Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00393-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-00393-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00393-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-00393-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
18 de mayo de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00393-01
Demandante: Neila Cecilia Hurtado Camacho
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00393-01
Demandante: NEILA CECILIA HURTADO CAMACHO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN E, Y OTRO
Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL –
REQUISITOS GENERALES DE PROCEDIBILIDAD
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandada contra la
providencia del 22 de febrero de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B que decidió:
“PRIMERO: Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la señora Neila Cecilia
Hurtado Camacho, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Dejar sin efectos la sentencia del 30 de septiembre de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que promovió la señora Neila
Cecilia Hurtado Camacho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduprevisora S. A. (expediente
11001-33-42-047-2018-00470-01).
TERCERO: Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta
decisión, profiera una nueva providencia, en lo relacionado con la reliquidación de la
pensión de invalidez reclamada, en particular, en lo que atañe a la inclusión de la prima
de servicios, en atención a las consideraciones expuestas en esta sentencia. (…)”
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
La señora Neila Cecilia Hurtado Camacho, mediante apoderado, interpuso acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, al mínimo vital y de acceso a la administración de justicia.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la prosperidad de la
acción, respetuosamente solicito SE DEJEN SIN EFECTOS la sentencia emitida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN E de fecha 30 de septiembre del 2022, mediante la cual REVOCA la sentencia
07 de diciembre del 2020 proferida por el Juzgado Cuarenta y Siete (47) Administrativo de
Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Segunda respecto a la reliquidación de la
pensión de invalidez.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00393-01
Demandante: Neila Cecilia Hurtado Camacho
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente al Honorable
Consejo de Estado se ORDENE AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN E a proferir sentencia de fondo ordenando al FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a reliquidar la pensión de
invalidez de la señora NEILA CECILIA HURTADO CAMACHO EQUIVALANTE AL 75 % del
último salario devengado sobre el cual cotizó la demandante, incluyendo TODOS los factores
salariales devengados en el año anterior al retiro del servicio.
TERCERO: Así mismo ordenar el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social de
los factores salariales que se tengan en cuenta para liquidar el IBL, sobre las cuales no se
efectuaron los respectivos aportes al sistema de seguridad social.
CUARTO: Que se condene en costas a las entidades demandadas de conformidad con el
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
QUINTO: Solicito cordialmente a su distinguida Sala si es el caso oficiar al Juzgado Cuarenta
y Siete (47) Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Segunda
para que allegue en su integralidad 11001334204720180047001, en dado caso de que el
expediente administrativo haya sido devuelto al juzgado de origen.”
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
La señora Neila Cecilia Hurtado Camacho prestó sus servicios como docente oficial
al servicio del Estado desde el 14 de abril de 1994 hasta el 13 de abril de 2017,
momento en el que le fue decretada pérdida de capacidad laboral del 77.3 % razón
por la que mediante Resolución núm. 462 del 27 de marzo de 2017 fue retirada del
servicio.
En virtud de lo anterior, la señora Hurtado Camacho solicitó ante el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG) el reconocimiento y
pago de la pensión de invalidez, la cual le fue reconocida por Resolución núm. 7582
del 3 de octubre de 2017 con un IBL del 75 % del último salario devengado; sin
embargo, dicho reconocimiento no incluyó la totalidad de los factores salariales
devengados, entre ellos la prima de servicios.
Inconforme con lo anterior, el 2 de agosto de 2018 la parte actora radicó petición
ante el FOMAG con la finalidad de que se reajustara la pensión reconocida, dado
que no se tuvieron en cuenta todos los factores salariales a que tenía derecho.
Además, le fueran reintegrados los descuentos del 12% efectuados en salud en las
mesadas adicionales.
El FOMAG mediante Resolución núm. 9716 del 24 de septiembre de 2018 negó el
reajuste de la pensión y el reintegro y suspensión de los descuentos efectuados por
concepto de seguridad social en salud solicitados por la demandante.
Como consecuencia de lo anterior, la demandante interpuso demanda del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se declarara
la nulidad del referido acto administrativo y en consecuencia se ordenara el
respectivo ajuste con el reconocimiento y pago de la totalidad de los factores
salariales devengados al momento del retiro, tales como la prima de servicio.
El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Juzgado 47
Administrativo de Bogotá que, en sentencia del 7 de diciembre de 2020, negó la
reliquidación de la pensión con inclusión de la prima de servicios y accedió en
cuanto a la suspensión de cobro de aportes de seguridad social sobre la mesada
adicional diciembre y ordenó el reintegro de lo cobrado por ese concepto.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00393-01
Demandante: Neila Cecilia Hurtado Camacho
La decisión se sustentó en que no era viable acceder a la reliquidación solicitada
por la actora, dado que, si bien los factores reclamados fueron devengados en el
último año de servicio, sobre los mismos no se realizaron aportes al sistema general
de seguridad social y, además, no se encuentran enunciados de manera taxativa
en la norma aplicable.
Frente a los descuentos de las mesadas adicionales, consideró que eran ilegales
porque el porcentaje máximo de cotización es el 12 % sobre la mesada pensional
mensual y, al efectuarse sobre la mesada adicional de junio y de diciembre, dicho
descuento equivaldría al 24 % para esos meses, razón por la que accedió a las
pretensiones y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó el reintegro y pago
de manera indexada de los valores correspondientes que por concepto de aportes
en salud efectuó sobre las mesadas adicionales causadas desde el 13 de abril de
2017.
