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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06800-01

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06800-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Confírmase la sentencia de primera instancia que negó el amparo en la acción de tutela de la referencia. 2°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06800-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

19 de febrero de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecinueve (19) de febrero dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06800-01
Demandante: ALMA LUZ CUELLO DAZA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
RELIQUIDACIÓN DE PENSIÓN DE INVALIDEZ. SE
CONFIRMA LA DECISIÓN QUE NEGÓ EL AMPARO.

Síntesis del caso: la actora cuestionó la sentencia de segunda instancia que revocó la decisión
que había accedido a las pretensiones encaminadas a ordenar la reliquidación de su pensión de
invalidez con la inclusión de la prima de antigüedad. No obstante, la Sala confirmará la decisión
que negó el amparo, tras exponer que no existe un precedente uniforme y vinculante sobre los
factores que se deben tener en cuenta para determinar el ingreso base de cotización para liquidar
la pensión de invalidez.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la demandante contra la sentencia del 19
de agosto de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO. Negar la solicitud de amparo presentada por la señora Alma Luz
Cuello Daza contra el Tribunal Administrativo de La Guajira, de conformidad con
lo razonado en la parte motiva de esta providencia”. (Negrillas y mayúsculas
fijas del original - archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo
SAMAI).

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

Mediante escrito presentado el 29 de octubre de 2025, la señora Alma Luz Cuello Daza
promovió proceso de acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de La Guajira
para que le sean amparados los derechos fundamentales del debido proceso y acceso a

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06800-01
Actor (a): Alma Luz Cuello Daza
Acción de tutela

la administración de justicia, presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia del
31 de marzo de 2025.

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) Desde el 21 de julio de 1981 hasta el 28 de febrero de 2018 laboró más de 36 años
como docente oficial vinculada a la Secretaría de Educación de La Guajira.

2) Mediante Resolución no. 0233 del 2 de marzo de 2018, la administradora temporal
para el sector educación del departamento de La Guajira, el distrito de Riohacha y los
municipios de Maicao y Uribia le reconocieron y ordenaron el pago de una pensión de
invalidez, a partir del 6 de julio de 2017, en lugar de la pensión de jubilación, por haber
desistido expresamente de esta última.

3) En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó
demanda en contra de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) en la que pidió que se declarara la nulidad
parcial de la Resolución 233 de 2 de marzo de 2018, y, a título de restablecimiento del
derecho, solicitó que se le a) reconociera la pensión de invalidez equivalente al 100% de
los salarios, sobresueldos, primas y demás factores salariales devengados durante el año
anterior a la adquisición del status pensional, b) pagaran el retroactivo correspondiente,
derivado de la reliquidación pensional con inclusión de las primas y demás factores
salariales, desde cuando adquirió el estatus pensional hasta cuando se produzca el
reajuste solicitado; c) indexaran las sumas dejadas de pagar y d) pagaran los intereses
de mora y las costas procesales1.

4) Mediante sentencia anticipada del 29 de febrero de 2024, el Juzgado Cuarto
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Riohacha accedió a las súplicas de la
demanda; en consecuencia, ordenó reliquidar la pensión de invalidez con la inclusión de
la prima de antigüedad como factor del IBL devengada durante el año anterior a la
adquisición del estatus, con aplicación de una tasa de reemplazo del 100%.

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Mediante providencia del 25 de julio de 2023.

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Actor (a): Alma Luz Cuello Daza
Acción de tutela

5) La Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (en adelante Fomag) apeló para solicitar que se revocara la
sentencia de primera instancia y, en consecuencia, se negaran las pretensiones de la
demanda, con fundamento en que la jurisprudencia en cuanto a la aplicación de la
sentencia de unificación de 25 de abril de 2019 para la reliquidación de pensiones de
invalidez en el régimen docente no es pacífica, en tanto que dicha prestación tiene
fundamentos normativos y tasa de reemplazo distinta a la de la pensión de jubilación.

