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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2012-00613-01

Fecha
24 de abril de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2012-00613-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. MODIFICAR la sentencia del 4 de julio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, cuya parte resolutiva quedará así: SEGUNDO. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios ocasionados a la sociedad demandante, como consecuencia de la no devolución de la totalidad de los dineros incautados y sus rendimientos, dentro de la asistencia judicial en la “Operación Casa Blanca”. TERCERO. CONDENAR a la Fiscalía General de la Nación a pagar a la sociedad Icoltex Ltda., por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de setenta y dos millones quinientos veintisiete mil novecientos ocho pesos ($72’527.908), como capital incautado y adeudado. 13 Radicación número: 76001-23-30-000-2012-00613-01 (54.823) Actor: Icoltex Ltda. Demandado: Nación – Fiscalía General De La Nación Referencia: Acción De Reparación Directa Asimismo, a reconocer y pagar los rendimientos financieros generados sobre la cifra antes descrita, desde la fecha de incautación hasta la fecha en que sean efectivamente entregados, así como de la suma de sesenta y dos millones ochocientos treinta y ocho mil novecientos treinta y seis pesos ($62.838.936), desde la fecha de incautación hasta el 8 de agosto de 2012, fecha en la cual fueron entregados a la sociedad demandante. Se procederá a realizar el cálculo respectivo, en consideración a los términos dispuestos por el juez de primera instancia. TERCERO. CONDENAR en costas, en primera instancia, a la parte demandada, conforme con lo consignado en la decisión del 4 de julio de 2014. CUARTO. CONDENAR en costas, en segunda instancia, a la parte demandada, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el a quo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 366 del CGP. Como agencias en derecho en esta instancia, se fijan en el equivalente al 1% de las pretensiones reconocidas ($725.279), suma que deberá ser pagada a favor de la parte actora. QUINTO. Expedir las copias auténticas con las constancias previstas en la ley procesal, con destino a las partes. Las copias destinadas a la parte actora serán […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-33-000-2012-00613-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

24 de abril de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 76001-23-30-000-2012-00613-01 (54.823)

Actor: ICOLTEX LTDA.

Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – no
devolución de una suma de dinero incautada, más los intereses bancarios, en el marco de
la “Operación Casa Blanca” / APELACIÓN – deber de sustentación del recurso de apelación
– la sentencia de primera de instancia se recurrió formalmente, pero dicha impugnación no
se sustentó materialmente, en cuanto no se planteó ningún argumento tendiente a rebatir
las conclusiones del a quo / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MATERIALES – solo
procede a su actualización.

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada
contra la sentencia del 4 de julio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El Estado de los Estados Unidos de América solicitó asistencia judicial del Estado
de Colombia para que congelara unas cuentas de la parte actora, en razón de una
investigación penal adelantada por el delito de lavado de activos. Esa solicitud fue
acogida por la Fiscalía General de la Nación. Luego, en el proceso se ordenó el
archivo de las diligencias y la entrega de los dineros incautados; sin embargo, según
se dijo, el capital objeto de la medida cautelar no fue devuelto en su integridad y
tampoco se reconocieron los intereses bancarios, situación que, en criterio de
Icoltex Ltda., da lugar a que se declare la responsabilidad de la Nación- Fiscalía
General de la Nación, a título de defectuoso funcionamiento de la Administración de
Justicia.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 5 de diciembre de 2012 (fl. 46 del c.1), Icoltex Ltda., por conducto de apoderado

Radicación número: 76001-23-30-000-2012-00613-01 (54.823)
Actor: Icoltex Ltda.
Demandado: Nación – Fiscalía General De La Nación
Referencia: Acción De Reparación Directa

judicial (fls. 2 – 3 del c.1), presentó demanda de reparación directa contra la Nación
-Fiscalía General de la Nación-, con el fin de que se le indemnizaran los perjuicios
ocasionados por la omisión de devolverle parte del dinero incautado y sus réditos,
dentro de la asistencia judicial en la “Operación Casa Blanca”.

En concreto, la accionante solicitó que se efectuaran las siguientes declaraciones
y condenas (fls. 39 – 40 del c.1):

PRIMERA. Declarar que la Fiscalía General de la Nación es responsable del
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, dentro del trámite
judicial impartido a la asistencia judicial, investigación penal que por el delito de
lavado de activos se inició contra la empresa Icoltex Ltda. (…), en cabeza de
sus representantes y socios, dentro del expediente con radicado 98-0434 de la
Corte del Distrito de Columbia en los Estados Unidos, declarados inocentes,
concordante con los expedientes 007 de la Fiscalía 27 declarado nulo,
expediente 098 de la Fiscalía 26 declarado inhibitorio.

