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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02717-00

Fecha
13 de julio de 2023
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02717-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela, respecto de los cuestionamientos contra los actos administrativos expedidos por Air-e S.A.S. E.S.P. y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 2. Negar las pretensiones de la acción de tutela frente a la Presidencia de la República, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, la Procuraduría General de la Nación – Regional Guajira, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, la Comisión de Regulación de Agua Potable CRA– y la empresa Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., conforme con lo expuesto en esta providencia 3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02717-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

13 de julio de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02717-00
Demandante: Esilda Sebastiana Peralta Brito

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02717-00
Demandante: ESILDA SEBASTIANA PERALTA BRITO
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas: Derecho de petición. Tutela contra actos administrativos.
Servicio público domiciliario de energía. Suspensión del
servicio y ruptura de la solidaridad.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada, en nombre propio, por la señora Esilda
Sebastiana Peralta Brito contra la Presidencia de la República, la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, la Comisión de Regulación de
Energía y Gas, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y la
Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Esilda Sebastiana Peralta Brito ejerció acción de tutela en contra la
Presidencia de la República, la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Procuraduría Delegada para
la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, por considerar vulnerados los derechos
fundamentales de petición, debido proceso, defensa, dignidad humana, acceso a la
administración de justicia, salud, vida y vivienda digna.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones (sic para toda la cita) 1:

«PRIMERO PRETENDO CON acción de tutela con medida cautelar urgente , para que no me
suspendan el servicio de energía, y para que el presidente y el superintendente asista al consejo
comunal, y como mecanismo definitivo y excepcional , para que el juez constitucional aplique el
bloque de constitucionalidad y la excepción de inconstitucionalidad expidiendo un fallo
extrapetita, y ordene la presidente de Colombia como jefe de estado suprema autoridad
administrativa ejercer sus competencia en materia de servicios públicos domiciliarios, al
superintendente de servicios publico ejercer sus funciones , la procuraduría generar de la nación
ejercer sus funciones los demás funcionario de la superintendencia (…) , donde más del 90% de
los recursos de apelación y de quejas son fallada en contra de los usuarios exigiendo requisito
no autorizado por la constitución Y LA LEY exigiendo como requisito, estar al día con todos los

1 Folios 1 a 37, índice 8, SAMAI.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02717-00
Demandante: Esilda Sebastiana Peralta Brito

consumos o pagar la factura solidaria de forma absoluta para poder dar trámite a los recursos de
apelación, EXIGUIENDO EL CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICCION donde si estos
documentos la dirección no coincide con la registrada en la factura de energía no le dan tramite ,
donde predomina la dirección de la empresa sin que este aporte la carta catastral y el
levantamiento catastral, conforme a los artículos 101 al 104 de la ley b142 de 1994, así mismo
no aceptan la declaración extra proceso, para demostrar que el inmuebles estuvo arrendado y
para demostrar la posesión del inmuebles , donde el único documento idóneos es la factura de
energía, pero tampoco la tienen encuentra, (…) de igual forma ordene al superintendente de
servicios públicos iniciar las sanciones contra las empresa afinia y air-e por estar suspendiendo
el servició de energía de forma unilateral sin ante expedir un acto administrativo, (…)

SEGUNDO que el juez constitucional tuteles mis derechos fundamentales y humano Al núcleo
esencial del derecho de petición, al debido proceso administrativo, derecho a la defensa
contradicción legalidad tipicidad, acceder a la administración de justicia, a las garantías judiciales
consagrada en los artículos 8 y 25 de la convención americana de derecho humanos, a la salud
a la vida, a una vivienda digna, al principio de la buena fe confianza legitima acto propio a una
vivienda digna a la educación y ordene a darme una respuesta , de fondo clara congruente y
resuelva cada una de las pretensiones de la denuncia, así mismo manifieste con que fundamento
constitucional y legal el presidente y la superservicicios se niega asistir al consejo comunal
realizado por nuestro de defensor por más de 20 años melkis Guillermo kammerer kammerer
(…) , el 26 de mayo del 2023 en la cámara de comercio de Valledupar (…)

TERCERO que el señor magistrado ordene al señor presidente el doctor que los SEÑORES
gustavo petro, presidente de Colombia y director de la comisión de regulación de energía y gas
y agua potable, al doctor Dagoberto Buitrago superintendente de servicio públicos domiciliarios,
asistan a este consejo comunal de conformidad con el articulo 2,102 ,103 y 270 de la constitución,
para que socialicen el porcentaje a tomar sobre cual va hacer la desviación significativa de los
consumo de energía eléctrica , donde el ,Consejo de Estado suspendió provisionalmente,
parágrafo que faculta a las empresas prestadoras de energía a fijar en condiciones uniformes del
contrato, los porcentajes de variación en el consumo que constituyen desviaciones significativas
(…)

Cuarto QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA
VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES orden al
superintendente de servicio público y a los doctores diego Alejandro Ossa Urrea o quien haga
sus veces superintendente delegado para energía y gas combustible,doctora Magda Yaneth
Castañeda Gutiérrez o quien haga sus veces jefe oficina de control disciplinario interno de la
superintendencia de servicios publico domiciliarios, , le soliciten a la doctora MARIA SIERRA
MARIN, , el doctor WALTER ROMERO ALVAREZ DIRECTOR TERRITORIAL NORTE ,
CLAUDIA LEONOR JIMENEZ MARTINEZ DIRECTORIA NORIENTE,KEIDY MILENA DIAZ
PLAZA ENTRES OTROS manifieste los siguientes:

