Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00307-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00307-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-00307-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
23 de marzo de 2023
Radicación:11001-03-15-000-2023-00307-00
Demandante: ORLANDO ORDOÑEZ CHAVARRO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00307-00
Demandante: ORLANDO ORDOÑEZ CHAVARRO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
“A”
Temas: Tutela contra providencia judicial de Alta Corte. Acción de
reparación directa en el que se declaró la caducidad del
término para interponerla. Defectos orgánico, procedimental,
sustantivo, fáctico, decisión sin motivación y por
desconocimiento del precedente judicial. Requisito de la
relevancia constitucional cuando se acude como una instancia
adicional
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Orlando Ordoñez Chavarro, quien actúa en nombre propio,
contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, en la que pide el
amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo y
de acceso a la administración de justicia, vulnerados, supuestamente, por la
sentencia de 30 de agosto de 2022, mediante la cual la autoridad judicial
accionada confirmó el fallo de primera instancia, en la que se declaró la caducidad
de la acción de reparación directa que presentó contra el Ministerio de Salud y
Protección Social, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Departamento
Administrativo de Seguridad - DAS - y la Empresa Territorial para la Salud -
ETESA -.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El accionante manifestó que el 4 de septiembre del 2002, funcionarios de ETESA
y agentes del DAS llevaron a cabo el cierre del establecimiento comercial “Lucky
Place”, sala de juegos de máquinas electrónicas tragamonedas de su propiedad,
ubicado en la ciudad de Cúcuta.
Sostuvo que el 19 del mismo mes y año se presentaron nuevamente los
funcionarios del DAS, quienes repitieron el sellamiento de su establecimiento y lo
condujeron a las instalaciones del DAS Seccional Cúcuta, en donde le informaron
que a partir de ese momento estaba detenido por haber levantado los sellos
impuestos y ejercer una actividad considerada monopolio rentístico del Estado
como lo es la explotación de máquinas electrónicas tragamonedas. En tal virtud,
fue puesto a disposición de la Fiscalía Segunda Unidad de la Fe Pública y el
Patrimonio Económico, que el 25 de septiembre de 2002 resolvió su situación
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Demandante: ORLANDO ORDOÑEZ CHAVARRO
jurídica en el sentido de proferir medida de aseguramiento con auto de detención y
concediéndole libertad provisional.
Afirmó que, como consecuencia de lo anterior, el 6 de septiembre de 2004
presentó ante el Procurador 24 Judicial para Asuntos Administrativos “dentro del
término de 2 años”, solicitud de conciliación extrajudicial “a la luz de lo dispuesto
por la Ley 640 del 2001”, diligencia para la que se señaló como fecha de
realización el día 28 de octubre de 2004, la cual se declaró fallida por falta de
ánimo conciliatorio, a lo que agregó que a su término no se le hizo entrega de la
constancia “que ordenan los artículos 2º y 21 de la Ley 640 del 2001”, por lo que
mediante oficio de 2 de diciembre de 2004 solicitó al Procurador que le hiciera
entrega de ese documento.
Refirió que “sin haber recibido la mencionada constancia”, el 6 de diciembre de
2004 presentó demanda de reparación directa contra el Ministerio de Defensa
Nacional, el Ministerio de Protección Social, el Ministerio de Justicia y del Interior,
el DAS y ETESA, de la que conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander, que en sentencia de 10 de mayo de 2013 declaró de oficio
la caducidad de la acción, luego de considerar que, conforme con el oficio
allegado por la Procuraduría 24 para Asuntos Administrativos, las constancias a
que se refiere el artículo 2º de la Ley 640 del 2001 se expidieron el 28 de octubre
del 2004, por lo que la demanda presentada el 6 de diciembre del 2004 lo ocurrió
por fuera del término de caducidad, el cual vencía el 29 de octubre de 2004, luego
de que fueran expedidas las mencionadas constancias.
Adujo que contra esa decisión presentó recurso de apelación, en el que sostuvo
que solo hasta el 24 de enero de 2005 el Procurador 24 Judicial para Asuntos
Administrativos de Cúcuta, “dio cumplimiento a lo ordenado por el artículo 21 y 2º
de la Ley 640 del 2001 esto es haciendo entrega de las CONSTANCIAS a que
hacen referencia los artículos 2º y 21 de la Ley 640 del 2001, instrumento que de
inmediato, el actor puso a disposición del Magistrado Ponente”, por lo que, a su
juicio, “solo entonces y a partir del 24 de Enero del 2005 comenzarían a correr los
términos de caducidad que estaban suspendidos de conformidad con los artículos
21 y 2º de la Ley 640 del 2001 y como la demanda se había presentado aquél 06
de Dic de 2004, sano, lógico y prudente es concluir, que fue presentada
oportunamente”.
Agregó que mediante complementación del recurso de apelación puso de
presente que “según constaba a folio 229 del expediente, quien hizo entrega de
las constancias de la Diligencia de Conciliación que solo me entregaran el día 24
de Enero del 2005, (nunca el 28 de Octubre del 2004 como erradamente lo
predica el Ad-quo) y eso gracias a que medió un Derecho de Petición que radicara
en el despacho de la Procuradora 24 para Asuntos Administrativos de Cúcuta, el
día 2 de Diciembre del 2004 tal como consta a Fl. 223 y 224 Cuaderno No. 1 las
cuales al expedirlas y entregármelas, expresamente con el Oficio No. 009 se dejó
consignada la fecha de la decisión y orden de entrega de: Enero 13 del 2005, y
que me hicieran finalmente entrega de las CONSTANCIAS a que hace referencia
el artículo 2 y 21 de la Ley 640 del 2001 solo el día 24 de Enero del 2005, las
cuales ese mismo día entregué y puse a disposición del Magistrado Ponente de
aquella época”.
Finalmente, sostuvo que por sentencia de 30 de agosto de 2022, el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, confirmó el fallo de primera instancia en
el que se declaró la caducidad de la acción de reparación directa que presentó,
bajo la consideración de que a pesar de que no obraba prueba de la entrega al
demandante de la constancia de que trata el artículo 2º de la Ley 640 de 2001,
“no era dable concluir que dicha omisión hubiera generado la prolongación de la
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suspensión de la caducidad para contar dicho término desde el vencimiento de los
3 meses contados a partir de la radicación de la solicitud de conciliación, dado
que, de conformidad con los artículos 2 y 21 de la Ley 640 de 2001, una vez
agotado el trámite extrajudicial, el solicitante debe acudir ante la jurisdicción a
presentar la demanda”.