6) En este caso, no es viable reliquidar la asignación pensional de la accionante, puesto
que no realizó aportes pensionales respecto de factores adicionales a los ya incluidos,
por lo que su inclusión en el IBL desconocería el principio de sostenibilidad financiera
establecido en el acto legislativo 001 de 2005.

7) Mediante sentencia del 31 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de La Guajira
revocó la decisión de primera instancia que había ordenado la reliquidación de la pensión
de invalidez de la actora con inclusión de la prima de antigüedad y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda.

8) Para adoptar dicha decisión, estableció que la docente ingresó al servicio oficial el 21
de julio de 1981 y se retiró el 28 de febrero de 2018, es decir, que se su vinculación se
produjo con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, por lo que su
situación pensional debía regirse por el régimen anterior, en particular por la Ley 91 de
1989 y los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, en ese contexto, el
ingreso base de liquidación de la pensión de invalidez debía determinarse conforme con
lo dispuesto en el Decreto 1045 de 1978.

9) La Ley 62 de 1985 regula el cálculo del ingreso base de liquidación en materia de
pensión de jubilación y no resultaba aplicable a la pensión de invalidez, la cual se
encuentra sometida a una regulación especial; en respaldo de esa postura, citó unos
precedentes dictados en dos procesos de nulidad y restablecimiento del derecho y una
sentencia de tutela Sección Segunda del Consejo de Estado en las que se descartó la
aplicación de la Ley 62 de 1985 para la liquidación de pensiones de invalidez por indebida
aplicación normativa, de ahí que concluyó que la prima de antigüedad no podía ser
incluida en el ingreso base de liquidación por no encontrarse enlistada en el artículo 45
del Decreto 1045 de 1978.

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Actor (a): Alma Luz Cuello Daza
Acción de tutela

Fundamento de la vulneración

La actora alegó que se desconoció el precedente judicial con base en los siguientes
argumentos:

La sentencia del 31 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de La
Guajira, se apartó injustificadamente de la línea jurisprudencial fijada por el Consejo de
Estado en relación con la liquidación de la pensión de invalidez de los docentes
vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

Particularmente, citó las sentencias del 11 de abril y 18 de julio de 2024, proferidas por
el Consejo de Estado en asuntos de contornos similares, las cuales establecieron que
dicha prestación debía liquidarse con fundamento en los factores salariales devengados
durante el último año de servicios, en aplicación de las Leyes 33 y 62 de 1985 y de los
Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, conforme con la regla de unificación fijada en la
sentencia SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019.

En decisiones anteriores, el propio tribunal accionado reconoció como precedente
vinculante la referida sentencia de unificación y concluyó que los docentes vinculados
con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003 se encontraban amparados por el
régimen previsto en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 y en la Ley 33 de 1985 y
62 de 1985.

El tribunal no justificó el apartamiento del precedente vertical fijado por el Consejo de
Estado y, pese a citar algunos pronunciamientos en apoyo de su decisión, la autoridad
judicial omitió considerar los precedentes más recientes y favorables, acogiendo una tesis
más restrictiva en contravía del principio pro homine.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA, en la
sentencia proferida el día 31 de marzo de 2025, dentro del proceso ordinario
con radicado No. 44001334000420220029201, transgredió los derechos
fundamentales transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA

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Actor (a): Alma Luz Cuello Daza
Acción de tutela

JUDICIAL EFECTIVA Y PRINCIPIO PRO HOMINE de la parte accionante, por
considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la
ley y la postura del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo.

2. Como consecuencia de la anterior declaratoria, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA, DEJAR SIN EFECTOS la providencia
judicial referida en el numeral anterior y, en su lugar, PROFERIR nueva decisión
haciendo un estudio de fondo sobre la controversia sobre la reliquidación de
pago de la pensión de invalidez en consonancia con el derrotero jurisprudencial
fijado en casos similares”. (archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI - índice 2).

Actuación procesal

Mediante auto del 31 de octubre de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó la notificación al presidente y a
los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de La Guajira, al tiempo que se
vinculó como tercero con interés, al ministro de Educación Nacional, al representante
legal de la Fiduprevisora SA, en calidad de administradora del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y al gobernador del Departamento de La
Guajira, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio
de la acción (índice 05 de Samai).

