Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02656-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02656-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-02656-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
29 de junio de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02656-00
Demandante: Edgar Rodríguez Rodríguez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02656-00
Demandante: EDGAR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas: Petición. Contra actos administrativos
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Edgar Rodríguez Rodríguez
contra la Presidencia de la República, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, la Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría Delegada para
la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 19 de mayo de 20231, en ejercicio de la acción de tutela, el señor Edgar Rodríguez
Rodríguez pidió la protección de los derechos fundamentales de petición, de acceso a
la administración de justicia, a la dignidad humana, a la salud, a la vida, a la educación,
a la vivienda digna y al debido proceso.
A juicio del demandante, la vulneración se presenta con ocasión de la falta de
respuesta al derecho de petición (denuncia) que presentó el 7 de marzo de 2023 ante
la Presidencia de la República y la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva
de la Función Pública, por las presuntas irregularidades en que habrían incurrido la
empresa Caribemar de la Costa E.S.P. S.A.S. y la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, por, a su juicio, solicitar requisitos adicionales para acceder a
la ruptura de solidaridad de la deuda requerida.
2. Pretensiones
El actor formuló las siguientes pretensiones (sic para toda la cita):
PRIMERO PRETENDO CON acción de tutela con medida cautelar urgente , para que no me
suspendan el servicio de energía, y para que el presidente y el superintendente asista al consejo
comunal, y como mecanismo definitivo y excepcional , para que el juez constitucional aplique el
bloque de constitucionalidad y la excepción de inconstitucionalidad expidiendo un fallo
extrapetita, y ordene la presidente de Colombia como jefe de estado suprema autoridad
administrativa ejercer sus competencia en materia de servicios públicos domiciliarios, al
superintendente de servicios publico ejercer sus funciones , la procuraduría generar de la nación
ejercer sus funciones los demás funcionario de la superintendencia DIEGO ALEJANDRO OSSA
URREA SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE,MAGDA
YANETH CASTAÑEDA GUTIÉRREZ JEFE OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
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Demandante: Edgar Rodríguez Rodríguez
investigar esta denuncia y quejas contra la directora oriente, la doctora MARIA SIERRA MARIN,
, el doctor WALTER ROMERO ALVAREZ DIRECTOR TERRITORIAL NORTE , CLAUDIA
LEONOR JIMENEZ MARTINEZ DIRECTORIA NORIENTE,KEIDY MILENA DIAZ PLAZA
ENTRES OTROS, donde más del 90% de los recursos de apelación y de quejas son fallada en
contra de los usuarios exigiendo requisito no autorizado por la constitución Y LA LEY (…).
SEGUNDO que el juez constitucional tuteles mis derechos fundamentales y humano Al núcleo
esencial del derecho de petición ,al debido proceso administrativo, derecho a la defensa
contradicción legalidad tipicidad, acceder a la administración de justicia, a las garantías judiciales
consagrada en los artículos 8 y 25 de la convención americana de derecho humanos, a la salud
a la vida, a una vivienda digna, al principio de la buena fe confianza legitima acto propio a una
vivienda digna a la educación y ordene a darme una respuesta , de fondo clara congruente y
resuelva cada una de las pretensiones de la denuncia, así mismo manifieste con que fundamento
constitucional y legal el presidente y la superservicicios se niega asistir al consejo comunal
realizado por nuestro de defensor por más de 20 años melkis Guillermo kammerer kammerer
(…)
TERCERO que el señor magistrado ordene al señor presidente el doctor que los SEÑORES
gustavo petro, presidente de Colombia y director de la comisión de regulación de energía y gas
y agua potable, al doctor Dagoberto Buitrago superintendente de servicio públicos domiciliarios,
asistan a este consejo comunal de conformidad con el articulo 2,102 ,103 y 270 de la constitución,
para que socialicen el porcentaje a tomar sobre cual va hacer la desviación significativa de los
consumo de energía eléctrica , donde el ,Consejo de Estado suspendió́ provisionalmente,
parágrafo que faculta a las empresas prestadoras de energía a fijar en condiciones uniformes del
contrato, los porcentajes de variación en el consumo que constituyen desviaciones significativas
(…)
CUARTO. QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA
VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES orden al
superintendente de servicio público y a los doctores diego Alejandro Ossa Urrea o quien haga
sus veces superintendente delegado para energía y gas combustible, doctora Magda Yaneth
Castañeda Gutiérrez o quien haga sus veces jefe oficina de control disciplinario interno de la
superintendencia de servicios publico domiciliarios, Le soliciten a la doctora MARIA SIERRA
MARIN, el doctor WALTER ROMERO ALVAREZ DIRECTOR TERRITORIAL NORTE , CLAUDIA
LEONOR JIMENEZ MARTINEZ DIRECTORIA NORIENTE,KEIDY MILENA DIAZ PLAZA
ENTRES OTROS manifieste los siguientes:
A) ¿con que fundamento constitucional exigen requisitos adicionales para darle tramite al núcleo
esencial del derecho de petición prophibido por el ARTICULO 84 DE LA CONSTITUCION Y LAS
DISPOSICIONES artículo
el certificado de libertad y tradición y certificado de nomenclatura,donde predominan la
dirección de la factura de energía? ,
B) ¿conque fundamento constitucional niegan los derecho de petición por solidaridad,
alegando que la dirección de las certificaciones aportadas no coincide con la dirección que registra la
factura de energía, donde no le exigen a la empresa la carta catastral , levantamiento catastral conforme
a los artículos 101 al 104 de la ley 142 de 1994? ,
C) ¿que manifieste conque fundamento exigen para conceder los recursos de quejas y apelación que
el solicitante tenga que estar al día con todos los consumos sin importar que deban desde 1998, violando
la sentencia C-558 DEL 2001 QUE DECLARO EXEQUIBLE DE FORMA CONDICIONADA EL INCISO
SEGUNDO DEL ARTICULO 155 DE LA LEY 142 DE 1994 ? ,
D) CUANTAS SANCIONES LA SUPERSERVCICIO ha expedido en los últimos 20 años contra las
empresas que suspenden el servicio de forma unilateral sin expedir un acto admi9nistrativo conforme al
artículo 154 de la ley 142 de 1994 y los precedentes de la corte constitucional EN LAS SENTENCIAS
C-150 DEL 2001 C-007 DEL 2017 T- 793/2012, ,C-389/2002 C-060-05, ,C-558-2001,C-,T-013/18, SU-
1010, t-270/2004, T- 398/2021,T-206/21 C-134 de 1994-T-367 de 2020 T-761 de 2015, T-408 de 2008
T- 191 de 2008 T-281 de 2012 T-189 de 2016 T-1108 de 2002 C-150 de 2003
E) ¿ que la superservicicios explique cuales son los fundamento constitucionales y legales para no darle
cumplimiento a la sentencias TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
PRIMERA SUBSECCIÓN Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) , y a la
sentencia t-636/2006, así mismo de conformidad artículo 9 , 10,77,86,93, de la ley 1437 del 2011 ley
962 del 2005 decretos 019 del 2012 y 2106 del 2019,) Resolución No. 20218200163555 del 18 de mayo
de 2021,,expedida por la superservicios, no es necesario aportar otro requisito(…)
QUINTO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA
VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES gustavo
petro, presidente de Colombia y director de la comisión de regulación de energía y gas y agua
potable, Dagoberto Buitrago superintendente de servicio públicos domiciliarios, doctor diego
Alejandro Ossa Urrea o quien haga sus veces superintendente delegado para energía y gas
combustible, doctora Magda Yaneth Castañeda Gutiérrez o quien haga sus veces jefe oficina de
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Demandante: Edgar Rodríguez Rodríguez
control disciplinario interno de la superintendencia de servicios publico domiciliarios, señores
procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la función pública , le soliciten a la
superintendencia de servicios público, QUE manifieste la superservicicios porque más del 90%
de los recurso de queja y de apelación son fallado en contra siendo entidad de segunda instancia
el superior jerarquice funcional de las empresas de servicios públicos, que juro cumplir la
constitución y la ley , exigiendo requisito no autorizado por la constitución y la ley (…)
(…)
Por lo que existe un abuso de la posición domínate por parte de la empresa de servicios públicos,
al exigir requisito adicionales para darle tramite a un derechos de petición recursos y queja como
lo ratifican los artículos 133.8 y 133.9 de la ley 142 de 1994 (…)
SEXTO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO, Y LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACION
ORDEN ALA LOS SEÑORES gustavo petro, presidente de Colombia y director de la comisión
de regulación de energía y gas y agua potable, Dagoberto Buitrago superintendente de servicio
públicos domiciliarios, doctor diego Alejandro Ossa Urrea o quien haga sus veces
superintendente delegado para energía y gas combustible,doctora Magda Yaneth Castañeda
Gutiérrez o quien haga sus veces jefe oficina de control disciplinario interno de la
superintendencia de servicios publico domiciliarios, señores procuraduría delegada para la
vigilancia preventiva de la función pública me garanticen el núcleo esencial del derecho de
petición dándome una respuesta de fondo , clara, precisa y de manera congruente con lo
solicitado clara (…)
SEPTIMO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA
VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES ordene
GERENTE GENERAL DE AIR-E,y afinia a no suspenderme el servicio de energía hasta tanto no
haya un fallo de finitivo sobre esta denuncia queja (…)
OCTAVO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA
VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES ORDEN
ALA LOS SEÑORES gustavo petro, presidente de Colombia y director de la comisión de
regulación de energía y gas y agua potable, Dagoberto Buitrago superintendente de servicio
públicos domiciliarios, doctor diego Alejandro Ossa Urrea o quien haga sus veces
superintendente delegado para energía y gas combustible, doctora Magda Yaneth Castañeda
Gutiérrez o quien haga sus veces jefe oficina de control disciplinario interno de la
superintendencia de servicios publico domiciliarios, señores procuraduría delegada para la
vigilancia preventiva de la función pública, ORDENEN A ESTA SUPERINTENDENCIA PORUQE
NO FALLAN SUS RECURSO DE APELACION CONFORME A LA RESOLUCION No.
