Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-00546-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-00546-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2023-00546-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
16 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00546-01
Accionante: IPS – SALUD INTEGRAL Y CONSULTORÍA S.A.S.
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ – DESPACHO N° 2 Y
OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Se
revoca el fallo impugnado que declaró la improcedencia de la acción
constitucional incoada – Se configuró un defecto procedimental
absoluto por exceso ritual manifiesto
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por el apoderado judicial de la parte
accionante en contra de la sentencia de 27 de abril de 2023, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado1.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Lasociedad IPS – Salud Integral y Consultoría S.A.S., por conducto de
apoderado judicial, presentó acción de tutela2 con miras a obtener el amparo de sus
derechos constitucionales fundamentales «[…] al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia […]», cuya vulneración le atribuyó a las providencias de
14 de septiembre de 2021 y de 3 de agosto de 2022, proferidas, respectivamente,
por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja y por el Tribunal
Administrativo de Boyacá – Despacho N° 2, en el interior del medio de control de
reparación directa con radicado número: 15001-33-33-011-2021-00033-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente3:
2.1. Manifestó la parte actora que la señora Alba Eugenia Barajas González y otros,
formularon demanda de reparación directa en contra de la Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia, de la IPS - Salud Integral y Consultoría S.A.S. y del
Centro de Diagnóstico Avanzado S.A.S.
1 Con ponencia del magistrado Dr. Wilson Ramos Girón.
2 El día 6 de febrero de 2023.
3 Folios 1 a 3 del expediente de tutela de la referencia.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00546-01
Accionante: IPS – SALUD INTEGRAL Y CONSULTORÍA S.A.S.
2.2. Relató que el conocimiento de dicho proceso ordinario correspondió al Juzgado
Once Administrativo del Circuito de Tunja4 a lo que agregó que, mediante auto
de 24 de marzo de 2021, se admitió la demanda, y que el día 29 de abril del mismo
año se realizó la notificación del auto admisorio a los demandados.
2.3. Señaló que, con fecha 17 de junio de 2021, la IPS - Salud Integral y Consultoría
S.A.S. contestó la demanda y, en escrito separado, solicitó el llamamiento en
garantía de la sociedad Confianza S.A.
2.4. Refirió que el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Tunja,
mediante auto del 14 de septiembre de 2021, entre otros asuntos, denegó por
extemporáneo el llamamiento en garantía de la compañía Confianza S.A., formulado
por la IPS - Salud Integral y Consultoría S.A.S.
2.5. Adujo que, inconforme con la referida decisión adoptada, la IPS - Salud Integral
y Consultoría S.A.S. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.
2.6. Indicó que, con fecha 24 de febrero de 2022, el mencionado despacho judicial
denegó el recurso de reposición y, en consecuencia, concedió el recurso de
apelación elevado.
2.7. Puso de presente que, posteriormente, el Tribunal Administrativo de Boyacá
– Despacho N° 2, por auto fechado el 3 de agosto de 20225, confirmó en todas sus
partes la providencia judicial del 14 de septiembre de 2021.
2.8. Afirmó que, en su criterio, las autoridades judiciales accionadas con sus
providencias enjuiciadas incurrieron en un «defecto procedimental absoluto por
exceso ritual manifiesto», al declarar extemporáneo el llamamiento en garantía
formulado, «[…] porque el correo electrónico que contenía la solicitud fue enviado
en el término legal, esto es, el 17 de junio de 2021 a las 4:59 p.m. Y que, por lo
tanto, se cumplió con la carga procesal que asistía de enviar la solicitud en tiempo
y dentro del horario laboral hábil de la oficina judicial que la recepcionó […]».
2.9. Para finalizar, agregó que: «[…] se desconoce la causa por la cual el correo
electrónico fue recibido por el destinatario a las 5:01 p.m., pero que, en todo caso,
esta NO es una carga ni mucho menos un deber que me corresponde asumir, a la
postre […]».
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
[…] PRIMERO: Que se AMPARE el derecho al debido proceso del accionante,
y SE ORDENE a las accionadas dejar sin efectos las providencias
cuestionadas, y tener como oportuno el memorial que contiene el llamamiento
en garantía.
4 Bajo el radicado No. 15001-33-33-011-2021-00033-00.
5 Y notificado personalmente de manera electrónica el día 4 de agosto de 2022.
3
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Accionante: IPS – SALUD INTEGRAL Y CONSULTORÍA S.A.S.
SEGUNDO: Que se AMPARE el derecho de acceso a la administración de
justicia y SE ORDENE a las accionadas dejar sin efectos las providencias
cuestionadas, y tener como oportuno el memorial que contiene el llamamiento
en garantía […] (Negrillas del texto original)
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Elmagistrado de la Sección Cuarta del Consejo de Estado a cargo de la
sustanciación del proceso, mediante auto de 10 de febrero de 2023, inadmitió la
demanda, con miras a que el abogado Carlos Andrés Ruiz Pinzón aportara poder
especial para interponer la demanda de tutela en nombre y representación de IPS -
Salud Integral y Consultoría S.A.S.
5. Subsanada la demanda, por auto del 1º de marzo de 2023 el despacho
sustanciador la admitió y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de
demandados, a los magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá –
Despacho N° 2 y al Juez 11 Administrativo de Tunja y, como terceros con interés,
a la señora Eugenia Barajas González, al Centro de Diagnóstico Avanzado S.A.S.
y a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
6. Mediante auto de 27 de marzo de 2023, el mismo despacho sustanciador ordenó
notificar en debida forma a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
y, además, vinculó en calidad de terceros con interés, a la totalidad de demandantes
en el proceso de reparación directa con radicado núm. 15001-33-33-011-2021-
00033-00.
