RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-00291-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00291-00

Fecha
16 de febrero de 2023
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00291-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1°. Ampárase el derecho constitucional fundamental al debido proceso de la señora Nohora Silvia Umaña Montero, en armonía con lo expuesto en la parte motiva. 2°. Déjase sin efectos la sentencia de 22 de agosto de 2022, por cuyo conducto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección B de la sección segunda) decidió en segunda instancia el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la tutelante contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduprevisora S. A. Compañía de Seguros (expediente 11001-33-35-011- 2018-00431-01), conforme a la motivación. 3°. En consecuencia, ordénase a los señores magistrados de la subsección B de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, dentro del término de diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, dicten un nuevo fallo dentro del aludido asunto ordinario, en lo relacionado con la reliquidación de la pensión de invalidez reclamada, en atención a las consideraciones planteadas en esta decisión. 4°. Adviértese a las autoridades indicadas en el numeral precedente, que el incumplimiento de lo dispuesto en esta providencia dará lugar a las sanciones establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. 16 Expediente: 11001-03-15-000-2023-00291-00 Nohora Silvia Umaña Montero contra los señores magistrados de la subsección B de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro 5°.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-00291-00

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

16 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2023-00291-001
Actora : Nohora Silvia Umaña Montero
Accionados : Magistrados de la subsección B de la sección segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Juez Once (11)
Administrativo de Bogotá
Tema : Tutela contra providencia judicial; derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso, igualdad, mínimo vital y
seguridad social

Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del
trámite relacionado con la acción de tutela incoada por la señora Nohora Silvia
Umaña Montero contra los señores magistrados de la subsección B de la
sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Juez Once
(11) Administrativo de Bogotá, por la presunta vulneración de sus derechos
constitucionales fundamentales al debido proceso, igualdad, mínimo vital y
seguridad social.

I. ANTECEDENTES

1.1 La solicitud de amparo. La señora Nohora Silvia Umaña Montero, quien
actúa a través de apoderado, presenta acción de tutela con el fin de que se le
protejan las garantías superiores a las que se hizo referencia, presuntamente
quebrantadas por los señores magistrados de la subsección B de la sección
segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Juez Once (11)
Administrativo de Bogotá.

Como consecuencia de lo anterior, pide se deje sin efectos el fallo de 22 de
agosto de 2022, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(subsección B de la sección segunda) confirmó el de 13 de noviembre de 2019,
con el que el Juzgado Once (11) Administrativo de Bogotá accedió
parcialmente2 a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento

1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.
2
Comoquiera que no concedió las súplicas relacionadas con la reliquidación de la pensión de invalidez con
inclusión de la prima de servicios y la condena en costas, pero declaró la nulidad parcial de la Resolución
6821de 30 de julio de 2018, por cuyo conducto se le negó el reintegro del dinero descontado a ella por

Expediente: 11001-03-15-000-2023-00291-00
Nohora Silvia Umaña Montero contra los señores magistrados de la subsección B de la
sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro

del derecho que promovió contra la Nación - Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la
Fiduciaria La Previsora S. A. (Fiduprevisora S. A.) [expediente 11001-33-35-
011-2018-00431-01]; en su lugar, se ordene a las autoridades accionadas dictar
una nueva providencia en la que se «[…] reliquid[e su] pensión de invalidez
[…] [con el] 100% del último salario devengado sobre el cual cotizó […],
incluyendo TODOS los factores salariales devengados en el año anterior al
retiro del servicio», en particular, la prima de servicios.

1.2 Hechos. Relata la accionante que «[…] laboró como docente al servicio
del Estado […]» por más de diez años y, comoquiera que padeció una pérdida
de su capacidad laboral del 100% (según dictamen emitido por Medicol
Salud3), la secretaría de educación de Bogotá, a través de Resolución 3923 de
27 de mayo de 2017, le reconoció pensión de invalidez, con fundamento en lo
dispuesto en «[…] las Leyes 91 de 1989 y 962 de 2005 [y los] Decretos 3135
de 1968, 1848 de 1969 y 2831 de 2005», «[…] con un IBL del 100% […]» del
último salario devengado a la fecha de su estatus, pero sin tener en cuenta
«[…] la totalidad de los factores salariales que devengaba al momento [de su]
retiro del servicio […]», específicamente, la prima de servicios, razón por la
cual el 19 de abril de 2018 solicitó su inclusión, lo que le fue negado, por
conducto de Resolución 6821 de 30 de julio siguiente.