20218200163555 del 18 de mayo de 2021, expedida por la superservicios, no es necesario
aportar otro requisito (…)
NOVENO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA
VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES ORDEN
ALA LOS SEÑORES QUE EL SEÑOR PRESIDENTE EL DOCTOR GUSTAVO PETRO , COMO
DIRECTOR DE LA COMISION DE REGULACION DE ENRGIA Y GAS LE DE CUMPLIMIENTO
A LA SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO sala contenciosa administrativa SECCIÓN
PRIMERA Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López Norma demandada: aparte que indica “los
porcentajes que fijen las empresas en las condiciones uniformes del contrato” (…).
DECIMO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA
VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES ORDEN
ALA LOS SEÑORES QUE EL SEÑOR PRESIDENTE EL DOCTOR GUSTAVO PETRO, COMO
DIRECTOR DE LA COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS, ORDENE AL
CONCEJO DE VALLEDUPAR QUE PRESENTEN LA METODOLOGIA QUE UTILIZARON
PARA COBRAR EL IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO debido que se vienen recaudando
100 bese a lo que se gastan cobrando un alto costo en las factura de energía al sector comercial
y de servicios (…).
DECIMO PRIMERO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA DELEGADA
PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES
ORDEN A LA LOS SEÑORES señor presidente ASISTA un consejo comunal de servicios publico
a qui en Valledupar para que se invisten a todos los vocales de control del cesar y la guajira,
lideres, asociaciones de usuarios, defensores de la comunidad con la presencia de las delegadas
de la superservicios con la presencia también del presidente y el superintendente de servicios
públicos , donde el presidente debe de contratar experto en la ley 142 de 1994 como es el doctor
JAIME ARAUJO REINTERIA PONENTE DE LA SENTENCIA C-558 DEL 2001 DONDE LA
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Demandante: Edgar Rodríguez Rodríguez
EMPRESA Y LA SUPERSERVCICIO POR MAS DE 20 AÑOS VIENEN INTERPRETANDOLA
ERRONEAMENTE (…)
DECIMO SEGUNDO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA SEÑORA PROCURADORA
ORDENEN A doctor diego Alejandro Ossa Urrea o quien haga sus veces superintendente
delegado para energía y gas combustible, doctora Magda Yaneth Castañeda Gutiérrez o quien
haga sus veces jefe oficina de control disciplinario interno de la superintendencia de servicios
publico domiciliarios, A DAR RESPUESTA a mi denuncia contra la superservicicio y las empresa
de energía eléctrica , por violación a la constitución y la ley (…)
DECIMO TERCERO QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL al principios DE OFICIOSIDAD y de
informalidad, RESUELVA DE FONDO CLARA DESARROLLADO CADA UNA DE LAS
PRETENCIONES DE LA TUTELA INTEGRANDO el contradictorio , para dar una solución a la
totalidad de las pretensiones de la solicitud de tutela, como un todo inescindible”, (Auto 067/20),
T-466/99,señor juez de segunda instancia , en virtud del principio de oficiosidad tiene la
obligación de asumir un papel activo en la conducción del proceso, (…)
DECIMO CUARTO que el señor magistrado y la señora procuradora general de la nación
ordenen a la superintendencia de servicios público ordenen a la empresa de energía que si va a
continuar sus pendiendo el servicio de energía deberá expedir un acto administrativo que
garanticen el debido proceso administrativo derecho de defensa contradicción legalidad, a una
tutela judicial efectiva (…)
DECIMO QUINTO QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL CONFORME AL ARTICULO 4 DE LA
CONSTITUCION aplique el bloque de constitucionalidad y la excepción de inconstitucionalidad
expidiendo un fallo extrapetita al principios DE OFICIOSIDAD y conceda esta acción de tutela
como mecanismo definitivo
3. Hechos
Del expediente y del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El 2 de diciembre de 2021, el señor Edgar Rodríguez Rodríguez solicitó a la empresa
Caribemar de la Costa E.S.P. S.A.S. –también denominada por su marca Afinia– la
ruptura de la solidaridad por la deuda generada entre el 10 de enero de 2013 al 14 de
junio de 2020 respecto del inmueble ubicado en la Carrera 3 No. Calle 3-45 de
Valledupar, identificado con el NIC-6613647.
Mediante oficio No. 202170370407 del 10 de diciembre de 2021, Caribemar de la
Costa S.A.S. E.S.P. informó al actor no era procedente acceder a su solicitud, toda vez
que el certificado de tradición y libertad aportado no tenía la misma dirección que
aparecía registrada en el sistema de gestión comercial.
El 17 de diciembre de 2021, el actor interpuso recurso de reposición y en subsidio de
apelación contra la anterior decisión.
Por oficio No. 202170384054 del 21 de diciembre de 2021, Caribemar de la Costa
E.S.P. S.A.S. confirmó la decisión recurrida y resolvió remitir el expediente del caso a
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaros para que decidiera el de
apelación.
Mediante Resolución No. 20228600038675 del 1º de febrero de 2022, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios confirmó la Resolución No.
