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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-00531-01

Fecha
29 de junio de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-00531-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- REVÓCASE el ordinal tercero de la sentencia de 16 de marzo de 2023, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado. En su lugar, DECLÁRASE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por configurarse un hecho superado. Segundo.- CONFÍRMASE en lo demás la sentencia impugnada. Tercero.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-00531-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

29 de junio de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00531-01
Demandante: Ubida Rivera Bruges

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00531-01
Demandante: UBIDA RIVERA BRUGES
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y EMPRESA
PRESTADORA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AFINIA GRUPO EPM - CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S.
E.S.P.

Temas: Tutela contra autoridades administrativas. Derecho fundamental de
petición. Respuesta concreta, clara y de fondo. Carencia actual
objeto por hecho superado por notificación de respuesta antes de
proferirse la sentencia de primera instancia y se confirma el amparo
en relación con la entidad que complementó la respuesta en
cumplimiento del fallo de tutela

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y Afinia
Grupo EPM -empresa de servicios públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P-,
contra la sentencia de 16 de marzo de 2023, dictada por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, en la que se resolvió:
“PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación del presidente de la República, del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y del Juzgado Tercero (3º)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del accionante.

TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que, en
el término de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, notifique al
señor Ubida Rivera Bruges, el contenido de los oficios Nos. 20238600640231 y
20238600640301 de 13 febrero de 2023, a la dirección electrónica suministrada por él en
su petición de 13 de enero de 2023.

CUARTO: ORDENAR a Afinia Grupo EPM - empresa de servicios públicos Caribemar de
la Costa S.A.S. E.S.P. que, en el término de cuarenta y ocho horas (48) contadas a partir
de la notificación de esta providencia, se pronuncie respecto de la petición de 13 de enero
de 2023 formulada por el señor Ubida Rivera Bruges.

QUINTO: NEGAR la solicitud de amparo en contra del presidente de la República”.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El señor Ubida Rivera Bruges señaló que es propietario de una vivienda ubicada
en la ciudad de Valledupar la cual arrendó desde el 12 de febrero de 2018 hasta el
1

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Demandante: Ubida Rivera Bruges

23 de octubre de 2021, a la señora Johana Costa Borja, quien en calidad de
arrendatario incumplió la obligación de pago de las facturas del servicio de
energía, dejando una deuda que asciende $1’200.000.

Indicó que, por tal razón, se vio en la obligación de celebrar un acuerdo de
financiación con Afinia Grupo EPM -empresa de servicios públicos Caribemar de
la Costa S.A.S. E.S.P-, el cual considera que debe ser pagado por la anterior
arrendataria.

Adujo que el 13 de enero de 2023 radicó mediante correo electrónico un escrito
dirigido la Presidencia de la República y la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, con la finalidad de que, en calidad de “superior jerárquico funcional”
de la mencionada empresa de servicios públicos, ordenaran al gerente general
que estudiara nuevamente la solicitud de rompimiento de la solidaridad en el pago
de la deuda, sin dejar algún asunto por resolver ni exigir requisitos adicionales
para demostrar que tiene el dominio del inmueble, tales como el certificado de
tradición y libertad del bien y el certificado de nomenclatura expedido por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC.

Refirió que en el mismo escrito cuestionó a la empresa prestadora del servicio de
energía eléctrica Afinia Grupo EPM -empresa de servicios públicos Caribemar de
la Costa S.A.S. E.S.P-, por exigirle dichos documentos, pues considera que no
son necesarios para demostrar la posesión del inmueble y no existe un
fundamento legal para ello, por lo que la solicitud de rompimiento de la solidaridad
no puede condicionarse a la entrega de dichos documentos.

Expresó que la empresa de servicios públicos no ha resuelto su solicitud de fondo,
pues se limitó a emitir el oficio No. 202370031608 de 18 de enero de 2023, en el
que le insistió que debía aportar el número de identificación del contrato, la copia
del contrato de arrendamiento, el certificado de libertad del inmueble y el
certificado de nomenclatura expedido por el Instituto de Agustín Codazzi si el
certificado no presenta la dirección del servicio, para lo cual le otorgó un plazo de
un (1) mes para ello.

Aseveró que interpuso recursos contra la anterior decisión, pero que tanto la
entidad prestadora del servicio de energía como la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios los rechazaron por extemporáneos.

En este orden de ideas, el demandante afirmó que, desde la radicación de la
solicitud hasta la fecha de interposición de la acción de tutela, no ha recibido
respuesta por parte de las autoridades demandadas, por lo que considera que se
le está vulnerando el derecho fundamental de petición.

2. Fundamentos de la acción

El actor presentó acción de tutela contra el Presidente de la República, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la empresa prestadora del
servicio de energía eléctrica con Afinia Grupo EPM -empresa de servicios públicos
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P-, con el fin de obtener el amparo de sus
derechos fundamentales de petición, de acceso a la administración de justicia,
dignidad humana, salud, vida, educación, vivienda digna, debido proceso
administrativo, defensa, contradicción, doble instancia e igualdad, así como a los
principios de buena fe y confianza legítima, los cuales considera vulnerados con la
falta de respuesta de fondo, clara y congruente a las peticiones radicadas el 13 de
enero de 2023.

2

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Demandante: Ubida Rivera Bruges

Aseguró que si bien la empresa de servicios públicos Caribemar de la Costa
S.A.S. E.S.P. atendió su solicitud mediante oficio No. 202370031608 de 18 de
enero de 2023, en realidad no respondió el fondo de la solicitud pues no se explicó
cuál es el fundamento constitucional y legal para exigir los certificados de tradición
y libertad del bien, así como el de nomenclatura expedido por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, pese a que esta entidad no emite tal
documento.

Así mismo, sostuvo que la compañía no puede exigir los aludidos certificados del
bien para acreditar la propiedad del inmueble y resolver la solicitud de exoneración
de solidaridad de la deuda, pues con la simple facturación del servicio en ese
inmueble es posible probar el vínculo con la empresa.

Por último, hizo referencia a la sentencia de 27 de septiembre de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”
(exp. No. 11001-33-34-003-2021-00234-01), en la que se amparó el derecho
fundamental de petición y al debido proceso por considerar que “puesto que para
la oposición al cobro de la facturación y reclamar los beneficios que le otorga la
ley, solo era necesario demostrar su vínculo con la ESP, el cual se probó con la
facturación del servicio en ese inmueble”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

“[Sic a toda la cita] PRIMERO PRETENDO CON Esta acción de tutela como mecanismo definitivo
y excepcional PARA QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL ORDENA AL PRESIDENTE DE
COLOMBIA REASUMIR LAS COMPETENCIA, OTORGADA A LA SUPERSERVICIOS (...) y de
respuesta al derecho de petición , ASIMISMO EL JUEZ CONSTITUCIONAL ORDENE AL
SUPERINTENDENCIA DE SERVCICIO PUBLICOS, A EJERCER SUS FUCIONES
CONSAGARADA EN EL ARTICULO 75,79,81.82 159 DE LA LEY 142 DE 1994 Y LA
SENTENCIAS C-263 DE 1996 C558 DEL 2001, así mismo de respuesta al derecho de petición, así
mismo el juez ordene a la superservicios y a la empresa Afinia a darle tramite al derecho de
petición, debido que no es una petición reiterativa ni es un hecho superado y concedas los
recursos de ley y tanto la empresa como la superservicios se abstenga de exigir requisito no
autorizados POR LA CONSTITUCION (...) para que el juez constitucional, ordene al presidente de
Colombia y al superintendente de servicios públicos ejerzan sus funciones, obligando al doctor
Javier lastras gerente de la empresa Afinia de la costa a darle tramite nuevamente al núcleo
esencial del derecho de petición, resolviéndolos de fondo , clara, precisa y de manera congruente
con lo solicitado clara, (...)

SEGUNDO QUE el señor juez constitucional ordene al señor, superintendente de servicios
públicos doctor Dagoberto Buitrago, manifieste bajo la gravedad de juramento diga cuales son los
fundamentos constitucionales y légales, para que exijan como requisito para conceder el
rompimiento de la solidaridad, certificado de libertad y tradición expedido por la oficina de
instrumentos públicos, y el certificado de nomenclatura exigido por, el instituto de Agustín Codazzi,
(...)

TERCERO QUE el señor juez constitucional ordene al señor, superintendente de servicios públicos
doctor Dagoberto Buitrago, manifieste bajo la gravedad de juramento diga cuales son los
fundamento constitucionales y légale para obligar a los usuarios que para conceder los recursos de
reposición y apelación y de queja exige como requisito absoluto, el pago de la factura solidaria, (...)
Cuarto que el señor juez constitucional ordene al señor presidente SEÑOR SUPERINTENDENTE
ordenen a la empresa de energía eléctrica a referirse de cada una de las pretensiones del derecho
de petición (...)

