Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-33-000-2026-00034-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-33-000-2026-00034-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 15001-23-33-000-2026-00034-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 15001-23-33-000-2026-00034-01
Demandante: ROCÍO ANDREA ÁLVAREZ CAMARGO
Demandado: JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE TUNJA
Tema: Tutela contra providencia judicial. Revoca sentencia de
primera instancia. Declara improcedente por falta de
relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia del 10 de febrero de 2025, en virtud de la cual, el Tribunal Administrativo
de Boyacá, Sala de Decisión No. 6 negó el amparo.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo1
La señora Rocío Andrea Álvarez Camargo, actuando a través de apoderado
judicial2, promovió acción de tutela contra el Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito Judicial de Tunja, en la que solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia.
En criterio de la parte actora, la vulneración de sus garantías constitucionales se
materializó con los autos dictados por la autoridad judicial accionada el 20 de agosto
y 19 de diciembre de 2025 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado 15001-33-33-010-2024-00073-00.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
1 Índice 003 de Samai. La tutela se radicó el 29 de enero de 2026.
2 Índice 003 de Samai. Poder conferido al abogado Nicolás Devia Buitrago a través de mensaje de
datos.
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Demandante: Rocío Andrea Álvarez Camargo
Demandado: Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja
Radicado: 15001-23-33-000-2026-00034-01
[…]
SEGUNDA: Como consecuencia del amparo solicitado, dejar sin efectos el auto
proferido el 19 de diciembre de dos mil veinticinco por el Juzgado Décimo
Administrativo de Tunja dentro del proceso con radicado 15001-3333-010-2024-
00073-00, mediante el cual se resolvió no reponer la decisión de tener por
contestada la demanda y se rechazó por improcedente el recurso de apelación.
TERCERA: Dejar sin efectos el auto proferido el 20 de agosto de dos mil veinticinco
por el Juzgado Décimo Administrativo de Tunja dentro del mismo proceso, mediante
el cual se tuvo por contestada la demanda por parte de la Registraduría Nacional
del Estado Civil.
CUARTA: Ordenar al Juzgado Décimo Administrativo de Tunja que profiera una
nueva providencia en la cual, acatando la doctrina constitucional sobre protección
de derechos fundamentales, TENGA POR NO CONTESTADA LA DEMANDA por
parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en razón a que dicha
contestación fue radicada el treinta y uno de enero de dos mil veinticinco a las
diecisiete horas con cuarenta y siete minutos, esto es, cuarenta y siete minutos
después del vencimiento del término establecido en la constancia secretarial de
traslado.
QUINTA: Ordenar al Juzgado Décimo Administrativo de Tunja que continúe con el
trámite del proceso con radicado 15001-3333-010-2024-00073-00 sin tener en
cuenta la contestación de demanda presentada extemporáneamente ni las
excepciones propuestas en ella, aplicando las consecuencias legales previstas para
los casos en que la demanda no es contestada oportunamente3.
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
La señora Rocío Andrea Álvarez Camargo ejerció el cargo de Profesional
Universitario grado 3020-1 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Delegatura
de Boyacá desde el 2019 hasta el 31 de julio de 2023, después fue nombrada
registradora municipal de Villa de Leyva, a través de las Resoluciones: (i) 382 del
24 de julio de 20234; (ii) 476 del 2 de octubre de 20235; (iii) 583 del 7 de noviembre
de 20236, y; (iv) 571 del 30 de noviembre de 20237. Posteriormente se nombró
registradora a la señora Luz Angela Espitia Simijaca y no se prorrogó su
nombramiento, sino que fue designada en el cargo de Auxiliar Administrativa 5120-
048, cargo que percibe un salario inferior.
Por lo que, ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, Delegatura de Boyacá, con el fin
de que se declararan nulos los actos administrativos referidos porque su
designación fue temporal. Además, no se cumplían los motivos objetivos para ser
3 Transcripción original del texto con posibles errores.
4 Nombramiento durante el periodo comprendido entre el 25 de julio al 2 de octubre de 2023.
5 Nombrada registradora entre el 3 de octubre y 7 de noviembre de 2023
6 Periodo comprendido entre el 8 al 30 de noviembre de 2023.
7 Laboró entre el 1° de diciembre al 14 de mayo de 2024.
8 Mediante la Resolución 571 del 30 de noviembre de 2023
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Demandante: Rocío Andrea Álvarez Camargo
Demandado: Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja
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desvinculada, tales como: (i) que la vacante se ocupara por concurso de méritos;
(ii) se impusieran sanciones disciplinarias; (iii) tuviera una calificación insatisfactoria;
(iv) el servicio debiera ser prestado por otro funcionario. En consecuencia, pidió que
se ordene el reintegro al cargo de registradora municipal de Villa de Leyva.
