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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2018-00329-01

Fecha
11 de abril de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2018-00329-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 18 de noviembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Fabio César Quintero Manga contra la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), y Secretaría de Educación de Valledupar, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia. Segundo. Sin condena en costas en ambas instancias. 17 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 17 Radicado: 20001-23-33-000-2018-00329-01 (2834-2022) Demandante: Fabio César Quintero Manga Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-33-000-2018-00329-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

11 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 20001-23-33-000-2018-00329-01 (2834-2022)
Demandante: Fabio César Quintero Manga
Demandado: Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y Secretaría de Educación
de Valledupar

Tema: Reliquidación pensión invalidez docente oficial, factores
salariales

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el Fomag contra la sentencia
proferida el 18 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Cesar, por
medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

Fabio César Quintero Manga presentó demanda, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de

1Samai, índice 2, expediente digital “ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_2352022(.zip) NroActua 2”,
C01Principal.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00329-01 (2834-2022)
Demandante: Fabio César Quintero Manga

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad parcial de la Resolución 0755 del 11 de noviembre de 2014,
por medio de la cual el secretario de educación del municipio de Valledupar, en
nombre y representación del Fomag, le reconoció la pensión de invalidez; y ii) Oficio
OFPSM-0195(2018EE1054) del 19 de abril de 2018, a través del cual dicho
funcionario no reliquidó la prestación.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó:
i) reliquidar la pensión de invalidez con la inclusión de los factores salariales de las
prima de antigüedad, prima de servicios, horas extras y los demás emolumentos
devengados en el último año de servicios, ii) reajustar la pensión de invalidez a partir
del 5 de febrero de 2015; iii) ordenar a la demandada a reconocer y pagar la
diferencia del valor que resuelte de la reliquidación de la pensión; iv) reajustar la
pensión de acuerdo con el salario mínimo legal mensual, en atención del artículo 1
de la Ley 71 de 1988; v) cumplir la sentencia en los términos previstos en los
artículos 187 y 192 del CPACA; y vi) condenar en costas a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

• Fabio César Quintero Manga fue calificado con pérdida de capacidad laboral del
100% de origen laboral, con fecha de estructuración de invalidez del 22 de agosto
de 2014, según el formulario de dictamen SOR 092016074 del 28 de septiembre de
2016, suscrito por la especialista de salud ocupacional de la U.T. Oriente Región 5.

• El dictamen establece «que de acuerdo al certificado médico expedido por la UT
ORIENTE REGIÓN 5, entidad que presta el servicio médico asistencial, el porcentaje de la
capacidad laboral es de 98.8%, a partir del 29-07-14, fecha de estructuración de invalidez,
lo cual da derecho a disfrutar de una pensión por invalidez equivalente al 100% del
promedio salarial del último año.» (sic)

• En el acto administrativo de reconocimiento pensional, no se incluyeron como
factores salariales la prima de antigüedad, prima de servicios, horas extras, los
cuales fueron devengados durante el último año de servicios.

• Mediante la Resolución 002007 del 2 de septiembre de 2014, suscrita por el
secretario de talento humano del municipio de Valledupar, fue retirado del servicio
por invalidez.

2 En adelante CPACA.

2

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00329-01 (2834-2022)
Demandante: Fabio César Quintero Manga

• A través de escrito del 21 de marzo de 2018, el demandante solicitó al Fomag la
reliquidación de la pensión de invalidez, con el fin que se corrigiera el valor de la
mesada con la inclusión de los factores salariales de la prima de navidad, prima de
vacaciones, bonificación por retiro del servicio, prima de servicios, prima de
antigüedad, horas extras y demás emolumentos devengados durante el último año
de servicios.

• Mediante Oficio OFPSM-0195(2018EE1054) del 19 de abril de 2018, el secretario
de educación del municipio de Valledupar, indicó que «su pensión fue bien liquidada»,
por lo cual negó la reliquidación pensional con la inclusión de los los factores
salariales requeridos.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 13, 48 y 53 de la Constitución Política; incisos
2 y 3 del artículo 36, inciso 2 del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, Leyes 33 y 62
de 1985, Decreto 1158 de 1994 modificado por el artículo 6 del Decreto 691 de
1994, artículo 15 de la Ley 91 de 1989, literales f y k del artículo 45 del Decreto 1045
de 1978, y artículo 81 de la Ley 812 de 2003.

