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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00547-00

Fecha
16 de marzo de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
9 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00547-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las pretensiones formuladas del señor Edgar Rodríguez Rodríguez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2023-00547-00 Demandante: Edgar Rodríguez Rodríguez 4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00547-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

16 de marzo de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00547-00
Demandante: Edgar Rodríguez Rodríguez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-00547-00
Demandante EDGAR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Demandado PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas Acción de tutela. Inexistencia vulneración de derechos
fundamentales. Ruptura de solidaridad servicio de energía.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia, la acción de tutela
instaurada por el señor Edgar Rodríguez Rodríguez, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 3 de febrero de 20231,el señor Edgar Rodríguez Rodríguez instauró acción de
tutela, en nombre propio, contra la Presidencia de la República, la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios y (la sociedad Caribemar de la Costa S.A.S
E.S.P. (también denominada por el nombre de su marca Afinia,) por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a la petición, al acceso a la administración
de justicia, a la dignidad humana, a la salud, a la vida, a la educación, a una vivienda
digna y al debido proceso. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(sic para oda la cita) “PRIMERO PRETENDO CON Esta acción de tutela como mecanismo
definitivo y excepcional PARA QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL ORDENA AL PRESIDENTE
DE COLOMBIA REASUMIR LAS COMPETENCIA, OTORGADA A LA SUPERSERVICIOS
(…) y de respuesta al derecho de petición , ASIMISMO EL JUEZ CONSTITUCIONAL
ORDENE AL SUPERINTENDENCIA DE SERVCICIO PUBLICOS , A EJERCER SUS
FUCIONES (…), así mismo de respuesta al derecho de petición ,así mismo el juez ordene a
la superservicios y a la empresa Afinia a darle tramite al derecho de petición , debido que no
es una petición reiterativa ni es un hecho superado y concedas los recursos de ley y tanto la
empresa como la superservicios se abstenga de exigir requisito no autorizados POR LA
CONSTITUCION (…) de igual forma el juez constitucional conceda esta acción de tutela (…)
para que el juez constitucional, ordene al presidente de Colombia y al superintendente de
servicios públicos ejerzan sus funciones, obligando al doctor Javier lastras gerente de la
empresa Afinia de la costa a darle tramite nuevamente al núcleo esencial del derecho de
petición, resolviéndolos de fondo , clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado
clara (…) por lo que el gerente general de la empresa afinia el doctor Javier lastra, debe
resolver nuevamente mi derecho de petición (…) de fondo, clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado (…) y me conceda los recurso de apelación ante el superior
jerárquico y funcional, (…) sin exigirme requisito no autorizado por la constitución, (…) y se
garanticen MIS DERECHOS FUNDAMENTALES Al núcleo esencial del derecho de petición ,
la administración de justicias, a una tutela judicial efectiva, a la dignidad humana, a la salud, a
la vida, a la educación, a una vivienda digna, al debido proceso administrativo, derecho a la
defensa, contradicción, a la doble instancia igualdad legalidad tipicidad, buena fe confianza
legítima, y acto propio, a un servicio esencial de energía, a la dignidad humana , (…)

SEGUNDO QUE el señor juez constitucional ordene al señor , superintendente de servicios
públicos doctor Dagoberto Buitrago, manifieste bajo la gravedad de juramento diga cuales son

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Índice 2 en Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00547-00
Demandante: Edgar Rodríguez Rodríguez

