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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2023-00227-00

Fecha
12 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2023-00227-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia de 22 de julio de 2022, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la sociedad recurrente. Por la Secretaría, liquídense. TERCERO: FIJAR como agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta providencia, la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por la sociedad recurrente en favor del Distrito Especial Deportivo, Cultural Turístico de Cali. CUARTO: RECONOCER PERSONERÍA al abogado ANDRES FELIPE CABEZAS TORRES como apoderado judicial del 46 RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Núm. único de Radicación: 11001032400020230022700 Actora: JERO S.A.S. DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI, de conformidad con el poder presentado al contestar este recurso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2023-00227-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

12 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Núm. único de Radicación: 11001032400020230022700
Actora: JERO S.A.S.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión presentado por

la sociedad JERO S.A.S. contra la sentencia de 22 de julio de 2022,

proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que

REVOCÓ1 la sentencia 092 de 17 de junio de 2017, dictada por el

Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito de Cali y, en su

lugar, DENEGÓ las pretensiones a las que había accedido el a quo

en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

promovido por la sociedad actora.

I. ANTECEDENTES

1.1. La parte recurrente ejerció medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho contra el Departamento

Administrativo de Gestión del Medio Ambiente de Cali 2 – DAGMA,

1
La sentencia revocada dispuso en el numeral 1° anular los actos acusados y en el 2°, accedió a
título de restablecimiento a declarar que la parte demandante no estaba obligada a pagar la sanción
impuesta.
2
En adelante DAGMA

2

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Núm. único de Radicación: 11001032400020230022700
Actora: JERO S.A.S.

tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones

4133.010.21.0643 de 14 de febrero de 2017 y 4133.010.21.662 de

26 de julio de 2017 4 ; y que, en consecuencia, no está en la

obligación de efectuar el pago de la multa que se le impuso.

1.2. Aseguró que las resoluciones demandadas se expidieron luego

de que la directora del DAGMA, mediante auto 741, abrió la

investigación en su contra por la supuesta afectación al sistema de

flujo de aguas subterráneas y de los niveles del aljibe concesionado

Vc-886, causados por las excavaciones desarrolladas con ocasión

del proyecto “Hotel La Sagrada Familia” de su propiedad.

1.3. Que en dicho acto se ordenó:

"[…] ARTICULO. SEGUNDO: Formular cargos contra la Sociedad
Constructora JERO S.A.S., identificada con el Nit. 900.400. 828-2,
ubicada en la Calle 3 Oeste No. 3- 20, Barrio el Peñón,
representada legalmente par el Sr. JERONIMO JIMENEZ AGUIRRE,
identificado con la C.C. No. 6.106.225 de Cali (V), quien adelanta
el proyecto constructivo HOTEL LA SAGRADA FAMILIA, por el no
acatamiento de las directrices o recomendaciones
impartidas por el Departamento Administrativo de Gestión
de Medio Ambiente DAGMA, con el fin de mitigar el daño
producido con la excavación realizada en inmediaciones del
aljibe Vc-886, infringiendo con esta conducta el Decreto
1541 de 1978 […]”.

1.4. Adujo que surtido el trámite administrativo se le declaró

responsable ambientalmente y, en consecuencia, fue sancionada,

así:

3
“Por medio de la cual se califica proceso sancionatorio ambiental adelantado por el DAGMA, contra
la - sociedad JERO S.A.S. (hotel la sagrada familia), ubicada en la carrera 3 oeste no. 3- 20 del barrio
el Peñón de la ciudad de Santiago de Cali".
4
"Por medio de la cual se resuelve un recurso".

3

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Actora: JERO S.A.S.

“[…] ARTICULO PRIMERO: DECLARAR Responsable a la Sociedad
JERO S.AS., con el número de Nit .9004008282 y al Señor JORGE
LEONARDO JERÓNIMO JIMENEZ AGUIRRE identificado con cedula
de ciudadanía N° 6.106.225, expedida en Cali (Valle del Cauca)
Representante Legal de la Sociedad ubicada en la Carrera 3 Oeste
No. 3-20 Plazuela del Barrio El peñón de la ciudad de Santiago de
Cali y/o quien haga sus veces en la actualidad por las razones
expuestas en la parte motiva del presente proveído con
fundamento en lo que establece la Ley-1313 de 2009.

