Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00315-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00315-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-00315-00
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
23 de febrero de 2023
Demandante: Américo Perea Valoyes
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-00315-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación No: 11001-03-15-000-2023-00315-00
Demandante: AMÉRICO PEREA VALOYES
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C Y OTROS
Temas: Tutela contra providencia judicial. Relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por el señor Américo Perea
Valoyes, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política,
artículo 86 y desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1. La petición de amparo
Mediante escrito radicado el 24 de enero de 2023 en el Sistema de Recepción de
Tutelas y Habeas Corpus en línea de la Rama Judicial, el señor Américo Perea
Valoyes, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, el Juzgado
Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, la Universidad Nacional
de Colombia y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con el fin de que
se protejan sus derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, al debido
proceso, a la seguridad social y a la seguridad jurídica.
Consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión de las
sentencias del 9 de mayo y 23 de noviembre de 2022, a través de las cuales las
autoridades judiciales demandadas declararon la incompatibilidad entre las dos
pensiones de jubilación reconocidas al accionante por parte de las referidas
instituciones de educación superior; tales decisiones fueron adoptadas dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-024-
2018-00508-01, promovido por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
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Demandante: Américo Perea Valoyes
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-00315-00
contra el señor Américo Perea Valoyes y cuyo tercero con interés era la
Universidad Nacional de Colombia.
En concreto, solicitó a esta Corporación:
“1. Se ordene que a través de la decisión proferida por su Despacho se
modifique la sentencia dictada por el TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN C accionado, pronunciándose esa honorable corporación
frente al contenido del numeral segundo de la sentencia de primera instancia.
2. Que dentro del pronunciamiento realizado, se determine por parte del H.
Tribunal que en desarrollo del contenido del artículo 31 del decreto 3135 de
1968 y 88 del decreto reglamentario 1848 de 1969 las entidades accionadas
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA y UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS deben realizar todos los trámites
administrativos necesarios para dar cumplimiento a la orden legal allí
contenida disponiendo que el demandado AMÉRICO PEREA VALOYES
puede escoger el reconocimiento pensional más benéfico para sus intereses.
3. Solicito al H. Consejero se sirva disponer lo necesario para que de manera
definitiva la entidad UNISALUD mantenga y preste todos los servicios de
salud a que tengo derecho sin perder la cobertura que me debe brindar el
sistema de seguridad social en salud al que me encuentro afiliado.
4. Adoptar cualquier medida que determine la protección de los derechos que
ostento por mi calidad de persona de especial protección constitucional”.
(Resaltado del texto original)
2. Hechos
Del escrito de tutela y el expediente ordinario se extraen los siguientes supuestos
fácticos que, a juicio de la Sala, resultan relevantes para la decisión que se va a
adoptar dentro del presente asunto.
El actor mencionó que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a través
de Resolución No. 030 del 29 de febrero de 1996, le reconoció una pensión de
jubilación por su labor como profesor de tiempo parcial entre el 20 de febrero de
1975 y el 31 de diciembre de 1996.
Informó que la Universidad Nacional de Colombia, mediante Resolución CP-0479
del 16 de marzo de 1989, también le había reconocido una pensión de jubilación
por haber laborado en dicho ente educativo y el Colegio Mayor de Cundinamarca
por más de 20 años de servicio.
Señaló que la atención en salud fue asumida por la Unidad de Servicios de Salud
de la Universidad Nacional de Colombia, Unisalud, entidad que le brinda los
tratamientos para su enfermedad de Parkinson, fractura en vértebra lumbar,
lumbago, edema de córnea y pseudofaquia.
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Por su parte, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas interpuso demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho (lesividad) con el fin de que se anulara
la Resolución No. 030 del 29 de febrero de 1996, comoquiera que la pensión de
jubilación reconocida por dicha institución resultaba incompatible con la que había
sido otorgada al actor por la Universidad Nacional de Colombia, en atención a que
amparaban el mismo riesgo social de vejez y desconocían la prohibición de
percibir una doble asignación del erario.
En el mismo proceso, la Universidad Nacional de Colombia presentó una
demanda de reconvención con el fin de que la declaratoria de nulidad se hiciera
respecto de la Resolución CP-0479 del 16 de marzo de 1989, con base en los
mismos argumentos.
