Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02669-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02669-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-02669-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
3 de agosto de 2023
Demandante: Enrrique Erasmo Mejía Ramos
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02669-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D. C., tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02669-00
Demandante: ENRRIQUE ERASMO MEJÍA RAMOS1
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas: Tutela de fondo. Petición y debido proceso administrativo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela promovida por la parte
actora, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1º del numeral 2º del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
del 6 de abril de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. La petición de amparo
Mediante escrito radicado el 19 de mayo de 2023 en el Sistema de Recepción
de Tutelas y Habeas Corpus en línea de la Rama Judicial, el señor Enrrique
Erasmo Mejía Ramos, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela
contra la Presidencia de la República, la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la
empresa de servicios públicos Afinia – Grupo EMP2 y la Procuraduría General
de la Nación, con el fin de que se proteja su derecho fundamental de petición.
Sostuvo que tal garantía le ha sido vulnerada porque no ha recibido respuesta
la queja que presentó ante esas entidades el 7 de marzo de 2023, en la que
denunciaba presuntas irregularidades cometidas por la empresa de servicios
públicos Afinia – Grupo EMP, en la ciudad de Valledupar, tales como exigirle el
pago de la factura de forma previa a hacer cualquier reclamación o requerir el
1
El nombre se escribe como aparece en la demanda de la acción de tutela.
2
Hizo mención a la sociedad Air-e
1
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Demandante: Enrrique Erasmo Mejía Ramos
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02669-00
aporte de documentos como el certificado de libertad y tradición del inmueble
para permitirle presentar recursos en sede administrativa.
De igual manera, pidió como medida cautelar que se ordene a dicha empresa
que no le suspenda el servicio de energía hasta que se emita el fallo
correspondiente y se ordene al presidente de la República y al superintendente
de Servicios Públicos Domiciliarios que asistan a un consejo comunal que se
llevará a cabo el 26 de mayo de 2023 en la Cámara de Comercio de
Valledupar.
En consecuencia, la parte accionante solicitó:
“PRIMERO PRETENDO CON acción de tutela con medida cautelar
urgente, para que no me suspendan el servicio de energía, y para que el
presidente y el superintendente asista al consejo comunal, y como
mecanismo definitivo y excepcional, para que el juez constitucional aplique
el bloque de constitucionalidad y la excepción de inconstitucionalidad
expidiendo un fallo extrapetita, y ordene la presidente de Colombia como
jefe de estado suprema autoridad administrativa ejercer sus competencia
en materia de servicios públicos domiciliarios, al superintendente de
servicios p[ú]blico ejercer sus funciones, la Procuraduría General de la
Nación ejercer sus funciones los demás funcionario de la superintendencia
… investigar esta denuncia y quejas contra la directora oriente … donde
más del 90% de los recursos de apelación y de quejas son fallada en
contra de los usuarios exigiendo requisito no autorizado por la constitución
Y LA LEY exigiendo como requisito, estar al día con todos los consumos o
pagar la factura solidaria de forma absoluta para poder dar trámite a los
recursos de apelación, EXIGUIENDO EL CERTIFICADO DE LIBERTAD Y
TRADICCION donde si estos documentos la dirección no coincide con la
registrada en la factura de energía no le dan tr[á]mite, donde predomina la
dirección de la empresa sin que este aporte la carta catastral y el
levantamiento catastral, conforme a los artículos 101 al 104 de la ley b142
de 1994, así mismo no aceptan la declaración extra proceso, para
demostrar que el inmuebles estuvo arrendado y para demostrar la
posesión del inmuebles , donde el único documento idóneos es la factura
de energía, pero tampoco la tienen encuentra, ASI MISMO que la
procuraduría conforme a los artículos, 1,2,3,40,103,270, de la constitución
ley 1757 del 2015 ordene al presidente y al superintendente, realice un
consejo comunal ,con sus presencia y las presencias de toda las delegada
de la superservicios, para que todos los usuarios del cesar y la guajiras
coloque sus denuncia y quejas contra la superservicios y la empresa de
servicios públicos domiciliarios, y se garanticen los mecanismo de
participación ciudadana la administración de justicia, EL NUCLEO
ESENCIAL DEL DERECHO DE PETICION, DEBIDO PROCESO
ADMINISTRATIVO DEFENSA Y CONTRADICCION como los precedentes
de la Corte Constitucional Y EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA T-636 DEL 2006, y la sentencia de segunda instancia
del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
PRIMERA SUBSECCIÓN B Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre de
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dos mil veintiuno (2021) así mismo el presidente de conformidad con el
artículo 3 numeral 1 de la resolución 108 modifique el artículo 37 Parágrafo
1º, de igual forma ordene al superintendente de servicios públicos iniciar
las sanciones contra las empresa Afinia y Air-e por estar suspendiendo el
servicio de energía de forma unilateral sin ante expedir un acto
administrativo, de igual forma de las tutelas que presenta diariamente la
oficina de queja y reclamo con el correo melkiskammerer@hotmail.com
sobre tutela por suspensión ilegal, se tome como denuncia para investigar
la empresa que omitió el artículo 154 de la ley 142 de 1994, así mismo el
presidente investigue el alto consumo del consumo de aseo en Valledupar
…
SEGUNDO que el juez constitucional tuteles mis derechos fundamentales
y humano Al núcleo esencial del derecho de petición, al debido proceso
administrativo, derecho a la defensa contradicción legalidad tipicidad,
acceder a la administración de justicia, a las garantías judiciales
consagrada en los artículos 8 y 25 de la convención americana de derecho
humanos, a la salud a la vida, a una vivienda digna, al principio de la
buena fe confianza legítima acto propio a una vivienda digna a la
educación y ordene a darme una respuesta , de fondo clara congruente y
resuelva cada una de las pretensiones de la denuncia, así mismo
manifieste con que fundamento constitucional y legal el presidente y la
superservicios se niega asistir al consejo comunal realizado por nuestro de
defensor por más de 20 años Melkis Guillermo Kammerer Kammerer
identificado con la cedula de ciudadanía No 77.027.967 de Valledupar, el
26 de mayo del 2023 en la cámara de comercio de Valledupar, donde él
fue el fundador de los comités de control social de los servicios públicos
mobiliarios , y necesitamos que estas autoridades estén presente en este
consejo comunal de conformidad con el art[í]culo 2,102 ,103 y 270 de la
constitución, para que los usuarios, vocales de control y comités de
servicios públicos reciban sus capacitaciones, hagan sus denuncia , contra
las empresa de servicios público, y contra la misma superservicios, por
muchas inconsistencia en sus fallo que más del 90% son a favor de las
empresa,
TERCERO que el señor magistrado ordene al… presidente de Colombia y
director de la comisión de regulación de energía y gas y agua potable, al…
superintendente de servicio públicos domiciliarios, asistan a este consejo
comunal de conformidad con el artículo[s] 2, 102, 103 y 270 de la
constitución, para que socialicen el porcentaje a tomar sobre cuál va hacer
la desviación significativa de los consumo[s] de energía eléctrica…
Cuarto QUE [se ordene]… al superintendente de servicio público y a los
doctores diego Alejandro Ossa Urrea o quien haga sus veces
superintendente delegado para energía y gas combustible… manifieste los
siguientes:
A) ¿con que fundamento constitucional exigen requisitos adicionales para
darle trámite al núcleo esencial del derecho de petición prohibido por el
ARTICULO 84 DE LA CONSTITUCION Y LAS DISPOSICIONES artículo
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16 de la ley 1755 del 2015, art[í]culo 9,10,86,93 de la ley 1437 del 2011,
artículo 9 de la ley 962 del 2005 decretos 019 del 2012 y decreto 2106 del
2019, como son el certificado de libertad y tradición y certificado de
nomenclatura, donde predominan la dirección de la factura de energía?...