los fundamento constitucionales y légale , para que exijan como requisito para conceder el
rompimiento de la solidaridad, certificado de libertad y tradición expedido por la oficina de
instrumentos públicos, y el certificado de nomenclatura exigido por, el instituto de Agustín
Codazzi , cuando este último ya no lo expide , y nadie está obligado a lo imposibles (…)
TERCERO QUE el señor juez constitucional ordene al señor, superintendente de servicios
públicos doctor Dagoberto Buitrago, manifieste bajo la gravedad de juramento diga cuales son
los fundamento constitucionales y légale para obligar a los usuarios que para conceder los
recursos de reposición y apelación y de queja exige como requisito absoluto, el pago de la
factura solidaria (…)
Cuarto que el señor juez constitucional ordene al señor presidente SEÑOR
SUPERINTENDENTE ordenen a la empresa de energía eléctrica a referirse de cada una de
las pretensiones del derecho de petición que yo le acciones tales como: conque fundamento
constitucional y legal la empresa de energía puede suspenderme el servicios de energía si
ante no expide un acto administrativo, (…) ¿conque fundamento constitucional y legal la
empresa de energía, exige como requisito para darle tramite a un derecho de petición de
solidaridad, certificado de libertad y tradición, certificado de nomenclatura expedido por el
instituto de Agustín Codazzi, cuando este organismo ya no lo viene expidiendo, además la
empresa no tiene en su poder el levantamiento catastral y la carta catastral que definen la
dirección del inmueble?¿conque fundamento constitucional y legal la empresa de energía
exige como requisito para conceder los recursos de apelación ante el superior jerárquico
funcional que es la superservicicios , que el usuario obligatoriamente, y absolutamente debe
pagar la factura solidaria y lo que no es objeto de reclamo, donde esta exigencia no es
obligatoria, como lo dejo claro la cortes constitucional en la sentencia c-558 del 2001
CUARTO Que el SEÑOR juez constitucional ordene a la empresa de energía eléctrica, ADAR
UNA RESUESTA de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado (…)
concediendo los recursos de reposición y el de apelación ante el superior jerárquico funcional
que es la superintendencia de servicios públicos domiciliarios (…)
QUINTO SEÑOR presidente ordene a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios
y al gerente general de Afinia diga bajo la gravedad de juramento ¡cual es la ley, señalándola
numéricamente de forma motivada, debido que siempre contesta, que ellos solamente exigen
requisito autorizado por la ley, pero no dicen cuál es la ley (…)
octavo que el SEÑOR juez constitucional ordene al gerente general de afinia que (…) diga
con que fundamento la empresa suspenden el servicio de energía de forma unilateral, sin ante
expedir un acto administrativo, (…) en el entendido que las empresa deberá garantizar el
debido proceso administrativo, ósea expidiendo el acto administrativo, garantizando la demás
garantía judiciales
DECIMO SEGUNDO QUE EL SEÑOR juez constitucional ORDENE AL GERENTE GENERAL
DE AFINA, y al superintendente de servicios públicos LE DE CUMPLIMIENTO A LA
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN
Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) CUMPLIMIENTO A la
Resolución No.

20218200163555 del 18 de mayo de 2021, (…) Y la sentencia de tutela T-636
DEL 2006, donde la empresa de energía, viene violando el artículo 84 de la constitución que
prohíbe exigir requisito no autorizado por la constitución y las ley, (…) Y LE DE TRAMITE AL
a los derecho de petición de solidaridad, sin exigir requisito adicionales para demostrar la
propiedad del inmuebles, teniendo en cuenta la facturad de energía, y la declaración de extra
juicio, de igual forma que se abstenga de seguir declarando improcedente los derechos de
petición alegando que la dirección de la factura de energía no es la misma que a perecer en
los certificado sin ante no presente como medio de prueba, la copia de la carta catastral del
inmueble, así mismo el levantamiento catastral (…)
Décimo tercero, que el señor juez del conocimiento según el PRINCIPIO DE OFICIOSIDAD,
SE PRONUNCIE sobre todas y cada una de las pretensiones, (…)
DECIMO QUINTO Que el juez constitucional decrete la violación del derecho de petición por
parte del presidente de Colombia doctor Gustavo petro y por el superintendente de servcucios
públicos doctor Dagoberto Quiroga, asi mismo ordenarles a ambos que en el término no
superior de dos meses realice en Valledupar un consejo comunal con todas la comunidad
usuarias , vocales de control y asociaciones de usuarios con las presencia de las delegadas
de caqda unas de la superintendencia para que el pueblo participe expongan sus denuncia ,
explique las irregularidades que vienen cometiendo por más de 20 años violando el estado
social de derecho
DECIMO SEXTO Que el juez constitucional haga un paralelo, de las pretensiones que solicite
a la empresa de energía que resolviera, y las que ella resolvió, para determinar que si hubo o
no peticiones reiterativa para que la empresa se abstuviera de dar respuesta nuevamente,
sobre a aquellas pretensiones que no resolvió (…)”

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Demandante: Edgar Rodríguez Rodríguez

2. Hechos

Del escrito de tutela no se advierten hechos claros, más allá de la iniciación de una
actuación administrativa ante Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P., a fin de obtener
la ruptura de solidaridad. Sin embargo, de la totalidad del expediente, se advierten
como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El 24 de enero de 2022, el accionante radicó ante la sociedad Caribemar de la
Costa S.A.S E.S.P solicitud, con el fin de que no se aplicara la figura de
solidaridad; de manera que únicamente se le cobrara la primera factura del
servicio de energía dejada de pagar por el arrendatario del inmueble.

Explicó que el arrendatario a quien confió su inmueble no pagó el servicio
público consecutivamente y que por ende la deuda ascendió a $123.050.500
y una deuda financiada por valor de $ $44.000.000. En su criterio, la sociedad
Caribemar de la Costa S.A.S. permitió el endeudamiento progresivo sin
suspender oportunamente el servicio.

