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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2004-01490-01

Fecha
30 de agosto de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2004-01490-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. CONFIRMAR La sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 10 de mayo de 2013. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al tribunal de origen. Se deja constancia que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 54001-23-31-000-2004-01490-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

30 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 54001-23-31-000-2004-01490-01 (48224)

Actor: ORLANDO ORDOÑEZ CHAVARRO

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL,
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, D.AS., ETESA
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: La demanda se sujeta al término de caducidad previsto en el artículo 136,
numeral 8 del C.C.A. / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – Se contabiliza a partir de la
ocurrencia del daño o del conocimiento de este por parte del demandante – La no
expedición de la constancia de que trata el artículo 2 de la Ley 640 de 2001, no
prolonga en forma indeterminada la suspensión del término de caducidad.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 10 de mayo de 2013, proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual se declaró la caducidad de
la acción.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 4 de septiembre de 2002, personal de Etesa y agentes del DAS ingresaron al
establecimiento comercial denominado Lucky Place en la ciudad de Cúcuta y luego
de que el propietario no exhibiera el contrato de concesión para la explotación de
juegos de azar y el pago de los derechos de explotación de las máquinas instaladas
en el local, procedieron a sellarlo, porque no cumplía con los requerimientos
exigidos por la Ley 643 de 2001.

Dado que el demandante consideraba que no debía cumplir los requerimientos de
la norma enunciada, porque no se encontraba sancionada, procedió a reabrir su
salón de juegos, razón por la cual el 19 de septiembre de 2004, se presentaron
varios agentes del DAS y detuvieron al señor Orlando Ordóñez Chaparro, en

Radicación número: 54001-23-31-000-2004-01490-01 (48224)
Actor: Orlando Ordoñez Chavarro
Demandado: Nación-Ministerio De Salud Y Protección Social Y Otros
Referencia: Acción De Reparación Directa

consideración a que la actividad que se desarrollaba en dicho establecimiento
comercial había quedado prohibida por carecer de la respectiva licencia de
funcionamiento de acuerdo con la Ley 643 de 2001.

Afirma el demandante que los anteriores hechos le causaron perjuicios del orden
moral y material, porque se vio compelido a cerrar su establecimiento de comercio
y a defenderse en un proceso penal, a pesar de que los requerimientos
contemplados en la Ley 643 de 2001 no eran exigibles porque la misma no se
encontraba sancionada.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 6 de diciembre de 2004 (fls. 3–71 c.1), el abogado Orlando Ordoñez Chavarro
actuando en nombre propio presentó demanda de reparación directa contra la
Nación-Ministerio de Defensa, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y del
Derecho, Departamento Administrativo de Seguridad (de ahora en adelante D.A.S.),
Empresa Territorial para la Salud (de ahora en adelante ETESA), con el fin de que
se le indemnizaran los perjuicios que sufrió como consecuencia del cierre del
establecimiento comercial Lucky Place, de su propiedad y por la detención de que
fue objeto.

El demandante solicitó que se accediera a las siguientes declaraciones y condenas:

1º.- Declarar administrativa y extracontractualmente responsables a la Nación,
Ministerio de Defensa, Ministerio de Protección Social, antes Ministerio de
Salud, Ministerio de Justicia y del Interior, antes Ministerio de Justicia y del
Derecho, Departamento Administrativo de Seguridad DAS y la Empresa
Territorial para la Salud ETESA, …, de todos los perjuicios tanto morales como
materiales causados al accionante Dr. Orlando Ordóñez Chavarro, mayor de
edad, domiciliado y residente en esta ciudad, al proceder al cierre del
establecimiento comercial del accionante aquel 4 de septiembre de 2002
ubicado en la calle 9 n.° 4-71 y 4-77 en el centro de esta ciudad, donde funcionó
la Sala de Juegos de Máquinas Electrónicas tragamonedas Lucky Place,
empresa distinguida con el Registro Mercantil n.° 0009131 como respuesta a la
petición de fecha julio 29 de 2002 en la que solicitaba que se aplicara la
excepción de inconstitucionalidad de la ley 643/01 y de preferencia el respeto a
la ley 232 de 1995 a sabiendas que en lo que respecta a los permisos y licencias
de explotación de esa actividad considerada como monopolio rentístico del
Estado concretamente a los juegos localizados, de que dan cuenta el Decreto
2483 septiembre 2 de 2003 en armonía con los artículos 32, 33, 34, 35 de la
Ley 643/01 para la ocurrencia de los hechos no había sido reglamentada la
mencionada ley, causando con ello, graves perjuicios morales y materiales
como han podido demostrarse en esta solicitud conciliatoria (sic) al tenor de las
declaraciones de renta de los dos últimos años anteriores al cierre del
establecimiento comercial en referencia.

2º.- Declarar administrativa y extracontractualmente responsables a la Nación,
Ministerio de Defensa, Ministerio de Protección Social, antes Ministerio de
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Radicación número: 54001-23-31-000-2004-01490-01 (48224)
Actor: Orlando Ordoñez Chavarro
Demandado: Nación-Ministerio De Salud Y Protección Social Y Otros
Referencia: Acción De Reparación Directa

Salud, Ministerio de Justicia y del Interior, antes Ministerio de Justicia y del
Derecho, Departamento Administrativo de Seguridad DAS, de todos los
perjuicios tanto morales como materiales causados al accionante Dr. Orlando
Ordóñez Chavarro mayor de edad, domiciliado y residente en esta ciudad, por
haber incurrido en violación al derecho de defensa, debido proceso, derecho al
trabajo por parte de la Nación, Ministerio de Defensa, Departamento
Administrativo de Seguridad DAS, seccional Cúcuta, por haber aprehendido en
respuesta a una petición de protección a las vías de hecho que elevara el actor
aquel 6 de septiembre de 2002 y fuera detenido el 19 ídem , al amparo de ser
detenido en flagrancia por presunta violación del artículo 312 del CP no obstante
los serios cargos imputados a la Ley 643/01 de no cumplir con la exigencia
constitucional de la sanción presidencial, en armonía con el artículo 321 de la
Ley 4 de 1913 y el artículo 11 inc. 2 del Decreto 2150/95 al pretermitirse los
nombres y apellidos completos del Dr . Andrés Pastrana Arango, además de la
denominación del cargo como presidente de la República, quien acudió
demandando protección estatal al señor director de la seccional Cúcuta del
Departamento Administrativo de Seguridad DAS, al igual que ante la señora
Fiscal Segunda Seccional de la Fiscalía General de la Nación Seccional Cúcuta,
de quien a esta última, el mismo actor en el expediente distinguido bajo la
radicación n.° 18160 y Resolución 177/2002 solicitó personalmente su
indagatoria y ampliación de la misma, consiguiendo solo que se le abriera otro
expediente, fundado en los mismos hechos y las mismas consideraciones,
rompiendo la unidad procesal, como quedó plasmado en el nuevo expediente
n.° 449891/2002 con los resultados ya conocidos, violando de esta manera los
derechos del actor de: Derecho de defensa, Derecho al Debido Proceso,
Derecho al Trabajo, máxime cuando el mismo Dr. Ordóñez Chavarro desde
marzo 2 de ese mismo año y con mucha antelación de los hechos que ahora se
deciden, él mismo solicitó su ampliación de indagatoria como lo demostró el
libelista con copia de la diligencia petitoria, en la que ponía en consideración de
la señora Fiscal Segunda Seccional en el Palacio de Justicia, la nueva situación,
al aprehenderlo, ordenar el cierre del citado establecimiento y someterlo a los
hechos demostrados, con graves consecuencias de carácter moral y patrimonial
como claramente se deduce de un profesional de derecho quien hasta la
presente no presentaba antecedentes penales, disciplinarios.