SEGUNDA. Condenar a la Fiscalía General de la Nación a pagar por perjuicios
morales para los socios de la empresa y representantes legales 500 SMLMV.

TERCERA. Condenar a la Fiscalía General de la Nación a pagar por (…) lucro
cesante los intereses bancarios compuestos sobre los dineros congelados
desde marzo de 1998, así como el capital, que se congelaron así: Banco de
Bogotá $62.838.936, Banco Central Hipotecario $44.985.247, hasta que se
pague el capital, el capital se reintegró el 8 de agosto de 2012, parcialmente por
un valor de $62.838.936, quedando pendiente la entrega de $44.985.247 (…).

De la escueta redacción del escrito inicial, se extrae que, en marzo de 1998, el
gobierno de los Estados Unidos de América solicitó asistencia judicial al gobierno
Colombiano para que congelara, entre otras, unas cuentas bancarias de Icoltex
Ltda., debido a la investigación penal adelantada por el delito de lavado de activos,
denominada “Operación Casa Blanca”.

Por tal razón, la Fiscalía 27 de Extinción de Dominio y Lavado de Activos abrió el
expediente 007 y efectuó la medida cautelar pertinente.

Pasados 12 años, el 16 de septiembre de 2010, la Embajada Americana envío al
fiscal de la época una comunicación del fiscal americano Jack de Kluivert, quien
tuvo a su cargo el expediente 98-0434 en el Tribunal del Estado de Columbia, a
través de la cual enlistó las empresas y cuentas congeladas para que “se liberaran
y se devolvieran los fondos”.

“El 2 de marzo de 2012”, la Fiscalía General de la Nación entregó los títulos de
depósito de los fondos a la actora por $62’838.936, “quedando pendiente la entrega
de otro título por $44’985.247” y los intereses bancarios causados por razón del
tiempo, según lo ordenaba la ley.

2

Radicación número: 76001-23-30-000-2012-00613-01 (54.823)
Actor: Icoltex Ltda.
Demandado: Nación – Fiscalía General De La Nación
Referencia: Acción De Reparación Directa

2. Trámite en primera instancia

2.1. En auto del 25 de enero de 2013, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público
(fl. 47 c.1).

2.2. La Fiscalía General de la Nación manifestó que el trámite de asistencia judicial
se adelantó conforme con las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

Asimismo, propuso las excepciones de (i) falta de legitimación en la causa por
activa, toda vez que no se adjuntaron los soportes que acreditaran a la señora
Gisela Carabalí como representante de la empresa; y (ii) pleito pendiente, había
cuenta de que cursaba un proceso en el que estaba involucrada la sociedad actora
por los mismos hechos de la demanda, lo que impedía determinar si, en efecto,
existía causa para reintegrar el dinero faltante.

Por último, resaltó que no resultaba procedente lo pedido por lucro cesante, ya que
los dineros que se encontraban en depósito judicial, “no generan réditos
financieros”, en atención a lo estimado en la sentencia C-119 de 2006, dictada por
la Corte Constitucional (fls. 69 – 78 del c.1).

2.3. En la audiencia inicial del 30 de julio de 2013, el a quo desestimó las
excepciones propuestas y fijó el litigio en los siguientes términos:

(…) Deberá establecer si se configuran los elementos de la responsabilidad del
Estado, bajo el fundamento del deber de reparar del defectuoso funcionamiento
de la Administración de Justicia por parte de la Fiscalía General de la Nación,
al no devolver los dineros incautados con sus correspondientes rendimientos
financieros, si a ellos hubiera lugar, en virtud de la asistencia judicial prestada
por dicha entidad al ente acusador en los Estados Unidos.

2.4. Agotado el período probatorio, el 29 de octubre de 2013 se corrió traslado a las
partes y al Ministerio Público para que presentaran los alegatos de conclusión y el
concepto por escrito (fls. 173 – 175 del c.1).

2.5. La parte actora, una vez replicó varios argumentos de la demanda, señaló que
la Ley 333 de 1996 establecía que los bienes incautados dentro de un proceso de
extinción de dominio debían producir rendimientos, por lo que, a su modo de ver,
era procedente el reembolso los intereses bancarios causados (fls. 176 – 179 del
c.1).