2.2. Mediante Oficio Nro. 202270025972 del 25 de enero de 2022, Caribemar de
la Costa S.A.S E.S.P. explicó que la solicitud de ruptura de solidaridad no era
procedente, porque no se demostró la titularidad del predio, ya que en el
certificado de tradición y libertad aportado el peticionario no aparecía como
propietario del inmueble. De manera que carecía de legitimación para efectuar
la reclamación.

Por lo tanto, la autoridad requirió al peticionario para que, dentro del mes
siguiente, prorrogable por una vez, allegara los documentos que lo acreditan
como propietario. Y se le informó que si cumplido el plazo anterior no remite
tal documentación, se entenderá que ha desistido de su solicitud.

2.3. El 26 de enero de 2022, el accionante radicó solicitud en la cual pretendía que
se tramitara su solicitud inicial de ruptura de la solidaridad.

Aseguró que “POR ERROR ANEXAMOS UN CERTIFICADO DIFERENTE DEL
INMUEBLE, OSEA APORTAMOS UN CERTIFICADO DE UN INMUEBLE QUE ESTA AL
LADO DE ESTE QUE ME ENCUENTRO RECLAMANDO, RAOZN POR LA CUAL APORTO
LA DECLARACION JURAMENTA HECHA POR UN TERCERO EN DONDE SE DEMUESTRA
QUE YO SOY EL POSEEDOR DE BUENA FE DEL INMUEBLE” (sic para toda la cita).

E indicó, en los siguientes términos, que la exigencia de aportar el certificado
de tradición para efectos del trámite de ruptura de la solidaridad no estaba en
la Constitución ni en la ley, motivo por el cual no había lugar a exigirle tal
documento:
“para que la empresa acepte mi derecho de petición debido a que no se necesita ningún
documento que la empresa me exige ya que yo soy el titular del contrato de condiciones
uniformes y soy el titular de pago que aparece en la factura por lo tanto me encuentro
legitimado para presentar este derecho de petición y cualquier información ya reposa en los
archivos de la empresa le estoy demostrando la posesión del inmueble, conforme a la
declaración N. 494 de la notaria segunda de Valledupar – Cesar, cumpliendo con lo
establecido en la sentencia de tutela T- 636/02, la sentencia del tribunal administrativo de
Cundinamarca con radicado n. 11001-33- 34-003-2021-00234-01 del 27 de septiembre del
2021 (…)
Pretendo con este derecho de petición, para que el gerente general le dé trámite a ni derecho
de petición y declare el rompimiento de la solidaridad , sin exigirme otro requisito no
contemplado en la constitución en el artículo 84 de la constitución ni en la ley 1755 del 2015
ni en el decreto 019 del 2012, ni en la ley 142 de 1994 ,por lo que no existe ninguna ley en el
estado social de derecho, que me obligue a presentar como requisito para accionar un derecho
de petición para el rompimiento de la solidaridad certificado de libertad y tradición y
nomenclatura cuando fui yo mismo que les solicite a la empresa la instalación del servició de
energía, donde estos requisito están ya en poder de la empresa, por lo que este
constreñimiento viola el principio de legalidad” (sic para toda la cita).
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Demandante: Edgar Rodríguez Rodríguez

2.4. En Oficio Nro. 202270031578 de 31 de enero de 2022, la sociedad Caribemar
de la Costa S.A.S E.S.P. indicó que en el certificado de tradición y libertad
aportado y en el certificado catastral de Agustín Codazzi figura como
propietario del predio el Banco de Occidente. Por ende, manifestó lo siguiente:
“no se encuentra demostrada (la titularidad del contrato o vínculo contractual con el inquilino),
en consecuencia no se podría predicar la figura de ruptura de solidaridad, teniendo en cuenta
que se requiere de la probada existencia de los sujetos solidarios, es decir, que el propietario
del inmueble sea una persona diferente al usuario del servicio. Por tanto, no se encuentra
demostrada la titularidad del predio, en consecuencia, no se cumplen con los elementos
necesarios para configurar la ruptura de solidaridad, teniendo en cuenta que se requiere sea
probada la propiedad del predio pues es el propietario el legitimado para reclamar por este
concepto”.

En todo caso, informó que, en dos oportunidades puntualmente el 16 de junio
de 2020 y el 25 de junio de 2021, se suspendió el servicio de energía. Por
ende, como el servicio sí fue suspendido, no era procedente la solicitud de
ruptura de solidaridad. Seguido, explicó que tanto el propietario del inmueble
como los arrendatarios o tenedores a cualquier título son solidariamente
responsables ante la empresa de todas las obligaciones y demás cargos
generados por la prestación del servicio de energía eléctrica, de conformidad
con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Por lo tanto, aseguró que la empresa
puede hacer efectiva la obligación en cualquiera de los sujetos indicados
anteriormente.

