Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06349-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06349-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-06349-00
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06349-00
Demandante: YAMILE ESTHER GONZÁLEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Declara
improcedente el mecanismo por no cumplir el requisito de
relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en ejercicio de
la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y desarrollada en
los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021,
y el artículo 13 de Acuerdo 080 del 2019 de la Sala Plena de la Corporación,
modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Con escrito radicado el 11 de agosto de 2026, la señora Yamile Esther González,
actuando por intermedio de apoderado judicial1, presentó acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Cesar, para que se protejan sus derechos fundamentales
al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, tutela judicial
efectiva, seguridad jurídica y confianza legítima.
Consideró vulneradas las mencionadas garantías con ocasión de la sentencia
proferida el 5 de febrero de 2026, que confirmó la decisión del 30 de septiembre de
2025, a través de la cual el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Valledupar negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 20001-33-33-003-2019-00051-01, promovida contra el
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG).
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora pretende:
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Poder aportado índice 2 del aplicativo Samai dentro del proceso con radicado 11001-03-15-000-
2026-06349-00.
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Demandante: Yamile Esther González
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
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1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, en sentencia
proferida el día 5 de febrero de 2026, dentro del proceso ordinario con radicado
No. 20-001-33-33-004-2019-00051-01, transgredió los derechos fundamentales
al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y PRINCIPIO PRO HOMINE de la
parte accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a
los postulados de la ley y la postura del Tribunal Supremo de lo Contencioso
Administrativo.
2. Como consecuencia de la anterior declaratoria, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR, DEJAR SIN EFECTOS la providencia judicial
referida en el numeral anterior y, en su lugar, PROFERIR nueva decisión
haciendo un estudio de fondo sobre la controversia sobre la reliquidación de pago
de la pensión en consonancia con el derrotero jurisprudencial fijado en casos
similares
1.3. Hechos
La solicitud de amparo presentada se sustenta en los siguientes hechos:
Mediante Resolución No. 0239 del 24 de mayo de 2011, la Secretaría de Educación
del municipio de Valledupar reconoció a la señora Yamile Esther González la
pensión de invalidez, efectiva a partir del 17 de mayo de 2011, para cuya liquidación
tuvo en cuenta la asignación básica, la prima de vacaciones y la prima de navidad.
La actora señaló que, durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional,
además de dichos conceptos, devengó la prima de antigüedad.
Con fundamento en lo anterior, la señora González promovió demanda, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, con el propósito de obtener la nulidad parcial del acto de reconocimiento
pensional y, a título de restablecimiento del derecho, la inclusión de todos los
factores salariales devengados.
El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar en sentencia
del 30 de septiembre de 2025 negó las pretensiones al considerar que la prima de
antigüedad no se encontraba contemplada en el artículo 45 del Decreto 1045 de
1978 y, por tanto, no resultaba procedente su inclusión en la base de liquidación
pensional.
La parte actora apeló la decisión y el conocimiento del recurso correspondió al
Tribunal Administrativo del Cesar, que, en sentencia del 5 de febrero de 2026,
confirmó el fallo de primera instancia. Para el efecto, señaló que, dada la fecha de
vinculación de la demandante al servicio, el régimen aplicable a su situación
pensional estaba conformado por los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045
de 1978, y que, conforme al artículo 45 de este último, solo podían incluirse en la
liquidación pensional los factores salariales allí previstos.
En ese sentido, el tribunal consideró que, atendiendo al porcentaje de pérdida de
capacidad laboral de la señora González, su pensión debía liquidarse sobre el 100%
del último salario devengado y que, por tanto, debían incluirse los factores salariales
percibidos durante el último año, siempre que estuvieran enlistados en el artículo 45
del Decreto 1045 de 1978. Así, avaló la inclusión de la prima de vacaciones y la
prima de navidad efectuada en el acto de reconocimiento pensional.
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No obstante, respecto de la prima de antigüedad, concluyó que esta no podía
asimilarse al factor denominado «incremento salarial por antigüedad adquirido con
anterioridad al Decreto 710 de 1978», previsto en el artículo 45 del Decreto 1045 de
1978. Al respecto, sostuvo que la demandante debía acreditar los presupuestos
establecidos en el artículo 49 de la Ley 1042 de 1978, relativos a la vinculación
anterior al 1.º de abril de 1977, lo que, a juicio del tribunal, no fue demostrado en el
proceso.
