones
sociales.
vi) El 10 de abril de 2014, el gerente de la E.S.E. Hospital Santa Mónica, mediante el oficio
0656, negó la anterior solicitud.
1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
Se cita como normas violadas los artículos 1, 2, 4, 25, 48, 53 y 209 de la Constitución; 8, 9,
10, 11 y 41 del Decreto 3135 de 1968; 43 al 49 y 51 del Decreto 1848; Decreto 451 de 1984;
Ley 6 1945, artículo 17; Ley 65 de 1946 artículo 1; Decreto 1160 de 1947; Decreto 3118 de
1968; Ley 50 de 1990 artículos 99,102 y 104; artículos 13 y 14 de la Ley 344 de 1996; Ley
244 de 1995; el Decreto 1252 de 2000; el Decreto 1042 de 1978; el Decreto 372 de 2006;
la Ley 100 de 1993; la Ley 780 de 2002; el Código Sustantivo del Trabajo y, los artículos 2,
3, 84, 85 y 206 del CPACA.
Al desarrollar el concepto de la violación, el apoderado de la parte demandante sostuvo lo
siguiente:
i) La E.S.E. demandada utilizó equivocadamente la figura contractual con la cooperativa de
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trabajo asociado para encubrir la naturaleza real de la relación laboral, configurándose en
este caso el contrato realidad, dado que se presentaron los elementos propios de esta figura
como son la prestación personal del servicio, la continua subordinación y la remuneración.
ii) Se han vulnerado las normas citadas, porque fueron utilizados los servicios personales
del señor Tumbaquí Rojas para el desarrollo de una actividad misional, en el servicio público
de salud prestado por la E.S.E. Hospital Santa Mónica y en las mismas condiciones que los
demás empleados públicos de iguales calidades.
iii) Aunque el objeto del contrato haya sido la prestación de servicios como médico de
consulta externa, no se puede descartar la existencia de una relación laboral encubierta
bajo contrato de trabajo asociado, pues no existió autonomía o independencia del
demandante, las cuales son características de ese negocio jurídico. Por ello, a pesar de ser
una profesión liberal, entre las partes se presentó una relación subordinada y dependiente,
pues este elemento puede configurarse en otros aspectos de índole administrativo, como
el cumplimiento de horarios, el lugar de actividad o la recepción de órdenes.
iv) De igual manera, se desconoció la legislación sobre los temas de las cooperativas de
trabajo asociado, dado que éstas no pueden actuar como empresas de intermediación
laboral ni disponer del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal a
terceros.
v) Por todo lo anterior, entre el señor Tumbaquí Rojas y la demandada existió una auténtica
relación laboral, la cual se extendió por un periodo continuo de casi diez años; razones
suficientes para que se acceda a las pretensiones de la demanda.
1.2. Contestación de la demanda1
La E.S.E. Hospital Santa Mónica, por conducto de apoderado, se opuso a la prosperidad
de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación:
i) Entre el demandante y la demandada no hubo ninguna situación de subordinación, sino
una de simple coordinación entre las partes, para articular la forma y el tiempo en que la
entidad iba a recibir el servicio contratado. Así pues, no se pactó, de mutuo acuerdo, una
subordinación que impusiera el cumplimiento de horarios o condiciones de dirección sobre
el contratista. Por lo tanto, no había lugar a declarar que entre la demandada y el
demandante existiera una relación de carácter laboral.
ii) El accionante conocía para quién prestaba sus servicios médicos, por lo que la
subordinación, a la cual se hace referencia en la demanda, nunca tuvo existencia. Además,
el contratista podía disponer de su tiempo según su conveniencia, siempre y cuando
cumpliera con el objeto del contrato; por esta razón, a pesar de tener horarios, estos no
eran convenidos con la entidad accionada, ya que estos correspondían a los que ofertaban
las cooperativas de trabajo.
iii) Al contratar la ejecución de procesos, a través de personas jurídicas, la E.S.E. no incurre
1
Folios 144 al 149.
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en la existencia de un vínculo de carácter laboral, toda vez que lo buscado con este tipo de
contratación es satisfacer las necesidades existentes; por ello, la entidad contrató la
ejecución de procesos en medicina a través de cooperativas de trabajo, las cuales eran las
encargadas de la supervisión técnica de sus asociados.
iv) Como el señor Tumbaquí Rojas no estuvo vinculado directamente con la E.S.E., sino
con cooperativas de trabajo asociado, en este caso el verdadero patrono, no es posible
reconocerle la relación laboral ni el pago de las prestaciones salariales y prestacionales que
solicita.
v) En ese orden de ideas, propuso como excepciones las de falta de legitimación en la
causa por pasiva, proposición jurídica incompleta, cobro de lo no debido y prescripción
trienal.
1.3. La sentencia apelada2
El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia proferida el 19 de marzo de
2020, negó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos
términos:
i) Es posible la contratación de prestación de servicios a través de personas jurídicas como
las empresas temporales de trabajo, pero con los límites del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 y del artículo 77 de la Ley 50 de 1990.
ii) Para efectos de demostrar la relación laboral entre las partes, se requiere que el
interesado pruebe los elementos esenciales de aquella, esto es, que su actividad en la
entidad estatal haya sido personal y, que por dicha labor, hubiese devengado un pago;
aunado a ello, se debe probar la subordinación y dependencia, situación entendida como
aquella facultad para exigir al servidor el cumplimiento de órdenes en cualquier momento,
en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, lo cual debe
mantenerse durante todo el vínculo.
iii) A partir de los medios de prueba aportados al plenario, se evidenciaba que el señor
Carlos Andrés Tumbaquí «recibió aportes pensionales de dos empleadores, lo que significa
que distribuía la prestación de sus servicios, y, en este punto, el supuesto horario que
cumplía de lunes a sábado, de 8 horas diarias, como se indicó en la demanda, queda en
entredicho».
iv) La declaración del testigo Pío Eugenio Vélez Sáenz, si bien «da fe de conocer al
demandante y que dicha circunstancia fue con ocasión de compartir escenario de funciones
como prestadores del servicio de salud en la E.S.E. demandada, es impreciso en las fechas
y en las circunstancias de tiempo modo y lugar, pues no ofreció respuesta concreta en
relación con la vinculación del demandante al hospital».
v) Así las cosas, si bien es cierto que la vinculación de trabajadores a través de cooperativas
de trabajo asociado o empresas de servicios temporales, si no se desarrolla en los términos
2
Folios 395 al 411.
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jurisprudencial y normativamente señalados, desnaturaliza su esencia de temporalidad,
también lo es que la carga probatoria resulta un elemento esencial de su configuración; por
lo que no basta con afirmar que se prestó el servicio, sino que debe demostrarse que la
supuesta subordinación, derivada de la relación de trabajo, se materializó en órdenes
proferidas de manera concreta y detallada, sin que pueda el juzgador declarar su existencia
con supuestos fácticos derivados de las declaraciones expuestas en unas pruebas
testimoniales o partiendo de las presunciones.
vi) Las anteriores razones constituyen causa suficiente para estimar que los argumentos
expuestos por la parte demandante no encuentran respaldo probatorio en las pruebas que
obran en el proceso; en consecuencia, como no se demostró la existencia de la relación
laboral del señor Carlso Andrés Tumbaquí con la E.S.E. Hospital Santa Mónica, deben
negarse las pretensiones de la demanda.
1.4. El recurso de apelación3
El señor Carlos Andrés Tumbaquí Rojas, a través de su apoderado judicial, formuló la
alzada contra la sentencia de primer grado, al considerar inadecuada la valoración
probatoria respecto del elemento de la subordinación. En ese sentido, precisó lo siguiente:
i) Obra en el plenario «certificado laboral de la entidad Servitemporales o Servitemporales
Empacamos S.A., en la cual, la entidad certifica que “el doctor Carlos Andrés Tumbaquí
laboró en misión en nuestra empresa con contrato de obra o labor determinada como
empleado en misión para la E.S.E. Hospital Santa Mónica, en el periodo 17-01-2013 hasta
el 30-01-2014”».
ii) De igual modo, el testimonio del señor Pío Eugenio Vélez permite evidenciar que el
demandante prestó sus servicios, como médico general de Consulta Externa en la E.S.E.