Que, por lo anterior, el 20 de septiembre de 2018 instauró demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la
Fiduprevisora S. A. (expediente 11001-33-35-011-2018-00431-01),
encaminada a obtener la anulación de la mencionada Resolución 6821 y lo
deprecado en sede administrativa, de la que conoció el Juzgado Once (11)
Administrativo de Bogotá que, con fallo de 13 de noviembre de 2019, negó las
pretensiones formuladas, al estimar que «[…] la entidad demandada [le]
reconoció la pensión de invalidez con los factores salariales [sobre los cuales]
demostró haber cotizado […]», entre los cuales no se encuentra la prima de
servicios.

Dice que contra la referida decisión judicial interpuso recurso de apelación,
desatado el 22 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (subsección B de la sección segunda), en el sentido de
confirmarla parcialmente, al considerar que «[…] si bien es cierto, por regla

concepto de salud y, en consecuencia, condenó a dicha entidad a su devolución frente a la mesada pensional
adicional de diciembre a partir del 8 de marzo de 2015.
3
Con fecha de estructuración de 20 de mayo de 2016.

2

Expediente: 11001-03-15-000-2023-00291-00
Nohora Silvia Umaña Montero contra los señores magistrados de la subsección B de la
sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro

general en la liquidación de la pensión por invalidez reconocida a l[os]
docente[s] oficial[es], debían incluirse la totalidad de los [emolumentos]
devengados […] durante el último año […] [de] servicios, en cuanto a la
prima de servicios se presenta una excepción, toda vez que el Decreto 1545 de
2013, […] la excluyó como factor salarial para el cálculo de […]» esa
prestación.

Que la providencia cuestionada incurre en defecto sustantivo, dado que las
autoridades accionadas no tuvieron en cuenta que, «[…] de conformidad con
el parágrafo transitorio 1 del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005[,] a
los docentes vinculados con anterioridad a la Ley 812 de 2003 les asiste el
derecho a que el reconocimiento de la pensión de invalidez se estudie bajo lo
preceptuado en los Decretos 3135 de 1968 [y] 1848 de 1969 […]», y, en
razón a que el último «[…] no detalló qu[é] factores se deben incluir en el
ingreso base de liquidación, es necesario remitirse al Decreto Ley 1045 de
1978, que en su artículo 45 señala […]», entre otros, la prima de servicios.

Sostiene que la mencionada determinación judicial, además, «[…]
desconoc[e] el precedente judicial existente sobre esta materia, […] con lo
cual […] se defrauda el principio de confianza legítima en las decisiones
judiciales».

II. TRÁMITE PROCESAL

Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a través
de auto de 25 de enero de 2023, admitió la presente acción, ordenó notificar a
los señores magistrados de la subsección B de la sección segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y Juez Once (11) Administrativo de Bogotá y
dispuso vincular a los señores Ministra de Educación Nacional y presidente de
la Fiduprevisora S. A., en los términos previstos en el artículo 13 del Decreto
2591 de 1991.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 Los señores magistrados de la subsección B de la sección segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por conducto del ponente de la
decisión censurada, aducen que se «[…] at[ienen] a lo que se demuestre
durante el trámite de la referencia […]».

3

Expediente: 11001-03-15-000-2023-00291-00
Nohora Silvia Umaña Montero contra los señores magistrados de la subsección B de la
sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro

2.1.2 La señora Ministra de Educación Nacional, a través del señor jefe de la
oficina asesora jurídica de esa cartera, pide su desvinculación dentro del
asunto, por cuanto carece de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera
que «[…] no tiene competencia para pronunciarse sobre los hechos y
pretensiones de la [actora] […]», toda vez que «[…] no es […] responsable de
la conducta cuya omisión genera la vulneración alegada […], y […] es claro
que […] no tiene injerencia en la decisión que se tome al respecto».

2.1.3 El señor presidente de la Fiduprevisora S. A., por intermedio de la señora
coordinadora de tutelas de ese ente, depreca su desvinculación dentro del
asunto, porque carece de legitimación en la causa por pasiva, puesto que «[…]
no es responsable del quebrantamiento del derecho fundamental de la actora
[…]».

2.1.4 El señor Juez Once (11) Administrativo de Bogotá guardó silencio en la
oportunidad prevista para el efecto.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas de
reparto de la acción de tutela, previstas en los Decretos 1382 de 2000 y 1983
de 2017, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por
la accionante, quien aduce quebranto de sus derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso, igualdad, mínimo vital y seguridad social.