A su vez, el señor Américo Perea Valoyes también interpuso demanda de
reconvención para que se ordenara la reliquidación de la pensión otorgada por la
Universidad Nacional de Colombia, incluyendo como factor salarial la mesada
pensional otorgada por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y así se
constituyera en una pensión compartida.
El Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante
sentencia del 9 de mayo de 2022, declaró la incompatibilidad pensional entre
ambas asignaciones.
Como fundamento de su decisión, refirió que las pensiones fueron otorgadas al
señor Perea Valoyes por haber laborado como docente de medio tiempo y/o
tiempo parcial, y aunque cada una de ellas fue reconocida por tiempos de
servicios diferentes, lo cierto era que las dos estaban encaminadas a protegerlo
frente a un riesgo de origen común como lo es la vejez.
Además, precisó que la financiación de una y otra prestación proviene de recursos
públicos derivados de los servicios prestados a las referidas instituciones de
educación superior, las cuales ostentan el carácter de entidades públicas del
orden nacional.
Finalmente, consideró que la pensión más beneficiosa económicamente para el
señor Perea Valoyes era la otorgada por la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, razón por la cual declaró la nulidad de la Resolución CP-0479 del 16 de
marzo de 1989, a través de la cual la Universidad Nacional de Colombia había
otorgado la pensión de jubilación.
Inconforme con la anterior decisión, el aquí accionante interpuso recurso de
apelación al considerar que la pensión de jubilación reconocida por la Universidad
Nacional de Colombia debía mantenerse incólume, comoquiera que la
jurisprudencia del Consejo de Estado había admitido que una persona devengara
simultáneamente la pensión de jubilación y el salario como docente de tiempo
completo.
De igual manera, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas apeló el fallo
de primera instancia bajo el argumento de que la pensión reconocida por dicha
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institución era posterior a la otorgada por la Universidad Nacional de Colombia,
por lo que su acto administrativo era el que estaba viciado por haber sido emitido
cuando el señor Perea Valoyes ya percibía otra asignación con cargo al erario.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, a
través de sentencia del 23 de noviembre de 2022, adicionó la decisión inicial en el
sentido de declarar además la nulidad de la Resolución CP-1109 del 6 de mayo de
1992, con la cual el rector de la Universidad Nacional de Colombia había
modificado parcialmente el acto administrativo de reconocimiento de la pensión del
actor.
Así mismo, revocó la condena en costas emitida por el a quo y confirmó el fallo
impugnado con base en los mismos argumentos.
3. Sustento de la vulneración
La parte actora se limitó a indicar que la pensión de jubilación más favorable para
una persona no puede ser escogida a criterio del operador judicial.
Señaló que tanto el artículo 31 del Decreto 3135 de 1968 como el artículo 88 del
Decreto Reglamentario 1848 de 1969 establecen que las pensiones de jubilación,
invalidez y retiro por vejez son incompatibles entre sí, y que el empleado o
trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya concurrencia de ellas.
Recalcó que, según dichas normas, el beneficiario es quien tiene el poder
decisorio para optar por su derecho pensional, por lo que el hecho de que los
jueces de instancia se hayan atribuido tal prerrogativa desconoce sus derechos
fundamentales.
Aseguró que, en su caso, resultaba más favorable optar por los beneficios que
conllevaba la pensión de jubilación de la Universidad Nacional de Colombia, no
por el monto económico de la mesada, sino por los servicios médicos con los que
cuenta al estar afiliado a la Unidad de Servicios de Salud, Unisalud.
Sostuvo que se le privó de la oportunidad de escoger los servicios médicos
asistenciales que ha venido disfrutando durante 30 años, por lo que ahora debe
agotar trámites más complejos como tener que solicitar citas de medicina general
para obtener la remisión a médicos especialistas, situación que pone en riesgo su
salud.
4. Trámite de la acción de tutela
A través de auto del 3 de febrero de 2023 se admitió la acción de tutela y ordenó
notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, al juez Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá y a los representantes legales de la Universidad Nacional de Colombia y
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
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5. Argumentos de defensa
Realizadas las notificaciones de rigor, se dieron las siguientes intervenciones:
5.1. Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
La secretaria de dicho despacho judicial se limitó a informar que el expediente del
proceso ordinario objeto de controversia se encontraba en el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca surtiendo el trámite de segunda instancia, por lo
que había remitido la notificación correspondiente a dicha corporación.
5.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C
La magistrada ponente de la decisión de segunda instancia cuestionada indicó
que se remitía a las consideraciones de dicha providencia, de la cual se podía
establecer la inexistencia de la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por el actor.
