Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-00462-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-00462-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2023-00462-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
9 de marzo de 2023
Demandante: Edgar Humberto Morán Bejarano
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00462-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00462-00
Demandante: EDGAR HUMBERTO MORÁN BEJARANO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
CUARTA, SUBSECCIÓN B
Tema: Tutela de fondo – Derecho de petición ante autoridades judiciales
– Niega.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la acción de tutela interpuesta, en nombre propio, por el señor Edgar
Humberto Morán Bejarano contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.,
Sección Cuarta, Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. El accionante interpuso el mecanismo constitucional en busca de la protección
de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso y a la igualdad1. En su
sentir, la transgresión de tales garantías se materializó con ocasión a que a la fecha
de presentación de este mecanismo constitucional no le han resuelto la petición que
radicó ante el referido cuerpo colegiado y que dirigió puntualmente al Despacho de la
magistrada encargada de sustanciar y vigilar el cumplimiento del “fallo histórico del
Río Bogotá”.
1.2. Pretensiones
2. Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó:
1
Mediante escrito radicado el 18 de enero de 2023 a través de la ventanilla virtual y posteriormente
remitido al buzón secgeneral@consejodeestado.gov.co.
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Edgar Humberto Morán Bejarano
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B
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Se Amparen y protejan los derechos fundamentales al derecho de petición,
debido de proceso e igualdad de la suscrita EDGAR HUMBERTO MORAN
BEJARANO para que se defina mi petición de fondo. (Sic a toda la cita).
1.3. Hechos probados y/o admitidos
A continuación, se relacionan los supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la presente sentencia2:
3. El primero de octubre de 1992, el señor Gustavo Moya Ángel y otros
presentarón una acción popular, inicialmente, contra la Empresa de Energía Eléctrica
de Bogotá. Mediante esta pretendían la protección del derecho colectivo al medio
ambiente sano, en su sentir vulnerado por la demandada por el inadecuado manejo
de la represa del Muña, ubicada en el municipio de Sibaté -Cundinamarca, la cual se
abastece de las aguas del río Bogotá.
4. Luego de acumular otras acciones similares y de vincular a las diferentes
entidades territoriales ubicadas en la cuenca del rio Bogotá, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió fallo de primera instancia el 24 de agosto de
20043. En esta providencia se:
Declaró solidariamente responsables de la catástrofe ecológica del río Bogotá y de
la contaminación de los ríos y quebradas afluentes del primero y de que dan cuenta
las pretensiones, por acción a todos los habitantes e industrias de la cuenca que
desde hace no menos de veinte años han venido realizando sus vertimientos
domésticos e industriales sin el tratamiento debido y por omisión en el control de los
vertimientos de las aguas residuales a la Nación-Ministerio de Minas y Energía-
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (Instituto de Hidrología Y
Meteorología, Ideam), al Ministerio de la Protección Social - (Invima), al Ministerio
de Agricultura, a La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Car, al
Distrito Capital de Bogotá-Dama-Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-
Empresa de Energía Eléctrica, al Departamento de Cundinamarca y a los municipios
de la Cuenca Alta: Villapinzón, Chocontá, Suesca, Sesquilé, Gachancipá,
Tocancipá, Zipaquirá, Sopó, Cajicá, Chía, Cota, De la Cuenca Media: Funza,
Mosquera, Soacha y Madrid, y de la Cuenca Baja: Al Municipio de Sibaté.
5. Contra la anterior decisión se interpusieron sendos recursos de apelación por
parte de cada una de las entidades condenadas. La Sección Primera del Consejo de
Estado conoció en segunda instancia de esta acción popular. Mediante sentencia del
28 de marzo de 2014, la autoridad judicial en comento confirmó la condena por la
contaminación del río Bogotá. En consecuencia, ordenó el diseño e implementación
de un conjunto de medidas con el propósito de lograr su descontaminación y evitar
más daños a futuro a cargo de múltiples autoridades de distinto orden.
