Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00283-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00283-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00283-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
23 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00283-00
Accionante: MARÍA JOHANA TABORDA LEIVA
Accionados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – NIEGA las pretensiones de la acción
de tutela. No se configuró la vulneración de los derechos
fundamentales de petición y debido proceso.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela promovida por la ciudadana María Johana
Taborda Leiva en contra del Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de Carrera Judicial y de la Universidad Nacional de
Colombia.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La ciudadana María Johana Taborda Leiva solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al «[…] debido proceso […]» y de petición, cuya vulneración le
atribuyó a la omisión de las accionadas de emitir una respuesta «[…] de fondo y
congruente […]» al recurso de reposición que promovió contra la Resolución
CJR22- 442 de 1° de noviembre de 2022, proferida por la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, y
a través de la cual «[…] se publican los resultados de la prueba SUPLETORIA de
aptitudes y conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la
provisión de los cargos de Funcionarios de la Rama Judicial […]».
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00283-00
Accionante: María Johana Taborda Leiva
2.1. Manifestó que mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, el
Consejo Superior de la Judicatura «[…] convocó a los interesados en vincularse a
los cargos de funcionarios de la Rama Judicial […]» para que se inscribieran en el
concurso de mérito.
2.2. Señaló que se inscribió al cargo de «[…] Juez Penal Municipal […]», que realizó
la prueba supletoria de «[…] aptitudes y conocimientos […]» y que mediante la
Resolución N° CJR22- 442 de 1° de noviembre de 2022, a través de la cual se
publicaron los resultados, se determinó que obtuvo un puntaje de 711,81.
2.3. Comentó que promovió recurso de reposición contra la Resolución N° CJR22-
442 de 1° de noviembre de 2022 en el que expuso sus cuestionamientos sobre
las claves de respuesta correcta asignadas a las preguntas N° 54, 62, 67, 70, 71,
73, 89, 95, 102, 103, 115 y 119. En dicha oportunidad, argumentó los motivos por
los que consideraba que había suministrado la respuesta correcta y, además,
indicó la razón por lo que estimaba que la respuesta con clave correcta era
equivocada.
2.4. Afirmó que, pese a efectuar reparos concretos en contra de las preguntas N° 54,
62, 67, 70, 71, 73, 89, 95, 102, 103, 115 y 119, el Consejo Superior de la
Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial, al resolver el recurso de
reposición, mediante la Resolución N° CJR23-0022 de 16 de enero de 2023, se
abstuvo de brindar una respuesta clara y congruente.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló la siguiente pretensión:
«[…] SEÑOR JUEZ, SOLICITO ANALIZAR CUIDADOSAMENTE ESTA
ACCIÓN DE TUTELA, PORQUE LAS ACCIONADAS NO ESTÁN
ACTUANDO CON HONESTIDAD Y RECTITUD, pretendiendo A TODA
COSTA FINALIZAR la cuestionada CONVOCATORIA 27, violando como
puede apreciarse el debido proceso y de contera, el mérito. Espero que la
rama judicial, ordene corregir las fallas que detecté y que no queden en la
impunidad la cantidad de fraudes que se han tejido para evitar que en
realidad se cumpla con los propósitos de ingreso a la rama judicial, como es
el mérito transparente y con rectitud. Por todo lo anterior, solicito, se ordene lo
solicitado en cada uno de los puntos arriba relacionados y se me proteja mi
derecho fundamental al debido proceso […]». [sic en toda la cita]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
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Accionante: María Johana Taborda Leiva
4. Mediante auto de 26 de enero de 2023, se admitió la presente acción de tutela
en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración
de Carrera Judicial y de la Universidad Nacional de Colombia. También se
ordenó notificar al agente del Ministerio Público para lo de su competencia.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuada las notificaciones a las autoridades accionadas, se advierte
que se allegaron los siguientes informes:
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
5.1. El
Carrera Judicial rindió informe en el que solicitó que se declarara el hecho
superado porque: «[…] mediante la Resolución CJR23-0022 de 16 de enero de
2023 (…) se atendieron de manera clara, completa y de fondo la totalidad de los
reparos formulados en el recurso por la tutelante […]». Igualmente desatacó que:
«[…] las inconformidades señaladas en el escrito de tutela frente a la explicación
dada en los anexos a las preguntas 54, 62, 67, 70, 71, 73, 89, 95, 102, 103, 115 y
119, fueron atendidas en los puntos 14 y 21 por medio de la Resolución CJR23-
0022 de 16 de enero de 2023, con base en la información proporcionada por la
Universidad Nacional de Colombia, como operador técnico de la prueba […]».