3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje
constitucional fundamental que pueda comportar la sentencia de 22 de agosto
de 2022, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca

4

Expediente: 11001-03-15-000-2023-00291-00
Nohora Silvia Umaña Montero contra los señores magistrados de la subsección B de la
sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro

(subsección B de la sección segunda) confirmó la de 13 de noviembre de 2019,
con la que el Juzgado Once (11) Administrativo de Bogotá accedió
parcialmente a las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió contra la Nación - Ministerio de
Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
y la Fiduprevisora S. A. (expediente 11001-33-35-011-2018-00431-01); y, en
caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso,
igualdad, mínimo vital y seguridad social invocadas en la solicitud de amparo.

3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza
de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de
tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia
revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia
fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura
cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos
protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto
fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento
probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos
eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de
unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las
cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la

5

Expediente: 11001-03-15-000-2023-00291-00
Nohora Silvia Umaña Montero contra los señores magistrados de la subsección B de la
sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro

acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez.
(iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna
y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que el actor
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso
judicial siempre que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que
hace la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo

6

Expediente: 11001-03-15-000-2023-00291-00
Nohora Silvia Umaña Montero contra los señores magistrados de la subsección B de la
sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro

adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución,
que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho,
vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión
de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos
fundamentales.

Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales4, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 20125, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando
vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con
anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos6.

Por último, en el fallo de 5 de agosto de 20147, proferido por la sala plena de lo
contencioso-administrativo, por importancia jurídica, se unificó el criterio de
que esta acción constitucional procede siempre y cuando se respete el principio
de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y
específicos precisados por la Corte Constitucional, entre los que destacaron el

4
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31
de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis
Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de
2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C.
P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8)
16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
5
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
6
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp.
2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de
2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de
febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P.
Gerardo Arenas Monsalve.
7
Sentencia de unificación, proferida por la sala plena de lo contencioso-administrativo el 5 de agosto de 2014,
C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

7

Expediente: 11001-03-15-000-2023-00291-00
Nohora Silvia Umaña Montero contra los señores magistrados de la subsección B de la
sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro

de inmediatez y subsidiariedad.

3.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se constata que:
(i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la
presunta vulneración de los derechos constitucionales fundamentales al debido
proceso, igualdad, mínimo vital y seguridad social de la accionante; (ii) contra
la decisión objeto de censura no procede recurso alguno, en atención a que fue
emitida en segunda instancia y se encuentra ejecutoriada; (iii) se identificaron
los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías
superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la
sentencia atacada quedó ejecutoriada el 5 de septiembre de 20228 y la solicitud
de amparo se presentó el 24 de enero de 2023, es decir, dentro de un término
prudencial (4 meses y 19 días); y (v) el fallo acusado no desató una acción de
tutela.

En razón a que se colman los anteriores presupuestos, esta Sala examinará el
fondo del asunto conforme a las causales específicas denominadas defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente invocadas por la actora.

3.5.1 Defecto sustantivo. Sea lo primero anotar que el artículo 230 de la
Constitución Política prevé que los jueces se encuentran sometidos al imperio
de la ley. En virtud de dicho mandato, las autoridades judiciales deben decidir
las controversias de acuerdo con las normas que regulan la materia, como
expresión del principio de legalidad.

La jurisprudencia constitucional9 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el
denominado defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es
decidida con fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto,
bien porque fue derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que
no tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es
paradójica o simplemente se omite aplicarla. Al respecto, la Corte
Constitucional sostuvo:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una
falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de
interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al caso
8
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 29 de agosto de
2022, motivo por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 31 de los mismos mes y
año, conforme al artículo 205 (numeral 2) del CPACA.
9
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.

8

Expediente: 11001-03-15-000-2023-00291-00
Nohora Silvia Umaña Montero contra los señores magistrados de la subsección B de la
sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro

sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la
procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de
alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales10.

3.5.2 Desconocimiento del precedente. Al respecto, se precisa que el
desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i) como causal
autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se
trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el
desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen en el
artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados
por la Corte Constitucional en su jurisprudencia11, y la segunda hace referencia
a cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o
vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia
adolece de un defecto sustantivo12 en virtud de los principios del debido
proceso, igualdad y buena fe13.