2. Fundamentos de la acción
La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se protejan los
derechos fundamentales al debido proceso, trabajo y de acceso a la
administración de justicia, vulnerados, supuestamente, por la sentencia de 30 de
agosto de 2022, mediante la cual la autoridad judicial accionada confirmó el fallo
de primera instancia en el que se declaró la caducidad de la acción de reparación
directa que presentó contra el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio
de Justicia y del Derecho, el Departamento Administrativo de Seguridad - DAS - y
la Empresa Territorial para la salud - ETESA -.
Refirió que el 6 de septiembre de 2004, fecha de presentación de la solicitud de
conciliación, quedó suspendido el término de caducidad “y que solo se reanudó a
partir del día siguiente al 24 de enero del 2005, fecha en que al accionante le
hicieron entrega de la CERTIFICACION –Constancia- de que da cuenta el artículo
21 de la Ley 640 del 2001, pero como desde el día 06 de Diciembre del 2004 el
actor ya había radicado la demanda en acción de reparación directa contra los
demandados relacionados en el asunto de la referencia, sano y lógico es concluir
que la demanda se presentó oportunamente y que nunca operó el término de
caducidad que los accionados inexplicablemente invocaron en las sentencias
ahora denunciadas a través de esta demanda de tutela”.
Señaló que en tanto el cierre definitivo de su establecimiento comercial operó el 19
de septiembre del 2002, el término de dos años se cumplía el 19 de septiembre de
2004, y que la solicitud de conciliación extrajudicial se radicó el 6 de septiembre
del 2004, “luego entonces, mal pueden predicar los magistrados accionados una
supuesta caducidad de la acción, habida consideración que dicha demanda de
conciliación extrajudicial se radicó con 13 días de anticipación a la fecha de
expiración del plazo otorgado por la ley y al haberse radicado la solicitud de
conciliación (…)”.
Expresó que la sentencia objetada incurre en la totalidad de defectos
desarrollados jurisprudencialmente para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, los cuales interpretó como “requisitos para su
procedencia”, y que se pueden sintetizar de la siguiente manera: i) Defecto
orgánico, por cuanto, adujo “no hay lugar para que el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander haya decretado una supuesta caducidad de la acción, cuando
para entonces, ya había perdido competencia el despacho para tal
pronunciamiento, precisamente por haber pasado dos filtros (la admisión de la
demanda y la admisión del recurso de apelación) y que ningún operador judicial
podrá desconocer válidamente, la afirmación que: ‘La declaratoria de caducidad,
se puede hacer cuando a bien tenga”; eso no es cierto; esto no es un juego’ (…)”.
(ii) Defecto procedimental absoluto, en tanto, indicó, “al afirmar los accionados
que para el día 29 de octubre de 2004 el término de caducidad de 2 años se
cumplía, violan el procedimiento establecido en los artículo 2º y 21 de la Ley
640/2001, toda vez que está probado, que solo a partir de la entrega de aquellas
constancias, se reanudaba los términos de caducidad, para lo cual la Sra.
Procuradora 24 para asuntos administrativos tenía un plazo de 10 días después
de realizada la fallida diligencia de conciliación, tal como lo ordena el Nral. 3º del
artículo 2º de la Ley 640/2001, cuando para entonces (enero 24 del 2004), la
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demanda de reparación directa ya se había radicado desde el día 6 de Diciembre
del 2004 (…)”.
(iii) Defecto fáctico, por el desconocimiento de las pruebas allegadas al caso, en
específico a) el oficio donde el accionante solicitó el 10 de septiembre del 2002
protección al Director del DAS Seccional Cúcuta “de las eventuales vías de hecho
que se avecinaban por parte de la Empresa Territorial para la Salud ETESA
demás autoridades, en donde fue el actor objeto de Detención Arbitraria con
desviación de poder por parte de aquél Director del DAS al negarse a dar la
protección solicitada”, b) “la demanda de conciliación extrajudicial el día 06 de
septiembre del 2004, con la cual se demuestra que fue radicada oportunamente” y
c) el auto admisorio del recurso de apelación.
(IV) Defecto material o sustantivo, por decidir con base en normas inexistentes,
“la procedencia de la acción de Reparación Directa contra los demandados sin
necesidad de agotar la conciliación extrajudicial, bajo el argumento que para la
época de los hechos (2002-2004) la Ley 640/2001 no reclamaba dicho trámite,
desconociendo la existencia del artículo 2º del Decreto 131 del 2001 que corrigió
los yerros de la Ley 640/2001 e insistiendo ellos en la Ley 1285 del 22 de enero
del 2009, a sabiendas que para la época (septiembre 06 del 2004) este último
estatuto no existía”.
(v) Decisión sin motivación, por cuanto, sostuvo, la motivación de la decisión fue
eminentemente contradictoria, habida consideración que a pesar de que se detuvo
en cada una de los fundamentos fácticos y jurídicos que en un principio
anunciaban que revocaría la sentencia de primera instancia, de manera confusa e
inexplicable torna un giro de 180 grados, “al pretender desconocer el sentido dado
por el legislador a los estatutos allí invocados, especialmente los artículo 2º y 21
de la Ley 640/2001 para en un principio afirmar que el accionante no necesitaba
agotar el requisito de procedibilidad y que bien pudo acudir directamente en acción
de reparación directa, para después criticar el hecho que nunca solicitó a la señora
procuradora 24 para asuntos administrativos de Cúcuta la entrega de las
constancias de realización de aquella audiencia de conciliación extrajudicial del 28
de octubre del 2004, a sabiendas que en el folio 223 y 224 del CP obra un derecho
de petición en tal sentido, esto es: reclamando la entrega de las constancias”.
(vi) Desconocimiento del precedente judicial, en específico del fallo de la
Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 29 de febrero del
20121 y el Auto de 9 de mayo de 20112 de la Sección Tercera, Subsección “C” del
Consejo de Estado, relativos al cómputo del término de caducidad, en donde se
estableció que “con la presentación de la solicitud de conciliación, la ley ordena
que se suspende la contabilización de los términos de la caducidad de las
acciones mientras se logra el acuerdo conciliatorio, o en su defecto hasta que
fracase la conciliación extrajudicial y se expidan las constancias
correspondientes”.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“1º Tutelar los derechos Fundamentales al DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA RECTA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA, A LAS FORMALIDADESS PROPIAS DE CADA PROCESO, y
el DERECHO A LA ESCOGENCIA DE PROFESION Y OFICIO tal como lo previene y autoriza el
artículo 29 de la Constitución Nacional y que la Doctrina, al igual como la jurisprudencia nacional
desarrolla y aplica, del señor demandante: ORLANDO ORDOÑEZ CHAVARRO, portador de la
cédula de ciudadanía No. (…) expedida en Buenaventura, domiciliado y residente actualmente
en la (…), toda vez que se demostró en esta instancia de tutela, la flagrante violación por parte
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Radicación 17001-23-31-000- 2011-00228-01(42627), M.P Enrique Gil Botero.