5.2. Al respecto, señaló lo siguiente:
[…] De este modo, cabe resaltar que los cuestionamientos efectuados sobre
preguntas del examen por motivos de redacción, formulación en su enunciado
y opciones de respuesta, en el marco de los recursos de reposición
interpuestos por los aspirantes al cargo de Juez Penal Municipal contra los
resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos, fueron respondidas en
el ítem 14 denominado “Preguntas capciosas, ambiguas, confusas - Solicita
excluir preguntas - Informar si fue excluido algún ítem – Recalificar” de la
Resolución CJR23-0022 de 16 de enero de 2023, con la respectiva marcación
dentro del Anexo 1 del referido acto administrativo, tal como se evidencia
realizando la búsqueda por nombres y apellidos y/o número de cédula del
aspirante en el siguiente link:
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/7227621/132623650/CJR23-
0022.pdf/f8dea7b8-e81d-41cb-b4be-77d0d30d4b8f
En ese sentido, al haberse realizado la marcación en los puntos 14.1
(Preguntas capciosas, ambiguas, confusas / Revisión de las preguntas por
terceros) y 14.3 (Recalificación posterior a corrección o exclusión de ítems)
del Anexo 1 en la fila correspondiente a la aspirante, se le dio respuesta de
manera particular, indicándole de una parte que, luego de haberse realizado
una revisión detallada de los ítems incluidos se determinó que no eran
susceptibles de modificación, exclusión o invalidación por no ser ambiguos,
confusos, capciosos o impertinentes, toda vez que cumplieron con todos los
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Accionante: María Johana Taborda Leiva
requisitos y estándares técnicos requeridos para la elaboración de pruebas en
esta clase de procesos de selección, así las cosas, no es procedente
recalificar los puntajes, toda vez que no se excluye ninguna pregunta y no se
evidencia razón alguna para proceder a la modificación de la calificación.
En ese mismo sentido, conforme con el “Anexo 2 - Respuesta a objeciones”
de la Resolución CJR23-0022 de 16 de enero de 2023, se dieron a conocer
las claves de respuesta correctas, como resultado de las valoraciones
técnicas que responden a criterios de objetividad e imparcialidad con
parámetros previamente determinados; es así que, frente a lo señalado en los
ítems 54, 62, 67, 70, 71, 73, 89, 95, 102, 103, 115 y 119 se indicó su
pertinencia, así como la justificación de la clave asignada y la opción de la
respuesta no válida, las cuales son el producto de la estructura y elaboración
de las preguntas […].
5.3. Por último, indicó que la acción de tutela no era el mecanismo idóneo para
ejercer control a los actos administrativos.
5.4. LaUniversidad Nacional de Colombia, por intermedio del director del
Proyecto Contrato 096 de 2018, rindió informe en el que advirtió: (i) que había
operado el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, en
tanto que mediante la Resolución N° CJR23-0022 de 16 de enero de 2023 «[…]
se abordaron y atendieron los diferentes cuestionamientos planteados por la
señora María Johana al interior de su recurso de reposición y ampliación del
mismo […]», y (ii) que la acción de amparo era improcedente porque no se
cumplía con el requisito de subsidiariedad y no estaba acreditada la configuración
de un perjuicio irremediable.
5.5. Por último, señaló:
[…] Sea lo primero advertir que, dentro del presente asunto, a través de la
mencionada Resolución CJR23-0022 del 16 de enero de 2023 y sus
respectivos anexos, fueron resueltos de fondo los motivos de inconformidad
propuestos por la aspirante y atendidos los reparos realizados de cara a cada
uno de los ítems expresados en líneas previas. Por tanto, no ha existido una
vulneración al debido proceso como aduce la tutelante. Así mismo, debe
llamarse la atención en que a través del mencionado acto administrativo se
brindó toda la información relacionada con la calificación de los resultados, la
metodología y procedimientos mediante los cuales se estructuró el examen,
para brindar las claridades requeridas por la señora María Johana en lo
atinente a las inquietudes planteadas y que pudiese tener respecto de los
diferentes ítems de la prueba, su contenido y adecuada estructura.
En igual sentido, se debe mencionar que las accionadas tampoco han
vulnerado derechos en cada una de las etapas del concurso, al debido
proceso y el derecho a la igualdad de la accionante, pues ha podido ejercer
los recursos a su alcance para controvertir lo que considere, ser citada a la
jornada de exhibición del material de la prueba, acceder a los respectivos
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00283-00
Accionante: María Johana Taborda Leiva
documentos y presentar la ampliación a su escrito inicial de cara a los actos
administrativos y situaciones surgidas derivados de la Convocatoria 27 […].
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, en virtud de lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20183 y
con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta
sección el conocimiento de las acciones de tutela.
VI.2. Problemas jurídicos
7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer si las accionadas vulneraron los derechos fundamentales de petición y
debido proceso de la parte actora, en tanto que, presuntamente, se abstuvieron de
emitir una respuesta «[…] de fondo y congruente […]» al recurso de reposición
que promovido en contra la Resolución CJR22- 442 de 1° de noviembre de 2022.
8. Con el fin de resolver tal interrogante, resulta pertinente pronunciarse de manera
previa sobre: i) el contenido y alcance del derecho de petición; para
posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.3. El contenido y alcance del derecho fundamental de petición
9. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Política, todas las
personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por
motivos de interés general o particular y a obtener de ellas pronta resolución.
10. Setrata de un derecho fundamental de toda persona cuya garantía se
considera satisfecha cuando, presentada la solicitud, el peticionario obtiene una
contestación que cumple con las características de ser oportuna, clara,
1 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
2 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
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Accionante: María Johana Taborda Leiva
congruente, efectiva, eficazmente notificada; todas ellas suficientemente
reiteradas y explicadas por la jurisprudencia constitucional4.
11. En síntesis, la respuesta debe versar sobre lo preguntado, sin evasivas ni
subterfugios y precisando lo que el peticionario desea; debe ser clara a fin de que
el solicitante entienda los argumentos de la autoridad independientemente de que
los comparta o no; debe mantener coherencia con lo solicitado; además de
ser proferida dentro de la oportunidad fijada por la ley para ello, y ser
notificada de manera eficaz para su debida materialización.