202170370407 del 10 de diciembre de 2021. En concreto, la Superintendencia
consideró que el señor Edgar Rodríguez Rodríguez no cumplió con la carga de la
prueba, por cuanto:
(i) no logró acreditar legitimidad para actuar como propietario del inmueble
en que se presta el servicio de energía, pues del folio de matrícula
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Demandante: Edgar Rodríguez Rodríguez
inmobiliaria que aportó, se advertía que la titularidad pasó al Banco de
Occidente S.A. y la dirección que contenía el certificado de libertad y
tradición no correspondía a la dirección del inmueble;
(ii) no demostró la relación solidaria con un tercero respecto al inmueble
donde se presta el servicio, pues aportó un contrato de arrendamiento
sin fecha de terminación, y
(iii) en el expediente no constaba acta de suspensión del servicio
El 7 de marzo de 2023, el actor radicó queja ante la Presidencia de la República, la
Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y la empresa Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., por las decisiones
emitidas por la Superintendencia y la empresa de energía, al considerar que están
exigiendo requisitos no fijados en la ley para acceder a la ruptura de la solidaridad que
solicitó.
4. Fundamentos de la acción de tutela
El señor Edgar Rodríguez Rodríguez alega que la Superintendencia de Servicios
Públicos y Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. denegaron la ruptura de solidaridad
con fundamento en la exigencia de requisitos adicionales no autorizados por la
Constitución Política y la Ley 142 de 1994, como lo eran el aporte del certificado de
tradición y libertad y el certificado de nomenclatura emitido por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi. Que, de hecho, la negativa de la Superintendencia demostraba que
no resolvió de fondo, clara, precisa y congruente el derecho de petición.
Por lo anterior, adujo, se desconocieron los artículos 9 y 39 del Decreto Ley 019 de
2012, 3 del Decreto 2106 de 2019 y 9 de la Ley 962 de 2005, que disponen la
prohibición de exigir documentos que reposan en la entidad, el procedimiento para
establecer los trámites autorizados por la ley, medidas para la implementación o
aplicación de trámites y la racionalización de procedimientos administrativos.
Alegó que tampoco tuvieron en cuenta las sentencias de la Corte Constitucional T-636
de 2006, así como la sentencia del 27 de septiembre de 20212, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en las que, según
dijo, se dispuso que no era necesario demostrar la propiedad del inmueble, cuando de
la factura era posible identificar al propietario y que era éste el que reclamaba.
Por otro lado, manifestó que pese a que denunció la anterior situación ante la
Presidencia de la República y la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva
de la Función Pública, no ha recibido respuesta alguna por parte de esas autoridades.
Consideró que el Presidente de la República y el superintendente de Servicios
Públicos Domiciliarios estaban en la obligación de sancionar a las empresas Afinia y
Air-e, por suspender los servicios de energía de forma unilateral sin antes expedir un
acto administrativo, como lo ordena el artículo 154 de la ley 142 de 1994.
5. Trámite procesal
Por auto del 24 de mayo de 2023, el despacho sustanciador admitió la demanda de
tutela, denegó la medida provisional solicitada y, entre otras cosas, ordenó notificar,
en calidad de demandados, al director del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, al director ejecutivo de la Comisión de Regulación de
Agua Potable y Saneamiento Básico, al superintendente de Servicios Públicos
Domiciliarios, a la procuradora General de la Nacional y al procurador Delegado para
2 Proceso No. 11001-33-34-002-2021-00234-01.
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Demandante: Edgar Rodríguez Rodríguez
la Vigilancia Preventiva de la Función Pública. Adicionalmente, vinculó como terceros
con interés a los gerentes generales de las empresas Caribemar de la Costa S.A.S.
E.S.P. y Air-e.
En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 30 de mayo de
20233.
6. Intervenciones
La apoderada judicial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República solicitó la desvinculación del presente trámite por falta de legitimación en
la causa por pasiva. Asimismo, pidió que se declarara improcedente la solicitud de
amparo porque el actor no recurrió a las vías ordinarias disponibles, específicamente,
agotar la vía administrativa.
De manera subsidiaria, pidió que se denegara las pretensiones de la demanda, dada
la inexistencia de una acción u omisión por parte de esa autoridad que pudiere generar
la vulneración de algún derecho fundamental del actor.
Con todo, expuso que esa entidad dio respuesta al derecho de petición del actor,
mediante OFI23-00048990/GFPU 13150000 del 15 de marzo de 2023.
Explicó que carece de legitimación en la causa por pasiva, porque no tenía
competencia para resolver sobre los reclamos del actor a la empresa Afinia y dado que
era la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la que ejercía la
inspección, vigilancia y control de las empresas prestadoras de servicios públicos
domiciliarios. Que tampoco podía obligar a esa Superintendencia a que confirmara o
negara su asistencia al Consejo Comunitario que mencionó el actor, por cuanto esa
superintendencia posee una independencia y autonomía de la Presidencia de la
República.
Finalmente, puso de presente que el actor tenía por correo las direcciones
electrónicas: melkiskammerer@hotmail.com, oficinadequejasyreclamos@gmail.com y
fenadecu2021@gmail.com, a través de las que masivamente se radican acciones de
tutela contra la Presidencia de la República por los mismos hechos, pero respecto de
diferentes personas. Esos correos, aduce, fueron creados por el abogado Melkis
Kammerer para abusar así del derecho constitucional de tutela.
