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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00272-00

Fecha
2 de marzo de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00272-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela formulada por ICOLTEX LTDA. contra la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma “SAMAI”. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-00272-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

2 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00272-00
Accionante: ICOLTEX LTDA.
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A
Tema: Acción de tutela por mora judicial

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela instaurada por ICOLTEX LTDA. contra
la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, con
fundamento en el Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

ICOLTEX S.A., que actúa por conducto de apoderado, interpone acción
de tutela contra la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de
Estado, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso y a la tutela judicial efectiva, con fundamento en los
siguientes:
1. HECHOS

La sociedad hoy accionante instauró demanda de reparación directa
contra la Fiscalía General de la Nación con el fin de obtener el pago de
los perjuicios derivados del defectuoso funcionamiento de la

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ACC IÓN D E TUT EL A
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administración de justicia por la devolución de unos dineros incautados
sin sus rendimientos financieros que fueron apropiados
subrepticiamente por funcionarios de la entidad en virtud de una
asistencia judicial del gobierno de los EE.UU., denominada Operación
Casablanca, llevada a cabo al tenor de lo dispuesto en la Ley 67 de
1993 y la Ley 333 de 1996, posteriormente derogada por la Ley 793 de
2002 (extinción de dominio), ya que fueron las Fiscalías 27 y 26 de
Extinción de Dominio y Lavado de Activos de la fiscalía General de la
Nación, las que se encargaron del trámite procesal legal extintivo que
data su incautación del mes de mayo de 1998.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca a través de sentencia del
4 de julio de 2014, accedió a las pretensiones de la demanda, decisión
que fue apelada por la entidad demandada.

El conocimiento del recurso le correspondió a la Sección Tercera,
Subsección A del Consejo de Estado, despacho de la magistrada María
Adriana Marín, quien admitió el recurso el 20 de agosto de 2015.

Surtido el trámite de segunda instancia, el asunto pasó al despacho
para fallo en octubre de 2015, por lo que después del año 2018 el
apoderado de la sociedad ha formulado diversas solicitudes de prelación
de fallo, las cuales han sido despachadas negativamente, bajo el
argumento que el accionante no se refirió en dichas solicitudes a la
grave afectación del patrimonio público, lo cual, en su entender, sí está
totalmente probado.

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2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

Describe que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura mediante el acuerdo PSAA12-9139 del 17 de enero de 2012
adoptó el Plan Especial de Descongestión de la Jurisdicción Contencioso
Administrativo, motivado por la entrada en vigencia del sistema oral
que introdujo la ley 1437 de 2011 y que en dicho cuerpo normativo
dispuso como plazo máximo de implementación de dicho plan cuatro
años (en los juzgados administrativos, Tribunales Administrativos y
Consejo de Estado), además de señalar unas metas de evacuación de
procesos principalmente los más viejos que son los del sistema
escritural; y a la fecha, pese a que ha trascurrido ya un poco más de
once años de la expedición de dicho acuerdo, el asunto objeto de esta
tutela pese a que es escritural no han proferido y menos notificado
decisión de fondo de segunda instancia.

Señala, además, que de acuerdo con las pautas desarrolladas en la
sentencia T-009 de 2021 de la Corte Constitucional, en el presente
asunto se dan los dos elementos indispensables para la configuración
de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra actuación
judicial, toda vez que estima que “i) existe mora injustificada, pues, al
19 de diciembre de 2022 como último día hábil de labores en la Rama
Judicial, no se emitió y menos notificó fallo de segunda instancia pese
al compromiso de metas en atención a lo dispuesto en el Plan Especial
de Descongestión de la Justicia Administrativa del acuerdo PSAA12-
9139 del 17 de enero de 2012; y, ii) se le está causando un daño
irremediable tanto a la nación -por la cuantiosa condena económica
que debe de pagar al estar causándose día a día intereses
moratorios- como la sociedad titular del daño causado que día a día

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padece, pues, lleva a cuestas 25 años de sufrimientos y
padecimiento económicos(sic)”.

3. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicita:

«PRIMERA.- AMPARAR a la sociedad comercial Icoltex Ltda, hoy en liquidación, sus
derechos fundamentales al debido proceso, derecho a la tutela judicial efectiva y a plazo
razonable, vulnerados con la falta de información, emisión y notificación de la sentencia
de segunda instancia que en derecho corresponda profiera la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado y todo lo escrito en el acápite PROBLEMA JURIDICO.