3

Radicación número: 76001-23-30-000-2012-00613-01 (54.823)
Actor: Icoltex Ltda.
Demandado: Nación – Fiscalía General De La Nación
Referencia: Acción De Reparación Directa

2.6. La Fiscalía General de la Nación aseveró que no le asistía responsabilidad, ya
que realizó las actuaciones que le imponía el ordenamiento jurídico vigente y,
además, las decisiones judiciales determinantes sobre los recursos de la parte
demandante fueron expedidas por un órgano judicial internacional. A su vez,
expresó que se configuraba la culpa exclusiva de la víctima, “porque no recurrió las
providencias lesivas, coadyuvando a la prolongación de su perjuicio” (fls. 189 – 194
del c.1).

2.7. El Ministerio Público pidió acceder a las súplicas de la demanda, puesto que,
desde su perspectiva, hubo una “dilación en la entrega de los títulos incautados a la
firma Icoltex Ltda.”, en tanto la medida cautelar se levantó el “2 de marzo de 2011”
y la entrega se produjo el 6 de agosto de 2012 (fls. 180 – 188 del c.1).

3. Sentencia de primera instancia

En sentencia del 4 de julio de 2014, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:

1.Declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Fiscalía General
de la Nación, por los perjuicios causados a la sociedad demandante, con
ocasión de la no devolución de la totalidad de los dineros incautados en virtud
de la investigación iniciada en los estados unidos por la llamada “operación casa
blanca”, en hechos ocurridos en el 2010.

2. En consecuencia, condenar a la Fiscalía General de la Nación a restituir a la
sociedad Icoltex Ltda., la suma de ($44.985.247). Igualmente. Condenar a la
Fiscalía General de la Nación al reconocimiento y pago de los rendimientos
financieros de la suma incautada, es decir, los rendimientos financieros de
($62.838.936) desde la fecha de incautación, hasta el día 8 de agosto de 2012,
fecha en la cual fueron entregados a la sociedad demandante, así como de la
suma de ($44.985.247), desde la fecha de incautación hasta la fecha en que
sean efectivamente entregados. Dicha liquidación deberá hacerse conforme a
lo preceptuado en el artículo 12 de la Ley 793 de 2002.

3. Condenar en costas a la entidad demandada a favor de los demandantes
(…), se fijan como agencias en derecho la suma de 1 SMLMV (…).

4. Negar las demás pretensiones de la demanda.

Puntualizó que el artículo 12 de la Ley 793 de 2002, por medio de la cual se derogó
la Ley 333 de 1996, disponía que “mientras los recursos estuvieran sujetos a una
medida cautelar, las instituciones que recibieran la respectiva orden abrirían una
cuenta especial, que generara rendimientos a tasa comercial, cuya cuantía formaría
parte de sus depósitos. Los rendimientos obtenidos pasarían al Estado en caso de
que se declarara extinguido el dominio sobre tales recursos o se entregarían a su
dueño, en evento contrario”; por tanto, al ingresar los dineros incautados a las
cuentas de la Dirección Nacional de Estupefacientes, la accionante tenía derecho a
que se le reintegrara el dinero incautado y sus rendimientos financieros, máxime

4

Radicación número: 76001-23-30-000-2012-00613-01 (54.823)
Actor: Icoltex Ltda.
Demandado: Nación – Fiscalía General De La Nación
Referencia: Acción De Reparación Directa

cuando así se dispuso respecto de otras empresas.

Advirtió que en el caso examinado solo fue devuelto un título de depósito judicial
por $62’838.936, “quedando un faltante por $44’985.247”, por lo que resultaba
viable condenar el reembolso de la última cifra, así como los rendimientos
financieros de cada una de tales sumas.

Insistió en que no existía una medida cautelar u otra razón jurídica para que los
dineros de la parte actora continuaran retenidos y, en todo caso, la excepción
relacionada con el supuesto pleito pendiente por el curso de un proceso penal había
sido resuelta en la etapa procesal correspondiente (fls. 196 – 208 del c.ppal).

4. Recurso de apelación

4.1. La Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación, para lo cual
señaló que reiteraba lo dicho en la contestación de la demanda, a saber, que la no
devolución del dinero restante a Icoltex Ltda. se debió a que actualmente cursa un
proceso penal por los mismos hechos que se discuten en la demanda, circunstancia
que impedía establecer la existencia del daño alegado, “por cuanto la situación
penal no se ha definido”1 (fls. 214 – 219 del c.ppal).

4.2. Vencido el término para formular el recurso de apelación y después de que se
llevó a cabo la audiencia en la que el a quo concedió la alzada, la entidad estatal
accionada presentó un escrito titulado “alcance del recurso de apelación”, a través
del cual expuso argumentos relativos a la controversia, disímiles a los del memorial
antes mencionado.

En resumen, sostuvo que, a partir de una lectura juiciosa de la Ley 66 de 1993 y la
sentencia C-119 de 2006, se podía concluir que el depositante no adquirió derecho
a recibir rendimientos financieros por las sumas retenidas, de ahí que no había
lugar a reconocer el lucro cesante, como ocurrió.