ARTICULO SEGUNDO: SANCIONAR, a la sociedad JERO S.AS.,
con el número de Nit 900400828-2 y al Señor JORGE LEONARDO
JERÓNIMO JIMENEZ AGUIRRE; identificado con cedula de
ciudadanía N° 6.1.06.225 expedida en Cali (Valle del Cauca)
Representante Legal de la Sociedad, ubicado en la Calle 3 Oeste
No. 3-20 Plazuela del Barrio El Peñón y/o quien haga sus veces en
la actualidad, por no acatar las directrices u órdenes y
recomendaciones impartidas por el Departamento
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, con el fin de
mitigar el daño producido por la excavación realizada en
inmediaciones del aljibe Vc-886 en concordancia con lo
establecido en el Decreto 1541 de 1978 y demás normas
establecidas en Materia Ambiental, con multa por valor de
TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS . PESOS ($37.134.416,00) M/L.

1.5. Indicó que la demanda de nulidad y restablecimiento del

derecho se soportó en la vulneración de los principios de tipicidad,

legalidad y debido proceso.

1.6. Señaló que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de

Cali profirió sentencia el 17 de junio de 2019, mediante la cual

declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y

ordenó el restablecimiento del derecho solicitado. Para ello, sostuvo

que:

“[...] el acto administrativo que se profiera como pliego de
cargos tiene que ser motivado, es decir, señalar los
fundamentos de hecho que indiquen la acción, omisión o
el daño causado y las razones de derecho o soporte
normativo para la acusación. Lo anterior adquiere mayor

4

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relevancia, si se tiene en cuenta la presunción de culpa o dolo
establecida en la Ley 1333 de 2009, por cuanto la motivación
permite al investigado ejercer el derecho de contradicción y
defensa frente a la acusación formulada y conocer que
comportamiento se exigía del mismo por parte de la
administración […]”.

1.7. Manifestó que tanto la parte actora como la entidad accionada

interpusieron recurso de apelación contra el fallo de primera

instancia, correspondiéndole su conocimiento al Tribunal

Administrativo del Valle del Cauca.

II. PROVIDENCIA RECURRIDA EN REVISIÓN

Corresponde a la sentencia de 22 de julio de 2022, por la cual el

Tribunal Administrativo del Valle del Cauca REVOCÓ el fallo

apelado y, en su lugar, DENEGÓ las pretensiones de la demanda y

CONDENÓ en costas a la parte accionante.

El recurso de apelación lo interpusieron: i) la parte demandante,

por la no condena en costas; y ii) la entidad demandada, al

oponerse a la declaratoria de nulidad y el restablecimiento del

derecho, bajo el argumento de que la exigencia impuesta resultaba

de un rigor excesivo en la clasificación de la conducta sancionatoria

en detrimento del derecho sancionador ambiental.

5

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Actora: JERO S.A.S.

El Tribunal al resolver el problema jurídico5, al que circunscribió su

pronunciamiento, indicó que revocaría el fallo de primera instancia

al considerar que no avizoraba irregularidad o ilegalidad del

procedimiento sancionatorio ambiental ni vulneración al debido

proceso a la Sociedad Jero S.A.S.

Para arribar a tal conclusión, -luego de aludir al marco normativo y

jurisprudencial sobre la materia y evidenciar las actuaciones

relevantes-, sostuvo:

Que las conductas descritas de: i) desperdicio del recurso hídrico,

ii) alteración al sistema de flujo de las aguas y iii) no acatamiento

de los requerimientos de la autoridad ambiental, se encontraban

tipificadas en los artículos 238 y 239 del Decreto 1541 de 1978;

y que el valor de la multa impuesta no superaba el tope máximo

previsto en la ley para esta clase de infracciones.

Que la entidad demandada adelantó el proceso administrativo

sancionatorio respetando las normas que rigen la materia, esto es,

los artículos 17 a 31 de la Ley 1333 de 2009, lo que impedía dar

por probada la vulneración al debido proceso.

5
Lo delimitó en los siguientes términos: “[…] La Sala debe establecer si los actos administrativos
cuestionados, incurrieron en alguna de las causales de nulidad consagradas en la Ley 1437
de 2011, para lo cual se confrontará la actuación de la administración con los cargos
esgrimidos por la parte actora en la demanda, los reparos realizados por parte del
municipio en su recurso de alzada y las consideraciones jurídicas del A quo para la
resolución del caso concreto. Finalmente, se analizará lo tendiente a la condena en costas según
el recurso de alzada impetrado por la parte actora […]”.

6

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Actora: JERO S.A.S.

Que se probó que la entidad accionada requirió, antes y en

desarrollo del proceso sancionatorio, a la sociedad propietaria del

bien inmueble por la infracción endilgada para que ésta ejerciera

su derecho de defensa y contradicción, rindiera los descargos en

oportunidad y recurriera las decisiones de la administración; y que

previo a la imposición de la multa tuvo la oportunidad de ejercer su

derecho de defensa y contradicción.