SEGUNDA.- Consecuencialmente, ORDENAR a la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado que dentro del término improrrogable de cinco (5) días contados a
partir de la notificación del fallo que así lo disponga, profieran y notifique sentencia de
segunda instancia en el asunto objeto de esta tutela».

4. INTERVENCIONES

Mediante auto del 27 de enero de 2023 se admitió la acción de tutela
de la referencia y se ordenó notificar a la Sección Tercera, Subsección
A Consejo de Estado como accionado y a la Comercializadora Joval
Internacional Ltda. y a la Fiscalía General de la Nación como terceros
interesados en las resultas del proceso.

La Sección Tercera, Subsección A de esta corporación, por
conducto de la magistrada sustanciadora del proceso de reparación
directa, pidió que se despachen negativamente las pretensiones de la
tutela, por las siguientes razones:

• Mediante auto del 20 de agosto de 2015, admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante y, el 24 de
septiembre siguiente, corrió traslado a las partes para que

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presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para
que rindiera concepto, si así lo consideraba pertinente.
• Agotada la etapa anterior, el proceso ingresó al despacho para
fallo el 25 de noviembre de 2015; situación que fue debidamente
informada al demandante mediante auto del 14 de octubre de
2020, notificado al correo electrónico el 29 de octubre de la
misma anualidad.
• Posteriormente, mediante memoriales radicados, vía correo
electrónico, los días 14 y 31 de enero de 2022, la parte
demandante solicitó aplicación a las figuras jurídicas de extensión
de jurisprudencia del Consejo de Estado y de prelación de fallo,
bajo el argumento de que «el proceso lleva 24 años ante las
autoridades norteamericanas y colombianas y que a la fecha
somos personas de la tercera edad, que deseamos en vida gozar
de los frutos de nuestros dineros ilegalmente retenidos por las
autoridades demandadas».
• La anterior solicitud fue resuelta mediante auto del 31 de mayo
de 2022 en el cual se rechazó de plano la solicitud de extensión
de la jurisprudencia del Consejo de Estado. Por otra parte,
mediante auto del 30 de agosto de la misma anualidad, se negó
la solicitud de prelación; auto que fue debidamente notificado,
mediante correo electrónico dispuesto para tal fin, el 3 de octubre
siguiente.

En ese contexto, precisó que, en relación con los turnos que deben
asignarse a los procesos ingresados para proferir sentencia, el artículo
18 de la Ley 446 de 1998 dispuso que es obligatorio para los jueces
dictar las sentencias exactamente en el mismo orden consecutivo en
que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin, sin que

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dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada
o de prelación legal.

La norma citada también consagró que el turno para decidir los
procesos en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo puede ser
modificado, en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del
Agente del Ministerio Público, dada su importancia jurídica y
trascendencia social. Igualmente, señaló que existen unas excepciones
legales que permiten alterarlo -artículo 16 de la Ley 1285 de 2009-,
que son: i) cuando existan razones de seguridad nacional o para
prevenir la afectación grave del patrimonio nacional; ii) casos de graves
violaciones de derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad y
iii) asuntos de especial trascendencia social. También, por disposición
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo o por decisiones que
en tal sentido profieran las subsecciones de esta Corporación, existe la
posibilidad de alterar el turno para fallo en algunos asuntos específicos.

De igual forma, la Corte Constitucional ha precisado que para que sea
procedente la alteración del orden para proferir la decisión judicial, es
necesario: i) que exista presencia de sujetos de especial protección
constitucional, que se encuentren en condiciones particularmente
críticas; ii) que exista un atraso de la administración de justicia de
carácter extraordinario; iii) que se evidencie una relación directa entre
las condiciones particulares del afectado y la resolución que espera de
la administración de justicia.

