Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00550-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00550-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00550-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
2 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D. C., 2 de junio de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00550-00
Demandante: Enrique Erasmo Mejía Ramos
Demandados: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA/
Pretensiones relacionadas con la exigencia de requisitos adicionales para la ruptura de
solidaridad en el servicio público de energía y para conceder recursos ordinarios–
Subsidiariedad/ Pretensiones relacionadas con la vulneración del derecho de petición, el
ejercicio de competencias y/o funciones y la realización de un consejo comunal por parte
de los demandados – niega amparo.
Síntesis del caso: La parte actora presentó acción de tutela para que, en amparo de sus
derechos de petición, acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva,
dignidad humana, salud, vida, educación, vivienda digna, debido proceso administrativo
(defensa y contradicción, doble instancia) e igualdad, las autoridades accionadas dieran
una respuesta de fondo a las solicitudes que presentó, reasumieran competencias o
ejercieran sus funciones, convocaran a un consejo comunal y no exigieran requisitos para
conceder el rompimiento de solidaridad y los recursos ordinarios.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Enrique Erasmo Mejía
Ramos contra la Presidencia de la República, la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios y la empresa de energía Afinia Grupo EPM.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 3 de febrero de 20232, Enrique Erasmo Mejía Ramos presentó acción
de tutela contra la Presidencia de la República, la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios y la empresa de energía Afinia Grupo EPM,
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Cabe precisar que, mediante Auto de 8 de febrero de 2023, el despacho ponente requirió al demandante para
que corrigiera la acción de tutela, en el sentido de precisar (1) contra cuáles autoridades se dirigía la tutela, (2)
qué derechos fundamentales vulneró cada autoridad, (3) el fundamento por el que consideró que cada una de
esas autoridades vulneró sus derechos y, (4) lo que pretende de cada autoridad, guardando la coherencia con
lo expresado en el fundamento de la vulneración. Además, allegara una prueba faltante. No obstante, como no
subsanó, se procedió a admitir con la advertencia de que se resolvería de acuerdo con la interpretación que se
efectuara sobre el escrito de tutelas y los documentos obrantes en el expediente.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00550-00
Demandante: Enrique Erasmo Mejía Ramos
Demandados: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
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para obtener la protección de sus derechos fundamentales de petición,
acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva, dignidad
humana, salud, vida, educación, vivienda digna, debido proceso
administrativo (defensa y contradicción, doble instancia), igualdad,
legalidad, buena fe, confianza legítima y “acto propio”, presuntamente
vulnerados porque dichas autoridades no dieron respuesta de fondo, clara
y congruente a sus peticiones, exigieron requisitos no establecidos en la ley
y en la Constitución Política para acceder al rompimiento de solidaridad y
para conceder los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra
la decisión que negó dicha solicitud.
2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):
“PRIMERO PRETENDO CON Esta acción de tutela como mecanismo definitivo y
excepcional PARA QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL ORDENE AL PRESIDENTE DE
COLOMBIA REASUMIR LAS COMPETENCIAS, OTORGADAS A LA SUPERSERVICIOS
CONFORME ARTICULO 12 DE LA LEY 489 DE 1998 DECLARADO EXEQUIBLE POR
LA SENTENCIA C-727 DEL 2000, artículos 2,4,6,13,23,29,31,40,83,84,85,86,93,189-22
208,209,210,211, 365 al 370 de la constitución ARTICULOS 75,DE LA LEY 142 DE
1994, y dé respuesta al derecho de petición, ASIMISMO EL JUEZ
CONSTITUCIONAL ORDENE A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIO PUBLICOS, A
EJERCER SUS FUNCIONES CONSAGRADAS EN EL ARTÍCULO 75,79,81.82 159 DE LA
LEY 142 DE 1994 Y LA SENTENCIAS C-263 DE 1996 C-558 DEL 2001, así mismo de
respuesta al derecho de petición, así mismo el juez ordene a la superservicios y
a la empresa Afinia a darle tramite al derecho de petición, debido que no es
una petición reiterativa ni es un hecho superado y concedas los recursos de ley
y tanto la empresa como la superservicios se abstenga de exigir requisito no
autorizados POR LA CONSTITUCION EN EL ARTICULO 84 DE LA CONSTITUCION (…)
y se garanticen MIS DERECHOS FUNDAMENTALES Al núcleo esencial del derecho
de petición , la administración de justicia, a una tutela judicial efectiva, a la
dignidad humana, a la salud, a la vida, a la educación, a una vivienda digna,