Sentencia de primera instancia

Mediante providencia del 3 de diciembre de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado negó el amparo, en razón a que el tribunal accionado sí justificó
de manera clara y precisa la decisión de apartarse del criterio que la accionante afirmó
constituye “precedente” y que fue acogido en primera instancia, e incluso citó
providencias del órgano de cierre posteriores que respaldaban su posición.

Además, los argumentos expuestos por la autoridad accionada son razonables y no
merecen reproche alguno desde el punto de vista constitucional, el hecho de que la parte
actora no los comparta, no habilita al juez de tutela para volver a estudiar un asunto que
ya fue decidido razonablemente por el juez natural de la causa con suficiente motivación.

Finalmente, la acción de tutela sigue siendo un mecanismo subsidiario y excepcional y,
por ende, no puede convertirse en el único y el preferido medio de la parte que pierde el
pleito u obtiene una decisión contraria a sus intereses, menos aun cuando la providencia

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Actor (a): Alma Luz Cuello Daza
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que se cuestiona de manera razonable y fundamentada contiene una justificación fáctica
y jurídica del sentido de la decisión.

Impugnación

Inconforme con la decisión de primer grado, la actora impugnó con base en las siguientes
inconformidades:

En primer lugar, insistió en que existía jurisprudencia reciente del Consejo de Estado –
particularmente las sentencias del 11 de abril y 18 de julio de 2024, así como la regla
fijada en la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019– en la que se reconoció la
aplicación de la Ley 33 de 1985 y de los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 para
efectos de determinar el ingreso base de liquidación, precedente que, a su juicio, fue
desatendido por el Tribunal Administrativo de La Guajira.

De igual manera, insistió en que el apartamiento del precedente vertical del Consejo de
Estado careció de motivación suficiente, pese a la existencia de decisiones anteriores en
las que se había acogido la tesis favorable a la inclusión de determinados factores
salariales, como la prima de antigüedad.

Asimismo, la inobservancia de la carga de transparencia y suficiencia exigida por la
jurisprudencia constitucional cuando se modifica una línea decisional, circunstancia que,
en su sentir, afectó los principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima.

Finalmente, la decisión cuestionada desconoció los principios de favorabilidad, in dubio
pro operario y pro persona, al haberse optado por una interpretación más restrictiva del
régimen pensional, pese a la coexistencia de criterios jurisprudenciales divergentes.

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

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Actor (a): Alma Luz Cuello Daza
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Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con
ocasión de la providencia del 31 de marzo de 2025.

Análisis de los requisitos generales de procedencia

Para la Sala el presente asunto cumple los requisitos genéricos de procedibilidad, por
cuanto: i) se agotaron todos los medios de defensa judiciales disponibles al alcance de
la parte afectada, sin que sea procedente algún otro; ii) se cumplió con el requisito de la
inmediatez2; iii) no se atacó una sentencia de tutela y, iv) la parte actora identificó de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que
estimó transgredidos.

Asimismo, para la Sala v) la cuestión que se discute resulta de relevancia constitucional,
en tanto lo que se reprocha es que el juez de segunda instancia del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho desatendió unas sentencias que supuestamente eran
vinculantes, planteamientos que no constituyen meras discrepancias interpretativas, sino

2
La providencia se notificó el 29 de abril de 2025 y la tutela se presentó el 29 de octubre de 2025, esto es,
en el término de los seis meses.

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Actor (a): Alma Luz Cuello Daza
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la presunta comisión de un defecto específicos de procedibilidad como lo ha determinado
la jurisprudencia constitucional.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia
de primera instancia que negó el amparo, por las siguientes razones:

Caracterización del desconocimiento del precedente

El precedente judicial ha sido definido como “aquel conjunto de sentencias previas al caso
que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico
constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al
momento de dictar sentencia3”.