En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente:

• Los actos administrativos acusados fueron expedidos con desviación de poder,
por cuanto excluyeron los factores salariales reclamados, y como consecuencia
negaron un derecho prestacional sin que la administración haya realizado un test
de racionalidad que lo justifique. De igual forma, incurren en falsa motivación porque
se apartan de la interpretación jurisprudencial y doctrinal del régimen jurídico
aplicable al caso particular.

-Sobre los factores salariales para la liquidación de la pensión de invalidez de
docente oficial, el Consejo de Estado, Sección Segunda, en sentencia del 13 de
noviembre de 2014, con radicado interno 3008-2013, C.P. Gerardo Arenas
Monsalve, indicó lo siguiente: «PENSIÓN DE INVALIDEZ DE DOCENTE OFICIAL – Ingreso base
de liquidación. La liquidación de la prestación pensional por invalidez reconocida a un
docente oficial debe tener en cuenta, en su ingreso base de liquidación, la totalidad de los
factores salariales devengados por éste durante el último año en que prestó efectivamente
sus servicios. Lo anterior, en consideración a lo dispuesto en la Ley 65 de 1946, Decreto
1848 de 1969, la Ley 4 de 1966, el Decreto 1743 de 1966.»

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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00329-01 (2834-2022)
Demandante: Fabio César Quintero Manga

• La prima de antigüedad debe ser considerada como factor salarial de cotización
para la liquidación pensional en el régimen de la Ley 100 de 1993 [Decreto 1158 de
1994 modificado por el artículo 6 del Decreto 691 de 1994], además en el régimen
excepcional establecido en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 que modificó el artículo
3 de la Ley 33 de 1985.

• Le asiste el derecho a la reliquidación de la pensión de invalidez, con la inclusión
de los factores salariales percibidos en el último año de servicios.

1.2. Contestación de la demanda3

1.2.1. El Fomag se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con
fundamento en las siguientes consideraciones:

• El régimen general para liquidar la pensión de invalidez del demandante, teniendo
en cuenta la fecha y tipo de vinculación es el establecido en la Ley 33 de 1985, el
cual comprende el periodo del último año de servicio docente y los factores que
hayan servido de base para calcular los aportes previstos en el artículo 1 de la Ley
62 de 1985; por lo tanto, no es posible aplicar el artículo 45 del Decreto 1045 de
1978 solicitado por Fabio César Quintero Manga.

• De acuerdo con la regla establecida en la sentencia de unificación SUJ-014-CE-
S2-2019 del 25 de abril de 2019, para efectos de establecer el ingreso base de
liquidación, solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los cuales se
realizaron aportes a pensión.

• Propuso como excepciones de mérito las denominadas legalidad de los actos
administrativos atacados de nulidad, ineptitud de la demanda por carencia de
fundamento jurídico, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y genérica.

1.2.2. El Municipio de Valledupar se opuso a la prosperidad de las pretensiones con
fundamento en los siguientes argumentos:

• En relación con el proceso administrativo para el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales de los docentes afiliados al Fomag, precisó que la Secretaría
de Educación del municipio de Valledupar, solo tiene como función proyectar el acto
de reconocimiento de la prestación y enviarlo a la entidad fiduciaria que administra
los recursos del fondo, con el fin de que apruebe o no el acto administrativo. Esta

3Samai, índice 2, expediente digital “ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_2352022(.zip) NroActua 2”,
C01Principal.

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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00329-01 (2834-2022)
Demandante: Fabio César Quintero Manga

función se realiza en representación del Ministerio de Educación y del Fomag.

• El pago de salarios y prestaciones sociales de los docentes no son efectuados con
recursos del municipio de Valledupar, además la prestación del servicio educativo y
actividades como el pago de personal docente y administrativo de las instituciones
educativas publicas es asumida y distribuida por la Nación, en tanto que su
administración corresponde a los departamentos, distritos y municipios certificados.