VI.4. Caso concreto
12. La ciudadana María Johana Taborda Leiva solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al «[…] debido proceso […]» y de petición, cuya vulneración le
atribuyó a la omisión de las accionadas de emitir una respuesta «[…] de fondo y
congruente […]» al recurso de reposición que promovió contra la Resolución
CJR22- 442 de 1° de noviembre de 2022, proferida por la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, y
a través de la cual «[…] se publican los resultados de la prueba SUPLETORIA de
aptitudes y conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la
provisión de los cargos de Funcionarios de la Rama Judicial […]».
VI.4.1. Análisis del caso concreto
13. La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales de petición y
debido proceso, los cuales estimó vulnerados por la omisión de las accionadas de
responder en forma concreta y congruente el recurso de reposición que promovió
en contra de la Resolución N° CJR22- 442 de 1° de noviembre de 2022, que
publicó los resultados de la prueba de conocimientos realizada en el marco de la
Convocatoria N° 27 del Consejo Superior de la Judicatura.
14. Cabe señalar que el recurso de reposición promovido por la accionante contra la
Resolución N° CJR22- 442 de 1° de noviembre de 2022, efectivamente fue
resuelto a través de la Resolución N° CJR23-0022 de 16 de enero de 2023,
proferida por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura. Sin embargo, a juicio de la accionante esta respuesta
4 Sentencia de 2 de mayo de 2012 y sentencia T-377 de 20000 que fijan el alcance del derecho de petición y
las condiciones en que se debe darle contestación. Las principales características del derecho y otras
subreglas que lo informan se advierte en las sentencias T-578 de 1992, T-567 de 1992, T-382 de 1993, T-572
de 1994, T-113 de 1995, T-275 de 1995, T-474 de 1995, T-472 de 1996, T-312 de 1999, T-415 de 1999; T-
1889 de 2001; T-1160 de 2001, T-306 de 2002, T-1100 de 2006, T-108 de 2006, T-147 de 2006, T-442 de
2006, T-431 de 2007, entre otras.
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Accionante: María Johana Taborda Leiva
no satisface el núcleo esencial del derecho de petición, en tanto que es abstracta
e incongruente.
15. LaSala comienza por señalar que encuentra acreditados los requisitos de
procedencia de la acción de tutela, en tanto que: (i) la señora María Johana
Taborda Leiva está legitimada en la causa por activa; (ii) la acción de amparo fue
promovida dentro de un término razonable, y (iii) la actora no cuenta con otro
medio judicial expedito y eficaz que garantice la protección de sus derechos
fundamentales.
16. Cabe destacar, en cuanto al cumplimiento del requisito de subsidiariedad, que si
bien es cierto que se expidió la Resolución N° CJR23-0022 de 16 de enero de
2023 para resolver el recurso de reposición promovido por la accionante y, en esa
medida, podría considerarse que la actora cuenta con el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, como fue manifestado por las accionadas en los
informes allegados a este trámite; la Sala estima que el medio de control aludido
sería ineficaz porque en esta ocasión el cuestionamiento de la actora está
encaminado a discutir que se violó el núcleo esencial del derecho de petición al no
resolverse de fondo su recurso.
17. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala analizará si se violó o no el núcleo
esencial de los derechos fundamentales de petición y debido proceso, con ocasión
de una supuesta respuesta incongruente y abstracta al recurso de reposición
promovido por la actora en contra de la Resolución Resolución CJR22- 442 de 1°
de noviembre de 2022.
18. En este punto, la Sala estima pertinente poner de relieve, a través de la siguiente
tabla, lo manifestado por la actora en el citado recurso de reposición y la respuesta
emitida, mediante la Resolución N° CJR23-0022 de 16 de enero de 2023 – Anexo
N° 2, por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura:
Solicitudes de la accionante conforme al Respuesta de las accionadas conforme a la
recurso de reposición Resolución N° CJR23-0022 de 16 de enero
de 2023 – Anexo N° 25
«[…] Pregunta 54 (…) La obligación de las «[…] Es necesario que jueces y magistrados
autoridades nominadoras de asegurar que estén familiarizados con la estructura básica de
mínimo el 30% de los cargos directivos de nivel la llamada Ley de Cuotas y sus efectos en la
decisorio sean desempeñados por mujeres conformación del poder público.
deriva de la Ley 581 de 2000 y aplica para todos
los organismos y ramas de la función pública. La opción A no resuelve de manera adecuada el
Sin embargo, esta regla NO aplica cuando se enunciado y, por ende, es una respuesta
5 El cual contiene «[…] Listado de recurrentes y respuesta a las objeciones planteadas respecto de las
preguntas de aptitudes y conocimientos generales y específicas […]».
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Accionante: María Johana Taborda Leiva
trata de cargos que deben proveerse por el incorrecta porque La Ley 581 de 2000 busca la
sistema de listas. En una situación en la que adecuada y efectiva participación de la mujer en
corresponde elaborar una lista de 20 personas las ramas y órganos del poder público. Conforme
para proveer un cargo, quien la elabore: a la Sentencia C371 de 2000 de la Corte
Constitucional, la exigencia de incluir a mujeres
A. Tiene plena libertad para su conformación (mi en listas y ternas es constitucional, y por ende no
respuesta). existe la libre conformación.