Explicó que, en los casos de asistencia judicial, la Fiscalía General de la Nación
cumplía funciones netamente secretariales, razón por la cual el daño reclamado no
le era imputable (fls. 263 - 273 del c.ppal).

1
Los demás argumentos de la alzada no tienen relación con el sub lite, sino que describen la falta
de daño antijurídico por “la privación de la libertad del señor Didier José Martínez”, por ende, no se
hará referencia a los mismos.
5

Radicación número: 76001-23-30-000-2012-00613-01 (54.823)
Actor: Icoltex Ltda.
Demandado: Nación – Fiscalía General De La Nación
Referencia: Acción De Reparación Directa

5. Trámite en segunda instancia

5.1. En auto del 20 de agosto de 2015, esta Corporación admitió el recurso de
apelación, tal como se radicó inicialmente (fls. 282 – 283 del c.ppal) y, el 24 de
septiembre de esa anualidad, corrió traslado a las partes para que alegaran de
conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (fl. 285 del c.ppal).

5.2. La parte actora aseveró que el recurso de apelación no fue sustentado, pues
la entidad accionada se limitó a reiterar una de las excepciones formuladas en la
contestación de la demanda, la cual fue resuelta en la audiencia inicial, sin que
hubiera emitido reproche alguno y, al margen de ello, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca insistió en que no modificaba la decisión, porque no existían
medidas cautelares contra la sociedad.

Puso de presente que se adelantaba un proceso penal, pero contra los funcionarios
de la Fiscalía General de la Nación, quienes tenían a su cargo la custodia de los
bienes incautados y al parecer “embolataron el dinero” no solo de Icoltex Ltda., sino
de otras empresas, asunto diferente al aquí debatido y en el que se evidencia que
no estaba involucrada la parte actora.

Para finalizar, en relación con los rendimientos financieros, puntualizó que en la
alzada nada se dijo, de ahí que debía mantenerse incólume la decisión de primera
instancia (fls. 287 – 295 del c.ppal).

5.3. La Fiscalía General de la Nación cuestionó la norma que aplicó el a quo para
reconocer los rendimientos financieros del dinero que estaban en depósito judicial,
bajo el entendido de que el artículo 6 de la Ley 333 de 1996, vigente para la época
de los hechos, no contemplaba estos (fls. 296 – 300 del c.ppal).

5.4. El Ministerio Público pidió que se declarara desierto el recurso de apelación,
dada la falta de carga argumentativa, teniendo en cuenta que “la Fiscalía cometió
un error de hacer referencia a un caso totalmente diferente y 8 meses después
pretende corregirlo por la figura del alcance del recurso, figura inane jurídicamente,
sin cuestionar lo decidido por el juez de primera instancia” (fls. 308 – 309 del
c.ppal)2.

5.5. La parte actora allegó copia de la decisión definitiva del proceso penal seguido

2
El 21 de septiembre de 2016 se denegó la petición de declarar desierto el recurso de apelación
propuesto por la entidad demandada (fls. 356 – 361 del c.ppal), decisión contra la cual se interpuso
recurso de reposición, el cual fue despachado desfavorablemente en auto del 28 de junio de 2017
(fls. 382 – 387 del c.ppal). El 22 de septiembre de 2017 se rechazó por improcedente el recurso de
súplica formulado contra la anterior determinación (fls. 410 – 411 del c.ppal).
6

Radicación número: 76001-23-30-000-2012-00613-01 (54.823)
Actor: Icoltex Ltda.
Demandado: Nación – Fiscalía General De La Nación
Referencia: Acción De Reparación Directa

contra los investigadores de la Fiscalía General de la Nación, por el manejo irregular
de los dineros incautados con ocasión de la asistencia judicial en la “Operación
Casa Blanca”, a fin de aclarar que ninguno de los socios estuvo vinculado y que
tampoco se impusieron medidas cautelares en su contra (fls. 390 – 440 del c.ppal).

De otra parte, presentó solicitud de extensión de jurisprudencia, con fundamento
en el fallo de amparo de tutela del 16 de noviembre de 2021, dictado por la
Subsección B de esta Sección y la sentencia de reemplazo del 14 de diciembre de
esa anualidad, mediante la cual la Subsección C accedió a las pretensiones de una
demanda con supuestos fácticos y jurídicos semejantes al sub lite (fls. 429 – 449
del c.ppal); empero, el 31 de mayo y el 27 de julio de 2022 se denegó tal petición
(fls. 450 – 452 del c.ppal).