• Propuso como excepción previa la falta de legitimación por pasiva, y de mérito las
denominadas legalidad del acto demandado y genérica.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia proferida el 18 de
noviembre de 20214, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con
fundamento en los siguientes argumentos:

• El Consejo de Estado, a través de la sentencia SUJ-014-CE-S2 -2019 del 25 de
abril de 20195 ,sentó jurisprudencia en relación con los factores que se deben tener
en cuenta para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación de los docentes
oficiales, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, y acogió el criterio de
interpretación sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la
liquidación de la mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en la sentencia del 28 de agosto de
2018, así:

«En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y
por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado
artículo.»

• Los factores que sirven de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62
de 1985, son: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras;

4 Samai, índice 2, expediente digital “ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_2352022(.zip) NroActua 2”,
C01Principal.
5
Expediente 68001-23-33-000-2015-00569-01, radicación interna 0935-2017, C.P. César Palomino
Cortés.

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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00329-01 (2834-2022)
Demandante: Fabio César Quintero Manga

bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en día de descanso obligatorio.

• De acuerdo con el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, en cuanto a
los factores salariales, en la liquidación pensional debe tenerse en cuenta
únicamente los emolumentos devengados en el último año de servicios y/o en el
último año antes de adquirir el estatus, siempre que se encuentren enlistados en la
ley y que sobre estos se hubiera realizado los aportes. En ese orden, en la
liquidación de la pensión del demandante, no se pueden incluir factores adicionales
a los señalados por la ley, así hayan sido devengados por el servidor durante el
tiempo en que prestó sus servicios.

• Por lo anterior, no es procedente reliquidar la pensión de invalidez del demandante,
con la inclusión de todos los factores salariales devengados mientras prestó el
servicio, comoquiera que no existe prueba en el expediente de que sobre todos los
emolumentos se hubiesen efectuado aportes, siendo esta una carga procesal
exclusiva de la parte interesada, sin que sea posible que el Juez subsane las
falencias probatorias de a quien corresponde demostrar los hechos que alega,
además por cuanto no todos los factores solicitados se encuentran señalados en la
ley.

• La accionada incluyó como factores salariales en la base de liquidación, además
de la asignación básica, la prima de vacaciones y la prima de navidad, factores que
no están incluidos en la Ley 62 de 1985 dentro de los que sirven de base para
calcular los aportes. Sin embargo, el acto administrativo conserva su validez en la
medida que no se puede afectar el derecho reconocido al demandante cuya
pretensión iba dirigida a que se incluyeran factores adicionales a los reconocidos
por la entidad.

• El control de legalidad del acto administrativo dentro del juicio de nulidad y
restablecimiento del derecho no puede desbordar el objeto del litigio fijado, pues de
ser así, se afectarían principios y derechos constitucionales como el debido proceso,
la confianza legítima y la tutela efectiva de los derechos que pretende quien
impugna una decisión administrativa a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

• No es posible ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación de los docentes
con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año
de servicios, sino sobre aquellos que se efectuaron los aportes al sistema y están
previstos en la Ley 62 de 1985.

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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00329-01 (2834-2022)
Demandante: Fabio César Quintero Manga

• La parte demandante solicita que se incluya como factor salarial para determinar
el monto de la pensión de invalidez, la prima de servicios, vacaciones, horas extras
y la prima de antigüedad, percibidas por la actividad docente durante el último año
de servicios anterior al cumplimiento del estatus jurídico de pensionado, sin
embargo, los factores de prima de servicios y vacaciones, a pesar de estar
acreditados que fueron devengados por el actor, no pueden ser incluidos pues no
se encuentran enlistados en la Ley 62 de 1985 como factores que conforman la
base de liquidación pensional.