Adujo que la decisión fue tomada con base en el análisis fáctico y jurídico
correspondiente y que se sometía a la decisión del juez constitucional a que
hubiere lugar.
Informó que, en todo caso, se encuentra pendiente por resolver la solicitud de
aclaración, corrección, modificación y adición presentada por la parte actora
respecto del fallo censurado.
5.3. Universidad Nacional de Colombia
La directora del Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia solicitó
que se denieguen las pretensiones de la acción.
Aseguró que lo pretendido por el actor es que se reabra, estudie y falle
nuevamente el caso, únicamente con base en su inconformidad con lo decidido
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.
Sostuvo que no se cumple el requisito de subsidiariedad en atención a que aún se
encuentra pendiente por definir la solicitud de aclaración, adición, corrección y
modificación presentada por el actor frente a la sentencia de segunda instancia, la
cual versa sobre las mismas pretensiones de la solicitud de amparo constitucional,
esto es, que se defina cuál de las dos pensiones resulta más beneficiosa en su
caso concreto, así que no es posible que se efectúe un estudio de fondo sin que
se resuelva dicha petición por parte del juez ordinario.
Aclaró que, no obstante, en el proceso ya se estableció que la pensión más
beneficiosa para el accionante es la otorgada por la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas, por lo que no hay lugar a realizar un nuevo pronunciamiento
sobre el particular.
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Añadió que, si el actor consideraba que la pensión reconocida por la Universidad
Nacional de Colombia era más favorable a sus intereses, debió plantearlo en
alguna de las oportunidades previstas para ello en el proceso ordinario,
especialmente al contestar la demanda, al presentar la demanda de reconvención
o en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, pero guardó
silencio frente a este aspecto.
Consideró que la acción de tutela tampoco procede como mecanismo
extraordinario para evitar un perjuicio irremediable, ya que el señor Perea Valoyes
se encuentra en la nómina de pensionados de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas, así que tiene derecho a ser afiliado a la EPS de su preferencia y
continuar gozando de la atención que requiere.
Mencionó que el tutelante no planteó alguno de los defectos establecidos por la
jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
Con todo, aseveró que en la decisión de segunda instancia se estudió el caso a
partir de la compatibilidad entre dos pensiones de jubilación y, con base en las
pruebas y la normatividad aplicables a la controversia, estableció que no era
posible que un mismo beneficiario disfrutara simultáneamente de dos pensiones
que cubrían el mismo riesgo.
5.4. Unidad de Servicios de Salud de la Universidad Nacional de Colombia,
Unisalud
La gerente de dicha entidad informó que el señor Américo Perea Valoyes registra
novedad de retiro a partir del 1º de enero de 2023, debido a que perdió la calidad
de pensionado de la Universidad Nacional de Colombia en cumplimiento del fallo
atacado.
Manifestó que mediante Oficio N.1.013.B.05581-2022 del 12 de diciembre de
2022, se le comunicó tal situación al accionante y se le indicó que debía afiliarse a
la aseguradora en salud de su elección, ya que Unisalud no permite la afiliación de
personas que no gocen del estatus de pensionado de la referida institución de
educación superior.
Recalcó que el actor debía acogerse a una EPS del sistema general de seguridad
social en salud y, de requerir algún servicio, lo podía solicitar a la entidad a la que
se afiliara ya que los tratamientos, intervenciones, controles, entre otros, se deben
continuar sin que sea posible alegar una “preexistencia”.
Por lo anterior, solicitó negar el amparo solicitado por el señor Perea Valoyes.
5.5. Universidad Distrital Francisco José de Caldas
El apoderado del ente de educación superior, luego de analizar los postulados que
rigen las acciones de tutela contra providencias judiciales, afirmó que no se
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encontraban configurados los presupuestos necesarios para la procedencia de la
solicitud de amparo en el caso concreto.
Por lo anterior, solicitó declarar la improcedencia de la acción o, en su lugar, negar
sus pretensiones y abstenerse de emitir condena alguna en contra de dicha
universidad.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de
tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021,
y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2. Problema jurídico
Corresponde en este caso determinar si, tal y como lo argumenta la parte actora,
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, el
Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, la Universidad
Nacional de Colombia y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
desconocieron derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, al debido
proceso, a la seguridad social y a la seguridad jurídica con ocasión de las
sentencias del 9 de mayo y 23 de noviembre de 2022, a través de las cuales las
autoridades judiciales declararon la incompatibilidad entre las dos pensiones de
jubilación reconocidas al accionante por parte de las referidas instituciones de
educación superior, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 11001-33-35-024-2018-00508-01.