Dicha decisión fue apelada por las partes y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en sentencia del 30 de
septiembre 2022, la revocó y, en su lugar, negó la totalidad de las pretensiones del
medio de control, al considerar que los descuentos realizados sobre las mesadas
adicionales se encuentran ajustados a derecho, bajo la premisa de que tales
deducciones, al igual que aquellas realizadas en las mesadas ordinarias se
efectúan en virtud de un mandato legal y están destinadas a la sostenibilidad de los
recursos del FOMAG, en observancia del principio de solidaridad que también rige
este sistema, conforme lo indicó la sentencia de unificación SUJ-024-CE-S2-2021
de 3 de junio de 2021 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Además, sustentó que no era posible acceder a la reliquidación de la pensión de
invalidez conforme a lo señalado por la Sección Segunda del Consejo de Estado
en la sentencia de unificación SUJ2-001/16 del 14 de abril de 2016 en la que se
determinó que: “los docentes nacionales vinculados antes o con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, no tienen derecho a la prima de
servicios.”
3. Argumentos de la acción de tutela
A juicio de la actora, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, con la decisión de segunda instancia, vulneró los derechos
fundamentales invocados, al incurrir en defecto sustantivo dado que, a su juicio,
desconoció que, de conformidad con el parágrafo transitorio 1 del artículo 1° del
Acto Legislativo 01 de 2005, a los docentes vinculados con anterioridad a la Ley
812 de 2003 les asiste el derecho a que el reconocimiento de la pensión de invalidez
se estudie bajo lo preceptuado en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 en el que se encuentra enunciada la prima de
servicios, razón por la que sí procede la reliquidación de la pensión con inclusión
de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio.
Además, indicó que no es procedente dar aplicación a la sentencia de unificación
del 25 de abril de 2019 1, en la cual se analizó el IBL en el régimen pensional de
jubilación docentes dado que en dicha oportunidad no se hizo referencia a la
pensión de invalidez.
1 Proferida en el proceso con radicado: 68001233300020150056901(0935-17) C.P Cesar Palomino Cortes.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00393-01
Demandante: Neila Cecilia Hurtado Camacho
4. Oposición
La Sección Segunda, Subsección E, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por conducto del magistrado ponente de la decisión atacada,
solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela.
Señaló que la demandante pretende reabrir en sede constitucional el debate
respecto de cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas en el marco
del proceso ordinario.
Así mismo, expresó que el caso objeto de estudio fue decidido conforme a la ley y
los antecedentes jurisprudenciales vigentes, en especial, en aplicación de la
sentencia de unificación del 14 de abril de 2016, que le permitió concluir que no le
asiste derecho a la actora a que la pensión le sea reliquidada como lo pretende,
pues al haberse vinculado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, su derecho pensional debía ser liquidado con el 75% del salario promedio
devengado en el año anterior al retiro del servicio, teniendo en cuenta lo previsto
por el Decreto 1848 de 1969, y los factores salariales enlistados en el artículo 45
del Decreto 1045 de 1978.
Además, manifestó que en la providencia objeto de reproche se explicó con claridad
que no hay lugar a incluir en la liquidación de la pensión de invalidez de la
demandante la prima especial, por cuanto no fue enlistada en el artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978, ni la prima de servicios establecida en dicha normativa, pues
conforme lo indicó el Consejo de Estado en la referida sentencia de unificación, la
prima de servicios que devengan los docentes oficiales es la contenida en el
Decreto 1545 de 2013, cuyo derecho se reconoció a partir del año 2014, sin efectos
pensionales por expresa voluntad del legislador.
5. Intervenciones
El Juzgado 47 Administrativo de Bogotá solicitó que se declare improcedente la
acción de tutela de la referencia respecto a ese despacho dado que los
cuestionamientos planteados por el actor únicamente esta dirigidos contra la
decisión de segunda instancia.
La Fiduprevisora S.A. solicitó ser desvinculada del trámite de la referencia o que
en su defecto se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que
las pretensiones del amparo van dirigidas contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y en esa medida no existe responsabilidad de la entidad en la
vulneración de los derechos fundamentales invocados por la demandante.
6. Sentencia de primera instancia
La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, en providencia del
22 de febrero de 2023, amparó el derecho fundamental al debido proceso de la
señora Hurtado Camacho y, en consecuencia, dejó sin efectos la sentencia del 30
de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, y le ordenó proferir nueva decisión respecto a la
reliquidación de la pensión de invalidez reclamada, en particular, en relación a la
inclusión de la prima de servicios.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00393-01
Demandante: Neila Cecilia Hurtado Camacho
Lo anterior, al considerar que el tribunal demandado incurrió en defecto sustantivo
2
dado que, conforme a lo señalado en anterior oportunidad en un caso de similitud
fáctica se determinó que el tribunal demandado, al momento de adoptar la decisión
cuestionada frente a la prima de servicios, aplicó el artículo 5 del Decreto 1545 de
2013, al considerar que ese emolumento constituye factor salarial solamente para
efectos de la liquidación de las vacaciones, cesantías y primas de vacaciones y de
navidad, más no para la pensión de invalidez, a pesar de que el Decreto 1045 de
1978, por el que se fijan las reglas generales de las disposiciones sobre
prestaciones sociales a de los empleados públicos y trabajadores oficiales del
orden nacional y el cual además rige la prestación social de la actora, estableció
como factores salariales para su liquidación pensional, entre otros, la prima de
servicios, la cual, como lo exige el Decreto 1848 de 1969, debe ser devengada en
el último salario recibido.