• En relación al factor salarial de horas extras, precisa que para que sea tenido en
cuenta en la liquidación de la pensión de invalidez debe estar enlistado en el artículo
1 de la Ley 62 de 1985, se haya devengado el año anterior a la culminación de la
prestación del servicio y que sobre ese factor se haya realizado el aporte para su
pensión, por lo tanto, no hay lugar a ordenar la inclusión de dicho emolumento en la
reliquidación de la pensión del demandante, pues no está probado que sobre las
horas extras se hubiere realizado el aporte.

• En cuanto al factor salarial de prima de antigüedad, teniendo en cuenta que se
demostró haber efectuado los aportes con destino a pensión, y se encuentra
enlistado en la Ley 62 de 1985 para integrar el IBL pensional, ordenó la reliquidación
de la pensión de invalidez con la inclusión de dicho emolumento.

• La condena en costas no es procedente, toda vez que no se acreditó su causación.

1.4. El recurso de apelación

El Fomag interpuso recurso de apelación6 con fundamento en los siguientes
argumentos:

• El Tribunal Administrativo del Cesar interpretó de forma inadecuada la regla
establecida en la sentencia del 4 de agosto de 2010 proferida por la Sección
Segunda del Honorable Consejo de Estado, en el expediente 25000-23-25-000-
2006-07509-01(0112-09), como consecuencia de lo cual ordenó incluir en la base
de liquidación todos los factores salariales de las prestaciones devengadas por el
demandante.

• La decisión del a quo contraría lo establecido por el Consejo de Estado en la
sentencia de unificación del 28 de agosto del 2018 proferida en el expediente 52001-

6Samai, índice 2, expediente digital “ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_2352022(.zip) NroActua 2”,
C01Principal.

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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00329-01 (2834-2022)
Demandante: Fabio César Quintero Manga

23-33-000-2012-00143-01, donde señaló con respecto a la jurisprudencia que sirvió
de sustento para la decisión del Tribunal:

«A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la Corporación, en
la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de la Ley
33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales que conforman la base
de liquidación pensional, sino que los mismos estaban simplemente enunciados y no
impedían la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último
año de prestación de servicio, va en contravía del principio de solidaridad en materia de
seguridad social. La inclusión de todos los factores devengados por el servidor durante
el último año de servicios fue una tesis que adoptó la Sección Segunda a partir del
sentido y alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el en-tendido que
“constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado
como retribución por sus servicios” con fundamento, además, en los principios de
favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para esta Sala, dicho
criterio interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de su libertad
de configuración enlistó los factores que conforman la base de liquidación pensional y a
ellos es que se debe limitar dicha base.»

• La interpretación del Tribunal Administrativo del Cesar, traspasó la voluntad del
legislador al establecer la forma en la que se debía calcular el IBL que da lugar a la
liquidación de la pensión de invalidez de la parte demandante.

• Además, la sentencia de Unificación SUJ-014 -CE-S2 -2019 de 25 de abril de 2019
estableció que solo se deben tener en cuenta los factores sobre los cuales se haya
realizado aportes a pensión, así:

«De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, son dos los
regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez
para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la
fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, así:
a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.»

• Por lo anterior, solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, pues la
decisión judicial es incompatible con la jurisprudencia proferida por el Consejo de
Estado.

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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00329-01 (2834-2022)
Demandante: Fabio César Quintero Manga

2. Consideraciones

2.1. Problema jurídico

De acuerdo con los planteamientos de la demanda, el problema consiste en
determinar ¿si Fabio César Quintero Manga tiene derecho a la reliquidación de su
pensión de invalidez, con la inclusión de los factores salariales de prima de
antigüedad, prima de servicios, horas extras y los que devengó en el último año de
servicios como docente?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Precedente vinculante de la Sala de sección segunda para el
reconocimiento de pensiones en virtud del régimen docente

La sección segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación SUJ-014-
CE-S2-2019 del 25 de abril de 20197 estableció la siguiente regla jurisprudencial
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985, para los docentes oficiales
afiliados al Fomag y vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003:

«En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo».