CUARTO Que el SEÑOR juez constitucional ordene a la empresa de energía eléctrica, A DAR
UNA RES[P]UESTA de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado clara, (...)
concediendo los recursos de reposición y el de apelación ante el superior jerárquico funcional que
es la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, que es el control de autotutela que se ve
complementado con la revisión superior encomendada a la Superintendencia de Servicios Públicos
para la culminación de la vía gubernativa. (...)

QUINTO SEÑOR presidente ordene al superintendencia de servicios públicos domiciliarios y al
gerente general de Afinia diga bajo la gravedad de juramento, cual es la ley, señalándola
numéricamente de forma motivada (...)

3

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00531-01
Demandante: Ubida Rivera Bruges

SEXTO Que el juez constitucional ordene al presidente de Colombia a REASUMIR LAS
COMPETENCIA, OTORGADA A LA SUPERSERVICIOS (...) y de respuesta al derecho de
petición, ASIMISMO EL JUEZ CONSTITUCIONAL ORDENE AL SUPERINTENDENCIA DE
SERVCICIO PUBLICOS , A EJERCER SUS FUCIONES CONSAGARADA EN ELARTICULO
75,79,81.82 159 DE LA LEY 142 DE 1994 Y LA SENTENCIAS C-263 DE 1996 C-558 DEL 2001,
así mismo de respuesta al derecho de petición ,así mismo el juez ordene a la superservicios y a la
empresa Afinia a darle tramite al derecho de petición , debido que no es una petición reiterativa ni
es un hecho superado y concedas los recursos de ley y tanto la empresa como la superservicios
se abstenga de exigir requisito no autorizados POR LA CONSTITUCION EN EL ARTICULO 84 DE
LA CONSTITUCION (...).

SÉPTIMO que el señor presidente ordene al superintendencia de servicios público y al gerente
general de Afinia al momento de dar respuesta a este derecho de petición, manifieste bajo la
gravedad de juramento diga cuales son los fundamento constitucionales y légale[s], para que
exijan como requisito para darle tramite el proceso de rompimiento de la solidaridad como son,
certificado de libertad y tradición expedido por la oficina de instrumentos públicos, y el certificado
de nomenclatura exigido por, el instituto de Agustín Codazzi , cuando este último ya no lo expide
(...)

octavo que el SEÑOR juez constitucional ordene al gerente general de afinia que de conformidad
con la constitución y el bloque de constitucionalidad, los principios de la función públicas, legalidad
tipicidad, debido proceso administrativo , el derecho de petición, diga con que fundamento la
empresa suspenden el servicio de energía de forma unilateral, sin ante expedir un acto
administrativo, como lo ordena el artículo 154 de la ley 142 de 1994, donde la empresa se
fundamenta con el artículo 140 de la misma ley cuando este artículo fue declarado exequible junto
con el 130 de forma acondicionada en la sentencia c-150 del 2003 en el entendido que las
empresa deberá garantizar el debido proceso administrativo, ósea expidiendo el acto
administrativo, garantizando la demás garantía judiciales.

DECIMO SEGUNDO QUE EL SEÑOR juez constitucional ORDENE AL GERENTE GENERAL DE
AFINA, y al superintendente de servicios públicos LE DE CUMPLIMIENTO A LA TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN Bogotá DC,
veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). (...) Y LE DE TRAMITE AL a los derecho
de petición de solidaridad, sin exigir requisito adicionales para demostrar la propiedad del
inmuebles, teniendo en cuenta la facturad de energía, y la declaración de extra juicio, de igual
forma que se abstenga de seguir declarando improcedente los derechos de petición alegando que
la dirección de la factura de energía no es la misma que a perecer en los certificado (...)

Decimo tercero, que el señor juez del conocimiento según el PRINCIPIO DE OFICIOSIDAD, SE
PRONUNCIE sobre todas y cada una de las pretensiones, (...) DECIMO CUARTO señor juez
constitucional es procedente esta acción de tutela, debido que no existe otros mecanismos
judiciales para obligar a estas entidades para amparar el núcleo esencial del derecho de petición
(...)

DECIMO QUINTO Que el juez constitucional decrete la violación del derecho de petición por parte
del presidente de Colombia doctor Gustavo Petro y por el superintendente de servicios públicos
doctor Dagoberto Quiroga, así mismo ordenarles a ambos que en el término no superior de dos
meses realice en Valledupar un consejo comunal con todas la comunidad usuarias, vocales de
control y asociaciones de usuarios con las presencia de las delegadas de cada unas de la
superintendencia para que el pueblo participe expongan sus denuncia, (...) DECIMO SEXTO Que
el juez constitucional haga un paralelo, de las pretensiones que solicite a la empresa de energía
que resolviera, y las que ella resolvió, para determinar que si hubo o no peticiones reiterativa para
que la empresa se abstuviera de dar respuesta nuevamente , sobre a aquellas pretensiones que
no resolvió (...). Decimo séptimo que el juez constitucional de conformidad con la constitución y el
bloque de constitucionalidad, los principios de la función públicas, legalidad tipicidad, debido
proceso administrativo, el derecho de petición, diga LA SUPERSERVICIO Y LA EMPRESA DE
ENRGIA con que fundamento la empresa suspenden el servicio de energía de forma unilateral, sin
ante expedir un acto administrativo, como lo ordena el artículo 154 de la ley 142 de 1994, (...)

décimo octavo QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL CONCEDA LA PRESENTE ACCION DE
TUTELA , COMO LO ORDENO LA CORTES CONSTITUCIONAL (...) y se garanticen MIS
DERECHOS FUNDAMENTALES Al núcleo esencial del derecho de petición , la administración de
justicias, a una tutela judicial efectiva, a la dignidad humana, a la salud, a la vida, a la educación, a
una vivienda digna, al debido proceso administrativo, derecho a la defensa, contradicción, a la
doble instancia igualdad legalidad tipicidad, buena fe confianza legítima, y acto propio, a un
servicio esencial de energía, a la dignidad humana , y a los precedente de la cortes constitucional
que han reiterado que si es procedente la acción de tutela contra las empresas de servicios
públicos domiciliarios y contra la superintendencia, para proteger los derechos de los usuarios de
los servicios públicos”.

4. Pruebas relevantes

Con el escrito de tutela el actor aportó los siguientes documentos:

4

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00531-01
Demandante: Ubida Rivera Bruges

• Copia de la solicitud dirigida al Presidente de la República, al Superintendente de
Servicios Públicos Domiciliarios y al Gerente General de Afinia Grupo EPM -
empresa de servicios públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., enviada el 13
de enero de 2023 mediante mensaje de datos a las direcciones de correo
electrónico sspd@superservicios.gov.co;
dtnorte@superservicios.gov.co;contacto@presidencia.gov.co;
serviciosjuridicos@afinia.com.co; notificacionesjudiciales@superservicios.gov.co.

• Copia del oficio No. 202370031608 de 18 de enero de 2023, suscrito por la
Coordinadora Central de Escritos de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. con el
asunto ampliación de términos por petición incompleta – Radicado No.
20236000633.

5. Trámite procesal

Por auto de 8 de febrero de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado
admitió la solicitud de amparo y ordenó notificar a las partes demandante y
demandada, así como al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección “B”, al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Bogotá, a la empresa de Servicios Públicos AIR-E S.A.S. E.S.P., y al señor Denis
Enrique Martínez Martínez, como terceros con interés en el resultado del trámite
constitucional.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios de notificación Nos.
10329 a 10338 de 10 de febrero de 2023, con el fin de dar cumplimiento a dicha
orden judicial1.

Encontrándose el proceso al despacho para emitir sentencia de primera instancia,
el juez constitucional de primera instancia advirtió que según lo informado por la
empresa de energía Air-e S.A.S. E.S.P. el actor ha presentado múltiples acciones
de tutela con identidad de pretensiones, por lo que mediante auto de 27 de
febrero de 2023, resolvió requerir a los Juzgados Doce Municipal de Pequeñas
Causas Laborales de Bogotá, Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Valledupar, Primero Penal Municipal del Circuito Judicial de Valledupar, Tercero
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Valledupar y Cincuenta
Penal del Circuito Judicial de Bogotá con el fin de que allegaran copia de los
expediente de tutela iniciados por el señor Ubida Rivera Bruges.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios de notificación Nos.
17599 a 17607 y 17610 a 17614 de 28 de febrero de 2023, con el fin de dar
cumplimiento a dicha orden judicial2.