2
Este apartado se desarrolla a partir de lo expuesto en el escrito de tutela y los demás elementos de
convicción que obran en el expediente.
3
Proceso identificado con el número de radicado AP-25000-23-27-000-2001-90479-00/1.
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6. El 17 de noviembre de 2022, el accionante radicó petición ante el Despacho
de la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca encargada de
supervisar el cumplimiento del referido fallo popular. En la solicitud pidió responder
una serie de preguntas en relación con el cumplimiento del fallo proferido por la
Sección Primera del Consejo de Estado el 28 de marzo de 2014, respecto del
proyecto de expansión e interconexión de las redes de alta tensión de energía
eléctrica UPME 03-2010.
1.4. Fundamentos de la vulneración
7. El accionante manifestó que, a la fecha de interposición del mecanismo
constitucional, la autoridad accionada no ha contestado la petición que presentó el 17
de noviembre de 2022.
8. Precisó que se ha cumplido ampliamente el término establecido para que las
autoridades respondan las peticiones respetuosas que los ciudadanos les presentan.
9. Puso de presente que en la solicitud le requirió a la mencionada magistrada
informar si era de su competencia dar cumplimiento al "fallo histórico del río Bogotá",
teniendo en cuenta las serias fallas causadas por la Empresa de Energía de Bogotá
con el proyecto UPME 03-2010.
10. Lo anterior, en la medida que dentro de la acción popular identificada con el
número de radicado 2001-00479-01, a la cual hace seguimiento, conoció de un
incidente promovido por los habitantes de la vereda del Valle del Abra del municipio
de Madrid - Cundinamarca y efectuó visita a dicho lugar para constatar que con este
proyecto, se está afectando una zona de reserva forestal protectora.
1.5. Actuaciones relevantes
1.5.1. Admisión de la acción de tutela
11. Mediante auto del 3 de febrero de 2023, el magistrado ponente de esta
providencia admitió la tutela de la referencia. En consecuencia, ordenó notificar a la
parte accionante, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la magistrada de esa
Corporación, Nelly Yolanda Villamizar Peñaranda, por ser las autoridades a las que
se atribuye la falta de contestación a la petición presentada por el señor Morán
Bejarano.
12. A su vez, se ordenó a la Secretaría General del Consejo de Estado, que
publicara en su página web copia digital de la demanda de tutela, de los anexos que
la acompañan y del auto admisorio, con el fin de que cualquier persona que tuviera
interés pudiera intervenir en el presente trámite constitucional.
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1.6. Intervenciones
13. Realizadas las notificaciones ordenadas, se rindió el siguiente informe:
1.6.1. Magistrada Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda
14. Indicó que, en cumplimiento a lo dispuesto por la Sección Primera de esta
Corporación en la sentencia del 28 de marzo de 2014, dispuso abrir el trámite
incidental número 74 – Torres de Energía, mediante proveído del 29 de noviembre
de 2018. Esto, con el propósito de verificar la protección y conservación de las zonas
de influencia de la cuenca del Río Bogotá en las que se construirán los proyectos de
expansión e interconexión de las redes de alta tensión de energía eléctrica,
denominados UPME -03.2010 y UPME -01-2013.
15. Precisó que, con ocasión de lo anterior, profirió las decisiones del 17 de
octubre de 2019 y del 4 de junio de 2020, mediante las cuales, entre otras, ordenó
que se resolviera el trámite de las licencias ambientales de los proyectos UPME 03-
2010 y UPME 01-2013 y se revisara el trazado de los mismos, por parte de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– y la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca –CAR–.
16. Señaló que las medidas de aislamiento dispuestas por la irrupción del Covid
19, se habilitó un correo electrónico para la recepción de memoriales relacionados
con cada uno de los trámites incidentales que se adelantaban para verificar el
cumplimiento de las órdenes impartidas por el Consejo de Estado en la sentencia
que salvaguarda la descontaminación del río Bogotá, sus afluentes y el ordenamiento
del territorio alrededor de las determinantes ambientales del Plan de Ordenamiento y
Manejo de Cuenca del afluente.