El proceso se asignó al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de
Tunja con radicado 15001-33-33-010-2024-00073-00 que, mediante auto del 12 de
noviembre de 2024 admitió la demanda y posteriormente la secretaria del despacho
dio traslado de las excepciones propuestas por la demandada9.
Contra la actuación secretarial de traslado de las excepciones la señora Álvarez
Camargo interpuso recurso de reposición tras considerar que la contestación del
extremo pasivo se allegó de forma extemporánea. El despacho, mediante auto del
20 de agosto de 202510 rechazó por improcedente el recurso porque no se elevó
contra una providencia judicial. No obstante, resolvió la inquietud de la demandante
y le indicó que tendría por contestada la demanda dado que, se radicó solo unos
minutos después del cierre del despacho. En esta providencia se vinculó como
tercero con interés a la señora Luz Angela Espitia Simijaca, quien funge como como
registradora municipal de Villa de Leyva.
Contra el proveído anterior la actora interpuso recurso de reposición y en subsidio
apelación bajo los mismos argumentos. El juzgado en providencia del 19 de
diciembre de 202511 resolvió no reponer la decisión y rechazar el de alzada. Frente
al primero señaló que, si bien el escrito de contestación se radicó el 31 de enero de
2025 a las 17:47, no advierte que haya sido presentado en exceso fuera de términos
pues se efectuó el último día correspondiente al traslado de que trata el artículo 172
del CPACA, es decir, el 31 de enero de 2025.
Agregó que, «los escritos enviados antes del cierre del Despacho, aunque sean recibidos
minutos después, deben entenderse oportunamente radicados, tomando como referencia
la hora de envío y no la de recepción, dado que esta última depende de factores técnicos
ajenos a la voluntad del remitente, y que dicha interpretación debe estar en consonancia
con principios constitucionales como la buena fe, el acceso a la justicia y la prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal».
Por otro lado, rechazó el recurso de apelación porque el auto recurrido no es
susceptible de la alzada.
El referido auto se notificó por estado el 13 de enero de 202612.
9 Traslado secretarial entre los días 28 de febrero a 3 de marzo de 2025.
10 Índice 054 de Samai del proceso del expediente del proceso ordinario.
11 Índice 064 de Samai del proceso del expediente del proceso ordinario.
12 Índice 065 de Samai del proceso del expediente del proceso ordinario.
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1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte accionante señaló que las providencias cuestionadas incurrieron en los
siguientes defectos:
(i) Violación directa de la Constitución Política: el juzgado vulneró sus derechos
constitucionales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia, porque no tuvo en cuenta que los términos procesales no son formalidades
sino garantías fundamentales que protegen la certeza jurídica y permiten a las
partes ejercer sus derechos de manera oportuna, aunado a que aseguran la
igualdad de armas en el litigio.
Agregó que, si el escenario hubiera sido al revés, es decir, si la señora Rocío Andrea
Álvarez Camargo hubiere radicado la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho por fuera del término, seguramente el juzgado la rechazaría por caducidad,
sin consideración alguna sobre el derecho de acceso a la administración de justicia
o el exceso ritual manifiesto, como sí lo hace frente a la Registraduría Nacional del
Estado Civil.
Por otro lado, señaló que, la entidad contaba con recursos institucionales, y una
oficina jurídica que debía ser diligente en el cumplimiento de los términos
procesales, no obstante, no lo hizo. Mientras que la demandante solo tiene a su
disposición un abogado particular, por lo que existe una desigualdad de armas.
(ii) Desconocimiento del precedente: debido a que la autoridad judicial accionada
desatendió las reglas fijadas por su superior jerárquico en el auto del 3 de agosto
de 2022 dentro del proceso de reparación directa identificado con el radicado 15001-
33-33-011-2021-00033-01, en el que se tuvo por no contestada una demanda,
puesto que la contestación se radicó 2 minutos después del cierre del despacho.
En ese sentido considera que, se genera una inseguridad jurídica al no existir
certeza sobre los criterios que aplicará el juez para determinar si una actuación es
o no extemporánea, dado que ello no se explicó por el juzgado accionado, por lo
que concluyó que las partes «ya no pueden confiar en que el vencimiento del plazo a
determinada hora constituye el límite definitivo para sus actuaciones, sino que deben
especular sobre si el juez considerará que unos minutos adicionales están o no amparados
por el principio de evitar exceso ritual».