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Rad. 25000-23-26-000- 2010-00681-01 (40324), M.P Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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Demandante: ORLANDO ORDOÑEZ CHAVARRO
de los operadores accionados, además de lo dispuesto especialmente en el artículo 29 de la
Constitución Nacional (Derechos Fundamentales) los artículos 2 y 21 de la Ley 640/2001
(quienes desconocieron el precedente jurisprudencial lo cual constituyó la siguiente VIA DE
HECHO) de que tratan: la Providencia del Consejo de Estado Sección Tercera, Sub-sección C de
mayo 09 del 2011 en el Radicado número 25000-23-26-000-2010-00681-01 (40324) siendo
Consejero Ponente el Dr. JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA y demandada la Nación,
Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación; y Sentencia del veintinueve (29) de febrero de
dos mil doce (2012) del Consejo de Estado Sección Tercera sub-sec C M. P. ENRIQUE GIL
BOTERO en el expediente con Rad. 17001-23-31-000- 2011-00228-01(42627) que promovió el
Sr. (…) Y OTROS contra NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO
NACIONAL Y DIRECCION EJECUTIVA DE JUSTICIA PENAL MILITAR.) tuvo en cuenta los
artículos 2º y 21 de la Ley 640/2001.
2º.- Tutelar el Derecho Fundamental a la RECTA ADMINISTRACION DE JUSTICIA que
contempla el artículo 29 de la Carta Magna, y que la Doctrina, al igual como la jurisprudencia
nacional desarrolla y aplica y protege, lo dispuesto por el legislador, los artículos 2º y 29 de la
Ley 640/2001, y el desconocimiento del precedente jurisprudencial (VIA DE HECHO) del señor
demandante: ORLANDO ORDOÑEZ CHAVARRO, de las condiciones civiles ampliamente
conocidas en autos en el proceso de la referencia, esto es:
a).- Providencia de fecha: Mayo 09 del 2011 dictado por el M.P Dr. JAIME ORLANDO
SANTOFINIO GAMBOA de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo –
Sub-Sección C del Consejo de Estado distinguido con el Rad. No. 25000-23-26-000-2010-
00681-01(40324) donde se demandó la Nación-Rama Judicial- Fiscalía General de la Nación.
Medio de Control: Reparación Directa, actor: (…) quien al tratar el tema de la Caducidad de la
Acción de Reparación Directa, tuvo en cuenta los artículos 2º y 21 de la Ley 640/2001;
b).- El fallo de la Sub-Sección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en donde
fuera M.P el Dr. Enrique Gil Botero en sentencia del 29 de febrero del 2012 en el expediente
de REPARACION DIRECTA con radicación 17001-23-31-000-2011-00228-01(42627) siendo
actor (…) Y OTROS contra NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO
NACIONAL Y DIRECCION EJECUTIVA DE JUSTICIA PENAL MILITAR, al tratar el tema:
CADUCIDAD DE LA ACCION DE REPARACION DIRECTA - Cómputo del término /
TERMINO DE CADUCIDAD, tuvo en cuenta y desarrolló los artículos 2º y 29 de la Ley
640/2001.
3º.- Tutelar el Derecho Fundamental DERECHO DE ESCOGENCIA DE PROFESION Y OFICIO
del señor demandante: ORLANDO ORDOÑEZ CHAVARRO de las condiciones civiles
ampliamente conocida en autos en el asunto que nos ocupa, toda vez que con la expedición de
la sentencia de tutela que ahora se declara su nulidad, pretendieron los accionados consolidar
una inexistente caducidad de la acción como se ha demostrado en el proceso que ahora nos
ocupa, con la cual negaron el derecho a que se dictara la sentencia de fondo en el asunto
sometido a su consideración en la demanda de reparación directa propuesta contra la Nación,
Ministerio de Salud, Departamento Administrativo de Seguridad DAS, entidad que fue absorbida
por la Fiscalía General de la Nación con ocasión a su liquidación, y la Empresa Territorial para la
Salud Etesa en liquidación, con ocasión a la actividad mercantil que ejercía con la sala de juegos
de máquinas electrónicas tragamonedas en la ciudad de Cúcuta para la época de ocurrencia de
los hechos que motivaron aquella demanda en acción de reparación directa, en donde violaron
abiertamente además el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO como está demostrado en
este libelo, lo cual constituyó en una VIA DE HECHO, con lo cual le causaron al actor graves
perjuicios morales y patrimoniales, toda vez que de conformidad con el Dictamen pericial rendido
de fecha: 01 de octubre del 2010 por la Dra. NOHORA BARRERA DE CONTRERAS auxiliar de
la justicia - Centradora Pública con Tarjeta Profesional No. (…) y con c.c. No. (…) expedida en
Cúcuta, quien fue designada por auto de fecha: 23 de Junio del 2010 en cumplimiento de lo
dispuesto por Auto de fecha: 24 de abril del 2008 y que obra en el Folio 600, 601, 607 a 613,
621, del cuaderno No. 3 de pruebas, los perjuicios ocasionados al demandante por los hechos
materia de aquella demanda en reparación directa para el año 2000 de conformidad con las
declaraciones de renta dictaminó que “… el valor justo a pagar por la empresa Lucky Place con
matrícula mercantil No. 00090130 de septiembre 17 de 1999 es de $94.727.000.oo
representados así: ACTIVO NETO $ 50.000.000.oo, INTANGIBLE GOOD WILL $
44.727.000.oo , TOTAL $ 94.727.000.oo dictamen pericial que no fue objetado y que desde
entonces, se encuentra en firme, perjuicio irremediable que ocasionaron los demandados al actor
para la época del cierre del establecimiento comercial Lucky Place con matrícula mercantil No.
00090130 y que deben indemnizar como se solicitó en la demanda de reparación directa.