Sin embargo, el asunto bajo estudio, que por demás se ha adelantado
con plena sujeción a la ley y a la jurisprudencia, no se enmarca en
ninguna de las causales previstas en la ley, así como tampoco cumple
con los citados criterios jurisprudenciales que justifican la alteración del

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orden para fallo, por lo que resulta necesario estarse a lo dispuesto en
el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 y, como consecuencia, la decisión
debe ser proferida cuando corresponda su turno dentro de los procesos
que ingresaron para fallo en el año 2015, de ahí que deba concluirse
que no se vulneró derecho fundamental alguno. No obstante, advirtió
que en el orden de ingreso a despacho para fallo, en los asuntos de
reparación directa, el expediente está en el turno 30, lo cual significa
que será proyectado y se llevará a Sala de Subsección, este primer
semestre del año.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:

• ¿La Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado ha
incurrido en una mora judicial injustificada al tramitar el proceso
de reparación directa radicado con el núm. 76001-23-33-000-
2012-00613-01 donde funge como demandante la hoy
accionante?

2. Fundamentos de decisión 1

La Constitución Política consagra los derechos al debido proceso (art
29) y al acceso a la administración de justicia (art 229), los cuales
abarcan dentro de su ámbito de protección: (i) el derecho que tiene
toda persona de poner en funcionamiento el aparato judicial; (ii) el

1
Se trae a colación in extenso la sentencia T-230-13.

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derecho a obtener una respuesta oportuna frente a las pretensiones
que se hayan formulado; y (iii) el derecho a que no se incurran en
omisiones o dilaciones injustificadas en las actuaciones judiciales.

Con el propósito de asegurar la efectividad de los citados derechos, la
Ley 270 de 1996 reconoció –entre otros– la celeridad (art 4°)2, la
eficiencia (art 7°)3 y el respeto por los derechos de los intervinientes
en el proceso4, como principios orientadores de la administración de
justicia, cuya exigibilidad abarca el deber del operador judicial de dictar
sus providencias dentro de los términos establecidos por la ley.

En desarrollo de lo anterior, el artículo 228 del Texto Superior dispone
que: “Los términos se observarán con diligencia y su incumplimiento
será sancionado”, al mismo tiempo que el artículo 37 del Código de
Procedimiento Civil, al referirse a las obligaciones del juez, determina
que uno de sus deberes es: (…) 6. Dictar las providencias dentro de los
términos legales; resolver los procesos en el orden en que hayan
ingresado a su despacho, salvo prelación legal; fijar las audiencias y
diligencias en la oportunidad legal, y asistir a ellas.”

Sin embargo, ha dicho la jurisprudencia constitucional que la tardanza
en el cumplimiento de los términos judiciales constituye una mora
judicial injustificada cuando (i) se presenta un incumplimiento de los
plazos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii)

2
“Artículo 4º. Celeridad. La administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los términos procesales
serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación
constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a las que haya lugar.
Lo mismo se aplicará respecto de los titulares de la función disciplinaria.
Parágrafo.- Los memoriales que presenten los sujetos procesales deberán entrar al despacho del
funcionario judicial, administrativo o disciplinario, a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a su
presentación.”
3
“Artículo 7°. Eficiencia. La administración de justicia debe ser eficiente. Los funcionarios y empleados
judiciales deben ser diligentes en la sustanciación de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de
los fallos que deban proferir conforme a la competencia que les fije la ley”.
4
Sentencia T-803 de 2012.

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no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es
la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es
imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte
de la autoridad judicial. Se ha explicado además que es excepcional la
posibilidad del juez de tutela de alterar el orden de fallo, ya que el
ordenamiento jurídico consagra el deber de someterse a un sistema de
turnos, con algunas salvedades reconocidas por el legislador.

Como consecuencia de lo expuesto, en los casos de mora judicial
injustificada, para que proceda la acción de tutela, (a) además de
acreditar la inexistencia de otro medio de defensa judicial, es necesario
que (b) se esté ante la posible materialización de un daño cuyos
perjuicios se tornen irreparables. En contraste, frente a la mora judicial
justificada, ha precisado la Corte Constitucional que según las
circunstancias del caso, es posible (i) negar la violación de los derechos
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia,
sometiendo al interesado al sistema de turnos; (ii) ordenar
excepcionalmente la alteración del orden para proferir el fallo, cuando
el juez está en presencia de un sujeto de especial protección
constitucional, o cuando la mora judicial supere los plazos razonables y
tolerables de solución, en contraste con las condiciones de espera
particulares del afectado; o (iii) disponer un amparo transitorio en
relación con los derechos fundamentales comprometidos, mientras la
autoridad judicial competente se pronuncia de forma definitiva en torno
a la controversia planteada, en aquellos casos en que se está ante la
posible materialización de un daño cuyos perjuicios no puedan ser
subsanados.