En esos términos, el precedente corresponde a una o varias decisiones previas
relevantes para la solución de un nuevo asunto en el que se plasma el criterio pacífico y
reiterado y se dictan una serie de reglas o parámetros para abordar los casos que, en lo
sucesivo, tengan una estricta y real relación con aquel. Como ante casos con supuestos
fácticos y jurídicos similares se debe otorgar un tratamiento jurídico similar, la sentencia
precedente debería determinar el sentido de la decisión posterior en aras de garantizar
la igualdad de las partes ante la ley y la seguridad jurídica en las decisiones judiciales.

No obstante, como lo ha considerado la Corte Constitucional4 es necesario precisar que
no todo el contenido de una sentencia posee “fuerza normativa de precedente”, pues ello
solo será predicable de la “ratio decidendi”. En efecto, para mayor claridad sobre dicho
punto recuérdese que en la estructura de las providencias judiciales es posible identificar
tres partes i) la parte resolutiva o decisum, en la que se profieren las órdenes vinculantes
para las partes del proceso y que constituye la solución al problema jurídico examinado;
ii) la ratio decidendi, compuesta por las consideraciones o razones que sustentan,
motivan y justifican la decisión adoptada, y iii) los obiter dicta o dichos de paso, que no
son más que aquellos argumentos de referencia, complementarios o de contexto que no
son vinculantes ni necesarios para la resolución del asunto.

3
Corte Constitucional, sentencia T-1029 de 2012.
4
Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021.

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Se insiste, de las tres partes solo la segunda, esto es, la ratio decidendi posee fuerza de
precedente siempre que ella “i) establezca una regla relacionada con el caso a resolver
posteriormente; ii) haya servido de base para solucionar un problema jurídico semejante,
o una cuestión constitucional similar a la que se estudia en el caso posterior; y (iii) los
hechos del caso o las normas juzgadas en la providencia anterior sean semejantes o
planteen un punto de derecho parecido al que se debe resolver posteriormente5”.

Asimismo, no toda providencia judicial constituye precedente aplicable al caso, por el
contrario, hay asuntos que pese a su similitud corresponden a un mero antecedente
judicial, sin la fuerza vinculante necesaria propia del precedente para establecer una regla
cuya aplicación deba necesariamente ser atendida.

Partiendo del supuesto de que “no todo lo que dice una sentencia es pertinente para la
definición de un caso posterior”, la Corte Constitucional diferenció entre lo que se
denomina antecedente jurisprudencial y precedente, en sentido estricto.

En la sentencia T-830 de 2012, esa Corporación se pronunció al respecto en los términos
que a continuación se explican:

“El (…) –antecedente- se refiere a una decisión de una controversia anterior a
la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de
vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de Derecho
(e.g. conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían al juez
para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un
carácter orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta
por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las
razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad.
(…)

[Entretanto, el] –precedente-, por regla general, es aquella sentencia o conjunto
de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio
en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su
ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el nuevo caso”.

Luego entonces, puede predicarse la existencia de un precedente en los eventos en los
cuales:

“(i) los hechos relevantes que definen el asunto pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan un caso del pasado.

5
Corte Constitucional, sentencia T-459 de 2017.

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(ii) la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente.

(iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una distinta o más específica
que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.

No obstante lo anterior y pese a la fuerza vinculante del precedente, se acepta que los
jueces se aparten de este bajo las siguientes condiciones: i) deben hacer explícitas las
razones por las cuales se abstienen de aplicar el precedente y se apartan del mismo, lo
que se ha denominado cumplimiento de la “carga de transparencia”; ii) están llamados a
demostrar que los argumentos que ofrecen, desarrollan y amplían de mejor manera el
contenido de los derechos, principios y valores constitucionales objeto de protección,
pues no cualquier motivo constituye una razón válida para “justificar” el apartamiento del
precedente, exigencia que se reconoce como la “carga de argumentación”.

4.1. Análisis del desconocimiento del precedente en el caso concreto

1) La actora sostuvo que la sentencia del 31 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de La Guajira desconoció el precedente judicial por excluir la prima de
antigüedad del ingreso base de liquidación de la pensión de invalidez y aplicar el artículo
45 del Decreto 1045 de 1978, en lugar de la Ley 62 de 1985.