A) ¿con que fundamento constitucional exigen requisitos adicionales para darle tramite al
núcleo esencial del derecho de petición prophibido por el ARTICULO 84 DE LA
CONSTITUCION Y LAS DISPOSICIONES artículo 16 de la ley 1755 del 2015, articulo
9,10,86,93 de la ley 1437 del 2011 , articulo 9 de la ley 962 del 2005 decretos 019 del 2012 y
decreto 2106 del 2019, como son el certificado de libertad y tradición y certificado de
nomenclatura,donde predominan la dirección de la factura de energía? ,
B) ¿conque fundamento constitucional niegan los derecho de petición por solidaridad,
alegando que la dirección de las certificaciones aportadas no coincide con la dirección que
registra la factura de energía, donde no le exigen a la empresa la carta catastral ,
levantamiento catastral conforme a los artículos 101 al 104 de la ley 142 de 1994? ,
C) ¿que manifieste conque fundamento exigen para conceder los recursos de quejas y
apelación que el solicitante tenga que estar al día con todos los consumos sin importar que
deban desde 1998, violando la sentenciaC-558 DEL 2001 QUE DECLARO EXEQUIBLE DE
FORMA CONDICIONADA EL INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 155 DE LA LEY 142 DE
1994 ? ,
D) CUANTAS SANCIONES LA SUPERSERVCICIO ha expedido en los últimos 20 años
contra las empresas que suspenden el servicio de forma unilateral sin expedir un acto
admi9nistrativo conforme al artículo 154 de la ley 142 de 1994 y los precedentes de la corte
constitucional EN LAS SENTENCIAS C-150 DEL 2001 C-007 DEL 2017 T-793/2012, ,C-
389/2002 C-060-05, ,C-558-2001,C-,T-013/18, SU-1010, t-270/2004, T-398/2021,T-206/21 C-

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02717-00
Demandante: Esilda Sebastiana Peralta Brito

134 de 1994-T-367 de 2020 T-761 de 2015, T-408 de 2008 T-191 de 2008 T-281 de 2012 T-
189 de 2016 T-1108 de 2002 C-150 de 2003
E) ¿ que la superservicicios explique cuales son los fundamento constitucionales y legales
para no darle cumplimiento a la sentenciasTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN Bogotá DC, veintisiete (27) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021) , y a la sentencia t-636/2006, así mismo de
conformidad artículo 9 , 10,77,86,93, de la ley 1437 del 2011 ley 962 del 2005 decretos 019
del 2012 y 2106 del 2019,) Resolución No. 20218200163555 del 18 de mayo de
2021,,expedida por la superservicios, no es necesario aportar otro requisito, que ya se
encuentran en poder de la empresa presento factura a mi NOMBRE.

QUINTO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA
VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES gustavo
petro, presidente de Colombia y director de la comisión de regulación de energía y gas y agua
potable, Dagoberto Buitrago superintendente de servicio públicos domiciliarios, doctor diego
Alejandro Ossa Urrea o quien haga sus veces superintendente delegado para energía y gas
combustible,doctora Magda Yaneth Castañeda Gutiérrez o quien haga sus veces jefe oficina de
control disciplinario interno de la superintendencia de servicios publico domiciliarios, señores
procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la función pública , le soliciten a la
superintendencia de servicios público, QUE manifieste la superservicicios porque más del 90%
de los recurso de queja y de apelación son fallado en contra siendo entidad de segunda instancia
el superior jerarquice funcional de las empresas de servicios públicos, que juro cumplir la
constitución y la ley , exigiendo requisito no autorizado por la constitución y la ley (…) Por lo que
existe un abuso de la posición domínate por parte de la empresa de servicios públicos, al exigir
requisito adicionales para darle tramite a un derechos de petición recursos y queja como lo
ratifican los artículos 133.8 y 133.9 de la ley 142 de 1994 (…)

SEXTO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO, Y LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACION
ORDEN ALA LOS SEÑORES gustavo petro, presidente de Colombia y director de la comisión
de regulación de energía y gas y agua potable, Dagoberto Buitrago superintendente de servicio
públicos domiciliarios, doctor diego Alejandro Ossa Urrea o quien haga sus veces
superintendente delegado para energía y gas combustible,doctora Magda Yaneth Castañeda
Gutiérrez o quien haga sus veces jefe oficina de control disciplinario interno de la
superintendencia de servicios publico domiciliarios, señores procuraduría delegada para la
vigilancia preventiva de la función pública me garanticen el núcleo esencial del derecho de
petición dándome una respuesta de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo
solicitado (…)

SEPTIMO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA
VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES ordene
GERENTE GENERAL DE AIR-E,y afinia a no suspenderme el servicio de energía hasta tanto no
haya un fallo de finitivo sobre esta denuncia queja (…)

OCTAVO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA
VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES ORDEN
ALA LOS SEÑORES gustavo petro, presidente de Colombia y director de la comisión de
regulación de energía y gas y agua potable, Dagoberto Buitrago superintendente de servicio
públicos domiciliarios, doctor diego Alejandro Ossa Urrea o quien haga sus veces
superintendente delegado para energía y gas combustible,doctora Magda Yaneth Castañeda
Gutiérrez o quien haga sus veces jefe oficina de control disciplinario interno de la
superintendencia de servicios publico domiciliarios, señores procuraduría delegada para la
vigilancia preventiva de la función pública, ORDENEN A ESTA SUPERINTENDENCIA PORUQE
NO FALLAN SUS RECURSO DE APELACION CONFORME A LA RESOLUCION No.
20218200163555 del 18 de mayo de 2021,,expedida por la superservicios, no es necesario
aportar otro requisito, que ya se encuentran en poder de la empresa como es el certificado de
libertad y tradición , por lo que lo puede consultar en la página de la oficina de instrumentos
públicos¡¿ que el señor presidente ordene a la empresa de energía y a la superservicios que
manifiesten bajo la gravedad de juramento cuales son los fundamentos constitucionales para
poder exigirlo, (…)