3º.- Declarar administrativa y extracontractualmente responsables a la Nación,
Ministerio de Justicia y del Interior, antes Ministerio de Justicia y del Derecho,
de todos los perjuicios morales como materiales causados al accionante Dr.
Orlando Ordóñez Chavarro mayor de edad, domiciliado y residente en esta
ciudad, por haber incurrido en violación al derecho de defensa, debido proceso,
derecho al trabajo por parte de la Nación, Ministerio de Defensa, Departamento
Administrativo de Seguridad DAS seccional Cúcuta, al haber presentado el
libelista solicitud de ampliación de indagatoria por los mismos hechos que con
antelación a los mismos ya la Fiscalía Segunda Seccional de la unidad de la
Fe Pública y Patrimonio Económico, desde marzo 2 del año 2002, muchos
meses antes de la detención por parte del DAS (6 meses), investigación que
cuando fue aprehendido (septiembre 19/02) se le precluyó al aplicar la
sentencia de la Corte Constitucional que desde 1994 ya había desatado
situaciones análogas que se venían presentando a nivel nacional cuando para
entonces estaba vigente la personería jurídica de la Empresa Territorial para la
Salud –Ecosalud S.A., al concluir que esta última no tenía por qué suplantar la
facultad que le era privativa del legislativo, de imponer tributos, rompiendo de
esta manera la unidad procesal y al abrirle un nuevo expediente por los mismos
cargos muy serios cuando para entonces aún no se había reglamentado la ley
643/01 y que solo vino a hacerlo el nuevo presidente de la República Dr. Álvaro
Uribe Vélez, concretamente a través del Decreto 2483 del día 2 de septiembre
del año 2003, es decir, casi un año después del cierre del establecimiento
comercial y su aprehensión, violando de esta manera el principio constitucional
del Debido Proceso, Derecho de Defensa, Derecho al Trabajo, al dictarle
medida de aseguramiento consistente en auto de detención, afortunadamente
concediéndole el beneficio de la libertad provisional, pero con el temor siempre
latente que un día el superior jerárquico de la señora Fiscal Segundo Seccional
de la Unidad de la fe Pública y Patrimonio Económico, incurra en el yerro judicial
de revocarle el beneficio concedido, con las conocidas consecuencias del temor
siempre latente, de volver a ser aprehendido, ocasionando con esto graves
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Radicación número: 54001-23-31-000-2004-01490-01 (48224)
Actor: Orlando Ordoñez Chavarro
Demandado: Nación-Ministerio De Salud Y Protección Social Y Otros
Referencia: Acción De Reparación Directa

perjuicios de carácter moral y material, toda vez que la quiebra a la que se
sometió el libelista fue inminente, quien desde entonces nunca pudo reponerse,
por lo cual la Nación, Ministerio de Justicia y del Interior, antes Ministerio del
Derecho, Ministerio de Protección Social, antes Ministerio de Salud, deberán
indemnizar de manera solidaria y mancomunada, todos los daños y perjuicios
ocasionados al actor Dr. Orlando Ordoñez Chavarro, mayor de edad,
domiciliado y residente en esta ciudad, tanto el daño emergente, como el lucro
cesante además de perjuicios morales.

4º.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones, condenar la Nación,
Ministerio de Defensa, Ministerio de Protección Social, antes Ministerio de
Salud, Ministerio de Justicia y del Interior, antes Ministerio de Justicia y del
Derecho, Departamento Administrativo de Seguridad DAS, la Empresa
Territorial para la Salud Etesa, a pagar al accionante Dr. Orlando Ordóñez
Chavarro, de las anteriores condiciones civiles, el equivalente a mil gramos
1000 de oro puro, fino, en pesos, según su precio internacional certificado por
el Banco de la República a la fecha de la ejecutoria de la providencia que se
espera que imparta el H. Magistrado, así:

4.1. Para el Dr. Orlado Ordóñez Chavarro, de las condiciones civiles tantas
veces aquí relacionadas, en su condición de sujeto pasivo de las conductas
denunciadas, víctima de los abusos de poder, desviación de poder, vía de
hecho de que fue objeto, por falla en el servicio, el equivalente a mil gramos de
oro puro (1.000) como se indicó anteriormente por parte del H. Magistrado del
Tribunal Contencioso Administrativo de Norte de Santander, según certificado
que desde ya suplico al señor Magistrado se sirva solicitar al señor Gerente del
Banco de la República de esta ciudad, expida en tal sentido por concepto de
perjuicios morales.