7. Finalmente,la Secretaría de esta Corporación practicó las notificaciones
correspondientes, a través de correos electrónicos del 10 de abril de 2023.
V. INTERVENCIONES
8. Efectuadas las notificaciones a las autoridades judiciales accionadas y a las
demás entidades vinculadas, se advierte que se allegaron los siguientes informes
en el interior del presente trámite.
9. El Tribunal Administrativo de Boyacá – Despacho N° 2, a través del
magistrado ponente de la decisión enjuiciada6, allegó respuesta oportuna en la que
solicitó que, respetuosamente, se denegara la solicitud de amparo promovida por
la parte actora. Lo anterior, por cuanto expuso que la solicitud de llamamiento en
garantía fue recibida a las 5:01 p.m. del 17 de junio de 2022 (fecha límite de
presentación) a lo que agregó que, en aplicación y observancia del artículo 109 del
C.G.P., la solicitud había sido extemporánea.
6 Doctor Luis Ernesto Arciniegas Triana.
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Accionante: IPS – SALUD INTEGRAL Y CONSULTORÍA S.A.S.
10. Afirmó,igualmente, que lo planteado por la sociedad accionante carece de
relevancia constitucional; pues se refutan nuevamente los puntos que ya fueron
abordados en las providencias ordinarias cuestionadas.
11. La apoderada judicial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia señaló no ser la competente para las pretensiones de la sociedad
demandante, porque lo que se cuestiona son las decisiones que denegaron por
extemporánea la solicitud de llamamiento en garantía presentada por la IPS - Salud
Integral y Consultoría S.A.S.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
12. Mediante fallo de tutela de fecha 27 de abril de 2023, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado resolvió declarar improcedente el amparo constitucional
solicitado, luego de considerar que, en el caso que nos ocupa, no se satisfizo el
requisito general de procedibilidad relativo a la relevancia constitucional de la
controversia.
13. Para efectos de resolver la presente causa, el juez de amparo, en su decisión de
primer grado abordó, entre otros, los siguientes aspectos: i) generalidades de la
acción de tutela en contra de providencias judiciales; ii) requisitos genéricos y
específicos de procedibilidad; iii) problema jurídico; iv) el requisito concerniente a
la relevancia constitucional en el caso sub examine y, finalmente, v) solución del
caso concreto.
14. Dilucidado todo lo anterior y, descendiendo a la resolución del caso en concreto,
la Sección Cuarta de esta Corporación explicó lo que a continuación se expone:
[…] la Sala advierte que la IPS - Salud Integral y Consultoría S.A.S. propone la
misma discusión jurídica que presentó en el proceso de reparación directa en
el que actúa como demandado y solicitó el llamamiento en garantía de la
compañía Confianza S.A. Si bien la demandante alega que las providencias
objeto de tutela incurrieron en DEFECTO PROCEDIMENTAL, lo cierto es
que, en últimas, lo que pretende es que se reabra el debate jurídico sobre
si la solicitud de llamamiento en garantía fue presentada en tiempo o no.
[…]
Como se ve, la demandante formuló inconformidades que coinciden con las
que fueron expuestas en el recurso de apelación promovido contra el auto del
14 de septiembre de 2021, dictado por el Juzgado 11 Administrativo de Tunja,
que denegó por extemporánea la solicitud de llamamiento en garantía de la
compañía Confianza S.A.
Evidentemente, LA TUTELA BUSCA REVIVIR LA DISCUSIÓN JURÍDICA
respecto de si el llamamiento en garantía de la compañía Confianza S.A.
fue presentado en tiempo o no. Sin embargo, esa discusión ya fue resuelta
por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en providencia del 3 de agosto
de 2023 […]. (negrillas fuera del texto)
15. El a quo, en su decisión de primer grado, agregó lo siguiente:
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00546-01
Accionante: IPS – SALUD INTEGRAL Y CONSULTORÍA S.A.S.
[…] Siendo así, aunque la demandante alega que la providencia objeto de tutela
vulneró derechos fundamentales e incurrió en DEFECTO PROCEDIMENTAL,
lo cierto es que, en últimas, lo que pretende es que se reabra el debate respecto
de si la solicitud de llamamiento en garantía fue o no presentada de manera
oportuna.
Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un
pronunciamiento de fondo sobre el defecto alegado por la parte
demandante. Por tanto, la Sala DECLARARÁ IMPROCEDENTE la solicitud
de amparo presentada por la IPS - Salud Integral y Consultoría SAS […].
(negrillas de la Sala de Decisión)
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
16. La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, oportunidad en la que,
además de reiterar los argumentos expuestos en el escrito inicial de la tutela
incoada, agregó los siguientes planteamientos:
[…] En este caso, la Honorable Sala incurre en un ERROR DE APRECIACIÓN
de los argumentos expuestos por el actor, y en un DEFECTO
ARGUMENTATIVO.
EL PRIMER ERROR: Está dado por la apreciación de los argumentos
cuando se supone que el debate es de la misma naturaleza. En el marco de
las instancias se cuestionó la legalidad de la actuación, al imponer cargas
procesales que están fuera de la órbita del recurrente, como es la de exigir no
el envío, sino el recibo de la comunicación por parte del destinatario, como se
advierte en el recurso de reposición y apelación.