(…) (…)
C. debe incluir hombres y mujeres en igual La opción C es la respuesta correcta porque el
proporción. (Respuesta de la Universidad). artículo 6 de la Ley 581 de 2000 establece:
“Artículo 6. Nombramiento por sistema de ternas
La pregunta como puede verse está y listas. Para el nombramiento en los cargos que
desactualizada – porque no se tuvo en cuenta lo deban proveerse por el sistema de ternas, se
dispuesto por la Corte Constitucional al estudiar deberá incluir, en su integración, por lo menos el
la constitucionalidad de ese artículo 6, por ende, nombre de una mujer. Para la designación en los
la clave de respuesta de la universidad como cargos que deban proveerse por el sistema de
dije, es incorrecta. Así las cosas, solicito se listas, quien las elabore incluirá hombres y
ELIMINE la pregunta, porque no se tuvo en mujeres en igual proporción” […]».
cuenta lo dispuesto por la corte constitucional al
indicar que ese apartado - Para la designación
en los cargos que deban proveerse por el
sistema de listas, quien las elabore incluirá
hombres y mujeres en igual proporción- NO es
una obligación inexorable1. INSISTO solicito su
retiro de la prueba de conocimiento o en su
defecto, se tenga mi respuesta como correcta,
porque de acuerdo a lo expuesto por la corte
constitucional, - se Tiene plena libertad para su
conformación – porque lo dispuesto en el artículo
6, NO ES UNA OBLIGACIÓN INEXORABLE
[…]».
«[…] Pregunta 62: (…) Pregunta: El efecto «[…] La opción A no resuelve de manera
jurídico que se desprende de las sentencias de adecuada el enunciado y, por ende, es una
fondo proferidas por la Corte Interamericana de respuesta incorrecta porque es precisamente por
Derechos Humanos – CRIDH en los estados la soberanía, que los estados crean a los
parte de la convención americana sobre organismos internacionales de derechos
derechos humanos que le ha encargado humanos. En el Sistema Interamericano,
competencia contenciosa es: mediante la Convención Americana sobre
Derechos Humanos de 1969, es creada la Corte
A. Plena, porque opera el control de Interamericana de Derechos Humanos, como
convencionalidad (mi respuesta) reconocimiento de la necesidad de contar con un
B. Ninguno, porque los estados mantienen su órgano, independiente, autónomo, imparcial,
soberanía para dirimir asuntos de tanta sensibilidad,
C. Plena, porque opera el propósito de contando con el mandato de Interpretar y Aplicar
cooperación internacional la Convención Americana sobre Derechos
D. Ninguna, porque la CRIDH NO es Tribunal de humanos y otros tratados que le dan
Apelaciones Estatal (respuesta de la competencia material.
universidad) […]». (…)
A juicio de la actora la opción A es la correcta La opción D es la respuesta correcta porque
porque así lo dice la literatura jurídica y Teniendo en cuenta lo mandado por la Corte
diferentes decisiones de la Corte Constitucional. Interamericana de Derechos Humanos
“…conforme al derecho internacional, cuando un
Estado es parte de un tratado internacional,
como la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, dicho tratado obliga a todos sus
órganos, incluidos los poderes judicial y
legislativo, por lo que la violación por parte de
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Accionante: María Johana Taborda Leiva
alguno de dichos órganos genera
responsabilidad internacional para aquél.”.
Es claro, que las decisiones que adopta la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en
cumplimiento de su mandato, debe ser acatado
en el Derecho interno, especialmente de los
Estados que han sido llamados ante esa
Jurisdicción […]».
«[…] Pregunta 67: (…) Cuando 2 normas «[…] En la aplicación judicial del derecho se
jurídicas se contradicen se produce el fenómeno parte del presupuesto de que este es un sistema
denominado “antinomia”. NO es una condición de normas. Para que el derecho tenga un
de la antinomia que las normas que se carácter sistemático sus normas deben ser
contradicen: coherentes. En caso de que se presenten
(…) contradicciones o antinomias la doctrina y la
b. Sean incumplidas por la mayoría de sus jurisprudencia han definido unos criterios de
destinatarios (mi respuesta). solución, pero antes se debe determinar las
c. Se refiera a un mismo caso o supuesto de condiciones para que se produzca una
hecho (respuesta de la universidad). contradicción o antinomia entre dos o más
(…) normas. Por esta razón, su conocimiento es
la Respuesta correcta es la “B” que es la fundamental para jueces y magistrados.
respuesta que ofrecí en el examen PORQUE ES (…)
LA ÚNICA QUE NO ES CONDICIÓN DE LA La opción B no resuelve de manera adecuada el
ANTINOMIA. Digo que es equivocada la clave enunciado y, por ende, es una respuesta
de respuesta de la universidad, por lo indicado incorrecta porque si dos normas tienen diferentes
por Carlos Nino y Norberto Bobbio […]» ámbitos de validez y se refieren a dos
situaciones de hecho diferentes no pueden
entrar en contradicción.
La opción C es la respuesta correcta porque el
incumplimiento o ineficacia no es una condición
para la contradicción entre normas […]»
«[…] Pregunta 70: (…) Si el comprador ha «[…] La opción A no resuelve de manera
pagado el precio acordado, entonces el adecuada el enunciado y, por ende, es una
comprador tiene derecho a recibir la cosa. El respuesta incorrecta porque en el "argumento
comprador NO ha pagado el pecio acordado. Por hipotético todos los enunciados que lo componen
lo tanto, el comprador NO tiene derecho a recibir tienen la
la cosa. Este párrafo contiene un ejemplo de un forma 'si-entonces'”.
argumento: (…)
A. Hipotético (mi respuesta) La opción C es la respuesta correcta porque en
B. Deductivo un argumento inductivo “su forma lógica no
C. Inductivo (La de la Universidad) garantiza que si las premisas son verdaderas la
D. Disyuntivo conclusión sea necesariamente verdadera”,
Esta pregunta NO tenía respuesta CORRECTA y mientras que en el ejemplo sí sucede esto, al
por ende, la universidad tiene una clave de tratarse de un argumento deductivo […]».