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 150 y 152.6 del CPACA3.

2. Caducidad

De conformidad con lo previsto en el literal i), del numeral 2, del artículo 164 del
CPACA, la demanda de reparación directa puede instaurarse dentro de los dos años
“contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión
causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del
mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo
conocido en la fecha de su ocurrencia”.

La sociedad Icoltex Ltda. pretende la indemnización de perjuicios por el aparente
defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia de la Fiscalía General
de la Nación al no entregar el dinero que estaba en algunas de sus cuentas y sobre
el que pesó una medida cautelar por la solicitud de asistencia judicial formulada por
el Estado Americano, junto con sus rendimientos financieros.

De este modo, el parámetro para verificar la oportunidad del medio de control
incoado corresponde al 8 de agosto de 2012, fecha en la cual la Fiscalía 27 de la

3
Se advierte que, con apego a lo discriminado en las pretensiones de la demanda, el asunto no
cumple con la cuantía requerida en la norma aplicable; no obstante, como en reiteradas
oportunidades lo ha establecido esta Sala, esa situación no es óbice para que se inhiba de proferir
una decisión de fondo.
7

Radicación número: 76001-23-30-000-2012-00613-01 (54.823)
Actor: Icoltex Ltda.
Demandado: Nación – Fiscalía General De La Nación
Referencia: Acción De Reparación Directa

Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y del Lavado de Activos
entregó a la parte actora un título de depósito judicial correspondiente solo a un
monto parcial del dinero incautado y no dispuso el pago de intereses bancarios (fls.
27 – 28 del c.1).

Ahora bien, teniendo en cuenta que la demanda se radicó el 5 de diciembre de 2012
(fl. 46 del c.1), previo agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial (fls. 3 –
6 del c.1), se impone concluir que se hizo en tiempo.

3. Legitimación

Está demostrado que a la empresa Icoltex Ltda. le fueron incautadas unas sumas
de dinero, en atención a la asistencia judicial que prestó el Estado Colombiano al
Estado Americano, como consecuencia de la “Operación Casa Blanca”, razón por
la cual le asiste legitimación en la causa para acudir ante esta jurisdicción.

La Fiscalía General de la Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva,
por cuanto fue a esa entidad a la que se le imputó el daño por el que se demandó.

4. Objeto y alcance de la apelación

La competencia de la Sala para pronunciarse en este asunto como juez de segunda
instancia no es plena, sino que está limitada por las referencias conceptuales y
argumentativas aducidas por el apoderado de la demandada contra la decisión
adoptada en primera instancia4.

En esta oportunidad, la Subsección5 reitera que el alcance del recurso de apelación,
mecanismo de control de las decisiones judiciales, no se dirige, sin límite alguno, a
reprochar cualquier tipo de actuación e inconformidad generada en el curso del
proceso, como tampoco puede estar orientado a repetir el trámite acontecido en
primera instancia, sino que busca garantizar el principio de la doble instancia que,
como regla general, está disponible para controvertir las decisiones judiciales que
se reputan contrarias al ordenamiento jurídico.

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de
unificación del 6 de abril de 2018, expediente 46.005, M.P. Danilo Rojas Betancourth.
5
Al respecto se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias de esta Subsección:
sentencia del 11 de mayo de 2022, expediente 54.452, sentencia del 20 de mayo de 2022,
expedientes 53.800, y sentencias del 6 de julio de 2022, expedientes 44.707, 54.666 y 56.581,
sentencia del 16 de diciembre de 2020, expediente 46.542, sentencia del 14 de mayo de 2014,
expediente 31.469 y sentencia del 4 de marzo de 2022, expediente 53.376.
8

Radicación número: 76001-23-30-000-2012-00613-01 (54.823)
Actor: Icoltex Ltda.
Demandado: Nación – Fiscalía General De La Nación
Referencia: Acción De Reparación Directa

Así las cosas, resulta imprescindible que el recurrente determine mediante los
cargos planteados cuáles asuntos deben ser resueltos ante el superior jerárquico,
para lo cual no basta con la simple interposición del recurso ni resulta suficiente
repetir un argumento desprovisto de motivos de disenso, toda vez que los
planteamientos de la alzada definen los temas objeto de análisis, de cara a la
decisión judicial que es rebatida6.

En reciente pronunciamiento, la Sala7 ratificó lo siguiente:

(…) La carga de sustentación que corresponde cumplir a la parte recurrente
requiere que se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron
de sustento a la providencia de primera instancia, en aquello que se considere
desfavorable, no solo porque la decisión sea contraria a los intereses de quien
la impugna, sino porque exista en realidad una razón por la que considere que
lo fallado no corresponde a una decisión ajustada a derecho, lo cual, se itera,
delimita el marco al que debe sujetarse el juez al revisar la sentencia recurrida.