…
QUINTO…le soliciten a la superintendencia de servicios público, QUE
manifieste la superservicios porque más del 90% de los recurso[s] de queja
y de apelación son fallado en contra siendo entidad de segunda instancia
el superior jerarquice funcional de las empresas de servicios públicos, que
juro cumplir la constitución y la ley…
SEXTO…garanticen el núcleo esencial del derecho de petición dándome
una respuesta de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo
solicitado clara, es decir inteligible y de fácil comprensión, atendiendo los
solicitado, en sus totalidad, que no sea aislada y resuelve todas y cada una
de las pretensiones... concediendo los recursos de reposición y el de
apelación ante el superior jerárquico funcional que es la superintendencia
de servicios públicos domiciliarios…
SEPTIMO … ordene GERENTE GENERAL DE AIR-E y Afinia a no
suspenderme el servicio de energía hasta tanto no haya un fallo definitivo
sobre esta denuncia queja así mismo le advierta que de conformidad con
la constitución y el bloque de constitucionalidad, los principios de la función
públicas, legalidad tipicidad, debido proceso administrativo , el derecho de
petición, diga con que fundamento la empresa suspenden el servicio de
energía de forma unilateral, sin ante expedir un acto administrativo, como
lo ordena el artículo 154 de la ley 142 de 1994…
OCTAVO … ORDENEN A ESTA SUPERINTENDENCIA [PORQUE] NO
FALLAN SUS RECURSO DE APELACION CONFORME A LA
RESOLUCION No. 20218200163555 del 18 de mayo de 2021…expedida
por la superservicios, no es necesario aportar otro requisito, que ya se
encuentran en poder de la empresa como es el certificado de libertad y
tradición, por lo que lo puede consultar en la página de la oficina de
instrumentos públicos…
NOVENO… DE CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL CONSEJO DE
ESTADO sala contenciosa administrativa SECCIÓN PRIMERA Consejero
ponente: Oswaldo Giraldo López Norma demandada: aparte que indica
“los porcentajes que fijen las empresas en las condiciones uniformes del
contrato” del parágrafo 1 del artículo 37 de la Resolución número 108 de 3
de julio de 1997Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandado: La Nación – Ministerio de Minas y Energía, Comisión de
Regulación de Energía y Gas. Bogotá D.C., cinco (5) de abril de dos mil
veintiuno (2021) Expediente: 11001 03 24 000 2020 00058 00…
DECIMO … QUE PRESENTEN LA METODOLOGIA QUE UTILIZARON
PARA COBRAR EL IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO debido que
se vienen recaudando 100 [veces] a lo que se gastan cobrando un alto
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Demandante: Enrrique Erasmo Mejía Ramos
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costo en las factura[s] de energía al sector comercial y de servicios
DECIMO PRIMERO…[el] presidente ASISTA un consejo comunal de
servicios público aquí en Valledupar para que se invisten a todos los
vocales de control del Cesar y La Guajira, l[í]deres, asociaciones de
usuarios, defensores de la comunidad con la presencia de las delegadas
de la superservicios con la presencia también del presidente y el
superintendente de servicios públicos, donde el presidente debe de
contratar experto en la ley 142 de 1994...
DECIMO SEGUNDO … A DAR RESPUESTA a mi denuncia contra la
superservicios y las empresa de energía eléctrica, por violación a la
constitución y la ley, así mismo ordenen a las empresa de servicios
públicos a retirar de la factura de energía la deuda, y se abstengan de
seguir suspendiendo el servicio de energía de forma unilateral , hasta tanto
no haya un fallo definitivo sobre esta denuncia que son más de 140
usuarios que tenemos este problema, además se investiguen porque
funcionario de la superintendencia sus familiares hacen parte de la nómina
de las empresas de servicios público, por ese motivo más del 90% de los
recursos de queja y apelación son fallado a favor de las empresas
D[é]cimo tercero que el magistrado ordene a la Procuraduría General de la
Nación a pronunciase de la denuncia, que son 137 que fueron accionada
ante esa dependencia
DECIMO TERCERO QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL conforme al
principios DE OFICIOSIDAD y de informalidad, RESUELVA DE FONDO
CLARA DESARROLLADO CADA UNA DE LAS PRETEN[S]IONES DE LA
TUTELA INTEGRANDO el contradictorio, para dar una solución a la
totalidad de las pretensiones de la solicitud de tutela, como un todo
inescindible” …
DECIMO CUARTO …ordenen a la superintendencia de servicios público
ordenen a la empresa de energía que si va a continuar suspendiendo el
servicio de energía deberá expedir un acto administrativo que garantice el
debido proceso administrativo derecho de defensa contradicción legalidad,
a una tutela judicial efectiva, las garantías judiciales consagrada en los
art[í]culo 8 y 25 de la convención americana de derechos humanos,
DANDOLE CUMPLIMIENTO al artículo 154 de la ley 142 de 1994 y la
sentencia C-150 DEL 2003 , ASI MISMO inicie las sanciones establecida
en el artículo 81 de la ley 142 de 1994 por suspenderme el servicio de
energía de forma unilateral
DECIMO QUINTO QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL CONFORME AL
ARTICULO 4 DE LA CONSTITUCION aplique el bloque de
constitucionalidad y la excepción de inconstitucionalidad expidiendo un
fallo extrapetita conforme al principios DE OFICIOSIDAD y de informalidad,
Y CONCEDA esta acción de tutela como mecanismo definitivo y
excepcional protegiendo el núcleo esencial de petición y los mecanismo de
participación ciudadana debido que el estado está en la obligación de
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garantizarme la vida la honra y bienes, como garantizarme la participación
de todos en las decisiones que nos afecten”3
La solicitud de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
2. Hechos
Sostuvo que, el 7 de marzo de 2023 vía electrónica presentó “una petición,
queja y denuncia” por la suspensión constante de su servicio de energía
eléctrica, pero que no ha recibido respuesta alguna, el cual envió a los
siguientes buzones:
“Para: notificacionesjudiciales@superservicios.gov.co
<notificacionesjudiciales@superservicios.gov.co>;notificacionesjudiciales@
presidencia.gov.co
<notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co>;serviciosjuridicos@afinia.co
m.co
<serviciosjuridicos@afinia.com.co>;oficiales creg
<oficiales.creg@creg.gov.co>;Procesos Judiciales - Oficina Juridica
<procesosjudiciales@procuraduria.gov.co>;seguridaddigital@creg.gov.co
<seguridaddigital@creg.gov.co>;notificaciones.judiciales@creg.gov.co
<notificaciones.judiciales@creg.gov.co>;creg@creg.gov.co
creg@creg.gov.co”
Indicó que, presentó la mencionada solicitud en la “modalidad de cumplimiento
de un deber legal y constitucional, par[a] que la empresa de energía le diera
cumplimiento al artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18
de la Ley 689 de 2001, declarado exequible por las sentencias C-493 de 1997,
C-690/02…”. Al respecto, agregó:
“…la empresa declara improcedente y concede los recurso de ley ante la
superservicios, donde está según la resolución20218600774525 DEL 3 de
marzo del 2021 DONDE LA Superservicios confirma LA decisión No
202030564576 del 24 de agosto del 2020 alegando, QUE LA dirección que
aparece en el contrato de arriendo no coincide con la dirección que
aparece en la factura de energía donde la empresa y la superservicios NO
tienen el permiso del ministerio de la función pública para exigir requisito
no autorizado por la ley para por conceder el derecho esencial de petición
en la modalidad de cumplimiento…”4
Informó que se identificado con la cédula de ciudadanía 1.753.635 y ante la
empresa de energía con el NIC 5360581.