Hospital Santa Mónica, desde el 1 de marzo de 2004 hasta el 30 de enero de 2014.
iii) La labor de médico general no puede considerarse prestada de forma autónoma, «pues
[el contratista] no puede definir en qué lugar prestar sus servicios y en qué horario; es más,
su labor de coordinación de turnos y de vigilancia de los pacientes no puede ser suspendida
sino por justa causa, previamente informada, [ya que] pondría en riesgo la prestación del
servicio de salud; por lo tanto, existe una relación de subordinación».
iv) «En cuanto a los contratos suscritos entre la E.S.E. demandada con las cooperativas,
como lo ha señalado el Consejo de Estado, lo que se presenta en estos casos es que se
oculta la relación laboral a través de la intermediación por parte de las cooperativas a favor
de las entidades del Estado, siendo la entidad pública el tercero beneficiado».
v) En razón de lo anterior, solicitó «(...) sea revocada la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, se concedan las súplicas de la demanda del señor Carlos Andrés Tumbaquí
(…)».
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
3
Folios 414 al 417.
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1.5.1. Del demandante4
El señor Carlos Andrés Tumbabquí Rojas, a través de su apoderada, reiteró los argumentos
expuestos con la demanda y en el recurso de apelación. Asimismo, destacó la reciente
jurisprudencia de esta corporación en la SUJ-025-CE-S2-2021, de 9 de septiembre de
2021, la cual entiende aplicable al caso concreto. Finalmente, insistió en la valoración de la
prueba testimonial para determinar el elemento de la subordinación, y en los certificados de
las cooperativas de trabajo asociado para establecer el tiempo de la prestación del servicio.
1.5.2. De la demandada5
La E.S.E. Hospital Santa Mónica, a través de su apoderado, replicó las razones de defensa
propuestas en la contestación de la demanda, de forma que insistió en que la contratación
con las cooperativas de trabajo asociado «tienen pleno amparo legal en las leyes y
decretos»; por lo que la E.S.E., en cumplimiento de la normativa, «suscribió un contrato de
compraventa de servicios, en el que la empresa le asignó varios puestos de trabajo»,
ocupado uno de ellos por el señor Tumbaquí, «de quien se presume que de manera
voluntaria y por su propia cuenta y riesgo, suscribió contrato de trabajo con dicha empresa»;
por consiguiente, no se configura ninguna relación laboral con la demandada.
1.6. El ministerio público
No rindió concepto.6
2. Consideraciones
2.1. Competencia
Conforme al artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para conocer
del presente litigio, en segunda instancia. Por su parte, en atención al contenido del artículo
328 del Código General del Proceso, el juez de alzada únicamente debe pronunciarse
respecto de los argumentos expuestos en el respectivo recurso de apelación, salvo que
ambas partes hayan recurrido, caso en el cual decidirá sin limitaciones.
2.2. Problema jurídico
De acuerdo con los argumentos expuestos en la apelación, corresponde a la Sala resolver
las siguientes cuestiones: i) si entre el señor Carlos Andrés Tumbaquí Rojas y la parte
demandada existió una relación laboral encubierta o subyacente. De ser así, si tiene
derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que solicita; y, ii) en caso de
comprobarse la relación laboral, determinar, de acuerdo con los lineamientos de la
sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021, si debe declararse la
prescripción extintiva frente a alguno o todos los periodos de vinculación del demandante.
4
Índices 18, 19, 22 y 23 del Samai.
5
Índice 24 del Samai.
6
Según constancia secretarial visible en folio 454.
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2.3. Marco normativo y jurisprudencial
De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, de 9 de septiembre
de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el marco normativo y
jurisprudencial para determinar la existencia de las relaciones laborales encubiertas o
subyacentes es el siguiente:
El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 declara como valores, objetivos y
principios de la Nación «la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo
que asegure un orden político, económico y social justo». A su vez, los artículos 13 y 25
ejusdem desarrollan, como derechos fundamentales, la igualdad y el trabajo digno:
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica.
Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades,
de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas.
Aunado a estos preceptos, el artículo 53 constitucional consagra como derechos
fundamentales de los trabajadores, entre otros, los siguientes: i) igualdad de oportunidades;
ii) remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; iii)
estabilidad en el empleo; iv) irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales; v) facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y
discutibles; vi) situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho; y, vii) primacía de la realidad sobre
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales.
Ahora, el mismo artículo 53, además, expresa que los convenios internacionales sobre el
trabajo, debidamente ratificados por el Estado, forman parte de la legislación interna (bloque
de constitucionalidad laboral). En ese sentido, en el ámbito del derecho internacional, la
igualdad laboral fue consagrada por la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo -OIT-7 a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor», el
cual fue desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la misma organización8, en cuya
virtud «todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y
llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos adecuados a las condiciones
y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo
y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto».
Asimismo, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José́ de Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador:
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos
económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988,
7
Aprobada el 11 de abril de 1919.
8
Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
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el cual, en sus artículos 6 y 7, consagra el derecho al trabajo como «(...) la oportunidad de
obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una
actividad lícita libremente escogida o aceptada», de manera que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «(...) unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias
(...)», y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los
trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un
salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas garantías
mínimas para la materialización del derecho al trabajo, pues los artículos 1 y 2 del citado
Protocolo de San Salvador16 establecieron la obligación de los Estados parte de adoptar las
medidas necesarias en su ordenamiento interno, para efectivizar los derechos que en el
Protocolo se reconocen, entre ellos, el trabajo. En consecuencia, ni la ley, ni mucho menos
los contratos, los acuerdos o los convenios laborales pueden menoscabar la libertad, la
dignidad humana o los derechos de los trabajadores en Colombia.
Retornando al ordenamiento nacional, el artículo 122 de la Constitución, al señalar que «no
habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y para
proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva
planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente», define una
característica esencial de las relaciones laborales de naturaleza legal y reglamentaria y
constituye fundamento constitucional para prohibir la suscripción de contratos de prestación
de servicios para vincular personas en el desempeño de funciones propias o permanentes
de las entidades estatales.
A su turno, el Código Sustantivo de Trabajo, en sus artículos 23 y 24, recoge a nivel legal,
como elementos que configuran la relación laboral, los siguientes: i) la actividad personal
del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del
empleador; y, iii) un salario como retribución del servicio.
Así las cosas, con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la
existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta de un
estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el ordenamiento, junto
con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para hacer efectiva la garantía de
los derechos de las personas que se relacionan laboralmente con el Estado.
2.3.1. El contrato estatal de prestación de servicios
El contrato estatal de prestación de servicios, por ser uno de los instrumentos de gestión
pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración para satisfacer
sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado, es un tipo de negocio
jurídico que expresamente recoge el estatuto general de contratación pública; se trata, por
tanto, de un contrato típico, pues está definido en el numeral tercero del artículo 32 de la
Ley 80 de 1993, que establece lo siguiente:
3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos
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contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán
por el término estrictamente indispensable.
Adicionalmente, la regulación del contrato de prestación de servicios ha sido
complementada por otras disposiciones legales y reglamentarias, entre las cuales destacan
las contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en los decretos reglamentarios 855 de 1994, 1737,
1738 y 2209 de 1998, 2170 de 2002, 66 de 2008, 2474 de 2008, 2025 de 2009, 4266 de
2010 y 734 de 2012; muchas de ellas modificadas, subrogadas, derogadas e incluso
compiladas en el Decreto 1082 de 2015,9 cuyo Libro 2, Parte 2, Título 1, reúne, hoy en día,
la mayor parte de las disposiciones reglamentarias de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.
