Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00559-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00559-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00559-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
9 de marzo de 2023
Radicado: 11001 03 15 000 2023 00559 00
Demandante: Jero S.A.S.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Expediente: 11001 03 15 000 2023 00559 00
Accionante: Jero S.A.S.
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Tesis: Incumple el requisito de relevancia constitucional frente al derecho
fundamental al debido proceso, la acción de tutela interpuesta en contra de una
providencia judicial, si no se advierte la afectación del núcleo esencial del
mencionado derecho, el asunto es meramente legal y se pretende usar el
mecanismo constitucional, como una instancia adicional dentro del trámite ordinario.
ACCIÓN DE TUTELA – PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por la sociedad Jero S.A.S., a través
de apoderado judicial, invocando la protección del derecho fundamental al debido
proceso, con ocasión de la sentencia del 22 de julio de 2022, emitida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con número de radicado 76001 33 33 015 2018 00006
01.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. La sociedad Jero S.A.S. solicitó la protección del derecho fundamental
enunciado, para lo cual formuló la siguiente pretensión:
“3. PRETENSIONES
PRIMERA: Que se DECLARE vulnerado por parte del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, el derecho fundamental del
DEBIDO PROCESO, con ocasión al indebido trámite llevado dentro del proceso
con radicado No. 76001-33-33-015-2018-000006-00 ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 00559 00
Demandante: Jero S.A.S.
SEGUNDO: En consecuencia, se deje sin efecto la sentencia judicial de
segunda instancia No. 146 del 22 de julio de 2020, proferidas dentro del proceso
con radicado No. 76001-33- 33-015-2018-000006-00, y se PROFIERAN
decisiones ajustadas a derecho, donde se le de valor al material probatorio
aportado, a las normas que regulan la materia y la Jurisprudencia.” 1
1.2. Como sustento de lo anterior, a título de hechos, señaló que, a través de la
Resolución No. 4113.010.24.064. del 14 de febrero de 2017, que fue confirmada por
la Resolución No. 4133.010.21.662 del 26 de julio de 2017, el Departamento
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (en adelante DAGMA) de la ciudad
de Cali, la encontró responsable de la afectación al sistema de flujo de aguas
subterráneas y de los niveles del aljibe concesionado bajo el número Vc-886, daños
que se produjeron como consecuencia de las excavaciones que la actora llevó a
cabo para la ejecución de la obra del Hotel La Sagrada Familia. Por ende, le impuso
una multa de treinta y siete millones ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos setenta
y seis pesos ($ 37.134.476).
Expuso que, en contra de las aludidas decisiones, impetró demanda de nulidad y
restablecimiento, que correspondió en primera instancia al Juzgado 15
Administrativo Oral del Circuito de Cali que, en sentencia dictada en audiencia el 17
de junio de 2019, declaró la nulidad de los actos enjuiciados.
Sostuvo que, en contra de esa providencia, interpuso recurso de apelación, debido
a que no se accedió a pretensión relacionada con la condena en costas. Agregó
que, por su parte, el DAGMA presentó la alzada el 28 de junio de 2019.
Arguyó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia del 22 de
julio de 2022, notificada el 4 de agosto de ese año, revocó el fallo de primera
instancia y negó las pretensiones del libelo introductorio. Anotó que dicha decisión
atentó contra su derecho fundamental al debido proceso al desconocer los principios
de tipicidad y legalidad del procedimiento administrativo sancionatorio, puesto que
la autoridad judicial accionada pretendía subsanar las falencias del trámite
adelantado por el DAGMA dentro del proceso judicial.
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Visible a folio 31 del escrito de tutela
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Demandante: Jero S.A.S.
En ese sentido, luego de referirse de manera general al derecho fundamental al
debido proceso y a los principios de legalidad y tipicidad, reprochó que la decisión
impugnada ignoró que en el auto de formulación de cargos del procedimiento
sancionatorio, no se individualizaron las normas que supuestamente habían sido
infringidas por la conducta investigada, ni tampoco se indicó cuál era la sanción o
medida a la que se enfrentaría esa sociedad de ser hallada responsable, de manera
que se había vulnerado lo previsto en el Decreto 1541 de 1978 y en los artículos 24
de la Ley 1313 de 2009 y 47 de la Ley 1437 de 2011.
Destacó que el Tribunal, sin ningún tipo de sustento, adecuó la conducta que le fue
imputada a lo previsto en los artículos 238 y 239 del del Decreto 1541 de 1978, pero
que no indicó cuáles de los numerales o literales de dichas disposiciones habían
sido desconocidos por esa empresa. Dijo que el DAGMA había impuesto a su
arbitrio el valor de la sanción, pues el único criterio que fue tenido en cuenta fue la
capacidad socioeconómica de esa empresa.