Concluyó que la entidad demandada actuó en cumplimiento de un

deber constitucional de preservar el medio ambiente, todo lo cual

se desarrolló con respeto al debido proceso.

III. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La sociedad recurrente plantea que en este caso se configura la

causal 5ª del artículo 250 de la Ley 1437 del 2011, en tanto estima

que la cuestionada sentencia incurre en falta de congruencia por

disparidad entre lo pedido y lo resuelto.

Aludió que el motivo que expresó para cuestionar la legalidad de

los actos acusados obedeció a que en el “[…] proceso sancionatorio

ambiental, en el cual en ninguna etapa procesal se especificó

cuáles de las 288 disposiciones del mencionado Decreto

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fueron las que se vulneraron; situación que llevó a una evidente

vulneración del debido proceso, al principio de legalidad y principio

de tipicidad […]”, hecho que se corroboró, a su juicio, desde el

momento en que se decretó la medida cautelar de suspensión de

los efectos de las resoluciones demandadas.

Indicó que la sentencia de primera instancia fundamentó su

decisión en que “el auto de pliego de cargos debió ser motivado, es

decir, éste debe señalar los fundamentos de hecho que indiquen la

acción, omisión o el daño causado y las razones de derecho o

soporte normativo de la acusación”.

Agregó que “el juzgado indicó que en el auto de pliego de cargos

debía establecerse si la afectación generada por las obras

ejecutadas por JERO SAS constituye una infracción a las normas

ambientales y en qué medida, toda vez que en materia

sancionatoria la interpretación de las normas es restrictiva”.

Precisó que al considerarse por el Tribunal que las conductas en

que incurrió la sociedad recurrente están tipificadas en los artículos

238 y 239 del Decreto 1541 de 1978, normas que expresan

prohibiciones y sanciones contra el medio acuático, tal conclusión

desconoce que la parte accionada no enlistó “los artículos

mencionados por el Magistrado de conocimiento, la

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conducta por la que le impuso la multa a mi cliente. En este

caso, fue el Tribunal Contencioso (sic) Administrativo del Valle el

que adecuó a su arbitrio la conducta, sin ser el competente para

ello, extralimitando su función al fallar de manera ultra petita,

entendida esta última como aquella donde el fallador excede los

límites de lo fijado en el litigio y la ley […]”.

Agregó, con apoyo en la jurisprudencia de esta Corporación 6, que

la falta de congruencia es la disparidad entre lo pedido, lo debatido

y lo probado, circunstancia que tiene sustento en los artículos 29

de la Constitución Política y 248 del CGP. Con tal fin, transcribió el

siguiente aparte:

“[…] La falta de congruencia interna o externa se erige como
una causal de nulidad de la sentencia, que le permite al juez
de la revisión infirmar el fallo cuestionado. Es importante poner
de presente que normativamente este principio estaba previsto
en el artículo 170 del CCA y no de forma expresa en el CPACA.
(…) [E]l principio de congruencia se desprende del artículo 281
del CGP y del artículo 29 Constitucional, que consagra el
derecho fundamental al debido proceso. (…) En ese sentido,
la incongruencia genera la nulidad de la sentencia
cuando esta trastorna completamente los términos de
referencia que sirvieron al desarrollo del proceso. Por
esta razón, no cualquier reproche sobre la falta de
congruencia externa o interna estructura la causal de
revisión, pues se exige que la disparidad entre lo pedido,
lo debatido y lo probado sea protuberante, a tal punto
que, no exista justificación objetiva y relacionada con las
materias medulares del proceso […]”. (Resaltado en el
texto original)

6
Se refirió a la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 13 de octubre del 2020 proferida
dentro del proceso con radicación 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV) C.P. Alberto Montaña
Plata

9

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Bajo esta causal estimó que también se incurre en la nulidad

alegada por falta absoluta de motivación de la sentencia,

sustentada en que el Tribunal ad quem desconoció las ritualidades

sustanciales propias del fallo, por cuanto en su decisión se limitó a:

“[…]
1) Transcribir el contenido de la resolución No.
4133.010.21.064 del 14 de febrero del 2014.

2) Transcribir los argumentos que la sociedad JERO SAS rindió
dentro del recurso de reposición interpuesto en contra de la
resolución No. 4133.010.21.064 del 14 de febrero del 2014.

3) Transcribir el contenido de la resolución No.
4133.010.21.662 de fecha 26 de Julio de 2017 a través de la
cual se resolvió el recurso interpuesto por mi poderdante contra
la resolución No. 4133.010.21.064 del 14 de febrero del 2014.

4) El argumento del fallo se circunscribe en decir que las
conductas impuestas a la sociedad JERO SAS están
tipificadas en los artículos 238 y 239 del Decreto 1541
de 1978, y que el valor de la multa impuesta no supera
ellos topes permitidos por la ley.