Así pues, con base en las anteriores disposiciones de rango legal y reglamentario que
complementan su regulación, y de un amplio acervo jurisprudencial de esta corporación, se
pueden considerar como características del contrato estatal de prestación de servicios las
siguientes:
i) Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para desarrollar
«actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad», y no cabe
su empleo para la cobertura indefinida de necesidades permanentes o recurrentes de esta.
ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos casos, la
entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no puedan realizarse
con personal de planta o requieran conocimientos especializados».10
iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o
dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que «En
ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales».11
A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y contratista es
una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como puede ser
el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus
superiores, o tener que reportar informes.
2.3.2. Criterios para identificar la existencia de una relación laboral encubierta o
subyacente por contratos de prestación de servicios
Si bien el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 establece que los contratos de
prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la obligación
de reconocer y pagar prestaciones sociales, la jurisprudencia de esta corporación y de
9
«Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional»,
10
Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un apoyo externo por exceso
de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento especializado necesario para llevar a buen término la
actividad encomendada a la entidad.
11
Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que en la práctica se configure
una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo rige el principio de prevalencia de la realidad sobre
las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso
del numeral 3º del artículo 32, indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que
se acredite por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
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la Corte Constitucional ha admitido que tal disposición no es aplicable cuando se
demuestran los elementos configurativos de un contrato de trabajo.
Esto es así, en virtud del mandato superior (artículo 53) que consagra la prevalencia de la
realidad frente a las formas, caso en el cual debe concluirse, que si bajo el ropaje externo
de un contrato de prestación de servicios se esconde una auténtica relación de trabajo, esta
da lugar al surgimiento del deber de retribución de las prestaciones sociales a cargo de la
Administración. No obstante, aun cuando se acrediten los mencionados elementos del
contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una relación laboral,
por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado publico a quien
prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el articulo 122 de la Carta
Política.12
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala conjuntó las siguientes manifestaciones como
parámetros o indicios de la auténtica naturaleza que subyace a cada vinculación
contractual.
2.3.2.1. Los estudios previos. En el caso del contrato estatal de prestación de servicios
profesionales, que es la modalidad que se examinó en el marco de la sentencia de
unificación SUJ-025-CE-S2-2021, el análisis del sector depende del objeto del contrato y
de las condiciones de idoneidad y/o experiencia que permiten contratar a la persona natural
o jurídica que está en condiciones de desarrollarlo. No obstante, al ser un contrato temporal,
el término por el cual se celebra debe estar consignado en los estudios previos dentro del
objeto contractual.
Sobre el particular, en la citada sentencia de unificación se precisó lo siguiente:
(...) para poder determinar si los contratos de prestación de servicios celebrados con un mismo
contratista, de manera continuada o sucesiva, guardan entre sí rasgos inequívocos de
identidad, similitud o equivalencia, que permitan concluir que todos ellos forman parte de una
misma cadena o tracto negocial de carácter continuado y permanente, que desborda el
«término estrictamente indispensable» del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los demandantes
deberán demostrar, con fundamento en los estudios previos y demás documentos
precontractuales y contractuales, que el objeto de dichos contratos, las necesidades que se
querían satisfacer, las condiciones pactadas al momento de su celebración y las circunstancias
que rodearon su ejecución, develan la subyacencia de una verdadera relación laboral
encubierta y el consiguiente desconocimiento de sus derechos laborales y prestacionales, por
haber fungido, en la práctica, no como simples contratistas, autónomos e independientes, sino
como verdaderos servidores en el contexto de una relación laboral de raigambre funcionarial.
2.3.2.2. Subordinación continuada. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo
del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de servicios,
pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el cumplimiento de
órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de trabajo, obedecer protocolos de
organización y someterlo a su poder disciplinario. No obstante, la subordinación es un
12
Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-000-2001-05650-01(0924-
09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez
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concepto abstracto que se manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el
modo de prestación del servicio.13
A este respecto, como indicios de la subordinación, la sentencia consolidó las siguientes
circunstancias:
i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad para
que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva
realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la Sala Plena estimó necesario matizar
esta circunstancia, por lo que el juzgador debe valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a
las modalidades permitidas para los empleados de planta.
ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada de
trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación, y, por consiguiente,
que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios
de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) habitualmente requieren la incorporación de
jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento
estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación
subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través de la
exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina
o del ius variandi,14 la dirección y control efectivo de las actividades del contratista constituye
uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de la
subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su inserción en el círculo
rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una
influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia,
imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio
normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen asignadas
los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la
relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento
de funciones o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas
en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser
indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando
en la ejecución de esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral
a los que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.
2.3.2.3. Prestación personal del servicio. La labor encomendada al presunto contratista
debe ser prestada de forma personal y directamente por este;15 pues, gracias a sus
capacidades o cualificaciones profesionales, fue a él a quien se eligió y no a otro; por lo
que, dadas las condiciones para su ejecución, el contratista no pudo delegar el ejercicio de
sus actividades en terceras personas.16
2.3.2.4. Remuneración. Por los servicios prestados, el presunto contratista ha debido
recibir una contraprestación económica, con independencia de si la entidad contratante fue
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 24 de abril de 2019; radicado 08001-23-33-000-2013-00074-
01(2200-16); C.P. William Hernández Gómez.
14
A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54 y 55.
15
Código Sustantivo del Trabajo, literal b) del artículo 23: [Es uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo] «La actividad
personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo».
16
Al respeto, véase, entre otras sentencias, la del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; de 1 de marzo de 2018; radicado
2013-00117-01 (3730-2014); C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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la que directamente la realizó. Lo importante aquí es el carácter fijo o periódico de la
remuneración del trabajo. En la práctica, esta retribución recibe el nombre de honorarios,
los cuales pueden acreditarse a través de los recibos que, por dicho concepto, enseñen los
montos que correspondan a la prestación del servicio contratado.
2.3.3. Reglas de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021
2.3.3.1. Primera regla. El «término estrictamente indispensable», al que alude el
numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tiene lugar en la fase precontractual, pues
es en esta donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de los
recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible» para su ejecución. En
otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el tiempo necesario para ejecutar el
objeto contractual convenido, y este debe estar sujeto al principio de planeación, que
encuentra su manifestación práctica «en la elaboración de los estudios previos a la
celebración del negocio jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con
suficiencia las razones que justifiquen que la Administración recurra a un contrato de
prestación de servicios».17
En ese sentido, la Sala unificó el sentido y alcance del «término estrictamente
indispensable» como aquel que aparece expresamente estipulado en la minuta del
contrato de prestación de servicios, que de acuerdo con los razonamientos contenidos en
los estudios previos, representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla
a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se derivan, sin perjuicio de
las prórrogas excepcionales que puedan acordarse para garantizar su cumplimiento.
Sumado a lo anterior, no puede olvidarse que el principio de planeación está relacionado
directamente con el principio de legalidad, cuya observancia en la formulación de los
documentos que conforman la etapa precontractual, en cada proceso de selección pública,
es manifestación de una correcta y trasparente planeación. En este sentido, la exigencia de
introducir un «término estrictamente indispensable» para la ejecución del objeto convenido
en la etapa precontractual no es un requisito de forma; es un elemento esencial del principio
de planeación –y en consecuencia del de legalidad- en cuanto determina la duración del
negocio jurídico.18
2.3.3.2. Segunda regla. La Sala consideró adecuado establecer un periodo de treinta (30)
días hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa de
fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos de
juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura del
vínculo que se reputa laboral.
Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las siguientes
recomendaciones:
Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 80 de
1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una misma
17
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; sentencia de 2 de diciembre de 2013; radicado 11001-03-26-000-2011-00039-
00(41719); C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
18
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, expediente: 16.130.