17. Ahora, frente a la vulneración del derecho fundamental de petición alegada
por el accionante, precisó que tratándose de solicitudes propuestas ante autoridades
judiciales, la transgresión solo se presenta cuando se omite dar respuesta a
cuestiones relacionadas con aspectos administrativos que el juez tiene a su cargo.
18. Por ello, expresó que dicho derecho fundamental no se entiende amenazado o
vulnerado cuando las peticiones presentadas ante las autoridades judiciales guardan
relación con los trámites puestos en su conocimiento y son propios de su
competencia judicial, los cuales se rigen bajo la ley procesal aplicable.
19. Agregó que los procesos judiciales no están establecidos para resolver un
derecho de petición de carácter particular como el propuesto por el actor, sino a
zanjar cuestiones planteadas al interior de cada uno de los más de 140 trámites
incidentales que a la fecha existen para verificar el cumplimiento de la sentencia del
Consejo de Estado del 28 de marzo de 2014.
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20. Destacó que cada mes se reciben más de 100 memoriales donde en su
mayoría solicitan la intervención de la magistrada para resolver de fondo asuntos de
diferente orden relacionados con el cumplimiento de la decisión de la Sección
Primera del Consejo de Estado. Lo anterior, aunado al hecho que el asunto comporta
una complejidad significativa dado el volumen de las pruebas por analizar y valorar,
así como la cantidad de audiencias e inspecciones judiciales para verificar los daños
ambientales que se denuncian en cada caso.
21. De otra parte, hizo énfasis en que el actor en ningún momento ha sido
reconocido como parte o tercero interesado dentro del trámite incidental que lo
legitime para participar en el desarrollo del proceso de verificación del cumplimiento
de las órdenes de la sentencia del Consejo de Estado.
22. Por lo expuesto, solicitó que se declarara la improcedencia del mecanismo de
resguardo constitucional presentado por el señor Edgar Humberto Morán Bejarano.
1.6.2. Vanna Tecchiato y Sergio Pianezze
23. Manifestaron que, con ocasión del aviso publicado a la comunidad por parte
de la Secretaría General de esta Corporación, acuden al presente trámite con el
propósito de unirse a la petición del accionante.
24. Lo anterior, con fundamento en que, desde el 31 de mayo de 2022, solicitaron
a la magistrada Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda iniciar el trámite incidental en
relación con la vereda del Valle del Abra del municipio de Madrid – Cundinamarca,
sin que dicha petición, a la fecha fuera tramitada o contestada.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
25. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela interpuesta por el
señor Edgar Humberto Morán Bejarano. Esto, de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991
y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa – solicitud de coadyuvancia
26. Tal y como se puso de presente en líneas anteriores, los señores Vanna
Tecchiato y Sergio Pianezze remitieron un escrito al presente trámite mediante el
cual manifestaron lo siguiente: “no unimos a la petición del Señor Edgar Humberto
Moran Bejarano, ya que sufrimos la misma displicencia de dicha operadora judicial
sin que tuviéramos derecho a una respuesta”.
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27. Frente al particular, debe recordarse que la figura de la coadyuvancia en
materia de tutela está expresamente consagrada en el inciso 2 del artículo 13 del
Decreto Ley 2591 de 1991. Esta disposición señala que “Quien tuviere un interés
legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del
actor o de la persona o autoridad contra quien se hubiere hecho la solicitud”. Sobre
este punto, la Corte Constitucional ha destacado que:
(…) la coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación de un
tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir
reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin que
ello suponga que éste pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones
propias que difieran de las hechas por el demandante (…)4.
28. Con tales precisiones, esta Sala de Decisión aceptará la solicitud de
coadyuvancia propuesta por Vanna Tecchiato y Sergio Pianezze, puesto que de su
escrito se advierte que pretenden lo mismo que busca el actor con la interposición de
la presente acción de tutela.