En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de encontrarse
superados se analizará (iii) el fondo del asunto.
3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en fallo del treinta y uno (31) de julio de dos mil doce
(2012)1, mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía
sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales2,
conforme al cual:
1
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
2
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
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“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el
criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido
el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes
y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-
10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y
se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el
estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros
fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”3.
La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de
tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de
tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de
unificación.
Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues
la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento
jurisprudencialmente…”.
En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 de la Carta y,
por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial
no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia4 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir
cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -procedencia
sustantiva- y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto -
procedencia adjetiva-.
En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que el asunto
sea relevante desde el punto de vista constitucional, ii) que no se trate de tutela
contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
3
Idem.
4
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
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Por el contrario, cumplidos esos requisitos, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Se resalta que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
“tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
4. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva.
4.1. Relevancia Constitucional
Para comenzar por el estudio de los parámetros esenciales de viabilidad de la
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, la Sala encuentra que el
caso objeto de estudio no es relevante desde el punto de vista constitucional, por
cuanto al revisar el escrito que dio origen a la acción de tutela se puede colegir
que la parte actora únicamente planteó una inconformidad con lo resuelto por la
autoridad judicial demandada, sin que haya cumplido con una carga argumentativa
suficiente que permita establecer una verdadera vulneración de las garantías
superiores relativas a la salud, a la vida digna, al debido proceso, a la seguridad
social y a la seguridad jurídica.
Lo anterior, en consonancia con la sentencia del 29 de septiembre de 20225, en la
que la Sección Quinta declaró la improcedencia de la acción por no superar el
requisito de relevancia constitucional, ya que el actor no propuso ningún debate
jurídico en torno a la trasgresión de algún derecho fundamental y lo que pretendía
era someter nuevamente a discusión lo que analizó el juez natural de la causa.
Esto, de conformidad con la postura fijada por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 2022, a través de la cual se unificaron los criterios respecto
del precitado presupuesto.
En el aludido pronunciamiento, el Alto Tribunal revisó las sentencias proferidas en
primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de
Estado, dentro de una acción de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S.
contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de cierre6.
5
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA. Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-01. Demandante:
DARÍO JOSÉ MONTERO GUERRERO. Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN B Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO – SALA ORAL A.
6
En dicho proceso, la Sección Quinta definió en primera instancia declarar la improcedencia por no
encontrar satisfecho el requisito general de procedibilidad de la subsidiariedad, y negó otros cargos
de la acción constitucional. En segunda instancia, la Sección Primera confirmó integralmente la
decisión del a quo. Con la acción constitucional reprochó las sentencias dictadas dentro de un
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido contra las liquidaciones
oficiales de revisión expedidas por la DIAN, en las que se incluyó como ingresos gravados la tarifa
del IVA por los servicios de producción prestados por RTI S.A.S. y se le sancionó por inexactitud
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Demandante: Américo Perea Valoyes
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En esa oportunidad, al momento de estudiar los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sección
Quinta se limitó a examinar la inmediatez, que no se tratara de una acción de
tutela contra una decisión de la misma naturaleza y la subsidiariedad.
Por su parte, la Sección Primera encontró satisfechos los requisitos generales que
ha señalado la Corte Constitucional7, salvo el de la subsidiariedad frente a uno de
los cargos y, sobre la relevancia constitucional determinó que «se invocaron los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados».
No obstante, la Corte Constitucional, al momento de estudiar los citados requisitos
en sede de revisión, encontró que la acción de tutela carecía de relevancia
constitucional.
En el mencionado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «…el juez de
tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada
señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y
exhaustivo de la providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó en que, cuando se
cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser
más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de
cierre…».
El Alto Tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
cuestionado, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia
adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las
normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez, la citada Corporación precisó que las finalidades de este requisito son
las siguientes:
«(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal8» (Énfasis de la Sala).
frente a las declaraciones sobre el impuesto sobre las ventas que presentó por el año gravable
2010.
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i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
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Sentencia SU 573 de 2019.