al debido proceso administrativo, derecho a la defensa, contradicción, a la
doble instancia igualdad legalidad tipicidad, buena fe confianza legítima, y
acto propio, a un servicio esencial de energía, a la dignidad humana , y a los
precedente de la cortes constitucional que han reiterado que si es procedente
la acción de tutela contra las empresas de servicios públicos domiciliarios y
contra la superintendencia, para proteger los derechos de los usuarios de los
servicios públicos, que el señor juez del conocimiento según el PRINCIPIO DE
OFICIOSIDAD, SE PRONUNCIE sobre todas y cada una de las pretensiones,
Obligación de integrar debidamente el contradictorio PRINCIPIO DE
OFICIOSIDAD (…)
SEGUNDO QUE el señor juez constitucional ordene al señor superintendente de
servicios públicos doctor Dagoberto Buitrago, manifieste bajo la gravedad de
juramento diga cuales son los fundamentos constitucionales y legales, para que
exijan como requisito para conceder el rompimiento de la solidaridad,
certificado de libertad y tradición expedido por la oficina de instrumentos
públicos, y el certificado de nomenclatura exigido por el instituto de Agustín
Codazzi, cuando este último ya no lo expide, y nadie está obligado a lo
imposibles violando o la sentencias de tutelas T636 DEL 2006 Y T-281 DEL 2012, Y
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN B Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno
(2021) (…) Resolución No. 20218200163555 del 18 de mayo de 2021, expedida
por la superservicios, donde el superintendente juró cumplir la constitución y la
ley, sin que la empresa aporte la carta catastral y el levantamiento CATASTRAL,
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Demandados: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
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que define cual es la dirección del predio, además la empresa de energía no
es la entidad encargada de manifestar cual es la dirección de predio, debido
que de conformidad con los artículos 101 al 104 de la ley 142 de 1994 es al
municipio que le corresponde realizar la estratificación, fijar las direcciones de
las vivienda , y otorgar los subsidios.
TERCERO QUE el señor juez constitucional ordene al señor superintendente de
servicios públicos doctor Dagoberto Buitrago, manifieste bajo la gravedad de
juramento diga cuales son los fundamentos constitucionales y legales para
obligar a los usuarios que para conceder los recursos de reposición y apelación
y de queja exige como requisito absoluto , el pago de la factura solidaria, y lo
que no está objetos de reclamos, sin importar que el usuarios se abstienen de
pagarla, y la pone en reclamo, a la súper no le importa esto o la paga, o la
paga sin importar que esa factura solidaria sea una sanción, o que ya tienen
más de 20 años hay que pagarla por las buenas o por las malas de lo contrario
declaran improcedente el derecho de petición violando las siguientes
sentencias Corte Constitucional [Sentencia C-558-01]. Por lo que existe un
abuso de la posición dominante por parte de la empresa de servicios públicos,
a exigir requisitos adicionales para darle trámite a un derecho de petición
recursos y queja como lo ratifican los artículos 133.8 y 133.9 de la ley 142 de
1994(…).
CUARTO que el señor juez constitucional ordene al señor presidente SEÑOR
SUPERINTENDENTE ordene a la empresa de energía eléctrica a referirse de cada
una de las pretensiones del derecho de petición que yo le acciones tales como:
conque fundamento constitucional y legal la empresa de energía puede
suspenderme el servicios de energía si ante no expide un acto administrativo,
como lo ordena el artículo 154 de la ley 142 de 1994,¿conque fundamento
constitucional y legal la empresa de energía, exige como requisito para darle
tramite a un derecho de petición de solidaridad, certificado de libertad y
tradición, certificado de nomenclatura expedido por el instituto de Agustín
Codazzi, cuando este organismo ya no lo viene expidiendo, además la
empresa no tiene en su poder el levantamiento catastral y la carta catastral
que definen la dirección del inmueble?¿conque fundamento constitucional y
legal la empresa de energía exige como requisito para conceder los recursos
de apelación ante el superior jerárquico funcional que es la superservicicios,
que el usuario obligatoriamente, y absolutamente debe pagar la factura
solidaria y lo que no es objeto de reclamo, donde esta exigencia no es
obligatoria, como lo dejó claro la corte constitucional en la sentencia c-558 del
2001. CUARTO Que el señor juez constitucional ordene a la empresa de energía
eléctrica, DAR UNA RESPUESTA de fondo, clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado.
QUINTO SEÑOR presidente ordene a la superintendencia de servicios públicos
domiciliarios y al gerente general de Afinia diga bajo la gravedad de
juramento, cual es la ley, señalándola numéricamente de forma motivada,
debido que siempre contesta, que ellos solamente exigen requisito autorizado
por la ley, pero no dicen cuál es la ley, debido que el artículo 84 de la
constitución prohíbe exigir dicho requisito (…).