4º.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones, conceder 48 horas siguientes a la
notificación de esta providencia a la M.P. Dra.: MARÍA ADRIANA MARÍN y los Magistrados que
integraron sala: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO y JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el proceso con Rad. : 54001-23-31-000-2004-
01490-01 (48224) propuesto por ORLANDO ORDOÑEZ CHAVARRO contra Nación-Ministerio
De Salud Y Protección Social y (en supresión) Ministerio de Justicia y del Derecho,
Departamento Administrativo de Seguridad Empresa Territorial para la salud ETESA (en
liquidación), notificada por correo electrónico al actor los días 13 y 28 de octubre el 2022, por
medio de la cual CONFIRMÓ la sentencia fecha Mayo 10 del 2013 de Primera instancia dictada
por el M.P. Dr. ROBIEL AMED VARGAS GONZALEZ en el la demanda de Reparación Directa
propuesta distinguida entonces con el Rad. No. 54-001-23-31-000-2004-01490-00, por medio de
la cual declaró de oficio una inexistente caducidad de la acción de reparación directa, por
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Demandante: ORLANDO ORDOÑEZ CHAVARRO
violación manifiesta de los derechos del demandante al DEBIDO PROCESO, LA RECTA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA, y VIOLACION, para que se sirvan decidir de fondo las
pretensiones de la demanda que propuso el demandante CHAVARRO contra Nación-Ministerio
de Salud Y Protección Social y (en supresión) Ministerio de Justicia y del Derecho, Departamento
Administrativo de Seguridad Empresa Territorial para la salud ETESA (en liquidación), en la
forma y términos como lo solicitó en dicho libelo incoatorio.
5o.- Hacer de oficio cualquier otra declaración que esté encaminada a la protección de los
derechos fundamentales del actor en este libelo.
6º.- Reconocer personería para actuar al Dr. ORLANDO ORDOÑEZ CHAVARRO, portador de la
cédula de ciudadanía No. (…) expedida en Buenaventura y T. P. No. 37.125 del C.S.J para
actuar en este proceso”.
4. Pruebas relevantes
Se allegaron copias digitales de las actuaciones surtidas en el curso de la acción
de reparación directa radicada con el Nº 2004-01490-01, actor: Orlando Ordoñez
Chavarro.
5. Trámite procesal
Por auto de 1° de febrero de 2023, el despacho de la magistrada sustanciadora
admitió la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar al
accionante, a la autoridad judicial accionada, así como al el Ministerio de Salud y
Protección Social, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Departamento
Administrativo de Seguridad - DAS -, la Empresa Territorial para la Salud - ETESA
• y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceros
interesados en el resultado del proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº
8896 a 8903, todas de 6 de febrero de 2023, con el fin de darle cumplimiento a la
referida decisión3.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”
La magistrada ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó
declarar la improcedencia de la acción de tutela por cuanto, afirmó, no cumple con
el requisito de relevancia constitucional, dado que su claro propósito es la de
convertir este mecanismo de protección de los derechos fundamentales en una
instancia adicional del proceso de reparación directa, ya que los vicios que invoca
se utilizan para continuar con un debate jurídico decidido de manera razonable.
En primer lugar, hizo referencia a los hechos que rodearon la acción de reparación
directa que originó la controversia, de los que resaltó que el 6 de septiembre de
2002 el señor Orlando Ordoñez Chavarro procedió a levantar los sellos que
habían sido puestos en cada una de las máquinas electrónicas y abrió las puertas
de su establecimiento al público, con el fin de continuar desarrollando su actividad
comercial, dado que se encontraba convencido de que “la doctrina, la
jurisprudencia, la ley y la Constitución Nacional lo autorizaba para aplicar la
excepción de inconstitucionalidad de la Ley 643 de 2001, máxime que a partir
de los artículos 32 a 42 no habían sido objeto de reglamentación por parte
del Presidente de la República”, lo que desencadenó el cierre del establecimiento
y su detención.
3
La notificación se efectuó a las siguientes direcciones electrónicas: orlandoordoezchavarro@yahoo.com;
abraham7377@hotmail.com, notiftutelas3@consejodeestado.gov.co, notificacionesjudiciales@dni.gov.co
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, sgtadminnstd@cendoj.ramajudicial.gov.co,
notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co.
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Demandante: ORLANDO ORDOÑEZ CHAVARRO
Posteriormente, hizo un recuento pormenorizado de la sentencia objeto de tutela,
en donde aclaró que en esta se le explicó al demandante que a pesar de que para
el momento en que presentó la demanda la conciliación extrajudicial no era
requisito de procedibilidad en la jurisdicción contencioso administrativa, si ésta se
radicaba de conformidad con la disposición contenida en el artículo 21 de la Ley
640 de 2001, el término de caducidad se suspendía “hasta que se logre el acuerdo
conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en
que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a
que se refiere el artículo 2 de la presente ley o hasta que se venza el término de 3
meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero”.
Agregó que allí se explicó que en el proceso no obraba constancia de que el ahora
demandante hubiera solicitado la expedición de la certificación y que la
Procuraduría hubiera negado su expedición y que, por el contrario, en el acta de
conciliación se dejó constancia de que el señor Ordoñez Chavarro había recibido a
satisfacción los documentos radicados para la conciliación y aceptó en forma
pacífica la terminación del trámite extrajudicial, sin que hubiera hecho algún
pronunciamiento diferente a su aceptación.
Refirió que se aclaró que a pesar de que resultaba extraño que no se hubiera
hecho entrega de la certificación de que trata el artículo 2 de la Ley 640 de 2001,
no era dable concluir que dicha omisión produjera, automáticamente, la
prolongación de la suspensión de la caducidad, facultando con ello al demandante
para que acudiera a la administración al vencimiento de los 3 meses, dado que
una lectura armónica de los artículos 2 y 21 de la Ley 640 de 2001, permitía
concluir que, una vez agotado el trámite extrajudicial, el solicitante debía acudir
ante la jurisdicción a presentar la demanda.
Conforme con lo anterior, sostuvo que el demandante pretende utilizar la acción
de tutela para demostrar que la demanda fue presentada oportunamente y que no
se puede tomar como fecha para iniciar el cómputo del término de caducidad el
día siguiente al que fue celebrada la audiencia de conciliación extrajudicial, dado
que en dicha oportunidad no le fue expedida la certificación en la que constara el
cumplimiento del requisito, asunto que ya se resolvió en la sentencia objetada, en
la que se explicó en forma amplia el por qué se debía computar el término de
caducidad desde la fecha referida, y que en el proceso de reparación directa se
había cumplido una de las condiciones en las cuales se levanta la suspensión del
término de caducidad, que consiste en que no se logre por las partes algún
acuerdo conciliatorio.