29. En efecto, el actor y los coadyuvantes pretenden que el despacho
sustanciador encargado de vigilar el cumplimiento de las órdenes de la sentencia
popular del Río Bogotá se pronuncie sobre el incidente de desacato que tiene
relación con la construcción de los proyectos de expansión e interconexión de las
redes de alta tensión de energía eléctrica, denominados UPME -03.2010 y UPME -
01-2013. El mencionado proyecto será realizado en la vereda del Valle del Abra del
municipio de Madrid - Cundinamarca y se sostiene que podría afectar una zona de
reserva forestal importante para la protección de la cuenca del río.
2.3. Legitimación en la causa
30. La Sala advierte que el accionante está legitimado en la causa por activa, a la
luz de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 1°, 10,
46 y 49 del Decreto Ley 2591 de 1991. Lo anterior, por cuanto es titular del derecho
fundamental que reclama, en consideración a que fue quien presentó la petición
sobre la cual aduce que, a la fecha de interposición de la tutela, no ha sido resuelta.
31. Por otro lado, esta Sala de Decisión observa que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca está legitimado en la causa por pasiva por ser la autoridad ante la
cual el actor presentó su solicitud de información. Además, porque es la corporación
encargada de vigilar el cumplimiento de las órdenes emitidas por la Sección Primera
de esta Corporación en el fallo popular del Río Bogotá.
2.4. Problema jurídico
4
Corte Constitucional, Sentencia T-070 de 2018; Sentencia T-1062 de 2010.; T-629 de 2012, entre
otras.
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32. Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración del derecho fundamental de petición invocado por la parte actora por
parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Esto, ante la omisión de dar
respuesta a la solicitud elevada el 29 de marzo de 2022.
33. Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
naturaleza de la acción de tutela; (ii) las generalidades del derecho de petición; (iii)
la petición en actuaciones judiciales; y (iv) el análisis del caso concreto.
2.5. Naturaleza de la acción de tutela
34. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.
35. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a
la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión
del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar
sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como
mecanismo transitorio.
2.5. Del derecho de petición
36. La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de
“presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución5”. El mismo artículo superior precisa que el
legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales.
37. La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del contenido de este derecho: “El núcleo esencial del
derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de
nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva
para sí el sentido de lo decidido6”.
38. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación de
la petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala 15 días hábiles para resolver la
5
Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004.
6
Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015.
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misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante
la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular
deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la
complejidad de la solicitud.
39. Ahora bien, la misma disposición establece que las peticiones mediante las
cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su
cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a su
recepción.
40. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que “la respuesta al derecho de petición
debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante
o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al
peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que
desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación
de lo solicitado. Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente,
no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los
intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración
plena de la respuesta dada7”.
41. Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar “los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…)
la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el
propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante8”.
42. Este deber de comunicación de la respuesta también debe cumplirse cuando
consista en indicar que se remitió la petición a la autoridad competente. En palabras
de la Corte Constitucional:
(…) El deber de notificación de (sic) mantiene, incluso, cuando se trate de
contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e
informar sobre la remisión a la entidad encargada9.
43. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la
Corte Constitucional ha explicado que:
7
Sentencia T-149 de 2013.
8
Ibídem.
9
Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2020.
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i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos
de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información,
a la participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial
comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar,
en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es
decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la
respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre
en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose
de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia
entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la
pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su
sentido sea positivo o negativo10.
44. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a
la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.
45. Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia
constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de
petición y el derecho a lo pedido, por lo que el derecho de petición se ejerce y agota
en la solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento
o no del derecho subjetivo.
2.6. Del derecho de petición en actuaciones judiciales
46. Al respecto, la Sala considera necesario precisar que el ejercicio del derecho
de petición “(…) no es aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los procesos, ya
que estos se rigen por las normas legales propias de cada uno, sin que sea lo adecuado
impulsarlos mediante la formulación de peticiones en cada uno de los momentos
procesales”11.