1 La partes demandante y demandado y los terceros con interés fueron notificados a las siguientes direcciones

de correo electrónico: melkiskammerer@hotmail.com; oficinadequejasyreclamos@gmail.com;
notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co; notificaciones.judiciales@air-e.com;
serviciosjuridicoseca@electricaribe.co; serviciosjuridicos@afinia.com.co;
Admin03bt@cendoj.ramajudicial.gov.co; melkiskammerer@hotmail.com;
notificacionesjudiciales@superservicios.gov.co; segundavalledupar@supernotariado.gov.co;
scsec01tadmincdm@cendoj.ramajudicial.gov.co.
2 La partes demandante y demandado y los terceros con interés fueron notificados a las siguientes direcciones

de correo electrónico: melkiskammerer@hotmail.com; oficinadequejasyreclamos@gmail.com;
notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co; notificaciones.judiciales@air-e.com;
serviciosjuridicoseca@electricaribe.co; serviciosjuridicos@afinia.com.co;
Admin03bt@cendoj.ramajudicial.gov.co; melkiskammerer@hotmail.com;
notificacionesjudiciales@superservicios.gov.co; segundavalledupar@supernotariado.gov.co;
scsec01tadmincdm@cendoj.ramajudicial.gov.co; j01pmvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co;
j12lpcbta@cendoj.ramajudicial.gov.co; j02admvalledupar@cendoj.ramajudicial.gov.co;
j03pmvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co; pcto50bt@cendoj.ramajudicial.gov.co.
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6. Oposición

6.1. Respuesta del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República

A través de escrito de 13 de febrero de 2023, la coordinadora del Grupo de
Gerencia de Defensa Judicial de la Secretaría Jurídica pidió que se desvincule a la
Presidencia de la Republica al considerar que se configuró la falta de legitimación
en la causa por pasiva o, en subsidio, se nieguen las pretensiones de la
accionante en cuanto a la entidad dado que no vulneró ningún derecho
fundamental.

Manifestó que el actor formuló dos peticiones ante la Presidencia, bajo los
radicados Nos. EXT22-00090322 y EXT23-00007731, a través de los cuales
solicitó que se revocara una resolución emitida por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios donde ratificó unas facturas expedidas por la
empresa Afinia y para que asumiera las competencias de la citada
Superintendencia para ejercer un adecuado control sobre la empresa Afinia,
respectivamente.

Aseguró que las dos solicitudes fueron resueltas a través de los oficios OFI22-
00123639 / GFPU 12000002 de 17 de octubre de 2022 y OFI23-00011480 / GFPU
12000002 de 26 de enero de 2023, en las que se le indicó que estas fueron
trasladadas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al ser la
competente para resolver de fondo las inconformidades planteadas.

En este sentido, indicó que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que las
presuntas irregularidades cometidas por la empresa Afinia son del resorte de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, quien es la encargada de
ejercer la inspección vigilancia y control de las empresas prestadoras de servicios
públicos.

6.2. Respuesta de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Mediante memorial de 14 de febrero de 2023, el apoderado de la entidad pidió que
se declare la inexistencia de violación de derechos fundamentales por parte de la
superintendencia o, en subsidio, se declare la improcedencia de la acción.

Indicó que en el caso bajo examen se configuró la falta de legitimación en la causa
por pasiva “toda vez que las decisiones de un reclamo a la facturación, pago o
eliminación de deuda, es una actuación de exclusiva competencia de la empresa
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. – AFINIA GRUPO EPM– y no es del
resorte de la superintendencia, por lo que no es posible vincular a este organismo
a los efectos del fallo”.

Así mismo, informó que el 13 de enero de 2023, el actor radicó ante dicha entidad
una petición bajo el No. SSPD-20235290165992 (expediente No.
2023860340101392E), la cual fue resuelta por oficio No. 20238600640231 de 13
de febrero de 2023, en los siguientes términos:

“En primer lugar, señor usuario le informamos que la Superservicios es un órgano de
segunda instancia, que vigila las actuaciones que estas empresas realizan en el
marco de la ejecución del contrato usuario–empresa existente; es decir, que la
Superservicios sólo tiene conocimiento de estas reclamaciones después que las
prestadoras agoten lo de su competencia, brindando una solución y/o respuesta
formal a la reclamación inicial del usuario, y luego de que el mismo haya interpuesto

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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los recursos de ley procedentes cuando no esté de acuerdo con la respuesta, es decir
que debe espera que la empresa resuelva en primera instancia su reclamación”.

En este orden de ideas, sostuvo que en la referida respuesta se le indicó al
peticionario que de conformidad con lo establecido en la Ley 142 de 1994, debe
iniciar el procedimiento de petición, quejas, reclamos y recursos ante la empresa
de servicios públicos domiciliarios. Adicionalmente, aseguró que al tratarse de una
petición frente a la cual se carece de competencia por oficio No. 20238600640301
de 12 de febrero de 2023, se dio traslado de la petición a Afinia Grupo EPM -
empresa de servicios públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.

6.3. Respuesta de Caribemar de la Costa S.A.S

Por medio de escrito allegado el 13 de febrero de 2023, el apoderado de la entidad
pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo y se desvincule del
trámite constitucional.

Refirió que de conformidad con el sistema de información comercial de Caribemar
de la Costa S.A.S. E.S.P, se encontró que “(i) el NIC 5606655 [al que hace
referencia el solicitante en la petición] es inexistente; (ii) la dirección aportada por
el actor (calle 52 # 31- 92 Don Carmelo de Valledupar) no corresponde con el
mencionado NIC; (iii) los comunicados No. 202270538465 y 202270538465 que
fueron aportados por la parte actora, no tienen alguna relación con los hechos
narrados en el escrito de la tutela, pues corresponden a un suministro de NIC,
dirección y suscriptor diferente”.

Aseguró que el NIC 5606655 no es gestionado por la empresa y que si bien la
reclamación elevada por el tutelante no fue radicada en su página web, pues con
el escrito de tutela el actor solo aportó captura de pantalla de un correo electrónico
frente al que no se tiene certeza del destinatario, de la información ni de la fecha y
hora en la que fue remitida la solicitud.

Aseveró que revisando los hechos de la tutela se advierte que el accionante hace
referencia a la empresa CaribeSol la cual es una persona jurídica diferente a
Caribemar de la Costa S.A.S., tal y como se explicara más adelante. Es decir, la
información suministrada por la actora está errada, es errónea y confusa.

Por lo anterior, explicó que debido a la crisis de energía por la que atravesaba la
costa atlántica, se decidió segmentar el mercado en dos partes así: CaribeSol de
la Costa S.A.S E.S.P. que es el operador de red y comercializador del servicio en
los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira; y Caribemar de la Costa
S.A.S. que ofrece sus servicios a los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre,
Cesar y 11 municipios del Magdalena.

No obstante, señaló que “la confusión presentada en esta tutela, se produce
debido a que antes de la segmentación, la empresa ELECTRICARIBE manejaba
todo el suministro de energía en la costa por lo que indistintamente de donde se
ubicara el suministro y la presentación de una reclamación o tutela, podía ser
gestionada por cualquier oficina comercial ubicada en cualquiera de los siete
departamentos al ser una sola empresa, actualmente, esa situación no es posible,
con la segmentación mi representada no puede realizar actuaciones respecto a
suministros gestionados por CaribeSol, realizar suspensiones del servicio, y/o
recibir o responder reclamaciones que no sean de sus usuarios”.

Por último, advirtió que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva
pues considera que no es el responsable de dar respuesta a la solicitud del actor

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teniendo en cuenta que el número de suministro NIC: 5606655 no es gestionado
por la entidad.

6.4. Respuesta del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá,
Sección Primera

Por escrito de 13 de febrero de 2023, la titular del despacho judicial informó que
mediante sentencia de 21 de julio de 2021, amparó el derecho fundamental al
debido proceso administrativo del señor Denis Enrique Martínez Martínez y, en
consecuencia ordenó: “SEGUNDO. - En consecuencia, déjese sin efectos la Resolución No.
SSPD-20218200163555 del 18 de mayo de 2021, proferida por la directora territorial norte de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante la cual se confirmó la decisión
administrativa 2020390096322 del 17 de noviembre de 2020, proferida por la AIR-E S.A.S. E.S.P,
conforme a lo precisado en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO.- Ordénese a la
señora Natasha Avendaño García en su condición de superintendente de Servicios Públicos
Domiciliarios, conforme a lo expresado en la parte considerativa de esta providencia, dentro de las
48 horas siguientes a la notificación de esta providencia proceda adelantar las acciones necesarias
acorde con las funciones de comprobación, fiscalización, inspección, intervención y vigilancia,
observación, atención, celo y diligencia que se debe desplegar en relación con los deberes de las
entidades encargadas de la prestación de servicios públicos domiciliarios, para determinar la
calidad de propietaria de la accionante y el lugar real y efectivo de la prestación del servicio de
energía, a efectos de decidir el recurso de apelación presentado contra la decisión 2020390096322
del 17 de noviembre de 2020 y una vez dado cumplimiento a la verificación referida, conforme a las
reglas del debido proceso, proceda a dictar la decisión administrativa que considere pertinente,
acorde con las funciones señaladas en esta providencia y notifique en debida forma a las partes.
La señora Natasha Avendaño García en su condición de superintendente de Servicios Públicos
Domiciliarios, dentro de los 3 días siguientes a la notificación de este fallo, deberá informar las
actuaciones adelantadas para su cumplimiento”.