1.4. Sustento de la vulneración
La parte actora adujo que la decisión cuestionada vulneró sus garantías
fundamentales, por cuanto el Tribunal Administrativo del Cesar resolvió la
controversia pensional con fundamento en una tesis restrictiva que, en su criterio,
no constituye una línea jurisprudencial consolidada del Consejo de Estado, sin
cumplir con la carga argumentativa de suficiencia y transparencia que permitiera
conocer las razones por las cuales consideró que dicha interpretación resultaba
preferible frente a aquella que propugnaba por un alcance más favorable de la norma
y acorde con los principios de prevalencia del derecho sustancial y dignidad humana.
En particular, señaló que, aunque el tribunal negó la reliquidación de la pensión de
invalidez con apoyo en una sentencia del Consejo de Estado, la interpretación
efectuada en el caso concreto desconoció el principio pro homine, conforme al cual,
entre dos o más posibles interpretaciones o análisis de una situación, debe preferirse
aquella que resulte más garantista o permita una aplicación más amplia del derecho
fundamental, en este caso, el derecho a la seguridad social.
Afirmó que, en ese contexto, si el Tribunal Administrativo del Cesar contaba con dos
interpretaciones posibles para resolver la controversia, tenía el deber constitucional
de acoger aquella que favoreciera en mayor medida la efectividad y realización de
sus derechos fundamentales, por lo que resultaba proscrita una interpretación que
desconociera los principios de justicia material y equidad propios del Estado Social
de Derecho, máxime ante la ausencia de un criterio unificado sobre la materia por
parte del Consejo de Estado.
De otro lado, alegó el desconocimiento del precedente judicial al considerar que el
Tribunal Administrativo del Cesar omitió la jurisprudencia vinculante del Consejo de
Estado que, según sostuvo, establece la aplicación de la Ley 33 de 1985 a las
pensiones de invalidez de docentes vinculados con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003.
Como sustento de lo anterior, citó la sentencia del 11 de abril de 2024, proferida por
la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, dentro del radicado
20001-23-33-000-2018-00329-01 (2834-2022), en la que, según indicó, se estudió
la reliquidación de una pensión de invalidez con inclusión, entre otros factores
salariales, de la prima de antigüedad. En dicha providencia se habría precisado que,
tratándose de docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, el régimen aplicable está conformado por los Decretos 3135 de 1968 y 1848
de 1969 y la Ley 33 de 1985, y que resulta procedente la inclusión de la prima de
antigüedad cuando se demuestra que se efectuaron aportes sobre dicho
emolumento y este se encuentra previsto en la Ley 62 de 1985.
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Igualmente, hizo referencia a otra sentencia de la Sección Segunda, Subsección B,
del Consejo de Estado, del 18 de julio de 2024, radicado 20001-23-33-000-2019-
00313-01, en la que, según expuso, se discutió la reliquidación de una pensión de
invalidez con fundamento en los factores devengados durante el último año de
servicios y se citó como precedente vinculante la sentencia de unificación SUJ-014-
CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019.
Señaló que, conforme a esta línea jurisprudencial, los docentes vinculados con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 se encuentran
amparados por los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 y la Ley 33 de 1985, por
lo que, a su juicio, dicho marco normativo debía ser considerado al resolver la
pretensión de reliquidación de la pensión de invalidez de la accionante.
Con fundamento en tales decisiones, manifestó que su pretensión contaba con
respaldo jurisprudencial que debía ser analizado por el Tribunal Administrativo del
Cesar al adoptar una decisión definitiva. Agregó que, si bien los operadores
judiciales pueden apartarse del precedente vinculante en ejercicio de los principios
de autonomía e independencia judicial, dicho apartamiento exige una motivación
suficiente y razones jurídicas sólidas que lo justifiquen.
Asimismo, invocó la sentencia SU-380 de 2021 de la Corte Constitucional, en cuanto
establece que el apartamiento del precedente puede constituir un trato diferenciado
legítimo cuando cuenta con fundamentos suficientes, pero puede configurar una
discriminación prohibida por el artículo 13 de la Constitución cuando se produce sin
una motivación adecuada y suficiente. En ese sentido, sostuvo que la autoridad
judicial incumplió la carga de transparencia en la identificación y valoración del
precedente relevante, pues, aunque citó una sentencia del Consejo de Estado que
respaldaba su tesis, omitió considerar jurisprudencia más reciente que, según la
parte actora, había adoptado una interpretación más favorable respecto de la
reliquidación de la pensión de invalidez, sin exponer las razones para apartarse de
esta.