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persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una auténtica
relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el contrato anterior
y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie la ejecución del otro,
no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y cuando se constate que los
objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan
a la satisfacción de las mismas necesidades.
Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los efectos
jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de haberse
presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la prescripción de los
derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el evento contrario, el juez
deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto de algunos de los contratos
sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el reconocimiento de los derechos
salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen podido generarse.
Asimismo, en la sentencia se reiteró que «(...) cualquier asunto que involucre periodos
contractuales debe analizarse siguiendo los parámetros que la Sentencia de Unificación del
25 de agosto de 2016, [Expediente 0088-15, CESUJ2, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter], la
cual estableció, a efectos de declarar probada la excepción de prescripción en los contratos
de prestación de servicios», lo siguiente:
(…) en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado
y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de
ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno
de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de
permanencia en el servicio.
[...]
(…) quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia,
el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años
contados a partir de la terminación de su vínculo contractual. (Negrillas fuera del texto)
En suma, la tesis que actualmente impera en la Sección Segunda, en materia de
prescripción de derechos derivados del contrato realidad (o relación laboral encubierta o
subyacente), es que esta tiene ocurrencia, exclusivamente, cuando no se presenta la
reclamación del derecho, por parte del contratista, dentro de los 3 años siguientes a la
terminación del vínculo develado como laboral.19
2.3.3.3. Tercera regla. Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró
«improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados
por el contratista en exceso», por «constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal». Lo anterior, comoquiera que el contratista debe sufragar dicha contribución, en
tanto está obligado por la ley a efectuarla, y, por lo tanto, no es procedente ordenar su
devolución aunque se haya declarado la existencia de una relación laboral encubierta.
Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos de los
artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270 y 271 ejusdem,
para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía judicial y administrativa. En tal
virtud, se procede a resolver el caso concreto a la luz de dichos parámetros.
19
En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección Segunda aclaró que el término de la solución de continuidad
unificado solo cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de
no estarlo, no existe una relación laboral cuya duración deba ser examinada.
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2.3.4. Sobre las cooperativas de trabajo asociado
De conformidad con la Ley 79 de 198820 y el Decreto 4588 de 200621 las cooperativas son
organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector de la economía solidaria, que
vinculan el trabajo personal de sus asociados, quienes, a su vez, son gestores, contribuyen
económicamente a la cooperativa y aportan directamente su capacidad de trabajo para el
desarrollo de actividades económicas, profesionales o intelectuales con la finalidad de
producir en común bienes, prestar servicios o ejecutar obras para satisfacer las
necesidades de los asociados y de la comunidad en general.
Respecto de la naturaleza de tipo de organizaciones, la Corte Constitucional,22 al analizar
la exequibilidad del artículo 59 de la Ley 79 de 1988, señaló lo siguiente:
Las cooperativas de trabajo asociado nacen de la voluntad libre y autónoma de un grupo de
personas que decide unirse para trabajar mancomunadamente, bajo sus propias reglas
contenidas en los respectivos estatutos o reglamentos internos. Dado que los socios son los
mismos trabajadores, éstos pueden pactar las reglas que han de gobernar las relaciones
laborales, al margen del código que regula esa materia. Todos los asociados tienen derecho
a recibir una compensación por el trabajo aportado, además de participar en la distribución
equitativa de los excedentes que obtenga la Cooperativa. Sólo en casos excepcionales y en
forma transitoria u ocasional se les permite contratar trabajadores no asociados, quienes se
regirán por la legislación laboral vigente.
Seguidamente, en cuanto a las compensaciones que perciben los socios de estas
cooperativas, manifestó lo siguiente:
[…]
Ahora bien: los principios mínimos fundamentales que rigen el trabajo contenidos en el
artículo 53 de la Carta que, como se ha dicho, "configuran el suelo axiológico de los valores
materiales expresados en la Constitución alrededor de la actividad productiva del hombre, a
los cuales debe sujetarse el Congreso en su actividad legislativa, al igual que el aplicador o
intérprete de las disposiciones de ese orden y la sociedad en general (…) "no pretende una
ciega unificación normativa en materia laboral que desconozca la facultad del legislador de
establecer regímenes diferenciados mas no discriminatorios, atendiendo a las
particularidades concretas de las relaciones de trabajo que se pretenden regular. Su finalidad
es la de exigir al legislador la consagración uniforme en los distintos regímenes de los
principios mínimos fundamentales que protegen a los trabajadores y la manera de
garantizarlos, en aras de hacer efectivo el principio de igualdad ante la ley".
Ello no quiere decir que tales derechos fundamentales no deban ser respetados o
garantizados en las Cooperativas de Trabajo Asociado, pues éstos rigen para todas las
modalidades de trabajo. De no entenderse así, habría que sostener inválidamente que la
Constitución discrimina a los trabajadores, o en otras palabras, que protege solamente a
unos, lo cual no se ajusta con una interpretación sistemática y teleológica de los artículos 25
y 53 del estatuto superior. Es que derechos fundamentales como el de la igualdad de
oportunidades, el de una justa y equitativa compensación del trabajo en forma proporcional
a la cantidad y calidad del trabajo, el principio de favorabilidad a favor del trabajador en caso
20 «Por la cual se actualiza la Legislación Cooperativa».
21 «Artículo 3°. Naturaleza de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado. Son organizaciones sin ánimo de lucro
pertenecientes al sector solidario de la economía, que asocian personas naturales que simultáneamente son gestoras, contribuyen
económicamente a la cooperativa y son aportantes directos de su capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades económicas,
profesionales o intelectuales, con el fin de producir en común bienes, ejecutar obras o prestar servicios para satisfacer las necesidades
de sus asociados y de la comunidad en general».
22 C-211 de 2000.
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de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, el derecho a
la capacitación, al descanso necesario, a la seguridad social, entre otros, no son ajenos a
ninguna clase de trabajo.
Respecto de esta modalidad, esta Subsección, en sentencia del 15 de julio de 201923
sostuvo que «(...) la finalidad, estructura y funcionamiento de las Cooperativas de Trabajo
Asociado son distintas a las de las empresas comerciales y, por consiguiente, es válido que
el legislador defina para ellas un régimen diferente, sin que ello implique el desconocimiento
de los derechos laborales constitucionalmente protegidos. Es decir, que el trabajo asociado
no puede ser utilizado indebidamente para eludir las obligaciones de carácter laboral con
los trabajadores dependientes o subordinados, so pena de comprometer su responsabilidad
ante las autoridades correspondientes», razón por la cual, cuando «(...) el asociado sea
vinculado con otro ente, pero por órdenes puntuales y estrictas de la Cooperativa así como
del tercero, y pretenda que en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre
las formas se reconozca la existencia de una relación laboral, deberá acreditar que se han
consolidado los elementos propios de la misma, a saber, prestación personal del
servicio, remuneración y subordinación». [Negrillas fuera del texto]
Por su parte, la OIT, en la Recomendación 198 de 2006 (numeral II), sobre los indicios de
relaciones de trabajo encubiertas, indicó lo siguiente:
13. Los Miembros deberían considerar la posibilidad de definir en su legislación, o por otros
medios, indicios específicos que permitan determinar la existencia de una relación de
trabajo. Entre esos indicios podrían figurar los siguientes:
(a) el hecho de que el trabajo: se realiza según las instrucciones y bajo el control de
otra persona; que el mismo implica la integración del trabajador en la organización de
la empresa; que es efectuado única o principalmente en beneficio de otra persona;
que debe ser ejecutado personalmente por el trabajador, dentro de un horario determinado,
o en el lugar indicado o aceptado por quien solicita el trabajo; que el trabajo es de cierta
duración y tiene cierta continuidad, o requiere la disponibilidad del trabajador, que implica el
suministro de herramientas, materiales y maquinarias por parte de la persona que requiere
el trabajo, y
(b) el hecho de que se paga una remuneración periódica al trabajador; de que dicha
remuneración constituye la única o la principal fuente de ingresos del trabajador; de que
incluye pagos en especie tales como alimentación, vivienda, transporte, u otros; de que se
reconocen derechos como el descanso semanal y las vacaciones anuales; de que la parte
que solicita el trabajo paga los viajes que ha de emprender el trabajador para ejecutar su
trabajo; el hecho de que no existen riesgos financieros para el trabajador. [Negrillas propias]
Asimismo, por su cercana relación con la figura de las cooperativas de trabajo asociado,
cabe señalar lo establecido en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 sobre la
figura de los simples intermediarios. Así, en la citada providencia, se estableció lo siguiente:
(...) [L]a figura del simple intermediario está regulada en el articulo 35 del Código
Sustantivo del Trabajo, cuyo tenor literal es el siguiente:
1. Son simples intermediarios, las personas que contraten servicios de otras para ejecutar trabajos en
beneficio y por cuenta exclusiva de un empleador.