Indicó que la decisión fue modificada por la Sección Primera, Subsección “B” del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el sentido de amparar el derecho
fundamental de petición y en conexidad con este el derecho constitucional del
debido proceso administrativo y ordenar al director territorial Norte de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que, “dentro del término de
48 horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, dé respuesta de
fondo a la solicitud de fecha 30 de septiembre de 2020, elevada por el señor Denis
Enrrique Martínez Martínez atendiendo a sus competencias legales y
constitucionales, para establecer lo que en derecho corresponda”.

Sostuvo que la Superintendencia dio cumplimiento a la orden de tutela porque
profirió la Resolución No. SSPD - 20218200554245 de 5 de octubre de 2021, por
la cual estudió nuevamente el recurso de apelación presentado por el actor, en el
sentido de: “MODIFICAR la decisión administrativa No. 2020390096322 del 17 de
noviembre de 2020, proferida por AIR-E S.A.S. E.S.P., del servicio con NIC No.
7547919, debiendo declararse la ruptura de la solidaridad de la deuda existente en
el servicio por concepto de consumos de energía desde el 1 de diciembre de 2010
hasta el 30 de septiembre de 2020, debiendo cobrar únicamente al(a) recurrente la
primera factura de dicha deuda; de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta decisión”.

Por último, señaló que no resulta necesaria su vinculación al presente trámite de
tutela pues no le corresponde examinar la vulneración de los fundamentales
invocados por el señor Ubida Rivera Bruges, por lo que considera que se
configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva.

6.5. Empresa de energía AIR-E S.A.S. E.S.P.

A través de memorial de 14 de febrero de 2023, el apoderado de la sociedad pidió
que se declare la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que no
cumple con el requisito de subsidiariedad, pues el accionante cuenta con otro
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mecanismo de defensa judicial para controvertir las decisiones de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Ahora bien, en cuanto los hechos narrados en la solicitud de amparo, informó que
el actor presentó un reclamo con el radicado a través del cual pretendía la ruptura
de la solidaridad, de conformidad con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994,
modificado por la Ley 689 de 2001.

Señaló que el requerimiento fue resuelto negativamente mediante oficio No.
202290270623 de 27 de abril de 2022, contra el cual el peticionario interpuso los
recursos de reposición y en subsidio apelación, que fueron rechazados por
extemporáneos mediante el oficio No. 202290331433 de 26 de mayo de 2022.

Indicó que contra la anterior decisión se presentó el recurso de queja ante la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, según el numeral 3° del
artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, que se resolvió mediante la Resolución No.
SSPD- 20228200638605 de 21 de junio de 2022, en la que se dispuso rechazar el
recurso.

Advirtió que si el tutelante no estaba de acuerdo con lo resuelto por la
superintendencia pudo acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, por lo cual reiteró el carácter improcedente de este mecanismo de
amparo constitucional, máxime cuando no se acreditó un perjuicio irremediable.

Por último, expresó que por hechos similares a los presentados en esta acción, se
tramitó otra ante el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito Judicial de Bogotá, en la
cual se denegó el amparo, por lo que pidió que se estudie si el tutelante incurrió en
una posible temeridad.

6.6. Los Juzgados Doce Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá,
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, Primero Penal
Municipal del Circuito Judicial de Valledupar, Tercero Penal Municipal con Función
de Control de Garantías de Valledupar y Cincuenta Penal del Circuito de Bogotá
allegaron copia digital de los expedientes que les fueron solicitados.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Quinta del Consejo de Estado en providencia de 16 de marzo de 2023,
amparó el derecho fundamental de petición del actor frente a la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios y a Afinia Grupo EPM - empresa de servicios
públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P-.

De manera previa a realizar el análisis de fondo del asunto, en atención a las
manifestaciones contenidas en el memorial de intervención de la empresa de
energía AIR-E S.A.S. E.S.P. y a la revisión que de manera oficiosa realizó el
despacho sustanciador de la página web de Consulta de Procesos Nacional
Unificada de la Rama Judicial, el juez constitucional de primera instancia efectuó
el estudio una posible temeridad, con el fin de comparar las acciones de tutela
11001-41-05-012-2022-00501-00, 20001-40-88-001-2022-00118-00, 20001-40-88-
003-2022-00066-00 y 11001-31-04-050-2022-00196-00, con el presente trámite
constitucional, encontrando que si bien las mismas están relacionadas con el
trámite de rompimiento de la solidaridad en el pago de la deuda de electricidad,
ninguna de ellas hace referencia a las peticiones de 13 de enero de 2023 frente a
las cuales se discute la vulneración del derecho fundamental de petición, por lo
que la solicitud de amparo no resulta temeraria.

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En cuanto a la vulneración del derecho fundamental de petición por parte de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios advirtió que si bien la entidad
profirió los oficios No. 20238600640231 y No. 20238600640301 de 13 febrero de
2023, en realidad no acreditó que los mismos se hubiesen notificado al actor en
los términos establecidos por la Ley 1437 de 2011. Por lo anterior, le ordenó que
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
providencia, notifique al señor Ubida Rivera Bruges, el contenido de los mismos a
la dirección electrónica suministrada por él en su petición de 13 de enero de 2023.

Por otro lado, frente a Afinia Grupo EPM - empresa de servicios públicos
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P-. advirtió que contrario a lo afirmado por la
entidad demandada el accionante aportó copia de la petición de 13 de enero de
2023, radicada a la dirección de correo electrónico
serviciosjuridicos@afinia.com.co y del oficio No. 02370031608 del 18 de enero de
2023 en el que se le indicaba al actor que para continuar con la solicitud de
rompimiento de la solidaridad en el pago de la deuda, debía aportar “NIC (número
de identificación del contrato), toda vez que el aportado (5606655) no registra en
nuestro sistema de gestión comercial), copia del contrato de arrendamiento,
certificado de tradición y libertad vigente (máximo 90 días de expedición) y si el
certificado no presenta la dirección del servicio nos debe aportar además el
certificado de nomenclatura expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
que reporte el número de matrícula del predio y la dirección”.

En ese orden de ideas, al comprobarse que se radicó la solicitud, que el término
otorgado por la entidad para que el actor subsanara su petición se encuentra
vencido (17 de febrero de 2023) y que la entidad no se ha pronunciado de fondo
frente a la solicitud, independientemente del contenido de su respuesta, resolvió
amparar el derecho fundamental de petición y ordenar que en el término de
cuarenta y ocho horas (48) contadas a partir de la notificación de esta providencia,
se pronuncie respecto de la petición de 13 de enero de 2023 formulada por la
señora Ubida Rivera Bruges.

Ahora bien, en cuanto al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República de Colombia – DAPRE- resolvió negar las pretensiones, pues según las
pruebas que reposan en el expediente, resolvió las peticiones del actor a través de
los oficios OFI22-00123639 / GFPU 12000002 de 17 de octubre de 2022 y OFI23-
00011480 / GFPU 12000002 de 26 de enero de 2023, en los que se le indicó que
estas fueron trasladadas a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, por ser la competente para resolver de fondo las inconformidades
planteadas, con lo cual dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 de la
Ley 1437 de 2011.

Por último, advirtió que si bien Afinia Grupo EPM - empresa de servicios públicos
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P-. puso de presente que el prestador del
servicio de energía del actor es CaribeSol de la Costa S.A.S E.S.P., empresa que
fue vinculada como tercero con interés directo, lo cierto es que el tutelante no
invocó alguna vulneración por parte de esta sociedad, por lo que no se pronunció
sobre ese particular.

8. Escritos de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, Afinia
Grupo EPM - empresa de servicios públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.-
y la Superintendencia de Servicios Públicos presentaron memoriales de
impugnación en los que solicitaron que se revocara el amparo constitucional
concedido por el juez de primera instancia.

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8.1. La apoderada de Afinia Grupo EPM - empresa de servicios públicos
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.- indicó que la actora, quien es usuaria de
Caribesol-A-ire S.A.S. E.S.P. presentó petición el día 13 de enero de 2023,
dirigiéndola erróneamente a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., “ya que el
suministro de Nic- 5606655, del cual solicita la ruptura de solidaridad, no es
gestionado por Caribemar de la Costa S.A. E.S.P.”, sino por Caribesol-A-ire S.A.S.