En este sentido, es ajeno al recurso de apelación la reiteración de las hipótesis
que se plantearon como punto de partida en la construcción del proceso en
primera instancia, en tanto aquéllas luego de haber transitado por las etapas
probatorias, de contradicción y de alegaciones finales, no pueden volver a
presentarse al ad quem en su estado germinal, es decir, como se postularon al
presentar la demanda, pues ya fueron objeto de comprobación y debate; sino
que, de cara a la tesis adoptada por el a quo en las conclusiones del fallo,
corresponde al apelante la formulación de una tesis diversa frente a los
específicos argumentos que sustentaron la decisión desfavorable, exigencia
que, conforme lo prevé el legislador, se cumple a través de la carga de
sustentación, siendo “suficiente que el recurrente exprese, en forma concreta,
las razones de su inconformidad con la providencia”, como dispone el artículo
352 del C. de P.C.

En consecuencia, es claro que el cumplimiento de la carga de sustentación del
recurso de apelación no se surte con la mera expresión de afirmaciones que no
confronten la razón de la decisión8, sino que exige que se hagan referencias
claras y concretas de cara a los argumentos que soportaron la sentencia de
primera instancia, con la suficiencia para evidenciar que lo decidido por el a quo
resultó desacertado, pues, de no ser así, la segunda instancia quedaría
desprovista de elementos que conduzcan a determinar con certeza las razones
de inconformidad del apelante respecto de la providencia apelada.

A partir de lo dicho, si se advierte la ausencia de una sustentación suficiente,
adecuada o material del recurso de apelación, cuyos fundamentos sean
simplemente afirmaciones genéricas, sin traer a colación argumentos para

6
El Consejo de Estado en casos similares se ha pronunciado en igual sentido, ver sentencias: del
17 de marzo de 2010, expediente 36.838, del 9 de junio de 2010, expediente 19.283, y del 14 de
mayo de 2014, expediente 31.469.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 3 de marzo de 2023, expediente 58.301, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
8
Cita del texto original: “(…) no puede darse por sustentada una apelación, ni por ende cumplida la
condición que subordina la admisibilidad de este recurso, cuando el impugnante se limita
simplemente a calificar la providencia recurrida de ilegal, injurídica o irregular; tampoco cuando
emplea expresiones abstractas tales como, ‘sí hay prueba de los hechos’ u otras semejantes, puesto
que aquellos calificativos y estas expresiones, justamente por su vaguedad e imprecisión no
expresan, pero ni siquiera implícitamente, las razones o motivos de la inconformidad del apelante
con las deducciones lógico-jurídicas a que llegó el Juez en s proveído impugnado”. Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil. Auto de 30 de agosto de 1984, Gaceta Judicial No. 2415. M.P.
Humberto Murcia Ballén.
9

Radicación número: 76001-23-30-000-2012-00613-01 (54.823)
Actor: Icoltex Ltda.
Demandado: Nación – Fiscalía General De La Nación
Referencia: Acción De Reparación Directa

cuestionar las tesis o las bases de la providencia impugnada, al superior no le
queda una opción diferente a la de confirmar el proveído apelado9.

En el caso examinado, la Sala observa que, si bien la Fiscalía General de la Nación
impugnó la decisión del a quo, lo cierto es que materialmente no puede deducirse
un argumento destinado a confrontar sus razonamientos, en tanto se limitó a insistir
en una excepción planteada en la contestación de la demanda, la cual ya había sido
resuelta y, en todo caso, no se extrae un ataque directo a los fundamentos del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y menos frente a ese punto, lo que indica
que debe dejar incólume la providencia recurrida.

Para apoyar lo anterior, es pertinente traer a colación lo planteado en la contestación
de la demanda, lo resuelto por el juez de primer grado y lo dicho por la apelante.

La Fiscalía General de la Nación, en la contestación de la demanda, aseveró que
existía pleito pendiente, bajo el entendido de que se estaba tramitando un proceso
penal en el que estaba involucrada la sociedad actora por hechos semejantes a los
de los expuestos en la demanda de la referencia, de ahí que no se podía determinar
si era procedente o no la devolución del dinero incautado restante.

El juez de primer grado, en la audiencia inicial, consideró que no existía asidero
jurídico para enervar la excepción mencionada, porque no obraba en el expediente
“la más mínima evidencia de la afirmación de la demandada, sin la existencia de
explicación alguna ni copia del proceso donde se pueda verificar claramente, es
decir, no hay un nexo causal entre la no devolución del dinero y el objeto de una
supuesta investigación que se adelanta”, decisión sobre la que se guardó silencio.