En resumen, en aquella decisión se estableció que la prestación se regía por las
siguientes reglas:

«(…)

✓ Edad: 55 años

✓ Tiempo de servicios: 20 años

✓ Tasa de remplazo: 75%

7 Consejo de Estado, sección segunda, sentencia del 25 de abril de 2019. Consejero Ponente: César Palomino

Cortés. Demandante: Abadía Reynel Toloza. Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

9

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00329-01 (2834-2022)
Demandante: Fabio César Quintero Manga

Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último año
de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para calcular los
aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica, gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.».

De acuerdo con la regla precedente, el IBL de la pensión de jubilación de los
docentes bajo el régimen general de la Ley 33 de 1985 comprende el periodo del
último año de servicio docente y los factores que hayan servido de base para
calcular los aportes previstos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985.

2.2.2. Sobre el régimen de la pensión de invalidez docente

La Ley 812 de 2003 en su artículo 81 estableció que el régimen prestacional para
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales; que se encuentren
vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio
en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley.
Y los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la mencionada
ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Además, se indicó que los docentes que estaban vinculados antes del 27 de junio
de 2003 le serían aplicables las normas vigentes con anterioridad a esa fecha, y
respecto de los que se vincularan al servicio con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, se regirían por el régimen pensional de prima media
con prestación definida, previsto en la Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

El régimen anterior que indica la Ley 812 de 2003, se refiere a los docentes que
estaban vinculados antes de la entrada en vigencia de la ley, es decir que para ellos
aplica lo establecido en el Decreto Ley 3135 de 1968 reglamentario 1848 de 1969 y
en el Decreto Ley 1045 de 1978.

El Decreto Ley 3135 de 1968 en el artículo 23 estableció el reconocimiento y pago
de una pensión por invalidez, a favor de los servidores públicos que fueran
calificados con una pérdida de su capacidad laboral igual o superior al 75%, en los
siguientes términos:
«Artículo 23. Pensión de Invalidez. La invalidez que determine una pérdida de la
capacidad laboral no inferior a un 75%, da derecho a una pensión, pagadera por la
respectiva entidad de previsión con base en el último sueldo mensual devengado,
mientras la invalidez subsista:
a) El 50% cuando la pérdida de la capacidad laboral sea el 75%.
b) Del 75% cuando la pérdida de la capacidad laboral exceda del 75% y no alcance el
95%.

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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00329-01 (2834-2022)
Demandante: Fabio César Quintero Manga

c) El 100% cuando la pérdida de la capacidad laboral sea superior al 95%.
Parágrafo. La pensión de invalidez excluye la indemnización.»

Dicho artículo fue derogado expresamente por el artículo 98 de la Ley 1295 de 1994,
en consecuencia, el Decreto 1848 de 1969, en sus artículos 60, 61 y 63, reguló la
pensión de invalidez así:

«Artículo 60. Derecho a la Pensión. Todo empleado oficial que se halle en situación de
invalidez, transitoria o permanente, tiene derecho a gozar de la pensión de invalidez a
que se refiere este capítulo.
Artículo 61. Definición.
1. Para los efectos de la pensión de invalidez, se considera inválido al empleado oficial
que por cualquier causa, no provocada intencionalmente, ni por culpa grave, o violación
injustificada y grave de los reglamentos de previsión, ha perdido en un porcentaje no
inferior al 75% su capacidad para continuar ocupándose en la labor que constituye su
actividad habitual o la profesión a que se ha dedicado ordinariamente.
2. En Consecuencia no se considera inválido al empleado que solamente pierde su
capacidad de trabajo en un porcentaje inferior al 75%.»
Artículo 63. Cuantía de la pensión. El valor de la pensión de invalidez se liquidará con
base en el último salario devengado por el empleado oficial y será equivalente al grado
de incapacidad laboral, conforme a los porcentajes que se establecen a continuación,
así:
a. Cuando la incapacidad sea superior al noventa y cinco por ciento (95%), el valor de la
pensión mensual será igual al último salario devengado por el empleado oficial, o al
último promedio mensual, si fuere variable.
b. Si la incapacidad excediere del setenta y cinco por ciento (75%) sin pasar del noventa
y cinco por ciento (95%), la pensión mensual será equivalente al setenta y cinco por
ciento (75%) del último salario devengado por el empleado oficial, o del último promedio
mensual.
c. Si la incapacidad laboral es del setenta y cinco por ciento (75%), dicha pensión será
igual al cincuenta por ciento (50%) del último salario devengado por el empleado oficial,
o del último promedio mensual, si fuere variable.»