3
Transcrito con posibles errores.
4
Transcrito con posibles errores.
6
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3. Sustento de la vulneración
La parte accionante manifestó que no ha obtenido una respuesta completa por
parte de las autoridades cuestionadas, ni clara, ni precisa ni congruente con lo
solicitado.
Adujo que las autoridades demandadas no le pueden exigir requisitos que no se
encuentran en la Constitución y en la Ley, para sustentar su petición frente a la
ruptura de la solidaridad de la deuda.
Resaltó el deber de conceder los recursos en sede administrativa y que, no
pueden suspender su servicio de energía eléctrica de forma unilateral sin antes
expedir un acto administrativo, previo a abrir el respectivo periodo probatorio
pues la empresa de energía no puede exigirle copia de la “carta catastral y el
levantamiento catastral (sic).”
4. Trámite de la solicitud de amparo
Por auto del 25 de mayo de 2023 se admitió la solicitud de tutela. En
consecuencia, se ordenó la notificación del presidente de la República y del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia,
así como a los representantes de la Comisión de Regulación de Energía y Gas,
de la Procuraduría General de la Nación, de la empresa de servicios públicos
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. - Afinia Grupo EPM y de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
A su vez, se denegó la medida cautelar solicitada.
5. Argumentos de defensa e intervenciones
5.1. Presidencia de la República y DAPRE
Esta autoridad solicitó que se le desvincule cualquiera que fuere el sentido de la
sentencia, pues esta es improcedente, dada la falta de legitimación en causa
por pasiva que existe en el presente caso y porque no se recurrieron a las vías
ordinarias disponibles.
Destacó que, no se aprecia que, la parte accionante haya agotado las vías
ordinarias para que se resuelvan sus reclamos, ni que se encuentre ante un
perjuicio inminente, que le impida acudir a dichas vías.
Indicó que, de manera subsidiaria, ante la inexistencia de una acción u omisión
que pudiese generar alguna vulneración al derecho fundamental invocado por la
accionante, pidió que se nieguen las pretensiones de la presente acción de
tutela respecto de la Presidencia de la República.
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Resaltó que en el OFI23-00047492 / GFPU 13150000 del 14 de marzo de 2023
la Presidencia, ante la falta de competencia, le informó a la parte actora la
remisión realizada a la entidad que se había encontrado competente
(superintendencia demandada), para que esta le respondiera de fondo dichas
peticiones, como consta en el OFI23-00047502 / GFPU 13150000 del 14 marzo
del 2023.
5.2. Procuraduría General de la Nación
Esta entidad solicitó su desvinculación de la acción de tutela se exonere de toda
responsabilidad a la Procuraduría General de la Nación, por cuanto esta ha
actuado conforme las competencias constitucionales y legales, sin que
pudiesen establecer responsabilidades que pudieran amenazar o atentar contra
los derechos enunciados por el accionante.
Precisó que, el tutelante solicitó la asistencia a una reunión del 30 de mayo de
2023, fecha que ya pasó, por consiguiente, esta tutela se configura la carencia
actual de objeto por hecho superado.
Informó que la Procuraduría General de la Nación no es competente para
atender de fondo las pretensiones del accionante, carece de legitimación en la
causa por pasiva.
Agregó que, la demanda resulta improcedente, por lo siguiente:
“En el presente asunto, no es procedente la acción de tutela en contra de
la Procuraduría General de la Nación dado que como se describió en
párrafos anteriores, no se ha recibido peticiones o solicitudes suscritas por
el señor ENRRIQUE ERASMO MEJÍA RAMOS, que este pendiente de ser
resuelta por parte de la entidad, es por ello que, siguiendo los lineamientos
del principio de legalidad, no le asiste responsabilidad alguna a esta
entidad. En consecuencia, la Procuraduría General de la Nación, no puede
establecer soluciones frente a las pretensiones del tutelante, como
tampoco se le puede atribuir responsabilidad alguna en caso de que se
haya vulnerado o puesto en riesgo los derechos fundamentales. Así las
cosas, la eventual obligación y responsabilidad que puede derivarse de la
presente acción deberá ser deducida única y exclusivamente respecto si
hubiese existido alguna solicitud por parte del accionante, y esta entidad”
(subrayado fuera del texto original)
5.3. CREG
Esta entidad solicitó su desvinculación porque frente a las pretensiones
planteadas por la actora, de acuerdo con las funciones, tanto generales como
específicas de la comisión, asignadas por las Leyes 142 y 143 de 1994,
ninguna tiene relación con la verificación y/o control sobre el cumplimiento de
las normas que rigen la actividad correspondiente a la prestación del servicio
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público de energía, y por tal razón, no tiene competencia alguna para
pronunciarse al respecto.
Mencionó que, en lo que respecta a la denuncia a la que la parte actora hace
mención en el escrito de tutela “una vez verificado el sistema de gestión
documental electrónica, por el área de tecnología, no se encontró recepción de
la misma, tal y como lo adjunta en el presente escrito”. Agregó la
documentación relacionada con la “traza correo”.
Informó que, se encontró multiplicidad de correos del remitente
melkiskammerer@hotmail.com que generaron alerta de cuarentena, es decir,
debido al volumen de correos recibidos por el mismo remitente, los correos
electrónicos llegaron a la bandeja de correo no deseado, por considerarse
riesgosos.
Precisó que, estos correos electrónicos que llegan a la bandeja de correo no
deseado por considerarse riesgosos entran en cuarentena por 30 días, pasado
este tiempo son eliminados, por esta razón no fue posible recuperar la petición
del actor. Consideró que, debido a las múltiples denuncias por asuntos
similares, no tuvo acceso a la totalidad de los escritos.
Advirtió que, de esta manera el derecho de petición, al igual que la acción de
tutela, está generando finalidades contrarias a las previstas para su ejercicio
ocasionando únicamente congestión en el sistema.
5.4. Caribemar (Afinia Grupo EPM)
Esta entidad se opuso a la prosperidad de la acción de tutela, al considerar lo
siguiente:
Indicó que, dio respuesta a la petición del actor. Agregó que, el accionante
presenta la misma narrativa de los hechos que en la reclamación en la cual
solicitó la ruptura de solidaridad.
Precisó que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante
“Resolución 20218600774525 del 3 de diciembre de 2021 confirmó la decisión
202030564576 -RE3110202027566 – del 14 de agosto de 2020 RAP
20218200031122…”, con la cual se resolvió la solicitud del demandante frente a
la ruptura de la solidaridad.
Afirmó que, si el accionante no se encuentra conforme con la resolución que
resolvió definitivamente su reclamación de ruptura de solidaridad proferida por
la aludida entidad debe demandar tal decisión a través del medio de control
correspondiente ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
Mencionó que, consultado el sistema comercial de la empresa y el área
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responsable de servicio técnico reporta que no existe orden de suspensión del
servicio en las fechas indicadas pues el servicio se encuentra activo.
5.5. Air-e
Esta entidad aclaró que no presta el servicio de energía en los departamentos
de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar, ello en cuanto a la segmentación de los
usuarios que se hizo entre las empresas Afinia y Air-e.