En la providencia que resolvió el conflicto de fondo, el a quo coligió, en esencia, que
los dineros de la parte actora fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de
la Nación, con ocasión de la asistencia judicial que prestó al Estado Americano por
la investigación penal del punible de lavado de activos que se adelantaba en su
contra; no obstante, después de aproximadamente 12 años, se ordenó la entrega
total de los rubros retenidos, la cual a la fecha no se había materializado a cabalidad
y menos sus rendimientos, como lo ordenaba la ley, sumado a que no existía razón
jurídica válida para que los dineros continuaran retenidos, según se explicó en la
audiencia inicial.

Inconforme con la anterior decisión, la Fiscalía General de la Nación resaltó que el
fallo debía revocarse, únicamente, porque, como lo aseguró en la contestación de

9
Cita del texto original: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 4 de marzo de 2022, radicación 47.098, M.P.María Adriana Marín”.
10

Radicación número: 76001-23-30-000-2012-00613-01 (54.823)
Actor: Icoltex Ltda.
Demandado: Nación – Fiscalía General De La Nación
Referencia: Acción De Reparación Directa

la demanda, contra Icoltex Ltda. cursaba un proceso penal “por los mismos hechos
de la demanda”, circunstancia que impedía la entrega del dinero y, a su turno,
establecer el daño aquí reclamado.

Fue así como la parte recurrente dejó ver su discrepancia con el fallo de primera
instancia, en la medida en que solicitó que fuera revocada por configurarse la
“excepción de pleito pendiente”.

A juicio de esta Sala, en primer lugar, lo expuesto en el recurso de apelación no está
encaminado a desvirtuar el fundamento central que tuvo en cuenta el tribunal para
acceder a las pretensiones de la demanda y, en segundo término, tampoco
confronta las conclusiones sobre la excepción previa de pleito pendiente que reiteró
como dicho de paso en su decisión, puesto que no desarrolló ningún análisis que
ataque la tesis del juez.

En gracia de discusión, la alzada no corresponde al medio judicial idóneo para
rebatir ese aspecto 10 ; es más, llama la atención que la entidad estatal hubiera
mostrado conformidad con lo resuelto en la audiencia inicial y ahora pretenda a
través de la alzada provocar un nuevo debate sobre un punto de derecho que se
zanjó, insistiendo en la misma hipótesis, cuando el juez echó de menos la falta de
prueba o indicio que apoyara sus afirmaciones, falencia que no superó.

El inconformismo de la entidad apelante, así planteado, resulta absolutamente
insuficiente para refutar las consideraciones el tribunal, pues fue del todo omisivo
del deber de debatir la parte motiva de la sentencia, esto es, confrontando y
exponiendo de manera sustentada las razones que llevarían a una conclusión
diferente a la adoptada en primera instancia, las cuales debían estar dirigidas a
debatir la improcedencia de la declaratoria de responsabilidad o, en su defecto, de
los rendimientos bancarios de los dineros retenidos de la sociedad.

Hay que agregar que la Sala no está llamada a suplir esta carga que corresponde
de manera exclusiva al recurrente 11, por lo que resulta forzoso concluir que los
fundamentos del fallo impugnado respecto de la declaratoria de responsabilidad del
extremo pasivo no fueron alterados y, por tanto, se impone confirmar la providencia
recurrida por carencia de objeto de la alzada, sin que en esta materia quepan
consideraciones de oficio sobre las razones esgrimidas por el tribunal de instancia
para declarar su responsabilidad.

10
En atención a lo dispuesto en el artículo 180 del CPACA, las decisiones adoptadas en la audiencia
inicial son susceptibles de recursos.
11
Según lo señalado en el artículo 247 del CPACA.
11

Radicación número: 76001-23-30-000-2012-00613-01 (54.823)
Actor: Icoltex Ltda.
Demandado: Nación – Fiscalía General De La Nación
Referencia: Acción De Reparación Directa

5. Actualización de la condena

Por lo expuesto en el acápite anterior, la Sala solo actualizará el capital incautado y
lo hará a partir de la fecha de la sentencia de primera instancia, por cuanto, aunque
el tribunal no lo hizo desde la fecha en la que operó la retención, la Subsección no
tiene competencia para efectuar una conclusión diferente.

Igualmente, se precisa que los rendimientos financieros no fueron liquidados en
concreto, sino que se dispuso que la entidad los liquidara, siguiendo lo previsto en
el artículo 12 de la Ley 793 de 2002, por tal razón, la Subsección se sujetará a esa
determinación, teniendo en cuenta que no existe parámetro para revisar ese punto.