Finalmente, reiteró que la omisión de la Procuraduría en relación con la expedición
de la certificación no autorizaba al demandante a entender que, automáticamente,
se prolongaba la suspensión de la caducidad y lo facultaba para que acudiera a la
administración al vencimiento de los 3 meses, porque no era dable realizar una
lectura desarticulada de los artículos 2 y 21 de la Ley 640 de 2001, por lo que, una
vez agotado el trámite extrajudicial, el solicitante debió acudir ante la jurisdicción a
presentar la demanda.
6.2. Respuesta del Ministerio de Salud y Protección Social
El apoderado de la cartera rindió informe en el que solicitó declarar la
improcedencia de la solicitud amparo constitucional, por cuanto, afirmó, en el caso
no se incurrió en alguna de las causales específicas de procedencia en acción de
tutela contra providencias judiciales y, por el contrario, la actuación estuvo ceñida
a la ley.
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Agregó que el Ministerio de Salud y Protección Social carece de legitimación en la
causa por pasiva dentro de la presente acción de tutela, pues, declaró, al no ser
parte de la rama judicial no tendría competencia para intervenir en las decisiones
proferidas por los despachos judiciales.
6.3. Respuesta del Ministerio de Justicia y del Derecho
El apoderado del ministerio rindió informe en el que solicitó que se declarara la
improcedencia de la solicitud, por cuanto, sostuvo, el asunto sometido a
conocimiento del juez de tutela no reviste relevancia constitucional toda vez que i)
versa sobre un asunto de interpretación legal respecto a la forma de contabilizar el
término de caducidad de la acción de reparación directa y la suspensión de dicho
término por la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial de
conformidad con lo descrito en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 y (ii) es claro
que lo pretendido por el accionante es reabrir un debate ya concluido en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, en donde se profirió sentencia de
primera instancia que declaró de oficio la excepción de caducidad, confirmada en
segunda instancia por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado.
Indicó que el debate propuesto por el accionante parte por afirmar que el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander y la Sección Tercera, Subsección “A” del
Consejo de Estado incurrieron en una actuación arbitraria o ilegítima al declarar
probada la excepción de caducidad sin considerar que en los términos descritos
en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 dicho término solamente se podía
reanudar hasta la entrega efectiva de la constancia de no acuerdo proferida por la
Procuraduría Judicial para Asuntos Administrativos.
Adujo que, sin embargo, resulta claro que la interpretación dada a dicha norma, de
conformidad con las pruebas aportadas al proceso, es una cuestión meramente
legal que no reviste relevancia constitucional, aunado que el actor pretende reabrir
un debate en torno a la caducidad de la acción, el cual ya fue decidido en dos
instancias por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, decisiones que de
ninguna manera fueron arbitrarias o ilegales, y que por tanto, hacen improcedente
la intervención del juez de tutela.
6.4. Respuesta de la Dirección Nacional de Inteligencia
El apoderado de la entidad rindió informe en el que manifestó que esa dirección no
es sucesora funcional ni procesal del extinto Departamento Administrativo de
Seguridad - DAS -, por lo que solicitó que se declarara la falta de legitimación en la
causa por pasiva, toda vez que, declaró “esta Entidad no recepcionó ninguna
función ni constitucional, ni legal, ni reglamentaria del extinto DAS y en
consecuencia, mal haría la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en
pronunciarse sobre asuntos que no son de su competencia, más aún cuando en
las fechas a las que se refiere la demanda mi representada no existía”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
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2. Planteamiento del problema jurídico
De manera previa, en tanto fue alegada por todos los vinculados al presente
trámite constitucional, incluida la autoridad judicial accionada, la Sala debe
verificar si la acción de tutela cumple el requisito general de la relevancia
constitucional, necesario para hacer su estudio de fondo.
En caso de que se llegare a encontrar cumplida esta condición de procedencia,
así como los restantes requisitos generales contra providencias judiciales,
corresponde a la Sala determinar si la sentencia de 30 de agosto de 2022,
mediante la cual la autoridad judicial accionada confirmó el fallo de primera
instancia en el que se declaró la caducidad de la acción de reparación directa que
presentó, incurre en los defectos orgánico, procedimental, sustantivo, fáctico,
decisión sin motivación y por desconocimiento del precedente judicial, porque no
se podía tener como fecha para iniciar el conteo del término de caducidad el 29 de
octubre de 2004, fecha posterior a la expedición de la certificación de la
conciliación extrajudicial, pues la misma no le fue entregada, lo que suspendería
dicho término hasta el 25 de enero de 2005 cuando le fue entregada copia de las
mencionadas certificaciones a raíz de una petición que el actor formuló.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y
(ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones4.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20055, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional6.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala7, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela
4
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.
6
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
7
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir
asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de
discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el
interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en
el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no
está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar,
completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o
proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por
más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir
las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. En el presente caso, el accionante considera que la sentencia de 30 de
agosto de 2022, mediante la cual la autoridad judicial accionada confirmó el fallo
de primera instancia, en el que se declaró la caducidad de la acción de reparación
directa que presentó, incurre en los defectos orgánico, procedimental, sustantivo,
fáctico, decisión sin motivación y por desconocimiento del precedente judicial.
Del estudio del expediente ordinario, la Sala observa que los argumentos que
soportan la vulneración de derechos alegada en la presente acción son los
mismos que sustentaron el recurso de apelación que el actor presentó contra la
sentencia de primera instancia en el trámite ordinario de 10 de mayo de 2013, en
la que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander declaró de oficio la
caducidad de la acción, esto es, los relativos a que en el caso no se podía tener
como fecha para iniciar el conteo del término de caducidad el 29 de octubre de
2004, día siguiente a la expedición de la certificación de la conciliación
extrajudicial que resultó fallida, pues, adujo, aquella no le fue entregada, lo que
desatiende el requisito de la relevancia constitucional, en tanto el mecanismo de
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amparo constitucional se estaría empleando como una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada.
4.2. El presupuesto de relevancia constitucional tiene como finalidad “(i) proteger
la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se
inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones8.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional9. Al respecto
estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio de
selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una tercera instancia.