Concluyó que en la providencia demandada no se realizó un estudio de las normas
que regulan el proceso sancionatorio ambiental y que, por el contrario, le fue
atribuida a esa empresa, la obligación de interpretar el pliego de cargos elaborado
por el DAGMA.
II. TRÁMITE DE LA TUTELA
2.1. A través de auto calendado el 7 de febrero de 2023, el Despacho
sustanciador admitió la acción de tutela. Particularmente, ordenó notificar a los
Magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y comunicar
al Juzgado 15 Administrativo Oral del Circuito de Cali, al DAGMA y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Igualmente, requirió al señor Jorge Leonardo Jerónimo Jiménez Aguirre, para que
allegara el documento que acreditara que en la actualidad ostenta la representación
de la sociedad Jero S.A.S. Además, requirió al abogado Hernando Morales Plaza,
para que remitiera el acto de apoderamiento que lo habilitara a actuar a nombre de
dicha empresa en este asunto2.
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Demandante: Jero S.A.S.
Los anotados mandatos fueron observados por medio de memorial del 14 de febrero
de 2023, en el que el aludido profesional del derecho allegó el correspondiente
certificado de existencia y representación en el que consta que el señor Jiménez
Aguirre sí tiene la representación legal de la sociedad actora. Igualmente, remitió el
respectivo acto de apoderamiento que lo habilita a actuar en el trámite de la
referencia3.
2.2. Por oficio del 14 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca pidió que se niegue la acción de amparo señalando que la decisión
controvertida se soportó en el material probatorio obrante en el proceso ordinario,
de ahí que concluyera válidamente que en el procedimiento ambiental sancionatorio
se habían respetado las garantías constitucionales y legales de la empresa actora
y, por ende, no accedió a las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho objeto de controversia4.
2.3. Por su parte, el Departamento Administrativo de Gestión Medio Ambiente
de Cali, contestó el escrito de tutela en oficio de 15 de febrero de 2023, solicitando
su desvinculación del presente asunto, bajo el argumento que respetó las garantías
de defensa de Jero S.A.S, dando estricto cumplimiento a la normativa que regula el
procedimiento sancionatorio iniciado en su contra. De ahí que afirmara que no
participó en la trasgresión de los derechos fundamentales de la empresa
demandante, que es alegada en esta sede.
Finalmente, alegó que la “accionante, ya ha acudido a la intervención de la
administración de justicia al respecto, tal como se prueba en los anexos que se
aporta, por lo tanto resulta improcedente hablar de vulneración en favor de la
accionante, máxime, cuando existiendo otros mecanismos de defensa judicial, los
mismos ya fueron agotados”5
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
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Visible en el índice número 11 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
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Visible en el índice número 12 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI
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Visible en el índice número 13 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
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Demandante: Jero S.A.S.
De conformidad con lo previsto por el numeral séptimo del artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333
de 20216, y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de
2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las
acciones de tutela entre las secciones, y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de
estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente
asunto.
3.2. Hechos
3.2.1. Mediante la Resolución No. 4113.010.24.064. del 14 de febrero de 2017,
confirmada por la Resolución No. 4133.010.21.662 del 26 de julio de 2017, el
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA de la ciudad
de Cali, sancionó a la empresa actora con una multa de treinta y siete millones ciento
treinta y cuatro mil cuatrocientos setenta y seis pesos ($ 37.134.476), al encontrarla
responsable de la afectación sistema de flujo de aguas subterráneas y de los
niveles del aljibe concesionado Vc-886, causados por las excavaciones
desarrolladas dentro de la obra Hotel La Sagrada Familia.
3.2.2. En contra las precitadas decisiones, la sociedad Jero S.A. interpuso demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, que correspondió al Juzgado 15
Administrativo Oral del Circuito de Cali que, en fallo del 17 de junio de 2019, declaró
la nulidad de los anotados actos administrativos. Sin embargo, dicha providencia
fue revocada por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca en sentencia del 22
de julio de 2022, por la cual, se denegaron las pretensiones del libelo introductorio.
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“ARTICULO 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:
(…)
7. Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la
Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que
se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto.(…)”
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Demandante: Jero S.A.S.
3.2.3. Inconforme con la decisión de segunda instancia, la sociedad Jero S.A.S.
presentó la petición de amparo de la referencia, alegando que fue vulnerado su
derecho al debido proceso.