Finalmente, la parte actora señaló que existían decisiones judiciales previas en
procesos ordinarios con similares situaciones fácticas, proferidas por el Tribunal
Administrativo de La Guajira, identificados con los radicados 44-001-33-40-001-
2022-00293-01 y 44-001-33-40-003-2019-00054-01, en las que se había reconocido
la reliquidación de pensiones de invalidez con fundamento en la sentencia de
unificación SUJ-014-CE-S2-2019. Por ello, reprochó que, pese a advertir la
existencia de una posición jurisprudencial reciente y diferente, el tribunal hubiera
optado por una tesis más restrictiva sin explicar por qué, ante dos criterios posibles
para resolver un mismo supuesto, escogió aquel que respaldaba una interpretación
menos favorable y que impedía el reconocimiento del derecho reclamado.
A su juicio, dicha falta de motivación desconoció los principios de igualdad y
seguridad jurídica y se apartó del deber de procurar una solución que garantice la
primacía del derecho sustancial, la efectividad de la tutela judicial y el principio pro
homine.
1.5. Trámites y contestaciones
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Mediante auto del 13 de agosto de 20262, se admitió la solicitud de tutela y se ordenó
notificar a los magistrados que conforman al Tribunal Administrativo del Cesar.
De igual forma, se ordenó vincular al juez Tercero Administrativo del Circuito Judicial
de Valledupar, a la ministra de Educación Nacional, al vicepresidente del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y a la presidente de la
Fiduprevisora S.A. en calidad de terceros con interés en las resultas del proceso.
Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Tribunal Administrativo del Cesar
El 19 de agosto de 20263, el tribunal remitió copia del proceso ordinario con radicado
No. 20-001-33-33-003-2019-00051-01.
1.5.2 Fiduprevisora S.A
En escrito presentado el 20 de agosto de 20264, solicitó declarar la improcedencia
del amparo constitucional, al considerar que se presenta una ausencia absoluta de
las causales genéricas y específicas de procedibilidad.
Señaló que el ejercicio de la acción de tutela contra providencias judiciales exige
que el accionante fundamente y exponga de manera clara las causales que
sustentan su procedencia, las cuales no pueden ser deducidas por el juez
constitucional. En ese sentido, sostuvo que la argumentación de la actora resulta
exigua frente a la configuración de tales causales, pues, en su criterio, el mecanismo
está siendo utilizada con el propósito de invalidar actuaciones procesales surtidas
con anterioridad.
Adicionalmente, solicitó su desvinculación del trámite procesal por falta de
legitimación por pasiva, pues afirma que no es responsable de la presunta
vulneración, toda vez que no existe nexo de causalidad entre la entidad y la
transgresión alegada.
De otro lado, manifestó que la accionante equivocadamente atribuye la conculcación
de sus derechos fundamentales al debido proceso, la seguridad jurídica y demás
garantías invocadas, y sostuvo que la tutela resulta improcedente, pues las
entidades involucradas actuaron conforme a la normativa aplicable, sin que pueda
afirmarse que el juez de instancia hubiera desconocido los precedentes judiciales
relacionados con el asunto objeto de controversia.
1.5.3 Ministerio de Educación Nacional
En escrito presentado el 25 de agosto de 20265, solicitó declarar la improcedencia
de la acción de tutela, con fundamento en el principio de subsidiariedad, según el
cual este mecanismo constitucional resulta improcedente cuando es utilizado como
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Notificado el 14 de agosto de 2026. Índices 5 y 8 del aplicativo Samai.
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Índice 14 de SAMAI.
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Índice 15 de SAMAI.
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Índice 16 de SAMAI.
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medio alternativo a los mecanismos judiciales ordinarios de defensa previstos en la
ley.
En ese sentido, sostuvo que, para que la tutela resulte procedente, la parte actora
debe acreditar el agotamiento de todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa o demostrar la existencia de una necesidad urgente que haga razonable y
justificado el amparo solicitado.