23 Radicado 76001-23-31-000-2011-01249-01(2164-18), con ponencia del consejero Dr. William Hernández Gómez.
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2. Se consideran como simples intermediarios, aun cuando aparezcan como empresarios
independientes, las personas que agrupan o coordinan los servicios de determinados trabajadores para
la ejecución de trabajos en los cuales utilicen locales, equipos, maquinarias, herramientas u otros
elementos de un {empleador} para el beneficio de éste y en actividades ordinarias inherentes o conexas
del mismo.
3. El que celebrare contrato de trabajo obrando como simple intermediario debe declarar esa calidad y
manifestar el nombre del empleador. Si no lo hiciere así, responde solidariamente con el empleador de
las obligaciones respectivas.
198. Sobre el contenido del artículo 35 del CST, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, se ha pronunciado de la siguiente manera:
Como se ve de estos dos primeros incisos del artículo trascrito, en el derecho colombiano se prevén
dos clases de intermediarios:
a) Quienes se limitan a reclutar trabajadores para que presten sus servicios subordinados a
determinado empleador. En este caso la función del simple intermediario, que no ejerce subordinación
alguna, cesa cuando se celebra el contrato de trabajo entre el trabajador y el empleador.
b) Quienes agrupan o coordinan trabajadores para que presten servicios a otro, quien ejercerá́ la
subordinación, pero con posibilidad de continuar actuando el intermediario durante el vinculo laboral
que se traba exclusivamente entre el empleador y el trabajador. En este evento el intermediario puede
coordinar trabajos, con apariencia de contratista independiente, en las dependencias y medios de
producción del verdadero empresario, pero siempre que se trate de actividades propias o conexas al
giro ordinario de negocios del beneficiario. Esta segunda modalidad explica en mejor forma que la Ley
colombiana (artículo 1o del decreto 2351 de 1965) considere al intermediario «representante» del
empleador.
La segunda hipótesis es la más próxima a la figura del contratista independiente. Por regla general éste
dispone de elementos propios de trabajo y presta servicios o realiza obras para otro por su cuenta y
riesgo, a través de un contrato generalmente de obra con el beneficiario. Parte de esos trabajos puede
delegarlos en un subcontratista. Si la independencia y características del contratista es real, las
personas que vincula bajo su mando están sujetas a un contrato de trabajo con él y no con el dueño de
la obra o beneficiario de los servicios, sin perjuicio de las reglas sobre responsabilidad solidaria
definidas en el artículo 36 del CST y precisadas por la jurisprudencia de esta Sala, especialmente en
sentencias del 21 de mayo de 1999 (R. 11843) y 13 de mayo de 1997 (R. 9500). Empero, si a pesar
de la apariencia formal de un «contratista», quien ejerce la dirección de los trabajadores es el
propio empresario, directamente o a través de sus trabajadores dependientes, será́ éste y no el
simple testaferro el verdadero patrono, y por tanto no puede eludir sus deberes laborales.24
[Negrillas fuera del texto]
199. La misma Corte Suprema, en sentencia de 26 de septiembre 2018, sobre la figura del
simple intermediario, sostuvo lo siguiente:
(…) son simples intermediarias las personas que contraten servicios de otras para ejecutar
trabajos en beneficio y por cuenta exclusiva de un empleador.
Además, se consideran como tal, aun cuando aparezcan como empresarias independientes, las
personas que agrupan o coordinan los servicios de determinados trabajadores para la ejecución de
trabajos en los cuales utilicen locales, equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos de
un empleador para el beneficio de este y en actividades ordinarias inherentes o conexas del
mismo.25 [Negrillas propias]
200. Por su parte, empleando un criterio análogo al de la Corte Suprema de Justicia, la
Sección Segunda de esta corporación, en un caso similar al presente, luego de analizar el
elemento de la remuneración cuando el pago lo realiza el contratante, pero el beneficiario
de los servicios no es él, sino un tercero ajeno a la relación contractual, concluyó lo siguiente:
(…) no es posible, por la formalidad del contrato de prestación de servicios, desconocer el verdadero
vínculo que subyace y que genera una relación laboral, al verificarse que el pago se realiza por un
tercero aparentemente solo por la labor cumplida, pues precisamente esta remuneración se
deriva del trabajo realizado personalmente en la entidad que efectivamente se beneficio de la
labor, así, concluye la Sala en dicho pronunciamiento, que la contraprestación económica pagada
por un tercero a la labor que desempeñó un contratista, no impide que la entidad en la que se
ejecuta el servicio asuma la responsabilidad por la desfiguración del contrato primigenio y, en
tales condiciones, la entidad beneficiaria de la labor desempeñada por el denominado
24
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral; sentencia 12187, de 27 de octubre de 1999. M.P. José Roberto Herrera Vergara.
25
Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral de Descongestión; sentencia SL-43382018 (59020), de 26 de septiembre de 2018. M. P.
Jimena Isabel Godoy Fajardo.
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contratista está en la obligación de reconocer los derechos económicos laborales propios del
contrato de trabajo.26 [Negrillas fuera del texto].
En ese sentido, la existencia de un contrato de prestación de servicios, en favor de un
tercero ajeno a este contrato, no impide que, encontrándose reunidos los requisitos de la
relación laboral, se declare su existencia, pues dicha decisión se ampara en el principio
constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, como una verdadera garantía
de los derechos de los trabajadores.
2.4. Hechos probados
De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer lo siguiente:
2.4.1. Sobre la relación que alega el demandante
i) En fecha indeterminada del año 2007, entre el señor Carlos Andrés Tumbaquí Rojas y la
Cooperativa de Servicios Profesionales CTA «Coomultiserpo» se celebró «Acto
Cooperativo»,27 cuyo objeto fue el siguiente:
(…) la vinculación del asociado trabajador, a partir de la fecha y por el tiempo que pueda
garantizarle la prestación de servicios en un centro de trabajo asignado por la Cooperativa
o tenga disponibilidad inmediata para realizar dicha actividad, ya fuere por cuenta propia o
por cuenta de un tercero, a través de la administración de funciones o ejecución de un
programa o actividad específicos, cuando se tenga disponibilidad del asociado para cubrir el
evento.
Asimismo, en la cláusula décima, respecto su duración, se consignó lo siguiente:
Décima: La duración del presente acto cooperativo es la vigencia, incluyendo sus prórrogas,
que la cooperativa tiene para ejecutar el contrato 021-2007 con la E.S.E. Hospital Santa
Mónica de Dosquebradas.
ii) El 21 de agosto de 2007, mediante la Circular 37 dirigida a «médicos generales,
secretarios clínicos», entre otros, la gerente de la E.S.E. Hospital Santa Mónica dispuso
varias «acciones» encaminadas a «optimizar la consulta para mejorar su oportunidad». 28
iii) El 1 de enero de 2009, el señor Carlos Andrés Tumbaquí Rojas suscribió un «contrato
individual de trabajo a término indefinido» con la empresa «Sersalud UT», para prestar sus
servicios como «médico general» en la «E.S.E. Santa Mónica», a partir del «1 de enero de
2009», y con las siguientes obligaciones:
(…) el trabajador se obliga a: a) a poner al servicio del empleador toda su capacidad normal
de trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio
mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las
órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, y b) a no prestar
directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta
propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato.