SEXTO Que el SEÑOR juez constitucional ordene al presidente de Colombia a
REASUMIR LAS COMPETENCIA, (…) ASIMISMO EL JUEZ CONSTITUCIONAL ORDENE
AL SUPERINTENDENCIA DE SERVICIO PÚBLICOS, A EJERCER SUS FUNCIONES (…),
así mismo de respuesta al derecho de petición, así mismo el juez ordene a la
superservicios y a la empresa Afinia a darle trámite al derecho de petición,
debido a que no es una petición reiterada ni es un hecho superado y conceda
los recursos de ley y tanto la empresa como la superservicios se abstenga de
exigir requisitos no autorizados (…):
SÉPTIMO que el señor presidente ordene a la superintendencia de servicios
públicos y al gerente general de Afinia al momento de dar respuesta a este
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Demandados: Presidencia de la República y otros
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Decisión: Declara improcedencia y niega
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derecho de petición, manifieste bajo la gravedad de juramento diga cuales
son los fundamentos constitucionales y legales para que exijan como requisito
para darle tramite el proceso de rompimiento de la solidaridad (…).
OCTAVO que el SEÑOR juez constitucional ordene al gerente de afinia que, de
conformidad con la constitución y el bloque de constitucionalidad, los
principios de la función pública, legalidad tipicidad, debido proceso
administrativo, el derecho de petición, diga con que fundamento la empresa
suspenden el servicio de energía de forma unilateral, sin ante expedir un acto
administrativo, como lo ordena el artículo 154 de la ley 142 de 1994 (…).
DECIMO SEGUNDO QUE EL SEÑOR juez constitucional ORDENE AL GERENTE
GENERAL DE AFINIA, y al superintendente de servicios públicos LE DE
CUMPLIMIENTO A LA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
PRIMERA SUBSECCIÓN Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021). (…) CUMPLIMIENTO A la Resolución No. 20218200163555 del 18
de mayo de 2021, que el señor Denis Martínez, Y la sentencia de tutela T-636
DEL 2006, donde la empresa de energía, viene violando el artículo 84 de la
constitución que prohíbe exigir requisito no autorizado por la constitución y las
ley (…) y LE DE TRAMITE AL a los derecho de petición de solidaridad, sin exigir
requisito adicionales para demostrar la propiedad del inmuebles, teniendo en
cuenta la facturad de energía, y la declaración de extra juicio, de igual forma
que se abstenga de seguir declarando improcedente los derechos de petición
alegando que la dirección de la factura de energía no es la misma que a
perecer en los certificado sin ante no presente como medio de prueba, la
copia de la carta catastral del inmueble, así mismo el levantamiento catastral,
debido que según la empresa, la dirección que poseen predominan sobre las
direcciones registradas en las entidades catastrales las cuales son las entidades
facultadas para determinar la dirección de cada inmueble según el plan de
ordenamiento territorial conforme a los artículos 101 al 104 de la ley 142 de 1994.
Décimo tercero, que el señor juez del conocimiento según el PRINCIPIO DE
OFICIOSIDAD, SE PRONUNCIE sobre todas y cada una de las pretensiones,
Obligación de integrar debidamente el contradictorio PRINCIPIO DE
OFICIOSIDAD, CONFORME A LA SU116/18(…).
DECIMO CUARTO señor juez constitucional es procedente esta acción de
tutela, debido que no existen otros mecanismos judiciales para obligar a estas
entidades para amparar el núcleo esencial del derecho de petición, además
todavía estamos en pandemia por lo que sí es procedente esta acción de
tutela conforme lo ordenado por la cortes constitucional en la sentencias Sobre
la satisfacción del requisito de subsidiariedad en acciones de tutela dirigidas
contra empresas de servicios públicos domiciliarios en el contexto de la
pandemia por Covid (…)
DECIMO QUINTO Que el juez constitucional decrete la violación del derecho
de petición por parte del presidente de Colombia doctor Gustavo Petro y por
el superintendente de servicios públicos doctor Dagoberto Quiroga, así mismo
ordenarles a ambos que en el término no superior de dos meses realice en
Valledupar un consejo comunal con todas la comunidad usuarias, vocales de
control y asociaciones de usuarios con las presencia de las delegadas de cada
una de la superintendencia para que el pueblo participe expongan sus
denuncia explique las irregularidades que vienen cometiendo por más de 20
años violando el estado social de derecho interpretando erróneamente las
sentencias C-558 de 2001 debido a que para que procedan los recursos exigen
que el usuario se encuentre a paz y salvo sin importar que se deuda de 1998
como sucedió con el señor Víctor Antonio García nieve(…).
DECIMO SEXTO Que el juez constitucional haga un paralelo, de las pretensiones
que solicite a la empresa de energía que resolviera, y las que ella resolvió, para
determinar que, si hubo o no peticiones reiterativas para que la empresa se
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Demandados: Presidencia de la República y otros
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abstuviera de dar respuesta nuevamente, sobre aquellas pretensiones que no
resolvió (…).
Décimo sétimo que el juez constitucional de conformidad con la constitución y
el bloque de constitucionalidad, los principios de la función pública, legalidad
tipicidad, debido proceso administrativo, el derecho de petición, diga con que
fundamento la empresa suspenden el servicio de energía de forma unilateral,
sin ante expedir un acto administrativo, como lo ordena el artículo 154 de la ley
142 de 1994 (…).