2.5. El 10 de febrero de 2022, el tutelante interpuso recurso de reposición y en
subsidio apelación contra la anterior decisión, por considerar que ante el
incumplimiento de pago por parte del arrendatario en el servicio de energía
únicamente le correspondía pagar la primera factura vencida.

2.6. Mediante Oficio Nro. 202270048038 de 14 de febrero de 2022, Caribemar de
la Costa S.A.S E.S.P. rechazó el recurso interpuesto por encontrar que este
se presentó extemporáneamente. Al respecto, explicó que “la decisión recurrida
fue notificada por correo electrónico el día 31 de enero de 2022 y con término máximo
para la presentación de los recursos el 07 de febrero de 2022. Ahora bien, la
presentación de los recursos se llevó a cabo el día 10 de febrero de 2022, habiendo
transcurrido más de cinco (5) días hábiles, superando el término legalmente
concedido, de conformidad con el Artículo 154 de la Ley 142/94.”

2.7. El peticionario interpuso recurso de queja contra la anterior decisión.

2.8. Mediante Resolución Nro. SSPD – 20228600178955 de 10 de marzo de 2022,
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios aseguró que
Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P. no remitió el expediente y que por ende
no se no contaba con las guías y constancias de notificación requeridas. En
esa medida concluyó que al no tener los elementos probatorios necesarios
para valorar si la decisión de rechazo se ajustaba a derecho o no, era
necesario “declarar procedente el recurso de apelación y en instancia de alzada, deberá
analizarse si el recurso cumplió con los requisitos formales establecidos en el CPACA y en la
Ley 142 de 1994”.

En consecuencia, declaró procedente el recurso de queja y le ordenó a
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. resolver el recurso de reposición y
posteriormente debe remitirlo nuevamente a la Superintendencia para resolver
el recurso de alzada.

2.9. En cumplimiento de lo dispuesto por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, en Oficio Nro. 202270088562 de 22 de marzo de 2022,
Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P. no repuso su decisión inicial, por los
argumentos expuestos en esa oportunidad.

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Demandante: Edgar Rodríguez Rodríguez

2.10. Mediante Resolución Nro. SSPD - 20228601058835 del 7 de noviembre de
2022, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios revocó la
decisión de Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P. porque consideró que, en
primer lugar, del acta de declaración extraprocesal se desprendía que el ahora
tutelante era poseedor del predio y que la dirección allí indicada coincidía con
la de la factura; asimismo, indicó que del contrato de arrendamiento aportado
se corroboraba el vínculo solidario con el arrendatario.

En segundo lugar, la Superintendencia sostuvo que “El prestador CARIBE MAR
DE LA COSTA S.A.S. E.S.P, no demostró mediante ningún documento llámese Acta
de Suspensión o corte del servicio, tal afirmación, de igual manera no existe Acta
aportada de ninguna supervisión al inmueble, que compruebe que efectivamente LA
EMPRESA, no recayó en una negligencia al no suspenderlo”.

Por lo expuesto, concluyó que “el(a) Señor(a) EDGAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ,
SI cumplió con la carga de la prueba exigida para reclamar el rompimiento de
solidaridad, por lo que SI es procedente acceder a sus peticiones.” En
consecuencia, dispuso lo siguiente:
“REVOCAR la decisión administrativa Acto Administrativo No. 202270031578 del 31 de enero
de 2022, proferida por la empresa CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P, al concluir que
la empresa debe acceder al rompimiento de solidaridad de las obligaciones causadas y no
pagadas desde periodo va entre el junio de 2020 a enero de 2022; razón por la cual la empresa
debe realizar el ajuste en el sistema de información comercial para efectos del cumplimiento
del mismo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.”