5) El fallo indica finalmente que la entidad demandada adelantó
el proceso sancionatorio respetando las etapas del proceso y
que mi poderdante tuvo la oportunidad procesal para ejercer la
defensa, solicitar las pruebas y controvertir las decisiones,
luego entonces, indica que no hay lugar a la violación al debido
proceso […]”.

Bajo esta consideración, insistió en que su reproche se circunscribió

en el hecho de que “[…] en ningún momento el DAGMA especificó

cuál de las 288 disposiciones del Decreto 1541 de 1978 fue

la que supuestamente transgredió la Sociedad que

represento, con esto claramente violentando el principio de

legalidad y tipicidad de las sanciones disciplinarias al momento de

sancionar administrativamente a mi poderdante […]”.

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Agregó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se

atribuyó una facultad que no le correspondía, esto es, “[…] adecuó

a su manera, las normas que presuntamente violó mi poderdante;

función que debió realizar la parte demandada desde el momento

en que decidió proferir el pliego de cargos […]”.

Señaló que los criterios adoptados por el DAGMA para establecer el

valor de la multa y su tasación no se sustenta en ninguna norma

jurídica; y que es, precisamente, este hecho el que vulnera el

debido proceso habida cuenta que las autoridades administrativas

no pueden imponer a su arbitrio el valor de la sanción, pues es una

competencia reservada a la ley.

Finalmente, adujo que si bien es cierto que a la recurrente se le

sancionó “por no acatar las directrices u órdenes y

recomendaciones impartidas por el Departamento Administrativo

de Gestión del Medio Ambiente”, también lo es que dicha conducta,

u omisión atribuida, no está prevista por el legislador como

infracción lo que acredita la violación del principio de tipicidad.

IV. TRÁMITE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO

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4.1. Mediante proveído de 12 de julio de 2024, se inadmitió el

recurso para que se corrigiera el escrito debiendo al efecto acreditar

que remitió, por medio electrónico, copia del escrito del recurso

extraordinario de revisión y sus anexos a la parte demandada, de

conformidad con lo previsto en el numeral 8 del artículo 162 del

CPACA.

4.2. Subsanado el escrito inicial, por auto de 20 de agosto de 2024,

el Despacho admitió el recurso7 y ordenó notificar al DISTRITO

ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

También a la Procuraduría Delegada ante esta Corporación.

4.2. Cumplidas en debida forma las notificaciones 8 , tanto el

Ministerio Público como el Distrito Especial de Santiago de Cali se

pronunciaron en relación con lo pretendido en el recurso

extraordinario, de la siguiente manera:

4.2.1. DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

7
Al señalar los defectos del escrito del recurso extraordinario de revisión, se halló oportuno su
ejercicio, en razón a que La sentencia recurrida de 22 de julio de 2022 quedó notificada el 8 de agosto
de 2022 y adquirió ejecutoria el 11 de agosto de 2022, lo que habilitaba para su ejercicio oportuno
hasta el 14 de agosto de 2023. Comoquiera que el recurso se presentó el 4 de agosto de 2023,
resulta oportuno. Este análisis se efectuó en el auto inadmisorio de 12 de julio de 2024.
8
Según da cuenta los documentos soporte del envío de los correos electrónicos. Registro SAMAI 14-
15.

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Por conducto de apoderado judicial9 dio respuesta a este recurso y

refirió que el juez de la revisión no se encuentra facultado para

reabrir los debates de las instancias ordinarias, por lo que no es

admisible cuestionar la manera en que el juez de la segunda

instancia fundó su decisión; y que la interpretación jurídica que

realiza el juez corresponde al ámbito de su autonomía judicial.

Indicó, en relación con los reproches planteados, que la decisión sí

fue motivada; que el vicio invocado se presenta solo ante “la

carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de

hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión”; y que,

en ese orden, esta causal no procede para controvertir las razones

del fallo ni para corregir los errores de apreciación de los hechos y

de las pruebas, que es la pretensión del recurrente, por encontrarse

en desacuerdo con el fallo.

Frente a la alegación de la presunta incongruencia, adujo que lo

pretendido por esta vía extraordinaria es insistir en el litigio ya

resuelto, esto es, acerca de la tipicidad de la conducta que, a su

juicio, no fue motivada en los actos demandados.