3.5.3 Solución al caso concreto. En el sub lite se tiene que la actora aduce
que la providencia censurada incurre en (i) defecto sustantivo, porque las
autoridades accionadas se apartaron de las disposiciones normativas que
gobiernan la pensión de invalidez para los servidores públicos, como lo son los
Decretos 1848 de 1969 y 1045 de 1978, lo que quebranta sus garantías
superiores, comoquiera que le causa un perjuicio económico, al no tener en
cuenta para efectos del cálculo pensional, la totalidad de los emolumentos que
devengaba al momento de su retiro, entre ellos, la prima de servicios; y (ii)
desconocimiento del precedente, por cuanto inobserva el criterio
jurisprudencial fijado por el Consejo de Estado sobre el tema.

Con el fin de determinar si los anteriores reproches tienen o no asidero
jurídico, resulta oportuno indicar que en lo que se refiere a la pensión por
invalidez el Decreto 3135 de 1968, «por medio del cual se prevé la integración

10
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
11
Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a
desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias
de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de
constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe
acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad
condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional
a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela».
12
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995
M. P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P.
Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
13
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P.
Jorge Iván Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

9

Expediente: 11001-03-15-000-2023-00291-00
Nohora Silvia Umaña Montero contra los señores magistrados de la subsección B de la
sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro

de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el
régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales», en
su artículo 23, consagra:

La invalidez que determine una pérdida de la capacidad laboral no
inferior a un 75%, da derecho a una pensión, pagadera por la respectiva
entidad de previsión con base en el último sueldo mensual devengado,
mientras la invalidez subsista, así:

a) El cincuenta por ciento (50%) cuando la pérdida de la capacidad
laboral sea del 75%;

b) Del setenta y cinco por ciento (75%) cuando la pérdida de la capacidad
laboral exceda del 75% y no alcance al 95%;

c) El ciento por ciento (100%) cuando la pérdida de la capacidad laboral
sea superior al 95%.

Posteriormente, el Decreto 1848 de 1969, a través del cual se reglamentó el
precitado Decreto ley 3135 de 1968, en lo pertinente, dispuso:

Artículo 60. Derecho a la pensión. Todo empleado oficial que se halle en
situación de invalidez, transitoria o permanente, tiene derecho a gozar de
la pensión de invalidez a que se refiere este capítulo.

Artículo 61. Definición. 1. Para los efectos de la pensión de invalidez, se
considera inválido el empleado oficial que por cualquier causa, no
provocada intencionalmente, ni por culpa grave, o violación injustificada
y grave de los reglamentos de previsión, ha perdido en un porcentaje no
inferior al setenta y cinco por ciento (75%) su capacidad para continuar
ocupándose en la labor que constituye su actividad habitual o la
profesional a que se ha dedicado ordinariamente.

2. En consecuencia, no se considera inválido al empleado oficial que
solamente pierde su capacidad de trabajo en un porcentaje inferior al
setenta y cinco por ciento (75%).

Artículo 62. Calificación de la incapacidad laboral. 1. La calificación del
grado de invalidez se efectuará por el servicio médico de la entidad de
previsión social a la cual esté afiliado el empleado oficial que pretende el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.
2. En defecto de dicha afiliación esa calificación se hará por el servicio
médico de la entidad o empresa empleadora.

3. Las entidades y empresas oficiales que no tengan servicio médico,
deberán contratar dicho servicio con la Caja Nacional de Previsión
Social, para la calificación a que se refiere este Artículo.

10

Expediente: 11001-03-15-000-2023-00291-00
Nohora Silvia Umaña Montero contra los señores magistrados de la subsección B de la
sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro

Artículo 63. Cuantía de la pensión. El valor de la pensión de invalidez se
liquidará con base en el último salario devengado por el empleado oficial
y será equivalente al grado de incapacidad laboral, conforme a los
porcentajes que se establecen a continuación, así:

a. Cuando la incapacidad sea superior al noventa y cinco por ciento
(95%), el valor de la pensión mensual será igual al último salario
devengado por el empleado oficial, o al último promedio mensual, si
fuere variable.

b. Si la incapacidad excediere del setenta y cinco por ciento (75%) sin
pasar del noventa y cinco por ciento (95%), la pensión mensual será
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del último salario
devengado por el empleado oficial, o del último promedio mensual.

c. Si la incapacidad laboral es del setenta y cinco por ciento (75%), dicha
pensión será igual al cincuenta por ciento (50%) del último salario
devengado por el empleado oficial, o del último promedio mensual, si
fuere variable.