4.2. Condenar a la Nación, Ministerio de Defensa, Ministerio de Protección
Social, antes Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y del Interior, antes
Ministerio de Justicia y del Derecho, Departamento Administrativo de Seguridad
DAS, la Empresa Territorial para la Salud Etesa, a pagar a favor del Dr. Orlando
Ordóñez Chavarro mayor de edad, domiciliado y residente en esta ciudad, por
concepto de perjuicios materiales sufridos con motivo del cierre indefinido de su
establecimiento comercial denominado Lucky Place de la calle 9 n.° 4-71 y 4-
77 en el centro de esta ciudad, teniendo en cuenta las siguientes bases de
liquidación:

4.2.1. Daño emergente: El valor comercial en que estaba estimado el
establecimiento comercial Lucky Place de la calle 9 n.° 4-71 y 4-77 en el centro
de esta ciudad, en la suma de $35´000.000 treinta y cinco millones de pesos
moneda corriente valor en que estaba señalado en la Cámara de Comercio de
esta ciudad, además la suma de quinientos millones de pesos moneda corriente
$500´000.000, suma esta producto del esfuerzo que desde 1999 venía
adquiriendo, fortaleciendo, su razón social Lucky Place de todo lo cual pueden
dar fe todos los propietarios de los establecimientos comerciales comprendidos
en ambas aceras de la calle 9 entre avenidas 4 y 5 de esta ciudad, darán fe del
good will del mencionado establecimiento comercial al que siempre admiraron
por su ubicación, amplitud de espacio, área, esmerada atención al público, tal
como lo podrá verificar en su dictamen el perito que para tal efecto designará;
es decir, por este concepto del daño emergente, la suma asciende totalmente e
la suma de quinientos treinta y cinco millones de pesos moneda corriente
(535´000.000).

4.2.2. La suma de $38´040.842,73 treinta y ocho millones cuarenta mil
ochocientos cuarenta y dos pesos con setenta y tres centavos por concepto de
indemnización vencida, es decir, que también forma parte de este concepto del
daño emergente, toda vez que entre los daños causados, estos dineros han
dejados de ser recibidos por el actor a la fecha de presentación de esta
demanda, de conformidad con la liquidación en el capítulo de la estimación de
la cuantía.

4.2.3. La suma de $164´739.397,86 ciento sesenta y cuatro millones setecientos
treinta y nueve mil trescientos noventa y siete pesos con ochenta y seis
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Radicación número: 54001-23-31-000-2004-01490-01 (48224)
Actor: Orlando Ordoñez Chavarro
Demandado: Nación-Ministerio De Salud Y Protección Social Y Otros
Referencia: Acción De Reparación Directa

centavos por concepto de la indemnización futura al tenor de la liquidación
realizada en el capítulo de estimación de la cuantía.

Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró:

El 25 de octubre de 2001, se presentaron en el establecimiento de propiedad del
ahora demandante denominado Lucky Place, unas personas quienes manifestaron
ser de ETESA, para exigirle el cumplimiento de “determinadas formalidades”
señaladas en la Ley 643 de 2001, a lo cual se opuso, porque “la ley 232 de 1995
en ninguna parte señala que estemos obligados a dar cumplimiento a formalidades
distintas señaladas en este último estatuto”.

El 5 de julio de 2002, el jefe de impuestos municipales de la Secretaría de Hacienda
de la alcaldía de Cúcuta, mediante oficio le solicitó al demandante le remitiera la
siguiente documentación: i) autorización o contrato de concesión vigente otorgado
por Etesa o Ecosalud S.A., II) relación de pagos oportunos por este concepto a
Etesa, iii) inventario de los juegos y máquinas indicando el nombre y la cantidad por
modalidad. Además, le advirtió que de no atender el requerimiento hecho se
entendería que el establecimiento no estaba cumpliendo con los requisitos exigidos
por la ley, evento en el cual se le daría traslado de la situación a Etesa, a la
Superintendencia de Nacional de Salud y a las autoridades penales.

El 29 de julio de 2002, el demandante pidió a Etesa que instara al alcalde de Cúcuta
para que se abstuviera de requerir en lo sucesivo las formalidades del oficio
anteriormente citado, dado que dichas exigencias se encontraban contenidas en la
Ley 643 de 2001, que hasta esa fecha no había sido firmada por el Presidente.

El 4 de septiembre de 2002, personal de Etesa y agentes del DAS irrumpieron
abruptamente en el establecimiento comercial del ahora demandante, exigiendo la
presentación del contrato de concesión otorgado por Ecosalud y por Etesa, al igual
que las consignaciones mensuales equivalentes al 30% de un salario mínimo por
cada una de las máquinas que se encontraban en el establecimiento.

Un funcionario de Etesa informó que debía cerrar el establecimiento porque no
cumplía con los requerimientos de la Ley 643 de 2001, razón por la cual procedieron
a sacar a los clientes, sellar las 44 máquinas; sin embargo, consintieron que el
señor Orlando Ordoñez Chavarro se quedara en el sitio, dado que en el mismo
tenía su lugar de residencia. Dicho cerramiento era indefinido hasta tanto obtuviera
los contratos de concesión y pago de los derechos de explotación.

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Radicación número: 54001-23-31-000-2004-01490-01 (48224)
Actor: Orlando Ordoñez Chavarro
Demandado: Nación-Ministerio De Salud Y Protección Social Y Otros
Referencia: Acción De Reparación Directa

El 6 de septiembre de 2002, Etesa le remitió al ahora demandante un oficio en el
que entre otros asuntos informó que “todo operador que abra un establecimiento al
público tiene que sujetarse a lo estipulado en la Ley 643 de 2001” por ser facultad
exclusiva del Estado la explotación, organización, administración operación,
control, fiscalización, regulación y vigilancia de todas las modalidades de suerte y
azar, además que “si se encuentra un establecimiento de comercio en donde se
explote alguno de los juegos de suerte y azar sin que cuente con el respectivo
permiso se procederá al cierre y sellamiento del mismo, dando inicio a la actuación
administrativa correspondiente”.

Según la demanda, el 6 de septiembre de 2002, “con el convencimiento íntimo de
que me asistía todo el derecho de defenderme ante el grave atentado de que fui
objeto por parte de la empresa del orden Estatal como lo era Etesa, pues la doctrina,
la jurisprudencia, la ley y la Constitución Nacional me autorizaba para aplicar la
excepción de inconstitucionalidad de la ley 643/01, máxime que a partir de los
artículos 32 a 42 no habían sido objeto de reglamentación por parte del Presidente
de la República entre las anteriores consideraciones, procedí a levantar los sellos
impuestos en cada una de las máquinas electrónicas, además de abrir las puertas
al público, en aras de poder continuar desarrollando mi actividad mercantil”.

El 19 de septiembre siguiente, agentes del DAS se presentaron y procedieron a
cerrar nuevamente el establecimiento de comercio Lucky Place; además, el ahora
demandante fue conducido a las instalaciones del DAS donde fue informado que a
partir de ese momento estaba detenido por haber sido sorprendido en flagrancia en
el ejercicio de una actividad considerada como monopolio rentístico del Estado, por
no tener ni los permisos, ni las licencias, ni el contrato de explotación de los juegos
de suerte y azar al tenor de la Ley 643 de 2001.