NOVENO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA
VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES ORDEN
ALA LOS SEÑORES QUE EL SEÑOR PRESIDENTE EL DOCTOR GUSTAVO PETRO, COMO
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02717-00
Demandante: Esilda Sebastiana Peralta Brito

DIRECTOR DE LA COMISION DE REGULACION DE ENRGIA Y GAS LE DE CUMPLIMIENTO
A LA SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO sala contenciosa administrativa SECCIÓN
PRIMERA Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López (…)Expediente: 11001 03 24 000 2020
00058 00 (…)

DECIMO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA
VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES ORDEN
ALA LOS SEÑORES QUE EL SEÑOR PRESIDENTE EL DOCTOR GUSTAVO PETRO , COMO
DIRECTOR DE LA COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS, ORDENE AL
CONCEJO DE VALLEDUPAR QUE PRESENTEN LA METODOLOGIA QUE UTILIZARON
PARA COBRAR EL IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO debido que se vienen recaudando
100 bese a lo que se gastan cobrando un alto costo en las factura de energía al sector comercial
y de servicios.

DECIMO PRIMERO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA DELEGADA
PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES
ORDEN A LA LOS SEÑORES señor presidente ASISTA un consejo comunal de servicios publico
a qui en Valledupar para que se invisten a todos los vocales de control del cesar y la guajira,
lideres, asociaciones de usuarios, defensores de la comunidad con la presencia de las delegadas
de la superservicicios con la presencia también del presidente y el superintendente de servicios
públicos , donde el presidente debe de contratar experto en la ley 142 de 1994 (…)

DECIMO SEGUNDO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA SEÑORA PROCURADORA
ORDENEN A doctor diego Alejandro Ossa Urrea o quien haga sus veces superintendente
delegado para energía y gas combustible,doctora Magda Yaneth Castañeda Gutiérrez o quien
haga sus veces jefe oficina de control disciplinario interno de la superintendencia de servicios
publico domiciliarios, A DAR RESPUESTA a mi denuncia contra la superservicicio y las empresa
de energía eléctrica , por violación a la constitución y la ley , así mismo ordenen a las empresa
de servicios públicos a retirar de la factura de energía la deuda, y se abstengan de seguir
suspendiendo el servicio de energía de forma unilateral, hasta tanto no haya un fallo definitivo
sobre esta denuncia (…)

DECIMO TERCERO QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL conforme al principios DE
OFICIOSIDAD y de informalidad ,RESUELVA DE FONDO CLARA DESARROLLADO CADA
UNA DE LAS PRETENCIONES DE LA TUTELA INTEGRANDO el contradictorio , para dar una
solución a la totalidad de las pretensiones de la solicitud de tutela, como un todo inescindible (…)

DECIMO CUARTO que el señor magistrado y la señora procuradora general de la nación
ordenen a la superintendencia de servicios público ordenen a la empresa de energía que si va a
continuar sus pendiendo el servicio de energía deberá expedir un acto administrativo que
garanticen el debido proceso administrativo derecho de defensa contradicción legalidad, a una
tutela judicial efectiva, (…)

DECIMO QUINTO QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL CONFORME AL ARTICULO 4 DE LA
CONSTITUCION aplique el bloque de constitucionalidad y la excepción de inconstitucionalidad
expidiendo un fallo extrapetita conforme al principios DE OFICIOSIDAD y de informalidad , Y
CONCEDA esta acción de tutela como mecanismo definitivo y excepcional protegiendo el núcleo
esencial de petición (…). »

2. Hechos

De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:

La señora Esilda Sebastiana Peralta Brito afirma que es propietaria del inmueble
ubicado en la “calle 1 1-1 GUAMACHAL LOS PONDORES municipio de Sanjuan de la
vivienda ubicada en MANZANA 3 CASA 14 VILLA CATALIN” , predio que arrendó al
señor Rafael Germán Cuello Plata entre el 28 de mayo de 2011 y el 6 de noviembre
de 2020.

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Demandante: Esilda Sebastiana Peralta Brito

Durante este periodo, se incumplió el pago de las facturas del servicio público de
energía, por lo que se procedió a la suspensión del servicio. Ante esta situación, la
señora Peralta Brito solicitó a la empresa Air-e. S.A.S. E.S.P. la ruptura de la
solidaridad por la deuda generada.

Que la empresa informó que no era procedente acceder a su solicitud porque la
dirección que aparece en el certificado de tradición y libertad y la de nomenclatura no
coincide con la registrada en las facturas de energía. Esa decisión fue confirmada por
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Ante la inconformidad con la decisión adoptada, la accionante manifestó que interpuso
escrito en ejercicio del derecho de petición ante la Presidencia de la República, la
Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG y la Comisión de
Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA.

3. Argumentos de la acción de tutela

La parte interesada indicó que la empresa Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. – Afinia
Grupo E.P.M. y la Superintendencia de Servicios Públicos dieron respuesta a su
petición y denegaron la solicitud de ruptura de la solidaridad porque exigieron
requisitos adicionales no autorizados por la Constitución Política y la Ley 142 de 1994,
como lo eran, la carta y el levantamiento catastral en donde se encuentran
individualizados los predios que conforman la manzana catastral con su respectiva
identificación, nomenclatura vial y domiciliaria; el certificado de tradición y libertad y el
el certificado de nomenclatura emitido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Por lo anterior, considera que la petición no fue resuelta de fondo ni de manera clara,
precisa y congruente, desconociendo los artículos 9 y 39 del Decreto Ley 19 de 2012,
3° del Decreto 2106 de 2019 y 1° de la Ley 962 de 2005.