En ese orden de ideas, indicó que el señor Melkis Kammerer, en su calidad de
abogado, podría estar incurso en el incumplimiento del deber de todo abogado
contenido en los numerales 13, 16 y literal a) del numeral 18 del artículo 28 de la Ley
1123 de 2007. Puso de presente que, de hecho, actualmente el abogado Kammerer
tiene abierta una investigación disciplinaria por este mismo tema.
La asesora de la Oficina Jurídica de la Procuraduría General de la Nación pidió que
se declarara improcedente la acción de tutela respecto a esa entidad, con fundamento
en que se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, dado que la
Procuraduría Delegada Preventiva y de control de Gestión Primera para la Vigilancia
Preventiva de la Función Pública dio respuesta a la petición presentada por el señor
Rodríguez Rodríguez el 18 de abril de 2023, en el sentido de informar que se trasladó
por competencia a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
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Demandante: Edgar Rodríguez Rodríguez
Alegó que se configura la falta de legitimación por pasiva de ese organismo de control
frente a las pretensiones de no suspensión del servicio de energía, la asistencia del
Presidente de la Republica y otros al Consejo Comunal, solicitudes frente al recurso
de apelación e impuesto de alumbrado público, pues no apuntaban a cuestionar su
actuar.
Por otra parte, aclaró que la sola presentación de la solicitud ante las dependencias
de la Procuraduría no obligaba que se asumiera el conocimiento de los hechos
presuntamente irregulares “por lo que por disposición legal esta entidad puede o no asumir
el conocimiento de las diligencias, si así lo considera procedente”.
La apoderada de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios solicitó
que se declarara la inexistencia de violación de derechos fundamentales por parte de
esa superintendencia o la improcedencia de la acción de tutela. Además, pidió que se
tuvieran como argumentos de sustento de esa entidad, los contenidos en la Resolución
No. 20228600038675 del 1º de febrero de 2022, expedida por la Dirección Territorial
Nororiente, el cual, sostuvo, se encuentra ajustado a la Constitución Política y a la Ley
142 de 1994.
Expuso que las pruebas que obraron en el expediente administrativo conllevaron a
confirmar, en sede de apelación, la decisión tomada por la empresa de energía frente
al usuario que aquí demanda.
Por otro lado, sostuvo que, para casos como el objeto de estudio, se previó como
mecanismo de defensa la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, al cual
podía acudir el demandante, más aún cuando el actor no demostró la existencia de un
perjuicio irremediable que hiciera procedente la acción de tutela.
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Comisión de Regulación de Agua Potable
y Saneamiento Básico – CRA solicitó la desvinculación el presente trámite por falta
de legitimación en la causa por pasiva, con fundamento en que, revisado el sistema
de gestión documental, advertía que el actor no ha presentado derecho de petición
alguno ante esa entidad.
Sin perjuicio de lo anterior, señaló que en caso de que se insistiera en la participación
de esa entidad en la presente acción de tutela, se debía integrar como contradictoria
al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, dado que esa comisión no tenía
habilitación legal para actuar por no contar con personería jurídica.
La apoderada de la empresa Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. –Afinia Grupo
EPM– pidió que se declarara improcedente o denegara la solicitud de amparo, porque
no cumple con el requisito de subsidiariedad, porque si el demandante no estaba de
acuerdo con la decisión que resolvió su reclamación de ruptura de solidaridad, podía
cuestionarla a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
siendo el juez de lo contencioso administrativo el competente para estudiar la legalidad
del acto administrativo.
Sostuvo que en el caso concreto el actor no demostró, siquiera sumariamente, sufrir
un perjuicio irremediable que permitiera hacer uso de la acción de tutela.
Por otro lado, manifestó que el Consejo de Estado carece de competencia para
conocer de la presente acción de tutela, porque de conformidad con el Decreto 333 de
2021, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del
orden departamental, debe ser repartida a los jueces municipales y, para el caso
concreto, el inmueble en el que se presta el servicio de energía y sobre el que recae
la acción constitucional, está ubicado en el municipio de Valledupar (Cesar), por lo que
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Demandante: Edgar Rodríguez Rodríguez
“se desconoce el motivo de la presentación de esta tutela ante los jueces de la ciudad de
Bogotá”.
Además, informó que el suministro de NIC-6613647, se encontraba en situación
correcta y con servicio de energía activo.
El apoderado de la empresa de energía Air-e S.A.S. E.S.P. solicitó la desvinculación
del presente trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en
cuenta que los hechos de la acción de tutela correspondían a un usuario de energía
de Afinia, que era la empresa que prestaba servicio de energía en los departamentos
de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar.
II. CONSIDERACIONES
1. Cuestión previa
De la legitimación en la causa por pasiva
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad pública y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional4 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en
sede de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige
la acción de tutela y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del
derecho fundamental, cuando ésta resulte demostrada.
En el presente asunto, el señor Edgar Rodríguez Rodríguez alega que la presunta
amenaza o vulneración de derechos fundamentales proviene, entre otras, de
actuaciones la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación, la
Comisión de Regulación de Agua Potable y la empresa Air-e. No obstante, esas
entidades solicitaron la desvinculación de la presente acción de tutela por falta de
legitimación en la causa por pasiva, con sustento en que no son competentes para
atender las pretensiones de la parte actora.