A partir de ese momento el señor Orlando Ordóñez Chavarro quedó a órdenes de
la Fiscalía Segunda de la Fe Pública y Patrimonio Económico, que el 25 de
septiembre al resolverle su situación jurídica profirió medida de aseguramiento y
auto de detención y, además, le concedió la libertad provisional.

Aduce la demanda que “es tal el desconocimiento de las más elementales lecciones
de derecho administrativo por parte del señor gerente de la pobre Empresa
Territorial de Salud Etesa, como su oficina jurídica que resulta preocupante que un
acto administrativo de carácter general, toda vez que iba dirigido según su artículo
segundo de la parte resolutiva a los departamentos de Cundinamarca, Boyacá,
Tolima, Huila, Meta, Caquetá, Norte de Santander, Santander, Arauca, Casanare,
Vaupés, Vichada, Putumayo, Amazonas, Guainía y Guaviare y distinguido bajo el
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Radicación número: 54001-23-31-000-2004-01490-01 (48224)
Actor: Orlando Ordoñez Chavarro
Demandado: Nación-Ministerio De Salud Y Protección Social Y Otros
Referencia: Acción De Reparación Directa

no. 006 de septiembre 4/1000 bajo el rótulo de auto, a sabiendas que estos últimos,
es solo para actuaciones de carácter particular, individual, nunca general. En
consecuencia, carece de todo valor legal, que un día quisieron imprimirle y
amparados en ello, en su artículo primero resolvieron cerrar mi establecimiento
comercial, como el resto de los ubicados en esta ciudad, causando tan graves
perjuicios a mis demás colegas comerciantes, que temerosos de una nueva
arremetida, tuvieron que someterse a las absurdas exigencias para poder acceder
al ejercicio comercial de esta actividad, a sabiendas que las anteriores
consideraciones legales, no los respaldaban y lo que es peor, sin haber sido
reglamentado y que solo a partir de septiembre del 2003 se reglamentaron los
artículos 32 a 41 de la Ley 643/2002 fue reglamentado. Es decir, un año después
del cierre de mi establecimiento, fue cuando el Dr. Álvaro Uribe Vélez, la
reglamentó, particularmente en lo relacionado con la sala de juegos de máquinas
electrónicas tragamonedas y es por ello que con su conducta, incurrieron ya no en
una falla en el servicio, sino en una abierta configuración de una vía de hecho y
desviación de poder”.

2. Trámite en primera instancia

2.1. Mediante auto del 19 de enero de 2005, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander admitió la demanda, providencia que fue debidamente notificada a las
partes y al Ministerio Público1 (fls. 227-228 c.1).

2.2. En el escrito de contestación de la demanda, la Rama Judicial se opuso a sus
pretensiones. Alegó que no existió nexo de causalidad entre el perjuicio
presuntamente causado al demandante y la función que legalmente le corresponde
desarrollar, razón por la cual, considera que no es dable que se deduzca su
responsabilidad.

Presentó como excepciones la de falta de legitimación en la causa por pasiva, la
de indebida escogencia de la acción y la caducidad de la acción (fls. 246-255 c. 1).

2.3. El Ministerio de Defensa-Policía Nacional, contestó la demanda y presentó
como excepción la de falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que de los
hechos de la demanda no se vislumbra su participación por acción o por omisión
que pueda comprometer su responsabilidad en los daños cuya reparación se
reclama (fls. 327-329 c. 1).

1
El Ministerio Público fue notificado el 29 de marzo de 2005, el Ministerio de Defensa el 10 de mayo
de 2005, el DAS y los Ministerios de Justicia y del Interior y de Protección Social el 11 de mayo de
2005 (fls. 228 vto, 256, 258, 260, 262 c. 1).
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Radicación número: 54001-23-31-000-2004-01490-01 (48224)
Actor: Orlando Ordoñez Chavarro
Demandado: Nación-Ministerio De Salud Y Protección Social Y Otros
Referencia: Acción De Reparación Directa

2.4. El DAS solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda, dado que la
captura del señor Orlando Ordóñez Chavarro se produjo en flagrancia, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 312 del C.P., en tanto que se
encontraba desarrollando conductas que se pueden enmarcan en el ejercicio ilícito
de actividad monopólica de arbitrio rentístico.

Agregó, que no es posible aplicar al presente asunto las decisiones que fueron
aportadas junto con la demanda porque las mismas fueron proferidas cuando aún
no se encontraba en vigencia la Ley 643 de 2001.

Finalmente, refiere que se aparta de la manifestación hecha por el libelista en
relación a que la Ley 643 de 2001 no se podía aplicar hasta tanto fuera sancionada
por el Presidente, porque de conformidad con el artículo 168 constitucional, “si el
presidente no cumpliere el deber de sancionar las leyes en los términos y según las
condiciones que la Constitución establece, las sancionará y promulgará el
presidente del Congreso” (fls. 334-342 c. 2).

2.5. El Tribunal, mediante providencia del 24 de abril de 2008, abrió el proceso a
pruebas (fls. 405-407 c. 1). Agotado el período probatorio, el 25 de enero de 2013,
el Tribunal a quo corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de
conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera
concepto de fondo (fl. 778 del c. 3).

2.6. La Policía Nacional, adujo que era evidente su falta de legitimación en la causa
por pasiva, dado que lo pretendido por el demandante era que se le resarcieran los
posibles perjuicios que le fueron causados con el cierre de su local comercial por
parte de Etesa y del DAS, y como no existió ninguna actuación desarrollada por
dicha entidad no era dable entrar a examinar la legalidad de la misma para poder
establecer algún tipo de responsabilidad, razón por la cual solicitó que se declarara
la falta de legitimación en la causa por pasiva (fls 779-782 c. 3).

2.7. El DAS adujo que de su actuación no se puede advertir ninguna arbitrariedad,
en tanto que el señor Orlando Ordoñez Chavarro fue capturado en flagrancia, por
estar violando la disposición contenida en la Ley 643 de 2001, que se encontraba
vigente para el momento de su captura (fls. 791-794 c. 3).