Por otro lado, explicó que, si bien el despacho accionado sustentó su decisión en
una sentencia de tutela proferida el 16 de junio de 2023 por Consejo de Estado,
dentro del radicado 11001-03-15-000-2023-00546-01, en la que ordenó dejar sin
efectos la providencia dictada el 3 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo
de Boyacá en el proceso referido, lo cierto es que, en su sentir, este no era aplicable
a su caso por tratarse de una situación fáctica diferente, porque en el proceso
analizado por la Alta Corporación la demora era imputable a una falla en la
plataforma, lo que no ocurrió en su asunto.
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(iii) Sustantivo: inaplicó el artículo 109 del C.G.P. que establece de manera clara
que los mensajes de datos solo se entenderán debidamente presentados si ello se
hace dentro del término legal, pues de lo contrario, serán rechazados. Consideró
que, como la contestación de la Registraduría Nacional del Estado Civil se radicó
47 minutos después del cierre del despacho judicial, y el último día con el que
contaba para efectuar tal actuación, debe tenerse por extemporánea, máxime
porque la entidad no justificó la tardanza.
En consecuencia, al tenerse por no contestada la demanda debe aplicarse la
presunción favorable para la demandante, referente a que los hechos contenidos
en el líbelo demandatorio se tengan por ciertos, consecuencia procesal de la que
fue privada al admitir la contestación del extremo pasivo.
Finalmente alegó un error en la aplicación del principio pro actione, con el mismo
argumento, es decir, que debió tenerse por no contestada la demanda.
1.5. Admisión de la tutela
Por auto del 30 de enero de 202613, la magistrada ponente del Tribunal
Administrativo de Boyacá admitió la solicitud de amparo, ordenó la notificación a la
parte accionante14, y como accionado, al Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito Judicial de Tunja15.
Asimismo, ordenó vincular en calidad de terceros con interés en el resultado del
proceso a la Registraduría Nacional del Estado Civil – Delegatura Boyacá16 [extremo
pasivo del proceso ordinario] y a la señora Luz Ángela Espitia Simijaca17 [vinculada en
el medio de control].
1.6. Intervenciones
1.6.1. Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja18
La titular del despacho pidió que se niegue el amparo e hizo un breve recuento de
las actuaciones surtidas en el proceso ordinario y concluyó que, si bien el artículo
109 del C.G.P. establece que la presentación oportuna de memoriales debe darse
antes del cierre del juzgado del día en que vencen los términos, atendiendo a los
criterios jurisprudenciales del Consejo de Estado, que ha indicado que la referida
normativa debe analizarse sin incurrir en una exceso ritual manifiesto pues de lo
contrario, ello se convertiría en una denegación de justicia.
13 Índice 005 de Samai de primera instancia.
14 Índice 008 de Samai. La notificación fue realizada a: rocioalvarezasesorproyectos@gmail.com y
devia.abogado@gmail.com.
15 Índice 009 de Samai. La notificación fue realizada a: j10admintun@cendoj.ramajudicial.gov.co.
16 Índice 009 de Samai. La notificación fue realizada a: notificacionjudicialbyc@registraduria.gov.co
notificaciontutelas@registraduria.gov.co.
17 Índice 009 de Samai. La notificación fue realizada a: villadeleivaboyaca@registraduria.gov.co.
18 Índice 012 de Samai.
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Demandado: Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja
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Además, explicó que en nada afecta a la demandante el hecho de que tenga por
contestada la demanda, pues ello no tiene influencia alguna en la decisión de fondo
sobre los asuntos sometidos a su conocimiento.
1.6.2. Delegación Departamental de Boyacá19
El delegado de la Registraduría Nacional del Estado Civil para Boyacá solicitó que
se declare improcedente este mecanismo porque la tutela no satisface los
presupuestos para su estudio de fondo porque la actora pretende reabrir una
discusión eminentemente procesal ya resuelta por el juez natural de la causa,
relacionada con la oportunidad para contestar la demanda dentro del proceso
ordinario. Además, indicó que no se acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable actual, grave e inminente que justifique la intervención del juez
constitucional.
Por otro lado, señaló que no ostenta la calidad de accionada dentro del trámite
constitucional, ni profirió las decisiones cuestionadas, por lo que no existe una
acción u omisión atribuible a esta autoridad, que pueda ser calificada como
vulneradora de los derechos fundamentales invocados por la accionante, por lo que
pidió que se niegue el amparo.