Agregó que no se vulnera el principio de congruencia, por cuanto

se requiere que la sentencia tenga una disparidad “protuberante”

9
Registro SAMAI. Índice 20. Memorial CONTESTACION 2023 00227(.pdf) NroActua 20

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para configurar la transgresión de dicho principio; que lo que se

aprecia es que la tipicidad de la conducta y la sanción impuesta fue

tema consustancial debatido y probado en sede de apelación

En ese orden, indicó que al tenor de los artículos 320 y 328 del CGP

el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca tenía competencia

para verificar si la conducta se subsumía dentro de los supuestos

de hecho que trae el Decreto 1541 de 1978 y pronunciarse sobre

ello, aspecto que está inescindiblemente ligado al objeto del litigio;

además de que fue objeto de apelación por el demandado, Distrito

Especial de Santiago de Cali, motivo por el cual el fallador de

segunda instancia estaba autorizado para determinar si la

recurrente incurrió en la falta, con independencia de que la

demanda se hubiera referido o no a ello, cuando el recurso de

apelación si lo hizo.

Concluyó que no hay lugar a infirmar la sentencia recurrida y, en

consecuencia, pidió declarar infundado el recurso extraordinario de

revisión comoquiera que no se evidencia la configuración de la

causal invocada.

4.2.2. EL MINISTERIO PÚBLICO

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El Procurador Quinto Delegado10 ante esta Corporación, indicó que

el recurso de revisión tiene por objeto procurar el restablecimiento

de la justicia material de la decisión, cuando quiera que esta última

ha sido afectada por situaciones exógenas que no pudieron

plantearse en el proceso correspondiente.

En relación con la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, alegada, y

los motivos invocados como constitutivos de ésta, refirió que el

propósito del recurso extraordinario de revisión no es el de reparar

los posibles errores en los que hubiere incurrido el juez o las partes,

sino que lo que se busca es un nuevo estudio del asunto.

Luego de identificar el trámite administrativo y judicial que

concierne con las resoluciones que se cuestionaron y que dieron

lugar al fallo que se recurre por este medio extraordinario, adujo

que la situación que se alega no desconoció el principio de

congruencia ni interna ni externa, por parte del Tribunal

Administrativo del Valle del Cauca, por lo que debe declararse

infundado.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

10
Registro SAMAI. Índice 18. Memorial 20230022700pdf(.pdf) NroActua 16

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5.1. Competencia de la Sala

En los términos del artículo 248 del CPACA, el recurso

extraordinario de revisión procede contra las sentencias

ejecutoriadas, dictadas por el Consejo de Estado, los tribunales y

los jueces administrativos.

Frente a la competencia asignada a esta Sección, el artículo 249

del CPACA dispone que conocerá del recurso extraordinario de

revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los

Tribunales Administrativos, según la materia.

En este caso, le corresponde a esta Sala decidir el recurso

extraordinario de revisión interpuesto contra el fallo dictado por el

Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, atendiendo a la

distribución de los procesos entre las secciones, prevista en el

artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, esto es, el Reglamento de la

Corporación.

5.2. Generalidades del recurso extraordinario

Este recurso es un medio judicial de carácter extraordinario

establecido por el legislador como excepción al principio de

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inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, que hacen tránsito a

cosa juzgada.

Su propósito se orienta a cuestionar la decisión judicial que ha

adquirido firmeza, bajo el entendido de que su controversia se

sustenta en la ocurrencia de alguna de las causales taxativas

previstas en los artículos 250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de 2003

que se tramitan bajo este procedimiento especial.

El objeto del recurso extraordinario es el restablecimiento de la

justicia material y su procedencia se supedita a demostrar que la

decisión cuestionada es contraria a derecho. Ello ocurre cuando se

prueba que las circunstancias que surgieron con la sentencia se

encuadran en alguna de las causales delimitadas por el legislador

con lo cual procede la información 11 , tanto para “enmendar los

errores o ilicitudes cometidos en su expedición, así como [para] restituir

el derecho del afectado a través de una nueva providencia fundada en

razones de justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento

jurídico”12.

En estos términos, la Corte constitucional precisó:

“[…] La revisión, que no es un recurso sino una acción,
pretende, como lo ha señalado la doctrina y la
jurisprudencia, un examen detallado de ciertos hechos

11
El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 prevé la manera
en que el fallador debe proceder atendiendo la causal alegada que se encuentre fundada.
12
Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009. M.P María Victoria Calle.

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nuevos que afectan la decisión adoptada y el sentido de
justicia que de ella emana. La acción de revisión, en la
medida en que afecta la certeza brindada por la cosa juzgada,
es no sólo extraordinaria, sino que además procede por las
causales taxativamente señaladas por la ley, y no es
posible aducir otras distintas. Y esta taxatividad es
razonable, pues se trata de una figura que modifica
providencias amparadas en el principio de cosa juzgada, y por
ello las causales previstas para la revisión deben ser aplicadas
e interpretadas en sentido restringido” 13.