2.8. Etesa insistió en que se está frente a una indebida escogencia de la acción, en
tanto que los perjuicios por los que ahora se demanda se derivan de un acto
administrativo que no ha sido controvertido; además, para el momento en que fue
radicada la demanda ya había operado la caducidad (fls. 746-803 c. 3).
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Actor: Orlando Ordoñez Chavarro
Demandado: Nación-Ministerio De Salud Y Protección Social Y Otros
Referencia: Acción De Reparación Directa

2.9. Los demás demandados y el Ministerio Público guardaron silencio.

3. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 10 de mayo de 2013, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, declaró probada de oficio la caducidad de la acción y como sustento de
dicha decisión, expuso:

Dejó claro que el propósito de la demanda correspondía a que se repararan los
perjuicios que afirma el demandante le fueron causados con la operación
administrativa adelantada el 4 de septiembre de 2002, fecha en la cual se realizó la
diligencia de visita y cierre del establecimiento de comercio de su propiedad.
Agregó que, “la misma causa es la que se plantea para solicitar las pretensiones
de reparación de perjuicios por el hecho de la detención en flagrancia y violación
del derecho de defensa, sin que modifique la situación el hecho de que la detención
en flagrancia haya sido el 19 de septiembre de 2002”.

Agregó, que el término de caducidad se suspendió con la radicación de la solicitud
de conciliación extrajudicial el 6 de septiembre de 2004 y se reanudó el 29 de
octubre de 2004, fecha en la que se debió presentar la demanda y como se radicó
el 6 de diciembre de 2004, resultó extemporánea (fls. 804-809 c. 4).

4. Recurso de apelación

4.1. Inconforme con lo resuelto, la parte demandante interpuso recurso de
apelación2, en el que solicitó que se revocara la sentencia impugnada y, en su lugar,
se accediera a las pretensiones de la demanda.

En dicha oportunidad, refirió que en la demanda se había dejado consignado que
para el momento de su presentación, la Procuraduría no había expedido la
certificación ordenada por la Ley 640 de 2001, razón por la cual considera que “la
demanda que nos ocupa, se presentó oportunamente como quiera que a diciembre

2
Resulta relevante dejar claro que el término para interponer y sustentar el recurso de apelación
corrió entre el 10 y el 21 de junio de 2013 (el edicto se fijó el 5 de junio), razón por la cual el escrito
mediante el cual se adicionó el recurso de apelación fue presentado en forma extemporánea, dado
que fue radicado el 24 de junio de 2013, tal como se hace constar en el sello de recibido del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander visible a folio 850 c. 4. La misma suerte corre la segunda
adición del recurso de apelación radicada el 25 de junio de 2013 (fls. 904-930 c. 4).
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 212 del C.C.A: “El recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia se interpondrá y sustentará ante el a quo. Una vez
sustentado el recurso, se enviará al superior para su admisión. Si el recurso no es sustentado
oportunamente, se declarará desierto por el inferior.
El término para interponer y sustentar la apelación será de 10 días, contados a partir de la
notificación de la sentencia...”.
9

Radicación número: 54001-23-31-000-2004-01490-01 (48224)
Actor: Orlando Ordoñez Chavarro
Demandado: Nación-Ministerio De Salud Y Protección Social Y Otros
Referencia: Acción De Reparación Directa

06 del 2004 (fecha de presentación de la demanda) no había expedido la
constancia a que hace referencia el mencionado estatuto y que solo hasta la
expedición de dicha constancia se entiende interrumpido el término de la
caducidad”.

Agregó que la Procuradora 24 Judicial para Asuntos Administrativos de Cúcuta, dio
cumplimiento a lo ordenado por los artículos 21 y 2 de la Ley 640 de 2001, el 24 de
enero de 2005. “En ese orden de ideas, solo entonces y a partir del 24 de enero de
2005 comenzarían a correr los términos de caducidad que estaban suspendidos de
conformidad con los artículos 21 y 2 de la Ley 640 de 2001 y como la demanda se
había presentado aquél 6 de diciembre de 2004, sano, lógico y prudente es concluir
que fue presentada oportunamente” (fls. 825-829 c. 4).

4.2. El 23 de julio de 2013, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
concedió el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia de primera instancia (fls. 932 c. 4).

5. Trámite en segunda instancia

5.1. Por auto del 6 de septiembre de 2013 se admitió el recurso de apelación
formulado por la parte demandante (fl. 936 c. 4) y, el 21 de enero de 2016, corrió
traslado para los alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera
concepto (fl. 1054 c. 4).

5.2. La parte demandante reiteró lo manifestado en relación con la caducidad de la
acción. Agregó que se debe tener en cuenta que el demandante fue capturado el
19 de septiembre de 2002 “sin mediar orden de autoridad competente, violando
claros preceptos legales y constitucionales relacionados con el derecho al debido
proceso”, por lo que es dable predicar que la caducidad, en un principio, se
configuraría el 19 de septiembre de 2004 y al haber radicado la conciliación
extrajudicial el 6 de septiembre de 2004, se hizo dentro del término legal,
“quedándole 13 días más en su favor, plazo que por supuesto quedó suspendido
hasta el momento de llevarse a cabo la diligencia de conciliación misma, que solo
se realizó el 28 de octubre de 2004, pero como no cumplieron con el deber y la
obligación de hacerle entrega al accionante de las constancias de que trata los
artículos 2 y 21 de la Ley 640 de 2001 dicho término continuó suspendido hasta el
día que finalmente le hicieron entrega de las mismas, esto es, enero 24 de 2005”.

10

Radicación número: 54001-23-31-000-2004-01490-01 (48224)
Actor: Orlando Ordoñez Chavarro
Demandado: Nación-Ministerio De Salud Y Protección Social Y Otros
Referencia: Acción De Reparación Directa

Luego refiere que el auto de detención le fue dictado el 25 de septiembre de 2002,
para afirmar que el término de caducidad se cumplía el 25 de septiembre de 2004
y concluir lo antes referido.

Relató nuevamente los hechos por los cuales demanda y se refirió a las pruebas
obrantes en el proceso para concluir que se encontraba probada la responsabilidad
de las entidades demandadas (fls. 1055-1132 c. 4).

5.3. Etesa manifestó que su actuación se circunscribió exclusivamente a la
imposición de sanciones administrativas al demandante por la evasión de los
derechos de explotación de los juegos de suerte y azar, procedimiento
administrativo que se llevó a cabo con la participación del señor Ordóñez Chavarro
quien brindó su “información, participación, actuó con ánimo de señor y dueño de
los juegos de suerte y azar, solicitó información para su legalización y por último,
firmó asistencia de esta manera, las diligencias realizadas”.

Agregó, que si se accediera a las pretensiones de la demanda se estaría
permitiendo que el demandante explotara el monopolio rentístico de los juegos de
suerte y azar sin los permisos para explotar dicha actividad, razón por la cual solicitó
negar las pretensiones de la demanda (fls. 1033-1036 c. 4).