Adujo que, como la acción de tutela corresponden a un usuario del servicio de
energía de Afinia, es esta empresa la que puede responder de fondo a la
presente acción de tutela. Por tanto, solicitó su desvinculación.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 19915 y el numeral 2°
del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 20156, modificado por el Decreto
333 del 6 de abril de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena
del Consejo de Estado.
2. Cuestiones previas
2.1. Temeridad
El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra la figura jurídica de la
temeridad en materia de acción de tutela, de la siguiente manera:
“Cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.
La Corte Constitucional ha establecido los siguientes requisitos para declarar la
ocurrencia de esta figura, así: “(i) identidad fáctica y de derechos invocados en
relación con otra acción de tutela; (ii) identidad de demandante, en cuanto la
otra acción de tutela se presenta por parte de la misma persona o su
representante; (iii) identidad del sujeto accionado y; (iv) falta de justificación
para interponer la nueva acción”7.
5
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
6
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del
Derecho.
7
Sentencia T-883 de 2001, reiterada en la Sentencia T-151 de 2010.
10
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Demandante: Enrrique Erasmo Mejía Ramos
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02669-00
Esta Sala de Decisión8 ha precisado que la actuación temeraria tiene una
relación directa con el principio constitucional de la buena fe, prescrito en el
artículo 83 de la Constitución Política, por lo tanto, cuando se obra
temerariamente se vulnera este principio, en la medida en que, para satisfacer
un interés particular, el actor instaura deliberadamente y sin un motivo válido,
una nueva acción de tutela y como la buena fe se presume en todas las
actuaciones de los particulares ante las autoridades públicas, corresponde al
juez de tutela demostrar su existencia mediante un análisis profundo de las
pretensiones de las demandas, de los hechos y de los derechos en que éstas
se fundan9.
De la revisión en el aplicativo Samai, se observa que, el accionante presentó
otra acción de tutela identificada con el radicado 11001-03-15-000-2023-00550-
0010, cuyo conocimiento correspondió al magistrado ponente Alberto Montaña
Plata, integrante de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado que, mediante fallo del 2 de junio de 2023 (que no fue impugnado),
resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación efectuadas por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Presidencia de la
República, por las razones dadas.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela presentada por
Enrique Erasmo Mejía Ramos frente al reparo relacionado con la exigencia
de requisitos adicionales para acceder a la petición de rompimiento de la
solidaridad y conceder los recursos ordinarios, por las razones esgrimidas.
TERCERO: NEGAR la solicitud de amparo en todo lo demás, por las
consideraciones expuestas.
…”
En el fallo en mención se indicó que “[e]l 3 de febrero de 2023… Enrique
Erasmo Mejía Ramos presentó acción de tutela contra la Presidencia de la
República, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la empresa
de energía Afinia Grupo EPM para obtener la protección de sus derechos
fundamentales de petición… presuntamente vulnerados porque dichas
autoridades no dieron respuesta de fondo, clara y congruente a sus peticiones,
exigieron requisitos no establecidos en la ley y en la Constitución Política para
acceder al rompimiento de solidaridad y para conceder los recursos de
reposición y, en subsidio, de apelación contra la decisión que negó dicha
8
Sentencia del 23 de mayo de 2016, expediente 11001-03-15-000-2016-00813-00, con
ponencia de la Dra. Rocío Araújo Oñate.
9
Posición que ha sido adoptada por la Corte Constitucional, entre otras, en las sentencias T-
308 y T-145 de 1995, T-091 de 1996, T-001 de 1997, T-1215 de 2003.
10
Los escritos de tutelas aparecen coinciden en el nombre y la identificación del accionante.
11
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Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02669-00
solicitud.”11
En el hecho 8 de dicha sentencia se hizo mención a que el actor “[e]l 7 de
marzo de 2023, el actor presentó una tercera reclamación, la cual fue resuelta
por Afinia Grupo EPM, mediante el consecutivo No. 202370130021 de 17 de
marzo de 2023, en los mismos términos”, que las solicitudes del 14 de agosto
de 2020 y 13 de enero de 2023; pero en este expediente se observa como
anexo solo la última de las peticiones en cita.
Al respecto, se observa que si bien el accionante presentó escritos similares
que dieron origen a ambas acciones de tutela, la identificada con el radicado
11001-03-15-000-2023-00550-00 y la de la referencia, y que en aquella también
hizo mención de la petición del 7 de marzo de 2023 (objeto de la presente
demanda), lo cierto es que, no se configuran los elementos de la temeridad.
Esto, pues en la presente acción el actor incluyó a otras autoridades como
demandadas, a saber: la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la
Procuraduría General de la Nación, la empresa Air-e, mientras que el
expediente 11001-03-15-000-2023-00550-00 se delimitó el asunto a la
Presidencia de la República, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y la empresa de energía Afinia Grupo EPM.
De igual manera, se observa que, si bien formalmente existen similitudes en
cuanto a los hechos y pretensiones, en aquella el actor no enlistó las
pretensiones 9ª a 11 y las circunstancias fácticas se restringieron a las
autoridades que en esa oportunidad demandó.
Adicionalmente, no se observa el elemento subjetivo de este instituto relativo a
la mala fe o a que sin motivo justificado se presente la misma demanda de
tutela, pues el demandante promovió la primera acción el 3 de febrero de 2023
y la segunda el 19 de mayo de la misma anualidad y, para esta última fecha aún
no se había emitido el fallo en la demanda inicial (2 de junio de 2023), de lo cual
se infiere su necesidad extrema de defender sus derechos relacionados con la
prestación de su servicio público de energía eléctrica.
Por consiguiente, no se encuentra configurada la temeridad en el presente
asunto.
2.2. Solicitudes de desvinculación
El presidente de la República y al Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República de Colombia, así como de los representantes de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas y, de la Procuraduría General de la
11
Subrayado fuera del texto original.
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Nación solicitaron sus desvinculaciones, por carecer de legitimación en la causa
por pasiva.
Al respecto se observa que, la parte actora relató que presentó una “petición,
quejas y denuncias” que al parecer no fue atendida debidamente por parte de
las autoridades demandadas.
En consecuencia, se negarán tales peticiones, puesto que el sustento fáctico
expuesto por el demandante conlleva a que se les integre en el extremo pasivo
de la acción de tutela.
En relación con la precitada empresa de servicios públicos Air-e, que solicitó su
desvinculación, se observa que la petición objeto de demanda no fue enviada al
correo electrónico de dicha entidad y tampoco se encuentra prueba alguna de
que la parte actora haya radicado tal solicitud ante la mencionada sociedad.
Asimismo, se observa que, si bien en el escrito de tutela se hizo alusión a dicha
entidad, esta no fue incluida como demandada ni como tercero con interés en el
auto admisorio de la demanda.
No obstante, se observa que la sociedad Air-e presentó su informe, puesto que
al efectuarse la notificación de Caribemar, el mensaje se le envió también a
aquella empresa, así:
“EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARIBEMAR DE LA COSTA
S.A.S. E.S.P. - AFINIA GRUPO EPM
eMail: Serviciosjuridicos@afinia.com.co;
serviciosjuridicoseca@electricaribe.co; notificaciones.judiciales@air-e.com;
epm@epm.com.co; notificacionesjudicialesepm@epm.com.co”
Por tales motivos, la Sala se abstendrá de pronunciarse frente a dicha petición
de desvinculación, pues la petición objeto de demanda no se remitió a dicha
entidad y, porque tampoco se dispuso su vinculación formalmente en el auto
admisorio de la demanda.