2) El defecto se sustentó en que, a su juicio, la autoridad judicial demandada se apartó
injustificadamente de las sentencias del 11 de abril6 y 18 de julio de 20247, proferidas por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en las que, según afirmó,
se reconoció la aplicación de la Ley 62 de 1985 para efectos de determinar los factores
salariales computables en el ingreso base de liquidación de docentes vinculados antes
de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

3) De igual manera, señaló que se desconoció la regla fijada en la sentencia de
unificación SUJ-014-CE-S2-2019 y que el tribunal omitió aplicar la interpretación más
favorable conforme con los principios de favorabilidad y pro homine.

6
20001-23-33-000-2018-00329-01 (2834-2022).
7
20001-23-33-000-2019-00313-01.

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4) A efectos de establecer si se incurrió en el defecto invocado, la Sala examinará el
contenido de la providencia cuestionada que conllevó a revocar la decisión que había
accedido a las pretensiones:

“Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación,
corresponde al Tribunal determinar si la señora Alma Luz Cuello Daza tiene
derecho a la reliquidación de la pensión de invalidez, con la inclusión del factor
prima de antigüedad, devengado durante el año inmediatamente anterior a la
adquisición del status pensional, en aplicación de los parámetros
jurisprudenciales establecidos por el Consejo de Estado en la sentencia de
unificación de 25 de abril de 2019.

La Sala revoca la sentencia de primera instancia, en tanto que el IBL de la
pensión de invalidez de los docentes vinculados al servicio oficial con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, se rige por lo
previsto en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, es decir, que no es
viable incluir los factores devengados durante el periodo computable con
fundamento en lo previsto en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, pues dicha
norma rige el cálculo de la pensión de jubilación en el régimen docente,
no la de invalidez, como se expone a continuación:

13. Sea lo primero señalar que de conformidad con lo establecido en el
parágrafo transitorio 1° del Acto Legislativo 01 de 2005, el legislador expidió la
Ley 812 de 200312, norma que en su artículo 81 estableció dos regímenes
prestacionales aplicables a docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
cuya observancia dependerá en cada caso de la fecha de ingreso o vinculación
al servicio educativo oficial.

14. En ese sentido, se estableció que si el docente se vinculó al servicio público
educativo con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003 [27 de junio de
2003], el régimen prestacional que gobierna su situación jurídica es el
establecido para el personal docente que regía para esa fecha, es decir, la Ley
91 de 198913, que en su artículo 15 remite a los Decretos 3135 de 1968, 1848
de 1969 y 1045 de 1978; también debe tenerse en cuenta lo previsto en el
artículo 98 de la Ley 1295 de 1994 [que derogó expresamente el artículo 23 del
Decreto 3135 de 1968] .Por su parte, si el docente se vinculó al servicio a partir
del 27 de junio de 2003, se regirá con el régimen de prima media con prestación
definida, establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

15. En cuanto a los requisitos para acceder a la pensión de invalidez en virtud
de las normas aplicables para los docentes vinculados al servicio oficial con
anterioridad a la Ley 812 de 2003, la Sección Segunda del Consejo de Estado
determinó los siguiente:

«De lo anterior, se colige que el empleado público que por cualquier causa, no
provocada intencionalmente, ni por culpa grave, o violación injustificada y grave
de los reglamentos de previsión, ha sufrido pérdida de su capacidad laboral o
profesional en un porcentaje superior al setenta y cinco por ciento (75%), tendrá
derecho a una pensión por invalidez equivalente al (i) ciento por ciento (100%)
del último salario recibido o promedio mensual, si su incapacidad excede el
95%; (ii) setenta y cinco por ciento (75%) del último salario devengado o
promedio mensual, si su incapacidad está entre el 75% y el 95%; y (iii) cincuenta
por ciento (50%) del último salario o promedio mensual, si su incapacidad es
igual o inferior al 75%».