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Demandante: Américo Perea Valoyes
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-00315-00
Así mismo, luego de abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo
que reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia
constitucional, la Corte consideró que el mecanismo de tutela no cumplía con este
postulado, puesto que:
i) No tenía la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental,
ii) involucraba un debate eminentemente legal,
iii) planteaba una discusión preponderantemente económica y,
iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.
En el caso objeto de estudio, la acción de tutela presentada por el señor Américo
Perea Valoyes no satisface el requisito de relevancia constitucional, ya que no
cumple con una carga argumentativa suficiente para demostrar la grave violación
de sus derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, al debido proceso, a la
seguridad social y a la seguridad jurídica.
Por lo mismo, el debate planteado por la parte actora no tiene la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de
un derecho fundamental.
En efecto, la solicitud de amparo se limita a advertir una inconformidad con la
decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, que confirmó la decisión del Juzgado Veinticuatro
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, relacionada con la definición de la
pensión más beneficiosa para su caso, sin que se identificaran de manera
razonable las razones de la transgresión de las garantías del accionante.
Específicamente, en el escrito de tutela únicamente se planteó que el juez
ordinario no podía elegir cuál de las pensiones era la más favorable a sus
intereses, ya que se trataba de una facultad exclusiva del beneficiario.
Al margen de la razonabilidad de este argumento, la Sala no advierte un esfuerzo
tendiente a demostrar algún tipo de irregularidad en la providencia cuestionada y,
por el contrario, es evidente que la parte actora únicamente alegó un desacuerdo
con decisión adoptada en segunda instancia por el Tribunal demandado.
La Sala precisa que, si bien se permite a los solicitantes de la tutela un cierto
margen de informalidad tanto en su ejercicio como en el desarrollo argumentativo
que deben realizar en el escrito introductorio, lo cierto es que no se puede dejar de
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lado el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el Decreto 2591 de
19919.
En las acciones de tutela contra providencias judiciales se exige la observancia de
una carga argumentativa mayor, sin que ello implique una técnica hermenéutica
específica, pues lo pretendido es que se expliquen los motivos por los cuales el
auto o la sentencia vulneran los derechos fundamentales invocados y cómo este
debate trasciende a un estudio de índole constitucional.
La razón de ser de esta exigencia radica, principalmente, en que si prospera el
amparo deprecado se afectaría el principio de cosa juzgada de la providencia cuyo
análisis se pretende en sede de tutela, estudio que solo tiene lugar cuando de la
argumentación que el actor realice se deduzca con claridad que la decisión es
arbitraria e irrazonable y que con ella se quebrantan derechos fundamentales.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la acción de tutela no constituye una
tercera instancia en la que la intervención del juez constitucional implique la
realización de un nuevo estudio de los elementos probatorios y de los
fundamentos jurídicos que sirvieron de soporte a la decisión que se pretende
controvertir.
Como se expuso en líneas precedentes, en el caso objeto de debate la parte
actora se limitó a plantear la inconformidad con decisión adoptada en segunda
instancia, a partir de la cual se declaró la incompatibilidad de las dos pensiones
reconocidas a su favor y se definió que la más favorable era la otorgada por la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Sin embargo, el accionante no expuso ningún argumento que esta Sala de
Decisión pueda enmarcar en alguno de los defectos de procedencia sustantiva de
la tutela contra providencias judiciales, ya que únicamente reprochó que las
autoridades judiciales, tanto en primera como en segunda instancia, se atribuyeran
una facultad que era propia del beneficiario de la pensión.
En ese sentido, no es posible emitir un pronunciamiento de fondo sobre el
particular, pues, como se explicó en precedencia, la carga argumentativa mínima
se erige como un presupuesto de inescindible cumplimiento para la intervención
del juez constitucional y, de esta manera, determinar la eventual configuración de
yerros sustanciales en las providencias cuestionadas, que de suyo puedan
vulnerar los derechos fundamentales invocados.
Se reitera, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión
judicial se transgredieron determinados derechos constitucionales, sino que es
necesario que la afectación o transgresión logre: i) cumplir con la carga de
argumentativa derivada de una providencia judicial en abierta contradicción de los
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Artículo 14: i) exponer con claridad los hechos y derechos que motiva la acción; ii)
identificación del accionante y autoridad demandada; iii) Declaración juramentada de no haber
interpuesto otra acción por los mismos hechos y derechos.
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mandatos constitucionales y, ii) que implique la intervención del juez
constitucional.