Décimo octavo QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL CONCEDA LA PRESENTE ACCION
DE TUTELA, COMO LO ORDENO LA CORTES CONSTITUCIONAL EN LAS SENTENCIAS
C-186/22, C-187/20 T-180 DEL 2021 T-367DE 2020, C-134 DE 1994 T-761 de 2015 C-
936 de 2003 T-270 de 200 T-408 de 2008 T-291 de 2008 T-281 de 2012 (…)”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:
4. 1) El 14 de agosto de 2020, Enrique Erasmo Mejía Ramos presentó
derecho de petición3 al presidente de la República, al superintendente de
Servicios Públicos y al gerente de Afinia Grupo EPM, mediante el cual solicitó
la ruptura de solidaridad en el pago de las facturas incumplidas derivadas
del contrato de servicio público (de condiciones uniformes) de energía4.
5. 2) El 24 de agosto de 2020, la empresa Afinia Grupo EPM, a través del
consecutivo No. 202030564576, decidió que no era procedente declarar el
rompimiento de solidaridad, toda vez que (se trascribe) “como propietario
ha dejado de hacer efectivo el contrato de arriendo y consintió la deuda
dejada por el inquilino”. Decisión contra la cual se interpusieron los
respectivos recursos.
6. 3) El 7 de septiembre de 2020, el señor Mejía Ramos presentó recurso
de reposición y, en subsidio de apelación, contra la anterior decisión, la cual
fue confirmada por la misma empresa el 21 de septiembre de 2020, bajo el
consecutivo No. 202030634692, y por la Superintendencia de Servicios
Públicos el 3 de diciembre de 2021, mediante la Resolución No. SSPD-
20218600774525.
7. 4) El 13 de enero de 2023, el señor Mejía Ramos presentó una segunda
reclamación de rompimiento de solidaridad (radicado No.
RE3110202302886), ante lo cual la empresa Afinia Grupo EPM, mediante
respuesta con el consecutivo No. 202370043472 de 24 de enero de 2023,
indicó que ya se había pronunciado sobre eso y que no era procedente
hacerlo de nuevo, ni conceder los recursos de ley, ya que estos ya habían
sido concedidos, por lo que se agotó debidamente la vía administrativa.
3 Bajo el radicado No. RE2111202001137.
4
En el escrito de tutela se indicó que fue por el período de 8 de enero de 2015 (fecha de inicio de contrato de
arrendamiento) a 6 de agosto de 2020.
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8. 5) El 7 de marzo de 2023, el actor presentó una tercera reclamación,
la cual fue resuelta por Afinia Grupo EPM, mediante el consecutivo No.
202370130021 de 17 de marzo de 2023, en los mismos términos.
9. El fundamento de la vulneración radicó en que, a juicio del actor, la
empresa Afinia demandada no resolvió de fondo ni de manera clara,
precisa y congruente lo solicitado, y no integró debidamente el
contradictorio. Además, el presidente y el superintendente no dieron
respuesta a su derecho de petición, por lo que, en su parecer, no se podía
hablar de peticiones reiterativas conforme al inciso segundo del artículo 19
de la Ley 1755 de 2015.
10. Agregó que el gerente de Afinia exigió requisitos adicionales y
prohibidos en la Constitución Política y en la Ley para acceder a la petición
de rompimiento de la solidaridad [certificado de libertad y tradición y de
nomenclatura] y para conceder los recursos de reposición y, en subsidio, de
apelación, cuando es su obligación concederlos.
11. Sostuvo que el gerente de Afinia no podía abstenerse de dar trámite
al segundo derecho de petición bajo el argumento de que ya había dado
respuesta al primero y que, por ende, existía un hecho superado.
1.2. Posición de la parte demandada5
12. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios solicitó su
desvinculación por falta de legitimación pasiva en la causa porque las
órdenes de corte, reconexión y vinculación de un reclamo a la facturación
son actuaciones de exclusiva competencia de la empresa Caribemar de la
Costa SAS ESP - Afinia Grupo EPM.
13. Frente al cargo de la presunta vulneración del derecho de petición,
solicitó negar el amparo porque, mediante consecutivo No. 20238601386861
de 24 de abril de 20236, la Dirección Territorial Nororiente de la entidad
resolvió de fondo la petición del accionante, pues, le informó que no
identificó el número de radicado de la solicitud de rompimiento de
solidaridad ni del recurso de apelación, es más no aportó copia de la
decisión dada por la empresa de energía a su derecho de petición y ello
impidió determinar si era, o no, competente para tramitar en segunda
instancia el recurso concedido, el cual podía ser el de apelación o el de
5 Mediante Auto de 17 de abril de 2023, el despacho ponente resolvió, entre otros, (1) admitir la solicitud de amparo
y (2) tener como demandados a la Presidencia de la República, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y la empresa de energía Afinia.