Indicó que al dar respuesta al escrito radicado bajo el No. 202360006633 de 13 de
enero de 2023, se presentó un error involuntario frente al número de consecutivo
ya que se le informó al usuario sobre los requisitos exigidos por esta empresa para
el trámite de solicitud de ruptura de solidaridad que se requieren para demostrar la
propiedad del predio y se efectuó frente a un número de cuenta que no pertenece
a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.

Ahora bien, indicó que en cumplimiento de lo ordenado por el juez de tutela de
primera instancia procedió a enviar respuesta a la petición de 13 de enero de
2023, mediante consecutivo No. 202370136716 de 24 de marzo de 2023,
resolviendo de fondo cada una de las pretensiones, solicitudes y dando alcance y
claridad a la comunicación recibida el día 13 de enero de 2023. Además, sostuvo
que efectuó el traslado por competencia a la empresa Caribesol-A-ire S.A.S.
E.S.P., para que inicie los trámites que correspondan.

Aseguró que la confusión presentada en esta tutela se produce debido a que
antes de la segmentación, la empresa Electricaribe administraba todo el suministro
de energía en la costa por lo que indistintamente de donde se ubicara el
suministro y la presentación de una reclamación o tutela, podía ser gestionada por
cualquier oficina comercial ubicada en cualquiera de los siete departamentos al
ser una sola empresa, actualmente esa situación no es posible, con la
segmentación de dicha empresa en dos, por un lado, Caribemar de la Costa
S.A.S. E.S.P. y, por el otro, Caribesol-A-ire S.A.S. E.S.P.

En este orden de ideas, indicó que como quiera que la entidad no es la
comercializadora del servicio de energía del suministro identificado con el código
5606655 y el radicado de una reclamación No. 202360006633, son inexistentes en
esta empresa se configura la causal de falta de legitimación en la causa por
pasiva.

8.2. El apoderado de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
manifestó que en el presente asunto se configuró la carencia actual de objeto por
hecho superado dado que mediante oficio No. 20238600640231 de 13 de febrero
de 2023, se emitió respuesta a la petición radicada por el accionante.

Aseguró que ese mismo día se envió la notificación de la respuesta al correo
electrónico indicado en la petición mediante certificado de envío digital No.
E96063666-S.

Además, manifestó que se realizó traslado por competencia a la empresa de
servicios públicos a través del radicado No. 20238600640301 de fecha 13 de
febrero de 2023, contenida en el expediente No. 2023860340101392E.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
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Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer, en los términos de los escritos de
impugnación, si se debe confirmar el amparo constitucional del derecho
fundamental de petición ordenado en la sentencia de 16 de marzo de 2023,
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado o, si por el contrario, se
debe revocar el amparo constitucional teniendo en cuenta que Caribemar de la
Costa S.A.S. E.S.P y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
emitieron respuesta a la solicitudes del actor, las cuales fueron debidamente
notificadas.

3. El derecho fundamental de petición

El artículo 23 de la Constitución Política establece que “Toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de
interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales”.

En lo atinente al núcleo esencial del derecho de petición, la Corte Constitucional
ha precisado que:

“(…) el derecho de petición se satisface cuando concurren los siguientes
elementos que constituyen su núcleo esencial: (i) la posibilidad cierta y efectiva de
elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta debe ser pronta y
oportuna, es decir, la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, que
debe ser lo más corto posible, así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la
solicitud y de manera completa y congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos
y cada uno de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo decidido
al peticionario, independiente de que la respuesta sea favorable o no, pues no
necesariamente se debe acceder a lo pedido.

Respecto del último punto, la Corte ha sido enfática en señalar que la satisfacción de
este derecho no sólo se materializa mediante una respuesta clara, precisa y de fondo o
material dentro del término previsto en la ley:

‘Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en dos momentos
sucesivos, ambos subordinados a la actividad administrativa del servidor que
conozca de aquél. En primer lugar, se encuentra la recepción y trámite de la
petición, que supone el contacto del ciudadano con la entidad que, en principio,
examinará su solicitud y seguidamente, el momento de la respuesta, cuyo
significado supera la simple adopción de una decisión para llevarla a
conocimiento directo e informado del solicitante.

De este segundo momento, emerge para la administración un mandato explícito
de notificación, que implica el agotamiento de los medios disponibles para
informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello.

Por lo anterior es dable afirmar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el
derecho de petición se concreta con la respuesta clara, concisa y de fondo a lo
solicitado y cuando se cumple con la obligación de notificar al particular sobre la
respuesta adoptada por la entidad”3. (destacado fuera de texto)

Por su parte, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de
la Ley 1755 de 2015, establece los términos en los que deben resolverse las

3 Sentencia T-527 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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peticiones, incluyendo una posibilidad excepcional de resolver por fuera del
mismo, en cuyo caso, tal circunstancia debe ser informada por la autoridad, antes
del vencimiento del término, señalando expresamente los motivos de la demora
así como el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá
exceder del doble del inicialmente previsto. La citada disposición establece:

“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo
norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse
dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término
especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los
diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al
peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha
sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de
dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán
dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en
relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días
siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los
plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado,
antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la
demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta,
que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto”.

En definitiva, la garantía del derecho fundamental de petición conlleva el deber
constitucional y legal de dar respuesta a las peticiones de fondo, en forma clara,
precisa y congruente con lo solicitado, dentro de los términos establecidos por la
ley, siendo así que su inobservancia, hace procedente la protección por el juez
constitucional, a través de la acción de la tutela. Empero, la autoridad respectiva,
en caso de no ser competente para atender la solicitud, tiene el imperativo legal de
remitirla a quien sí lo sea, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la
Ley 1437 de 20114.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El señor Ubida Rivera Bruges interpuso acción de tutela con el fin de obtener
el amparo de sus derechos fundamentales de petición, de acceso a la
administración de justicia, dignidad humana, salud, vida, educación, vivienda
digna, debido proceso administrativo, defensa, contradicción, doble instancia e
igualdad, así como a los principios de buena fe y confianza legítima, los cuales
consideró vulnerados con la falta de respuesta de fondo, clara y congruente a la
petición radicada el 13 de enero de 2023 ante la Presidencia de la República, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la empresa prestadora del
servicio de energía eléctrica con Afinia Grupo EPM - empresa de servicios
públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.-, con el fin de que en calidad de
“superior jerárquico funcional” de la mencionada empresa de servicios públicos,
ordenaran al gerente general que estudiara nuevamente la solicitud de
rompimiento de la solidaridad en el pago de la deuda, sin dejar algún asunto por
resolver ni exigir requisitos adicionales para demostrar que tiene el dominio del

4 La disposición en cita establece: “ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado

por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a quien se dirige la
petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de
los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la
petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario
competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente
a la recepción de la Petición por la autoridad competente”.
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inmueble, tales como el certificado de tradición y libertad del bien y el certificado
de nomenclatura expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC.

La petición se remitió a los siguientes correos electrónicos:
sspd@superservicios.gov.co; dtnorte@superservicios.gov.co;
contacto@presidencia.gov.co; serviciosjuridicos@afinia.com.co;
notificacionesjudiciales@superservicios.gov.co.

El juez constitucional de primera instancia resolvió negar las pretensiones dirigidas
contra la Presidencia de la República, al considerar que había resuelto de fondo la
solicitud del actor. No obstante, en cuanto a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios amparó el derecho fundamental de petición teniendo en
cuenta que si bien, con ocasión al trámite de tutela, profirió respuesta a la petición
de la actora, no probó haberla notificado a la dirección de correo electrónico
indicada en la petición. Así mismo, encontró que si bien Afinia Grupo EPM -
empresa de servicios públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P, emitió
respuesta mediante oficio No. 202370031608 de 18 de enero de 2023, el mismo
no resolvió de fondo la solicitud pues se limitó a indicarle los documentos que
debía anexar y le dio un plazo de un (1) mes para aportarlos, pero no se le dio
respuesta a pesar de que ya había trascurrido dicho término.

4.2. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y Afinia Grupo EPM -
empresa de servicios públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.-, impugnaron
la decisión de primera instancia.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios aportó copia de la
constancia de notificación de la respuesta de los oficios Nos. 20238600640231 y
20238600640301 de 13 de febrero de 2023 y solicitó que se declare la carencia
actual de objeto por hecho superado. Afinia Grupo EPM - empresa de servicios
públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., por su parte, indicó que el actor
presentó por error la petición ante dicha sociedad a pesar de que no son los
encargados de prestar el servicio de energía eléctrica a su propiedad, sino que le
corresponde a Caribesol A-ire S.A.S. No obstante, en aras de dar cumplimiento a
la orden de tutela y garantizar el derecho fundamental de petición emitió respuesta
complementaria a la solicitud del actor indicándole lo sucedido y remitiéndola a la
empresa competente para resolverla.