Además, es oportuno destacar que su objeto y la naturaleza de

constituir un nuevo trámite ajeno al proceso en el que se dictó la

decisión cuestionada, torna en improcedente su uso como medio

para plantear reproches a modo de una instancia adicional, en

razón a que está vedado cuestionar la interpretación normativa y

la valoración probatoria que sustentó la decisión del juez natural;

es decir, que en este trámite únicamente pueden ventilarse

aspectos que encuadren en alguna de las causales taxativas14 que

habilitan su procedencia.

5.3 De la causal invocada

13
Corte Constitucional. Sentencia C-450 de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
14
En Efecto, la taxatividad deviene de lo restrictivo y específico de su examen. Al respecto la
jurisprudencia destacó: “Las causales que pueden proponerse como fundamento de este recurso,
enlistadas de manera taxativa en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, dan cuenta
de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que, de conformidad
con la ley procesal, son los únicos que permiten la revisión de la sentencia por la vía del recurso
extraordinario que se analiza […]” Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 1° de
diciembre de 2010. Radicación número: 11001-03-15-000-2008-00480-00 (REV). Actor: Municipio
de Belmira y Otros. Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. C.P. Susana Buitrago
Valencia.

18

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Núm. único de Radicación: 11001032400020230022700
Actora: JERO S.A.S.

En el asunto bajo examen se invocó la causal 5ª del artículo 250 de

la Ley 1437 de 201115, cuyo texto es del siguiente tenor:

“[…] Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de
lo previsto en el artículo 20 de la ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
[...]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación. […].”

En lo que respecta al entendimiento de esta causal, la Sala precisa

que su ocurrencia ha sido examinada por la jurisprudencia de esta

Corporación aclarando que puede provenir de una nulidad procesal,

en los términos del artículo 133 del CGP, o de una de carácter

constitucional, fundada en el artículo 29 Superior 16.

En uno u otro caso, los requisitos para su formulación se concretan

así:

1. Debe existir una sentencia que ponga fin al proceso ordinario

y contra la que no procede recurso de apelación.

15
En vigencia del CCA correspondía a la enlistada en el numeral 6° del artículo 188, por lo tanto, cuando
se haga mención de esta como consecuencia de decisiones judiciales dictadas en su vigencia ha de
entenderse que se trata de la prevista ahora en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.
16
Sobre el particular esta Corporación precisó: “[…] las causales de nulidad de la sentencia son las
previstas en el estatuto procesal civil, en las condiciones que establece el art. 142 del mismo y las
que se originen en la sentencia por violación del debido proceso constitucional, contemplado en el
artículo 29 […]”. CONSEJO DE ESTADO. Sala Especial núm. 26. Expediente: 11001-03-15-000-2011-
01639-00 Demandante: Vehivalle S.A. Referencia: Recurso extraordinario de revisión. C.P. Olga
Melida Valle de De la Hoz

19

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Núm. único de Radicación: 11001032400020230022700
Actora: JERO S.A.S.

2. El vicio de nulidad debe configurarse en el momento de la

expedición de la sentencia. De este modo, no es procedente

controvertir circunstancias que acaecieron con anterioridad a ésta,

y que, por oportunidad, debieron ser alegadas cuando ocurrieron,

según el artículo 13417 del CGP.

3. En su alegación debe identificarse la irregularidad o el vicio

grave y su influencia sobre la decisión, con la cual se acredite que

de no haber acaecido el resultado sería distinto. De lo anterior se

evidencia que no resultan aceptables errores en la aplicación de la

ley o in iudicando.

Ahora, para acreditar la ocurrencia de alguna de las causales de

nulidad es posible recurrir a las previstas en el Código General del

Proceso como constitutivas de este vicio, en los términos de artículo

133, restringido, como se dijo atrás, a la expedición de la sentencia.

En este primer escenario 18 la jurisprudencia se decantó por

identificar que para la interpretación de la causal invocada debía

acudirse al artículo 140 del CPC, hoy 133 del CGP, a fin de delimitar

17
“ARTÍCULO 134. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de
las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella. […]”
18
El consejo de Estado desde la previsión de este recurso extraordinario y en específico, para esta
causal de nulidad originada en la sentencia ha transitado por diversas posturas de interpretación de
las cuales se identificaron 3 etapas según se lee en la providencia 3 de febrero de 2015. Radicación
número: 11001-03-15-000-1998-00157-01(REV). Actor: Sociedad de Mejoras Públicas de Cali C.P.
Olga Mélida Valle de De La Hoz (E), que las recoge así: i) Las causales de nulidad de la sentencia
son las que define la jurisprudencia, ii) Las causales de nulidad de la sentencia son las que expresa
y taxativamente define el artículo 140 del CPC –art. 133 CGP, y iii) Las causales de nulidad de la
sentencia son las previstas tanto en la jurisprudencia como en el artículo 140 del CPC.