26
Consejo de Estado, Sección Segunda; sentencia de 27 de noviembre de 2014; radicado 012-00275-01 (3222-2013); C.P. Gerardo
Arenas Monsalve.
27
Folios 4 al 7 del cuaderno 1.
28
Folios 29 y 30 del cuaderno 1.
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Demandante: Carlos Andrés Tumbaquí Rojas
iv) En el año 2009, la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas y la Unión Temporal
de Servicios Profesionales en Salud, «Sersalud», celebraron los siguientes contratos de
compraventa de servicios de salud:
Contrato núm. Duración Objeto Folio
«El contratista con su personal se compromete a realizar la CD F.180
administración y apoyo de procesos hospitalarios integrados
003 de 2009 Del 01/01/09 al 31/01/09 como servicios temporales en las áreas de consulta
ambulatoria, internación, urgencias y administrativa»
008 de 2009 Del 01/02/09 al 28/02/09 Ibídem CD F.180
012 de 2009 Del 01/03/09 al 31/03/09 Ibídem CD F.180
014 de 2009 Del 01/04/09 al 30/04/09 Ibídem CD F.180
017 de 2009 Del 01/05/09 al 31/05/09 Ibídem CD F.180
021 de 2009 + P Del 01/06/09 al 31/12/09 Ibídem CD F.180
v) El 5 de febrero de 2014, la jefe de Nómina de la empresa de servicios temporales
«Servitemporales» certificó que el señor Carlos Andrés Tumbaquí Rojas «laboró en nuestra
empresa con contrato de obra o labor determinada, como empleado en misión para la
E.S.E. Hospital Santa Mónica, en el «cargo» de «médico», entre el «17/01/2013 y el
«15/01/2014» y entre el «16/01/2014» hasta el «30/01/2014».29
vi) El 6 de junio de 2019, en la celebración de la audiencia de pruebas, se recibieron los
testimonios de los señores Pío Eugenio Vélez Sáenz, por la parte demandante, y Sanery
Toro Restrepo y Luz Adriana Ordóñez López, por la demandada, quienes, en lo relevante
para el caso, declararon lo siguiente:30
a) Pío Eugenio Vélez Sáenz. Médico. Preguntado: Declare todo lo que le conste al
respecto: ¿desde hace cuánto conoce al demandante, en razón de qué, qué sabe de sus
contratos, si cumplía horarios, turnos, si tenía unos jefes que le dieran ordenes?
Contestado: «Conocí al Dr. Carlos Andrés Tumbaquí en el puesto de salud de Santa
Teresita de Dosquebradas. Yo ingresé en el 2009, y el doctor ya llevaba un tiempo.
Trabajamos tiempo completo, recibíamos órdenes que se tramitaban a través de una
enfermera jefe; el doctor era el que llevaba varios programas especiales: hipertensos,
diabéticos hipotiroidismo. Igualmente, nos programaban algunos fines de semana salidas
a algunas veredas del municipio de Dosquebradas; la E.S.E. nos facilitaba el transporte. El
doctor tenía su horario por la mañana, por la tarde, tiempo completo. La contratación que
le hacían a él era igual que a mi, a través de empresas de servicios temporales o
cooperativas; la sede de algunas cooperativas quedaba en el propio sitio del Hospital Santa
Mónica. Recibía un listado, por computador, de citas previas de pacientes que habían
pedido en días anteriores. Esos listados se le entregaban a cada médico para ir
desarrollando su labor». Preguntado: ¿Sabe o le consta que hubiera médicos de planta
prestando la misma labor? Contestado: «Sí, (…) desempeñaban la misma labor en iguales
condiciones». Preguntado: ¿Sabe o le consta si el demandante siempre tuvo la vinculación
a través de cooperativas o directamente con el Hospital? Contestado: «Durante el tiempo
en que trabajé con el Dr. Tumbaquí, fue igual a la vinculación que yo tuve, es decir,
mediante cooperativas de trabajo». Preguntado: ¿Nos podría informar si estas
cooperativas realizaban algún tipo de reunión o foro donde les informaran cómo
funcionaban o realizaban el reparto de utilidades? Contestado: Nunca tuvimos una reunión
29
Folio 3 ibídem.
30
CD obrante en el folio 362.
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Demandante: Carlos Andrés Tumbaquí Rojas
de tipo informativo, educativo o promocional o de capacitaciones profesionales».
Preguntado: ¿Alguna vez le entregó alguna de las cooperativas al señor Carlos Andrés
algún tipo de retribución? Contestado: «Lo desconozco, pero creo que no». Preguntado:
Indíquele al despacho si al señor Tumbaquí, las cooperativas le pagaron prestaciones
sociales. Contestado: «Desconozco si exactamente al señor Tumbaquí le pagaron esas
prestaciones, pero supongo que no». Preguntado: ¿Quiere decir que sus manifestaciones
son basadas en supuestos, y no que hubiera estado presente? Contestado: «Desconozco
el contrato que el firmó, pero si fue con las mismas cooperativas, como Ud. dice, es una
suposición». Preguntado: Indíquele al despacho si sabe y le consta que el Dr. Tumbaquí,
en algún momento de su relación contractual, ¿realizó alguna reclamación ante la E.S.E.
Hospital Santa Mónica? Contestado: «Desconozco si presentó una prueba (sic) formal
frente a alguna de las cooperativas». Preguntado: Indique ¿si al momento de cada
ofrecimiento del contrato, si Ud. o el Dr. Tumbaquí fueron obligados a suscribir esos
contratos? Contestado: «(…) a mi nadie me colocó un arma, pero si no aceptaba, se
quedaba uno sin contrato». Preguntado: Indique, por favor, si dependiendo de la
vinculación con la cooperativa, se hacían pagos diferentes a la Seguridad Social?
Contestado: «(…) se pagaba en base al 40%». Preguntado: Indíquele al despacho ¿si
durante la vigencia de la vinculación contractual del Dr. Tumbaquí con las diferentes
cooperativas, estas le pagaron correctamente lo que se obligaron? Contestado: «No sé si
a él le pagaron correctamente, porque cada uno tenía su cuenta, desconozco las cuentas
bancarias del señor Tumbaquí».
En este punto de la diligencia, la apoderada de la parte demandada solicitó «tachar de
falso» a señor Vélez Sáenz, porque, al tener una demanda en curso con similares
pretensiones, posee interés directo.
b) Sanery Toro Restrepo. Abogada, contratista del Hospital Santa Mónica. Preguntado:
Indíquele al despacho todo lo que le conste sobre el señor Carlos Andrés Tumbaquí y su
vinculación con la E.S.E. Hospital Santa Mónica. Contestado: «No conozco al doctor
Carlos Andrés Tumbaquí. Yo entré a trabajar en agosto del año 2012 en el Hospital Santa
Mónica, como asesora jurídica, y era la encargada de adelantar los procesos de selección
para la contratación de las empresas temporales que suministraban personal. En esos
procesos, pues, se describía la necesidad y se nombraba un interventor que era el
encargado de verificar el pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos a los
trabajadores de las empresas temporales». Preguntado: Durante el tiempo en que Ud.
estuvo como asesora jurídica, ¿recibió quejas o reclamos acerca de la insatisfacción de los
médicos por el no pago de prestaciones sociales? Contestado: «Cuando yo salí de la
oficina jurídica, en el 2017, se estaba iniciando un proceso por el pago retardado de las
prestaciones sociales, pero luego, ese asunto lo tomó otro abogado». Preguntado:
Indíquele al despacho si durante el tiempo en que Ud. estuvo vinculada, recibió alguna
queja en general por el Dr. Tumbaquí por el no pago de las acreencias laborales?