5.4. Los demás demandados y el Ministerio Público guardaron silencio en esta
etapa procesal.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de este proceso en segunda
instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 10 de mayo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander, toda vez que la cuantía de la demanda, fijada por la
pretensión mayor3, supera la exigida por la norma para tal efecto4.

3
Según el numeral 2 del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, antes de la modificación
efectuada por la Ley 1395 de 2010, la cuantía se determinaba así: “Por el valor de la pretensión
mayor, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones”.
4
De conformidad con el artículo 40 de la Ley 446 de 1998, los Tribunales Administrativos conocían
en primera instancia de las acciones de reparación directa cuando la cuantía excediera la suma
equivalente a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que para el año 2004
ascendían a la suma de $179´000.000, como en la demanda la pretensión mayor correspondió a
$535´000.000 solicitado por concepto de daño emergente, resulta claro que esta Corporación es
competente para conocer del recurso de apelación interpuesto.
11

Radicación número: 54001-23-31-000-2004-01490-01 (48224)
Actor: Orlando Ordoñez Chavarro
Demandado: Nación-Ministerio De Salud Y Protección Social Y Otros
Referencia: Acción De Reparación Directa

2. Ejercicio oportuno de la acción

Tal como se dejó consignado en líneas anteriores la sentencia impugnada declaró
la caducidad de la acción, decisión con la que no se encuentra conforme la parte
demandante y que ataca, específicamente, por considerar que como la
Procuraduría 24 Judicial para Asuntos Administrativos de Cúcuta no expidió al
momento de declarar fallida la audiencia de conciliación extrajudicial la certificación
de que tratan los artículos 2 y 21 de la Ley 640 de 2001, el término para interponer
la demanda se reanudó en la fecha en que expidió dicha certificación.

La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha precisado que la
figura de la caducidad es una sanción por no ejercer oportunamente las acciones
judiciales, para lo cual la ley establece unos términos dentro de los cuales el
interesado tiene la carga de promover el litigio. Si la acción judicial se ejerce por
fuera del tiempo, el accionante pierde la posibilidad de hacer efectivo el derecho
sustancial que persigue ante la administración de justicia.

Cuando opera la caducidad se extingue inexorablemente el derecho de acción, sin
que pueda alegarse excusa alguna para revivirlo, de manera que constituye una
garantía para la seguridad jurídica y el interés general, y representa el límite
temporal dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado
derecho; por consiguiente, por ser de orden público, la caducidad es indisponible,
irrenunciable y, se repite, el juez, cuando encuentre probados los respectivos
supuestos fácticos, puede declararla de oficio, aún en contra de la voluntad de las
partes. Sobre el particular, esta corporación -de manera pacífica y reiterada- ha
sostenido:

Cuando opera la caducidad se extingue el derecho de acción; de manera que,
si el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin
presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que
pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen,
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que
la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del
Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo
legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho
cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley (sic)
ejerce sus derechos, (sic) no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del
fenómeno indicado.

… La caducidad opera por el sólo transcurso objetivo del tiempo, y su término
perentorio y preclusivo, por regla general, no se suspende, no se interrumpe y
no se prorroga”5.

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 25 de
febrero de 2009, expediente 15983.
12

Radicación número: 54001-23-31-000-2004-01490-01 (48224)
Actor: Orlando Ordoñez Chavarro
Demandado: Nación-Ministerio De Salud Y Protección Social Y Otros
Referencia: Acción De Reparación Directa

Así no sea motivo de apelación, al momento de dictar sentencia le corresponde al
juez analizar aquellos presupuestos de la acción que le permitan decidir el fondo
del asunto, entre ellos, la caducidad, aspecto que no puede, ni debe entenderse
saneado o clausurado por virtud de las omisiones que se hubiesen presentado en
el transcurso del proceso, como lo consagra el artículo 164 del Código Contencioso
Administrativo en los siguientes términos:

En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el fallador encuentre probada.

(…).

El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las
excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la reformatio in pejus.

Ahora, para determinar la fecha desde la cual se debe iniciar el conteo de la
caducidad, resulta necesario volver sobre las pretensiones de la demanda, es así
como se encuentra que en el numeral primero, solicita la parte demandante que se
declare la responsabilidad de las demandadas por “el cierre del establecimiento
comercial del accionante aquel 4 de septiembre de 2002”.

En el numeral segundo, solicita la declaratoria de responsabilidad por haber sido
detenido el 19 de septiembre de 2002 “en flagrancia por la presunta violación del
artículo 312 de CP”.

De acuerdo con las pruebas que reposan en el plenario se encuentran probados los
siguientes hechos:

En el acta de sellamiento suscrita el 4 de septiembre de 2002, se hace constar que
un empleado perteneciente al grupo de control y vigilancia de Etesa se hizo presente
en el establecimiento de propiedad del ahora demandante, denominado Lucky Place,
diligencia en la que procedió a sellar 43 máquinas de juego, que se encontraban en
el lugar (fls. 72-73 c. 1).

El 19 de septiembre siguiente, detectives del DAS, en cumplimiento de una orden
emanada de la Dirección Seccional, procedieron a hacerse presentes en el
establecimiento de comercio Lucky Place, con el fin de verificar el cumplimiento de
una medida administrativa de sellamiento de las máquinas que se hallaban en el
lugar, encontrando que a las mismas les habían retirado el sello, estaban
funcionando y siendo utilizadas por el público.

13

Radicación número: 54001-23-31-000-2004-01490-01 (48224)
Actor: Orlando Ordoñez Chavarro
Demandado: Nación-Ministerio De Salud Y Protección Social Y Otros
Referencia: Acción De Reparación Directa

Según el informe de captura n.° 678, el ahora demandante, al ser indagado por el
motivo del retiro de los sellos “no dio explicación satisfactoria” y como la actividad
había quedado prohibida en el establecimiento de comercio enunciado, por carecer
de la respectiva licencia de funcionamiento de acuerdo con la Ley 643 de 2001,
procedieron a aprehender al señor Orlando Ordóñez Chavarro “en flagrancia” (fls.
152-155 c. 1).

De conformidad con lo previsto en el numeral 8° del artículo 136 del C.C.A., la acción
de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del
día siguiente “del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de
ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por
causa de trabajos públicos”.

Se insiste que en el caso bajo estudio, la demanda depreca la responsabilidad de
las entidades demandadas por: i) el cierre de su establecimiento de comercio
denominado Lucky Place, el día 4 de septiembre de 2002 y, ii) la retención del señor
Orlando Ordóñez Chavarro, el 19 de septiembre de 2002, fechas que de
conformidad con lo expuesto con antelación resultan claras.