Advirtió que tampoco se tuvo en cuenta la sentencia de la Corte Constitucional T- 636
de 2006, ni la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca del
27 de septiembre de 2021, en las que se indicó que las empresas de servicios públicos
no tienen la facultad de exigir requisitos adicionales cuando en la factura de c obro es
posible identificar el propietario que pretende el rompimiento de la solidaridad, ni que
es un requisito demostrar la titularidad del inmueble y la correspondencia con la
dirección registrada por la empresa. Por lo tanto, al ser el contrato de arriendo un
negocio jurídico consensual solo se debe demostrar por cualquier medio que el bien
se encontraba arrendado.

De conformidad con el artículo 159 de la Ley 142 de 1994 la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios debió solicitar a la empresa copia de la carta y el
levantamiento catastral, pues es su deber actualizar la información de acuerdo con el
plan de ordenamiento territorial.

Consideró que el Presidente de la República y el Superintendente de Servicios
Públicos estaban en la obligación de sancionar a las empresas Afinia y Air-e, por
suspender los servicios de energía de forma unilateral sin antes expedir un acto
administrativo, como lo ordena el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, para así
garantizar el derecho al debido proceso y defensa de la accionante.

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Demandante: Esilda Sebastiana Peralta Brito

4. Trámite previo

Mediante auto del 1° de junio de 20232, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela, ordenó notificar en calidad de demandados a la Presidencia de la República, la
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, la Comisión de
Regulación de Energía y Gas, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible y la Procuraduría
Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.

En calidad de terceros interesados ordenó notificar a la Empresa de Servicios Públicos
AIR-E y a la empresa Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia-Grupo EPM) y, en
virtud del artículo 610 del Código General del Proceso, a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado. Por otro lado, negó la solicitud de medida provisional y
las pruebas solicitadas por la parte actora.

5. Oposición

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República3 solicitó que se
declarara improcedente la presente acción de tutela por la inexistencia de vulneración
de los derechos fundamentales indicados, ya que la entidad dio respuesta al derecho
de petición interpuesto por la actora mediante OFI23-00047533 / GFPU 13150000 del
14 de marzo de 2023, y remitió la solicitud al Superintendente Delegado para la
Protección al Usuario y la Gestión en Territorio por medio del OFI23-00047541 / GFPU
13150000 del 14 de marzo de 2023.

Indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva ya que no es la autoridad
competente para ejercer las labores de inspección, vigilancia y control por
irregularidades en la expedición y cobro de servicios públicos domiciliarios, ni tiene
facultades para obligar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a
confirmar su asistencia al Consejo Comunitario mencionado por la accionante.

Además, señaló que no procede la acción de tutela por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad pues no hay prueba de que se hayan agotado todas las vías ordinarias
para resolver el reclamo.

Finalmente, puso de presente que, si bien la actora es Esilda Sebastiana Peralta, el
señor Melkis Kammerer es quien tiene por correo las direcciones electrónicas:
melkiskammerer@hotmail.com, oficinadequejasyreclamos@gmail.com y
fenadecu2021@gmail.com, quien se ha dedicado a interponer masivamente acciones
de tutela contra la Presidencia de la República por los mismos hechos, pero respecto
de diferentes personas. Situación que actualmente se investiga disciplinariamente bajo
lo previsto por la Ley 2213 de 2022.

La Procuraduría General de la Nación 4 consideró que carece de legitimación en la
causa por pasiva porque no tiene competencia para resolver las pretensiones de la
actora.

Afirmó que la acción de tutela es improcedente porque no cumple el requisito de
subsidiariedad y carece de objeto por hecho superado, ya que de acuerdo con los

2 Folios 1 a 4, índice 8, SAMAI.
3 Folios 1 a 17, índice 13, SAMAI.
4 Folios 1 a 6, índice 12, SAMAI.

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Demandante: Esilda Sebastiana Peralta Brito

soportes allegados por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la
Función Pública mediante el oficio con radicado nro. E-2023-139499 enviado el 21 de
abril de 2023, la entidad informó a la peticionaria que de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, la petición se trasladó por competencia a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Comisión de Regulación de
Energía y Gas y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a
fin de que estas entidades emitieran respuesta de fondo.

Por otra parte, aclaró que la sola presentación de la solicitud de investigación
disciplinaria ante la Procuraduría, no obliga a la entidad a asumir el conocimiento de
los hechos presuntamente irregulares pues tiene a su discreción conocer de las
diligencias disciplinarias.

La Procuraduría General de la Nación- Regional la Guajira 5 informó que el derecho
de petición fue recibido por medio del Sistema de Gestión Documental Electrónico de
Archivo de la entidad, y remitido por competencia a la Procuraduría Regional de
Instrucción, la cual por un error en la depuración del sistema solo pudo conocer de la
este hasta el 8 de junio del presente año, fecha en la cual dio respuesta a la accionante.
Por lo anterior, solicita sea desvinculada dado que la tutela carece de objeto ante un
hecho superado.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 6 manifestó que el
Consejo de Estado no tiene competencia para conocer de la acción de tutela debido a
que la Superintendencia es una entidad pública del orden nacional. Además indicó que
la acción de tutela es improcedente porque la petición interpuesta por la accionante el
8 de marzo de 2023 con radicado nro. 20235290947772, fue resuelta mediante la
comunicación nro. 20238201995141 del 7 de junio de 2023.