Además, de que, en efecto carece de legitimación en la causa por pasiva en
tanto que no le presta el servicio de energía al accionante.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si las autoridades demandadas vulneraron el
derecho fundamental de petición y debido proceso de la parte actora con
ocasión de la omisión en resolver la solicitud que radicó el 7 de marzo de 2023,
en la que presentó una queja ante la negativa de la empresa de energía Afinia,
en dar trámite a de su solicitud de ruptura de solidaridad de la deuda por el
servicio de energía eléctrica. Asimismo, se analizará la procedencia de la
13
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acción de tutela respecto de decisiones administrativas y demás pretensiones
del demandante.
4. De la procedencia de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional,
según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante
los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que
sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas
o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de
1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no
es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas
en el artículo 6º del Decreto 2591 de 199112, entre otros motivos, la relativa a la
existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección
del derecho que se alega amenazado o vulnerado (subsidiariedad).
4.1. De la procedencia de las acciones de tutela frente al derecho
fundamental de petición. Ejercicio de dicha garantía respecto de
autoridades administrativas.
La mencionada garantía constitucional se encuentra consagrada en el artículo 23
de la Constitución Política, así: «Toda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su
ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales.»
La Corte Constitucional de manera reiterada ha considerado que el derecho
fundamental de petición cuenta con un núcleo esencial, el cual radica en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión solicitada13.
Por tanto, la vulneración de tal garantía se concreta ante la falta de una
respuesta de fondo, clara, oportuna y de manera congruente con lo solicitado, e
incluso cuando se omite la notificación de la respuesta al peticionario.
A su vez, la citada Corporación ha establecido que la existencia de otros
mecanismos para la obtención de información solicitada no es óbice para
contestarlo14.
12
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
13
Al respecto, se citan las sentencias T-377 de 2000, T – 1075 de 2003, T-1006 de 2001, entre
otras.
14
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De igual forma, ha establecido que este no se vulnera cuando la administración
no está en capacidad de responder por las características del caso concreto,
como, por ejemplo, al pedir información acerca de un documento que ha
desaparecido.
Ahora bien, el referido derecho también comprende la facultad de presentar
peticiones ante los funcionarios de la administración de justicia, pero solo en lo
que respecta a sus actuaciones de carácter administrativo.
Al respecto, la Corte Constitucional a modo de desarrollo jurisprudencial
compila en la sentencia T-377 de 200015 como parámetros para su protección
los siguientes:
i) el derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de
los mecanismos de la democracia participativa;
ii) su núcleo esencial reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión;
iii) la solicitud debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y
congruente con lo pedido;
iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser
lo más corto posible;
v) la contestación no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta
siempre en una respuesta escrita;
vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en
algunos casos a los particulares;
vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para
agotar la vía gubernativa16 y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho
fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado esa garantía
fundamental;
viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa;
ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del
deber de responder;
14
Sentencia T – 1075 de 2003.
15
Reiterados, entre otras, en las sentencias T-183 de 2013 y T-908 de 2014.
16
Expresión que desaparece en la Ley 1437 de 2011.
15
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x) ante la presentación de una petición, la entidad debe notificar su respuesta al
interesado.
A partir de lo antes expuesto, se procederá al análisis de caso concreto, así:
5. Caso concreto
La parte actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales de petición,
al debido proceso, de defensa y contradicción17, con ocasión de la “petición,
quejas y denuncias” que al parecer no fueron atendidas debidamente por parte
de las autoridades demandadas, relacionada con la prestación del servicio
público de energía eléctrica y su suspensión.
A su vez, la accionante pretende con la solicitud de tutela, entre otros asuntos,
que se ordene al superintendente de Servicios Públicos iniciar las sanciones
contra las empresas Afinia por pedirle requisitos que no están establecidos en
la Constitución y la ley para darle trámite a su solicitud de ruptura de la
solidaridad en el pago de una deuda pro el servició de energía, así como por
suspender el servicio de energía de forma unilateral sin la previa expedición de
un acto administrativo y que se realice un consejo comunal respecto de dicho
servicio en el departamento del Cesar, particularmente en el municipio de
Valledupar.
Para resolver, se precisa que entre los anexos que aportó la accionante con la
demanda de amparo, se encuentra que la petición la dirigió a las siguientes
autoridades:
“
VALLEDUPAR 6 de marzo DEL 2023
Doctor
Gustavo [P]etro
Presidente de Colombia y director de la comisión de regulación de enrgia y
gas y agua potables
Doctor
Dagoberto Buitrago SUPERINTENDENTE DE SERVICIO PÚBLICOS
DOMICILIARIOS, y superior jerárquico funcional de las empresa[s] de
servicios públicos domiciliarios
Doctor
DIEGO ALEJANDRO OSSA URREA
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE
DOCTORA
17
Asimismo, la demandante hizo referencia al “…núcleo esencial del derecho de petición, la
administración de justicias, a una tutela judicial efectiva, a la dignidad humana, a la salud, a la
vida, a la educación, a una vivienda digna, al debido proceso administrativo, derecho a la
defensa, contradicción, a la doble instancia igualdad legalidad tipicidad, buena fe confianza
legítima, y acto propio, a un servicio esencial de energía, a la dignidad humana, y a los
precedente[s] de la cortes…”
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MAGDA YANETH CASTAÑEDA GUTIÉRREZ
JEFE OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICO DOMICILIARIOS
SEÑORES
PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA,
CORREO DE NOTIFICACIONES JUDICIALES:
PROCESOSJUDICIALES@PROCURADURIA.GOV.CO
Ref. derecho de petición, denuncia y queja de conformidad con los artículos,
1,2,3,4,6… el presidente y director de la comisión de regulación de energía y
gas conforme al artículo 3 numeral 1 de la resolución 108 de 1997 doctor
[G]ustavo [P]etro doctor Dagoberto Buitrago superintendente de servicio
públicos domiciliarios, doctor diego Alejandro Ossa Urrea o quien haga sus
veces superintendente delegado para energía y gas combustible, doctora
Magda Yaneth Castañeda Gutiérrez o quien haga sus veces jefe oficina de
control disciplinario interno de la superintendencia de servicios p[ú]blico
domiciliarios, señores procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de
la función pública, para que ordenen PARA QUE EL PRESIDENTE y director
de la comisión de regulación de energía y gas conforme … ordenen a la …
donde más del 90% de los recursos de apelación y de quejas son fallada en
contra de los usuarios exigiendo requisito no autorizado por la constitución Y
LA LEY…”18
Para tal efecto, la parte actora acreditó los radicados de tal “petición, quejas y
denuncias” ante todas las autoridades a las que aludió en el escrito de tutela,
así:
“RE: denuncia 137 ENRRIQUE ERASMO MEJIA RAMOS
MELKIS KAMMERER KAMMERER
Mar 7/03/2023 4:25 PM
Para:
notificacionesjudiciales@superservicios.gov.co
<notificacionesjudiciales@superservicios.gov.co>;
notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co
<notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co>;
serviciosjuridicos@afinia.com.co <serviciosjuridicos@afinia.com.co>;
oficiales creg <oficiales.creg@creg.gov.co>;
Procesos Judiciales - Oficina Juridica
<procesosjudiciales@procuraduria.gov.co>;
seguridaddigital@creg.gov.co <seguridaddigital@creg.gov.co>;
notificaciones.judiciales@creg.gov.co
<notificaciones.judiciales@creg.gov.co>;
creg@creg.gov.co <creg@creg.gov.co>
18
Transcrito del original con posibles errores.