4.3. Con el fin de resolver el problema jurídico formulado, la Sala resalta que la
petición elevada por el demandante se formuló en los siguientes términos:

“[sic a toda la cita] PRIMERO PRETENDO CON Este derecho de petición de
conformidad con los artículos 2,4,6,13,23,29,31,40,83,84,85,86,93,189-22
208,209,210, 365 al 370 de la constitución, así ARTICULOS
75,79,82,130,140,141,154,155,y 159 de la ley 142 de 1994, sentencias C-263/96,C-
150 DEL 2001, C-558 DEL 2001 C-130/03 T636/2002,),ARTICULO , articulo 16 de la
ley 1755 del 2015 , ,130,140,141,152, 153, 154,155,y159 de la ley 142 de 1994 ,
articulo 9 , 10,77,86,93, de la ley 1437 del 2011 ley 962 del 2005 decretos 019 del
2012 y 2106 del 2019,) Resolución No. 20218200163555 del 18 de mayo de
2021,,expedida por la superservicios , dándole cumplimiento a la sentencia TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN
Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) t-636/2006
PARA QUE EL PRESIDENTE Y EL SUPERINTENDENTE DE SERVCICIOS
PUBLICOS, COMO SUPERIOR JERARQUCO FUNCIONAL ORDENEN AL
GERENTE GENERAL DE AFINIA EL DOCTOR JAVIER LASTRA DARLE tramite
nuevamente al núcleo esencial del derecho de petición, debido que no hubo hecho
superado con la petición anterior, debido que la empresa solo analizo lo requisito
exigido de forma inconstitucional por la misma empresa ,para que procediera, resolver
de fondo , clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado clara, es decir
inteligible y de fácil comprensión , atendiendo los solicitado, en sus totalidad , que no
sea aislada y resuelve todas y cada una de las pretensiones, el núcleo esencial del
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derecho de petición, como es certificado de libertad y tradición , certificado de
nomenclatura, donde si la dirección registrada en ambas certificaciones no coincide
con la registrada en la factura de energía, no se encontraba legitimada para accionar
el derecho de petición, sin que la empresa aportara la carta catastral y el
levantamiento catastral, debido que predomina la dirección de la empresa, violando
los artículos 101 al 104 de la ley 142 de 1994 , además exigían , el pago de la factura
solidarias, de forma absoluta, como requisito para poder conceder los recursos de ley
violando el inciso segundo del artículo 155 de la ley 142 de 1994, declarado exequible
de forma acondicionada con la sentencia C-558 del 2001, y las sentencias t-450/94, t-
279/95 , y a las sentencias t-054 del 2010 , la t-023 del 2004, sentencia c-599 del 10
de diciembre de 1992 (m.p.: dr. fabio morón díaz), y sentencia t-054/10 , (...)
SEGUNDO QUE el señor presidente doctor Gustavo petro , señor superintendente de
servicios públicos doctor Dagoberto Buitrago ordene al GERENTE GENERAL DE
AFINIA EL DOCTOR JAVIER LASTRA que al momento de dar respuesta a este
derecho de petición , manifieste bajo la gravedad de juramento diga cuales son los
fundamento constitucionales y légale , para que exijan como requisito para conceder
el rompimiento de la solidaridad, certificado de libertad y tradición expedido por la
oficina de instrumentos públicos, y el certificado de nomenclatura exigido por, el
instituto de Agustín Codazzi , cuando este último ya no lo expide , y nadie está
obligado a lo imposibles violando la sentencias de tutelas T-636 DEL 2006 Y T-281
DEL 2012, Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
PRIMERA SUBSECCIÓN B Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021).

Y el artículo 16 de la ley 1755 del 2015 TERCERO señor presidente
de Colombia reitero la denuncia contra ela superintendencia de servicios públicos
domiciliario que viene negando más del 90% de los recursos de ley como entidad de
segunda instancia (...) Cuarto SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene al gerente
general de afinia que conceda el recurso de apelación ante EL SUPERINTEDENTE
COMO SUPERIOR JERARQUICO Y FUNCIONAL DE LA EMPRESA, (...) TERCERO
señor presidente SEÑOR SUPERINTENDENTE ordenen a la empresa de energía
eléctrica a referirse de cada una de las pretensiones del derecho de petición que yo le
acciones tales como: conque fundamento constitucional y legal la empresa de energía
puede suspenderme el servicios de energía si ante no expide un acto administrativo,
como lo ordena el artículo 154 de la ley 142 de 1994 (...) CUARTO Que el SEÑOR
SUPERINTENDENTE ordene a la empresa de energía eléctrica, ADAR UNA
RESUESTA de fondo, , clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado clara,
(...) QUINTO SEÑOR presidente ordene al superintendencia de servicios públicos
domicliarios y al gerente general de Afinia diga bajo la gravedad de juramento ,¡cual
es la ley ,señalándola numéricamente de forma motivada , debido que siempre
contesta, que ellos solamente exigen requisito autorizado por la ley , pero no dicen
cuál es la ley ,(...) SÉPTIMO que el señor presidente ordene al superintendencia de
servicios publico y al al gerente general de Afinia al momento de dar respuesta a este
derecho de petición , manifieste bajo la gravedad de juramento diga cuales son los
fundamento constitucionales y légale , para que exijan como requisito para darle
tramite el proceso de rompimiento de la solidaridad como son, certificado de libertad y
tradición expedido por la oficina de instrumentos públicos, y el certificado de
nomenclatura exigido por, el instituto de Agustín Codazzi , cuando este último ya no lo
expide , además no acepta al declaración de (...) OCTAVO SEÑOR
SUPERINTENDENTE ordene al gerente general de afinia se abstenga de exigirme el
pago de la factura solidaria sino, hasta que se encuentra agotada la vía gubernativa,
(...) NOVENO SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene al gerente general de afinia que
(...) diga con que fundamento la empresa suspenden el servicio de energía de forma
unilateral, sin ante expedir un acto administrativo, como lo ordena el artículo 154 de la
ley 142 de 1994, (...) Décimo primero que el SEÑOR SUPERINTENDENTE, me
garanticen el PRINCIPIO DE OFICIOSIDAD y se PRONUNCIE sobre todas y cada
una de las pretensiones, de esta tutela, (...)” (sic a toda la cita).

4.4. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaros explicó que la
Dirección Territorial Nororiente resolvió de fondo la petición mediante el oficio No.
20238600640231 de 13 febrero de 2023, en el curso de la primera instancia de
este trámite constitucional, a través del cual informó lo siguiente:

“En atención a la comunicación de la referencia, la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliaros –en adelante Superservicios–, recibió petición interpuesta por
usted contra la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., el cual referencia
así: “[...] se garanticen MIS DERECHOS FUNDAMENTALES Al núcleo esencial del
derecho de petición”, por lo que de manera atenta y teniendo en cuenta lo manifestado
por usted esta Superservicios le informamos lo siguiente: “Con relación a las
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peticiones le informamos que la Superservicios no es la competente en emitir órdenes
a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, es de indicar que las
funciones de la misma es ejercer inspección control y vigilancia de las empresas
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios. La Superservicios no se puede
pronunciar en la instancia del derecho de petición ya que somos un órgano de
segunda instancia.” En primer lugar es importante que tenga en cuenta que la Ley 142
de 1994, establece el procedimiento que deben seguir los usuarios de los servicios
públicos domiciliarios para hacer sus peticiones, quejas, reclamos y recursos; además
esta ley establece que esta Superservicios es un órgano de segunda instancia, que
vigila las actuaciones que estas empresas realizan en el marco de la ejecución del
contrato usuario–empresa existente; es decir, que la Superservicios sólo tiene
conocimiento de estas reclamaciones después que las prestadoras agoten lo de su
competencia, brindando una solución y/o respuesta formal a la reclamación inicial del
usuario, y luego de que el mismo haya interpuesto los recursos de ley procedentes
cuando no esté de acuerdo con la respuesta, es decir que debe espera que la
empresa resuelva en primera instancia su reclamación.