Indicó que en el caso objeto de estudio, al igual que en el caso citado, había lugar
a ratificar la postura adoptada, habida cuenta de que cuando se desatiende lo
dispuesto en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, para
concluir que la prima de servicios no puede ser incluida como factor salarial para
liquidar la pensión de invalidez, se incurre en defecto sustantivo.
7. Impugnación
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, por
conducto del ponente de la decisión cuestionada impugnó la decisión de primera
instancia e indicó que:
“la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2022 en el proceso ordinario No. 11001-
33-42-047-2018-00470-01 incurrió en un defecto sustantivo, por cuanto desconoció que
la situación pensional de la actora “se rige por los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969
y el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, sin que le sea aplicable la sentencia de
unificación del 25 de abril de 201920, en la cual se analizó el IBL en el régimen pensional
de jubilación docentes”, pues se debió incluir la prima de servicios como factor salarial
devengado para efectos de reliquidarle la pensión de invalidez, como esa misma
Corporación lo había admitido en la sentencia de tutela de fecha 16 de febrero de 2023
que allí relaciona.(…)”
Al respecto, manifestó que no comparte la referida decisión ni su fundamento en la
medida que respecto al tema de los factores a considerar en el reconocimiento o
reliquidación de la pensión de invalidez de los docentes no existe una sentencia de
unificación que determine cuáles deben ser incluidos, por tanto, no se incurrió en el
defecto sustantivo que afecte la sentencia ordinaria objeto de la decisión de tutela.
Además, adujo que el precedente invocado en la providencia impugnada es un fallo
de tutela que no tiene vocación de ser un precedente vinculante, pues tal como lo
ha indicado el Consejo de Estado, las sentencias de tutela no crean reglas de
derecho vinculantes y las mismas constituyen un criterio auxiliar de interpretación ,
debido a que son proferidas cuando actúan como jueces constitucionales y no como
órganos de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa, en todo caso insistió
en que sus efectos son inter partes, por lo que únicamente producen efectos entre
2 mediante sentencia de tutela del 16 de febrero de 2023, expediente 11001031500020230029100, actor:
Nohora Silvia Umaña Montero CP. Carmelo Perdomo Cuéter.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00393-01
Demandante: Neila Cecilia Hurtado Camacho
quienes intervienen en el litigio, motivo por el cual, no es posible que lo allí decidido
sea “aplicable uniformemente a personas ajenas al conflicto, aun cuando ambos
casos sean similares”.
Afirmó que, al momento de proferir la decisión impugnada, el juez constitucional no
tuvo en cuenta que el fallo de tutela que aplicó como precedente vinculante, fue
proferido el pasado 16 de febrero de 2023, razón por la que este no existía cuando
el caso objeto de estudio fue resuelto, esto es, el 30 de septiembre de 2022, por lo
que era imposible conocerla y, por ende, no podía soportar un vicio como el que se
le endilgó.
Sostuvo que, contrario a lo afirmado en la decisión impugnada, en el presente
asunto deberían prevalecer las sentencias de unificación ya sean de la Sala Plena
o de la Sección Segunda, que se ocupen del tema objeto de debate, pero se
evidencia que hasta el momento no han sido proferidas, por lo que es razonable
seguir las reglas fijadas en las que han sido emitidas con el objetivo establecer
criterios uniformes para la interpretación y aplicación de las normas legales en el
tema pensional, como aquella que al amparo de lo previsto en la Constitución
Política (art. 48) prevé que para efectos de la liquidación de las pensiones solo se
deben tener en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones, tal como ocurrió en el caso concreto, como quiera que
el fallo de 30 de septiembre de 2022 fue proferido atendiendo las sentencias de
unificación SUJ2-001-16 y SUJ-014 -CE-S2 -2019, que fijaron la regla antes
indicada, las que por demás, se encontraban vigentes al momento de ser proferida
la decisión cuestionada.
Insistió en el hecho de que la providencia cuestionada se emitió con base en la
normativa aplicable y el precedente vinculante (sentencias SUJ2-001-16 y SUJ-014
-CE-S2 -2019), material jurídico que junto con el probatorio debidamente allegado
y valorado permitió proferir la decisión que no puede ser calificada como caprichosa
o arbitraria.
Destacó que es importante resaltar que, si bien es cierto el Decreto 1848 de 1969
estableció en el artículo 63 que la pensión de invalidez se debía liquidar con el
último salario devengado, sin hacer distinción sobre los factores que se debían
incluir, también lo es que dicha norma se debió interpretar en armonía con el Acto
Legislativo 01 de 2005 (art. 1.º), pues se trata de normativa que es posterior y de
aplicación prevalente respecto de las disposiciones invocadas en la decisión que
por el presente se controvierte.
En efecto, la norma Constitucional introdujo una regla muy clara, consistente en
establecer que los factores que se deben incluir en las pensiones son aquellos
sobre los cuales se hayan efectuado aportes, postura que ha sido adoptada por el
órgano de cierre de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en las sentencias de
unificación relacionadas con los asuntos pensionales.