Por otro lado, señaló que en el caso de la señora Peralta Brito la entidad viene
adelantando la actuación administrativa con radicado nro. RE9331202102830 del 10
de septiembre de 2021, para hacer efectiva la solicitud de silencio administrativo
positivo de acuerdo con el procedimiento establecido en el Título III Capítulo I del
CPACA, la cual se resolverá después de efectuar un análisis del expediente y analizar
si se cumple lo dispuesto por el artículo 158 la Ley 142 de 1994. De esta forma,
consideró que no existe vulneración de ningún derecho fundamental porque está en
curso una actuación administrativa sobre la cual no procede el amparo del juez
constitucional.

Por último, precisó que carece de legitimación en la causa por pasiva dado que la
violación de los derechos fundamentales no es ocasionado por la Superintendencia,
toda vez que la facturación, la ruptura de la solidaridad y la prestación del servicio, es
una operación que ejecuta directamente la empresa Air-e S.A.S. E.S.P.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA 7
solicitó la desvinculación del presente trámite por falta de legitimación en la causa por
pasiva, ya que una vez revisado el sistema de gestión documental advirtió que el actor
no presentó derecho de petición alguno ante la entidad.

5 Folios 1 a 15, índice 17, SAMAI.
6 Folios 1 a 10, índice 11, SAMAI.
7 Folios 1 a 12, índice 18, SAMAI.

7
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Demandante: Esilda Sebastiana Peralta Brito

Además, manifestó que no es competencia de la CRA fijar, aprobar o autorizar tarifas
particulares en los municipios, y tampoco es el ente de inspección, vigilancia y control
de la prestación de servicios públicos domiciliarios. Por lo tanto, no tiene facultad de
ordenar a la empresa de energía Afinia y demás autoridades a tramitar y responder de
fondo las peticiones y recursos presentados por la parte accionante.

Sin perjuicio de lo anterior, señaló que en caso de que se insistiera en la participación
de esa entidad en el presente proceso, se debía integrar al Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, dado que la CRA no tiene habilitación legal para actuar por ser una
Unidad Administrativa Especial sin personería jurídica.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG 8 solicitó ser desvinculada de
la presente acción. Señaló que si bien tiene competencia para expedir la regulación de
los servicios públicos domiciliarios de electricidad y gas combustible y emitir conceptos
de carácter general, no tiene facultades para pronunciarse sobre situaciones
particulares que se presenten entre el usuario y la empresa prestadora del servicio, ni
para la verificación y/o control sobre el cumplimiento de las normas que rigen la
prestación del servicio público de energía, la cual está radicada en la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios.

Por otro lado, indicó que verificado el sistema electrónico de gestión documental, no
se encontró recepción de la petición indicada por la accionante, pero una vez el
despacho dio traslado de esta junto con la admisión de la tutela, fue radicada con el
nro. E2023011632 el 7 de junio de 2023 y resuelta mediante comunicado del 14 de
junio del mismo año.

La empresa Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. – Afinia Grupo EPM 9 advirtió que
carece de legitimación en la causa por pasiva porque revisadas las bases de datos de
la empresa no se encontró ninguna reclamación o petición de la accionante. Además
determinó que los NIC nro. 6897395 y 6826904 relacionados en el escrito de tutela
son inexistentes, lo cual supone que los suministros de energía no son gestionados
por la empresa.

Explicó que mediante la decisión del Gobierno Nacional de intervenir en el año 2016 a
Electricaribe S.A. E.S.P., el mercado se segmentó en dos empresas: Caribesol de la
Costa S.A.S. E.S.P. quien se encargó de operar la red y comercializar el servicio de
energía en los departamentos del Atlántico, Magdalena y Guajira, y Caribemar de la
Costa S.A.S. E.S.P. quien se encargó de los departamentos de Bolívar, Córdoba,
Sucre, Cesar y 11 municipios del Magdalena.

Dado lo anterior, indicó que la empresa Caribemar no puede realizar actuaciones
respecto de los suministros gestionados por Caribesol, ni realizar suspensiones del
servicio y tramitar reclamaciones que no provengan de sus usuarios.

La empresa Air-e S.A.S. E.S.P. 10 expuso que el usuario identificado con los NIC nro.
6897395 y 6826904 (los cuales coinciden con los indicados en el escrito de tutela),
presentó reclamo por ruptura de la solidaridad. Dicha solicitud fue negada y ante ella
se interpusieron los recursos de reposición y en subsidio apelación, los cuales a su
vez, fueron rechazados por no acreditarse el pago de las sumas adeudadas. La usuaria

8 Folios 1 a 31, índice 16, SAMAI.
9 Folios 1 a 7, índice 19, SAMAI.
10 Folios 1 a 3, índice 22, SAMAI.

8
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Demandante: Esilda Sebastiana Peralta Brito

ante la negativa de la empresa, presentó el recurso de queja a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios de conformidad con el numeral 3° del artículo 74 del
CPACA.

Señaló que según la actora la Superintendencia ya había resuelto la queja mediante
la Resolución nro. 20218200163555 del 18 de mayo de 2021, por lo que la actuación
administrativa culminó, la deuda es exigible y es válido que Air-e suspenda el servicio
de energía por las facturas objeto de reclamo sin que ello implique violación al debido
proceso. Actualmente la deuda del NIC 6897395 es por un saldo a pagar de
$636.159,62 y del NIC 6826904 por $70.324.907,76.