Bajo ese contexto, entonces, procede a actualizar la condena sobre el dinero
incautado que reconoció el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con base en
la siguiente fórmula:

Valor actualizado = Valor histórico x (IPC final) 12
(IPC inicial) 13

Al reemplazar:

V.A = V.H ($44’985.247) (131,77)
(81,73)

V.A = $72’527.908

6. Costas

6.1. Primera instancia

La Sala no emitirá pronunciamiento sobre este punto, teniendo en cuenta que el
juez de primera instancia impuso una condena en costas contra la demandada, pero
esa determinación no fue cuestionada.

6.2. Segunda instancia

De conformidad con el artículo 188 del CPACA, en la sentencia se dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento
civil. En efecto, como la condena en costas obedece a un factor objetivo, no se tiene
en cuenta la conducta de las partes, sino a los supuestos decantados por la norma.

12
IPC (vigente al momento de dictarse la presente decisión, esto es, marzo de 2023).
13
IPC (vigente a la fecha de expedición de la sentencia de primera instancia, esto es, julio de 2014).
12

Radicación número: 76001-23-30-000-2012-00613-01 (54.823)
Actor: Icoltex Ltda.
Demandado: Nación – Fiscalía General De La Nación
Referencia: Acción De Reparación Directa

El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso y el artículo 361 ibidem establece que las costas “están
integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del
proceso y por las agencias en derecho”, pero vale aclarar que estás últimas serán
determinadas por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, de conformidad con el artículo 366.4 de esa misma norma.

En el caso concreto, se observa que la presente decisión modificará el fallo apelado,
toda vez que actualizó el monto del capital que se condenó en concreto por el a quo;
por ende, en atención a lo previsto en el artículo 365.2 del CGP, se determina que
hay lugar a condenar en costas, en esta instancia, a la parte vencida en el proceso
y a quien se le resolvió de manera desfavorable el recurso de apelación, esto es, a
la parte demandada.

Además, tal como lo dispone la legislación pertinente, las mismas deberán ser
liquidadas por el juez de primera instancia, teniendo en cuenta las agencias en
derecho que se fijan en el equivalente al 1% de las pretensiones reconocidas
($725.279), monto que deberá ser pagado a favor de Icoltex Ltda., al tenor de lo
dispuesto en el Acuerdo 1887 de 2003, pues atendió el proceso en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. MODIFICAR la sentencia del 4 de julio de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, cuya parte resolutiva quedará así:

SEGUNDO. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la
Fiscalía General de la Nación por los perjuicios ocasionados a la sociedad
demandante, como consecuencia de la no devolución de la totalidad de los dineros
incautados y sus rendimientos, dentro de la asistencia judicial en la “Operación Casa
Blanca”.

TERCERO. CONDENAR a la Fiscalía General de la Nación a pagar a la sociedad
Icoltex Ltda., por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro
cesante, la suma de setenta y dos millones quinientos veintisiete mil novecientos
ocho pesos ($72’527.908), como capital incautado y adeudado.

13

Radicación número: 76001-23-30-000-2012-00613-01 (54.823)
Actor: Icoltex Ltda.
Demandado: Nación – Fiscalía General De La Nación
Referencia: Acción De Reparación Directa

Asimismo, a reconocer y pagar los rendimientos financieros generados sobre la cifra
antes descrita, desde la fecha de incautación hasta la fecha en que sean
efectivamente entregados, así como de la suma de sesenta y dos millones
ochocientos treinta y ocho mil novecientos treinta y seis pesos ($62.838.936), desde
la fecha de incautación hasta el 8 de agosto de 2012, fecha en la cual fueron
entregados a la sociedad demandante.

Se procederá a realizar el cálculo respectivo, en consideración a los términos
dispuestos por el juez de primera instancia.

TERCERO. CONDENAR en costas, en primera instancia, a la parte demandada,
conforme con lo consignado en la decisión del 4 de julio de 2014.

CUARTO. CONDENAR en costas, en segunda instancia, a la parte demandada, las
cuales serán liquidadas de manera concentrada por el a quo, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 366 del CGP. Como agencias en derecho en esta instancia,
se fijan en el equivalente al 1% de las pretensiones reconocidas ($725.279), suma
que deberá ser pagada a favor de la parte actora.

QUINTO. Expedir las copias auténticas con las constancias previstas en la ley
procesal, con destino a las partes. Las copias destinadas a la parte actora serán
entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

SEXTO. Ejecutoriada la presente providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

VF

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