De conformidad con el oficio 321 de 11 de noviembre de 2008, remitido al a quo,
por la Procuraduría 24 en lo Judicial para Asuntos Administrativos de Cúcuta 6, el
ahora demandante radicó la solicitud de conciliación extrajudicial el 6 de septiembre
de 2004, el 28 de octubre siguiente “se inicia la audiencia con la presencia del
peticionario y los apoderados del Ministerio de Defensa, ministerio de Protección
Social, DAS y Etesa y no se logra acuerdo alguno porque el Comité de Conciliación
de Defensa Judicial de cada una de las entidades, no impartió autorización para
conciliar. Por tal motivo la señora Procuradora manifiesta que, dado que no se logró
acuerdo entre las partes, se declara cerrada la etapa extrajudicial, se ordena
devolver los documentos al peticionario, quien los recibió de conformidad, y
efectuar las anotaciones correspondientes” (fls. 470-471 c. 2).

Con el anterior oficio fue remitida el acta de conciliación llevada a cabo el 28 de
octubre de 2004, en la que todas las entidades demandadas manifestaron no tener
ánimo conciliatorio, luego de dichas manifestaciones se lee:

Por lo anterior la Sra. Procuradora manifiesta que, dado que no se logró acuerdo
entre las partes, se declara cerrada la etapa extrajudicial, se ordena devolver
los documentos al peticionario y efectuar las anotaciones correspondientes. Se
notifica en estrados. Se entregan los documentos aportados para la conciliación
en 109 folios al peticionario, quien los recibe de conformidad.

6
La comunicación fue remitida en respuesta a la prueba solicitada por la parte demandante y
decretada en auto del 24 de abril de 2008 (fls. 405-407 c. 2).
14

Radicación número: 54001-23-31-000-2004-01490-01 (48224)
Actor: Orlando Ordoñez Chavarro
Demandado: Nación-Ministerio De Salud Y Protección Social Y Otros
Referencia: Acción De Reparación Directa

El acta se encuentra suscrita por el ahora demandante señor Orlando Ordóñez
Chavarro (fls. 472-473 c. 2).

Lo primero que se debe dejar claro es que para el momento en que fue presentada
la demanda -6 de diciembre de 2004- el requisito de la conciliación extrajudicial en
la jurisdicción contencioso administrativa no constituía requisito de procedibilidad,
tal como se explica a continuación.

La Ley 446 y el Decreto 1818 de 1998 no contemplaban en los procesos iniciados
ante la jurisdicción contencioso administrativa, la conciliación extrajudicial como
requisito de procedibilidad; lo anterior se comprueba con la lectura del artículo 80
de la Ley 446, compilado en el artículo 62 del Decreto 1818 que disponía: “[a]ntes
de incoar cualquiera de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del
Código Contencioso Administrativo, las partes individual o conjuntamente podrán
formular solicitud de conciliación prejudicial, al Agente del Ministerio Público
asignado al Juez o Corporación que fuere competente para conocer de aquéllas.
La solicitud se acompañará de la copia de la petición de conciliación enviada a la
entidad o al particular, según el caso, y de las pruebas que fundamenten las
pretensiones” (subraya fuera de texto).

La Ley 640 de 2001 introdujo la conciliación prejudicial como requisito previo a la
presentación de las acciones contenciosas contempladas en los artículos 86 y 87
del Código Contencioso Administrativo (artículos 357 y 378).

A pesar de haber sido introducido como requisito previo la presentación de la
conciliación extrajudicial, lo dispuesto en esa ley no llegó a regir en la jurisdicción
contencioso administrativa, dado que el artículo 42 ibídem condicionó su entrada
en rigor al cumplimiento de una condición que no logró cumplirse durante la
vigencia de dicha norma, consistente en que cada distrito judicial contara con “un
número de conciliadores equivalente a por lo menos el 2% del número total de
procesos anuales que por área entren a cada Distrito”.

Finalmente, la Ley 1285 de 2009, exigió como requisito de procedibilidad la
conciliación extrajudicial, ya no solo en las acciones de reparación directa y

7
“ARTÍCULO 35. <Ver Notas del Editor> <'Requisito de procedibilidad .... laboral' INEXEQUIBLE>
En los asuntos susceptibles de conciliación, la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de
procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones civil, contencioso administrativa, laboral y de
familia, de conformidad con lo previsto en la presente ley para cada una de estas áreas”.
8
“ARTÍCULO 37. Antes de incoar cualquiera de las acciones previstas en los
artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo, las partes, individual o conjuntamente,
deberán formular solicitud de conciliación extrajudicial, si el asunto de que se trate es conciliable. La
solicitud se acompañará de la copia de la petición de conciliación enviada a la entidad o al particular,
según el caso, y de las pruebas que fundamenten las pretensiones”.
15

Radicación número: 54001-23-31-000-2004-01490-01 (48224)
Actor: Orlando Ordoñez Chavarro
Demandado: Nación-Ministerio De Salud Y Protección Social Y Otros
Referencia: Acción De Reparación Directa

contractual, sino también en las de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo
13).

En los anteriores términos es claro que el ahora demandante podía acudir a la
jurisdicción contencioso administrativa a presentar la demanda sin que hubiera
agotado el requisito de la conciliación extrajudicial; sin embargo, una vez radicada,
de conformidad con la disposición contenida en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001,
el término de caducidad se suspende “hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o
hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite
sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el
artículo 2 de la presente ley o hasta que se venza el término de 3 meses a que se
refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero”.

Recapitulando se tiene que la demanda depreca la responsabilidad de las
entidades demandadas por: i) el cierre del establecimiento de comercio
denominado Lucky Place, el día 4 de septiembre de 2002 y, ii) la detención del
señor Orlando Ordóñez Chavarro, el 19 de septiembre de 2002, es decir, para el
primero de los eventos el término de caducidad vencía el 5 de septiembre de 2004
y para el segundo, el 20 de septiembre de ese mismo año. Como la solicitud de
conciliación se radicó el 6 de septiembre de 20049, se presentó en oportunidad,
para los dos eventos.

En los anteriores términos y conociendo que la conciliación extrajudicial se declaró
fallida el 28 de octubre de 2004, fecha en la cual le fueron entregadas las diligencias
al demandante, éste debía presentar la demanda, en relación con la primera
imputación el 29 de octubre siguiente y para la segunda el 11 de noviembre de
2004 10 , como la demanda se presentó el 6 de diciembre de 2004, resulta
extemporánea para los dos eventos enunciados.