Por último, solicitó se declarara improcedente la acción de tutela porque no cumple
con el requisito de subsidiariedad, toda vez que si la usuaria estaba en desacuerdo
con lo resuelto por la Superintendencia podía acudir a la jurisdicción con demanda de
nulidad restablecimiento del derecho y ejercer el control de legalidad de la actuación
administrativa. Adicionalmente, tampoco acreditó la existencia de algún perjuicio
irremediable que hiciera procedente el amparo como mecanismo transitorio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto”.

Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes expuestos le corresponde a la Sala determinar si la
acción de tutela cumple con el requisito general de subsidiariedad y si las entidades
accionadas vulneraron el derecho fundamental de petición al no dar respuesta
oportuna a la solicitud radicada por la señora Peralta Brito.

Cuestión previa - legitimación en la causa por pasiva

La legitimación en la causa por pasiva en sede de tutela se refiere a la aptitud legal
que tiene la persona contra la que se dirige la acción de tutela y quien está llamada a
responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, cuando resulte
demostrada.

En el presente asunto, la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la
Nación, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA y la empresa Caribemar de
la Costa S.A.S. E.S.P. solicitaron la desvinculación de la presente acción de tutela por
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Demandante: Esilda Sebastiana Peralta Brito

falta de legitimación en la causa por pasiva, con sustento en que no son entidades
competentes para atender las pretensiones de la parte actora.

Al respecto, se encuentra probado que la señora Peralta Brito radicó petición ante la
Presidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación, y la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, debido a que en las
contestaciones remitidas por estas entidades se manifestó que recibieron la solicitud
y dieron respuesta a la misma, por lo tanto, serán analizadas al resolver el fondo del
asunto.

No sucede lo mismo respecto de la CRA, y la empresa Caribemar de la Costa S.A.S.
E.S.P., ya que no existe prueba de la radicación de la petición y las accionadas
indicaron que en sus bases de datos no registran derecho de petición alguno
interpuesto por la actora.

Por consiguiente, si bien la CRA se tuvo como parte demandada, lo cierto es que en
el escrito de tutela la referencia que hace el actor sobre esta Comisión es solo para
señalar que el Presidente de la República es el director y debe ejercer sus funciones
al respecto, además del hecho que no se demostró que la accionante radicara petición
ante esta entidad.

Con relación a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. aunque el actor señala que es una
de las empresas que le negó la solicitud de ruptura de solidaridad, en el escrito de
oposición esta advierte que una vez revisado el sistema de información comercial de
la sociedad, los NIC nro. 6897395 y 6826904 relacionados en el escrito de tutela son
inexistentes, es decir, que la empresa no es la comercializadora del suministro de
energía porque el inmueble no se encuentra ubicado en ninguno de los departamentos
gestionados por ella. Igualmente, no se demostró la radicación de petición alguna por
parte de la actora.

Conforme a lo expuesto, la Sala negará las pretensiones respecto de la Comisión de
Regulación de Agua Potable – CRA y de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. si se
tiene en cuenta que frente a esos organismos no se acreditó el ejercicio del derecho
de petición.

Requisito general de subsidiariedad de la acción de tutela

Dentro de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela se encuentra
el de subsidiariedad, consistente en que el amparo solo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Este requisito es una condición de procedibilidad del mecanismo concebido para la
adecuada y eficaz protección de los derechos fundamentales, ya que la acción de
tutela “no constituye un medio alternativo o facultativo que permita complementar los
mecanismos judiciales ordinarios establecidos por la ley (…) no se puede abusar del
amparo constitucional ni vaciar de competencia a la jurisdicción ordinaria, con el
propósito de obtener un pronunciamiento más ágil y expedito, toda vez que éste no ha
sido consagrado para reemplazar los medios judiciales dispuestos por el Legislador
para tales fines 11.”

11 Sentencia C-132 del 2018 de la Corte Constitucional.

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Demandante: Esilda Sebastiana Peralta Brito

Del derecho fundamental de petición

El artículo 23 de la Constitución Política prevé que toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener una respuesta oportuna, clara, precisa, de fondo y congruente
con lo solicitado.

La jurisprudencia en reiterados pronunciamientos ha establecido que este derecho se
comprende se los siguientes elementos: (i) la posibilidad de formular solicitudes
respetuosas ante las autoridades públicas o los particulares, según sea el caso; (ii) la
garantía de que se entregue respuesta oportuna, es decir, en las oportunidades que
prevé el ordenamiento jurídico; (iii) la respuesta de fondo o contestación material, esto
es, la decisión que, en el ámbito de su competencia, debe entregar el destinatario de
la petición, sin importar que la decisión sea o no favorable al solicitante; (iv) la
comunicación oportuna de lo decidido, y (v) la falta de competencia para pronunciarse
sobre la totalidad o parte de la petición presentada no significa que el destinatario
quede exento de pronunciarse12.

Análisis del caso concreto

Mediante el ejercicio de la presente acción la señora Esilda Sebastiana Peralta Brito
manifiesta su inconformidad con las decisiones adoptadas por la empresa Air-e S.A.S.
E.S.P y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios al resolver no declarar
el rompimiento de la solidaridad entre la señora Peralta Brito, en condición de
arrendadora, con el arrendatario de un inmueble de su propiedad que dejó una deuda
por concepto del servicio público de energía.