2.11. El 10 de enero de 2023, el accionante presentó derecho de petición ante la
Presidencia de la República, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y la sociedad Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P., en el cual
solicitó lo siguiente:
“PRIMERO PRETENDO CON Este derecho de petición (…) QUE EL PRESIDENTE Y EL
SUPERINTENDENTE DE SERVCICIOS PUBLICOS, COMO SUPERIOR JERARQUCO
FUNCIONAL ORDENEN AL GERENTE GENERAL DE AFINIA EL DOCTOR JAVIER LASTRA
DARLE tramite nuevamente al núcleo esencial del derecho de petición, debido que no hubo
hecho superado con la petición anterior, debido que la empresa solo analizo lo requisito
exigido de forma inconstitucional por la misma empresa (…), como es certificado de libertad y
tradición , certificado de nomenclatura, donde si la dirección registrada en ambas
certificaciones no coincide con la registrada en la factura de energía, no se encontraba
legitimada para accionar el derecho de petición, sin que la empresa aportara la carta catastral
y el levantamiento catastral (…) la factura, aparece a mi nombre, por lo que me encuentro
legitimado conforme al artículo 152 de la ley 142 de 1994, para accionar este derecho de
petición , sin necesidad, de aportar otro documento adicional (…) por lo que el gerente general
de la empresa afinia el doctor Javier lastra, debe resolver nuevamente mi derecho de petición,
conforme al articulo 17 de la ley 1755 del 2015 de fondo, clara, precisa y de manera congruente
con lo solicitado (…)
TERCERO señor presidente de Colombia reitero la denuncia contra la superintendencia de
servicios públicos domiciliario que viene negando más del 90% de los recursos de ley como
entidad de segunda instancia , que juro cumplir la constitución y la ley , que es el mayor
jerárquico funcional de las empresas de servicios públicos domiciliarios, a favor de las
empresa de servicios públicos exigiendo requisito no autorizado por la constitución y la ley ,
para no darle tramites al núcleo esencial del derecho de petición cometiendo prevaricato por
acción omisión y extralimitación de funciones , donde ni la superservicios, ni la empresa
manifiestan cual es la ley que la facultan para exigir el , certificado de libertad y tradición
expedido por la oficina de instrumentos públicos, y el certificado de nomenclatura exigido por,
el instituto de Agustín Codazzi, donde esta última yo no lo expide y si ambas certificaciones,
la dirección no coincide con la factura de energía, niega el derecho de petición, sin que la
empresa aporte la carta catastral y el levantamiento CATASTRAL , que define cual es la
dirección del predio, además la empresa de energía no es la entidad en cargada de manifestar
cual es la dirección de predio, debido que de conformidad con los artículos 101 al 104 de la
ley n142 de 1994 es al municipio que le corresponde realizar la estratificación, fijar las
direcciones de las vivienda , y otorgar los subsidio
Cuarto SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene al gerente general de afinia que conceda el
recurso de apelación ante EL SUPERINTEDENTE COMO SUPERIOR JERARQUICO Y
FUNCIONAL DE LA EMPRESA (…)” (Negrillas propias).
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2.12. Mediante Oficio 202370023781 de 13 de enero de 2023, la sociedad
Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P. le indicó que en razón a que en el pasado
ya había solicitado la ruptura de solidaridad “no es procedente referirnos de nuevo a
estos puntos, como quiera que la Compañía ya se pronunció al respecto, respondiendo de
manera clara, oportuna y de fondo a su reclamación inicial, concediéndole los recursos de ley.
Por todo lo anterior, no se accede a su petición”.

3. Fundamentos de la acción

El accionante reiteró los argumentos planteados en la actuación administrativa.
Señaló que es “el propietario del inmueble” y que por error anexó a la solicitud de
ruptura de solidaridad un certificado de tradición de otro inmueble, pero indicó que
lo relevante era que aportó la declaración juramentada que acredita que es “el
poseedor de buena fe del inmueble”. Por ende, insistió en que “ME ENCUENTRO
LEGITIMADO EN LA CAUSA POR ACTIVA PARA PRESENTAR ESTE DERECHO DE PETICION
SIN NECESIDAD DE APORTAR CERTIFICADO DE TRAIDION Y LIBERTAD O DECLARACION
EXTRA PROCESO PARA DEMOSTRAR QUE YO SOY EL PROPIETARIO O POSEEDOR” (sic para
toda la cita).

A su vez, sostuvo que Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P. y la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios no respondieron clara y congruentemente su
petición sobre la ruptura de solidaridad; y que, en cambio, de forma evasiva se
dedicaron a exigirle requisitos no autorizados por la Constitución y la ley para negar
su derecho, tal como el certificado de libertad y tradición y el certificado de
nomenclatura. Aseguró que no hay lugar a que las autoridades exijan constancias,
certificaciones o documentos que ellos mismos tienen o que puedan conseguir en
sus propios archivos; por lo tanto, para atender una petición solamente pueden
exigir aquellos registros o documentos que no tengan a su disposición y que sean
estrictamente necesarios para responder la petición.
En todo caso, manifestó que la dirección de un predio la establece el municipio. Por
lo tanto, sostuvo que es obligación de la empresa de energía tener en sus archivos
la carta catastral y el levantamiento catastral, que son los documentos cartográficos
georreferenciados en los cuales se encuentran individualizados los predios que
conforman la manzana catastral con su respectiva identificación y nomenclatura vial
y domiciliaria. E indicó que es a la empresa a la que le corresponde actualizar la
dirección del predio, conforme al plan de ordenamiento territorial.
Insistió que en su caso no existe hecho superado ni de peticiones reiterativas, pues
“ni la empresa de energía ni la superservicicios resolvieron de pleno y de fondo todas las
pretensiones”. Por ende, censuró que al interponer un nuevo derecho de petición se
le haya manifestado que en el pasado ya hubo pronunciamiento sobre los mismos
hechos. En sus palabras: “POR MANDATO DEL ARTICULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN Y EL
ARTICULO 17 DE LA LEY 1755 DEL 2015, YO ME ENCUENTRO FACULTADO PARA INICIAR
NUEVAMENTE EL DERECHO DE PETICIÓN DE CONFORMIDAD CON LA PARTE FINAL DE
ESTE ARTÍCULO QUE ESTABLECE SIN PERJUICIO DE QUE LA RESPECTIVA SOLICITUD
PUEDA SER NUEVAMENTE PRESENTADA CON EL LLENO DE LOS REQUISITOS LEGALES,
debido que la empresa no desarrollo en el derecho de petición, los presupuestos de oportunidad,
claridad, precisión, y congruencia”(sic para toda la cita).