47. En relación con este punto, la Corte Constitucional precisó:
“(…) 5. Específicamente en relación con el derecho de petición frente a los jueces las
sentencias T- 334 de 1995 y T-07 de 1999 señalaron que:
a) El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para
solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta
es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso de
mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de acceso
efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición.
b) Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse dos. De un lado, los
actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos administrativos. Respecto de
10
Corte Constitucional, Sentencia T-161 de 2011.
11
Sentencia T-178 de 2000.
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éstos últimos se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el Código
Contencioso Administrativo.
c) Por el contrario, las peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser
resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones administrativas, como
quiera que “las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de
aquél [del proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que
prevalecen las reglas del proceso (…)”.12
2.7. Caso concreto
48. El accionante considera vulnerado su derecho fundamental de petición porque
a la fecha de presentación de la presente acción de tutela el Despacho de la
magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, encargada de vigilar el
cumplimiento de las órdenes del fallo popular del río Bogotá, no ha emitido
contestación respecto de la solicitud que presentó desde el 17 de noviembre de
2022.
49. Por su parte, la autoridad accionada se opuso a la prosperidad del amparo
porque considera que no transgredió el derecho fundamental de petición del señor
Edgar Humberto Morán Bejarano. Esto, en la medida en que la solicitud presentada
por el accionante no guarda relación con aspectos eminentemente administrativos de
su competencia, sino con actuaciones judiciales propias del seguimiento que realiza
al cumplimiento de la sentencia popular proferida por el Consejo de Estado el 28 de
marzo de 2014.
50. Con tales precisiones, corresponde en este punto analizar la petición
presentada por el actor el 17 de noviembre de 2022. Al respecto se observa que en
la misma se solicitó a la autoridad judicial accionada responder lo siguiente:
1. ¿Está dentro de su alcance como magistrada del fallo del Río Bogotá tomar todas
las acciones legales necesarias para dar cumplimiento al fallo histórico?
Favor responder sí o no, en caso de responder no indicar la justificación legal.
2. ¿El proyecto UPME 03-2010 realiza daños ambientales a la cuenca alta del Río
Bogotá?
Favor responder sí o no, en caso de responder no indicar la justificación técnica del
porqué usted considera que no afecta la cuenca alta del río Bogotá.
3. ¿Existe evidencia científica de que el trazado de torres de alta tensión no causa
daños (0% de incidencia) a la salud humana o al medio ambiente?
Favor responder sí o no, en caso de responder sí indicar cuales son esos estudios.
12
Sentencia T-377 de 2000.
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4. ¿El fallo histórico del Río Bogotá, en alguno de sus apartes, permite o indica de
manera directa que algún proyecto por ejemplo minero o energético se pueda realizar,
así sea afectando de manera "mínima" la cuenca alta del Río Bogotá?
Favor responder sí o no, en caso de responder sí indicar de manera jurídica o técnica
su respuesta.
5. ¿Los fallos judiciales a nivel ambiental como el fallo del Río Bogotá pueden ser
anulados (parcial o totalmente) o estar en contravía a través de decretos ministeriales
o mediante resoluciones emitidas por otras entidades que forman parte de la rama
ejecutiva, permitiendo realizar extracciones de áreas de reservas ambientales y
también otorgando licencias ambientales que afectan la cuenca alta del Río Bogotá?
Favor responder sí o no, en caso de responder sí indicar de manera jurídica la
normativa que permiten a un ministerio saltarse (parcial o totalmente) o anular los
fallos judiciales (parcial o totalmente) a nivel ambiental.
6. ¿El hecho de que exista en el proyecto UPME 03-2010 un manejo ambiental de los
impactos ambientales, indica que existen diferentes riesgos, dado lo anterior y bajo su
criterio como magistrada del río Bogotá, favor indicar si esto afecta en alguna medida
la cuenca alta del río Bogotá?.
Favor responder sí o no, en caso de responder no indicar de manera jurídica o técnica
su respuesta.
7. ¿El proyecto UPME 03-2010 contribuye en mayor o menor medida según lo indica
el fallo del rio Bogotá a "...LA CATÁSTROFE ECOLÓGICA DEL BOGOTA..."?