6 Notificado el mismo día al correo electrónico oficinadequejasyrelamos@gmail.com, según consta en el acta de
envío y entrega de correo electrónico de 4-72 y andes (servicio de certificación digital), el cual fue aportado por
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con su informe.
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queja. En esa medida, aludió a una ausencia de acción u omisión y, por
ende, solicitó negar el amparo constitucional solicitado.
14. La Presidencia de la República solicitó su desvinculación de la
presente acción de tutela, pues las presuntas irregularidades por la
expedición de facturas de servicios públicos y la no respuesta a peticiones
recaían, en primera instancia, sobre la empresa Afinia Grupo EPM y, en
segunda instancia, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
por ejercer la inspección, vigilancia y control de las empresas prestadoras
de servicios públicos, y no en esta, por lo que alegó su falta de competencia
funcional al respecto, máxime cuando la petición No. OFI23-00047492/ GFPU
131500000 fue trasladada a la superintendencia aludida.
15. Agregó que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad porque
la parte actora no agotó las vías ordinarias para que se resolvieran sus
reclamos [apelación del derecho de petición ante la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios] ni demostró que no acudió a estas por
encontrarse ante un perjuicio irremediable.
16. Adicionalmente, informó que el abogado Melkis Kammerer ha
presentado tutelas masivas por los mismos hechos7, pero respecto de
diferentes personas, por lo que, a su juicio, ha incurrido en un ejercicio
abusivo de un derecho constitucional.
17. Afinia Grupo EPM puso de presente que dio respuesta de fondo
[consecutivo No. 202030564576 de 24 de agosto de 2020] a la reclamación
por ruptura de solidaridad del suministro NIC-5360581, y al recurso de
reposición que interpuso el accionante [Consecutivo No. 202030634692 de
21 de septiembre de 2020], y que esas decisiones fueron confirmadas por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al resolver el recurso de
apelación, mediante la Resolución No. SSPD-20218600774525 de 3 de
diciembre de 2021.
18. En esa medida, indicó que (se trascribe) “lo que pretende el
accionante es que se entre a debatir nuevamente la responsabilidad de
pago de un periodo de facturación sobre el cual se dio trámite
administrativo encontrándose agotada la vía gubernativa”.
19. Asimismo, manifestó que si el actor consideraba que sus decisiones o
las de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios fueron
expedidos de forma irregular y violaron su debido proceso, podía acudir
ante los jueces administrativos y solicitar la nulidad del acto y su
correspondiente restablecimiento del derecho. En consecuencia, solicitó
7 Al respecto, citó los siguientes radicados: 11001-03-15-000-2023-00648-00, 2023-00592-00, 2023-00527-00, 2023-
00598-00, 2023-00040-00, 2023-00588-00 y 2023-00567-00.
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Demandante: Enrique Erasmo Mejía Ramos
Demandados: Presidencia de la República y otros
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que se declarara improcedente la acción de tutela porque no se cumplió
con el requisito de subsidiariedad ni se acreditó un perjuicio irremediable
que hiciere procedente la tutela como mecanismo transitorio.
20. Además, informó que, en la actualidad, no había orden de suspensión
del servicio, pues el mismo se encontraba activo y su suministro en situación
correcta.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela. 2.3.
Verificación de la afectación de derechos fundamentales alegada. 2.3.1. Frente al reparo
de falta de respuesta a derechos de petición. 2.3.2. Frente a la pretensión de ejercicio de
competencias y/o funciones. 2.3.3. Frente a la solicitud de realización de un consejo
comunal. 2.4. Conclusión.
2.1. Fijación de la controversia
21. La Sala determinará, una vez sean superados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, si la Presidencia de la República, la
Superintendencia de Servicios Públicos y la empresa de energía Afinia Grupo
EPM vulneraron los derechos fundamentales de petición y debido proceso
administrativo del accionante, ante la aparente falta de respuesta a sus
solicitudes y ejercicio de sus funciones, y ante la exigencia de requisitos para
acceder al rompimiento de la solidaridad y conceder los recursos de
reposición y apelación.
2.2. Procedencia de la acción de tutela
22. En el presente caso, la acción de tutela se orientó a obtener la
protección de los derechos fundamentales8 de petición, administración de
justicia, tutela judicial efectiva, dignidad humana, salud, vida, educación,
vivienda digna, debido proceso administrativo (defensa y contradicción,
doble instancia) e igualdad. Enrique Erasmo Mejía Ramos tiene acreditada
la legitimación activa en la causa9 por ser titular de los derechos
presuntamente violados.
23. De igual manera, la Presidencia de la República, la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios y la empresa de energía Afinia Grupo EPM,
autoridades expresamente demandadas, tienen legitimación pasiva en la
causa10, porque de sus acciones u omisiones se predica la vulneración y de
sus competencias se desprende la relación con el presente asunto. En esa
medida, la Sala negará sus solicitudes de desvinculación.