El recurso formulado, NO se enlista desde una perspectiva
CONSTITUCIONAL, sino LEGAL y sobre el marco de las actuaciones
surtidas en primera instancia, para ser debatidas desde allí y luego
llevadas a la apelación. Pero al resolver la alzada, el Tribunal decide esta
cuestión en la que, sin dudarlos o hacer reparo, acepta que el escrito fue
enviado a las 4:59 p.m. pero impone el deber de ser recibido antes de la
hora de cierre sin establecer el deber en cabeza de quien está, pero que
claramente NO le corresponde al recurrente.
EL SEGUNDO ERROR: Considera que no puede existir similitud de
argumentos entre lo expuesto en sede de instancia y lo que se expone en
sede de tutela. Este es un caso común de la “falacia de afirmación del
consecuente”, en la que pretende que la tutela no pueda ser usada, si su cuerpo
argumentativo parte de elementos similares a los expuestos en sede de
instancia.
Tal determinación restringe de manera amplia y subjetiva el marco
argumentativo del accionante y parte de presumir la infalibilidad de quien
adopta la decisión pues en esencia, considera que, si en sede de instancia
un argumento no prosperó, el mismo no puede ser formulado en sede de
Tutela y por tanto debe exigirse otro modelo argumentativo.
Esto desconoce que un defecto en la actuación judicial puede tener un amplio
grado de afectación en los derechos de la parte. Tanto derechos de rango legal
como los de rango fundamental. Por tanto, en sede de instancia, puede
construirse un argumento de rango legal, complementado con razones
constitucionales. Y a su vez, el mismo defecto en la decisión jurisdiccional,
puede valerse de razones que impactan el derecho fundamental (en este caso
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Accionante: IPS – SALUD INTEGRAL Y CONSULTORÍA S.A.S.
debido proceso) pero ser adicionado o sustentado en razones legales, sin que
exista una prohibición o restricción en la estructura argumentativa […]. (negrillas
por fuera de texto original)
17. La parte accionante, en su escrito de impugnación, también esgrimió que en el
sub lite: i) no se propuso el mismo debate pese a que la problemática objeto de
estudio, naturalmente, parta de las mismas premisas; ii) se cuestiona la actuación
de las autoridades judiciales accionadas desde el enfoque del debido proceso,
aspecto que ciertamente ostenta relevancia constitucional; iii) aclaró que, en sede
contenciosa, pidió revocar la decisión con base en cuestiones puramente fácticas,
en tanto que, en sede de tutela, lo que se depreca es puntualmente la protección de
garantías fundamentales, y iv) por último, concluyó que la discusión planteada en
esta controversia no era de mera legalidad, sino que tiene transcendencia
constitucional, en tanto que fue cercenado el derecho fundamental al debido
proceso y a la defensa de la accionante, al restringirse la posibilidad de efectuar un
llamamiento en garantía.
18. Adicionalmente, el apelante agregó que:
[…] El ACUSE DE RECIBO, en efecto se da por el sistema y si bien existe un
riesgo de recepción tardío cuando se envía cerca de la hora límite, no implica
que esta recepción, que ESCAPA AL CONTROL DE LA PARTE, sea de su
responsabilidad, pues IMPLICA OBLIGAR A LA PARTE A RESPONDER POR
ACTOS DE TERCEROS, PESE A QUE NO EXISTE FUNDAMENTOS
NORMATIVOS PARA TAL EXIGENCIA. Puede vía recurso, como en este caso
se intentó, demostrar el cumplimiento oportuno de la actuación.
[…]
Exigir que se haga la radicación y el recibo antes de la hora de cierre,
supone cambiar vía interpretación las normas procesales, pasando de
aplicar el término legal al término oportuno, dónde cada servidor puede
tener un CRITERIO SUBJETIVO DE OPORTUNIDAD. Por eso el legislador ha
fijado estos parámetros vía ley, para crear un rasero común de interpretación y
aplicación, sin crear cargas excesivas.
[…]
Esta exigencia y su alcance, viola derechos fundamentales como los
invocados, así como las exigencias de argumentación planteadas frente
al escrito de Tutela referentes a NO revivir una discusión jurídica […].
(negrillas por fuera de texto)
19. Con fundamento en las anteriores premisas, la parte actora solicitó revocar el fallo
impugnado y que, como consecuencia de ello, se acceda al amparo constitucional
deprecado.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
20. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 19917, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
7 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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de 26 de mayo de 20158, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de
noviembre de 20179.
VIII.2. Problemas jurídicos
21. Previamente a la definición de los problemas jurídicos que deberá resolver la Sala
de Decisión, se debe precisar que, aunque el extremo accionante atribuyó la
vulneración de sus derechos fundamentales a los autos dictados en primera y en
segunda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado número 15001-33-33-011-2021-00033-00/01, se advierte que el presente
análisis sólo se centrará en determinar si la providencia de segunda instancia, esto
es el auto de 3 de agosto de 2022, incurrió en los defectos invocados, dado que
esta decisión fue la que finiquitó la litis e hizo tránsito a cosa juzgada.
22. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que le
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado10, la Sala debe establecer lo siguiente:
A) Si la presente acción de tutela cumple con los requisitos generales de
procedibilidad contra providencia judicial. Si ello es así, se deberá determinar:
B) Si la providencia censurada de 3 de agosto de 202211, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá – Despacho N° 2, en el interior del
proceso de reparación directa con radicado número 15001-33-33-011-2021-
00033-00/01, vulneraron los derechos fundamentales de la parte actora, al
incidir en un supuesto defecto procedimental absoluto por exceso ritual
manifiesto.
23. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
24. LaSala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201212, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
8 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
9 “Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
10 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
11 Notificada personalmente de manera electrónica el día 4 de agosto de 2022.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia
de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
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judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
25. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
26. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
27. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial13, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución14.
28. De lo expuesto, la Sala advierte que cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»15 que se encaje en
dichos parámetros.
29. Setrata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
13 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado
Jorge Iván Palacio Palacio.
14 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera
absoluta, de jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por
demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o
inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y
ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y
jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado
por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera
directa a las normas establecidas en la Constitución Política.
15 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado
Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
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instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
30. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
31. Lasociedad IPS – Salud Integral y Consultoría S.A.S., por conducto de
apoderado judicial, presentó acción de tutela16 con miras a obtener el amparo de
sus derechos constitucionales fundamentales «[…] al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia […]», cuya vulneración le atribuyó a las providencias de
14 de septiembre de 2021 y de 3 de agosto de 2022, proferidas, respectivamente,
por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja y por el Tribunal
Administrativo de Boyacá – Despacho N° 2, en el interior del medio de control de
reparación directa con radicado número: 15001-33-33-011-2021-00033-00/01.
VIII.4.1. Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela
32. La Sala analizará si en el caso sub judice se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela y, en tal sentido, se advierte lo siguiente:
33. En el escrito de tutela se invocó la vulneración de derechos de orden fundamental,
como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia. Además, la Sala
considera que se satisfizo la carga mínima argumentativa respecto del defecto
específico denunciado. Por lo que se concluye que, en el caso que nos ocupa, se
encuentra acreditado el requisito de relevancia constitucional.
34. La acción de tutela fue promovida dentro de un término razonable, habida cuenta
que la providencia judicial acusada fue notificada el 6 de agosto de 2022, a través de
correo electrónico remitido el día 4 de agosto de 202217, mientras que la solicitud de
amparo se instauró el día 6 de febrero de 2023. Es decir, dentro de los seis meses
siguientes.
35. El extremo accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial, por lo que
se cumple con el requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela.
36. La situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales
fue debidamente puntualizada y señalizada en el escrito de tutela. En este punto,
se aclara que, si bien el proceso judicial se encuentra en trámite, no se puede
16 El día 6 de febrero de 2023.
17 Vale la pena precisar que conforme al inciso 2° del artículo 205 del CPACA, modificado por el artículo 52 de
la Ley 2080 de 2021, «2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos
dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día
siguiente al de la notificación».
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desconocer que la única etapa prevista en el CPACA para que se vincule al llamado
en garantía es en el traslado de la demanda, de modo que en las etapas
subsiguientes del proceso no será posible analizar este aspecto de la controversia.
37. Así las cosas, y como quiera que en este caso se alega la existencia de una
irregularidad procesal, ciertamente, ésta deberá estudiarse más adelante.
38. Finalmente, se tiene que la acción constitucional no se dirige contra una sentencia
dictada en un proceso de idéntica naturaleza y/o índole.
VIII.4.2. Análisis de los requisitos específicos en la presente acción de tutela
39. Encontrándose satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela, la Sala abordará el estudio de los requisitos especiales.
VIII.4.2.1. Caracterización del defecto procedimental absoluto
40. Estedefecto alude a todos aquellos eventos en los que la autoridad judicial
accionada, al momento de proferir su decisión, o durante sus actos o diligencias
previas a ello, deja de aplicar las reglas procesales que según el caso resultan
pertinentes; en desatención de la confianza legítima de las partes involucradas,
quienes esperan que el trámite se conduzca dentro del marco de las normas
procesales aplicables18.
41. Significa lo anterior que tal defecto se presenta cuando: (i) se sigue un trámite
totalmente ajeno al asunto sometido a su competencia; (ii) se pretermite etapas
sustanciales del procedimiento establecido, vulnerando con ello el derecho de
contradicción y defensa de las partes; o (iii) cuando se pasa por alto realizar el
debate probatorio, natural en todo proceso, al no permitirle a las partes sustentar o
comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente
negación de sus pretensiones, lo que acarrea la violación de los derechos
fundamentales de la parte afectada.
42. En este sentido la jurisprudencia constitucional19 ha reconocido dos
eventualidades en las que se configuraría el defecto procedimental, a saber: i) el
exceso ritual manifiesto, el cual se presenta cuando el funcionario judicial aplica en
forma excesivamente estricta, desproporcional e irrazonable las normas procesales,
al punto de impedir el ejercicio de los derecho de las partes o, en palabras de la
Corte Constitucional, cuando se aplica con «[…] apego estricto (…) las reglas
procesales (…) obstaculizan[do] la materialización de los derechos sustanciales, la
búsqueda de la verdad y la adopción de decisiones judiciales justas […]20», y ii) el
defecto procedimental absoluto, el cual se configura cuando el juez sigue un trámite
totalmente ajeno al asunto sometido a su competencia, pretermite etapas
18 Sentencias T-015 de 2018 y T-474 de 2017 de la Corte Constitucional.
19 Sentencia de tutela No. T-781 de 2011.
20 Corte Constitucional. Sentencia SU – 061 de 2018. M.P.: Luis Guillermo Guerreo Pérez.
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sustanciales del procedimiento, pasa por alto el debate probatorio o dilata
injustificadamente tanto la adopción de decisiones como su cumplimiento.