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3. Caso concreto

En el presente asunto, la sociedad accionante alega la vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial
efectiva, que considera trasgredidos con ocasión de la demora en la
resolución, en segunda instancia, del proceso de reparación directa que
cursa en la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado bajo
el radicado núm. 76001-23-33-000-2012-00613-01, pues afirma que
se ha excedido el plazo razonable para desatarlo.

Ahora bien, de conformidad con las piezas procesales que reposan en
el proceso y de acuerdo con la información consignada en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial – SAMAI –, se observa que el
proceso de reparación directa aludido por la parte accionante, ha
surtido el siguiente trámite en segunda instancia:

• Según acta del 21 de julio de 2015, se repartió a la Sección
Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, el recurso de
apelación de la sentencia de primera instancia proferida dentro
del proceso de reparación directa seguido por la sociedad hoy
accionante contra la Fiscalía General de la Nación.

• Mediante auto del 20 de agosto de 2015, dicho despacho admitió
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y, el
24 de septiembre siguiente, corrió traslado a las partes para que
presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para
que rindiera concepto, si así lo consideraba pertinente, proveído
que fue notificado por estado el 9 de octubre del mismo año.

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• Agotada la etapa anterior, el proceso ingresó al despacho para
fallo el 25 de noviembre de 2015.

• Resueltas negativamente varias solicitudes formuladas y
adelantados los recursos interpuestos, el proceso pasó
nuevamente al despacho para fallo el 8 de noviembre de 2017.

• Posteriormente, a través de proveído del 17 de agosto de 2018,
se resolvió una solicitud formulada por la parte accionante
encaminada a conocer el turno para decidir el asunto, en el que
se le informó que “el proceso ingresó para dictar sentencia 25 de
noviembre de 2015, y en la actualidad el despacho se encuentra
fallando los procesos que se registraron para tal fin durante el
año 2012, por lo que el presente asunto se ubica en el turno
respectivo para dictar el fallo, el cual será proyectado de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 446 de
1998”. Esta providencia fue notificada el 24 de agosto de 2018.

• Luego, en atención a una nueva solicitud formulada por la accionante
para conocer el turno para decidir el asunto, el despacho sustanciador,
a través de auto del 14 de octubre de 2020, le informó una vez más
que “el proceso ingresó para fallo el 25 de noviembre 2015 y, en
la actualidad, el Despacho se encuentra decidiendo los procesos
que se registraron para tal fin durante el segundo semestre de
2014, por lo que en el presente asunto se elaborará el proyecto
de sentencia en el turno que le corresponda, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 446 de 19985”. Esta
providencia fue notificada por estado el 29 de octubre de 2020.

5
Artículo 18. Orden para proferir sentencias. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias
exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin
sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación
legal.

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• En memoriales del 18 y 31 de enero de 2022, la parte accionante
solicitó la extensión de jurisprudencia frente a providencias
proferidas en asuntos similares por la Sección Tercera del
Consejo de Estado, petición que fue rechazada por improcedente
a través de providencia del 31 de mayo de 2022, confirmada en
sede de reposición mediante auto del 27 de julio del mismo año
y notificado el 2 de agosto de 2022.

• Posteriormente, el 30 de agosto de 2022, el despacho
sustanciador del proceso negó la solicitud de prelación de fallo
formulada por la parte demandante, al considerar lo siguiente:

“El artículo 18 de la Ley 446 de 1998 dispone que es obligatorio para los jueces dictar las
sentencias en el mismo orden en el que hayan pasado los expedientes al despacho para tal
fin, sin que pueda alterarse el turno, salvo en los casos de sentencia anticipada o de
prelación legal.

La norma citada también estableció que el turno para decidir los procesos en la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo puede ser modificado, en atención a la
naturaleza de los asuntos o a solicitud del Agente del Ministerio Público, dada su
importancia jurídica y trascendencia social.

Por su parte, el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009 establece que puede alterarse el turno
para proferir sentencias, en los siguientes eventos: i) cuando existan razones de seguridad
nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional; ii) casos de graves
violaciones de derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad; y, iii) asuntos de
especial trascendencia social.