Por su parte, el Decreto 1045 de 1978 en el artículo 45, señaló respecto a los
factores de salario para liquidar pensiones, los siguientes:

«Articulo 45. De los factores de salario por la liquidación de cesantía y pensiones. Para
efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que
tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales, en la liquidación se
tendrán en cuenta los siguientes factores de salario:
a. La asignación básica mensual;
b. Los gastos de representación y la prima técnica;
c. Los dominicales y feriados;
d. Las horas extras;
e. Los auxilios de alimentación y transporte;
f. La prima de Navidad;
g. La bonificación por servicios prestados;
h. La prima de servicios;

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Demandante: Fabio César Quintero Manga

i. Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan
percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año de servicio;
j. Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales
anteriores al decreto-ley 710 de 1978;
k. La prima de vacaciones;
l. El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de
descanso obligatorio;
ll. Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con
anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del decreto 3130 de
1968.»

Por lo anterior, el reconocimiento de la pensión de invalidez se establece por la
pérdida de la capacidad laboral, la cual debe ser mayor del 75%, y el porcentaje
define el monto de la prestación, sin importar el tiempo de vinculación del servicio
docente.

2.3. Caso concreto

En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

• Fabio César Quintero Manga nació el 15 de marzo de 19698 y laboró en la
Secretaría de Educación de Valledupar entre el 1° de agosto de 1994 y el 4 de
febrero de 2015, cuando fue retirado del servicio a través de la Resolución 002007
del 2 de septiembre de 2014, expedido por la secretaría de talento humano del
municipio de Valledupar9.

• Por medio de la Resolución 0755 del 11 de noviembre de 201410, el secretario de
educación del municipio de Valledupar, en nombre y representación del Fomag le
reconoció la pensión de invalidez correspondiente al 100% del promedio salarial
devengado en el último año de prestación de servicios, en consideración al sueldo
básico. La cuantía de la prestación resultó en $2.472.333, a partir del 5 de febrero
de 2015.

8 Samai, índice 2, expediente digital “ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_2352022(.zip) NroActua 2”,
C01Principal, 02AnexosDemanda, cédula de ciudadanía visible a folio 18.
9 Samai, índice 2, expediente digital “ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_2352022(.zip) NroActua 2”,

C01Principal, 02AnexosDemanda, resoluciones 0755 del 11 de noviembre de 2014 y 002007 del 2
de septiembre de 2014 visibles a folios 1 a 5.
10 Samai, índice 2, expediente digital “ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_2352022(.zip) NroActua 2”,

C01Principal, 02AnexosDemanda, Resolución 0755 del 11 de noviembre de 2014 visible a folios 1 a
4.

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Demandante: Fabio César Quintero Manga

• A través de escrito del 21 de marzo de 201811, el demandante solicitó al Fomag la
reliquidación de la pensión de invalidez con la inclusión de la prima de navidad,
prima de vacaciones, prima de antigüedad, prima de servicios, sueldo y
sobresueldo, y demás factores de salario que percibió en el último año de prestación
de servicios, la cual fue resuelta por medio del Oficio OFPSM-0195(2018EE1054)
del 19 de abril de 2018, expedido por el secretario de educación del municipio de
Valledupar, en el sentido de negar la solicitud, pues consideró que la pensión esta
bien liquidada de acuerdo con la hoja de revisión proferida por la Fiduprevisora.

• Mediante la hoja de revisión12 la Fiduprevisora oficina regional de Valledupar,
indicó que la mesada pensional corresponde al valor de $2.472.333, y precisó que
no incluye la prima de antigüedad porque no está reconocida en las actas de
liquidación.