17
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DENUNCIA 137 COMISION POR DIRECCION ENRRIQUE ERASMO MEJIA
RAMOS identificado con la cedula de ciudadanía N. 1.753.63 5 ante la
empresa con el NIC 5360581.pdf;
NOTIFICACIONES
La parte accionante recibe notificación en la CRA 14 No 17-33 Valledupar,
cesar, y autorizo el correo electrónico oficinadequejasyreclamos@gmail.com
3205241038
ENRRIQUE ERASMO MEJIA RAMOS identificado con la cedula de
ciudadanía N. 1.753.63 5 ante la empresa con el NIC 5360581
…” (subrayado fuera del texto original)
Por lo anterior, se procederá al análisis de la presunta vulneración del derecho
fundamental de petición de la parte accionante, luego frente al debido proceso
administrativo y sobre las demás pretensiones, así:
5.1. Frente al derecho fundamental de petición
Debido a lo extenso del escrito de tutela, así como la solicitud presentada por la
accionante, se procederá a identificar de cada escrito lo pretendido, para luego
cotejarlos con la información suministrada por las demandadas y sus anexos,
así:
5.1.1. Contenido de la petición
i) La actora solicitó que la Procuraduría le ordene al presidente de la República
y superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios que realicen y asistan a
un consejo comunal y cumplan con sus funciones.
ii) Que el presidente de la República, el director de la Creg, el superintendente
de Servicios Públicos Domiciliarios, sus delegados y el jefe de control interno
disciplinario, así como la Procuraduría General de la Nación le soliciten a unas
autoridades resolver varios interrogante, como: A) ¿con que fundamento
constitucional exigen requisitos adicionales para darle tramite al núcleo esencial
del derecho de petición’…”19
iii) Pidió que se ordene a la superintendencia en cita a que manifieste el motivo
por el cual más del 90% de los recursos de queja y de apelación son decididos
en contra de los usuarios siendo la entidad de segunda instancia como superior
de las empresas de servicios públicos.
vi) Requirió que se garantice su derecho fundamental de petición, con la cual se
19
Transcripción literal del original.
18
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le concedan sus recursos de reposición y apelación ante la superintendencia en
mención.
v) Solicitó que, se ordene a el gerente de Afinia que no suspenda el servicio de
energía hasta tanto no haya una decisión administrativa definitiva y que se le
advierta que debe mediar un acto administrativo.
vi) Pretendió que la superintendencia en cita decida su recurso de apelación
como lo hizo en la respuesta 20218200163555 del 18 de mayo de 2021, en la
que, según su dicho, no es necesario aportar los documentos con los cuales
cuenta la empresa, como el certificado de libertad y tradición.
vii) Pidió que el presidente de la República y la Creg le den cumplimiento a la
sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, del 5 de abril de 2021,
expediente: 11001 03 24 000 2020 00058 00.
viii) Requirió que las demandadas le exijan al Concejo de Valledupar que
presenten la metodología que utilizaron para cobrar el impuesto de alumbrado
público debido que se vienen recaudando 100 [veces] lo que cobran en las
facturas de energía al sector comercial y de servicios.
ix) Pretendió que el presidente “realice” un consejo comunal de servicios público
en Valledupar.
5.1.2. Pretensiones de la acción de tutela
Al respecto, se observa que los aspectos sobre los cuales la parte actora
presentó la demanda de tutela que resultan coincidentes con la petición que
formuló ante las entidades demandadas se refieren a su inconformidad respecto
del trámite administrativo y las decisiones frente a la solicitud de la ruptura de la
solidaridad por la deuda en el servicio de energía.
De manera que, el siguiente estudio se centrará en establecer si a la
demandante se le vulneró o no su derecho fundamental de petición en atención
a lo que considera corresponde a una “suspensión ilegal” de su servicio de
energía eléctrica y, lo atinente al debido proceso administrativo.
Conforme con lo anterior, se procederá a cotejar tales pretensiones con los
informes y anexos aportados por las entidades demandadas, así:
5.1.3. Informes de las demandadas
a) Presidente de la República y el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República:
Al respecto, se advierte que, entre la documentación aportada obra el oficio
19
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OFI23-00047492 / GFPU 13150000 del 14 de marzo de 2023 en el que la
Presidencia, ante la falta de competencia, le informó a la accionante la remisión
realizada a la entidad que se había encontrado competente, en este caso, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para que esta le
respondiera de fondo su petición, así:
“Señor
ENRIQUE ERASMO MEJIA RAMOS
melkiskammerer@hotmail.com;oficinadequejasyreclamos@gmail.com
OFI23-00047492 / GFPU 13150000
Asunto: EXT23-00041691
Respetado Señor Mejía:
En nombre del señor Presidente de la República, reciba un cordial saludo.
En atención a su comunicación radicada en esta entidad, en la que solicita
intervención en materia de servicios públicos.
En virtud de lo anterior, de manera atenta, procedo a dar respuesta a su
comunicación en lo siguiente:
…
Asunto materia de consulta.
Por lo anterior, en razón a su solicitud, me permito informarle que, de
conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 "Por la
cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo", modificado por la Ley 1755 de 2015, se ha dado traslado a su
comunicación a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
entidad(es) legalmente facultada(s), para conocer del tema expuesto por
usted en su misiva, y tomar las acciones a que haya lugar, de acuerdo a la
consideración y fines pertinentes.
Le sugerimos estar atento para recibir las respectivas respuestas. En caso de
presentar alguna inquietud, le invitamos a dirigirse directamente a esa entidad
a través de sus canales de atención o al siguiente correo electrónico:
sspd@superservicios.gov.co.”
Además, se encuentra que con el oficio OFI23-00047502 / GFPU 13150000 del
14 de marzo de 2023, el jefe de Relacionamiento con el Ciudadano de la
Presidencia remitió el asunto al superintendente Delegado para la Protección al
Usuario y la Gestión en Territorio, así:
“Respetado Doctor Triviño:
En nombre del señor Presidente de la República, señor Gustavo Petro, reciba
un cordial saludo.
20
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Demandante: Enrrique Erasmo Mejía Ramos
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02669-00
De manera atenta, le remito la comunicación radicada en esta entidad,
suscrita por el señor ENRIQUE ERASMO MEJIA RAMOS, en la que, por
hechos expuestos en el escrito, solicita intervención en materia de servicios
públicos.
Damos traslado del escrito en mención, para que, en el ámbito de sus
funciones y competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo 21
de la Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, modificado por la Ley 1755
de 2015, se sirva ordenar a quien corresponda, evaluar el caso expuesto en
el documento anexo, y tomar las acciones a que haya lugar.
…”20
Adicionalmente, se incluyeron los reportes de trazabilidad de los envíos de las
mencionadas comunicaciones.
Por tanto, frente a dichas autoridades se denegará la solicitud de tutela, puesto
que, se siguió el trámite regulado para garantizar el derecho fundamental de
petición cuando se carece de competencia.
b) Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia Grupo EPM)
Al respecto, se encuentra que la precitada empresa allegó la respuesta a la
petición presentada por el demandante el 7 de marzo de 2023, así como las
constancias de su notificación, así:
“Consecutivo No.202370130021 VALLEDUPAR, 17/03/2023
Señor:
ENRRIQUE ERASMO MEJÍA RAMOS
CARRERA 14 N° 17- 33 VALLEDUPAR CESAR
NIC: 5360581
ASUNTO: Petición No. RE3110202314769 NIC No. 5360581
Estimado Señor Mejía:
En atención a su petición presentada en nuestras oficinas el 07 de marzo de
2023, en donde solicita solidaridad de las deudas resolución
20218600774525 DEL 03/12/2021, al respecto le manifestamos lo siguiente:
En primera instancia, se observa que usted presentó petición el día 14 de
agosto de 2020 bajo el radicado No. RE3110202027566 reclamando por
solidaridad de las deudas del periodo contractual que va de febrero de 2012
20
Transcrito con posibles errores.