No es de recibo la manifestación hecha por el demandante en cuanto a que como
la Procuraduría no entregó la certificación de que trata el artículo 2 de la Ley 640
de 200111 en la fecha en la cual se declaró fallida la conciliación, no le era exigible
la presentación de la demanda hasta tanto fuera expedida la misma.

9
Resulta relevante resaltar que el 5 de septiembre de 2004 era un domingo, razón por la cual la
solicitud fue radicada el primer día hábil siguiente, 6 de septiembre.
10
Cuando el demandante presentó la solicitud de conciliación faltaban 14 días para que se cumpliera
el término de caducidad.
11
Constancias. El conciliador expedirá constancia al interesado en la que se indicará la fecha de
presentación de la solicitud y la fecha en que se celebró la audiencia o debió celebrarse, y se
expresará sucintamente el asunto objeto de conciliación, en cualquiera de los siguientes eventos:
1. Cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo.
2. Cuando las partes o una de ellas no comparezca a la audiencia. En este evento deberán indicarse
expresamente las excusas presentadas por la inasistencia si las hubiere.
16

Radicación número: 54001-23-31-000-2004-01490-01 (48224)
Actor: Orlando Ordoñez Chavarro
Demandado: Nación-Ministerio De Salud Y Protección Social Y Otros
Referencia: Acción De Reparación Directa

Lo anterior porque tal como quedó consignado en el acta que declaró fallida la
conciliación, el 28 de octubre de 2004, la Procuradora 24 en lo judicial para asuntos
administrativos de Cúcuta declaró “cerrada la etapa extrajudicial” y le hizo entrega
al ahora demandante de todas las diligencias, es decir, clausuró el proceso que se
abrió en dicha dependencia, razón por la cual era claro que quedaba facultado para
presentar la demanda porque se había cumplido una de las condiciones, no se logró
acuerdo conciliatorio y se devolvieron los documentos aportados por el solicitante.

Además, esa era la oportunidad para que se expidiera la certificación de que trata
el artículo 2 de la Ley 640 de 2001 y de no haberse hecho, el demandante debía
exigirla; sin embargo, bastaba con que al momento de presentar la demanda la
acompañara con la copia del acta de la audiencia de conciliación celebrada el 28
de octubre de 2004, en la que se dejó constancia de que no se logró acuerdo
conciliatorio.

Ahora bien, la exigencia de que se expida la certificación a que se refiere el artículo
2 de la Ley 640 de 2001, debe leerse en armonía con lo previsto en el artículo 21
ibídem12, según el cual el término de caducidad se suspende desde el momento en
que se radica la solicitud de conciliación extrajudicial y hasta que ocurra cualquiera
de los siguientes eventos: i) hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que
el acta de conciliación se haya registrado, en los casos en que este trámite sea
exigido por la ley, ii) hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo
2º de la Ley 640 de 2001, o iii) hasta que venza el término de tres (3) meses.

Uno de los eventos en los que se debe expedir la constancia es cuando se efectúe
la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo, que fue lo que sucedió en el
presente caso, razón por la cual debía la Procuraduría, expedir la certificación a que
se refiere el artículo 2 de la Ley 640 de 2001, junto con la entrega de los documentos
radicados para la conciliación extrajudicial, a fin de que el solicitante pudiera
presentar la demanda.

3. Cuando se presente una solicitud para la celebración de una audiencia de conciliación, y el asunto
de que se trate no sea conciliable de conformidad con la ley. En este evento la constancia deberá
expedirse dentro de los 10 días calendario siguientes a la presentación de la solicitud.
En todo caso, junto con la constancia se devolverán los documentos aportados por los interesados.
Los funcionarios públicos facultados para conciliar conservarán las copias de las constancias que
expidan y los conciliadores de los centros de conciliación deberán remitirlas al centro de conciliación
para su archivo.
12
ARTÍCULO 21. SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN O DE LA CADUCIDAD. La presentación
de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de
prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que
el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o
hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que
se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta
suspensión operará por una sola vez y será improrrogable.
17

Radicación número: 54001-23-31-000-2004-01490-01 (48224)
Actor: Orlando Ordoñez Chavarro
Demandado: Nación-Ministerio De Salud Y Protección Social Y Otros
Referencia: Acción De Reparación Directa

Se debe resaltar que no obra en el proceso prueba de que se hubiera expedido
dicha certificación, además, en el oficio 321 de 11 de noviembre de 2008 remitido
por la Procuraduría al a quo, tampoco se afirmó que se hubiera hecho entrega de
la misma, ni se remitió copia de ésta, pero si se resaltó que, el 28 de octubre de
2004, se había hecho entrega de los documentos radicados y se había declarado
cerrada la etapa extrajudicial, es decir, se dio por terminado el trámite ante la
Procuraduría.

Tampoco obra en el plenario constancia de que el ahora demandante hubiera
solicitado la expedición de la certificación tantas veces enunciada y que la
Procuraduría hubiera negado su expedición; por el contrario, en el acta de
conciliación se dejó constancia de que el ahora demandante recibió a satisfacción
los documentos que había radicado para la conciliación y aceptó en forma pacífica
la terminación del trámite extrajudicial, sin que hubiera hecho algún
pronunciamiento diferente a su aceptación.

En síntesis, pesar de que no obra constancia de la entrega al demandante de la
certificación de que trata el artículo 2 de la Ley 640 de 2001, no es dable concluir
que dicha omisión hubiera generado la prolongación de la suspensión de la
caducidad, para contar dicho término desde el vencimiento de los 3 meses,
contados a partir de la radicación de la solicitud de conciliación, dado que, de
conformidad con los artículos 2, y 21 de la Ley 640 de 2001, una vez agotada el
trámite extrajudicial, el solicitante debe acudir ante la jurisdicción a presentar la
demanda.

En los anteriores términos, fuerza concluir que se debe confirmar la sentencia
proferida en primera instancia.

3. Condena en costas

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se
abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171
del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

18

Radicación número: 54001-23-31-000-2004-01490-01 (48224)
Actor: Orlando Ordoñez Chavarro
Demandado: Nación-Ministerio De Salud Y Protección Social Y Otros
Referencia: Acción De Reparación Directa

F A L L A:

PRIMERO. CONFIRMAR La sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander el 10 de mayo de 2013.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al
tribunal de origen.

Se deja constancia que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

19

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