De lo anterior, se colige que el empleado público que por cualquier causa, no
provocada intencionalmente, ni por culpa grave, o violación injustificada y
grave de los reglamentos de previsión, ha sufrido pérdida de su capacidad
laboral o profesional en un porcentaje superior al setenta y cinco por ciento
(75%), tendrá derecho a una pensión por invalidez equivalente al (i) ciento por
ciento (100%) del último salario recibido o promedio mensual, si su
incapacidad excede el 95%; (ii) setenta y cinco por ciento (75%) del último
salario devengado o promedio mensual, si su incapacidad está entre el 75% y
el 95%; y (iii) cincuenta por ciento (50%) del último salario o promedio
mensual, si su incapacidad es igual o inferior al 75%.

Asimismo, para efectos de determinar la base de liquidación pensional por
invalidez se debe tener en cuenta el último salario devengado, esto es, todo lo
recibido por el empleado o trabajador como consecuencia directa o indirecta de
su relación laboral, que comprende los sueldos, primas, bonificaciones y
demás reconocimientos que se hagan directa o indirectamente por causa o por
razón del trabajo o empleo sin ninguna excepción.

Lo anotado, en concordancia con el Decreto 1045 de 1978, por el que se fijan
las reglas generales para la aplicación de las disposiciones sobre prestaciones
sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del orden nacional,
en su artículo 45, prevé:

11

Expediente: 11001-03-15-000-2023-00291-00
Nohora Silvia Umaña Montero contra los señores magistrados de la subsección B de la
sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro

De los factores de salario para la liquidación de cesantía y pensiones.
Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las
pensiones a que tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores
oficiales, en la liquidación se tendrá en cuenta los siguientes factores de
salario:

a) La asignación básica mensual;

b) Los gastos de representación y la prima técnica;

c) Los dominicales y feriados;

d) Las horas extras;

e) Los auxilios de alimentación y transporte;

f) La prima de navidad;

g) La bonificación por servicios prestados;

h) La prima de servicios;

i) Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión
cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta
días en el último año de servicio;

j) Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones
legales anteriores al Decreto-Ley 710 de 1978;

k) La prima de vacaciones;

Por último, se anota que el Decreto 1545 de 201314 reguló la prima de servicios
para el personal docente y directivo oficial, al establecer:

Artículo 1. Prima de servicios. Establécese la prima de servicios para el
personal docente y directivo docente oficial que presta sus servicios en las
instituciones educativas de preescolar, básica y media, la cual será
cancelada a partir del año 2014 en los términos que a continuación se
señalan:

1. En el año 2014, la prima de servicios será equivalente a siete (7) días de
la remuneración mensual del docente o directivo a 30 de junio del
respectivo año.

2. A partir del año 2015, y en adelante, la prima de servicios que establece
el presente Decreto será equivalente a quince (15) días de la remuneración
mensual del docente o directivo docente a 30 de junio del respectivo año.

14
«Por el cual se establece la prima de servicios para el personal docente y directivo docente oficial de las
instituciones educativas de preescolar, básica y media»

12

Expediente: 11001-03-15-000-2023-00291-00
Nohora Silvia Umaña Montero contra los señores magistrados de la subsección B de la
sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro

Parágrafo. La prima de servicios que se establece en el presente Decreto
será cancelada por las respectivas entidades territoriales certificadas en
educación en los primeros quince (15) días del mes de julio de cada año.

[…]

Artículo 5. Liquidación de otras prestaciones económicas. La prima de
servicios que se establece en el artículo 1 de este Decreto, constituye
factor salarial desde el momento de su causación, para efectos de la
liquidación de las siguientes prestaciones económicas:

1. Vacaciones.

2. Prima de Vacaciones.

3. Cesantías.

4. Prima de Navidad.

De la documentación obrante en el expediente, se advierte que (i) el 17 de
marzo de 1981 la accionante se incorporó a la docencia oficial, esto es, antes
de la entrada en vigor de la Ley 812 de 200315 (27 de junio de 2003); (ii) la
secretaría de educación de Bogotá le otorgó pensión de invalidez (al haber
sufrido una pérdida de su capacidad laboral del 100%), por conducto de
Resolución 3923 de 17 de mayo de 2017, con base en el 100% del último
salario devengado, para cuyo cálculo tuvo en cuenta la asignación básica, las
primas de alimentación, vacaciones, navidad y especial y la bonificación
decreto y con efectividad a partir del 14 de noviembre de 2016 (fecha en que
fue retirada del servicio por invalidez), de conformidad con, «[…] las Leyes
91 de 1989 y 962 de 2005 [y los] Decretos 3135 de 1968 […] [y] 1848 de
1969 […]», entre otras; (iii) los emolumentos salariales que devengó durante
el año anterior al retiro del servicio fueron sueldo, primas de alimentación,
vacaciones, navidad, especial y de servicios y bonificación decreto16; y (iv)
mediante Resolución 6821 de 30 de julio de 2018, la aludida secretaría negó la
reliquidación deprecada con todos los factores salariales recibidos en el
momento de su retiro, en particular, la prima de servicios, «[…] acorde con
los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969»17.

En el caso sub examine se observa que los señores magistrados de la
subsección B de la sección segunda del Tribunal Administrativo de

15
«Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario».
16
Según consta en el formato único para la expedición de certificado de salarios de 5 de junio de 2018 suscrito
por el señor secretario de educación de Bogotá.
17
En razón a que no se cuenta con dicho acto administrativo completo, no es dable exponer los fundamentos
con los cuales se negó la solicitud de reliquidación de la actora.

13

Expediente: 11001-03-15-000-2023-00291-00
Nohora Silvia Umaña Montero contra los señores magistrados de la subsección B de la
sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro

Cundinamarca, en el fallo objeto de reproche, concluyeron que la pensión de
invalidez de la actora se regulaba por los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de
1969, los cuales regían antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993,
comoquiera que fue vinculada a la docencia con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003 (17 de marzo de 1981).

De igual modo, estimaron que «[…] en el presente caso no está en discusión el
régimen aplicable a la [demandante], [toda vez que] la entidad accionada en
el acto administrativo de reconocimiento de la pensión por invalidez,
especific[ó] que [esta se otorgaba] en cuantía del 100% del último salario
devengado, con la inclusión de los […] factores salariales: asignación básica,
prima[s] de alimentación, […] especial, […] vacaciones […] [y] navidad y
bonificación decreto, esto, conforme a lo determinado en los Decretos 3135 de
1968 y 1848 de 1969».

Sin embargo, consideraron que no procede el reajuste pensional solicitado por
la tutelante con la inclusión de la prima de servicios, en la medida en que, en
atención al «[…] artículo 5 del Decreto 1545 de 2013, [dicho emolumento]
constituye factor salarial únicamente para liquidar las vacaciones, la[s]
prima[s] de vacaciones […] y […] navidad [y] las cesantías, no siendo así
para […] las correspondientes pensiones».

Sobre la aludida prima de servicios se anota que, de acuerdo con lo dispuesto
por el Decreto 1545 de 2013, los docentes oficiales, sin distinción alguna,
tienen derecho a ella a partir del año 2014 en cuantía equivalente a 7 días de la
remuneración mensual, y del año 2015 en adelante por valor de 15 días.

Por otra parte, cabe precisar que, de acuerdo con el artículo 63 del Decreto
1848 de 1969, el empleado público que haya sufrido pérdida de su capacidad
laboral o profesional en un porcentaje superior al noventa y cinco por ciento
(95%), tendrá derecho a una pensión por invalidez equivalente al ciento por
ciento (100%) del último salario devengado o promedio mensual, y para
efectos de determinar la respectiva base de liquidación pensional se debe tener
en cuenta todo lo recibido por el trabajador como consecuencia directa o
indirecta de su relación laboral, lo que, en virtud del artículo 45 del Decreto
1045 de 1978, comprende, entre otros factores, la prima de servicios.

Al respecto, se advierte que la demandante prestó sus servicios como docente
oficial desde el 17 de marzo de 1981 hasta el 14 de noviembre de 2016 (fecha
en que fue retirada por invalidez), es decir, se vinculó con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), e incluso de la

14

Expediente: 11001-03-15-000-2023-00291-00
Nohora Silvia Umaña Montero contra los señores magistrados de la subsección B de la
sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro

Ley 91 de 1989 (29 de diciembre de 1989), además, devengó en el año anterior
a su retiro por invalidez la prima de servicios.