20

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Núm. único de Radicación: 11001032400020230022700
Actora: JERO S.A.S.

las circunstancias en las cuales se podría encuadrar la nulidad

invocada, y para ello ejemplarizó algunas situaciones que podrían

dar lugar a su configuración. Al respecto, es del caso traer a

colación el siguiente pronunciamiento19:

“[…] De forma más clara expresó la sentencia del 4 de
noviembre de 1999 - exp. 2185 - que las nulidades a las
que remite el recurso extraordinario de revisión, por la
causal sexta, son las previstas en el artículo 140 del
CPC20. El razonamiento fue el siguiente: i) la sentencia hace
parte del proceso, y lo concluye; ii) como lo señala el artículo
140, el proceso solamente es nulo por las causales allí
señaladas; por tanto iii) la nulidad que se origina en la
sentencia se configura solo por las causales previstas en la
disposición referida.

A partir del razonamiento precedente, se destacaron
algunos eventos que configurarían la nulidad originada
en la sentencia, los cuales no se aducen como causales
de nulidad propiamente dicha, sino eventos,
circunstancias, ejemplos, que se desprenden de las
causales del artículo 140, cuya abstracción se concretiza. La
providencia señaló:

“La sentencia, que es la providencia mediante la cual se
decide sobre las pretensiones de la demanda y las
excepciones de fondo y con la cual, de ordinario, concluye el
proceso, es, obviamente, parte del proceso en que se
dicta. Y el proceso es nulo, en todo o en parte, solo por
las causas establecidas en el artículo 140 del Código
de Procedimiento Civil.

“Así, por ejemplo, la nulidad que tiene origen en la
sentencia puede ocurrir, según el artículo 140 referido, (i)
cuando se provee sobre aspectos para los que el juez no
tiene jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2); cuando,
(ii) sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, o (iii)
sin más actuación se dicta sentencia después de
ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el
desistimiento, aprobada la transacción o declarada la
perención del proceso, porque así se revive un proceso
legalmente concluido, o (iv) cuando se dicta sentencia
como única actuación, sin el previo trámite correspondiente,
porque así se pretermite íntegramente la instancia; o cuando

19
Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo - Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia de 3 de febrero de 2015. Radicación número: 11001-03-15-000-1998-00157-
01(REV). Actor: Sociedad de Mejoras Públicas de Cali C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz (E)
20
Debe entenderse que en la normativa vigente se entiende el artículo 133 del CGP.

21

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Núm. único de Radicación: 11001032400020230022700
Actora: JERO S.A.S.

(v) se condena al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente de la invocada en esta, o (vi) se condena a quien
no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo
concerniente, también (vii) se pretermite íntegramente la
instancia (numeral 3); o cuando, (viii) sin más actuación,
se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos
casos, antes de la oportunidad debida (numeral 5), entre
otros eventos. (…)

“Ninguna de las causas de nulidad establecidas en el artículo
140 del Código de Procedimiento Civil alegó el recurrente en
apoyo del cargo de nulidad de la sentencia, lo cual sería
bastante para desestimar el recurso […]”. (Cursiva fuera de
texto)”

A esta remisión normativa se sumó la interpretación contenida en

la sentencia de exequibilidad21 de la Corte Constitucional C-491-95,

en la que dicha Corporación sostuvo que además de las causales

del artículo 140 del CPC 22 debía comprender la de violación al

debido proceso, bajo el entendido de que es una garantía que debe

observarse en el trámite procesal y que su previsión está en la

Constitución Política. Al respecto precisó:

“[…] Al examinar las causales de nulidad previstas en el art.
140, claramente se advierte que allí no aparece
enlistada la referida nulidad de carácter constitucional.
Sin embargo, esta omisión obedece a la circunstancia de
que dicha norma es anterior a la Constitución de 1991.

• No se opone a la norma del art. 29 de la Constitución
la circunstancia de que el legislador señale

21
En el proceso de control de constitucionalidad se cuestionó el inciso 1° del artículo 140 del Código
de Procedimiento Civil, subrogado por el art. 1, numeral 80, del decreto 2282 de 1989,
específicamente la expresión “solamente” de la frase “Causales de nulidad: El proceso es nulo en
todo o en parte, solamente en los siguientes casos: […]". Del examen de constitucionalidad la Corte
concluyó “Declarar EXEQUIBLE la expresión acusada del inciso 1° del artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil, subrogado por el art. 1, numeral 80, del decreto 2282 de 1989, con la
advertencia expresa de que dicho artículo reguló las causales de nulidad legales en los procesos
civiles. En consecuencia, además de dichas causales, es viable y puede invocarse la prevista
en el art. 29 de la Constitución, según el cual, "es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con
violación del debido proceso", que es aplicable en toda clase de procesos […]”
22
Actualmente está previsto en el artículo 133 del CGP.