respuesta INCORRECTA. La respuesta correcta
es: un argumento MODUS TOLLENS “negando
niego” y NO está dentro de las opciones de
respuesta de la pregunta. Así lo señala el
módulo de argumentación de la escuela judicial
Rodrigo Lara Bonilla […]»
«[…] Pregunta 71: (…) si una ley exige tener una «[…] La opción A es la respuesta correcta
edad mínima para poder ejercer un oficio o gozar porque la Corte Constitucional en la sentencia C-
de un beneficio, esa ley debe ser sometida a un 093 de 2001 consideró que se aplica un test
test de igualdad: intermedio de igualdad cuando una norma
A. Intermedio (respuesta Universidad) establece límites máximos a partir de los cuales
B. Estricto (mi respuesta) una persona es excluida de una cierta actividad o
Mi respuesta ES la correcta, tal y como se de un determinado beneficio. “Estas últimas
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Accionante: María Johana Taborda Leiva
desprende del siguiente módulo de la escuela regulaciones están entonces sujetas a un
judicial […]» escrutinio de igualdad intermedio”.
La opción B no resuelve de manera adecuada el
enunciado y, por ende, es una respuesta
incorrecta porque la Corte Constitucional en la
sentencia C-093 de 2001 consideró que la
restricción al derecho a la igualdad que se señala
en el enunciado no se fundamente en la
utilización de criterios sospechosos para
establecer diferencias entre las personas, por lo
cual no aplica el test estricto de igualdad […]».
«[…] Pregunta 73: (…) Pregunta: De acuerdo «[…] La opción B no resuelve de manera
con la ley estatutaria de la administración de adecuada el enunciado y, por ende, es una
justicia y la jurisprudencia de la corte respuesta incorrecta porque es contrario al
constitucional, los efectos temporales de las artículo 45 de la Ley Estatutaria de la
sentencias de inexequibilidad proferidas por la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996)
corte se rigen por la regla según la cual, estas afirmar que las sentencias de inexequibilidad
sentencias tienen efectos: proferidas por la Corte Constitucional tienen
(…) efectos retroactivos a menos que la Corte
B. Ex tunc o retroactivos a menos que la corte resuelva lo contrario, porque el supuesto del que
resuelva lo contrario. (respuesta Universidad) parte la mencionada disposición es el de los
(…) efectos hacia el futuro de dichas sentencias.
D. Ex nunc o hacia futuro a menos que la corte (…)
resuelva lo contrario. (mi respuesta) […]». La opción D es la respuesta correcta porque el
artículo 45 de la Ley estatutaria de la
Como fundamento de lo anterior, sostiene que la administración de justicia (Ley 270 de 1996)
Corte en la sentencia SU-037 de 2019. dispone que “las sentencias que profiera la Corte
Constitucional sobre los actos sujetos a su
control en los términos del artículo 241 de la
Constitución Política, tienen efectos hacia el
futuro a menos que la Corte resuelva lo
contrario”. La Corte Constitucional ha señalado
que “debe tenerse en cuenta que este Tribunal
tiene la potestad para excepcionar la
mencionada regla de efectos ex nunc y
determinar otras consecuencias temporales para
sus fallos de inexequibilidad, lo que ha sido
justificado en su misión de garantizar la
supremacía e integridad de la Carta Política”
(sentencia SU-037 de 2019) […]».
«[…] Pregunta 89 (…) Un individuo mayor de «[…] La opción A es la respuesta correcta
edad con el ánimo de matar ha suministrado un porque según Sentencia C-365 de 2012 Corte
veneno a varias personas y les ha ocasionado la Constitucional, el principio de culpabilidad implica
muerte, argumentando que escucha una voz que actuar bajo un ánimo específico como es el dolo.
le ordena hacerlo y que dicho sacrificio salvará al El principio de culpabilidad implica negar la
mundo. De acuerdo con el principio de responsabilidad objetiva o del puro acto proscrita
culpabilidad la conducta del agresor debe ser en Colombia. A juicio de la Corte Constitucional
establecida como: “El principio de culpabilidad, derivado del artículo
A. Típicamente dolosa (respuesta de la 29 de laCarta Política en nuestro ordenamiento
universidad- equivocada) tiene las siguientes consecuencias: (i) El
(…) Derecho penal de acto, por el cual “sólo se
C. Inimputable (mi respuesta) […]». permite castigar al hombre por lo que hace, por
su conducta social, y no por lo que es, ni por lo
Como fundamento de lo anterior desarrolló el que desea, piensa o siente. (ii) El principio según
elemento atinente a la culpabilidad. el cual no hay acción sin voluntad, que exige la
configuración del elemento subjetivo del delito.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00283-00
Accionante: María Johana Taborda Leiva
De acuerdo al mismo, ningún hecho o
comportamiento humano es valorado como
acción, sino es el fruto de una decisión; por
tanto, no puede ser castigado si no es
intencional, esto es, realizado con conciencia y
voluntad por una persona capaz de comprender
y de querer. (iii) El grado de culpabilidad es uno
de los criterios básicos de imposición de la pena
es, de tal manera que a su autor se le impone
una sanción, mayor o menor, atendiendo a la
entidad del juicio de exigibilidad, es decir, la pena
debe ser proporcional al grado de culpabilidad
[…]».