Al respecto, los artículos 152 y 154 de la Ley 142 de 1994 disponen los mecanismos
de defensa frente a las decisiones de facturación y suspensión del servicio, dentro de
las que contempla peticiones y recursos ante la empresa prestadora del servicio y, en
instancia superior, ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Agotado este procedimiento, el usuario y/o suscriptor también tiene la posibilidad de
acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho para anular el acto administrativo que
considera ilegal.

En el escrito de tutela el accionante indicó que había presentado la correspondiente
reclamación y obtuvo respuesta negativa por la empresa de servicios públicos, por lo
que interpuso los recursos pertinentes, los cuales fueron resueltos por la
Superintendencia confirmando la decisión. Situaciones de hecho confirmadas en la
contestación a la acción de tutela presentada por la empresa Air-e S.A.S. E.S.P., en
donde se manifestó que la sede administrativa había culminado y por lo tanto, la deuda
actualmente ascendía a un valor de $636.159,62 por el NIC 6897395 y por
$70.324.907,76 del NIC 6826904. Por ende, como la decisión fue desfavorable a sus
intereses, la accionante pudo ejercer el medio de defensa judicial de nulidad y

12 Sentencia del 29 de junio de 2023, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2023-02656-00, Sección

Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Ver también pronunciamiento de la
Corte Constitucional, sentencias Sentencias T-007 de 2022, SU-213 y T-009 de 2021, T-230 de 2020, C-007 de
2017, C-951 de 2014, T-814 de 2012, T-510 de 2010, C-818 de 2011, T-610 de 2008, T-814 y T-236 de 2005, T-
259 de 2004 y T-353 de 2000.
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Demandante: Esilda Sebastiana Peralta Brito

restablecimiento del derecho para cuestionar las decisiones con las que se encontraba
en desacuerdo.

Lo anterior supone que la acción de tutela incoada es improcedente por no cumplir el
requisito de subsidiariedad respecto de los reparos a las decisiones desestimatorias
de la ruptura de la solidaridad, por cuanto existían otros mecanismos de defensa
idóneos mediante los que pudo manifestar sus inconformidades y solicitar la nulidad
de las decisiones adoptadas por la entidad. En este sentido, la Sala advierte que el
accionante no indicó las razones por las que considera que los referidos mecanismos
no son idóneos y eficaces para la protección de sus derechos presuntamente
vulnerados y tampoco demostró la existencia de un perjuicio irremediable que justifique
la intervención del juez de tutela.

Lo expuesto resulta suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un
pronunciamiento de fondo respecto de los cuestionamientos contra la empresa Air-e
S.A.S. E.S.P y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. En
consecuencia, se declarará improcedente la solicitud de amparo respecto de los
cuestionamientos contra los actos administrativos expedidos por esas entidades.

Ahora, frente a la presunta vulneración del derecho fundamental de petición, esta Sala
advierte que de las entidades accionadas, la Presidencia de la República mediante
OFI23-00047533/GFPU 13150000 del 14 de marzo de 2023 13 enviado al correo
electrónico informado por la demandante dio respuesta a la citada petición, en el
siguiente sentido:

“Respetada Señora Peralta:

(…)En atención a su comunicación radicada en esta entidad, en la que solicita intervención en
materia de servicios públicos.

(…) Por lo anterior, en razón a su solicitud, me permito informarle que, de conformidad a lo
establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", modificado por la Ley 1755 de
2015, se ha dado traslado a su comunicación a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, entidad(es) legalmente facultada(s), para conocer del tema expuesto por usted en
su misiva, y tomar las acciones a que haya lugar, de acuerdo a la consideración y fines
pertinentes.”

Y, mediante OFI23-00047541/GFPU 13150000 del 14 de marzo de 2023 14 remitió por
competencia al Superintendente Delegado para la Protección al Usuario y la Gestión
en Territorio para que resolviera de fondo la solicitud, indicando lo siguiente:

“(…) De manera atenta, le remito la comunicación radicada en esta entidad, suscrita por la señora
ESILDA SEBASTIANA PERALTA BRITO, en la que, por hechos expuestos en el escrito, solicita
intervención en materia de servicios públicos.

Damos traslado del escrito en mención, para que, en el ámbito de sus funciones y competencias,
de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, modificado por
la Ley 1755 de 2015, se sirva ordenar a quien corresponda, evaluar el caso expuesto en el
documento anexo, y tomar las acciones a que haya lugar.”

13 Folios 1 a 2, índice 13, SAMAI.
14 Folio1, índice 13, SAMAI.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02717-00
Demandante: Esilda Sebastiana Peralta Brito

Por su parte, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función
Pública, mediante oficio nro. E-2023-139499 remitido por correo electrónico el 21 de
abril de 2023 15 informó a la señora Peralta Brito que en virtud de las competencias
atribuidas a la entidad le era imposible resolver la solicitud, pero realizaba el trasladó
por competencia al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Comisión de Regulación
de Energía y Gas – CREG, para que se pronunciaran al respecto.

De igual forma la Procuraduría General de la Nación – Regional Guajira, remitió el
oficio nro. EE0941del 8 de junio de 202316 al correo electrónico de la peticionaria,
informándole que por competencia su solicitud sería remitida a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios. Lo anterior demuestra que la Procuraduría remitió a
la autoridad competente la petición e informó sobre esto al actor con la copia del oficio
remisorio, acogiendo los lineamientos previstos por el artículo 1° de la Ley 1755 de
201517.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante el oficio nro.
20238201995141 del 7 de junio de 2023 18, notificada a la accionante el 8 de junio de
202319, dio respuesta a cada uno de los interrogantes que se plantearon en la petición
del 6 de marzo del 2023, sobre la cual se pretende la protección del derecho
fundamental invocado en el presente proceso, señalando que las Resoluciones nro.
20228600492695 del 19 de mayo de 2022 y nro. 20218200163555 del 18 de mayo de
2021, indicadas en el escrito de tutela por la accionante como los actos adminsitrativos
a través del los cuales la Superintendencia confirmó la decisión de negar la ruptura de
la solidaridad, en relidad pertenecen a una reclamación efectuada por otro usuario, en
la cual la señora Peralta Brito no es parte y no se encuentra legitimada.