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06800-01
Actor (a): Alma Luz Cuello Daza
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16. A efectos de determinar la base de liquidación de la pensión de invalidez, la
citada corporación ha reiterado que, se debe tener en cuenta la totalidad de los
factores salariales devengados por el docente durante el año anterior a su retiro
del servicio, en virtud de lo previsto en la Ley 65 de 1946, según la cual «no sólo
la asignación básica fijada por la ley sino todas las sumas habitual y
periódicamente percibidas por el empleado como retribución a sus servicios».

17. Lo previsto en la Ley 65 de 1946 debe ser entendido en concordancia
con previsto en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, que establece los
factores salariales para la liquidación de cesantía y pensiones. Así, en
sentencia de 16 de febrero de 2023, la Sección Segunda del Consejo de
Estado señaló:
«[...]Asimismo, para efectos de determinar la base de liquidación pensional por
invalidez se debe tener en cuenta el último salario devengado, esto es, todo lo
recibido por el empleado o trabajador como consecuencia directa o indirecta de
su relación laboral, que comprende los sueldos, primas, bonificaciones y demás
reconocimientos que se hagan directa o indirectamente por causa o por razón
del trabajo o empleo sin ninguna excepción.

Lo anotado, en concordancia con el Decreto 1045 de 1978, por el que se
fijan las reglas generales para la aplicación de las disposiciones sobre
prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales
del orden nacional, en su artículo 45, prevé:

«De los factores de salario para la liquidación de cesantía y pensiones. Para
efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a
que tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales, en la
liquidación se tendrá en cuenta los siguientes factores de salario: a) La
asignación básica mensual; b) Los gastos de representación y la prima técnica;
c) Los dominicales y feriados; d) Las horas extras; e) Los auxilios de
alimentación y transporte; f) La prima de navidad; g) La bonificación por
servicios prestados; h) La prima de servicios; i) Los viáticos que reciban los
funcionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan percibido por un
término no inferior a ciento ochenta días en el último año de servicio; j) Los
incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales
anteriores al Decreto-Ley 710 de 1978; k) La prima de vacaciones; [...]»
[subrayas fuera de texto para destacar].

18. En pronunciamiento aún más reciente, el Consejo de Estado reiteró
que para el cálculo del monto de la asignación pensional de invalidez de
los docentes vinculados con anterioridad a la citada Ley 812 de 2003, es
necesario tener en cuenta los factores salariales previstos en el artículo
45 del Decreto 1045 de 1978. Al respecto, dicha Corporación sostuvo:

«Camargo tuvo una pérdida de la capacidad laboral del 100%, aquella
tiene derecho a la reliquidación de su pensión en el equivalente al último
salario devengado, o al último promedio mensual, si fuere variable, por lo
cual se modificará en este sentido la decisión adoptada por el a quo, pues
si bien es cierto que accedió a las pretensiones de la demanda, también
lo es que no lo hizo en los términos de la norma que regula la situación
particular de la actora, por lo que le asiste razón a la interesada en los
argumentos expuestos en el recurso de apelación. Igualmente, para el
efecto deberán tenerse en cuenta los factores previstos en el artículo 45
del Decreto 1045 de 1978, pues tal como se expuso en precedencia es la
norma que resulta aplicable a la demandante, dada la fecha de su
vinculación al servicio de la docencia. Para ello, la accionada tendrá que
expedir la respectiva certificación [...]».

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06800-01
Actor (a): Alma Luz Cuello Daza
Acción de tutela

19. Establecido lo anterior, la Sala encuentra debidamente demostrado que el
(sic) accionante ingresó al servicio oficial como docente el 21 de julio de 1981,
esto es, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 y su retiro
se produjo el 28 de febrero de 2018. En consecuencia, el IBL para su pensión
de invalidez debe ser calculado con base en lo establecido en el artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978. Se destaca que, el IBL pensional no puede ser
establecido con sujeción a lo previsto en la Ley 62 de 1985, en tanto que este
rige únicamente para el cálculo de la pensión de jubilación, dado que la pensión
por invalidez se gobierna por norma especial, como se expuso en precedencia
[ver párrafo 16 supra]. Al respecto, se destaca que, en sede de tutela, el
Consejo de Estado descartó la aplicación de la Ley 62 de 1985 para la
liquidación de la pensión de invalidez, así8:

«[...]De acuerdo con las consideraciones expuestas en la decisión
acusada, anteriormente trascritas, sin mayor esfuerzo, llama la atención
de la Sala, como, luego de motivarse el acápite de ‘El régimen legal
aplicable en materia de pensión de invalidez de docente oficial’, de
acuerdo a las disposiciones de los artículos 81 de la Ley 812 de 2003, 15
de la Ley 91 de 1989 y, 61 y 63 del Decreto 1848 de 1968, finalmente, se
resuelve la solicitud de reliquidación de la pensión de invalidez de la
señora Doralba Zapata Henao, con fundamento en la Ley 33 de 1985,
cuyo artículo 3 fue modificado por la Ley 62 de 1985, las cuales regulan,
únicamente, lo pertinente a la pensión de jubilación de empleados
oficiales.

Y, con fundamento en normativa no aplicable al asunto, manifiesta
acogerse a la sentencia de unificación del 29 de abril de 2019, que se
refiere a “pensión de jubilación docente” sin ningún análisis detallado de
su porqué, pese a que la controversia a decidir no correspondía a la
reliquidación de una pensión de jubilación, sino de invalidez; cuya
regulación, como se dejó señalado a lo largo de la presente providencia,
corresponde a las disposiciones del Decreto Ley 3135 de 1968 y los
Decretos 1848 de 1969 y 1045 de 1978, como lo invocó la parte actora en
su escrito de amparo[...].

De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que la sentencia del 16 de
julio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas se
encuentra incursa en defecto sustantivo por incurrir en indebida
motivación normativa; razón por la cual, se accederá a la solicitud de
amparo [...]».

20. Ahora bien, de la revisión del acto administrativo demandado, por el cual se
reconoció y ordenó el pago de una pensión de invalidez a la accionante, se
evidencia que esta fue calculada con base en la asignación básica mensual,
prima de navidad, bonificación de 1000 y prima vacacional. Así mismo, está
probado que durante el año anterior a su retiro definitivo del servicio [28 de
febrero de 2017 a 18 de febrero de 2018], la accionante devengó asignación
básica, bonificación mensual, prima de antigüedad, prima de navidad, prima de
servicios y prima de vacaciones docentes.

21. Pese a lo expuesto, la accionante no tiene derecho a la reliquidación
de su pensión de invalidez con inclusión de la prima de antigüedad, debido
a que dicho factor no se encuentra enlistado en el artículo 45 del Decreto
1045 de 1978, aplicable a efectos de calcular el IBL pensional en materia
de invalidez. En definitiva, es imperativo para la Sala revocar la sentencia

8
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 8 de marzo de 2021, rad. 11001-03-
15-000-2020-05040-01.

14
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06800-01
Actor (a): Alma Luz Cuello Daza
Acción de tutela

de primera instancia en cuanto ordenó la reliquidación de la asignación
pensional del accionante con inclusión de la prima de antigüedad prevista
en la Ley 62 de 1985, habida cuenta de que dicha norma rige el cálculo del
IBL pensional en materia de pensión de jubilación y no de invalidez, según
lo expuesto por el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia”.
(negrillas propias de la Sala)

5) Del examen de la providencia cuestionada se advierte que el tribunal no omitió el
análisis del régimen normativo aplicable ni desatendió las decisiones jurisprudenciales
invocadas por la actora, por el contrario, partió de precisar que la prestación discutida
corresponde a una pensión de invalidez reconocida bajo el régimen anterior a la Ley 812
de 2003 e identificó como marco regulatorio los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969
en cuanto a los presupuestos y cuantía de la prestación.

6) Asimismo, consideró que, para efectos de determinar los factores salariales
computables en la liquidación, debía acudirse al artículo 45 del Decreto 1045 de 1978,
norma que regula expresamente los factores de salario para la liquidación de pensiones
de empleados públicos.