Asimismo, manifestó que, aunque la accionante alegó la transgresión del derecho
al debido proceso y de principios de naturaleza constitucional, no desarrolló una
fundamentación clara sobre la relevancia constitucional del asunto ni sobre la
necesidad de intervención del juez de tutela para hacer cesar las presuntas
vulneraciones.
Afirmó que, en el caso concreto, la controversia planteada es de naturaleza
estrictamente económica e involucra intereses privados, por lo que carece de
relevancia constitucional y excede la competencia del juez de tutela. Agregó que, si
bien resulta importante garantizar el acceso a la administración de justicia, ello debe
armonizarse con la autonomía e independencia judicial de la que gozan las
autoridades judiciales.
Finalmente, sostuvo que correspondía a la accionante demostrar la existencia de
una eventual transgresión que permitiera concluir que la decisión adoptada por el
juez de conocimiento se apartó del ámbito de legalidad y desplegó actuaciones de
hecho contrarias al ordenamiento jurídico, susceptibles de ser controvertidas
mediante la acción de tutela. No obstante, señaló que en el caso concreto no se
evidencia vulneración alguna de los derechos invocados, por lo que se configura
una causal de improcedencia de la acción constitucional.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, según lo
previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20156, así como en el Acuerdo 80
de 12 de marzo de 2019.
2.2 Cuestión previa
La Fiduprevisora S.A solicitó la desvinculación de esta acción de amparo por no
haber vulnerado los derechos fundamentales del actor.
Al respecto, la sala negará la petición de la solicitante, puesto que su vinculación se
realizó en calidad de tercero, en atención al posible interés que le asiste en las
resultas del presente trámite judicial por conformar el extremo demandado en el
proceso objeto de controversia, por lo que su comparecencia resultaba necesaria
para garantizar su derecho de defensa y contradicción.
2.3. Problema jurídico
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Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
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Corresponde a la sala verificar si el Tribunal Administrativo del Cesar vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
tutela judicial efectiva, igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima de la señora
Yamile Esther González, con ocasión de la sentencia proferida el 5 de febrero de
2026 que confirmó la decisión del 30 de septiembre de 2025, en la que el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar denegó las pretensiones
de la demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 20-001-33-33-003-2019-00051-01, promovido contra el Ministerio de
Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG).
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales;
ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad y, finalmente, de encontrarse superados
se estudiará, iii) el fondo del reclamo.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales
que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo [procedencia sustantiva] o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto [procedencia adjetiva].
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos
generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante
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constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el
contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia objeto
del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación
del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión
y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.5. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva
2.5.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «(…) el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por
el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la
providencia reprochada».
Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta corte,
el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión
fue proferida por un órgano de cierre.
En ese sentido, el alto tribunal constitucional consideró que la tutela implica un juicio
de validez y no una corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede
utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones
probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez
natural.
Asimismo, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia constitucional
«protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del
juez de tutela como del ordinario, y previene que este mecanismo se convierta en
una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales» y explicó
en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar si se supera esta
exigencia, los cuales son:
(...) (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una
alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
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En el presente asunto, la señora Yamile Esther González cuestionó la providencia
del 5 de febrero de 2026, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Cesar
confirmó la decisión del 30 de septiembre de 2025, en la que el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar denegó las pretensiones de la
demanda dentro del proceso ordinario con radicado 20-001-33-33-003-2019-00051-
01, promovido contra el Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).
La actora adujo la vulneración de sus derechos fundamentales debido a que la
autoridad accionada no accedió a la solicitud de reliquidación de la pensión con la
inclusión de la prima de antigüedad, basándose en una postura jurisprudencial del
Consejo de Estado, que, a su juicio, fue restrictiva y contraria al principio pro homine.
Sostuvo que dicha corporación definió que el régimen normativo que gobierna la
situación prestacional de la demandante, dada la fecha de vinculación al servicio
antes de la Ley 812 de 2003, son los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045
de 1978, normas que regulan las pensiones producto de una calificación de pérdida
de capacidad laboral.
Según la parte actora, esta interpretación desconoció el precedente judicial que ha
establecido la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado en las
sentencias del 11 de abril de 2024, dentro del radicado 20001-23-33-000-2018-
00329-01 (2834-2022) y del 18 de julio de 2024, radicado 20001-23-33-000-2019-
00313-01, las cuales sí reconocieron la reliquidación de la pensión de invalidez en
situaciones fácticas similares a la presente, con fundamento en la sentencia de
unificación del 25 de abril de 2019 con radicado SUJ-014-CE-S2-2019. En tales
decisiones, se concluyó que, tratándose de docentes vinculados con anterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, el régimen aplicable corresponde a los
Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, así como a la Ley 33 de 1985.