21
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Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02669-00
(fecha del contrato de arrendamiento) hasta junio de 2020 (fecha de término
del contrato de arriendo).
Como respuesta a dicha petición nuestra empresa emitió la decisión No.
202030564576 de fecha 24 de agosto de 2020 en la cual se le informó y
explicó que no es procedente declarar el rompimiento de solidaridad, toda vez
que como propietario ha dejado de hacer efectivo el contrato de arriendo y
consintió la deuda dejada por el inquilino. Le reiteramos que la empresa
cumplió con su obligación de suspender el servicio. En virtud de lo anterior, es
preciso informarle que solo en los términos del artículo 130 de la Ley 142 de
1994 se rompe la solidaridad, quedando a cargo del arrendatario la
responsabilidad del pago del servicio y demás conceptos que se le imputen al
inmueble durante el ejercicio de prestación del servicio de Energía Eléctrica.
Esta responsabilidad retornará al propietario una vez se haya terminado el
contrato o en el momento en que la empresa haga exigible la garantía de
pago para cancelar facturas adeudadas.
Igualmente, se observó que en dichas respuestas le fueron concedidos los
respectivos recursos de Ley, con el fin de garantizarle el debido proceso, tal y
como lo estipula el Art. 154 de la ley 142/94.
En consecuencia, el día 7 de septiembre de 2020 fueron presentados los
respectivos recursos de ley, por lo que, mediante el consecutivo no.
202030634692 del 21 de septiembre de 2020, se decidió confirmar la decisión
inicial, toda vez que, se informó que la empresa efectúo varias acciones de
suspensión a dicho suministro, en consonancia a lo establecido en el Artículo
140 de la ley 142/94, por lo cual, no resultaba procedente acceder a sus
pretensiones.
Así las cosas, se observa en sistema que, fue enviado el expediente del caso
a la Superintentendecia (sic) de Servicios Públicos Domiciliarios, por lo que,
mediante resolución No. 20218600774525 DEL 03/12/2021, el ente de control
procedió a confirmar la decisión No. RE3110202027566 emitida por la
empresa, por lo tanto, Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P se limita a cumplir
con lo ordenado.
Por lo anterior, le informamos que no se accede a su petición.
…”21
En relación con la notificación, se advierte que tal diligencia se intentó realizar
de manera personal con la correspondiente citación así:
“Consecutivo No. PC202370144282
PUBLICACIÓN DE CITACIÓN
21
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Teniendo en cuenta que: a) El usuario ENRRIQUE ERASMO MEJIA RAMOS
reportó como dirección de notificación para la respuesta a la petición
presentada el día 07/03/2023 00:00:00, radicada bajo el número
RE3110202314769, la siguiente dirección CARRERA 14 N° 17- 33
VALLEDUPAR CESAR; b) La Empresa de correo reportó en su guía
certificada que esta no pudo ser entregada; c) Que en atención a lo anterior,
Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P. declara que en este instante del trámite
de la petición desconoce la dirección actual del usuario y/o destinatario, razón
por la cual se procede a notificar la citación No. 202370130020 de fecha 17-
03-2023, mediante su publicación, tal como lo establece el artículo 68 del
(CPACA) Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, así:
La presente citación se publica el día: 30/03/2023 00:15:36.0 y hasta por
cinco (5) días.
…”22
De igual manera, la empresa en mención aportó constancia de tales
documentos y de la entrega de la notificación por aviso recibida por “Melkis
K…”.
Así las cosas, se observa que Caribemar respondió de fondo la solicitud
presentada por la actora, en lo que a dicha empresa correspondía.
Por tanto, se denegará el amparo del derecho fundamental de petición
pretendido frente la referida sociedad.
c) Procuraduría General de la Nación
Esta entidad sostuvo que el accionante solicitó la asistencia a una reunión del
30 de mayo de 2023, fecha que ya pasó, por consiguiente, en esta tutela se
configura la carencia actual de objeto por hecho superado y que, no es
competente para atender de fondo las pretensiones del actor.
En relación con la asistencia al consejo comunal, tal y como se resolverá más
adelante se declarará la improcedencia de la acción de tutela.
No obstante, encuentra que la parte actora también remitió la petición del 7 de
marzo de 2023 a dicha entidad al correo “Procesos Judiciales - Oficina
Jurídica procesosjudiciales@procuraduria.gov.co”; sin que exista una
respuesta de fondo.
Por lo que, se accederá a lo pretendido respecto del derecho fundamental de
petición en lo que corresponde a dicha parte, con el fin que la Procuraduría dé
22
Transcrito con posibles errores.
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respuesta en el marco de sus competencias y dentro del alcance
correspondiente.
d) Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Esta entidad no presentó su informe ni aportó documentación relacionada con
la petición de la accionante del 7 de marzo de 2023.
Por lo que, se aplicará lo dispuesto en el artículo 20 del decreto 2591 de 1991,
que establece como presunción de veracidad que cuando el informe no fuere
rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se
entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra
averiguación previa.
En consecuencia, se accederá al amparo del derecho fundamental de petición
de la demandante en lo que corresponde a dicha entidad.
e) CREG
Esta entidad en su informe manifestó que en lo que respecta a la denuncia de la
parte actora, una vez verificado el sistema de gestión documental electrónica,
por el área de tecnología, no se encontró recepción de la misma.”.
Informó que, se advirtió una multiplicidad de correos del remitente
melkiskammerer@hotmail.com que generaron alerta de cuarentena y solo se
podían recuperar mensajes de la bandeja de cuarentena 30 días atrás, por esta
razón, al hacer la revisión del mismo, no permitió realizar dicha acción, y por
tanto, darle trámite.
Para tal efecto adjuntó documentación relacionada con la “traza correo”, en la
que, en efecto no se encontró al accionante.
No obstante, encuentra que la parte actora también remitió la petición del 7 de
marzo de 2023 a dicha entidad a los correos “oficiales creg
oficiales.creg@creg.gov.co; seguridaddigital@creg.gov.co
seguridaddigital@creg.gov.co; notificaciones.judiciales@creg.gov.co
<notificaciones.judiciales@creg.gov.co; creg@creg.gov.co creg@creg.gov.co,
sin que exista una respuesta de fondo.
Por lo que, se accederá a lo pretendido respecto del derecho fundamental de
petición en lo que corresponde a dicha parte.
5.2. En relación con el derecho al debido proceso
La parte actora cuestionó la decisión administrativa con la cual Caribemar no
accedió a su solicitud de ruptura de la solidaridad en el pago de una deuda
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por el servicio de energía eléctrica, así como lo del trámite de sus recursos.
En efecto, se observa que aludida empresa informó sobre las actuaciones
surtidas y aportó copia de las decisiones expedidas en el trámite
administrativo.