De modo que, un desacuerdo en relación con las conclusiones a las que arribó la
autoridad judicial ordinaria no puede ser razón para que el juez constitucional
intervenga en la protección de los derechos fundamentales, puesto que, aceptar lo
contrario, sería invadir la facultad o potestad del competente natural.
Así las cosas, la Sala considera que no se acreditaron los criterios fijados por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 para encontrar superado el
requisito de relevancia constitucional, ya que la solicitud de amparo no cumple con
una carga argumentativa suficiente para demostrar la grave violación de los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados y, por ende, el debate
planteado por la parte actora no tiene la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental.
4.2. Subsidiariedad
En consonancia con lo anterior, la Sala considera que la acción de tutela tampoco
cumple el requisito de subsidiariedad que debe caracterizarla.
Sobre este presupuesto, el artículo 86 de la Constitución Política consagró la
acción de tutela en los siguientes términos:
“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma
o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
(…)
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.” (Se resalta)
De igual manera, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 estipuló:
“La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante. Se entiende por irremediable el perjuicio que solo pueda ser reparado
en su integridad mediante una indemnización”. (Negrilla fuera de texto)
Así mismo, a través de sentencia T-458 de 2014 la Corte Constitucional refirió
aspectos sobre el principio de subsidiariedad, así:
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“En cuanto al requisito de subsidiariedad, esta Corporación ha señalado que
para que la tutela, que constituye un mecanismo residual y subsidiario, proceda
al ser interpuesta por una persona se debe cumplir con las exigencias de que el
actor (i) no disponga de otro medio de defensa judicial para proteger de manera
inmediata sus derechos fundamentales vulnerados; o (ii) que existiendo otro
medio de defensa judicial, se presenten dos eventos: (a) que el mecanismo no
sea idóneo para el amparo de los derechos afectados, de manera que la tutela
los proteja de forma directa; o (b) que la tutela sea un mecanismo transitorio para
que se evite un perjuicio irremediable.
En este orden de ideas, el juez de tutela debe comprobar la existencia de otro
medio de defensa judicial, evaluar las circunstancias que se invoquen en la
acción constitucional (de conformidad con el artículo 6º del Decreto 2591 de
1991) y verificar si el mecanismo existente puede brindar o no soluciones de
forma clara, definitiva y precisa al demandante, que constituya una protección
similar o análoga a la que el juez constitucional le podría brindar a través del
amparo tutelar.”
De allí se tiene que la acción de tutela es un mecanismo de carácter residual y
subsidiario que procede únicamente cuando no existan otros medios de defensa
judicial, razón por la cual no puede ser utilizada como un trámite alternativo para
sustituir los trámites judiciales que el ordenamiento ha dispuesto para el efecto.
En este caso, al revisar el expediente del proceso ordinario se evidencia que el
señor Perea Valoyes nunca planteó algún argumento en el que pusiera de
presente su intención de optar por una u otra pensión por resultar más
beneficiosa.
En efecto, ni en la contestación de la demanda ni en la demanda de reconvención
se hizo pronunciamiento alguno relacionado con su intención de optar por la
pensión de jubilación reconocida por la Universidad Nacional de Colombia, en
caso de que se declarara la incompatibilidad de las dos prestaciones que
devengaba hasta entonces
Además, en el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia tampoco
alegó su inconformidad con la decisión del Juzgado Veinticuatro Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá de establecer que la pensión más beneficiosa era la
otorgada por la Universidad Francisco José de Caldas.
Únicamente puso de presente tal situación al solicitar la adición, aclaración,
modificación y corrección de la sentencia de segunda instancia ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, autoridad que,
en todo caso, rechazó tal petición mediante auto del 8 de febrero de 2023 por ser
extemporánea.
En ese orden de ideas, es evidente que el actor no hizo uso de los mecanismos
judiciales de defensa que tuvo a su disposición al interior del proceso ordinario,
por lo que no es posible que utilice la acción de tutela para corregir los errores o
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falencias en que incurrió durante el desarrollo de la controversia ante los jueces
naturales de la causa.
Así las cosas, la solicitud de amparo tampoco cumple el requisito de
subsidiariedad.
Por todo lo hasta aquí estudiado, la acción de tutela presentada por el señor
Américo Perea Valoyes será declarada improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela presentada por el
señor Américo Perea Valoyes de conformidad con lo señalado en la parte
considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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