Finalmente, censuró que sea obligatorio pagar la factura, a fin de que Caribemar de
la Costa S.A.S E.S.P. y la Superintendencia de Servicios Públicos concedan los
recursos de quejas y de reposición y apelación.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Mediante auto de 13 de febrero de 2023, se admitió la acción de tutela
interpuesta por el señor Edgar Rodríguez Rodríguez contra la Presidencia de
la República, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la
empresa Afinia Grupo EPM.; y se ordenó efectuar las notificaciones
pertinentes.

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4.2. La sociedad Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. informó que, mediante
Oficio Nro. 202270025972 de 25 de enero de 2020, profirió respuesta a la
solicitud de ruptura de solidaridad presentada el 24 de enero de 2022. Allí se
informó al peticionario que “el certificado de tradición y libertad no registra la
dirección registrada no coincide con la del sistema comercial de la empresa, por lo
que se le solicita aporte el certificado del Agustín Codazzi, por lo que no queda
demostrada la titularidad del predio”.

Seguido, informó que el ahora tutelante allegó la documentación y que, en
virtud de esto, en el Oficio Nro. 202270031578 de 31 de enero de 2022 se
resolvió de fondo “cada una de las pretensiones y solicitudes del accionante”,
oportunidad en la cual le comunicó que contra esa decisión procedía el recurso
de reposición y en subsidio apelación. Indicó que el peticionario acudió a
dichos recursos y que mediante Oficio Nro. 202270048038 14 de febrero de
2022 rechazó el recurso de reposición por considerarlo extemporáneo.
A su vez, informó que, luego de concedido el recurso de queja, mediante
Resolución Nro. 20228601058835 del 7 de noviembre de 2022 la
Superintendencia de Servicios Públicos revocó la decisión administrativa
proferida por Caribemar y concluyó que la empresa debía acceder al
rompimiento de solidaridad de las obligaciones causadas y no pagadas desde
periodo va entre el junio de 2020 a enero de 2022.
Finalmente, sostuvo que la acción interpuesta es improcedente, porque no se
cumple con el requisito de subsidiariedad y porque no se acreditó perjuicio
irremediable alguno.
4.3. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sostuvo que
carece de legitimación en la causa por pasiva y que no ha transgredido
derecho fundamental alguno al accionante, porque “las ordenes (sic) de corte,
reconexión y vinculación de un reclamo a la facturación, es una actuación de exclusiva
competencia de la CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP – AFINIA GRUPO EPM-,
y no es del resorte de la superintendencia, por lo que no es posible vincular a este
organismo a los efectos del fallo”.

Por otro lado, y contrario a lo argumentado por el accionante, afirmó que
mediante Resolución SSPD 20228601058835 de 7 de noviembre 2022
resolvió de fondo el recurso de apelación interpuesto. Y con relación al
derecho de petición radicado el 10 de enero de 2023, informó que dio
respuesta de fondo a través del Oficio Nro. 20238600675471 de 15 de febrero
de 2023.
En consecuencia, solicitó negar el amparo solicitado, porque el recurso de
apelación y el derecho de petición mencionados fueron debidamente
resueltos.
4.4. El representante del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y del presidente de la República manifestó que en la petición de
radicado EXT22- 00090345 el actor solicitó a la Presidencia de la República
revocar una resolución emitida por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios en la cual se ratificaron unas facturas expedidas por la sociedad
Afinia. E indicó que esta petición fue contestada mediante Oficio OFI22-
00125803 / GFPU 12000002 de 18 de octubre de 2022, en la que se le explicó
al peticionario que no es la autoridad competente para ejercer labores de
inspección, vigilancia y control por irregularidades que se han cometido en la
expedición y cobro de sus facturas de servicios públicos domiciliarios
expedidas por Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P.. Motivo por el cual la
petición fue trasladada a la autoridad que se consideró competente para
resolver de fondo las inconformidades planteadas.