Como requisito de procedencia, la relevancia constitucional exige la verificación de
los siguientes elementos: (i) que la situación fáctica expresada en la tutela
conlleve necesariamente el análisis de la vulneración de un derecho fundamental
y, que el actor justifique de manera suficiente las razones por las cuales considera
que se cumple este presupuesto y (ii) que el mecanismo de amparo
constitucional no se emplee como una instancia adicional al proceso
ordinario que dio origen a la providencia objeto de reproche constitucional.
4.3. Como se adelantó, en el presente caso se observa que los argumentos que
sustentan la presente solicitud coinciden con los del recurso de apelación
presentado por el accionante contra el fallo de primera instancia en el que se
declaró la caducidad del término para interponer la acción, solo que en esta
ocasión se presenta el debate a través de la totalidad de las causales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que no es
suficiente para dar por cumplido el requisito de relevancia constitucional.
La anterior situación se puede evidenciar del escrito de apelación presentado por
el actor, del que se observa una coincidencia absoluta entre los fundamentos de
derecho allí esgrimidos con los aquí presentados, lo que constata que el debate
propuesto en esta sede constitucional no es de naturaleza constitucional cuya
fuente sea la vulneración de garantías fundamentales a través de la expedición de
una providencia judicial. A lo anterior, se agrega que el accionante bajo el errado
entendimiento de que las causales de procedencia son concomitantes, sostiene
que los reparos contra la providencia objetada configuran la totalidad de los
defectos desarrollados jurisprudencialmente para ese efecto, sin argumentar
debidamente cada uno, lo que evidencia aún más la falta de importancia
constitucional de la solicitud.
En el recurso de apelación presentado en el trámite ordinario el actor expresó lo
siguiente10:
8
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
10
Folio 841, página 1838 del archivo digital correspondiente.
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“Sostiene básicamente, el Dr. ROBIEL AMED VARGAS GONZALEZ M.P. del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander en su sentencia de fecha: Mayo 10 del 2013
que:
‘al haber ocurrido los hechos que denuncia en la demanda el día 4 de septiembre
del 2002 y haber convocado la diligencia de conciliación el 6 de septiembre, el
término de caducidad se suspendió desde la presentación de la solicitud,
reanudándose a partir del 29 de Octubre del 2004, siendo este día en que debió
presentar la demanda, pues la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó en
la fecha en que vencían los dos (2) años para la caducidad de la acción, de tal
suerte que al presentarse la demanda el día 6 de Diciembre del 2004 la misma
resultó por fuera del término de caducidad’.
A la anterior conclusión y con debido respeto que el despacho se merece,
permítame decirle que se equivoca abiertamente, como quiera que los puntos de
referencia que toma están errados como procedo a demostrárselo.
1.1.- La Ley 640 del 2001 textualmente señala:
ARTICULO 21. SUSPENSION DE LA PRESCRIPCION O DE LA CADUCIDAD”.
(…)
De las anteriores disposiciones legales, esto es, el artículo 21 de la Ley 640 del 2001
sin mayor esfuerzo puede colegirse en primer término:
a).- Que la caducidad que venía corriendo se interrumpió, se suspendió con la
solicitud de la diligencia de conciliación y en el sub-lite, está demostrado que dicha
petición de conciliación se elevó desde el día 06 de septiembre del año 2004 la cual
quedó radicada en el Despacho de la Dra JEANNETTE QUINTERO DE PACHECO
Procurador 24 Judicial para Asunto Administrativos en San José de Cúcuta.
b).- Y en segundo lugar, esa interrupción del término de caducidad se reanuda a partir
del día siguiente en que se expidan las constancia a que hace referencia el artículo
21º de la citada ley 640 del 2001 cuando dice textualmente ‘hasta que se
expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley’.
(…)
Luego entonces, lógico es concluir que si la Dra. JEANNETTE QUINTERO DE
PACHECO Procurador 24 Judicial para Asuntos Administrativos en San José de
Cúcuta no dio cumplimiento oportuno (a Dic. 06 del 2004) a lo dispuesto en la
Ley. esto es el Artículo 21 y 2° de la Ley 640 del 2001 la demanda que nos
ocupa, se presentó oportunamente, como quiera que a Diciembre 06 del 2004
(fecha de presentación de la demanda) no había expedido la CONSTANCIA a que
hace referencia el mencionado estatuto y que solo hasta la expedición de dicha
CONSTANCIA se entiende interrumpido el término de caducidad, esto es y como
dice dicha disposición legal: ‘hasta que se expidan las constancias a que se refiere
el artículo 2o. de la presente ley’.
Así las cosas y por razones de carácter legal y de hermenéutica jurídica se
impone necesariamente REVOCAR en todas sus partes la sentencia de Mayo 10
del 2013 y que fuera objeto de Notificación mediante la fijación en Edicto el día
05 de Junio del 2013 y en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda,
por estar probado que dicho libelo incoatorio se presentó oportunamente aquél
06 de Diciembre del 2004 cuando para entonces, la Dra. JEANNETTE QUINTERO
DE PACHECO Procurador 24 Judicial para Asuntos Administrativos en San José
de Cúcuta no había aún dado cumplimiento a lo señalado en el artículo 2º de la
Ley 640 del 2001.
2.2- De otro lado, finalmente la Dra. JEANETTE QUINTERO DE PACHECO
Procurador 24 Judicial para Asuntos Administrativos en San José de Cúcuta,
solo el día 24 de Enero del 2005 dio cumplimiento a lo ordenado por el artículo
21 y 2° de la Ley 640 del 2001, esto es haciendo entrega al Dr. ORLANDO
ORDOÑEZ CHAVARRO, el Oficio No. 009 de fecha Enero 13 del 2005 que
contenía las CONSTANCIAS a que hacen referencia los artículos 2° y 21 de la ley
640 del 2001, instrumento que de inmediato el actor puso a disposición (…).
En este orden de ideas, solo entonces y a partir del 24 de Enero de] 2005
comenzarían a correr los términos de caducidad que estaban suspendidos de
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conformidad con los artículos 21 y 2° de la Ley 640 del 2001 y como la demanda se
había presentado aquél 06 de Dic. de 2004, sano, lógico y prudente es concluir, que
fue presentada oportunamente”.