VIII.4.2.2. Solución del caso concreto
43. El apoderado judicial de la sociedad IPS – Salud Integral y Consultoría S.A.S.,
en sus escritos de tutela y de impugnación, adujó que la Sala Unitaria del Tribunal
Administrativo de Boyacá, al proferir el auto de 3 de agosto de 2022, incurrió en un
defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto, por las siguientes
razones:
• En primer lugar, puso de relieve que el correo electrónico que contenía la
solicitud de llamamiento en garantía fue enviado dentro del término legal,
esto es, el 17 de junio de 2021 a las 4:59 p.m., lo que se traduce en que
ciertamente se cumplió con la carga procesal que le asistía de enviar la
solicitud en tiempo y dentro del horario laboral hábil de la oficina judicial que
posteriormente la recibió.
• En segundo lugar, precisó que aunque la hora de recepción del mensaje de
datos fue a las 5:01 P.M., lo cierto era que desconocía las razones por las
que el correo electrónico fue recibido en ese momento por el destinatario.
Además, expuso que, en todo caso, los escritos allegados por los sujetos
procesales debían entenderse radicados desde la hora de envío y no desde
momento de recepción del mensaje de datos, en tanto que nadie puede
controlar la hora de recepción de estos, habida cuenta de que ello depende
de factores externos y ajenos a la voluntad de las partes.
• En tercer lugar, adujo que las autoridades judiciales al momento de aplicar
las normas debían propender por la prevalencia del derecho sustancial sobre
las formas. Lo que significa que aunque el mensaje de datos fue recibido un
minuto después del horario de cierre del Despacho [esto es a las 5:01 P.M.],
lo cierto era que el correo electrónico fue enviado antes del horario de cierre
del Despacho judicial y que, por causas ajenas a la voluntad de la parte, fue
recibido con posterioridad a dicho cierre.
44. Por otro lado, se observa que, mediante el auto de 14 de septiembre de 2021, el
Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja, negó por extemporánea la
solicitud de llamamiento en garantía, formulada por la sociedad IPS - Salud Integral
y Consultoría S.A.S., en el marco del proceso de reparación directa N° 15001-33-
33-011-2021-00033-00/01.
45. Con ocasión de lo anterior, la parte accionante apeló el auto de 14 de septiembre
de 2021 y la Sala Unitaria del Tribunal Administrativo de Boyacá, a través de
auto fechado el 3 de agosto de 202221, confirmó la providencia apelada con sustento
en los siguientes argumentos:
21 Y notificado personalmente de manera electrónica el día 4 de agosto de 2022.
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Accionante: IPS – SALUD INTEGRAL Y CONSULTORÍA S.A.S.
[…] En el caso bajo estudio, el apoderado de la I.P.S. Salud Integral y
Consultoría solicita que se llame en garantía a la Compañía de Seguros
Confianza, el cual fue enviado a las 4:59 p.m., con hora de recepción en el
destinatario a las 5:01 p.m.
Como se anotó, el término de traslado de la demanda se surtió entre el 4 de
mayo de 2021 y el 17 de junio de 2021 (fl. 204 C01Principal) y el mensaje de
datos con la solicitud se presentó el 17 de junio de 2021, es decir, el último día,
y aunque se remitió por medios electrónicos el escrito debió ser recibido antes
de la hora de cierre del despacho judicial.
Vale indicar que el horario de atención al público establecido por el
Consejo Seccional de la Judicatura, para los juzgados administrativos es
de lunes a viernes de 8 A.M. a 12:00 P.M y de 1:00 P.M. a 5:00 P.M.
De ahí, que resulta razonable concluir que la actuación fue extemporánea
y, en tal sentido, se concluye que el impugnante incumplió con el requisito
de la oportunidad para presentar el llamamiento, lo que efectivamente da
lugar al rechazo por extemporaneidad.
Por otra parte, el Consejo de Estado ha sostenido que el manejo de los medios
electrónicos no exonera al abogado de su deber como profesional del derecho
de cumplir con los términos procesales y de asegurarse de presentar
memoriales en tiempo.
En conclusión, los memoriales presentados a través de mensaje de datos se
entenderán radicados oportunamente siempre que se reciban antes del cierre
del despacho […]».
46. Ahora bien, la autoridad judicial de primera instancia declaró la improcedencia del
mecanismo de amparo, luego de considerar que, en el caso que nos ocupa, no se
satisfizo el requisito general de procedibilidad relativo a la relevancia
constitucional de la controversia, pues sostuvo que lo pretendido por el tutelante
era reabrir nuevamente el debate suscitado en sede ordinaria, empleando la acción
de tutela como un elemento dirigido a ventilar sus pretensiones en una tercera
instancia procesal.
47. La parte actora, en el escrito de impugnación, en términos generales reiteró los
argumentos expuestos en el escrito inicial de la tutela y, adicionalmente, señaló que
en el asunto analizado sí se vulneraron sus garantías iusfundamentales relativas al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, por parte de la autoridad
judicial accionada, con sustento en las siguientes razones:
i) Porque el debate planteado en el marco del proceso de reparación directa
no es igual al expuesto ante este juez constitucional, pese a que la
problemática objeto de estudio, naturalmente, parta de las mismas premisas.
En este punto, explicó que en sede ordinaria únicamente se cuestionó que la
solicitud de llamamiento en garantía fue radicada dentro del término procesal,
mientras que en esta acción constitucional se cuestiona la interpretación y
aplicación del artículo 109 del CGP por parte de la autoridad judicial accionada
como un hecho constitutivo de un exceso de ritual manifiesto.