«[…] Pregunta 95 (…) Un padre de dos «[…] La opción B no resuelve de manera
adolescentes de 10 y 12 años respectivamente, adecuada el enunciado y, por ende, es una
estaba molesto porque el hijo menor había respuesta incorrecta porque aunque el derecho
perdido el segundo periodo académico por de corrección, del cual los padres son titulares,
cuarta vez, además NO había podido dormir es considerado como el ejercicio de un derecho
debido a la música a alto volumen que el hijo y, por tanto, una causal de exoneración de
mayor escuchó durante toda la noche. En la responsabilidad penal regulado en el numeral 5º
mañana de los hechos, el papá apagó la música del artículo 32 del Código Penal, no es posible
lo cual molestó al hijo mayor, el cual reaccionó aceptar y permitir que las lesiones o agresiones
diciéndole que era un mal padre y que NO infligidas a los hijos puedan quedar cubiertas en
respetaba, además, dijo improperios y usó un este derecho. Así lo ha afirmado recientemente
lenguaje provocador, en consecuencia, el padre la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, en
le lanzó un objeto contundente golpeándolo, a lo sentencia SP-3888 de octubre 14 de 2020,
cual el hijo mayor respondió en igual forma. Al señalando que “...en virtud de este derecho a
mismo tiempo el hijo menor se abalanzó contra reprender o corregir no le autoriza al padre a
el padre y los arañó, el padre en el forcejeo imponer a sus hijos castigos corporales o
también lo golpeó fuertemente en la espalda en morales ni justifica su conducta cuando lo hacen,
repetidas oportunidades. La defensa del padre por ser contrarios al ordenamiento jurídico.
alega que debe eximirse de responsabilidad Tampoco es aceptable el castigo cuando es fruto
penal porque él supuso que ante la agresión del de la ira provocada por la actitud del hijo ni de la
que era víctima podía golpear y castigar a sus incapacidad del progenitor por hacer prevalecer
hijos, por lo que el funcionario judicial debe su autoridad frente a su descendiente que lo
aceptar esta solicitud, ya que el papá obró. desafía”.
(…)
B. En legítimo ejercicio de un derecho (mi La opción C es la respuesta correcta porque en
respuesta) este caso, el padre actuó con la creencia errada
C. Con error de prohibición indirecto e invencible de que, porque sus hijas lo agredieron, se puede
(respuesta universidad) […]». defender, incurriendo en un error sobre el
conocimiento o la consciencia de la
Sobre esta pregunta alegó que ninguna de las antijuridicidad, es decir en un error de prohibición
respuestas era la correcta y que, a la luz de la indirecto, dado que es un error sobre la
sentencia de 29 de abril de 2020, la respuesta existencia de la causal de justificación para el
con la clave correcta también era equivocada. caso la legítima defensa.
Adicionalmente, dadas
las circunstancias del hecho el error seria
invencible en tanto se puede apreciar la
existencia de una efectiva agresión por parte de
la hija hacia su padre […]»
«[…] Pregunta 102 (…) Dentro del término legal «[…] La opción B no resuelve de manera
fijado por el gobierno nacional, la representante adecuada el enunciado y, por ende, es una
legal de una sociedad NO consignó la suma respuesta incorrecta porque el beneficio no es
recaudada de $ 26 millones de pesos más procedente en atención a la naturaleza del delito
intereses moratorios, correspondientes a la contra la administración pública y su carácter
declaración de impuestos sobre las ventas de los doloso, no por el factor objetivo de la pena
periodos 2, 3, 4 y 5 de 2008. La representante exclusivamente.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00283-00
Accionante: María Johana Taborda Leiva
legal fue condenada a una pena de 48 meses (…)
por el delito de omisión de agente retenedor y La opción D es la respuesta correcta porque
solicitó en el momento procesal oportuno se le aunque se encuentra satisfecho el requisito
concediera la ejecución condicional de la pena. objetivo, por cuanto la condena no excedió los
En ese supuesto, al momento de proferir cuatro años, no puede concederse el subrogado
sentencia el juez debe: de la ejecución condicional de la pena por
(…) tratarse de un delito enlistado en el artículo 68 A,
B. Negar el beneficio por el monto de la pena donde se encuentran los delitos dolosos contra la
impuesta como presupuesto objetivo. (mi administración pública, entre los cuales está el
respuesta) delito de omisión de agente retenedor […]».
(…)
D. Negar el beneficio por tratarse de un delito
doloso contra la administración pública.
(respuesta de la universidad) […]».
En el recurso de reposición sostuvo que según
«[…] REGLA general: “Tempus regit actus (la
única ley aplicable es la ley vigente al momento
de la comisión de la conducta punible)
Consecuencia: está prohibida por regla general
la extraactividad de la ley penal, ya sea en forma
retroactiva o ultraactiva”. Indica JOSE MARÍA
PELAEZ, en el libro esquemas del delito y
requisitos de la conducta punible […]».