A dichos argumentos, que ahora se replican en la presente solicitud de amparo
constitucional bajo la premisa de configurar los defectos orgánico, procedimental,
sustantivo, fáctico y por decisión sin motivación, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección “A”, luego de hacer amplia referencia a la jurisprudencia de
esta Corporación sobre el ejercicio oportuno de la acción, respondió en los
siguientes términos en la sentencia objeto de tutela:
“(…) es claro que el ahora demandante podía acudir a la jurisdicción contencioso
administrativa a presentar la demanda sin que hubiera agotado el requisito de la
conciliación extrajudicial; sin embargo, una vez radicada, de conformidad con la
disposición contenida en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, el término de
caducidad se suspende ‘hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el
acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido
por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2 de la
presente ley o hasta que se venza el término de 3 meses a que se refiere el artículo
anterior, lo que ocurra primero’. (…)
En los anteriores términos y conociendo que la conciliación extrajudicial se declaró
fallida el 28 de octubre de 2004, fecha en la cual le fueron entregadas las diligencias
al demandante, éste debía presentar la demanda, en relación con la primera
imputación el 29 de octubre siguiente y para la segunda el 11 de noviembre de
2004, como la demanda se presentó el 6 de diciembre de 2004, resulta
extemporánea para los dos eventos enunciados.
No es de recibo la manifestación hecha por el demandante en cuanto a que
como la Procuraduría no entregó la certificación de que trata el artículo 2 de la
Ley 640 de 2001 en la fecha en la cual se declaró fallida la conciliación, no le era
exigible la presentación de la demanda hasta tanto fuera expedida la misma.
Lo anterior porque tal como quedó consignado en el acta que declaró fallida la
conciliación, el 28 de octubre de 2004, la Procuradora 24 en lo judicial para
asuntos administrativos de Cúcuta declaró ‘cerrada la etapa extrajudicial’ y le
hizo entrega al ahora demandante de todas las diligencias, es decir, clausuró el
proceso que se abrió en dicha dependencia, razón por la cual era claro que
quedaba facultado para presentar la demanda porque se había cumplido una de
las condiciones, no se logró acuerdo conciliatorio y se devolvieron los
documentos aportados por el solicitante.
Además, esa era la oportunidad para que se expidiera la certificación de que trata el
artículo 2 de la Ley 640 de 2001 y de no haberse hecho, el demandante debía
exigirla; sin embargo, bastaba con que al momento de presentar la demanda la
acompañara con la copia del acta de la audiencia de conciliación celebrada el
28 de octubre de 2004 en la que se dejó constancia de que no se logró acuerdo
conciliatorio.
Ahora bien, la exigencia de que se expida la certificación a que se refiere el artículo 2
de la Ley 640 de 2001, debe leerse en armonía con lo previsto en el artículo 21
ibídem 12, según el cual el término de caducidad se suspende desde el momento en
que se radica la solicitud de conciliación extrajudicial y hasta que ocurra cualquiera de
los siguientes eventos: i) hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el
acta de conciliación se haya registrado, en los casos en que este trámite sea exigido
por la ley, ii) hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2° de la
Ley 640 de 2001, o iii) hasta que venza el término de tres (3) meses.
Uno de los eventos en los que se debe expedir la constancia es cuando se efectúe la
audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo, que fue lo que sucedió en el
presente caso, razón por la cual debía la Procuraduría, expedir la certificación a que
se refiere el artículo 2 de la Ley 640 de 2001, junto con la entrega de los documentos
radicados para la conciliación extrajudicial, a fin de que el solicitante pudiera
presentar la demanda.
Se debe resaltar que no obra en el proceso prueba de que se hubiera expedido dicha
certificación, además, en el oficio 321 de 11 de noviembre de 2008 remitido por la
Procuraduría al a quo, tampoco se afirmó que se hubiera hecho entrega de la misma,
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ni se remitió copia de ésta, pero si se resaltó que, el 28 de octubre de 2004, se
había hecho entrega de los documentos radicados y se había declarado cerrada
la etapa extrajudicial, es decir, se dio por terminado el trámite ante la
Procuraduría.
Tampoco obra en el plenario constancia de que el ahora demandante hubiera
solicitado la expedición de la certificación tantas veces enunciada y que la
Procuraduría hubiera negado su expedición; por el contrario, en el acta de
conciliación se dejó constancia de que el ahora demandante recibió a
satisfacción los documentos que había radicado para la conciliación y aceptó
en forma pacífica la terminación del trámite extrajudicial, sin que hubiera hecho
algún pronunciamiento diferente a su aceptación.
En síntesis, pesar de que no obra constancia de la entrega al demandante de la
certificación de que trata el artículo 2 de la Ley 640 de 2001, no es dable
concluir que dicha omisión hubiera generado la prolongación de la suspensión
de la caducidad, para contar dicho término desde el vencimiento de los 3
meses, contados a partir de la radicación de la solicitud de conciliación, dado
que, de conformidad con los artículos 2, y 21 de la Ley 640 de 2001, una vez
agotada el trámite extrajudicial, el solicitante debe acudir ante la jurisdicción a
presentar la demanda”.
De lo anterior, la Sala observa que, contrario a lo manifestado por la parte actora,
la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado motivó de manera
suficiente la sentencia de 30 de agosto de 2022, mediante la cual se confirmó el
fallo de primera instancia, en el que se declaró la caducidad de la acción de
reparación directa que presentó contra el Ministerio de Salud y Protección Social,
el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Departamento Administrativo de
Seguridad - DAS - y la Empresa Territorial para la Salud - ETESA -.
Ahora bien, al margen de que la decisión objetada fue suficientemente motivada
por la autoridad judicial accionada, la Sala encuentra que los reproches del
accionante lo que en realidad pretenden es darle continuidad al debate
relacionado con el conteo del término de caducidad de la acción, lo cual ya fue
objeto de estudio por el juez natural en las sentencias de primera y segunda
instancia, como se acaba de exponer.
En efecto, como se observa en la transcripción de la decisión objetada, en el caso
que originó la controversia el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
“A”, del análisis de la normatividad y las pruebas obrantes en el proceso ordinario,
consideró que en el caso resultaba ajustado a derecho confirmar la caducidad de
la acción, pues, indicó, de la supuesta omisión en la entrega de la certificación de
conciliación fallida no podía derivarse la prolongación de la suspensión del conteo
de la caducidad, o la potestad del demandante para contar dicho término a través
de la regla de los 3 meses contados a partir de la radicación de la solicitud de
conciliación, dado que en el caso se agotó el mencionado trámite prejudicial, por lo
que, de conformidad con los artículos 2 y 21 de la Ley 640 de 2001, el solicitante
debía acudir ante la jurisdicción a presentar la demanda.