8 Decreto 2591 de 1991. Artículo 2, en concordancia con el artículo 5 y los numerales 2 y 3 del artículo 6 ibidem.
9 Decreto 2591 de 1991. Artículos 10 y 13, en concordancia con el artículo 1 ibidem.
10 Ibidem.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00550-00
Demandante: Enrique Erasmo Mejía Ramos
Demandados: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
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24. En relación con el requisito de inmediatez11, este se satisface,
comoquiera que se está ante una situación actual y continua, como lo es la
presunta vulneración a los derechos de petición y debido proceso del
accionante al no haber recibido respuesta en su totalidad a las solicitudes
presentada ante las autoridades accionadas y al habérsele exigido
requisitos para acceder al rompimiento de la solidaridad y para conceder
los recursos de reposición y apelación.
25. Frente al requisito de subsidiariedad12, la Sala precisa que no se
satisface en relación con el reproche de exigencia de requisitos adicionales
y prohibidos en la Constitución Política y en la Ley para acceder a la petición
de rompimiento de la solidaridad [certificado de libertad y tradición y de
nomenclatura] y para conceder los recursos de reposición y, en subsidio, de
apelación.
26. Lo anterior obedece a que en la respuesta negativa que dio la
empresa Afinia Grupo EPM [Consecutivo No. 202030564576 de 24 de agosto
de 2020] a la solicitud de rompimiento de solidaridad No. RE3110202027566
de 14 de agosto de 202013, no se observa la exigencia de los requisitos a los
que alude el demandante. En todo caso, se advirtió que esa decisión fue
confirmada, en reposición, por la misma empresa mediante el Consecutivo
No. 202030634692 de 21 de septiembre de 2020, y, en apelación, por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a través de la
Resolución No. SSPD-20218600774525 de 3 de diciembre de 202114, la cual
fue aportada por Afinia Grupo EPM.
11 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 4).
12 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1). El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 86
Constitucional, señaló que la tutela resulta improcedente cuando existan otros recursos o medios de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
13 Bajo los siguientes argumentos (se trascribe): “(…) el cliente y usuario son solidarios en lo que respecta a las
deudas que se generen por la prestación del servicio de energía y usted es garante ante la empresa en el
cumplimiento de esta obligación. (…) no es procedente declarar el rompimiento de solidaridad, toda vez que
como propietario ha dejado de hacer efectivo el contrato de arriendo y consintió la deuda dejada por el inquilino.
Le reiteramos que la empresa cumplió con su obligación de suspender el servicio. En virtud de lo anterior, es preciso
informarle que solo en los términos del artículo1 30 de la Ley 142 de 1994 se rompe la solidaridad”.
14 En dicha resolución, la Superintendencia determinó (se trascribe): “El tema central de la presente controversia
es definir si el recurrente reúne los requisitos necesarios para que se rompa la solidaridad prevista en artículo 130
de la Ley 142 de 1.994. (…)existen unos requisitos sin los cuales no operaría el fenómeno jurídico de rompimiento
de solidaridad, cuales son: Que el inmueble haya estado en manos de un tercero (V.gr. Contrato de
arrendamiento o comodato), Que quien reclame sea su propietario, poseedor o autorizado, Que esté probado
que la empresa no suspendió el servicio, una vez ocurrida la mora en el pago de la factura. (…). 1. Que quien
reclame sea el propietario y/o poseedor: El(a) usuario(a) aportó el folio de matrícula inmobiliaria No.190-44244
(folios 49-51), donde consta en la anotación No.04 que es titular de dominio del inmueble ubicado en la transversal
13C N. 6ª – 33 lote N.8 MZA.A VALLEDUPAR – CESAR, es el(a) Señor(a) ENRRIQUE ERASMO MEJIA BARRIOS, quien
presenta derecho de petición, acreditando con ello el requisito de legitimación en la causa, pues acreditó la
condición de propietario del inmueble. Al igual se presenta el certificado del IGAC de fecha 17 de marzo de 2020,
el cual registra la dirección TR13 No. 64-33 VALLEDUPAR – CESAR Cabe advertir que la dirección del inmueble
registrada por el IGAC (TR13 No. 64-33 VALLEDUPAR – CESAR) no coincide con la registrada en la factura (CRA 13B
No. 6-33 VALLEDUPAR – CESAR). 2. Existencia de vinculo solidario: El peticionario aportó contrato de arriendo con
fecha de creación 10 de febrero de 2012 (Fl.47-48) con el cual busca dar cumplimiento a uno de los requisitos para
que se decrete la ruptura de solidaridad. Sin embargo la dirección plasmada en el contrato de arriendo (TV13
No.6A – 33 VALLEDUPAR – CESAR), no coincide con la registrada en la factura donde se presta el servicio de energía
(CRA 13B No. 6-33 VALLEDUPAR – CESAR). 3. Suspensión del servicio: Revisado el caudal probatorio aportado al
expediente, este despacho no encuentra prueba alguna que demuestre la suspensión del servicio de parte de la
empresa como lo serían las respectivas actas de suspensión, lo anterior permite concluir que la empresa omitió
realizar la suspensión del servicio en la forma establecida en el artículo 140 de la ley 142 de 1994, puesto que de
haber actuado conforme a la norma en cita la obligación en mora no existiera. Visto lo anterior, podemos aseverar
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27. En esa medida, la Sala considera que, si el actor se encontraba en
desacuerdo con la última decisión, podía cuestionarla a través de los
medios de control de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho,
dispuestos en la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y, si era el caso, solicitar
medidas cautelares al interior de estos15.