• Formato único para la expedición de certificado de salarios13, proferido el 15 de
septiembre de 2014 por el Fomag, en el cual indica las horas extras del año 2013,
los aportes de la prima de antigüedad de docentes14, el cual fue expedido por la
secretaría de educación del municipio de Valledupar y señala que el demandante
devengó los salarios del 2014 y 2015 así:

DESDE: 01-01-2014
FACTORES SALARIALES HASTA: 21-12-2014
Asignación Básica $2.151.184,00
Pago Incapacidad Común Ambulatoria $1.434.123,00
Pago Sueldo de Vacaciones $1.698.123,00
Prima Antigüedad empleados Municipales $770.023,00
Prima de Navidad $3.008.793,00
Prima de Servicios $501.943,00
Prima de Vacaciones Docentes $1.413.419,00
TOTAL $10.977.608,00

11 Samai, índice 2, expediente digital “ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_2352022(.zip) NroActua 2”,
C01Principal, 02AnexosDemanda, Oficio OFPSM-0195 2018EE1054 del 19 de abril de 2018, visible
a folio 7.
12
Samai, índice 2, expediente digital “ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_2352022(.zip) NroActua 2”,
C01Principal, 02AnexosDemanda, hoja de revisión, visible a folio 8.
13
Samai, índice 2, expediente digital “ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_2352022(.zip) NroActua 2”,
C01Principal, 02AnexosDemanda, formato único para la expedición de certificado de salarios, visible
a folio 9.
14
Samai, índice 2, expediente digital “ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_2352022(.zip) NroActua 2”,
C01Principal, 02AnexosDemanda, certificado prima de antigüedad docentes, visible a folio 11.

13

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00329-01 (2834-2022)
Demandante: Fabio César Quintero Manga

DESDE: 01-01-2015
FACTORES SALARIALES HASTA: 04-02-2015
Asignación Básica $2.273.944,00
Pago Sueldo de Vacaciones $371.085,00
Prima Antigüedad empleados Municipales $795.880,00
Prima de Navidad $216.231,00
Prima de Servicios $645.774,00
TOTAL $4.262.924,00

• Formato único para la expedición del certificado de historia laboral15, proferido el
15 de septiembre de 2014 por el Fomag, en el cual se indica que el demandante fue
vinculado como docente desde el 1° de agosto de 1994.

• Dictamen de calificación y determinación de invalidez16, expedido el 28 de
septiembre de 2016 por la UT ORIENTE REGIÓN 5, en el cual se califica al
demandante con pérdida de capacidad laboral del 99% de origen laboral, y con
fecha de estructuración de la invalidez desde el 22 de agosto de 2014.

2.3.1. Análisis sustancial

Para resolver el problema jurídico planteado, de acuerdo con la situación fáctica y
las pruebas documentales aportadas, es necesario señalar que el secretario de
educación del municipio de Valledupar, en nombre y representación del Fomag,
reconoció a favor del demandante una pensión de invalidez en cuantía de
$2.472.333, a partir del 5 de febrero de 2015, equivalente al 100% del salario
devengado en el último año de prestación de servicios, teniendo en cuenta para tal
efecto los factores salariales de salario básico, prima de vacaciones y prima de
navidad.

De las demás pruebas documentales, se evidencia que el demandante se vinculó
al servicio oficial docente el 1° de agosto de 1994, por lo tanto, el régimen aplicable
es el previsto en los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, y la Ley 33 de 1985,
como lo hizo la parte demandada, toda vez que el nombramiento se produjo antes
de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

15 Samai, índice 2, expediente digital “ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_2352022(.zip) NroActua 2”,
C01Principal, 02AnexosDemanda, formato único para la expedición del certificado de historia laboral,
visible a folios 12 a 14.
16 Samai, índice 2, expediente digital “ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_2352022(.zip) NroActua 2”,

C01Principal, 02AnexosDemanda, dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral y
determinación de invalidez, visible a folios 15 y 16.

14

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00329-01 (2834-2022)
Demandante: Fabio César Quintero Manga

En cuanto a la liquidación de la pensión, se observa que se calculó con el 100% del
promedio de la asignación básica devengada en el último año de prestación de
servicios, y fue liquidada con la inclusión de los factores de asignación básica, prima
de vacaciones y prima de navidad.