Es de anotar, que las “causales de reclamación” sobre las cuales procede el
otorgamiento y la interposición del “recurso de reposición, y en subsidio de apelación
por las decisiones que adopten las empresas en las reclamaciones de los usuarios,
están establecidas en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, como son: Los actos de
negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación que realicen las
empresas. Es decir, señor usuario, que el competente para resolver en primera
instancia su inconformidad es la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.,
la cual contara (sic) con un término de (15) días hábiles contados a partir de la fecha
de la presentación para responder. Para efectos de la notificación de dicha respuesta
la entidad prestadora tendrá un término de 5 días hábiles contados a partir de la
expedición del acto, dentro del cual le enviará una citación con el fin de que se
acerque a sus instalaciones para que se notifique personalmente de la respuesta. Si el
usuario no acude a la empresa dentro de los (5) días hábiles contados a partir del
envío de la citación, esta notificará la respuesta por medio de AVISO, notificación que
se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de su entrega, en el lugar de
destino. (Arts.158 y 159 Ley 142 de 1994), por lo que deberá esperar que el prestador
de respuesta a su petición de fecha 10 de enero del 2023. El término para dar
respuesta puede ser ampliado por el prestador, cuando excepcionalmente se presente
alguna circunstancia que de motivo a ello. En este caso le deberán enviar una
comunicación -de inmediato- por parte del prestador, en el que le informen los motivos
de la demora y el plazo razonable en que se le resolverá o dará respuesta definitiva.
En caso de recibir una respuesta no favorable por parte de la empresa, se debe
interponer en un mismo escrito el Recurso de Reposición y Subsidiariamente el de
Apelación ante el gerente o representante legal de la prestadora, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión empresarial; teniendo en
cuenta que si el usuario deje vencer los términos legales para interponer tales
recursos, se entiende agotada la Actuación Administrativa, quedando en firme la
decisión tomada por la empresa, pudiendo entrar ésta a cargar en la factura los
valores reclamados. Una vez es resuelto el recurso de reposición, es la misma
empresa y no el usuario, quien envía el expediente para que la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios falle el recurso subsidiario de apelación, en segunda y
última instancia. Si la empresa emite decisión indicando que Rechaza el recurso de
apelación, deberá interponer Recurso de Queja, ante ésta Superservicios, dentro de
los de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión empresarial,
acompañando copia del acto empresarial del rechazo, y sustentando concretamente
los motivos de inconformidad del citado rechazo, de acuerdo a los argumentos dados
por la empresa. Adicional a los tramites anteriores se puede presentar que
transcurridos (15) días hábiles desde la presentación de la petición, queja o recurso
por parte del usuario en la empresa ésta no ha emitido respuesta o no ha notificado
debidamente la decisión dentro de los (5) días hábiles siguientes a la fecha de la
respuesta, se configura el Silencio Administrativo Positivo, el cual deberá ser
reconocido por la empresa dentro de las 72 horas siguientes al vencimiento del
término de los quince (15) días hábiles. Si no lo hiciere, el peticionario podrá solicitar
de la Superintendencia de Servicios Públicos la imposición de las sanciones a que
haya lugar conforme a la ley y el reconocimiento de los efectos positivos de su
petición”. (Artículo 123, Decreto Ley 2150/1995,)”.

Mediante el oficio 20238600640301 de 13 de febrero de 2023, corrió traslado de la
petición del actor a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. para lo de su cargo.

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4.5. Asimismo, con la impugnación la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios aportó la constancia de notificación del oficio de respuesta al correo
electrónico melkiskammerer@hotmail.com, el cual fue el indicado por el
peticionario para recibir notificaciones. Como se observa a continuación:

En este orden de ideas, es claro que le asiste razón a la Superintendencia en
cuanto a que se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado dado
que emitió respuesta de fondo a la solicitud presentada por el actor el 13 de enero
de 2023 y la notificó en debida forma.

Cabe resaltar que en sentencia SU-274 de 20195, la Corte Constitucional reiteró
que “ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron
origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la
solicitud pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo
extraordinario y expedito de protección judicial”. Ello se justifica en que al
desaparecer el supuesto de hecho que motivó la presentación de la solicitud,
cualquier determinación por el juez constitucional sería inocua y no atendería el
objetivo de esta acción consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política.

En términos concretos dijo la Corte, “la materia o amenaza cesa porque ha tenido
lugar un evento que conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho
o la inocuidad de las pretensiones”.

Con base en lo previsto en el artículo 86 de la Carta Política, la Corte
Constitucional ha desarrollado el concepto de la carencia actual de objeto, que
permite evidenciar la imposibilidad material del juez constitucional para dictar
alguna orden para salvaguardar los intereses jurídicos cuya garantía ha sido
solicitada. Este fenómeno se materializa a través de tres figuras: (i) hecho
superado; (ii) daño consumado y (iii) el acaecimiento de una situación
sobreviniente.

El hecho superado está previsto en el inciso primero del artículo 26 del Decreto
2591 de 1991, el cual se configura cuando entre el momento de la presentación de
la acción de tutela y el fallo desaparece la situación que presuntamente generaba
la afectación ius fundamental. La Corte ha dicho que tiene lugar cuando “(i) se

5 M. P. José Fernando Reyes Cuartas.

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superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar
el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad,
la accionada ha dejado de desconocer”6.

De otra parte, el daño consumado consagrado en el numeral 4º del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, consiste en que “a partir de la vulneración que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela
se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de
tutela, dé en principio, una orden al respecto”7.

Por último, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado una tercera modalidad
que comprende supuestos de hecho que no se encajan en un hecho superado o
un daño consumado, la cual ha denominado acaecimiento de una situación
sobreviniente, “que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada la
vulneración predicada (…), ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no
le correspondía, o porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado
de la litis”8.

En este orden de ideas, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
en el marco de sus competencias, brindó respuesta de fondo, congruente y
coherente a la petición formulada por el actor en la que le indicó cuál había sido el
trámite impartido a su solicitud y cuáles eran las razones por las que no era
competente para emitir un pronunciamiento en cuanto a la supresión de la
solidaridad en los pagos del servicio de energía que se encuentran pendientes de
su inmueble, por lo que para la Sala se configuró el fenómeno de la carencia
actual de objeto por hecho superado pues lo solicitado se satisfizo antes de que se
dictara el fallo de primera instancia.

En tal virtud, se revocará el ordinal tercero de la decisión de primera instancia en
relación con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y, en su lugar,
se declarará configurada la carencia actual de objeto por hecho superado.

4.6. Ahora bien, reposa en el expediente copia del oficio No. 202370031608 del 18
de enero de 2023, a través del cual Afinia Grupo EPM - empresa de servicios
públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.-, le solicitó al peticionario lo
siguiente:

“Le contamos que, con el objetivo de garantizarle sus derechos enmarcados en la
normatividad vigente, hemos realizado un análisis detallado de su requerimiento, y
para cumplir con el mismo, es necesario que aporte todos los requisitos exigidos para
tal fin, para lo cual es necesario que presente:

• NIC (número de identificación del contrato), toda vez que el aportado (5606655) no
registra en nuestro sistema de gestión comercial). - Copia del contrato de
arrendamiento.

• Certificado de tradición y libertad vigente (máximo 90 días de expedición). Si el
certificado no presenta la dirección del servicio nos debe aportar además el certificado
de nomenclatura expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que reporte el
número de matrícula del predio y la dirección.

Por lo anterior y de acuerdo con el artículo 17 de la ley 1755 de 2015 a partir de la
fecha de envío de esta comunicación, usted cuenta con un (1) mes, el cual se cumple
el 17 de febrero de 2023, para que remita a esta empresa lo solicitado en el párrafo

6 Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
7 Cfr. SU-225 de 2013, M. P. Alexei Julio Estrada.
8 Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.

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anterior. Es importante que, al momento de cumplir con lo solicitado, relacione el
radicado N° 202360006633. De igual manera, antes de la fecha señalada, usted podrá
solicitar una prórroga hasta por un término igual a la inicial (1 mes), para cumplir con
lo requerido. Si vencido el término indicado no se ha cumplido con lo solicitado, la
Empresa entenderá que ha desistido de su petición y ésta se archivará, lo cual le será
comunicado al finalizar el plazo otorgado para completar su petición”.

El juez de primera instancia amparó el derecho fundamental de petición del actor,
al considerar que la entidad no se pronunció sobre el fondo de la solicitud
independientemente de si había o no recibido la documentación el plazo señalado.

No obstante, con el escrito de impugnación Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.
indicó que, con ocasión a la sentencia de primera instancia, profirió una nueva
respuesta complementando lo anterior e indicándole al actor que no era la
competente para resolver su solicitud pues el servicio frente al cual estaba
haciendo la reclamación pertenece a Caribesol-A-ire S.A.S., por lo que procedió a
remitirla a esta última.

La respuesta se emitió mediante oficio No. 202370136716 de 24 de marzo de
2023, en el sentido de indicarle al peticionario lo siguiente:

“Estimada señora (sic) Ubida:
En cumplimiento del fallo de la tutela relacionada en el asunto y en aras de garantizar de
manera efectiva su derecho de petición relacionado, se procederá o emitir la siguiente
comunicación dando alcance a la respuesta proferida mediante el consecutivo No.
202370031608 del 18 de enero de 2023, esto en los siguientes términos:

1. Antecedentes:

En primera Instancia, se observa que usted presentó solicitud el día 13 de enero de 2023, bajo
el radicado No. 202360006633, mediante el cual, solicita rompimiento de solidaridad de las
deudas dejadas por el inquilino del periodo contractual que va del 12 de febrero de 2018 hasta
el 23 de octubre de 2021.