«[…] Pregunta 103: (…) una mujer es procesada «[…] La opción A no resuelve de manera
por el delito de hurto agravado en concurso adecuada el enunciado y, por ende, es una
efectivo con concierto para delinquir simple y en respuesta incorrecta porque si bien pudiera no
su contra se emite medida de aseguramiento de ser improcedente la emisión de información al
detención preventiva. Al momento de proferirse ICBF, el juez de conocimiento frente a la
el sentido del fallo condenatorio y disponiéndose ejecución penal no puede sustraerse de la
lo pertinente para continuar el estado de posible vulneración de los derechos de sujetos
privación la libertad, la procesada manifiesta que de especial protección; por ende, tampoco se
es madre cabeza de familia de dos hijos, uno de trata de un asunto de competencia del juez de
ellos discapacitado, sin entregar evidencia ejecución de penas y medidas de seguridad, sino
alguna. Acto seguido inicia la audiencia que el juez de conocimiento deberá asumir el
establecida en el artículo 447 de la ley 906 de control de la situación para analizar si se otorga
2004, sin que el defensor o las demás partes el beneficio en favor de los menores, sobre todo
realicen alguna manifestación en relación con su si uno de ellos está en situación de discapacidad.
situación familiar y su efecto en la sanción a (…)
imponer. La opción D es la respuesta correcta porque el
artículo 447 de la ley 906 de 2004 otorga al juez
Con el fin de asignar una sanción penal de la de conocimiento los instrumentos para que, en
forma más justa posible con su condición de caso de necesidad, requiera a instituciones
madre cabeza de familia, el juez deberá públicas o privadas para que establezcan
proceder en la sentencia a: circunstancias personales o familiares del
procesado que influyan en la ejecución penal.
A. Dejar constancia de la situación ante el ICBF y Por ello, el juez en este caso debe utilizar el
en su caso solicitar al Juez de ejecución de instrumento legal para así determinar la sanción
penas establezca las medidas respectivas. (Mi que merezca, si resulta procedente, y observe
respuesta) adecuadamente los derechos de los niños o
(…) personas en situación de discapacidad que
D. Manifestarse sobre la prisión domiciliaria una puedan estar afectadas como consecuencia del
vez el instituto de medicina legal y la policía fallo condenatorio […]».
judicial realicen un estudio médico y familiar de la
privada de la libertad. (respuesta Universidad)
(…)
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Accionante: María Johana Taborda Leiva
EN ESTE CASO EL JUEZ NO PUEDE HACER
LO QUE SOSTIENE LA UNIVERSIDAD EN LA
CLAVE DE RESPUESTA QUE TIENE COMO
CORRECTA, como es dar trámite a un asunto
que NO fue solicitado en la audiencia del 447 del
cpp, NI MUCHO MENOS PROBADO por la
sentenciada y la defensa […]»
«[…] Pregunta 115. (…) en un departamento de «[…] La opción A no resuelve de manera
Colombia, una organización criminal liderada por adecuada el enunciado y, por ende, es una
“X” decide asesinar a todos los miembros de un respuesta incorrecta porque si bien la conducta
partido político, con el ánimo de destruir descrita es sancionable como genocidio en el
totalmente a esta organización, “x” es capturado ámbito nacional, no lo es en el internacional.
y su grupo criminal desmantelado cuando ya se Esto, pues la norma que consagra el genocidio
había causado la muerte del 15% de los en el Estatuto de la Corte Penal Internacional
miembros del partido político, con respecto a la (artículo 6), dispone que los grupos que pueden
conducta cometida por “X”, se puede predicar ser objeto de este delito son los nacionales,
que: étnicos, religiosos o raciales, sin incluir a los
A. Es sancionable como genocidio en el ámbito grupos políticos. Al contrario, el artículo 101 del
internacional y en el nacional (mi respuesta). Código Penal Colombiano, dentro de la
tipificación del delito incluye, además de todos
B. Es sancionable como genocidio en el ámbito los grupos protegidos en el ámbito internacional,
nacional pero NO en el internacional (respuesta a los grupos políticos. La sentencia C-177 de
de la universidad) […]». 2001 de la Corte Constitucional aclaró que está
conforme con la constitución esta ampliación de
Señaló que la respuesta correcta era la A y trajo la protección en el ámbito nacional en
a colación literatura jurídica y pronunciamientos comparación con el internacional. En conclusión,
judiciales que respaldaran su respuesta. la respuesta es incorrecta porque ignora que, en
el caso descrito, no es posible tipificar el delito de
genocidio en el ámbito internacional.
La opción B es la respuesta correcta porque la
conducta descrita no es sancionable como
genocidio en el ámbito internacional, pero SÍ lo
es en el nacional. Esto, pues la norma que
consagra el genocidio en el Estatuto de la Corte
Penal Internacional (artículo 6), dispone que los
grupos que pueden ser objeto de este delito son
los nacionales, étnicos, religiosos o raciales, sin
incluir a los grupos políticos. Al contrario, el
artículo 101 del Código Penal colombiano, dentro
de la tipificación del delito incluye, además de
todos los grupos protegidos en el ámbito
internacional, a los grupos políticos. La sentencia
C-177 de 2001 de la Corte Constitucional aclaró
que está conforme con la constitución esta
ampliación de la protección en el ámbito nacional
en comparación con el internacional […]».