Al respecto, conviene precisarse que en el proceso está probado que el 7 de marzo de
2023, el señor Edgar Rodríguez Rodríguez radicó denuncia ante la Presidencia de la
República, la Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios y la empresa Afinia. Además, en la acción de tutela el actor
cuestiona que las autoridades no han dado respuesta a dicha denuncia.
Siendo así, contra lo considerado por la Presidencia de la República y la Procuraduría
General de la Nación, se advierte que sí están legitimadas por pasiva en el presente
asunto. De hecho, en los informes rendidos por esas entidades, manifiestan que ya
dieron respuesta al actor, circunstancia que deberá analizarse al resolver de fondo el
asunto.
Ahora, no sucede lo mismo respecto de la Comisión de Regulación de Agua Potable
CRA– y la empresa Air-e. En el caso de la CRA, aunque se tuvo como parte
demandada, lo cierto es que en el escrito de tutela la referencia que hace el actor a
esa Comisión es para señalar que el Presidente de la República es el director de esa
Comisión, siendo contra éste que dirige la demanda de tutela. Además, es cierto que
el actor no radicó petición alguna ante la CRA.
4 Ver sentencias T-373 de 2015 y T-172 de 2019.
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Demandante: Edgar Rodríguez Rodríguez
Respecto de la empresa Air-e, aunque el actor reprocha suspensiones de energía de
su parte, lo cierto es que esa empresa presta servicio domiciliario de energía eléctrica
en los departamentos del Atlántico, La Guajira y Magdalena, como se pudo verificar
en la página oficial. Luego, como el inmueble respecto del que se generó la solicitud
de rompimiento de solidaridad se encuentra en el municipio de Valledupar (Cesar), esa
empresa no es la encargada del suministro de energía como si lo es Afinia, que es la
que ha recibido las reclamaciones del actor.
Conforme a lo expuesto, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa por
pasiva de la Comisión de Regulación de Agua Potable CRA– y la empresa Air-e.
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el
señor Edgar Rodríguez Rodríguez para solicitar: (i) la protección del derecho
fundamental del derecho fundamental de petición que estima vulnerado por la
Presidencia de la República y la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva
de la Función Pública, por la falta de respuesta a la queja que presentó el 7 de marzo
de 2023, y (ii) cuestionar los actos administrativos emitidos por la empresa Caribemar
de la Costa E.S.P. S.A.S. y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
mediante los cuales se negó la solicitud de ruptura de solidaridad de la deuda.
La Sala anticipa que denegará las pretensiones de la acción de tutela frente a la
Presidencia de la República y la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva
de la Función Pública, porque no vulneraron el derecho fundamental de petición y la
declarará improcedente respecto de los actos administrativos expedidos por la
empresa Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. y la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, pues el actor cuenta con otro medio judicial para cuestionarlos.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a: (i) generalidades de la acción de
tutela; (ii) del derecho fundamental de petición; (iii) la acción de tutela contra actos
administrativos; (iv) análisis del caso concreto, y (v) cuestión final.
3. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas
las personas reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos
fundamentales que sean vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, en el último caso, cuando así lo
permita expresamente la ley.
La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En
todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
determinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los
argumentos que proponga el demandante.
4. Del derecho fundamental de petición
El artículo 23 de la Constitución Política prevé que el derecho de petición es
fundamental y faculta a toda persona para presentar solicitudes respetuosas ante las
autoridades y a obtener una respuesta oportuna, clara, precisa, de fondo y congruente
con lo solicitado.
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Demandante: Edgar Rodríguez Rodríguez
El derecho a recibir una respuesta de fondo implica que la autoridad que recibió la
solicitud, según su competencia, se pronuncie completa y detalladamente sobre todos
los asuntos expuestos por el solicitante. La autoridad no puede responder con evasivas
o con razones que no guarden relación con los temas planteados en la solicitud.
El derecho de petición, en concreto, comprende los siguientes elementos: (i) la
posibilidad de formular solicitudes respetuosas ante las autoridades públicas o los
particulares, según sea el caso; (ii) la garantía de que se entregue respuesta oportuna,
es decir, en las oportunidades que prevé el ordenamiento jurídico; (iii) la respuesta de
fondo o contestación material, esto es, la decisión que, en el ámbito de su
competencia, debe entregar el destinatario de la petición, sin importar que la decisión
sea o no favorable al solicitante; (iv) la comunicación oportuna de lo decidido, y (v) la
falta de competencia para pronunciarse sobre la totalidad o parte de la petición
presentada no significa que el destinatario quede exento de pronunciarse.
El desconocimiento de cualquiera de esos elementos trae como consecuencia la
vulneración del derecho de petición.
5. La acción de tutela contra actos administrativos
La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos
para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
Tratándose de acciones de tutela contra actos administrativos, conviene decir que el
acto administrativo es la manifestación de la voluntad de la autoridad, en ejercicio de
función administrativa, encaminada a producir efectos jurídicos particulares o
generales.