Por su parte, la Sala Plena de esta Corporación ha sostenido que, actualmente, hay temas
de gran trascendencia que posiblemente con el paso del tiempo ya no lo serán debido al
constante cambio de las circunstancias en que vive el hombre como ser social y
comunitario. Así que otro punto a tenerse en cuenta es que el impacto sea claro, con algún
grado de certeza, determinado o determinable y vigente6.

Descendiendo al caso concreto se debe resaltar que el solicitante sustenta la solicitud de
prelación de fallo en el hecho de que el proceso lleva vigente por más de 24 años «ante
las autoridades norteamericanas y colombianas»; sin embargo, no explicó si debe ser
fallado con prelación porque existen razones de seguridad nacional que así lo dispongan

6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 28 de febrero de 2017,
expediente 11001-03-15-000-2015-03386-01(A), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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o que sea necesario para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional o si se puede
catalogar como un caso de graves violaciones de derechos humanos o de crímenes de lesa
humanidad, o si es un asunto de especial trascendencia social.

En consecuencia, dado que el presente asunto no corresponde a uno de los supuestos frente
a los cuales el legislador habilitó la posibilidad de otorgarle un trato diferenciado en
relación con los procesos que se encuentran en la misma situación, la Sala negará la
petición elevada por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18
de la Ley 446 de 1998 y 16 de la Ley 1285 de 2009”.

• Este auto fue notificado el 3 de octubre de 2022.

De acuerdo con las actuaciones procesales descritas, advierte la Sala
que aunque, en efecto, el proceso de reparación directa pasó al
despacho para fallo desde el año 2015 y que a la fecha no ha sido
resuelto, dicha circunstancia no puede ser calificada como una mora
judicial injustificada, toda vez que, por una parte, no se ha demostrado
de forma alguna que dicha Subsección haya dado prelación o alterado
el sistema de turnos para resolver asuntos que no se encontraran en el
orden de llegada al despacho para fallo y, por otra, porque el despacho
sustanciador del proceso ha dado pronta respuesta a todas las
solicitudes formuladas por la parte accionante en relación con el turno
que le corresponde para resolver el asunto.

Por tanto, no resulta viable para la Sala declarar que la Sección Tercera,
Subsección A está incursa en una conducta de mora judicial
injustificada, pues, como se explicó en párrafos precedentes, para que
ello se concrete debe demostrarse que la autoridad judicial ha actuado
con negligencia y desidia frente a sus deberes constitucionales y legales
y, en el caso de autos, como quedó visto, la Subsección demandada ha
actuado con sujeción a los turnos asignados a los asuntos a su cargo,
lo que indica que el hecho de que a la fecha no se haya proferido
sentencia de segunda instancia no implica una trasgresión de sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva,

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máxime cuando la magistrada sustanciadora del proceso señaló en el
informe rendido que “en el orden de ingreso a despacho para fallo, en
los asuntos de reparación directa, el expediente está en el turno 30, lo
cual significa que será proyectado y se llevará a Sala de Subsección,
este primer semestre del año”.

Aunado a lo anterior, tampoco se allegó al expediente elemento de
convicción alguno encaminado a demostrar el acaecimiento de un
perjuicio irremediable que imponga la intervención inmediata de este
juez constitucional a fin de alterar el sistema de turnos de los procesos
a cargo del despacho de la doctora María Adriana Marín, y en ese
sentido, proceder de otra forma para ordenar la prelación del asunto,
implicaría la vulneración del derecho fundamental a la igualdad de otros
usuarios de la justicia que, como la sociedad hoy accionante, han tenido
que esperar durante un lapso igual o, incluso mayor, la resolución de
sus procesos.

Debe recordarse entonces que la subsidiariedad que caracteriza a la
acción de tutela, le impide al juez constitucional inmiscuirse en el
trámite de un proceso adoptando decisiones o modificando las ya
existentes en el curso del mismo, cuando no se adviertan conductas
que atenten contra los derechos de los extremos de la litis, pues lo
contrario vulneraría los principios de autonomía e independencia de las
funciones consagradas en los artículos 228 y 230 superiores.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala negará el amparo constitucional
reclamado por ICOLTEX LTDA. toda vez que, como quedó visto, no se
observa la flagrante vulneración de sus derechos fundamentales.

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III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela formulada por ICOLTEX
LTDA. contra la Sección Tercera, Subsección A del
Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVÍESE a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el dos (2) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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