En la providencia de segunda instancia objeto de tutela, el Tribunal Administrativo
del Cesar señaló que, inicialmente, venía aplicando a este tipo de controversias las
reglas fijadas por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 25 de abril
de 2019, identificada como SUJ-014-CE-S2-2019, relacionada con la reliquidación y
los factores salariales de las pensiones de jubilación de los docentes vinculados con
anterioridad a la Ley 812 de 2003.
No obstante, precisó que, con posterioridad, el Consejo de Estado, en sentencia de
tutela de 16 de abril de 2020, rad. 11001-03-15-000-2020-00602-00, cuyo criterio fue
reiterado el 8 de marzo de 2021 por la Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-
2020-05040-01, aclaró que las reglas jurisprudenciales relativas a las pensiones de
jubilación o vejez no podían aplicarse a las pensiones de invalidez, debido a que
estas prestaciones se encuentran sometidas a una regulación normativa diferente.
Con fundamento en esta precisión jurisprudencial, el tribunal concluyó lo siguiente:
En ese orden de ideas, esta Colegiatura, con fundamento en estos precedentes, ha
cambiado el criterio que se venía aplicando en la resolución de asuntos en los cuales
se persigue la reliquidación de la pensión de invalidez de los docentes vinculados con
anterioridad a la Ley 812 de 2003, en donde se solicita inclusión de factores
salariales, quedando definido que las sentencias de unificación del Consejo de
Estado de fechas 28 de agosto de 2018 y 25 de abril de 2019 no pueden ser aplicadas
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en tales asuntos, ello pues éstas regulan disposiciones normativas distintas, por lo
que en tales eventos, debe analizarse el litigio con base en el marco normativo que
gobierna el caso.
En consecuencia, tenemos que en el análisis precedente ha quedado definido que el
régimen normativo que gobierna la situación prestacional de la demandante, dada la
fecha de vinculación al servicio antes de la Ley 812 de 2003, son los Decretos 3135
de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, normas que regulan las pensiones producto
de una calificación de pérdida de capacidad laboral.
En tal sentido, se avizora que, prima facie, el tribunal accionado ya se pronunció en
segunda instancia sobre lo alegado por la parte actora, esto es, sobre el régimen
legal y la línea jurisprudencial correcta aplicable a su caso. Por ende, es claro para
esta sala de decisión que lo planteado en la acción de tutela constituye una mera
inconformidad con lo dirimido por el Tribunal Administrativo del Cesar, en la medida
en que la decisión no se ajustó a sus pretensiones.
Así, en relativo al presunto desconocimiento del precedente, se observa que los
argumentos en los que hizo referencia a las sentencias con radicados 44-001-33-40-
001-2022-00293-01 y 44-001-33-40-003-2019-00054-01, con el propósito de señalar
que, en aquellos asuntos, el Tribunal Administrativo de La Guajira habría reconocido
la procedencia de la reliquidación de la pensión de invalidez con fundamento en la
sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019.
En cuanto a este planteamiento se advierte que no se acredita el requisito de la
relevancia constitucional, pues si bien el actor alegó la vulneración al derecho a la
igualdad en cuanto se falló favorablemente en esos dos asuntos similares al suyo,
no obstante, el Tribunal Administrativo del Cesar no está obligado a decidir en el
mismo sentido pues la hermenéutica utilizada está cobijada por los principios de la
autonomía e independencia judicial.
En este sentido, el reproche sobre el cual sustentó la presunta transgresión de dicha
garantía constitucional ya fue objeto de pronunciamiento por parte del tribunal
demandado y en realidad, lo que se evidencia es una simple inconformidad con lo
dispuesto en la providencia censurada y las conclusiones a la cual arribó, lo cual, per
se, no implica una trasgresión del mencionado derecho.
Aunado a lo expuesto, se reitera que el juez constitucional no está instituido como
órgano de control de las providencias judiciales que son adoptadas en el curso de
los procesos que se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto estableció
el legislador, ya que, de avalarse dicha tesis, conllevaría a una deformación de la
acción de tutela y la desarticulación de la organización judicial.