Particularmente, se encuentra que la Superintendencia de Servicios Públicos
mediante Resolución SSPD – 20218600774525 del 03-12-2021, en el
expediente 2021820390104373E decidió el recurso de apelación, al confirmar
su decisión administrativa dictada por Caribemar, en la que señaló que no
procedía la ruptura de solidaridad pretendida por la parte accionante, así:
“RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. - CONFIRMAR la decisión No. No. 202030564576 de
fecha 2020/08/24, proferida por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P,
todo de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
ARTÍCULO SEGUNDO - NOTIFICAR personalmente el contenido de la
presente Resolución, a la señor (a) ENRRIQUE ERASMO MEJIA BARROS,
identificado(a) plenamente en el expediente, quien para el efecto puede ser
citado(a) CARRERA 14 NO 17 - 33 LA GRANJA, de la ciudad de
VALLEDUPAR / CESAR, haciéndole entrega de una copia de la misma y
advirtiéndole que contra ésta no proceden recursos por agotado el
procedimiento administrativo. De no de lograrse la notificación personal debe
hacerse de acuerdo con lo previsto en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR personalmente del contenido de la
presente Resolución al Representante Legal del prestador CARIBEMAR DE
LA COSTA S.A.S. E.S.P., o a quien haga sus veces, quien puede ubicarse en
la CR 3 B NO 26 - 78 ED CHAMBACU PISO 3 de la ciudad de CARTAGENA /
BOLIVAR, o en su defecto y en cumplimiento del artículo 56 de la Ley 1437
de 2011 en el correo electrónico notificacionsspd@afinia.com.co haciéndole
entrega de una copia de esta para su cumplimiento.
ARTÍCULO CUARTO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
notificación y contra ella no proceden recursos por encontrarse agotada la vía
administrativa.
…”
Así las cosas, la Sala no observa una vulneración al debido proceso
administrativo respecto de Caribemar, puesto que el trámite al que hizo
referencia en su informe, el cual documentó con el material aportado al
plenario, dan cuenta de que, en lo que a la empresa correspondía el trámite
se surtió conforme a lo dispuesto en las normas aplicables al caso concreto,
en especial, de las Leyes 142 de 1994 y 1437 de 2011.
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A su vez, si bien se encuentra que la superintendencia en cita no presentó su
informe, ni algún documento relacionado con el cual lograra demostrar que
dicha resolución hubiese sido notificada a la parte demandante, esta sí
conoce de su existencia pues así lo manifestó en el escrito de tutela,
específicamente en el hecho primero de la demanda, de la siguiente manera:
“…la empresa declara improcedente y concede los recurso de ley ante la
superservicios, donde está según la resolución20218600774525 DEL 3 de
marzo del 2021 DONDE LA Superservicios confirma LA decisión No
202030564576 del 24 de agosto del 2020 alegando, QUE LA dirección que
aparece en el contrato de arriendo no coincide con la dirección que
aparece en la factura de energía donde la empresa y la superservicios NO
tienen el permiso del ministerio de la función pública para exigir requisito
no autorizado por la ley para por conceder el derecho esencial de petición
en la modalidad de cumplimiento…”
Al respecto, se precisa que para cuestionar la presunción de legalidad que
recae en dicho acto administrativo, la demandante tiene a su alcance el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 13823
de la Ley 1437 de 2011.
Además, debe indicarse que la acción de tutela no es el medio judicial para
cuestionar la legalidad de los actos de la administración, bajo la justificación de
que se vulneró el núcleo esencial de la aludida garantía, cuando las respuestas
no se encuentran acordes con el querer el peticionario.
Lo anterior, por cuanto los actos administrativos proferidos por las empresas de
servicios públicos en desarrollo de un contrato son actos de carácter particular y
concreto, los cuales tienen control judicial24, así como las decisiones que emite
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Finalmente, no se encuentra la configuración de un perjuicio irremediable. Esto,
en atención a que no se acreditó que la parte actora sea un sujeto de especial
protección constitucional y que, además no se le esté prestando el suministro
de energía eléctrica al inmueble, conforme con lo indicado por la empresa
Caribemar.
Por consiguiente, se declarará la improcedencia de la acción de tutela respecto
de la protección de dicha garantía en cuanto a los reparos efectuados en contra
de la sociedad Caribemar y la Superintendencia de Servicios Públicos
23
“ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se
crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se
declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas
causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.”
24
En este mismo sentido se pronunció la Sala en la sentencia de 3 de febrero de 2022, M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2021-10252-00.
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Domiciliarios, pues la accionante cuenta con otro medio judicial de defensa para
cuestionar la presunción de legalidad de la decisión administrativa definitiva.
5.3. De las demás pretensiones
Al respecto, se observa que la accionante formuló otros planteamientos que, a
su juicio, implican una vulneración de las garantías constitucionales, como lo
son: 1) la realización y asistencia a un consejo comunal por parte del presidente
de la República y demás autoridades, 2) que la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios emita órdenes a las empresas de servicios públicos, 3)
que las demandadas le ordenen al Concejo municipal de Valledupar para que
explique la metodología para cobrar impuestos, 4) que el presidente y la CREG
den cumplimiento a la sentencia del Consejo de Estado25, 5) que se ordene
explicar el motivo por el cual, a juicio de la demandante, deciden de manera
adversa los recursos, 6) y que expliquen las razones de las “exigencias
documentales” en dichos trámites administrativos y el alto consumo de aseo en
Valledupar.
No obstante, la Sala considera que con tales pretensiones se plantean
cuestiones que se encuentran regladas y para cuya inobservancia se establece
en el ordenamiento otro tipo de acciones o medios judiciales.
De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la
obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del
ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los
cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento
de los recursos legales deviene en la improcedencia de este mecanismo.
En este orden de ideas, se observa que el debate planteado por la actora más
allá de estar enfocado en si se dio o no una respuesta de fondo a su solicitud,
en realidad radica en la inconformidad que tiene no solo por la decisión en sede
administrativa frente a su solicitud de ruptura de solidaridad de la deuda, sino
con las funciones y competencias de las autoridades demandadas, para lo cual
no está consagrada la acción de tutela.
Por tanto, en lo que respecta a dichas pretensiones se declarará la
improcedencia de la acción de tutela.
En consecuencia, se decidirá así: i) se denegarán las solicitudes de
desvinculación, salvo la de la empresa Air-e; ii) se denegará la solicitud de
tutela frente al presidente y el Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República y la sociedad Caribemar; iii) se accederá al amparo del derecho
fundamental de petición respecto de la CREG, la Procuraduría General de la
25
Del “cinco (5) de abril de dos mil veintiuno (2021) Expediente: 11001 03 24 000 2020 00058
00…”
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Nación y, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, iv) se
declarará la improcedencia respecto de la protección del debido proceso de la
demandante en cuanto a la legalidad de la Resolución SSPD –
20218600774525 del 3 de diciembre de 2021 expedida por la aludida
superintendencia, y finalmente, v) se declarará la improcedencia de la acción de
tutela frente a las demás pretensiones.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación de las demandadas,
conforme con lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: Deniégase la solicitud de tutela respecto de la protección del
derecho fundamental de petición que invocó el señor Enrrique Erasmo Mejía
Ramos del presidente y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y, la sociedad Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia Grupo
EPM), por los motivos descritos anteriormente.
TERCERO: Accédese al amparo de los derechos fundamentales de petición
para que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Procuraduría
General de la Nación y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
esta providencia, respondan de fondo, clara y congruente lo solicitado por la
accionante en su solicitud remitida vía electrónica el 7 de marzo de 2023, por
los motivos expuestos.
CUARTO: Declárase la improcedencia de la acción presentada por la
accionante en lo que concierne a los reparos expuestos en contra de la
20218600774525 del 3 de diciembre de 2021, expedida por la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, conforme con lo señalado en las
consideraciones de este proveído.
QUINTO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela frente a las demás
pretensiones.
SEXTO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
SÉPTIMO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los 3 días siguientes
a la notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
28
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Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-02669-00
eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del
Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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