28. Lo anterior, en atención a la indiscutible naturaleza de actos
administrativos que detentan aquellas decisiones de los prestadores de
servicios públicos domiciliarios, que dan lugar a recursos administrativos de
reposición (ante el prestador de los servicios públicos domiciliarios) y
apelación (ante la SSPD), en los términos del artículo 154 de la Ley 142 de
1994.
29. Ahora bien, en relación con el reparo de falta de respuesta a las
solicitudes presentadas por el actor y la pretensión de que el presidente de
la República reasuma las competencias de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, y esta, a su vez, ejerza sus funciones, la Sala tendrá por
superado el requisito de subsidiariedad por discutirse una omisión de las
accionadas, ante la cual no existe recurso idóneo y eficaz que permita
conjurar la aparente vulneración de los derechos fundamentales.
2.3. Verificación de la afectación de derechos fundamentales alegada
30. La Sala negará el amparo solicitado, al evidenciar que las autoridades
demandadas no vulneraron sus derechos fundamentales respecto de las
demás pretensiones, por las razones que pasan a explicarse:
2.3.1. Frente al reparo de falta de respuesta a derechos de petición
31. La Sala observa, de los documentos aportados por el señor Mejía
Ramos y las autoridades accionadas, que estas últimas no vulneraron los
derechos fundamentales invocados, dado que Afinia Grupo EPM dio
respuesta clara, de fondo, precisa y congruente a las peticiones
presentadas por el actor el 14 de agosto de 2020 (No. RE3110202314769), 13
de enero de 2023 (No. RE311020230288699) y 7 de marzo de 2023 (No.
RE3110202027566).
con base en el caudal probatorio contenido en el expediente que, el(a) Señor(a) ENRRIQUE ERASMO MEJIA
BARRIOS, NO cumplió con la carga de la prueba exigida para reclamar el rompimiento de solidaridad, por lo que
NO es procedente acceder a sus peticiones”.
15 “ARTÍCULO 229 del CPACA. PROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. En todos los procesos declarativos que se
adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado
del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en
providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar,
provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el
presente capítulo. (…) ARTÍCULO 234 del CAPCA. MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA. Desde la presentación de
la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida
cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar
el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar”.
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32. La Sala advirtió que, el 24 de agosto de 2020, la empresa accionada
dio respuesta a la solicitud de rompimiento de solidaridad presentada por el
actor el 14 de agosto de 2020 y le indicó que no era procedente declarar la
ruptura de solidaridad porque él, en su calidad de propietario del inmueble
donde se prestó el servicio de energía eléctrica, dejó de hacer efectivo el
contrato de arrendamiento y consintió la deuda dejada por el arrendatario.
Contra dicha decisión, indicó que procedían los respectivos recursos de ley,
pero que (se trascribe) “el arrendador es solidario con la primera factura
dejada de cancelar por el inquilino y corresponde al mes de agosto/2017
por un valor de $263.320, el cual debe ser cancelado en su totalidad antes
de la presentación de los recursos, y del cual hacer parte el periodo
contractual”.
33. De igual manera, el 24 de enero de 2023, Afinia Grupo EPM determinó
que no era posible acceder a la solicitud del actor de dar nuevamente
trámite a la reclamación con radicado No. RE3110202027566, toda vez que
ya se había pronunciado, (se trascribe) “quedando debidamente agotada
la vía administrativa con la resolución emitida por el ente de control”, por lo
que tampoco era posible conceder nuevamente los recursos de ley.
Además, precisó que aquella no exigía requisitos adicionales a los
establecidos por la ley para dar trámite a las solicitudes de los usuarios.
34. Asimismo, el 17 de marzo de 2023, Afinia Grupo EPM no accedió a la
petición de 7 de marzo de 2023 relacionada con “solidaridad de las deudas
resolución 20218600774525 del 03/12/21” porque tal petición ya había sido
resuelta con anterioridad, concretamente, en la respuesta de 24 de agosto
de 2020.
35. Si bien, el actor manifiesta que las peticiones que presentó no eran las
mismas y por, ende, no se podían catalogar de reiterativas, la Sala constata
que en la primera petición el accionante pretendía que se decretara la
ruptura de solidaridad, y en las otras 2 peticiones reiteró dicha solicitud. En
esa medida, se considera que el actor insistió en la petición de rompimiento
de solidaridad y, por ende, la autoridad accionada sostuvo que no era
procedente pronunciarse nuevamente sobre ese punto.