No sobra iterar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada
y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra providencias
judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos generales de
procedibilidad.
En ese sentido, se resalta que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar las mismas vía
acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el
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debate planteado por los tutelantes busca mutar el amparo constitucional en una
tercera instancia, por lo que se impone declarar la improcedencia de la presente
acción.
Por lo tanto, los reparos formulados corresponden, sustancialmente, a los mismos
argumentos que fueron expuestos por la parte actora dentro del proceso ordinario,
particularmente en el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de primera
instancia. En efecto, la demandante ya había planteado ante el juez natural su
inconformidad respecto del régimen jurídico aplicable a su pensión de invalidez, la
procedencia de la inclusión de la prima de antigüedad y la interpretación que, a su
juicio, debía efectuarse de las reglas jurisprudenciales relacionadas con la liquidación
y reliquidación de las prestaciones de los docentes.
Esta circunstancia resulta relevante para el análisis de la procedencia de la acción,
pues permite advertir que la pretensión no está dirigida, en realidad, a poner de
presente una cuestión constitucional autónoma que haya surgido de la actuación del
Tribunal Administrativo del Cesar, sino a obtener un nuevo pronunciamiento sobre
un asunto que ya fue objeto de debate y decisión dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Al respecto, debe recordarse que la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene un carácter excepcional y no está instituida como una instancia adicional dentro
de los procesos judiciales. Su finalidad no consiste en permitir que el juez
constitucional sustituya al juez natural en la interpretación de las normas aplicables
al caso, ni en reabrir discusiones jurídicas que ya fueron planteadas, examinadas y
resueltas por las autoridades judiciales competentes. De ahí que la simple
discrepancia de la parte con las razones jurídicas que sustentan una decisión judicial,
aun cuando considere que existe una interpretación normativa o jurisprudencial más
favorable a sus intereses, no sea suficiente para habilitar la intervención del juez
constitucional.
En esa medida, no basta con que la parte actora considere que el Tribunal
Administrativo del Cesar realizó una interpretación equivocada del régimen aplicable
a la reliquidación de su pensión de invalidez, o que estime que debió acoger la
postura contenida en determinadas decisiones judiciales. La procedencia
excepcional de la tutela exige que la irregularidad alegada trascienda el ámbito de la
mera legalidad y adquiera una verdadera dimensión constitucional, de manera que
pueda advertirse una afectación cierta, directa y relevante de un derecho
fundamental.
Sin embargo, en el presente caso no se evidencia, a simple vista, que la autoridad
judicial accionada haya actuado de manera arbitraria, caprichosa o manifiestamente
irrazonable, pues la decisión cuestionada expuso las razones por las cuales
consideró que las reglas jurisprudenciales relativas a las pensiones de jubilación no
resultaban aplicables, en los mismos términos, a la pensión de invalidez reclamada
por la accionante, y explicó porque no procedía la inclusión del factor pretendido.
De este modo, lo que se evidencia es una discrepancia de esencia legal y económica,
con la interpretación jurídica acogida por el Tribunal Administrativo del Cesar. Admitir
lo contrario supondría desconocer la autonomía e independencia judicial y permitir
que el mecanismo se convierta en un mecanismo para revisar ordinariamente el
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contenido de las providencias judiciales, toda vez que se trata de una discusión
propia de la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, que fue planteada
ante el juez natural y decidida dentro del proceso ordinario correspondiente.
Así las cosas, aun cuando la parte actora alegó la vulneración de derechos
fundamentales como el debido proceso, la seguridad social, la dignidad humana y
los principios pro homine y pro persona, la sola invocación de tales garantías no dota
de relevancia constitucional a una controversia que, permanece circunscrita a la
inconformidad con la interpretación jurídica efectuada en una providencia judicial.
Por consiguiente, esta sala de decisión declarará improcedente la acción de tutela
de la referencia por no cumplir el requisito de relevancia constitucional, toda vez que
la accionante no desarrolló planteamientos que permitan considerar, prima facie, que
su caso amerita algún pronunciamiento adicional al realizado en la providencia objeto
de reproche.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
PRIMERO: Denegar la solicitud de desvinculación a este trámite presentada por
Fiduprevisora S.A.
SEGUNDO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por la
señora Yamile Esther González por no cumplir el presupuesto de la relevancia
constitucional.
TERCERO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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