«[…] Pregunta 119. (…) Un fiscal verifica una «[…] La opción A no resuelve de manera
orden de captura de una persona aprehendida adecuada el enunciado y, por ende, es una
por feminicidio agravado, respecto del cual aún respuesta incorrecta porque el fiscal no requiere
subsisten los motivos que sustentaron su orden de libertad por parte del Juez de Control
expedición y constata que ha transcurrido 14 de garantías pues estaría facultado para
meses desde su emisión. otorgarla directamente en los términos del
artículo 302 de la Ley 906 de 2004 Código de
Teniendo en cuenta el caso anterior y la Procedimiento Penal que establece: artículo 302.
jurisprudencia vigente, el fiscal debe acudir ante Procedimiento en caso de flagrancia. “(…) Si de
un juez de control de garantías antes de: la información suministrada o recogida aparece
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00283-00
Accionante: María Johana Taborda Leiva
que el supuesto delito no comporta detención
A. Las 36 horas siguientes a la captura, para que preventiva, el aprehendido o capturado será
se ordene la libertad inmediata. (mi respuesta) liberado por la Fiscalía, imponiéndosele bajo
palabra un compromiso de comparecencia
B. Las 24 horas siguientes a la captura, para que cuando sea necesario. De la misma forma se
se expida una nueva orden. (la respuesta de la procederá si la captura fuere ilegal”, sobre el
universidad) […]» artículo anterior la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, en providencia AP
Sostuvo que la respuesta con la clave correcta 4491-2016, Nro. 47830, extiende su aplicación a
está fundamentada en una norma derogada. las capturas que se hacen con las ordenes
vencidas, estableciendo que hay un plazo de 24
horas para prorrogarla o que expidan una nueva.
La opción B es la respuesta correcta porque la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, en providencia AP 4491-2016, Nro.
47830, sobre las personas aprehendidas con
órdenes de captura expiradas expresó: “Por lo
anotado en precedencia, se ilustra que cuando
se realiza una captura con una orden que perdió
vigencia y la fiscalía estima que persisten
motivos que llevaron a solicitar su expedición se
puede aplicar el inciso final del artículo 62 del
Código Nacional de Policía, que dispone:
«Excepcionalmente en materia penal, la policía
puede disponer hasta de 24 horas para
establecer la plena identificación del aprehendido
y comprobar la existencia de otras solicitudes de
captura. Cuando ello ocurra, dará
inmediatamente aviso a la autoridad que solicitó
la captura.» Por lo expuesto, la fiscalía, en un
tiempo máximo de 24 horas, contadas a partir
del instante de la aprehensión que ejecutó la
Policía Nacional, puede acudir ante un juez con
función de control de garantías y solicitar la
prórroga o la expedición de una nueva orden de
captura, con el propósito de legalizar la privación
de la libertad de la persona que inicialmente fue
retenida de manera preventiva con las
finalidades previstas en la citad norma y respecto
de la cual persisten motivos suficientes para
disponer su detención” […]».
19. De la lectura de la anterior tabla comparativa, la Sala considera que los
argumentos que fundamentan la presente acción de amparo carecen de vocación
de prosperidad teniendo en cuenta que las entidades accionadas sí dieron una
respuesta de fondo y concreta a la accionante, a través del Anexo N° 2 «[…] Listado
de recurrentes y respuesta a las objeciones planteadas respecto de las preguntas
de aptitudes y conocimientos generales y específicas […]» de la Resolución N°
CJR23-0022 de 16 de enero de 2023, por la cual «[…] se resuelven los recursos de
reposición presentados contra la Resolución CJR22-0442 de 1° de noviembre de
2022 […]».
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Accionante: María Johana Taborda Leiva
20. LaSala no desconoce que la hoy actora expreso los motivos por los que
consideraba que su respuesta era la acertada y la razón por la cual estimaba que la
respuesta con clave correcta era inválida; sin embargo, lo que encuentra la Sala es
que la autoridad accionada dio respuesta al escrito de reposición y brindó una
explicación que, aunque breve, ciertamente indica los motivos por los que no eran
válidas las opciones marcadas por la accionante.
21. Significa lo anterior que no se aprecia vulnerado el núcleo esencial del derecho
fundamental de petición, y muchos menos el debido proceso, porque la entidad
accionada sí dio una respuesta clara, congruente y de fondo a la solicitud de la
actora. Dicha respuesta se extrae del Anexo N° 2 «[…] Listado de recurrentes y
respuesta a las objeciones planteadas respecto de las preguntas de aptitudes y
conocimientos generales y específicas […]» de la Resolución N° CJR23-0022 de 16
de enero de 2023; documento en el que se explican las razones por las cuales las
opciones marcadas por la participante no eran las acertadas.
22. Valga resaltar que la Resolución N° CJR23-0022 de 16 de enero de 2023 y sus
anexos fueron publicados y notificadas a través de la página Web
https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/resultado-prueba-
de-conocimientos-y-aptitudes; tal como lo establece el punto 5.2 del Acuerdo PCSJA18-
11077 de 16 de agosto de 2018, mediante el cual «[…] se adelanta el proceso de
selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de
funcionarios de la Rama Judicial […]», norma que dispone lo siguiente:
[…] La notificación de las decisiones que conlleven dicha diligencia, se
realizarán mediante su fijación durante el término cinco (5) días hábiles, en el
Consejo Superior de la Judicatura. De igual manera se informará a través de
la página web de la Rama Judicial, www.ramajudicial.gov.co y en los
Consejos Seccionales de la Judicatura.
De la misma forma se notificarán todos los actos de carácter particular y
concreto que expidan, por delegación, la Unidad de Administración de la
Carrera Judicial y la “Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla”, en desarrollo del
proceso de selección, incluidos los que resuelven los recursos […].
23. Por lo anterior, la Sala negará las pretensiones de la presente acción de
amparo porque no se aprecia que la repuesta al recurso de reposición de la
actora haya afectado el núcleo esencial de los derechos fundamentales de
petición y debido proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00283-00
Accionante: María Johana Taborda Leiva
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de amparo, de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley No. 2591 del 19 de noviembre
de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada la presente sentencia, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo
31 del Decreto Ley No. 2591 del 19 de noviembre de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley. P (18)
Sigue leyendo
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