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Demandante: Edgar Rodríguez Rodríguez

En consecuencia, sostuvo que de su parte no ha existido vulneración a los
derechos fundamentales del actor, pues se contestó la solicitud presentada
por este último y la petición fue remitida a la entidad competente.
De otro lugar, sostuvo que no existe legitimación en la causa por pasiva,
puesto que sus representados no tienen funciones relacionadas con la
expedición y cobro de sus facturas de servicios públicos, ni para resolver los
reclamos realizados contra la sociedad Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P.
Estas funciones recaen sobre la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, cuya competencia es ejercer la inspección vigilancia y control de
las empresas prestadoras de servicios públicos.
Además, precisó que si bien el Presidente de la República manifestó que
asumiría el control de las políticas públicas generales delegadas a la Comisión
de Regulación de Energías y Gas y de la Comisión de regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico, esto no implica asumir las funciones de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Por ende, los actos de
carácter particular y concreto, los reclamos y demás peticiones relacionadas
con la prestación de servicios públicos continúan en cabeza de dicha entidad.
Por otra parte, manifestó que no se satisface el requisito de subsidiariedad de
la acción de tutela, porque el accionante puede acudir a la acción popular, ya
que este es el medio procesal idóneo para la protección de los derechos e
intereses colectivos. Y agregó que en el asunto no existe perjuicio irremediable
alguno.
Finalmente, informó que el señor Melkis Kammerer, en su calidad de abogado,
ha presentado múltiples acciones de tutela por hechos semejantes, en
representación de diversas personas a través de sus correos electrónicos
melkiskammerer@hotmail.com y oficinadequejasyreclamos@gmail.com. Manifestó
que “A esta persona, ya se le ha indicado que la Presidencia de la República no es la
competente para atender los reclamos que él enfila a nombre de múltiples ciudadanos, en
casos idénticos al de este expediente. Es más, en varias de las acciones que él promueve por
diversos temas, demanda a la Presidencia de las República para que la competencia recaiga
en las altas Cortes, a sabiendas, como ya varios jueces y el propio Consejo de Estado se lo
han indicado, que la esta entidad no ostenta las competencias que le permitan resolver casos
puntuales o concretos como el que plantea”.

En su criterio, “el señor Melkis Kammerer, en su calidad de abogado podría estar incurso
en el incumplimiento del deber de todo abogado contenido en los numerales 13, 16 y literal a)
del numeral 18 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, que al tenor literal preceptúan: N° 13:
“Prevenir litigios innecesarios, inocuos o fraudulentos y facilitar los mecanismos de solución
alternativa de conflictos (en virtud de la parte resaltada, únicamente respecto de la Presidencia
de la República”. Y añadió que también está abusando del derecho, dada la
interposición de tutelas masivas y derechos de petición dirigidos a la
Presidencia, pues la materia objeto de debate no es de su competencia.
Con fundamento en lo expuesto, solicitó la declaratoria de improcedencia de
la tutela interpuesta a falta de los requisitos de legitimación en causa por
pasiva y de subsidiariedad. Y subsidiariamente, solicitó negarlas pretensiones
formuladas.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
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Demandante: Edgar Rodríguez Rodríguez

es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer si se
vulneraron los derechos de petición y debido proceso del señor Edgar Rodríguez
Rodríguez, en razón a que a juicio de este último, ni Caribemar de la Costa ni la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios han resuelto de fondo su
solicitud inicial de ruptura de solidaridad; y a que la sociedad Caribemar de la Costa
S.A.S E.S.P., mediante Oficio 202370023781 de 13 de enero de 2023, le indicó que
no podía volver a pronunciarse sobre la solicitud de ruptura de solidaridad tramitada
en el pasado, debido a que ya hubo pronunciamiento de fondo.

3. Análisis del caso

La Sala encuentra que los reproches principales del accionante radican en que, por
una parte, ni Caribemar de la Costa ni la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios hayan resuelto de fondo su solicitud inicial de ruptura de solidaridad.
Y por la otra, en que la sociedad Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P., mediante
Oficio 202370023781 de 13 de enero de 2023, le haya indicado que no podía volver
a pronunciarse sobre la solicitud de ruptura de solidaridad tramitada en el pasado,
debido a que ya hubo pronunciamiento de fondo.