1.6.3. Registraduría Nacional del Estado Civil20
El jefe de la Oficina Jurídica de la entidad pidió ser desvinculada de esta acción
porque no tiene competencia funcional para atender lo requerido por la tutelante, en
tanto las providencias acusadas se profirieron por la autoridad judicial accionada,
en el marco de su autonomía e independencia judicial.
Además, solicitó que se declare improcedente el mecanismo o se niegue, porque la
accionante pretende reabrir la discusión ya zanjada por el juzgado accionado
porque está inconforme con la decisión que se adoptó en torno a tener por
contestada la demanda en la que funge como extremo pasivo esta entidad, lo que
es ajeno a la finalidad de la tutela. Aunado a que, no ha desplegado actuaciones u
misiones que vulneren las garantías fundamentales invocadas por la parte actora.
1.6.4. La señora Luz Angela Espitia Simijaca guardó silencio, pese a que fue
debidamente notificada de esta acción constitucional.
1.7. Sentencia de primera instancia21
El Tribunal Administrativo de Boyacá dictó sentencia el 10 de febrero de 2026 en la
que negó el amparo por no advertir la vulneración de las garantías invocadas por la
parte accionante.
19 Índice 013 de Samai.
20 Índice 014 de Samai.
21 Índice 015 de Samai.
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Radicado: 15001-23-33-000-2026-00034-01
Como sustento indicó que, si bien el artículo 109 del C.G.P. prevé que los mensajes
de datos se entenderán formulados de manera oportuna cuando se reciban antes
del cierre del despacho, lo cierto es que, atendiendo a la jurisprudencia del Consejo
de Estado, en los casos en que la demandada conteste minutos después de
finalizada la jornada laboral, esta debe tenerse en cuenta con el fin de garantizar el
derecho de acceso a la administración de justicia.
En consecuencia, concluyó que la decisión del juzgado accionado no incurrió en los
defectos alegados, ni desconoció los derechos fundamentales invocados por la
tutelante.
La sentencia de primera instancia se notificó a las partes e intervinientes el 13 de
febrero de 202622 mediante correo electrónico.
1.8. Impugnación23
La parte accionante remitió memorial de impugnación en el que solicitó que se
revoque la providencia de primera instancia y, en su lugar, se amparen las garantías
invocadas porque en los autos cuestionados la autoridad judicial accionada incurre
en los defectos alegados en el escrito inicial.
Reiteró que se configura el yerro del desconocimiento del precedente judicial del
Tribunal Administrativo de Boyacá, máxime porque la Registraduría Nacional del
Estado Civil, Delegatura de Boyacá ni siquiera presentó alguna justificación para la
tardanza en responder la demanda ordinaria, y la postura del tribunal es que hay
lugar a rechazar la respuesta si es extemporánea.
Refirió nuevamente que el juzgado aplicó de forma errónea el precedente del
Consejo de Estado dispuesto en la sentencia de tutela del 16 de junio de 2023
dentro del radicado 11001-03-15-000-2023-00546-01 porque se trata de una
situación fáctica diferente, por cuanto en ese caso se analizó si debía tenerse en
cuenta un recurso de apelación que fue radicado minutos antes del cierre del
despacho, no como en su caso, que la contestación se aportó de forma posterior
En cuanto al defecto de violación directa de la Constitución Política, iteró que se
transgreden sus derechos fundamentales a la igualdad y de acceso a la
administración de justica comoquiera que, de encontrarse en un escenario distinto,
donde la tardanza hubiere sido de la demandante en interponer el medio de control
se habría impartido el rechazo. Además, que no pudo beneficiarse de que se
presumieran por ciertos los hechos del líbelo demandatorio por la no contestación
del extremo pasivo.
22 Índice 018 de Samai.
23 Índice 019 de Samai. La sentencia se notificó el 13 de febrero de 2026 a través de correo
electrónico y el escrito contentivo de la impugnación fue radicado el día 20 del mismo mes y año, por
lo que fue oportuna su interposición. El recurso se concedió en auto del 2 de marzo de 2026.