Según el contenido de la decisión, los actos administrativos pueden ser definitivos o
de trámite. Los definitivos son los que deciden directa o indirectamente el fondo del
asunto. Los de trámite, por su parte, no concluyen la actuación administrativa, pero la
impulsan hasta llevarla a un acto definitivo. A diferencia de los actos definitivos, los
actos de trámite no expresan la voluntad de la administración, pues simplemente
anteceden la decisión definitiva.
Por regla general, la acción de tutela no procede para cuestionar la legalidad de los
actos administrativos definitivos, pues, para tal efecto, el legislador ha previsto otros
mecanismos judiciales idóneos, como los medios de control de simple nulidad y de
nulidad y restablecimiento del derecho, previstos en los artículos 137 y 138 de la Ley
1437 de 2011.
6. Análisis del caso concreto
Frente a la presunta vulneración del derecho fundamental de petición. En el caso
concreto, el señor Edgar Rodríguez Rodríguez alega que la Presidencia de la
República y la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función
Pública no han dado respuesta a la queja que presentó el 7 de marzo de 2023, en la
que expuso irregularidades en que estima incurrieron la empresa Caribemar de la
Costa S.A.S. y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro del
trámite de solicitud de ruptura de solidaridad de la deuda.
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Al respecto, la Sala advierte que la Presidencia de la República, mediante oficio OFI23-
00048990 del 15 de marzo de 2023, dio respuesta a la citada petición, en el siguiente
sentido:
Respetado señor Rodríguez:
(…)
Con relación a su solicitud, sería del caso remitirla a las entidades legalmente competentes para
dar respuesta a su petición; sin embargo, como quiera que la situación expuesta ya es conocida
por las mismas, nos abstenemos de enviarla nuevamente, en aras de facilitar la gestión de la
administración pública y evitar duplicidad en la información interinstitucional, en virtud de los
principios que rigen las actuaciones administrativas de conformidad con lo establecido en la Ley
1437 de 2011 modificado por la Ley 1755 de 2015.
(…)
Aunado a lo anterior, le aclaramos que es importante explicar que el Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República, el Señor Presidente y la Señora Vicepresidente tienen
asignadas ciertas funciones constitucionales, legales y reglamentarias que, por expresa
prohibición, no se pueden extralimitar.
En tal sentido, esta entidad no tiene las facultades para intervenir en temas como el expuesto
por usted.
De acuerdo con la trazabilidad de envío oficio, el citado oficio fue remitido en esa
misma fecha (15 de marzo de 2023) al correo suministrado por el peticionario:
oficinadequejasyreclamos@gmail.com.
Por su parte, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función
Pública, mediante oficio No. 2023-305 del 11 de abril de 2023, trasladó por
competencia a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la queja
presentada por el señor Edgar Rodríguez Rodríguez. El citado oficio se remitió por
correo electrónico del 18 de abril de 2023 a la Superintendencia de Servicios Públicos.
Del anterior traslado fue informado el señor Edgar Rodríguez Rodríguez, mediante
oficio remitido por correo electrónico el 18 de abril de 2023, oficio en el cual, además,
se explicó al actor sobre las competencias de la Procuraduría y de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios.
Lo anterior demuestra que la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de
la Función Pública remitió a la autoridad competente la petición e informó al actor con
copia del oficio remisorio y, por lo tanto, acogió los lineamientos previstos por el artículo
215 de la Ley 1755 de 2015.
En consecuencia, se advierte que antes de que el actor presentara la acción de tutela
(19 de mayo de 2023), ya había sido notificado por parte de la Presidencia de la
República y la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función
Pública sobre la falta de competencia para resolver su queja, así como del traslado
que sobre la petición se hizo.
En consecuencia, se denegarán las pretensiones con relación la Presidencia de la
República y la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función
Pública.
5 Artículo 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se
informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la
recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del
oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos
para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad
competente.
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Demandante: Edgar Rodríguez Rodríguez
Por otra parte, la Sala advierte que la inconformidad del demandante radica en las
decisiones tomadas por la empresa Caribemar de la Costa S.A.S. y la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en las Resoluciones No.
202170370407 del 10 de diciembre de 2021, 202170384054 del 21 de diciembre de
2021 y 20228600038675 del 1º de febrero de 2022, por las cuales se denegó la
solicitud de ruptura de la solidaridad de la deuda.
Siendo así, a juicio de la Sala, la tutela frente a dichos actos administrativos no
cumple el requisito de subsidiariedad. En efecto, el actor puede ejercer la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, conforme con el artículo 138 6 de la Ley 1437
de 2011, pues, como se sabe, este medio de control procede con el fin de que se
declare la nulidad de actos administrativos y de que se restablezca el derecho subjetivo
de la persona lesionada.
Conviene recordar, además, que el proceso contencioso administrativo prevé
mecanismos como las medidas cautelares, que permiten al juez adoptar las decisiones
pertinentes para que, por ejemplo, no se vulneren derechos fundamentales. Sobre el
particular, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del cinco de marzo de
20147, determinó:
En estos términos, se concluye que: i) lo que ahora se discute a través de la acción de tutela se
podrá discutir promoviendo el proceso de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho,
teniendo en cuenta que: ii) que la suspensión provisional del nuevo código tiene la misma
prontitud y eficacia protectora que la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al
iniciar el proceso, b) procede para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción
que se exige para suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la exigencia del pasado:
que sea ostensible; de hecho se puede hacer un estudio complejo para concluirlo.