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ii) Porque el Tribunal Administrativo de Boyacá – Despacho N° 2, en su
decisión de 3 de agosto de 2022, aceptó y reconoció que el escrito «[…] fue
enviado a las 4:59 p.m. pero impone el deber de ser recibido antes de la hora
de cierre sin establecer […]» que dicha carga no puede ser endilga a los
sujetos procesales;
iii) Porque el acuse de recibo del mensaje de datos es un aspecto que «[…]
escapa de la órbita y del control de la parte procesal, la que, al no ser
responsable de dicha labor, no puede verse obligada y comprometida a
responder por aquél; si además se considera que NO existe un fundamento
jurídico y/o normativo para imponer en su cabeza tal exigencia […]»;
iv) En el caso sub judice, sin lugar a dudas, se configuró un defecto
procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto, ya que en una
interpretación errónea del inciso 4° del artículo 109 del CGP, asociada a una
inobservancia de los presupuestos que rigen el derecho sustancial sobre las
formas, se cercenaron derechos fundamentales de la parte actora, teniendo
en cuenta que se ignoró que el citado escrito de solicitud de llamamiento en
garantía, efectivamente, fue allegado en un tiempo razonable y dentro del
horario laboral hábil de la oficina judicial.
48. Vistoel contexto de la presente controversia, sea lo primero señalar que el
artículo 109 del CGP dispone lo siguiente:
«[…] El secretario hará constar la fecha y hora de presentación de los
memoriales y comunicaciones que reciba y los agregará al expediente
respectivo; los ingresará inmediatamente al despacho solo cuando el juez deba
pronunciarse sobre ellos fuera de audiencia. Sin embargo, cuando se trate del
ejercicio de un recurso o de una facultad que tenga señalado un término común,
el secretario deberá esperar a que este transcurra en relación con todas las
partes.
Los memoriales podrán presentarse y las comunicaciones transmitirse por
cualquier medio idóneo.
Las autoridades judiciales llevarán un estricto control y relación de los mensajes
recibidos que incluya la fecha y hora de recepción. También mantendrán el
buzón del correo electrónico con disponibilidad suficiente para recibir los
mensajes de datos.
Los memoriales, incluidos los mensajes de datos, se entenderán
presentados oportunamente si son recibidos antes del cierre del
despacho del día en que vence el término.
PARÁGRAFO. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
reglamentará la forma de presentar memoriales en centros administrativos, de
apoyo, secretarías conjuntas, centros de radicación o similares, con destino a
un determinado despacho judicial. En esos casos, la presentación se entenderá
realizada el día en que fue radicado el memorial en alguna de estas
dependencias. […]». (Negrillas fuera de texto)
49. La norma citada resulta aplicable en materia contenciosa administrativa, en virtud
de la remisión prevista en el artículo 306 del CPACA, tal como lo precisó la
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Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, mediante la sentencia
de tutela de 15 de junio de 201822, providencia en la que señaló lo siguiente:
[…] En este sentido es evidente que en materia de procedimiento judicial, existe
norma especial, que regula la oportunidad para allegar los escritos o
memoriales con los que los usuarios de la Administración de Justicia
intervienen ante los despachos judiciales, pues debido a que el asunto no se
encuentra regulado particularmente en la parte procesal de la Ley 1437 de
2011, por virtud de lo dispuesto en el artículo 306 del CPACA, es viable
acudir por remisión a las normas del Código General del Proceso […].
50. Ahora bien, resulta oportuno poner de relieve que esta Sección Primera del
Consejo de Estado ha precisado que la interpretación y aplicación de la regla
prevista en el inciso 4° del artículo 109 del CGP -especialmente frente a los memoriales
radicados a través de mensajes de datos- «[…] no puede efectuarse en forma tal que
constituya un exceso ritual manifiesto y suponga, con ello, un
quebrantamiento al derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia de los ciudadanos […]»23. (negrillas por fuera de texto)
51. Es por ello que, en aras hacer efectivo el acceso a la administración de justicia,
esta Sección Primera ha tenido como oportuna la radicación de recursos efectuada
minutos después del cierre del despacho y de finalizada la jornada laboral24. En
efecto, mediante el auto de 11 de agosto de 2021, la Sala Unitaria de esta Sección
señaló lo siguiente:
«[…] Asimismo, es del caso precisar, conforme lo manifestó el Tribunal, que
mediante Acuerdo CSJNAA20-21 de 24 de junio de 2020 el Consejo Seccional
de la Judicatura de Nariño dispuso que a partir del 1o. de julio de 2020, en los
Distritos Judiciales de Pasto y Mocoa el horario laboral oficial será de 7:00 am
a 12 am. y de 1:00 a.m. a 4:00 pm, por lo que, en el asunto bajo estudio, las
partes podían apelar la sentencia de primera instancia hasta las 4 de la tarde
del viernes 3 de julio de ese año, de conformidad con lo previsto en el artículo
109 del CGP, que es del siguiente tenor:
(…)
Cabe señalar que en el escrito contentivo del recurso de queja, el Ministerio
aseguró que la apelación contra la sentencia fue enviada por mensaje de datos
el 3 de julio de 2020 a las 3:59 de la tarde y reenviada ese mismo día a las 4:02
de la tarde, para lo cual allegó la captura de pantalla del envío de los mensajes
de datos, del que se advierte que, en efecto, el 3 de julio de 2020 del correo
electrónico ezambrano@minenergia.gov.co fue enviado y reenviado un
mensaje de datos contentivo del recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia a la siguiente dirección:
des01tanarino@cendoj.ramajudicial.gov.co; el primero de ellos fue enviado a
las 3:59 de la tarde y el segundo a las 4:02, el que también fue copiado al mail
larboleda@minenergia.gov.co, conforme se advierte a continuación:
(…)
22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de
15 de junio de 2018. Exp. N° 11001-03-15-000-2018-01566-00(AC). C.P.: César Palomino Cortés.