7) A dicha conclusión arribó luego de reseñar que la Sección Segunda ha señalado que
la base de liquidación de la pensión de invalidez comprende el último salario devengado,
entendido como todas las sumas habitual y periódicamente percibidas por el empleado
como retribución de sus servicios, interpretación que debe armonizarse con los factores
expresamente previstos en el citado artículo 45 del Decreto 1045 de 19789.

8) Asimismo, puso de presente pronunciamientos en los que esa misma Corporación
reiteró que, tratándose de docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003, el ingreso
base de liquidación de la pensión de invalidez debe calcularse con sujeción a dicha
disposición10.

9) Incluso, el tribunal destacó que en sede de acción de tutela el Consejo de Estado ha
considerado indebida la aplicación de la Ley 62 de 1985 para reliquidar pensiones de
invalidez, por tratarse de una norma propia del régimen de jubilación, lo cual evidencia
que la posición adoptada no constituye una posición aislada sino que se acompasa con

9
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 16 de febrero de 2023, rad. 11001-
03-15-000-2023-00291-00.
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 30 de mayo de 2024, radicado:
147001-23-33-000-2020-00568-01(4919-2022).

15
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06800-01
Actor (a): Alma Luz Cuello Daza
Acción de tutela

otra línea desarrollada por la misma Sección Segunda, circunstancia que descarta la
existencia de una regla uniforme en sentido contrario.

10) A partir de esa fundamentación normativa y jurisprudencial, el tribunal concluyó que
la pensión de invalidez posee un régimen propio en cuanto a su reconocimiento y
determinación del ingreso base de liquidación, circunstancia que impide extender de
manera automática las reglas previstas para la pensión de jubilación bajo la Ley 33 de
1985, de suerte que la decisión adoptada no representa el desconocimiento de un
precedente vinculante sino el ejercicio razonado de la función interpretativa frente al
marco jurídico aplicable al caso concreto.

11) En este contexto, el análisis del defecto alegado debe partir de un presupuesto
indispensable, el desconocimiento del precedente exige la existencia de una regla
jurisprudencial vinculante, clara y consolidada frente a la cual el juez se aparte sin ofrecer
una justificación suficiente, pues no basta la invocación de providencias anteriores que
hayan resuelto asuntos semejantes, sino que es necesario acreditar que tales decisiones
tengan fuerza obligatoria en sentido estricto o que configuren una línea pacífica y
reiterada que imponga una solución uniforme.

12) Adicionalmente, el punto específico relativo a los factores salariales que integran el
ingreso base de liquidación de la pensión de invalidez docente no evidencia la existencia
de una posición jurisprudencial pacífica y reiterada que excluya de manera inequívoca la
aplicación del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y obligue a acudir exclusivamente a
la Ley 62 de 1985, pues si bien las decisiones invocadas reiteran la regla fijada en la
sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 respecto del régimen de jubilación bajo la
Ley 33 de 1985, el debate en torno a la pensión de invalidez, regulada por los Decretos
3135 de 1968 y 1848 de 1969, ha sido abordado desde marcos normativos concurrentes,
circunstancia que descarta la existencia de una doctrina uniforme que imponga una única
solución hermenéutica.

13) En ese contexto, la determinación adoptada por el tribunal accionado, al acudir al
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 como fundamento para definir los factores salariales
computables, se inscribe dentro del ámbito de la autonomía judicial y constituye una
interpretación jurídicamente plausible del régimen aplicable, lo cual excluye la
configuración del defecto alegado, toda vez que la acción de tutela contra providencias
judiciales no está llamada a dirimir discrepancias interpretativas cuando el asunto no ha

16
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06800-01
Actor (a): Alma Luz Cuello Daza
Acción de tutela

sido zanjado mediante una regla vinculante ni existe una línea jurisprudencial pacífica y
reiterada que obligue a adoptar una solución determinada, de suerte que la controversia
planteada por la parte actora permanece en el ámbito de la legalidad ordinaria y no
alcanza dimensión constitucional.

14) En consecuencia, no se configura el defecto por desconocimiento del precedente
invocado y el amparo solicitado será negado.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Confírmase la sentencia de primera instancia que negó el amparo en la acción de
tutela de la referencia.

2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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