Expresó que en la decisión impugnada además se dejó de lado que en el marco
del proceso ordinario no se encontró acreditado que la actora hubiese efectuado
aportes sobre la prima de servicios, razón adicional por la que no era posible
reconocerla como factor para ordenar la reliquidación de la pensión de la
demandante, más aún cuando la norma que estableció la prima de servicios para
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00393-01
Demandante: Neila Cecilia Hurtado Camacho
los docentes (Decreto 1545 de 2013), no la previó como un factor para liquidar las
pensiones.
En consecuencia, indicó que al aplicar los decretos relacionados en el fallo
impugnado en la forma en que hizo el juez de tutela de primera instancia se incurre
en un defecto sustantivo por falta de aplicación de la regla prevista en el Acto
Legislativo No. 1 de 2005 (art. 1.º), y por indebida aplicación de los Decretos 3135
de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, que se deben atender en concordancia con
lo regulado por la Constitución, lo que conlleva a que el fallo impugnado sea
revocado.
De otro lado, expuso que no se puede desconocer que la sentencia del proceso
ordinario que fue revocada con la decisión de tutela fue clara al indicar que
conforme lo señaló el Consejo de Estado en la sentencia de unificación SUJ2-001-
1615, la prima de servicios que devengan los docentes oficiales es la contenida en
el Decreto 1545 de 2013, cuyo derecho se reconoció a partir del año 2014, sin
efectos pensionales por expresa voluntad del legislador. Posición que en todo caso
ha sido reiterada por las secciones primera y segunda del máximo órgano de cierre
en sentencias.
Conforme a lo expuesto, solicitó se revoque el fallo recurrido y, en su lugar, se
declarare improcedente la acción de tutela dado que lo que pretende la demandante
es reabrir un debate definido en el marco del proceso ordinario.
De manera subsidiaria solicitó revocar y que se nieguen las pretensiones de la
acción de tutela dado que en la providencia cuestionada no se encuentran
configurados los defectos alegados por la actora.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00393-01
Demandante: Neila Cecilia Hurtado Camacho
3
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
4 5
amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas de
procedencia de la acción de tutela.
Problema jurídico
Pese a que el a quo consideró que se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, considera la Sala
que, preliminarmente, debe analizarse, en particular, si se cumple con el requisito
de relevancia constitucional.
De superar ese análisis, corresponderá a la Sala establecer si al proferir la
sentencia del 30 de septiembre de 2022 dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 11001-33-42-047-2018-00470-
00/01, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
E, incurrió en defecto sustantivo al negar la pretensión de reliquidación de la
pensión de invalidez solicitada por la señora Neila Cecilia Hurtado Camacho.
De la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales
El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía
e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que
le corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional 1 ha señalado que la relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia
de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar
que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción
de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces.
3 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después
del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De
ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se
destaca)
4 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia
judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla
con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
5 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controverti da haya
incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional
que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00393-01
Demandante: Neila Cecilia Hurtado Camacho
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 6, para que
un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes
elementos:
(i)Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o
de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de
tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales» . Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
(iii)Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de
la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe
referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación
con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de
incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv)Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos
que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v)Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea
la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se
trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional
del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(Subrayado de la Sala)
Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto
En el presente asunto, la Sala considera que la señora Neila Cecilia Hurtado
Camacho propone la misma discusión jurídica que presentó en el trámite del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó contra el
Ministerio de Educación Nacional y el FOMAG.
En efecto, si bien la demandante alega que las providencias objeto de tutela
vulneraron derechos fundamentales e incurrieron en defecto sustantivo, lo cierto es
que, en últimas, lo que pretende es que se reabra el debate surtido en el proceso
ordinario en el que se concluyó, tanto en primera como en segunda instancia, que
6 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00393-01
Demandante: Neila Cecilia Hurtado Camacho
no había lugar a incluir la rima de servicios como base en la liquidación de la
pensión de invalidez.
Al respecto, la Sala considera pertinente transcribir, en lo que interesa, los
argumentos del recurso de apelación presentado por la actora, contra la sentencia
de primera instancia en el medio de control:
«En cuanto a la liquidación de la pensión de invalidez, el mismo Decreto 1848 de 1969, se
encargó de establecer la cuantía de la prestación de forma proporcional el grado de
incapacidad calificado por la entidad de previsión competente, al efecto la norma prevé:
Artículo 63º.- Cuantía de la pensión. El valor de la pensión de invalidez se liquidará con base
en el segundo salario devengado por el empleado oficial y será equivalente al grado de
incapacidad laboral, conforme a los porcentajes que se establecen a continuación, así:
a. Cuando la incapacidad sea superior al noventa y cinco por ciento (95%), el valor
de la pensión mensual será igual al último salario devengado por el empleado oficial,
o al último promedio mensual, si fuere variable.
b. Si la incapacidad excediere del setenta y cinco por ciento (75%) sin pasar de
noventa y cinco por ciento (95%), la pensión mensual será equivalente al setenta y
cinco por ciento (75%) del último salario devengado por el empleado oficial, o del
último promedio mensual.
c. Si la incapacidad laboral es del setenta y cinco por ciento (75%), dicha pensión
será igual al cincuenta por ciento (50%) del último salario devengado por el
empleado oficial, o del último promedio mensual, si fuere variable. Ahora bien como
quiera que el Decreto 1848 de 1969 no detalló que factores se deben incluir el
ingreso base de liquidación, se debe remitir al Decreto Ley 1045 de 1978, que en
su artículo 45 señala:
Artículo 45º.- De los factores de salario para la liquidación de cesantía y pensiones.
Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a
que tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales, en la
liquidación se tendrá en cuenta los siguientes factores de salario:
a) La asignación básica mensual;
b) Los gastos de representación y la prima técnica;
c) Los dominicales y feriados;
d) Las horas extras;
e) Los auxilios de alimentación y transporte;
f) La prima de navidad;
g) La bonificación por servicios prestados;
h) La prima de servicios;
i) Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se
hayan percibido
por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año de servicio;
j) Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales
anteriores al
Decreto-Ley 710 de 1978;
k) La prima de vacaciones;
l) El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días
de descanso obligatorio;
ll) Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con
anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del Decreto 3130 de
1968.
Ahora bien, no hay que dejar de lado que el Consejo de Estado expidió la sentencia de
Unificación del 28 de agosto de 2018, Expediente Nº. 52001-23-33-000-2012-0143-01, con
ponencia del Dr. Cesar Palomino Cortés, en la cual adicional a realizar un análisis del
Ingreso Base de liquidación en el régimen de Transición de la Ley 100 de 1993, fijando una
regla jurisprudencial para su interpretación también señaló, “la regla establecida en esta
providencia, así como la primera subregla, no cobija a los docentes afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues fueron exceptuados del Sistema
Integral de Seguridad Social por virtud del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y su régimen
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00393-01
Demandante: Neila Cecilia Hurtado Camacho
pensional está previsto en la Ley 91 de 1989. “Por esta razón estos servidores no están
cobijados por el régimen de transición.”
Por otra parte sumado a lo anterior, el Consejo de Estado profirió sentencia de unificación
del 25 de abril de 2019, dentro del expediente Nº. 68001233300020150056901(0935-17),
con ponencia del Dr. Cesar Palomino Cortes, en la cual se analizó el Ingreso Base de
Liquidación en el régimen pensional de jubilación de los docentes vinculados al servicio
público educativo oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
los cuales son exceptuados del Sistema Integral de seguridad Social, por cuanto no son
sujetos de la transición pensional, y en consecuencia se desarrolla lo correspondiente a una
pensión de Jubilación regida bajo la Ley 33 de 1985 llegando a la conclusión que estos
pensionados no gozan de ninguna especialidad en el tema prestacional y para efectos de
realizar la liquidación pensional se deben remitir a la Ley 62 de 1985, teniendo en cuenta
los factores que señala en su artículo primero siempre y cuando se haya cotizado sobre los
mismos no obstante no se hizo ninguna referencia a la pensión de invalidez.
(…)
Finalmente existen pronunciamientos aún más recientes TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA “D” MAGISTRADO PONENTE Dr. CERVELEON
PADILLA LINARES dentro del proceso N° 2018-00481-01donde es demandante la señora
JANNET GARNICA GARCÍA– Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO ,
aquí se decidió revocar la sentencia de primera instancia que había negado las pretensiones
de la demanda encaminadas a la reliquidación de la pensión de invalidez y ordenó como
consecuencia de esa revocatoria ordenar a la entidad a realizar una nueva liquidación
incluyendo la totalidad de los factores salariales. Igualmente en Sentencia de fecha 15 de
Julio de 2020 del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN
SEGUNDA “C” MAGISTRADO PONENTE Dr. SAMUEL JOSÉ RAMÍREZ POVEDA dentro
del proceso N° 2018-0028-01donde es demandante la señora ROSALBA GÓMEZ DE
CORTES– Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO , aquí se falla en el mismo
sentido accediendo a la reliquidación de la pensión por invalidez con inclusión de la Prima
de Servicios, adicional a los ya devengados y reconocidos en la resolución de
reconocimiento pensional como ASIGNACIÓN BÁSICA, , EL SOBRESUELDO, LA PRIMA
DE ALIMENTACIÓN, PRIMA ESPECIAL, PRIMA DE VACACIONES Y PRIMA DE
NAVIDAD. En consecuencia, la sala ordena reliquidar la prestación por invalidez con
inclusión de todos los factores salariales devengados. Por lo anterior y debido a la posición
que le asisten a estas 3 salas del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a saber la A, C,
y D donde realizan un análisis de la normatividad aplicable en materia de pensión de
invalidez a los docentes solicito a su señoría se tengan en cuentas dichos argumentos y se
conceda el Recuso. (…)”
Por su parte, en el escrito de tutela, la señora Hurtado Camacho sostuvo que la
providencia objeto de estudio incurrió en defecto sustantivo y, en ese sentido,
indicó:
“La sentencia de segunda instancia, no tiene en cuenta que de conformidad con el parágrafo
transitorio 1 del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005 a los docentes vinculados con
anterioridad a la Ley 812 de 2003 les asiste el derecho a que el reconocimiento de la pensión
de invalidez se estudie bajo lo preceptuado en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y
Artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, de allí que proceda la reliquidación de la pensión con
la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio.