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de marzo de
2023. Exp. N° 11001-03-15-000-2022-06550-01(AC). C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
24 Ello ocurrió en la providencia de 11 de agosto de 2021 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera, Sala Unitaria. Auto de 11 de agosto de 2021. Exp. N° 52001-23-33-000-2018-
00512-03. C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón.
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Sobre el particular, la Sala Unitaria considera que si bien el artículo 109
del CGP prevé que los mensajes de datos se entenderán presentados
oportunamente si son recibidos antes del cierre del despacho en el día en
que vence el término, lo cierto es que al momento de aplicar dicha norma
y al valorar el material probatorio allegado por el MINISTERIO, para efecto
de dar cuenta de la oportunidad en que se interpuso el recurso de
apelación, el funcionario judicial está obligado a observar los principios
mínimos constitucionales y aquellos en los que se fundó la Ley 472 , como
son la buena fe, el acceso a la administración de justicia, la prevalencia
del derecho sustancial sobre el formal y, en consecuencia, apartarse de
conductas que lo puedan llevar a incurrir en un exceso de ritual manifiesto
que impliquen el sacrificio de los postulados en mención.
Sobre el exceso de ritual manifiesto, la Corte Constitucional en sentencia
SU-050 de 2018 explicó que se configuraba cuando, entre otros, el juez
excede la aplicación de formalidades procesales que hacen nugatorio un
derecho fundamental, es decir, que so pretexto de la exigencia irreflexiva
del cumplimiento de requisitos formales o el rigorismo procedimental en
la valoración de las pruebas, se interpone en la eficacia del derecho
sustancial y, por tanto, se convierte en una denegatoria de justicia.
Respecto de dicho asunto, la Corte adujo lo siguiente:
(…)
Precisado lo anterior, se tiene que en el presente caso el Ministerio allegó
dos capturas de pantalla que daban cuenta que había enviado el escrito
contentivo del recurso de apelación al correo destinado por el Tribunal a
las 3:59 de la tarde; y sólo con 3 minutos de diferencia (4:02), reenvió el
mismo correo al Tribunal.
Por su parte, el a quo aseguró que solamente recibió el correo de las 4:02
de la tarde; sin embargo, en aras de darle prevalencia al derecho
sustancial sobre el formal y al acceso a la administración de justicia del
Ministerio, el Tribunal debió valorar la prueba que daba cuenta del envío
del correo a las 3:59 de la tarde en conjunto con el mensaje de datos
obrante en su buzón, lo cual, como quedó visto, no ocurrió. Todo lo
contrario, al no encontrarlo, asumió que podría configurarse una
conducta ilícita, por lo que, a juicio del Despacho, se desconoció el
principio de la buena fe, pues no previó la posibilidad de que hubiese
podido ocurrir una falla en la red que impidió la llegada del citado correo,
lo que resulta admisible, habida cuenta que 3 minutos después llegó el
reenvío de aquel, como consta en los pantallazos allegados por dicha
cartera al proceso.
En virtud de lo anterior, el Tribunal incurrió en un exceso de ritual manifiesto al
aplicar de manera exegética el artículo 109 del CGP sin valorar en su totalidad
la situación fáctica y las pruebas que la respaldaban […]». [negrillas fuera de texto]
52. Aunado a lo anterior, la Corte Suprema de Justicia - Sala Penal, a través de la
sentencia de tutela de 10 de diciembre de 201925, dejó sin efectos la providencia
que rechazaba un recurso de apelación por haber sido interpuesto, a través de
mensaje de datos, minutos después de finalizado el horario de atención al público
por considerar que se había incurrido en un defecto sustantivo. En tal decisión, se
puso de presente lo siguiente:
25 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sala de Decisión de Tutelas N° 2. Sentencia de 10 de
diciembre de 2019. Exp. N° 108097. M.P.: Patricia Salazar Cuellar.
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[…] Así, una interpretación literal del contenido normativo del citado inciso 4º
del art. 109 del Código General del Proceso, permite advertir que los
memoriales que se presenten «antes del cierre del despacho», deben
considerarse entregados oportunamente, y como bien señala el citado Acuerdo
2306, el «cierre» de los despachos judiciales de Bucaramanga es a las 4:30
p.m., siendo esa la hora en que finaliza la jornada laboral.
Pero aún si en gracia a discusión se admitiera, como hizo el Tribunal, que
el demandante en tutela debió presentar los memoriales antes de la
finalización de la jornada de atención al público (esto es, a las 4:00 p.m.),
debió llevar a cabo, previamente, un ejercicio de ponderación en el que
evaluara la hora de presentación de la alzada y su supuesta
extemporaneidad (24 minutos de considerar el segundo de los envíos),
frente al contenido expreso del art. 109 del Código General del Proceso
que alude al «cierre del despacho» como límite temporal máximo para la
entrega oportuna de memoriales
También ha debido tener en cuenta que el ahora accionante pretendía abordar
la discusión, en sede de apelación, de la condena impuesta en primera
instancia a LUIS JESÚS CÁRDENAS ROMERO, es decir, se buscaba
garantizar el derecho a la doble instancia.
No quiere decir ello que por tratarse del primer fallo condenatorio, el recurso de
apelación se pueda formular extemporáneamente en todos los casos. No. Es
que, en este específico evento, la alzada se radicó en el Juzgado a las 4:24 de
la tarde, esto es, antes de que culminara la jornada laboral (a las 4:30 p.m.).