Por consiguiente, se colige que en este asunto se configura el defecto
sustantivo invocado, comoquiera que las autoridades accionadas, al momento
de adoptar la decisión cuestionada frente a la prima de servicios, aplicaron el
artículo 5 del Decreto 1545 de 2013, al considerar que ese emolumento
constituye factor salarial solamente para efectos de la liquidación de las
vacaciones, cesantías y primas de vacaciones y de navidad, mas no para la
pensión de invalidez, a pesar de que el Decreto 1045 de 1978, por el que se
fijan las reglas generales de las disposiciones sobre prestaciones sociales a de
los empleados públicos y trabajadores oficiales del orden nacional (el cual,
cabe anotar, rige la prestación social de la actora), señaló como factores
salariales para su liquidación pensional, entre otros, la prima de servicios, la
cual, como lo exige el Decreto 1848 de 1969, debe ser devengada en el último
salario recibido, aspecto que deberán verificar los magistrados accionados con
el fin de disponer o no su inclusión.

En ese orden de ideas, se concluye que las autoridades accionadas vulneraron
las garantías superiores invocadas por la accionante, habida cuenta de que
desatendieron lo dispuesto en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045
de 1978, para concluir que la prima de servicios no podía ser incluida como
factor salarial para liquidar su pensión de invalidez, a pesar de que la
normativa que regula esa prestación social en ningún momento prevé esa
condición.

Por último, resulta necesario aclarar que como en el presente asunto los
señores magistrados de la subsección B de la sección segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incurrieron en defecto sustantivo, la Sala se
sustraerá de verificar el cargo relativo al desconocimiento del precedente
expuesto por la accionante, toda vez que para dictar una decisión de reemplazo
las autoridades accionadas deberán examinar de nuevo la normativa y
jurisprudencia aplicables a su caso.

A partir de los anteriores prolegómenos y comoquiera que la providencia
cuestionada adolece de defecto sustantivo, se impone (i) amparar el derecho
constitucional fundamental al debido proceso18 de la tutelante; (ii) dejar sin

18
No se tutelará la garantía superior a la igualdad de la demandante, puesto que no se acreditó que con la
providencia atacada se le haya dado un trato diferente al recibido por otra persona en sus mismas condiciones,
y en cuanto a las de seguridad social y mínimo vital, tampoco se advierten vulneradas, comoquiera que el sub
lite se discute la reliquidación, mas no el reconocimiento pensional.

15

Expediente: 11001-03-15-000-2023-00291-00
Nohora Silvia Umaña Montero contra los señores magistrados de la subsección B de la
sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro

efectos el fallo de 22 de agosto de 2022, mediante el cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección B de la sección segunda)
confirmó el de 13 de noviembre de 2019, con el que el Juzgado Once (11)
Administrativo de Bogotá accedió parcialmente a las pretensiones del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que promovió la actora
contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduprevisora S. A. (expediente
11001-33-35-011-2018-00431-01); y (iii) ordenar a las autoridades accionadas
que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta decisión,
profieran una nueva providencia, en lo relacionado con la reliquidación de la
pensión de invalidez reclamada, en particular, en lo que atañe a la inclusión de la
prima de servicios, en atención a las consideraciones expuestas en esta sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1°. Ampárase el derecho constitucional fundamental al debido proceso de la
señora Nohora Silvia Umaña Montero, en armonía con lo expuesto en la parte
motiva.

2°. Déjase sin efectos la sentencia de 22 de agosto de 2022, por cuyo conducto
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección B de la sección
segunda) decidió en segunda instancia el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho promovido por la tutelante contra la Nación - Ministerio de
Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
y la Fiduprevisora S. A. Compañía de Seguros (expediente 11001-33-35-011-
2018-00431-01), conforme a la motivación.

3°. En consecuencia, ordénase a los señores magistrados de la subsección B de
la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, dentro
del término de diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia,
dicten un nuevo fallo dentro del aludido asunto ordinario, en lo relacionado
con la reliquidación de la pensión de invalidez reclamada, en atención a las
consideraciones planteadas en esta decisión.

4°. Adviértese a las autoridades indicadas en el numeral precedente, que el
incumplimiento de lo dispuesto en esta providencia dará lugar a las sanciones
establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

16

Expediente: 11001-03-15-000-2023-00291-00
Nohora Silvia Umaña Montero contra los señores magistrados de la subsección B de la
sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro

5°. Notifíquese esta determinación judicial a las partes por el medio más
expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

6°. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991 envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS

17

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.