3.3. De la verificación del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela.
3.3.1. De la relevancia constitucional
En la sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que el primero de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
es que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional. En
ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”.
Asimismo, la mencionada sentencia precisó que “los fundamentos de una decisión
de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la
relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a
estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
A partir de lo dicho, el concepto de la relevancia constitucional ha sido decantado
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En sentencia SU–573 de 20197, el
alto tribunal constitucional explicó que este requisito persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
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M.P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-
103 de 2022.
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(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice
para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces.
Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en la citada
sentencia SU-215 de 20228, decisión en la cual, además, expuso la clave que sirve
al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto entendimiento de los hechos y
del problema jurídico”.
3.3.1.1. De la constatación sobre la posible afectación a derechos
fundamentales.
Al respecto, es pertinente señalar que la Corte Constitucional, en las sentencias T–
422 de 2018, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022,
ha entendido que para la acreditación de este primer elemento es necesario que la
parte interesada, en el escrito de tutela: (i) invoque la vulneración de derechos
fundamentales, (ii) exponga los motivos por los cuales considera que la sentencia
atacada está vulnerando tales derechos fundamentales y (iii) compruebe que la
transgresión supone un atentado contra el núcleo esencial de los derechos
invocados9.
En otras palabras, para superar dicho elemento el Juez no puede limitarse a
convalidar el requisito de la relevancia constitucional con la sola mención de un
derecho fundamental, sino que debe evaluar si, de acuerdo con los argumentos
8
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la
acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal”.
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La Corte Constitucional en sentencia C-756 de 2008 ha entendido el núcleo esencial de un derecho
como: “esa parte del derecho que lo identifica, que permite diferenciarlo de otros y que otorga un
necesario grado de inmunidad respecto de la intervención de las autoridades públicas. En sentido
negativo debe entenderse el núcleo esencial de un derecho fundamental como aquel sin el cual un
derecho deja de ser lo que es o lo convierte en otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica
al derecho fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental. O, también, puede verse
como la parte del derecho fundamental que no admite restricción porque en caso de hacerlo resulta
impracticable o se desnaturaliza su ejercicio o su necesaria protección”
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expresados en el escrito correspondiente, hay amenaza o violación efectiva del
núcleo esencial del mismo. Por ende, únicamente cuando se observe que la
vulneración del derecho acontece en su núcleo esencial, es posible advertir que el
caso reviste la trascendencia necesaria para permitir que se logre exceptuar en un
juicio constitucional, el principio de cosa juzgada que orienta todo el andamiaje
institucional en el que se funda nuestro sistema jurídico.
3.3.1.2. Impedir que se controviertan asuntos de mera legalidad o
económicos en la acción de tutela
En este punto, el Juez debe verificar que en la acción de amparo no tenga como
finalidad la protección de intereses económicos y/o se debatan asuntos meramente
legales, dado que éstos no tienen trascendencia constitucional. Al respecto, la Corte
Constitucional en sentencia SU-215 de 2022, señaló:
“no significa que en todos los casos en los que se cuestione la definición y
aplicación judicial de normas de rango legal se incumple el requisito de
relevancia constitucional (…) en la labor judicial la indebida aplicación de
normas de rango legal puede derivar en una violación de derechos
fundamentales. Justamente esa situación es la que sustenta la existencia,
caracterización y definición del defecto sustantivo. En todo caso, la relevancia
constitucional exige que el accionante vincule la discusión legal con la violación
de una garantía fundamental o, en otros términos, que explique con suficiencia
el por qué la interpretación o aplicación de una norma de rango legal afectó
garantías constitucionales”.
Para precisar aún más el alcance de este planteamiento, el referido fallo de
unificación advirtió:
“Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en
un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos
se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en
acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se
discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de
reparación directa; (iii) laudos arbitrales y las sentencias de anulación; (iv)
procesos ejecutivos, entre otras materias que implican pretensiones
económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto
siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a
obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión
definida ante los jueces ordinarios.”.
3.3.1.3. Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia
adicional
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Por último, frente al tercer elemento, es pertinente señalar que en las sentencias
SU-215 de 2022 y SU-128 de 2021, la Corte estableció que “la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del
fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo de esa forma se previene la irrupción
del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se previene que el
recurso de amparo sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.