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Radicado: 15001-23-33-000-2026-00034-01
Finalmente insistió en que se configuran los yerros, procedimental por exceso ritual
manifiesto y sustantivo porque no se acreditaron las razones para flexibilizar el
término legal para radicar la contestación del medio de control pese a que se
presentó 47 minutos después de que cerró el despacho judicial, lo que contraviene
lo dispuesto en el artículo 109 del C.G.P y el principio pro actione que ordena a los
jueces a interpretar la normas procesales en favor de la parte actora y no de la
demandada, como lo hizo el despacho.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Corporación es competente para resolver la impugnación formulada por la
parte accionante, conforme con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el
numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de
2024.
2.2. Cuestión previa
La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó su desvinculación del presente
trámite, tras considerar que no les asiste legitimación en la causa por pasiva, no
obstante, esta reclamación no fue atendida por el a quo constitucional, por lo que
se hace necesario emitir un pronunciamiento en segunda instancia.
Sobre el particular, la sala encuentra necesario precisar que no se accederá a la
misma. Esto, en virtud de que dicha vinculación se hizo como tercero en virtud del
eventual interés que les puede representar el presente trámite, dado que conforma
el extremo pasivo del proceso ordinario.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia del 10
de febrero de 2026 dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión No. 6. Para ello, se deben resolver los siguientes problemas jurídicos:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:
• ¿El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja vulneró las
garantías invocadas por la parte accionante al proferir los autos del 20 de
agosto y 19 de diciembre de 2025 dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 15001-33-33-010-
2024-00073-00?
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Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos generales de procedibilidad y, (iii) el caso
concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 24
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 25 y declaró su
procedencia.26
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
25 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
26 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
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2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1 Relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202227 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:
[…] “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de
los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes
o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal28 (Énfasis de la
Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
27 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
28 Sentencia SU-573 de 2019.
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exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico29; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional30.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales]
y no a problemas de carácter legal31”. En este orden, se reitera que el examen de
relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales32”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto33, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal34.
(Resaltado de la Sala)
2.6. Caso Concreto
La parte actora cuestiona los autos proferidos el 20 de agosto y 19 de diciembre de
2024 por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 15001-33-33-010-2024-00073-00, por medio de los cuales se resolvió de
forma negativa la solicitud de la demandante, tendiente a que se tenga por no
contestada la demandada por el extremo pasivo, por haberse radicado después del
cierre del despacho.
En primera instancia, el a quo constitucional negó el amparo porque consideró que
no se configuraban los defectos alegados por la accionante contra las providencias
29 Sentencia SU-103 de 2022.
30 Sentencia SU-103 de 2022.
31 Sentencia SU-103 de 2022.
32 Sentencia SU-128 de 2021.
33 Sentencia SU-573 de 2019.
34 Ibid.
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cuestionadas, ni advirtió vulneración alguna a los derechos invocados por la
tutelante.
Sin embargo, en el escrito de impugnación, la actora iteró que la providencia
cuestionada incurría en los yerros violación directa de la Constitución Política,
desconocimiento del precedente, sustantivo, procedimental por exceso ritual
manifiesto y «error en la aplicación del principio pro actione», por lo que insistió en
que se acceda al amparo.
Frente a lo alegado por la actora, la Sala evidencia que los argumentos expuestos
por la tutelante denotan, en realidad, una inconformidad con los autos proferidos por
el juzgado accionado, sin que plantee una controversia que permita vislumbrar la
vulneración de los derechos de raigambre constitucional. En consecuencia, no se
satisface el requisito de relevancia constitucional, como pasa a explicarse.
Advierte la Sección que los yerros que la accionante refiere como violación directa
de la Constitución Política, sustantivo, procedimental por exceso ritual manifiesto y
el «error en la aplicación del principio pro actione» se dirigen, en realidad, a
cuestionar la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, por no acoger
la interpretación realizada por la señora Rocío Andrea Álvarez Camargo respecto
del artículo 109 del C.G.P.35. Según su entendimiento, dicha disposición establece
que los mensajes de datos solo se tendrán por debidamente presentados cuando
se radiquen dentro del término legal; por ello, considera que la contestación
presentada por el extremo pasivo del proceso ordinario debía tenerse por
extemporánea, toda vez que fue radicada 47 minutos después del cierre del
despacho.