(…)
Lo expuesto, muestra con suficiencia que la decisión proferida por el
Tribunal Superior de Bucaramanga es constitutiva de vía de hecho por la
configuración de un defecto sustantivo o material, que se presenta
«cuando la providencia contiene un error originado en la interpretación o
aplicación de las disposiciones jurídicas al caso analizado por el juez» (T-
545/19) […]. (negrillas por fuera del texto original)
53. Descendiendo al caso de autos, se tiene que la solicitud de llamamiento en
garantía elevada por el accionante ante el Juzgado Once Administrativo del
Circuito de Tunja, fue remitida a través de electrónico día 17 de junio de 2021 a
las 4:59 p.m.; esto es, dentro del horario laboral hábil de dicha oficina judicial; tal
como se puede apreciar del siguiente pantallazo aportado al presente proceso de
tutela26:
26
Tal como se advierte de la información contenida en el índice 1 del aplicativo SAMAI del proceso de la referencia.
17
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54. Asimismo, en la providencia judicial objeto de esta acción constitucional, tal como
se puso de relieve en párrafos atrás, la Sala Unitaria del Tribunal Administrativo de
Boyacá reconoció que, en efecto, el mensaje de datos que contenía la solicitud de
llamamiento en garantía, aunque fue remitida a las 4:59 P.M., fue recibida a las
5:01 P.M. en el correo institucional, motivo por el cual debía entenderse como
radicada el día 18 de junio de 2021, y para este momento solicitud era
extemporánea.
55. En criterio de la Sala, y de conformidad con los precedentes citados con
anterioridad, la interpretación y aplicación del numeral 4° del artículo 109 del CGP
en el caso objeto de estudio no resulta razonable. Ello es así porque en el presente
caso está acreditado que la parte actora remitió dentro del horario judicial y con
destino al correo de la autoridad judicial accionada el escrito contentivo del
llamamiento en garantía, y la lectura de la precitada norma permite advertir que los
memoriales que se presenten «antes del cierre del despacho», deben considerarse
entregados oportunamente.
56. Cabe poner de relieve que, como bien lo señala la parte actora, los escritos
allegados por los sujetos procesales debían entenderse radicados desde la hora de
envío y no desde momento de recepción del mensaje de datos, en tanto que nadie
puede controlar la hora de recepción de estos, habida cuenta de que ello depende
de factores externos y ajenos a la voluntad de las partes.
57. En este mismo sentido, es preciso resaltar que es común que entre la hora de
envío y la de recepción de un mensaje de datos existan diferencias temporales. Ello
depende de muchos factores, entre los que se encuentran la capacidad de red del
remitente o del destinatario del mensaje de datos, así como la utilización de
plataformas de correo electrónico diferentes entre ambos usuarios. De allí que se
hable de comunicación síncrona y asíncrona. La primera expresa la idea de que dos
acciones están conectadas simultáneamente. La segunda, hace referencia a la
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comunicación diferida producto de que dos acciones no se conectan de forma
simultánea.
58. En el caso que ocupa la atención de la Sala nos hallamos en presencia de una
comunicación asíncrona, teniendo en cuenta que, entre la emisión del mensaje y su
recepción, transcurrieron dos minutos. En el anterior contexto, resultaba razonable
que el juez de lo contencioso administrativo efectuara una interpretación del numeral
4° del artículo 109 del CGP que fuese consecuente con los principios de justicia
material y de prevalencia del derecho sustancial, habida cuenta que la solicitud de
llamamiento en garantía fue enviada antes del cierre del Despacho y su recepción
se produjo un minuto después del citado cierre.
59. En el anterior contexto, resultaba procedente que el juez de lo contencioso
administrativo efectuara una interpretación del numeral 4° del artículo 109 del CGP
que fuese consecuente con los principios de justicia material y de prevalencia del
derecho sustancial, habida cuenta que la solicitud de llamamiento en garantía fue
enviada antes del cierre del Despacho y su recepción se produjo un minuto después
del citado cierre.
60. Tal interpretación y aplicación del inciso 4° del artículo 109 también resultaba
exigible si se tiene en cuenta que el artículo 228 constitucional, expresamente
señala que: «[…] La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones
son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las
excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial
[…]».
61. En ese orden de ideas, y comoquiera que la Sala encuentra acreditada la
configuración del defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto,
se revocará el fallo de primera instancia proferido el 27 de abril de 2023 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado. En su lugar, se ampararán amparar los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia de la sociedad IPS - Salud Integral y Consultoría S.A.S., y, consecuencia,
se dejará sin efectos el auto de 3 de agosto de 2022, que confirmó el auto de 14 de
septiembre de 2021, y se le ordenará al Tribunal Administrativo de Boyacá –
Despacho N° 2 que emita una nueva providencia, de conformidad con lo señalado
en la presente sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela del 27 de abril de 2023, proferido por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia. En su lugar AMPARAR los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la IPS – Salud Integral
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y Consultoría S.A.S., conforme a lo expuesto en las consideraciones de este
proveído.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el auto de 3 de agosto de 2022, proferido por
el Tribunal Administrativo de Boyacá – Despacho N° 2, en el marco del medio
de control de reparación directa con radicación núm. 15001-33-33-011-2021-00033-
00/01.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Boyacá – Despacho N° 2
que, en el término de diez (10) días posteriores a la notificación de este fallo, dicten
providencia de reemplazo que atienda los parámetros de las consideraciones aquí
expuestas.
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
Salva Voto
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley. P(20)
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