No obstante, frente al proceso adminsitrativo que sí adelantó la actora para la ruptura
de la solidaridad, si bien no determinó con exactitud cuáles actos administrativos se
profierieron, indicó en la respuesta al derecho de petición que:

“(…) Se hace necesario aclarar que no es posible acceder a su solicitud, dado que las
resoluciones se encuentran ajustadas a derecho y no existe un error formal para que esta
Superservicios entre a corregir la resolución. Es menester aclarar que en un proceso de ruptura
de solidaridad es necesario revisar que la dirección del certificado de tradición y libertad y el
contrato de arriendo coincida con la factura ya que es un requisito sustancial para la configuración
del vínculo solidario. Quiere decir esto que si no cumple con la existencia de un requisito no
operaría el fenómeno jurídico de rompimiento de solidaridad (…)”.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG una vez conoció del derecho
de petición con el traslado de la presente tutela, profirió oficio nro. S2023002860 del

15 Folios 2 a 10, índice 12, SAMAI.
16 Folios 21 a 25, índice 17, SAMAI.
17Artículo 1. Sustitúyase el Título II, Derecho de Petición, Capítulo I, Derecho de Petición ante las autoridades -

Reglas Generales, Capítulo II Derecho de petición ante autoridades-Reglas Especiales y Capítulo III Derecho de
Petición ante organizaciones e instituciones privadas, artículos 13 a 33, de la Parte Primera de la Ley 1437 de 2011,
por el siguiente:
(…) Artículo 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se
informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la
recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del
oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos
para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad
competente.
18 Folios 14 a 18, índice 10, SAMAI.
19 Folio 19, índice 10, SAMAI.

13
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Demandante: Esilda Sebastiana Peralta Brito

14 de junio de 2023 20, especificando que carece de competencia para resolver sus
peticiones, a saber:

“En atención a su comunicación le informamos que la Comisión de Regulación de Energía y Gas,
CREG (…) no tiene dentro de sus funciones competencia para pronunciarse o intervenir sobre
situaciones individuales que se presenten entre el usuario y una empresa prestadora de servicios
públicos domiciliarios ni tampoco respecto de las actuaciones de representantes de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ni de ningún funcionario de otras entidades,
razones por las cuales nos abstenemos de pronunciamiento alguno, además porque entendemos
que su comunicación es de conocimiento tanto de la Procuraduría General de la Nación como
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para las actuaciones que les
corresponda, con lo que tampoco realizamos ningún traslado (…)”.

Del anterior recuento, se advierte que antes de que el actor presentara la acción de
tutela el 19 de mayo de 2023, ya había sido notificado por parte de la Presidencia de
la República y la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función
Pública sobre la falta de competencia para resolver su queja, así como del traslado
que sobre la petición se hizo.

Con relación a las respuestas remitidas por la Procuraduría – Regional Guajira, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la CREG si bien se resolvieron
durante el trámite de la acción de tutela, fueron puestas en conocimiento de la actora
antes de proferir la presente sentencia.

En suma, en el presente asunto no se acreditó la vulneración de los derechos
fundamentales invocados, por lo que se negarán las pretensiones con relación a la
Presidencia de la República, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva
de la Función Pública, la Procuraduría – Regional Guajira, la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios y la Comisión de Regulación de Energía y Gas –
CREG.

Cuestión final

La Sala no puede pasar por alto que si bien la acción de tutela formalmente fue
presentada en nombre propio por la señora Esilda Sebastiana Peralta Brito, lo cierto
es que el correo desde el que la radicó es fenadecu2021@gmail.com, que, según
informa la Presidencia de la República, pertenece al abogado Melkis Kammerer
Kammerer.

Siendo así, en razón a todos los procesos que ha conocido la Sala de casos similares 21
en los que ha ocurrido la misma situación, se hace una llamado de atención a este
profesional para que observe los deberes del abogado contenidos en el numeral 13 22
del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007. Además, la Sala le recuerda a la parte actora
sobre los deberes y responsabilidades de las partes y sus apoderados, contenido en
el artículo 78 del Código General del Proceso.

20 Folios 1 a 6, índice 19, SAMAI.
21 Proceso con nro de radicados: 11001-03-15-000-2023-00589-00, 11001-03-15-000-2023-00547-00, 11001-03-

15-000-2023-01134-00, 11001-03-15-000-2023-02656-00
22 Artículo 28. deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

(…) 13. Prevenir litigios innecesarios, inocuos o fraudulentos y facilitar los mecanismos de solución alternativa de
conflictos.
14
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02717-00
Demandante: Esilda Sebastiana Peralta Brito

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela, respecto de los cuestionamientos contra
los actos administrativos expedidos por Air-e S.A.S. E.S.P. y la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios.

2. Negar las pretensiones de la acción de tutela frente a la Presidencia de la República,
la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, la
Procuraduría General de la Nación – Regional Guajira, la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, la Comisión de Regulación de Energía y Gas –
CREG, la Comisión de Regulación de Agua Potable CRA– y la empresa Caribemar
de la Costa S.A.S. E.S.P., conforme con lo expuesto en esta providencia

3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.

5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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