Ahora bien, el demandante pretende que sea reliquidada la pensión de invalidez,
con la inclusión de la prima de antigüedad, prima de servicios, horas extras y demás
factores salariales devengados en el último año de servicios previo a la causación
del derecho pensional.

El Fomag en el recurso de apelación manifestó que el Tribunal Administrativo del
Cesar interpretó de forma inadecuada la regla establecida en la sentencia del 4 de
agosto de 2010 proferida por la Sección Segunda del Honorable Consejo de Estado,
en el expediente 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09), por lo tanto, ordenó
incluir en la base de liquidación todos los factores salariales de las prestaciones
devengadas por el demandante, pero no le asiste razón a la entidad demandada,
porque el a quo no aplicó el precedente contenido en dicha jurisprudencia.

Además, se evidencia que el Tribunal Administrativo del Cesar aplicó de forma
adecuada las reglas establecidas en la sentencia de Unificación SUJ-014 -CE-S2 -
2019 de 25 de abril de 2019 en la cual se precisó que en la liquidación de la pensión
de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
y que gozan del mismo régimen de pensión de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben
tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan realizado aportes de
acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, por tal razón, no se puede incluir
ningún factor diferente a los enlistados en dicha norma.

De acuerdo con las reglas fijadas en la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-
2019 del 25 de abril de 2019, el ingreso base de liquidación comprende el período
del último año de servicio docente y los factores que hayan servido de base para
calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que corresponden a la
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica,
ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación
por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o
en día de descanso obligatorio.

En atención a dicha regla jurisprudencial, los factores salariales que solicitó el
demandante que fueran incluidos en la reliquidación de la pensión de invalidez,
estos son horas extras, prima de servicios, pago de incapacidad común ambulatoria,
pago sueldo de vacaciones, prima de navidad, y prima de vacaciones docente, no

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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00329-01 (2834-2022)
Demandante: Fabio César Quintero Manga

se encuentran previstos en la Ley 62 de 1985, y tampoco se evidencia que frente a
dichos conceptos se hayan efectuado las cotizaciones, por lo tanto, no procede la
inclusión de dichos emolumentos en el IBL, como en efecto lo concluyó el Tribunal
Administrativo del Cesar.

Por lo anterior, no es procedente reliquidar la pensión de invalidez con la inclusión
de los factores salariales solicitados por el demandante en el último año de
servicios, puesto que de conformidad con las normas que rigen su liquidación, sólo
se pueden incorporar como factores los que se encuentren en la Ley 62 de 1985.

Ahora bien, es procedente la reliquidación de la pensión de invalidez con la inclusión
de la prima de antigüedad, pues quedó demostrado que se realizaron los aportes
sobre este emolumento, y se encuentra dentro de los previstos en la Ley 62 de 1985.

Además, es procedente reliquidar la pensión de invalidez del demandante, con la
inclusión de la asignación básica, la prima de vacaciones y prima de navidad, toda
vez que en el acto administrativo de reconocimiento pensional, el Fomag incluyó
dichos factores salariales en la base de liquidación, pese a que no están incluidos
en la Ley 62 de 1985; no obstante, la Resolución 0755 del 11 de noviembre de 2014
no puede modificarse porque se debe garantizar el derecho pensional que le fue
reconocido al demandante, y lo cual además no fue objeto de controversia en la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

En tal sentido, de acuerdo con lo expuesto es procedente confirmar la sentencia
apelada que accedió a las pretensiones de la demanda.

2.4. Costas

La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,

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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00329-01 (2834-2022)
Demandante: Fabio César Quintero Manga

en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.

Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma17.

Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de la condena en costas.

3. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que procede confirmar la
sentencia apelada que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 18 de noviembre de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda presentada por Fabio César Quintero Manga contra la Nación,
Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(Fomag), y Secretaría de Educación de Valledupar, de acuerdo con lo expuesto en
esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas en ambas instancias.

17
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante: Fabio César Quintero Manga

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

KGO

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