Conforme a lo anterior se evidencia claramente que como quiera que el Decreto 1848 de
1969 no detalló que factores se deben incluir en el ingreso base de liquidación, es necesario
remitirse al Decreto Ley 1045 de 1978, que en su artículo 45 señala:
..."De los factores de salario para la liquidación de cesantía y pensiones. Para efectos del
reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que tuvieren derecho los
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00393-01
Demandante: Neila Cecilia Hurtado Camacho
empleados públicos y trabajadores oficiales, en la liquidación se tendrá en cuenta los
siguientes factores de salario a La asignación básica mensual b) Los gastos de
representación y la prima técnica; c) Los dominicales y feriados; d) Las horas extras; e) Los
auxilios de alimentación y transporte: f) La prima de navidad q) La bonificación por servicios
prestados; h) La prima de servicios; i) Los viáticos que reciban los funcionarios y
trabajadores en comisión cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento
ochenta días en el último año de servicio; j) Los incrementos salariales por antigüedad
adquiridos por disposiciones legales anteriores al Decreto-Ley 710 de 1978, k) La prima de
vacaciones; I) El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en
días de descanso obligatorio; II) Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente
otorgadas con anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del Decreto
3130 de 1968"
En consecuencia, si el empleado no realizó aportes sobre la totalidad de los factores
salariales devengados, dicha situación no impide el reconocimiento de los mencionados
factores para efectos pensionales, pues aquellos pueden ser descontados por la entidad
cuando se haga el reconocimiento prestacional, obviamente en el porcentaje que le
corresponde a cada uno.
En el caso que nos ocupa, se dejó de aplicar lo establecido en la Ley 91 de 1989 artículo 15
numeral primero. referente al régimen prestacional de los docentes nacionalizados. De igual
manera se aplicó en forma equivocada la Ley 812 de 2003, que contemplan los requisitos y
la forma como debe liquidarse la pensión de invalidez, que goza de un régimen especial y
que es más favorable al pensionado; por el contrario se aplicaron normas procedimentales
diferentes, que dieron lugar a la negación de la revisión de la pensión, que son desfavorables
en cuanto a la validez probatoria y la forma de liquidación, no obstante, que la misma ley
excluye su aplicación a quienes gozan de un régimen especial de pensión, quebrantando el
principio Constitucional in dubio pro operario, así como el consagrado en el artículo 228 de
la Carta Magna, donde se establece que el derecho sustancial prima sobre el derecho formal
y de igual forma el artículo 58 de la Carta Magna, que garantiza los derechos adquiridos con
justo título.
Ahora bien, con respecto a la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, dentro del
expediente N°. 68001233300020150056901(0935-17), con ponencia del Dr. Cesar
Palomino Cortes, en la cual se analizó el Ingreso Base de Liquidación en el régimen
pensional de jubilación de los docentes vinculados al servicio público educativo oficial
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, los cuales son
exceptuados del Sistema Integral de seguridad Social, por cuanto no son sujetos de la
transición pensional, y en consecuencia se desarrolla lo correspondiente a una pensión de
Jubilación regida bajo la Ley 33 de 1985 llegando a la conclusión que estos pensionados no
gozan de ninguna especialidad en el tema prestacional y para efectos de realizar la
liquidación pensional se deben remitir a la Ley 62 de 1985, teniendo en cuenta los factores
que señala en su artículo primero siempre y cuando se haya cotizado sobre los mismos no
obstante no se hizo ninguna referencia a la pensión de invalidez.
(…)Defecto material o sustantivo: Porque al proferirse las sentencias en cuestión, estas se
decidieron con base en la inapropiada aplicación de la Ley 812 de 2003, el Decreto 3135
de1968 y de la Jurisprudencia que al respecto ha sentado el Consejo de Estado, normas
que se aplicaron para determinar el régimen pensional aplicable al reliquidar la pensión de
invalidez con la inclusión de todos los factores salariales DEVENGADOS en el ANO A LA
FECHA DEL RETIRO DEL SERVICIO POR INVALIDEZ, sin embargo se omitió la inclusión
y reconocimiento de la PRIMA DE SERVICIOS como factor salarial devengado y sobre el
cual se efectuaron las respectivas cotizaciones, tal como se evidencia en el formato único
para expedición de certificado de salarios, por lo tanto con la decisión del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, a mi representada se le vulneraron sus derechos a la
igualdad, debido proceso, favorabilidad y al mínimo vital, al incurrir en un defecto material o
sustantivo, al aplicar incorrectamente para su caso particular lo establecido en la Ley 812
de 2003 y el Decreto 3135 de 1968, sin la debida y necesaria observancia al Decreto Ley
1045 de 1978 en su artículo 45.”
Como se ve, la demandante formuló inconformidades que coinciden con las que
expuso en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00393-01
Demandante: Neila Cecilia Hurtado Camacho
Evidentemente la tutela busca revivir la discusión jurídica respecto a acceder a las
pretensiones de dicho medio de control en el sentido de ordenar la reliquidación
pensional solicitada e incluir la prima de servicios en la pensión de invalidez que le
fue otorgada, asunto que, en todo caso, ya fue resuelto en sentencia del 30 de
septiembre de 2022, que, en lo que interesa, consideró:
“(…)
Sobre la prima especial y la prima de servicios
Observa la sala que la prima especial no se encuentra taxativamente establecida en el
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, y tampoco se encuentra en una norma especial
que le haya dado carácter de factor salarial para efectos pensionales, por tanto, no puede
ser tenida en cuenta para conformar el IBL reclamado por la demandante.