36. En consonancia con lo anterior, el inciso segundo del artículo 19 del
CPACA establece que (se trascribe):
“Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a
las respuestas anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles o de
peticiones que se hubieren negado por no acreditar requisitos, siempre que en
la nueva petición se subsane”.
37. De conformidad con lo expuesto, contrario a lo indicado por el
accionante, la empresa Afinia Grupo EPM no vulneró sus derechos
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fundamentales al señalar que no era procedente pronunciarse nuevamente
frente a la solicitud de rompimiento de solidaridad, toda vez que esta había
sido previamente resuelta el 24 de agosto de 2020.
38. En lo que atañe a la Presidencia de la República, la Sala observa que
la petición que radicó el accionante ante esa autoridad fue remitida a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – Delegatura para la
Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, mediante oficio de 14 de
marzo de 2023 [OFI23-00047502 / GFPU 13150000], por tratarse de un tema
de intervención en materia de servicio públicos. Decisión que fue
comunicada al señor Mejía Ramos el mismo día. En ese orden, dicha
autoridad demostró haber dado el respectivo trámite a la petición del actor,
pues, en virtud del artículo 21 del CPACA, remitió a la entidad legalmente
facultada para conocer del tema expuesto y, de proceder, tomar las
acciones pertinentes.
39. Por su parte, se evidenció que la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios dio respuesta clara, de fondo, precisa y congruente a
las solicitudes del accionante PQR 20235290949712 y las contenidas en el
expediente 2023860340102849E, pues, mediante el oficio No.
20238601386861 de 24 de abril de 2023, la autoridad accionada indicó que
a dicha autoridad le correspondía resolver los recursos de apelación que
interpusieran los usuarios, de conformidad con lo establecido en el artículo
154 de la Ley 142 de 1994. Por ello, la empresa Afinia Grupo EPM debía
resolver en primera instancia su inconformidad y, en caso de recibir una
respuesta no favorable, la actora debía interponer un recurso de reposición
y, subsidiariamente, de apelación, para que posteriormente la empresa
hiciera envío del expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios. De manera que, como el señor Mejía Ramos no aportó la
decisión empresarial no podía determinar si era competente para tramitar
una segunda instancia. El mencionado oficio fue notificado al correo
electrónico de la actora el mismo día, según constancia de envío por la
empresa 472 que anexó a su informe.
2.3.2. Frente a la pretensión de ejercicio de competencias y/o funciones
40. El accionante pretende que, a través de esta acción constitucional,
se le ordene al presidente de la República que reasuma las competencias
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de acuerdo con
los artículos 12 y 75 de la Ley 489 de 1998, y esta, a su vez, ejerza sus funciones
(se trascribe) “consagradas en el artículo 75,79,81.82 159 de la ley 142 de
1994 y las sentencias C-263 de 1996 C-558 del 2001”; sin embargo, la Sala
advierte que él no ha pedido eso directamente y de manera previa a las
autoridades referidas, por lo que se está ante la ausencia de hecho
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vulnerador, pues, no se puede hablar de una negativa frente a la pretensión
aludida, cuando, se reitera, ello no ha sido pedido.
2.3.3. Frente a la solicitud de realización de un consejo comunal
41. Ante la pretensión relacionada con la realización de un consejo
comunal en Valledupar (se trascribe) “para que el pueblo participe
expongan sus denuncias explique las irregularidades que vienen
cometiendo”, más allá de la procedencia constitucional y legal de ello, la
Sala observó que el señor Mejía Ramos no le solicitó eso a las demandadas
previamente, es decir, no hay prueba en el expediente de que él hubiera
presentado peticiones o reclamaciones al respecto y, en esa medida, no se
puede avizorar un hecho vulnerador -negativa a implementar o ejecutar lo
pedido- que amerite la intervención del juez constitucional.
2.4. Conclusión
42. Con fundamento en las razones dadas, la Sala declarará
improcedente la tutela de la referencia respecto del reparo de exigencia
de requisitos adicionales para dar trámite a la petición de rompimiento de
la solidaridad y para conceder los recursos ordinarios, por no superar el
requisito de subsidiariedad. Además, negará el amparo en todo lo demás,
por no existir vulneración de los derechos invocados.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación efectuadas por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Presidencia de la
República, por las razones dadas.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela presentada por Enrique
Erasmo Mejía Ramos frente al reparo relacionado con la exigencia de
requisitos adicionales para acceder a la petición de rompimiento de la
solidaridad y conceder los recursos ordinarios, por las razones esgrimidas.
TERCERO: NEGAR la solicitud de amparo en todo lo demás, por las
consideraciones expuestas.
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Decisión: Declara improcedencia y niega
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CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello16.
QUINTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
SEXTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
16 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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