Por lo que es claro que el planteamiento de la actora evidencia su discrepancia con
los autos proferidos por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de
Tunja, autoridad que consideró que el escrito de contestación presentado por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, Delegatura de Boyacá no excedía de
manera ostensible el término legal. Lo anterior, por cuanto fue allegado apenas unos
minutos después de finalizada la jornada laboral del último día previsto en el artículo
172 del CPACA36; de modo que, en aplicación de los principios de buena fe y de
35 Artículo 109. Presentación y trámite de memoriales e incorporación de escritos y comunicaciones.
El secretario hará constar la fecha y hora de presentación de los memoriales y comunicaciones que
reciba y los agregará al expediente respectivo; los ingresará inmediatamente al despacho solo
cuando el juez deba pronunciarse sobre ellos fuera de audiencia. Sin embargo, cuando se trate del
ejercicio de un recurso o de una facultad que tenga señalado un término común, el secretario deberá
esperar a que este transcurra en relación con todas las partes.
Los memoriales podrán presentarse y las comunicaciones transmitirse por cualquier medio idóneo.
Las autoridades judiciales llevarán un estricto control y relación de los mensajes recibidos que incluya
la fecha y hora de recepción. También mantendrán el buzón del correo electrónico con disponibilidad
suficiente para recibir los mensajes de datos.
Los memoriales, incluidos los mensajes de datos, se entenderán presentados oportunamente si son
recibidos antes del cierre del despacho del día en que vence el término.
36 Artículo 172. Traslado de la demanda. De la demanda se correrá traslado al demandado, al
Ministerio Público y a los sujetos que, según la demanda o las actuaciones acusadas, tengan interés
directo en el resultado del proceso, por el término de treinta (30) días, plazo que comenzará a correr
de conformidad con lo previsto en los artículos 199 y 200 de este Código y dentro del cual deberán
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prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, debía tenerse por oportuna su
presentación, pues concluir lo contrario implicaría restringir el acceso a la
administración de justicia de la entidad demandada.
En ese sentido, advierte la Sección que los argumentos desplegados en el escrito
de tutela, más allá de sustentar los yerros alegados, denotan que la parte actora
disiente del análisis efectuado por despacho accionada, sin que medie un
planteamiento iusfundamental sino una discrepancia de orden legal, pretendiendo
usar este mecanismo para que el juez de tutela apoye la tesis de la accionante,
finalidad para la que no está contemplado este mecanismo.
Por otra parte, en relación con el supuesto desconocimiento del precedente, se
advierte que, la tutelante sostiene que el juzgado accionado desatendió las reglas
fijadas por en el auto del 3 de agosto de 202237 por su superior jerárquico,
comoquiera que el Tribunal Administrativo de Boyacá tuvo por no contestada una
demanda debido a que el escrito se radicó minutos después del cierre del despacho
dentro del proceso de reparación directa identificado con el radicado 15001-33-33-
011-2021-00033-01. Agregó que, aunque la anterior providencia se dejó sin efectos
por la sentencia de tutela proferida el 16 de junio de 2023 del Consejo de Estado,
Sección Primera en el proceso identificado con el radicado 11001-03-15-000-2023-
00546-01, lo cierto es que, en su sentir, se tratan de asuntos diferentes porque en
el caso en comento, la demora en radicar el recurso se ocasionó por fallas en la
plataforma.
No obstante, no explicó por qué considera que la providencia que citó constituye un
precedente que hubiera sido desatendida por el juez accionado, en consideración a
las particularidades del caso concreto, máxime porque no se expuso mínimamente
alguna regla o subregla de derecho aplicable a su asunto.
Adicionalmente, desde el ámbito argumentativo, los reparos que son expuestos en
el escrito introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías y hacer un uso
de lenguaje de carácter constitucional, no exponen con suficiencia razones de peso
que justifiquen la intromisión del juez de tutela, porque carecen de carga
argumentativa, la cual, en sentir de la la Corte Constitucional no se satisface
simplemente con enunciar y transcribir artículos de la Constitución Política.
Conforme lo expuesto, se revocará la sentencia del 10 de febrero de 2026 proferida
por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 6, que negó el
amparo y, en su lugar, se declarará improcedente el mecanismo por no satisfacer
el requisito de relevancia constitucional.
contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, llamar en garantía, y en su caso,
presentar demanda de reconvención.
37 Mediante esta providencia, el Tribunal Administrativo de Boyacá, confirmó el auto dictado por el
Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, que rechazó por extemporáneo un
memorial de llamamiento en garantía por cuanto se radicó minutos después de haber finalizado el
horario hábil de atención en la sede judicial.
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 10 de febrero de 2026 proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 6 que negó el amparo, para
en su lugar, DECLARAR improcedente la acción constitucional promovida por la
señora Rocío Andrea Álvarez Camargo contra el Juzgado Décimo Administrativo
del Circuito Judicial de Tunja, por no superar el requisito de relevancia
constitucional.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Aclara voto
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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