De estos reproches la conclusión más evidente que se desprende es que la parte
actora no conoce que su solicitud de ruptura de solidaridad fue resuelta
favorablemente por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
mediante Resolución Nro. SSPD - 20228601058835 del 7 de noviembre de 2022.
Tal como se corrobora de la siguiente imagen:

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Demandante: Edgar Rodríguez Rodríguez

Se llega a tal conclusión, pues el único motivo razonable que explica la
argumentación de la parte actora es que no conozca la decisión a su favor, ya que
las inconformidades que expuso en el escrito de tutela se dirigieron a asegurar que
él sí era del poseedor del predio y que las autoridades le estaban exigiendo
requisitos extralegales no necesarios, como lo son los certificados de libertad y
tradición, y de nomenclatura, para así no resolver de fondo su solicitud de ruptura
de solidaridad.

Esa falta de conocimiento sobre la decisión favorable proferida el 7 de noviembre
de 2022 por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios fue la que
motivó a la parte actora a presentar un nuevo derecho de petición, el del 10 de enero
de 2023 en el cual le solicitó que se resolviera de fondo su solicitud de ruptura de
solidaridad y que se “conceda el recurso de apelación ante EL SUPERINTEDENTE
COMO SUPERIOR JERARQUICO Y FUNCIONAL DE LA EMPRESA”. Se agrega que en
el escrito de tutela, el accionante no mencionó la existencia de la decisión favorable
de la Superintendencia, lo cual corrobora su desconocimiento frente a esta.

Con relación a la notificación de la Resolución Nro. SSPD - 20228601058835 del 7
de noviembre de 2022, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
manifestó en su contestación “que la notificación de la mencionada resolución se surtió
de conformidad con lo establecido en los artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011”.

Al expediente de tutela, la referida autoridad allegó la siguiente constancia de que
el 25 de noviembre de 2022 notificó dicho acto administrativo al correo
oficinadequejasyreclamos@gmail.com, que es el mismo que se informó en el escrito
de tutela:

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Así las cosas, no se advierte transgresión a los derechos fundamentales del actor,
pues la solicitud de ruptura de solidaridad fue tramitada, se expidió una decisión
final, que además fue favorable al accionante, y se le notificó al correo electrónico
aportado.

Y en lo que respecta al derecho de petición del 10 de enero de 2023, se advierte
que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y Caribemar de la Costa
S.A.S E.S.P dieron respuesta a esa solicitud y la notificaron. Veamos:

Respuesta y notificación de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios

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Respuesta y notificación de Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P

Con base en lo anterior, tampoco se advierte transgresión a los derechos del
accionante en lo referente a la solicitud de 10 de enero de 2023, pues se obtuvo
una respuesta de fondo de dicha petición y esta también le fue notificada.

Por todo lo expuesto, se encuentra acreditado que la actuación administrativa que
inició en virtud de la solicitud de ruptura de solidaridad presentada el 24 de enero
de 2022 culminó gracias a la Resolución Nro. SSPD - 20228601058835 del 7 de
noviembre de 2022, decisión notificada al correo dispuesto por la parte actora; y que
la petición de 10 de enero de 2023 fue contestada y la respuesta notificada.
Circunstancias que corroboran que en el caso no existe transgresión ni al derecho
fundamental de petición ni al debido proceso del accionante. Motivo por el cual se
negarán las pretensiones formuladas en el escrito de tutela.

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Finalmente, según lo afirmó la Presidencia de la República en el informe rendido en
el presente trámite, aunque formalmente la acción de tutela se interpuso por el señor
Edgar Rodríguez Rodríguez (en nombre propio), lo cierto es que su radicación en el
aplicativo Tutela en línea, se efectuó desde el correo del abogado Melkis Kammerer
y, las direcciones de notificaciones informadas en el escrito de tutela, es decir
oficinadequejasyreclamos@gmail.com y melkiskammerer@hotmail.com, corresponden a
los correos electrónicos del citado profesional.

A su vez, se advierte que fue el abogado mencionado, quien remitió la petición de
10 de enero de 2023:

Y se tiene que en el caso objeto de estudio, desde el 25 de noviembre de 2022
(meses antes de la interposición de la tutela objeto de estudio) se le notificó al correo
electrónico oficinadequejasyreclamos@gmail.com la Resolución Nro. SSPD -
20228601058835 del 7 de noviembre de 2022, mediante la cual la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios accedió a la solicitud del señor Edgar Rodríguez
Rodríguez relacionada con la ruptura de la solidaridad, de allí que bastaba una
simple revisión del buzón electrónico para percatarse de la decisión a favor del
referido ciudadano.

Por lo anterior, la Sala considera necesario recordarle a la parte actora de la
presente acción de tutela el contenido del artículo 78 del Código General del
Proceso (aplicable al trámite de la acción de tutela), relativo a los deberes y
responsabilidades de las partes y sus apoderados.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar las pretensiones formuladas del señor Edgar Rodríguez Rodríguez, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

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Demandante: Edgar Rodríguez Rodríguez

4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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