Por otra parte, si bien es cierto que la prima de servicios sí se encuentra prevista en los
factores salariales enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, también lo es
que, conforme lo indicó el Consejo de Estado en la sentencia de unificación SUJ2-001-
1641 la prima de servicios que devengan los docentes oficiales es la contenida en el
Decreto 1545 de 2013, cuyo derecho se reconoció a partir del año 2014, sin efectos
pensionales por expresa voluntad del legislador, así:
“ARTÍCULO 1. Prima de servicios. Establécele la prima de servicios para el personal
docente y directivo docente oficial que presta sus servicios en las instituciones
educativas de preescolar, básica y media, la cual será cancelada a partir del año
2014 en los términos que a continuación se señalan:
1. En el año 2014, la prima de servicios será equivalente a siete (7) días de la
remuneración mensual del docente o directivo a 30 de junio del respectivo año.
2. A partir del año 2015, y en adelante, la prima de servicios que establece el
presente Decreto será equivalente a quince (15) días de la remuneración mensual
del docente o directivo docente a 30 de junio del respectivo año (...).
ARTÍCULO 5. Liquidación de otras prestaciones económicas. La prima de servicios
que se establece en el artículo 1 de este Decreto, constituye factor salarial desde el
momento de su causación, para efectos de la liquidación de las siguientes
prestaciones económicas:
1. Vacaciones.
2. Prima de Vacaciones. 3. Cesantías.
4. Prima de Navidad”.
Sobre el particular, la mencionada sentencia de unificación fijó las reglas
jurisprudenciales para decidir las controversias judiciales tramitadas ante la jurisdicción
contenciosa administrativo relacionadas con la prima de servicios de los docentes
oficiales, de la siguiente manera:
“En armonía con las consideraciones expuestas, la Sala Plena de la Sección Segunda
del Consejo de Estado unifica su jurisprudencia en materia de reconocimiento de la
prima de servicios a los docentes oficiales y fija las siguientes reglas jurisprudenciales
para decidir las controversias judiciales tramitadas ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, relacionadas con el referido asunto:
6.1. La Ley 91 de 1989, particularmente su artículo 15, parágrafo 2, no crea ni
reconoce a favor de los docentes oficiales la prima de servicios, contemplada en el
Decreto Ley 1042 de 1978 para los empleados públicos del orden nacional.
6.2. En aplicación de la Ley 91 de 1989, artículo 15, los docentes oficiales
nacionalizados, antes territoriales, que venían devengando la prima de servicios
porque la entidad territorial a la cual estaban adscritos la creó, a través de una norma
de carácter territorial vigente a la fecha de expedición de la citada ley, y en todo caso,
expedida de acuerdo al respectivo marco de competencias constitucional y legal, la
seguirán percibiendo, pues, como se expuso en precedencia, la voluntad del
legislador, plasmada en dicha norma, consistió en respetar los derechos adquiridos
de los maestros públicos que estuvieran en la situación descrita.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00393-01
Demandante: Neila Cecilia Hurtado Camacho
6.3. De acuerdo con la Ley 91 de 1989, artículo 15, los docentes oficiales
nacionalizados, antes territoriales, que no venían devengando la prima de servicios
porque la respectiva entidad territorial a la cual estaban adscritos nunca la creó,
mediante norma de carácter territorial, no tienen derecho al referido factor de salario.
6.4. Por disposición de la Ley 91 de 1989, artículo 15, a los docentes nacionalizados
vinculados con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, en materia
salarial y prestacional, se les aplican las normas que rigen a los empleados públicos
del orden nacional, excepto el Decreto Ley 1042 de 1978, cuyo artículo 104 excluye
expresamente a los docentes oficiales de su radio de acción, y por ende a ellos nos
les es aplicable el artículo 42 ibidem que contempla la prima de servicios. En tal virtud,
los docentes oficiales nacionalizados, vinculados con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 91 de 1989, no tienen derecho a la prima de servicios.
6.5. Por orden de la Ley 91 de 1989, artículo 15, a los docentes nacionales vinculados
antes o con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, en materia
salarial y prestacional, se les aplican las normas que rigen a los empleados públicos
del orden nacional, excepto el Decreto Ley 1042 de 1978, cuyo artículo 104 excluye
expresamente a los docentes oficiales de su radio de acción, y por ende a ellos nos
les es aplicable el artículo 42 ibidem que contempla la prima de servicios. En
consecuencia, los docentes nacionales vinculados antes o con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, no tienen derecho a la prima de servicios.
6.6. De acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 1545 de 201342, los docentes
oficiales, sin distingo alguno, tienen derecho a la prima de servicios a partir del año
2014 en cuantía equivalente a 7 días de la remuneración mensual, y del año 2015 en
adelante, por valor de 15 días”.
Acorde con lo anterior, se tiene que la prima de servicios contenida en el Decreto 1045
de 1978 no corresponde a aquella a la que tienen derecho los docentes oficiales en virtud
del Decreto 1545 de 2013, toda vez que esta es un factor salarial que sirve únicamente
para liquidar las prestaciones de vacaciones, la prima de vacaciones, las cesantías y la
prima de navidad, en consecuencia, no tiene efectos pensionales, por lo que no es
procedente su inclusión para tales efectos.
De esta forma, la sala hará observancia del Decreto 1545 de 2013 en armonía con la
sentencia de unificación SUJ2-001-16 de 14 de abril de 2016, según las reglas allí fijadas,
por ende, para la liquidación de la pensión de invalidez de la docente que aquí se debate
no se tendrá en cuenta la prima de servicios contenida en el Decreto 1045 de 1978, pues
esta no corresponde a la devengada en el último año de servicios por la docente oficial
y, por el contrario, la que percibió lo fue con fundamento en el Decreto 1545 de 2013.