Como respuesta a dicha petición nuestra empresa emitió respuesta El día 18 de enero de 2023
la empresa emitió comunicación "ampliación de términos por petición Incompleta* mediante el
consecutivo No, 202370031608, mediante el cual se le indicó la documentación necesaria e
indispensable para atender su solicitud de rompimiento de solidaridad, a saber:

• Copia del contrato de arrendamiento.
• Certificado de tradición y libertad vigente (máximo 90 días de expedición), Si el
certificado no presenta la dirección del servicio nos debe aportar además el certificado de
nomenclatura expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que reporte el número
de matricula del predio y a dirección.

Así mismo, le indicamos que el Numero del NIC 5606655 aportado en su escrito no registraba
en nuestra base de datos, En la comunicación comentada se indicó que con base al artículo 17
de la ley 1755 del 2015, se otorgaba el término de 30 das para que se allegara dicha
documentación; no obstante, esta no se aportó.

Conforme a los dispuesto por el artículo 159 de la ley 142 del 1994 en concordancia con el
contenido de los artículos 53, 56, 66 y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, se realizó notificación electrónica de la decisión empresarial No.
202370031608 del 18 de enero de 2023, tal como se evidencia en el soporte de envió (anexo),
con fecha del pasado 18 de enero de 2023.

Cumplido el termino, la empresa en vista de que usted no aportó el documento anteriormente
mencionado procedió a emitir la comunicación "desistimiento y archivo de petición" con el
consecutivo No. 202370092971 el día 22 de febrero de 2023, por lo cual procede con el archivo
de esta.

Ahora bien, fuimos notificados de la sentencia de fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil
veintitrés (2023) proferida por CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO en su SECCIÓN QUINTA dentro del trámite tutelar iniciado por usted,
sentencia a través de la cual, se tuteló su derecho fundamental de petición en los siguientes
términos:

(…)

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II. Respuesta a su petición

Por lo anterior y en aras de garantizar de manera efectiva su derecho de petición, se
procederá a emitir un nuevo pronunciamiento respecto de la respuesta emitida
mediante el consecutivo No. 202370031608 del 18 de enero de 2023, donde solicita
rompimiento de solidaridad de las deudas dejadas por el inquilino del periodo
contractual que va del 12 de febrero de 2018 hasta el 23 de octubre de 2021, esto en
los siguientes términos:

Una vez analizados los argumentos expuestos en su escrito y en aras de dar oportuno
trámite a su solicitud se procedió a gestionar su caso con nuestra área
correspondiente, quienes nos indican que, se procedió con la validación del número
NIC 5606655 encontrando que este no corresponde a la cartera de Caribemar De La
Costa S.A.S. ES.P- AFINIA, GRUPO EPM. Por lo que se evidencio que el NIC de la
referencia hace parte de la cartera correspondiente a la empresa Caribe Sol de la
Casta S.A.S. E.S.P.

En virtud de lo anterior, Caribemar De La Costa S.A.S. E.S.P - AFINIA GRUPO EPM
le informa, que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1755 de
2015, se da traslado de su comunicación radicada en Caribemar De La Costa S.A.S,
E.S.P - AFINIA GRUPO EPM con el número 202360006633, a la empresa Caribe Sol
de la Costa S.A.S. E.S,P (Air-e), con el fin de que esa Entidad se pronuncie acerca de
su solicitud. Adjunto a la presente comunicación se envía el oficio de traslado por
competencia.

Lo anterior teniendo en cuenta que el asunto expuesto en su comunicación versa
sobre una materia o función que no es competencia de Caribemar De La Costa S.A.S,
ES.P -AFINIA GRUPO EPM. Caribemar De La Costa S,A,S, E,S,P - AFINIA GRUPO
EPM le reitera su disposición de servicio”.

La respuesta se notificó a los correos electrónicos melkiskammerer@hotmail.com
y oficinadequejasyreclamos@gmail.com, como se observa a continuación.

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4.7. En el escrito de impugnación la compañía de servicios públicos solicitó que se
declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto a través del
referido oficio atendió la solicitud del actor en el sentido de indicarle que no era la
encargada de la prestación del servicio de electricidad frente al cual solicitó la
supresión de la solidaridad en los pagos y remitió la petición a la empresa
encargada.

Al respecto, la Sala advierte que Afinia Grupo EPM - empresa de servicios
públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., emitió respuesta completa una vez
le fue notificada la sentencia de primera instancia. De allí que deba confirmarse el
amparo concedido por el a quo del derecho fundamental de petición, en tanto
existió una vulneración con la falta de respuesta oportuna a la solicitud del
accionante, la cual para el momento de proferirse la sentencia objeto de
impugnación se encontraba latente.

En este orden de ideas, la Sala confirmará el ordinal cuarto de la sentencia objeto
de impugnación proferida el 16 de marzo de 2023, por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, en el que se ordenó a Afinia Grupo EPM -empresa de
servicios públicos Caribemar de la Costa S.A.S ESP dar respuesta a la petición
formulada por la parte actora el 13 de enero de 2023.

4.8. Ahora, la Sala llama la atención frente al hecho de que, aunque la acción de
tutela se presentó en nombre propio, tanto la solicitud de ruptura de solidaridad
como la petición de 13 de enero de 2023 fueron remitidas desde los correos
melkiskammerer@hotmail.com y oficinadequejasyreclamos@gmail.com, que,
según lo informado por la Presidencia de la República, pertenecen al abogado
Melkis Kammerer.

Igualmente, en el escrito de tutela se advierten algunas referencias al mencionado
abogado, como se transcribe a continuación:

“[sic a toda la cita] SEÑOR SUPERINTENDENTE constitucional demostrare en
doctrina melkis kammerer que estos requisito exigido por la empresa y la
superservicios, para poder darle tramite a las peticiones quejas y recursos, violan el
estado social de derecho y hay un concierto para delinquir, en contra de los usuarios,
donde hay un falso positivo y una extralimitaciones de funciones, prevaricato en favor
de tercero, por acción omisión, y el obligación del juez denunciar este hecho que lleva
más de 25 años.

DOCTRINA MELKIS GUILLERMO KAMMERER KAMMERER, bajo ninguna
circunstancia se encuentra facultada las empresas de servicios público y la
superservicios para exigir requisito no autorizado por la constitución y la ley para poder
darle tramite a un derecho de petición para solicitar el rompimiento de la solidaridad,
autorizada constitucionalmente por la cortes constitucional (…)

Obligación de integrar debidamente el contradictorio PRINCIPIO DE OFICIOSIDAD y
NOTIFICACION Para notificación hacerla llegar a la cra 14 No 17-33 GAITAN CEL
Valledupar-Cesar. CORREO melkiskammerer@hotmail.com”.

En este sentido, aunque la tutela formalmente fue presentada en nombre propio,
es razonable inferir que el mencionado profesional del derecho fue quien en
realidad promovió las reclamaciones, peticiones y la presente solicitud de amparo.

Por ese motivo, la Sala considera necesario recordarle a la parte actora de la
presente acción de tutela el contenido del artículo 78 del Código General del

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Proceso (aplicable al trámite de la acción de tutela), relativo a los deberes y
responsabilidades de las partes y sus apoderados.

Es de anotar que en oportunidades anteriores9, esta Sala procedió de igual
manera, considerando que “según lo afirmó la Presidencia de la República en el
informe rendido en el presente trámite, aunque formalmente la acción de tutela se
interpuso por el señor (…) (en nombre propio), lo cierto es que su radicación en el
aplicativo Tutela en línea, se efectuó desde el correo del abogado Melkis
Kammerer y, las direcciones de notificaciones informadas en el escrito de tutela,
es decir oficinadequejasyreclamos@gmail.com y
melkiskammerer@hotmail.com, corresponden a los correos electrónicos del
citado profesional”.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- REVÓCASE el ordinal tercero de la sentencia de 16 de marzo de 2023,
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado. En su lugar, DECLÁRASE
LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por configurarse un hecho superado.

Segundo.- CONFÍRMASE en lo demás la sentencia impugnada.

Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

9 Sentencia de 16 de marzo de 2023, exp. No. 11001-03-15-000-2023-00547-00; sentencia de 20 de abril de

2023, exp. No. 11001-03-15-000-2023-01134-00, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello y sentencia 4 de
mayo de 2023, exp. No. 11001-03-15-000-2023-00494-01, C.P. Milton Chaves García.
22

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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