Favor responder sí o no, en caso de responder no indicar de manera jurídica o técnica
su respuesta.
8. ¿El proyecto UPME 03-2010 permite que en su área de búfer se instalen los
proyectos futuros energéticos de la UPME y aporten "...LA CATÁSTROFE
ECOLÓGICA DEL BOGOTA..." al afectar la cuenta alta del rio Bogotá?
Favor responder sí o no, en caso de responder no indicar de manera jurídica o técnica
su respuesta. (Sic a lo citado)
51. Del análisis de lo transcrito se advierte que; aunque el actor presentó su
escrito como una solicitud de información sobre varias cuestiones relacionadas con
el fallo popular del río Bogotá, lo que realmente pretende es que se determine si
existe incumplimiento de este fallo con la construcción del proyecto eléctrico UPME
03-2010. Es decir, el actor no se limitó a pedir información de naturaleza
administrativa sobre el referido proceso, sino que pretende un pronunciamiento sobre
el incumplimiento de las órdenes de la sentencia en relación con un punto en
particular.
52. Así las cosas, la Sala advierte que, de conformidad con el marco conceptual
expuesto en este proveído y el de la Corte Constitucional, las solicitudes
relacionadas con actuaciones judiciales no se resuelven a partir de los lineamientos
del derecho de petición, por cuanto los aspectos relacionados con la litis se
encuentran regulados por la ley procesal. En este sentido, el actor no puede
pretender que mediante derecho de petición la autoridad accionada resuelva su
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solicitud, que materialmente es un memorial para que se abra un nuevo incidente de
desacato.
53. Es por ello por lo que, el reparo planteado por el accionante relativo a la
presunta inobservancia de su garantía superior de petición no tiene vocación de
prosperidad. Esto, toda vez que resulta evidente que lo pretendido por el señor
Morán Bejarano no tiene relación alguna con las funciones administrativas a cargo de
la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sino que se dirigen a
consultar asuntos propios de la labor de seguimiento y verificación al cumplimiento
de lo ordenado por el Consejo de Estado en la plurimencionada sentencia del 28 de
marzo de 2014.
54. Ciertamente, del contenido del cuestionario formulado por el accionante se
extrae que presenta múltiples interrogantes en relación con el proyecto de expansión
e interconexión de las redes de alta tensión de energía eléctrica UPME 03120,
respecto del cual, mediante proveído 29 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar el
trámite incidental número 74 – Torres de Energía, con el fin de verificar la protección
y conservación de las zonas de influencia de la cuenca del río Bogotá en las que se
construirá la mencionada obra. En este proceso se profirió una serie de decisiones
tendientes, entre otras, a que se resolviera el trámite de las licencias ambientales de
los proyectos UPME 03-2010 y UPME 01-2013 y se revisara el trazado de los
mismos, por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA y la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-.
55. Adicional a lo anterior, de la petición presentada por el accionante se observa
que aquel pretende por parte de la autoridad accionada, en síntesis, que rinda un
concepto respecto de la conveniencia del proyecto UPME 03-2010 en torno a señalar
si el mismo implica daños ambientales a la cuenca alta del río Bogotá o contribuye a
la catástrofe ecológica advertida por el Consejo de Estado en la sentencia del 28 de
marzo de 2014.
56. Esto, en concepto de la Sala, no es una de las funciones propias de los jueces
de la República, por cuanto estas autoridades emiten providencias a través de las
cuales dirimen controversias judiciales, no informes, dictámenes o conceptos.
57. En ese sentido, en la sentencia T-162 de 2016 la Corte Constitucional iteró:13
La Corte Constitucional ha establecido que todas las personas tienen derecho a
presentar peticiones ante los jueces de la República y que éstas sean resueltas, siempre
y cuando el objeto de su solicitud no recaiga sobre los procesos que un
funcionario judicial adelanta. En concordancia con esto, resulta necesario hacer una
distinción entre los actos de carácter estrictamente judicial y los actos administrativos que
pueden tener a cargo los jueces, puesto que respecto de los actos administrativos son
aplicables las normas que rigen la actividad de la administración pública, mientras que,
13
Ver sentencias T-1124 de 2005, T-215A de 2011, T-920 de 2012, T-311 de 2013 y C-951 de 2014.