Dicho en otras palabras, en un proceso judicial el debate gira sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado y, por ende, la decisión del Juez se fundamenta precisamente en las
razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho que ellas
ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley prevé, de
conformidad con las facultades oficiosas que tiene. Por lo tanto, en los eventos en
los cuales la autoridad judicial decide precisamente sobre la controversia que se le
ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes, simplemente está
ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el
ámbito de sus competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera
de las competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el Juez Constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia,
entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del
juez competente para conocer del asunto, en el escaso término que le da la ley para
pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con
el evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga
decirlo, no tiene la formación requerida.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido
el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que se toma, cuando
ella está por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han
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formulado demandante y demandado, pues, en este caso, la decisión puede
comprometer el núcleo fundamental del debido proceso, en su elemento del derecho
a la defensa, en la medida en que tal decisión no haya podido ser controvertida
3.3.1.4. Caso concreto
Bajo estos parámetros jurisprudenciales, la Sala examinará el reclamo traído ante
el juez de tutela a la luz de cada uno de los tres criterios que hacen parte de la
relevancia constitucional para determinar si, en el presente caso se acredita tal
requisito.
Para ello, debe tenerse en cuenta que la demandante invocó como violado el derecho
fundamental al debido proceso el cual consideró vulnerados con ocasión de la
sentencia del 22 de julio de 2022, emitida dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con número de radicado 76001 33 33 015 2018 00006
01.
3.3.1.4.1. De la ausencia de una posible vulneración del núcleo esencial de
los derechos fundamentales invocados.
En ese orden, la Sala deberá analizar las razones por las cuales la actora considera
que la autoridad judicial demandada vulneró el aludido derecho fundamental, para
determinar si, prima facie, dicha trasgresión supone el desconocimiento de su núcleo
esencial.
Pues bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
proceso como el “conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a
través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido
proceso: (i) el derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre
e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado
como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en
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determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la
calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la
ley; (iii) el derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las
demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público,
desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la
actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el
derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores
públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen
funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el
derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre
deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del
orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias
ilícitas”10
Sin embargo, para el caso bajo examen, la Sala advierte que no existe vulneración
o amenaza del núcleo esencial del derecho al debido proceso, pues el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de controversia se tramitó
ante las autoridades judiciales competentes, se adelantó conforme a las reglas
previstas en la ley, no se pretermitió ninguna de las etapas procesales, las partes
tuvieron la oportunidad de ejercer su defensa, se garantizó el derecho de
contradicción y la publicidad de las actuaciones, y, por último, las providencias
proferidas en el curso del proceso se fundamentaron en derecho.
3.3.1.4.2. De la discusión de asuntos de mera legalidad y de carácter
económico
Sobre el particular, de la revisión de la demanda lo que se advierte es que no
propuso un debate sobre un asunto constitucional, sino que el reparo que motivó la
presentación de la petición de amparo de la referencia es una discusión meramente
legal y económica. En efecto, de la lectura del libelo introductorio se colige que lo
10
Sentencia C- 341 de 4 de junio de 2014, magistrado ponente Mauricio González Cuervo.
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que busca la parte actora es evitar pagar la multa que le fue impuesta por el
DAGMA, pues es del criterio que el procedimiento ambiental sancionatorio en su
contra está viciado de nulidad al desconocer los principios de legalidad y tipicidad.
3.3.1.4.3. Del uso de la acción de tutela como una instancia adicional dentro
del trámite ordinario
En este caso, resulta evidente que la presente controversia gira sobre el mismo
objeto de debate propuesto en el trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Ello es así, pues lo que pretende Jero SA.S. con la
interposición de la demanda es que el Juez constitucional reviva la discusión sobre
la legalidad del procedimiento administrativo sancionatorio en su contra, de manera
que llegue a una conclusión distinta sobre la procedencia de las pretensiones
planteadas en el proceso ordinario, al estar inconforme con lo resuelto por el
Tribunal.
3.3.1.4.4. Bajo tal perspectiva, la Sala concluye que no aparece acreditado el
requisito de relevancia constitucional, lo que por sí solo conduce a la improcedencia
de la acción de tutela.
3.4. Por último, se negará la petición de desvinculación del Departamento
Administrativo de Gestión Medio Ambiente de Cali, en la medida que dicha entidad
fue llamada a este trámite en atención a que participó del proceso ordinario objeto
de controversia, de ahí que asista un claro interés para intervenir el presente asunto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de los Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
IV. FALLA
PRIMERO: NEGAR la petición de desvinculación del Departamento Administrativo
de Gestión Medio Ambiente de Cali, por las razones indicadas en la parte
considerativa de este proveído.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 00559 00
Demandante: Jero S.A.S.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del
Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 9 de marzo de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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