Para la Sala, es claro que la presente solicitud no tiene como génesis la posible
vulneración de derechos fundamentales que se alega, sino que la misma
constituye un intento por convertir la acción de tutela en un escenario donde
ventilar nuevamente los asuntos desfavorables al actor en la sentencia que
confirmó la caducidad decretada, por lo que declarará la improcedencia de la
acción por falta del requisito de relevancia constitucional. Valga indicar que en
criterio de esta Sala la solicitud también carece de la carga argumentativa mínima
para efectuar un estudio de fondo, en tanto a partir de un mismo hecho se alega la
configuración de la totalidad de requisitos específicos para la tutela contra
providencias judiciales.
14
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Radicación:11001-03-15-000-2023-00307-00
Demandante: ORLANDO ORDOÑEZ CHAVARRO
Para la Sala en la sentencia objetada se analizaron cada uno de los cargos
planteados en el recurso de apelación, los que, en contraste con las pruebas y las
normas aplicables, llevaron a concluir que la acción se interpuso luego de que
hubiera vencido el término legal para hacerlo.
Cuestión diferente es que la parte actora al no estar de acuerdo con la apreciación
que se hizo de las pruebas y de las normas aplicables de la Ley 640 de 2001,
presentara acción de tutela a partir de valoraciones o consideraciones subjetivas
con el fin de que se dicte una providencia acorde a sus pretensiones, lo que
conllevaría una incertidumbre inconveniente que comprometería la seguridad
jurídica y el valor de la cosa juzgada de las decisiones judiciales y, a su vez,
evidencia el hecho de que el mecanismo constitucional se está utilizando como
una instancia adicional, lo que desconoce el requisito de la relevancia
constitucional.
4.4. Aunado a lo anterior, la Sala observa que, como fue manifestado por la
autoridad judicial accionada en la contestación rendida en este trámite
constitucional, en el acta de conciliación suscrita por la Procuraduría 24 Seccional
de Cúcuta, aportada como prueba, se dejó constancia de que el señor Ordoñez
Chavarro había recibido a satisfacción los documentos radicados para la
conciliación y aceptó en forma pacífica la terminación del trámite extrajudicial sin
hacer algún pronunciamiento relativo a la falta de entrega de la certificación,
situación que solo puso en conocimiento del Ministerio Público con posterioridad al
vencimiento del término de caducidad de la acción que presentó.
Conforme con lo anterior, para la Sala es claro que entrar de nuevo en la discusión
planteada por la accionante, en los términos propuestos en el escrito de tutela,
significaría reproducir el debate sobre el momento desde el que debe
contabilizarse la caducidad de la acción que ya fue zanjado por el juez de
conocimiento en dos instancias, lo que evidencia claramente la falta de relevancia
constitucional. Es decir, en el caso se observa que no existe un real
cuestionamiento constitucional en relación con una decisión judicial, sino,
simplemente, una reiteración de los argumentos litigiosos expuestos en sede
ordinaria, a la manera de instancia adicional.
En este punto, resulta pertinente citar un pronunciamiento de la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación de agosto 5 de 2014, en el que se
indicó que:
“(…) el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla
improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o
de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de
relevancia constitucional”11.
De este modo, las discrepancias respecto de las decisiones adoptadas en el caso
no ameritan per se, la revocación por vía de tutela de una providencia judicial,
porque hacerlo llevaría a desconocer los principios de autonomía e independencia
judicial y cosa juzgada.
Lo anterior, fue reiterado por la Corte Constitucional en sentencia SU-257 de
202112, en la que se afirmó que la procedencia de la acción de tutela contra
11
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de agosto 5 de 2014. Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). C.P.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12
M.P.: Jorge Enrique Ibáñez Najar.
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Radicación:11001-03-15-000-2023-00307-00
Demandante: ORLANDO ORDOÑEZ CHAVARRO
providencias judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con
especial rigurosidad, por consiguiente se “exige valorar, prima facie, si la decisión
se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales,” razón por la cual “(…) el examen de la
relevancia constitucional debe ser más estricto que el que pudiera hacerse en los
demás eventos de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales”.
Como lo ha sostenido la Corte Constitucional, la relevancia constitucional requiere
que el asunto sometido al juez de tutela tenga trascendencia superior y no
solamente legal, contractual o de otra naturaleza, como sería la exclusivamente
económica. Pero en todo caso, corresponde al juez de tutela verificar si “…se
debaten derechos fundamentales, a partir del estudio de elementos que hacen
parte de la dimensión objetiva de los derechos afectados, así como, de las
circunstancias subjetivas de las partes que solicitan la protección constitucional,
de tal manera que se garantice el “efecto de irradiación” de la Carta sobre el
ordenamiento jurídico (…)”.13
4.5. Por lo demás, en lo relativo al defecto por desconocimiento del precedente
judicial aplicable, contenido en la sentencia de la Subsección “C” de la Sección
Tercera del Consejo de Estado de 29 de febrero del 201214 y el auto de 9 de mayo
de 201115 de la Sección Tercera, Subsección “C” de esta Corporación, la Sala
observa que la regla jurisprudencial supuestamente desconocida, conforme con la
cual “con la presentación de la solicitud de conciliación, se suspende la
contabilización de los términos de la caducidad de las acciones mientras se logra
el acuerdo conciliatorio, o en su defecto hasta que fracase la conciliación
extrajudicial y se expidan las constancias correspondientes”, no fue desconocida
en el caso, en el que, conforme con las pruebas obrantes, se verificó que las
respectivas constancias se expidieron el 28 de octubre de 2004 al término de la
audiencia, y que, aun cuando no había prueba de su entrega al demandante, ese
hecho no justificaba la suspensión del término de caducidad, ni su contabilización
desde otro momento, como aquel lo pretendía.
Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela promovida por el señor Orlando Ordoñez Chavarro, quien actúa en nombre
propio, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Orlando Ordoñez Chavarro, quien actúa en nombre propio, contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, por las razones aquí
expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
13
Sentencia SU-041 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
14
Radicación 17001-23-31-000- 2011-00228-01(42627), M.P Enrique Gil Botero.
15
Rad. 25000-23-26-000- 2010-00681-01 (40324), M.P Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
16
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Demandante: ORLANDO ORDOÑEZ CHAVARRO
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual
revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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