Esta posición rectifica aquella expuesta en providencias anteriores, en las que la sala
mayoritaria respecto de los reconocimientos o reajuste de la pensión de invalidez de los
docentes vinculados con anterioridad a la Ley 812 de 2003, había ordenado incluir este
factor salarial disponiendo realizar los respectivos aportes al sistema pensional.
(…)
CONCLUSIONES
Se debe confirmar la decisión de primera instancia que denegó las súplicas de la
demanda, teniendo en cuenta que la demandante es docente oficial vinculada con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo tanto, su derecho
pensional debe ser liquidado con el 75% del salario promedio devengado en el año
anterior al retiro del servicio, teniendo en cuenta lo previsto por el Decreto 1848 de 1969
y los factores salariales enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
En tal entendido, no hay lugar a incluir en la liquidación de la pensión de invalidez de la
accionante la prima especial, por cuanto no fue enlistada en el artículo 45 del Decreto
1045 de 1978, ni la prima de servicios establecida en dicha normativa, pues conforme lo
indicó el Consejo de Estado en la sentencia de unificación SUJ2-001-1644, la prima de
servicios que devengan los docentes oficiales es la contenida en el Decreto 1545 de
2013, cuyo derecho se reconoció a partir del año 2014, pero sin efectos pensionales por
expresa voluntad del legislador.”
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00393-01
Demandante: Neila Cecilia Hurtado Camacho
(subrayado fuera de texto)
De la citada providencia, la Sala encuentra que la negativa de la reliquidación de la
pensión de invalidez con inclusión de la prima de servicios, se sustentó,
concretamente, en que la pensión de invalidez para los docentes nombrados antes
de la Ley 812 de 2003 se regía por el Decreto 3135 de 1968 que, en el artículo 23,
indica que la pensión de invalidez deberá liquidarse conforme al último sueldo
mensual devengado, destacando que, cuando la pérdida de capacidad fuera
superior al 95% se reconocería en cuantía del 100% la prestación por invalidez, en
armonía con lo dispuesto en el Decreto 1848 de 1969.
Bajo este entendido, el tribunal demandado afirmó que la pensión de invalidez debe
ser liquidada teniendo en cuenta el porcentaje de disminución de la capacidad
laboral y conforme a los factores señalados en el artículo 45 del Decreto 1045 de
1978, y aquellos que por disposición expresa de otras normas tengan incidencia
pensional.
Acto seguido, el tribunal fue preciso en indicar que, pese a que la prima de servicios
es un factor señalado en el Decreto 1045 de 1978, conforme al precedente de
unificación de la Sección Segunda de esta Corporación, puntualmente el contenido
en la sentencia CE-SUJ2 del 14 de abril de 2016, la prima de servicios que
devengan los docentes oficiales es la contenida en el Decreto 1545 de 2013, cuyo
derecho se reconoció a partir del año 2014, sin efectos pensionales por expresa
voluntad del legislador.
Luego, al examinar el caso concreto, concluyó que el acto de reconocimiento de la
pensión de invalidez se encontraba ajustado a derecho en la medida en que en el
valor de la mesada no debía incluirse la prima de servicios y si bien fueron incluidos
otros factores tales como la bonificación decreto y la prima de navidad, estas fueron
incluidas por parte del FOMAG al momento del reconocimiento pensional, y ello no
fue objeto de controversia, pues la actora únicamente solicitó la inclusión de
aquellos factores no tenidos en cuenta por la entidad; luego no era posible afectar
el derecho reconocido disminuyendo el monto inicial.
Así, queda demostrado que la acción de tutela no cumple el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto la parte actora reiteró los argumentos que expuso en el
marco del proceso ordinario.
Lo que realmente se observa es la inconformidad de la demandante con las
conclusiones a las que llegó el juez natural, quien en la decisión cuestionada
determinó que la señora Hurtado Camacho no tenía derecho a lo reclamado en el
marco del proceso ordinario.
De hecho, de los apartes trascritos de la providencia cuestionada, se logra advertir
con claridad que el tribunal demandado respondió las inconformidades propuestas
por la parte demandante y con fundamento en las normas, las pruebas aportadas
y la jurisprudencia de esta Corporación, concluyó que no había lugar a revocar la
decisión de primera instancia y acceder a las pretensiones del medio de control
respecto a la reliquidación pensional solicitada.
Conviene recordar que la tutela es un mecanismo residual y subsidiario de defensa
y que, por tanto, no puede utilizarse para reabrir debates resueltos por los jueces
ordinarios. Y, aunque la parte demandante alegó la vulneración de derechos
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00393-01
Demandante: Neila Cecilia Hurtado Camacho
fundamentales, lo cierto es que termina promoviendo indebidamente la tutela para
obtener una decisión a su favor.
Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento
de fondo sobre los defectos alegados por la demandante, pues como se vio la parte
actora pretende hacer uso de la presente solicitud de amparo como una instancia
adicional para reabrir el debate planteado al interior del proceso ordinario.
Por lo expuesto, la Sala revocará la providencia impugnada y, en su lugar, declarará
improcedente la acción de tutela por incumplir el requisito de relevancia
constitucional conforme a lo señalado previamente.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia del 22 de febrero de 2023, proferida por la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. En su lugar, declarar
improcedente la acción de tutela instaurada por la señora Neila Cecilia Hurtado
Camacho por las razones expuestas en la parte motiva.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.