Contestado: «Fueron muchos los trabajadores que presentaron quejas, pero nombres
concretos y en qué fechas, no me acuerdo».
c) Luz Adriana Ordóñez López. Enfermera. Actualmente vinculada con la E.S.E. Hospital
Santa Mónica. No tiene ninguna relación familiar o de parentesco con el demandante.
Preguntado: Narre al despacho todo lo que sabe o le conste sobre el señor Carlos Andrés
Tumbaquí y su vinculación con la E.S.E. Hospital Santa Mónica. Contestado: «El Hospital
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cuenta con un recurso humano de planta, pero cuando se supera la demanda, debe requerir
un recurso adicional con un proveedor externo. La institución, lógicamente, tiene unos
horarios y unos consultorios disponibles para que, en esos horarios, sean cubiertos con el
personal externo. El Dr. Tumbaquí fue uno de los médicos que, en algún momento, a través
del proveedor externo, llegó a la institución a prestar el servicio en misión. Las agendas,
pues el hospital las abre en los horarios que requiera la prestación del servicio a la
comunidad en general, independiente del médico; solo que a través de la temporal, pues
es el médico que aportan, que puede ser cualquier doctor que envíen a cubrir esas agendas.
En los centros de atención ambulatoria, que es donde estaba el Dr. Tumbaquí, igual hay
recurso humano vinculado del proveedor externo, con quien coordinan las agendas, el
horario o cualquier problema que se presente». Preguntado: ¿Podría informar al despacho
durante qué tiempo trabajó en el cargo que ocupa? Contestado: «Pues yo trabajo en el
Hospital desde 1993, y en consulta externa, desde el 96 (sic)». Preguntado: En la
documental, aparece que Ud. trabaja desde el 2007 como coordinadora, ¿desde esa fecha,
recuerda Ud. al señor Carlos Tumbaquí como médico de la entidad? Contestado: «Si, era
unos de los médicos que nos llegaba a través de la empresa proveedora de recursos».
2.4.2. En relación con la solicitud en sede administrativa
i) El 28 de marzo de 2014, el señor Carlos Andrés Tumbaquí, mediante apoderado,
presentó derecho de petición ante la E.S.E. Hospital Santa Mónica, donde solicitó el
reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones sociales.31
ii) El 10 de abril de 2014, el gerente de la E.S.E. Hospital Santa Mónica, a través del oficio
0656, negó las anteriores solicitudes.32
2.5. Caso concreto. Análisis de la Sala
El presente recurso de apelación se formula contra la sentencia del Tribunal Administrativo
de Risaralda, de 19 de marzo de 2020, que no accedió a las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el señor Carlos Andrés Tumbaquí
Rojas contra el oficio 0656 de 10 de abril de 2014, por el cual, el gerente de la E.S.E.
Hospital Santa Mónica negó el reconocimiento de una relación laboral y el pago de las
respectivas acreencias laborales derivadas de esta.
Teniendo en cuenta que los motivos de inconformidad del apelante se circunscriben a
solicitar una nueva valoración de la prueba testimonial para determinar el elemento de la
subordinación continuada, y un análisis de los certificados de las cooperativas de trabajo
asociado para establecer el tiempo de la prestación del servicio, la Sala, en primer lugar,
responderá el siguiente interrogante:
2.5.1. Primero: ¿Existió entre el demandante y la E.S.E. Hospital Santa Mónica una
relación laboral encubierta que permita el reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales que no devengó durante el tiempo en que permaneció vinculado
contractualmente?
31
Folios 31 al 33.
32
Folio 33.
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Pues bien, para el análisis del mencionado elemento de la subordinación o dependencia
continuada, se tiene lo siguiente:
2.5.1.1. Subordinación continuada
Siguiendo los lineamientos consolidados en la mencionada sentencia de unificación del 9
de septiembre de 2021, en el presente caso son indicios de la subordinación continuada los
siguientes:
i) El lugar de trabajo. De acuerdo con el testimonio del señor Pío Eugenio Vélez Sáenz y
la documental relacionada en los hechos probados uno, tres y cinco, habitualmente, era las
instalaciones físicas de la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas.
ii) El horario de labores. Según la declaración del testigo señor Pío Eugenio Vélez Sáenz,
este era «por la mañana, por la tarde, tiempo completo», por lo que puede inferirse que
oscilaba entre las ocho horas diarias de lunes a viernes, y, eventualmente, «algunos fines
de semana».
No obstante lo anterior, tal afirmación no puede considerarse, per se, con vigor probatorio
suficiente para demostrar la imposición de un horario laboral al contratista, pues al no
haberse aportado ningún otro soporte probatorio (p.ej. cuadros de turnos, de reuniones,
etc.) que corrobore esa estricta exigencia, debe tenerse como un indicio, pero no
necesariamente unívoco, concluyente y determinante de la subordinación, ya que también
puede inferirse, razonablemente, que el señor Tumbaquí Rojas cumplía ese horario motu
proprio,33 pues al no presentarse prueba fehaciente del inicio y terminación de la presunta
jornada, cabe igualmente considerar que, una vez terminadas sus labores, aquel podía dar
por finalizada la prestación de su servicio profesional.
En este sentido, conviene recordar que el establecimiento de un horario surge como
parámetro natural y lógico de la coordinación necesaria para llevar a buen término el objeto
del contrato de prestación de servicios. Sobre todo, en los casos de los contratistas
asignados para la atención profesional de los usuarios en las entidades médicas, donde la
marcha diaria de pacientes requiere de armonizar las horas contratadas con los turnos de
relevo necesarios para atender este tipo de servicios sanitarios.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. A partir de la lectura
del objeto de los distintos contratos de «compraventa de servicios de salud» celebrados
entre la E.S.E. demandada y «Sersalud»; el objeto del contrato individual de trabajo suscrito
por el actor con la empresa «Sersalud UT», así como del contenido de las declaraciones
de los señores Pío Eugenio Vélez Sáenz, Sanery Toro Restrepo y Luz Adriana Ordóñez
López, se encuentra probado que el señor Carlos Andrés Tumbaquí, contrario a lo afirmado
en el recurso de apelación, sí disponía de plena autonomía profesional para el desarrollo
de sus actividades como médico.
33
De igual manera, en la Sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 se indicó que «(...) ciertas actividades de la Administración (...)
necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas (...)».
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En efecto, aunque el elemento de la subordinación continuada se pretende demostrar con
la declaración del señor Vélez Sáenz, en cuanto compañero y observador directo de las
labores ejecutadas por el demandante en la E.S.E. Hospital Santa Mónica de
Dosquebradas, lo cierto es que este testigo, lejos de representar las circunstancias que
dieron lugar a la presunta existencia aquel elemento, se limitó a realizar una narración
memorística de las situaciones que él percibió como configurativas de la relación laboral,
dentro de las cuales primó una comparativa de sus propias condiciones de vinculación con
las del señor Tumbaquí Rojas.
De hecho, obsérvese que, en ningún momento, el testigo llegó a afirmar que la entidad
sanitaria o la cooperativa de trabajo asociado hubiesen influido en la forma en que el actor
desarrollaba su actividad médica; pues solo indicó que «recibíamos órdenes que se
tramitaban a través de una enfermera jefe», lo cual, tratándose de otro profesional de la
medicina, no constituye una prueba fehaciente de tales presuntas órdenes, en tanto
correspondería, por su calidad, que al menos indicara las circunstancias de tiempo, modo
y lugar en que aquellas se daban.