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respecto de los actos de carácter judicial, se estima que estos se encuentran gobernados
por la normatividad correspondiente a la Litis.
En este orden de ideas, no es dado a las personas afirmar que los jueces vulneran
el derecho de petición cuando presentan una solicitud orientada a obtener la
definición de aspectos del proceso. En tales casos, se puede invocar el derecho al
debido proceso, y demostrar que el operador judicial se ha salido de los parámetros
fijados por el ordenamiento jurídico al respecto, desconociendo las reglas
correspondientes al trámite de un determinado proceso judicial.
58. Tal como lo indicó la Alta Corte, no es dable invocar el derecho fundamental
de petición cuando el requerimiento está direccionado a poner en marcha el aparato
judicial, o para que un funcionario cumpla con sus deberes jurisdiccionales o para
obtener la resolución de aspectos del proceso.
59. La anterior precisión tiene como fundamento que, al escrito radicado ante la
autoridad judicial censurada, no se le puede impartir el trámite que regula el derecho
de petición por cuanto se direcciona a la definición de aspectos procesales.
60. En este contexto, la Sala no advierte la existencia de la alegada vulneración
del derecho de petición del accionante, por cuanto, se itera, su solicitud corresponde
llanamente a asuntos relacionados con el seguimiento que realiza la autoridad
accionada al cumplimiento de una decisión judicial, lo cual, como se expuso en
líneas previas, no está sujeto a las normas que regulan lo concerniente a las
peticiones presentadas antes las autoridades administrativas puesto que, cada causa
judicial se encuentra gobernada por las disposiciones legales en cada jurisdicción.
61. Bajo este panorama, este juez constitucional concluye que no le asiste razón
al señor Edgar Humberto Morán Bejarano al señalar que su garantía fundamental de
petición fue vulnerada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, habida
cuenta que las solicitudes que se dirigen tienen incidencia en una causa judicial, por
lo que no son procedentes para impulsar la función jurisdiccional.
62. Finalmente, en gracia de discusión, la Sala tampoco advierte que en el
presente caso se haya configurado el fenómeno jurídico de la mora judicial. En
efecto, el fallo popular del «rio Bogotá» es una sentencia estructural en la que se
emitieron diversas y complejas ordenes que implican a varias entidades territoriales.
En este sentido, el seguimiento y la vigilancia ha estado a cargo del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, corporación que ha realizado varias actividades en
aras del cumplimiento del referido fallo. Entre ello, la Sala destaca los 140 incidentes
de desacato que ha adelantado esa autoridad judicial para determinar si la sentencia
se ha acatado adecuadamente.
63. Igualmente, se resalta que en el informe rendido por la magistrada titular del
despacho encargado de sustanciar el seguimiento al cumplimiento se puso de
presente que, en promedio, al mes llegan a esa dependencia 100 solicitudes de abrir
incidentes de desacato por el incumplimiento de las diversas ordenes de la
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multicitada sentencia popular. En este sentido, la complejidad del asunto y la
excesiva carga que soporta el despacho sustanciador de la vigilancia y cumplimento
del fallo popular, hacen que tampoco se configure el fenómeno de la mora judicial.
2.8. Conclusión
La Sala de Decisión negará la solicitud de amparo promovida por el señor Edgar
Humberto Morán Bejarano al no encontrar acreditada la violación a la garantía
fundamental de petición. En el asunto tampoco se configura el fenómeno de la mora
judicial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: ACEPTAR como coadyuvantes del presente proceso a los señores
Vanna Tecchiato y Sergio Pianezze.
SEGUNDO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por el señor Edgar Humberto
Morán Bejarano.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido
en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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