De modo que si el demandante considera que las decisiones expedidas por la empresa
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. y la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios vulneran derechos fundamentales, puede pedir la suspensión provisional
de los efectos jurídicos de esos actos administrativos, medida cautelar que resulta un
medio de defensa ágil y efectivo, en cuanto permite proteger y garantizar, de manera
provisional, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.
La acción de tutela tampoco procede como mecanismo transitorio, puesto que el
demandante no demostró la existencia de un perjuicio irremediable. La Sala no
advierte que los actos administrativos expedidos por la empresa de energía y la
Superintendencia constituyan una actuación que ocasione un riesgo cierto y real que
amenace o afecte un derecho fundamental y que amerite la intervención urgente e
inmediata del juez de tutela.
Además, contra lo afirmado por el actor, la empresa Caribemar de la Costa S.A.S.
E.S.P. informó que actualmente el servicio de energía para el inmueble del que aduce
el actor ser propietario, se encuentra activo.
El perjuicio irremediable que hace procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio de protección no debe verse solamente desde la perspectiva de las
6 “Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho
subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular,
expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad
procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho
directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el
mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se
contará a partir de la notificación de aquel”.
7 Consejo de Estado, Sala Plena. Providencia del 5 de marzo de 2014. Expediente No. 25000-23-42-000-2013-
06871-01. Demandante: Gustavo Francisco Petro Urrego.
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Demandante: Edgar Rodríguez Rodríguez
consecuencias nocivas, adversas, perjudiciales, que puede producir las decisiones de
la administración. Esas decisiones pueden estar revestidas de legalidad y, por ende,
las consecuencias perjudiciales de quienes las sufren no son ilegítimas o ilícitas. No
porque una decisión de la administración resulte desfavorable a los intereses de los
administrados debe asumirse que existe un perjuicio irremediable que deba evitarse
mediante la acción de tutela. De lo contrario, todos los actos administrativos que
establecen situaciones desfavorables a los destinatarios tendrían que ser suspendidos
por vía de tutela.
Las anteriores razones son suficientes para que la Sala se abstenga de hacer un
pronunciamiento de fondo respecto de los cuestionamientos contra la empresa
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. –Afinia Grupo EPM– y la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios. En consecuencia, se declarará improcedente la
solicitud de amparo respecto de los cuestionamientos contra los actos administrativos
expedidos por esas entidades.
Se resuelve, entonces, el problema jurídico propuesto: se denegará las pretensiones
de la acción de tutela frente a la Presidencia de la República y la Procuraduría
Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, porque no vulneraron el
derecho fundamental de petición y la declarará improcedente respecto de los actos
administrativos expedidos por la empresa Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. y la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pues el actor cuenta con otro
medio judicial para cuestionarlos.
7. Cuestión final
La Sala no puede pasar por alto que si bien la acción de tutela formalmente fue
presentada en nombre propio por el señor Edgar Rodríguez Rodríguez, lo cierto es
que el correo desde el que la radicó es fenadecu2021@gmail.com, que, según informa
la Presidencia de la República, pertenece al abogado Melkis Kammerer Kammerer8.
Siendo así, en razón a todos los procesos que ha conocido la Sala de casos similares9
en los que ha ocurrido la misma situación, esto es, que las acciones de tutela son
radicadas a través de los correos electrónicos pertenecientes al abogado Melkis
Kammerer Kammerer, se hace una llamado de atención a este profesional para que
observe los deberes del abogado contenidos en el numeral 1310 del artículo 28 de la
Ley 1123 de 2007.
Además, como se ha hecho en oportunidades anteriores11, la Sala se recuerda a la
parte actora sobre los deberes y responsabilidades de las partes y sus apoderados,
contenido en el artículo 78 del Código General del Proceso.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
8 En el Registro Nacional de Abogados se verificó la inscripción del abogado Kammerer Kammerer, como vigente.
9 Proceso No. 11001-03-15-000-2023-00589-00, 11001-03-15-000-2023-00547-00, 11001-03-15-000-2023-
01134-00
10 13. Prevenir litigios innecesarios, inocuos o fraudulentos y facilitar los mecanismos de solución alternativa de
conflictos.
11 Sentencia del 16 de marzo de 2023, proceso No. 11001-03-15-000-2023-00547-00. M.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
Setencia del 20 de abril de 2023, proceso No. 11001-03-15-000-2023-01134-00. M.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.
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Demandante: Edgar Rodríguez Rodríguez
III. FALLA
1. Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Comisión de
Regulación de Agua Potable CRA– y la empresa Air-e, conforme con lo expuesto en
esta providencia.
2. Denegar las pretensiones la acción de tutela frente Presidencia de la República y
la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública,
conforme a lo expuesto.
3. Declarar improcedente la acción de tutela, respecto de los cuestionamientos
contra los actos administrativos expedidos por Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. y
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo
de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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