De igual manera, frente el hecho de que la E.S.E. les asignara unos «listados, por
computador, de citas previas de pacientes», es necesario aclarar que este tipo de
condiciones pueden enmarcarse dentro del objeto contractual convenido, ya que, si las
obligaciones del contrato abarcan la prestación de servicios médicos al grupo poblacional
que atiende la entidad pública, lo lógico es que esta última organice, bajo un criterio de
coordinación con los contratistas, las citas (fechas) de la atención sanitaria según las
solicitudes de los pacientes.
A este respecto, resulta relevante que el deponente (se itera, en su calidad de médico) no
hubiese siquiera manifestado que al señor Tumbaquí Rojas se le hubiesen impuesto
reglamentos, guías o maneras limitantes para el desarrollo de su profesión; por lo cual,
razonablemente cabe inferir que gozaba de independencia para efectuar los diagnósticos,
los procedimientos y la prescripción de los medicamentos que recibían los pacientes a su
cargo.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el señor Vélez Sáenz, al momento de
responder sobre su conocimiento de las condiciones contractuales del señor Tumbaquí, no
tuvo duda en señalar que, como las desconocía, sus manifestaciones podrían considerarse
como una «suposición»:
Preguntado: ¿Quiere decir que sus manifestaciones son basadas en supuestos, y no que
hubiera estado presente? Contestado: «Desconozco el contrato que el firmó, pero si fue
con las mismas cooperativas, como Ud. dice, es una suposición».
Asimismo, nótese que en la declaración del señor Vélez Sáenz ni siquiera se mencionó una
posible supervisión de la E.S.E. sobre la ejecución de las labores contratadas al señor
Tumbaquí Rojas, y únicamente se limitó a indicar que «desconocía» el contenido de los
contratos celebrados por el demandante. Por lo tanto, puede inferirse que no hubo un solo
llamado de atención, menos un memorando o advertencia por parte de la E.S.E.,
relacionados con el incumplimiento de las obligaciones del contratista; lo cual encuentra
respaldo en la inexistencia, dentro del plenario, de, al menos, un documento contentivo de
tales circunstancias.
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Como se observa, el anterior testimonio no supone una afirmación clara, correspondiente y
precisa respecto de las condiciones de modo, tiempo y lugar en que, presuntamente, se le
daban órdenes, impartían directrices o correctivos al demandante, o de si, al menos, estaba
sometido a los parámetros establecidos por la entidad. En cambio, su escasa información
se traduce en una representación subjetiva de los hechos, como se infiere de la mayoría de
las respuestas que ofrece, donde prevalece su «desconocimiento» frente a la realidad que
intenta demostrar.
Por su parte, comoquiera que los testimonios de las señoras Sanery Toro Restrepo y Luz
Adriana Ordóñez responden a preguntas relacionadas con la forma de vinculación del
demandante con la E.S.E., y de esta con las cooperativas de trabajo asociado, el contenido
de sus declaraciones no ofrece interés para la determinación del elemento de la
subordinación o dependencia continuada y, por lo tanto, su análisis no resulta conducente
ni necesario para el esclarecimiento de este punto.
Así las cosas, en su conjunto, las anteriores declaraciones, lejos de representar la
existencia de la subordinación o dependencia continuada, solo demuestran una actividad
de coordinación entre la entidad hospitalaria y el señor Tumbaquí Rojas, ya que es
razonable que si su labor (objeto de los contratos) era la de médico de Consulta Externa,
este recibiera, al menos, indicaciones respecto de los horarios y los pacientes a los debía
atender.
Por ello, y como en el proceso no obra prueba documental que corrobore la exigencia o
imposición de un horario al demandante, ni ningún otro elemento que demuestre que la
E.S.E. ejerció sobre él un poder disciplinante (como correos electrónicos, memorandos u
oficios que contuvieran llamados de atención, sanciones, advertencias o cualquier otra
forma propia del correctivo laboral) la Sala encuentra las pruebas testimoniales imprecisas
e insuficientes para determinar que el señor Carlos Andrés Tumbaquí laboró al servicio de
la E.S.E. Hospital Santa Mónica en condiciones de subordinación o dependencia
continuada.
En este orden de ideas, como lo ha señalado esta Subsección en asuntos de similares
contornos34 «si bien no puede decirse que existe una prueba reina para demostrar el
elemento de la subordinación y dependencia continuada, esta Sala si ha considerado que
para acreditar este elemento de la relación laboral, deben aportarse aquellas que permitan
acreditar fehacientemente que el contratista no ejercía su actividad, para la cual fue
contratado, en forma autónoma e independiente, sino que debía someterse ineludiblemente
a las órdenes e instrucciones de funcionarios de la entidad, en las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que estos impusieran».35
En definitiva, en el presente caso, la parte demandante no logró demostrar que la prestación
del servicio se hubiera realizado con ausencia de autonomía, pues, se itera, el cumplimiento
de un horario y la obligación de llevar a cabo ciertas instrucciones son condiciones válidas
para el desarrollo de las funciones asignadas al contratista.
34
Por ejemplo en la sentencia de la Sección Segunda, de 14 de julio de 2022; radicado 2016-04522-01; C.P. William Hernández Gómez
35
Ibídem.
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Asimismo, se insiste que dentro del plenario no reposan memorandos, comunicaciones,
circulares u otros escritos mediante los cuales se hubiera exigido o dado órdenes que
permitieran inferir la falta de la independencia del señor Tumbaquí, o que esta, de haberse
presentado, hubiese sido continua. Como se señaló en la sentencia de unificación SUJ-
025-CE-S2-2021, que resaltó la necesidad de probar la continuidad de la subordinación;
es decir, que esta se hubiera mantenido a lo largo de la vinculación contractual, mediante
actuaciones habituales de la entidad respecto del contratista.
Siendo así las cosas, queda resuelto el primer problema jurídico planteado y, por lo mismo,
no hay lugar a examinar los demás.
En consecuencia, no le asiste razón a la parte demandante en sus argumentos de apelación
y, por consiguiente, la decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, de 19 de marzo de
2020, que negó las pretensiones de la demanda, deberá ser confirmada.
2.6. De la condena en costas
Esta Subsección, en sentencia del 7 de abril de 2016,36 respecto de la condena en costas
en vigencia del CPACA, concluyó que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 señala que
«salvo en los procesos en los que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil», hoy Código General del Proceso, y expuso las siguientes
conclusiones:
• La legislación varió del C.P.C. al CPACA para la condena en costas de un criterio
subjetivo a uno objetivo.
• Toda sentencia «dispondrá» sobre costas, bien sea con condena total o parcial o con
abstención.
• Se requiere que en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la
actividad profesional realizada dentro del proceso).
• La cuantía de la condena en agencias en derecho se hará atendiendo el criterio de la
posición en la relación laboral, pues varía según sea parte vencida, si es el empleador o
si es el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura), la complejidad e intensidad de la participación procesal.
• Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas.
Conforme a esa orientación y de acuerdo con la posición fijada por esta Subsección,37 la
Sala considera que en este caso debe imponerse la condena en costas de segunda
instancia, toda vez que la parte demandante resultó vencida en la apelación y, además, la
demandada intervino en la segunda instancia. Las costas serán liquidadas por el a quo.38
3. Conclusión
36
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco
Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
37 Se puede ver, entre otras, la sentencia de 14 de julio de 2016, radicado 2013-00270-03 (3869-2014).
38
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya
conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o
notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:( ... )»
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Demandante: Carlos Andrés Tumbaquí Rojas
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos,
fáctica y jurídicamente, al asunto que ahora es objeto de estudio, y en el acervo probatorio,
la Sala concluye que entre la parte demandante y la demandada no existió una relación
laboral subyacente, razón por la cual hay lugar a confirmar la sentencia de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda. Se condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por la
autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Confirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda, de 19 de marzo
de 2020, que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por el señor Carlos Andrés Tumbaquí Rojas contra
la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante, las cuales
deben ser liquidadas por el a quo.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes
en el aplicativo SAMAI.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
CBT
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