22

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Núm. único de Radicación: 11001032400020230022700
Actora: JERO S.A.S.

taxativamente las causales o motivos de nulidad, por
las siguientes razones:

La Constitución en el art. 29 señala los fundamentos básicos
que rigen el debido proceso; pero corresponde al legislador
dentro de su facultad discrecional, aunque con arreglo a
criterios objetivos, razonables y racionales, desarrollar a
través de las correspondientes fórmulas normativas las
formas o actos procesales que deben ser cumplidos para
asegurar su vigencia y respeto. En tal virtud, la regulación
del régimen de las nulidades, es un asunto que atañe
en principio al legislador, el cual puede señalar, con
arreglo a dichos criterios y obedeciendo al principio de
la proporcionalidad normativa, las causales o motivos
que generan nulidad, a efecto de garantizar la regularidad
de las actuaciones procesales y consecuentemente el debido
proceso.

Conforme a lo anterior no corresponde, en principio, al
Constituyente señalar las causales de nulidad en los procesos.
La aludida nulidad constitucional que consagra el art.
29, constituye una excepción a dicha regla. […]

Es el legislador, como se advirtió antes, quien tiene la facultad
para determinar los casos en los cuales un acto
procesal es nulo por carencia de los requisitos formales
y sustanciales requeridos para su formación o
constitución. Por consiguiente, es válido, siempre que se
respete la Constitución, el señalamiento taxativo de las
nulidades por el legislador. […]

Con fundamento en lo anterior, estima la Corte que se ajusta
a los preceptos de la Constitución, porque garantiza el debido
proceso, el acceso a la justicia y los derechos procesales de
las partes, la expresión "solamente" que emplea el art. 140
del C.P.C., para indicar que en los casos allí previstos es
posible declarar la nulidad, previo el trámite incidental
correspondiente, pero advirtiendo, que además de dichas
causales legales de nulidad es viable y puede ser
invocada la consagrada en el art. 29 de la Constitución,
según el cual "es nula, de pleno derecho, la prueba
obtenida con violación del debido proceso", esto es, sin
la observancia de las formalidades legales esenciales
requeridas para la producción de la prueba,
especialmente en lo que atañe con el derecho de
contradicción por la parte a la cual se opone ésta. Por lo tanto,
se declarará exequible la expresión demandada, con la
referida advertencia.

Al mantener la Corte la expresión "solamente" dentro de la
referida regulación normativa, respeta la voluntad política del
legislador, en cuanto reguló de manera taxativa o
específicamente las causales legales de nulidad en los

23

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Núm. único de Radicación: 11001032400020230022700
Actora: JERO S.A.S.

procesos civiles, las cuales ahora con el cambio
constitucional se encuentran adicionadas con la
prevista en la norma del art. 29, a la cual se hizo
referencia. […]”23.

Bajo este análisis, la Corporación 24 ha delimitado que la causal

examinada se predica, entre otras, cuando la sentencia: i) no

cuenta con el número de votos necesarios para su aprobación; ii)

se profiere dentro de un proceso culminado por desistimiento,

transacción o perención; iii) se dicta en un proceso que se

encuentra suspendido o interrumpido; iv) se profiere fallo

condenatorio contra un tercero que no fue vinculado al proceso; v)

se profiere sentencia con falta de competencia o de jurisdicción;

vi) el fallo carece de motivación formal y material; vii) se aprecia

incongruencia25; viii) se profiere un fallo inhibitorio injustificado 26;

y ix) se dicta con violación al principio de la non reformatio in pejus.

Este examen, sobre el alcance y contenido de la causal invocada,

impone que el recurrente en ejercicio de su derecho de acción

precise la razón que invoca como constitutiva de nulidad y que ella

obedezca bien a las causales taxativas que prevé el artículo 133 del

23
Corte Constitucional. Sentencia C-491-95 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
24
En una inicial etapa, la jurisprudencia identificó que ocurriría cuando: i) la sentencia hubiera sido
firmada por un número diferente de magistrados al que ordena la ley; ii) que la sentencia se hubiera
proferido dentro de un proceso que había culminado por desistimiento, transacción o perención; iii)
que se profiera en un proceso que se encuentre suspendido o interrumpido. (Sentencia de Sala Plena
del 08 de septiembre de 1992. Exp. 039. Tesis reiterada por la Sección Segunda en la sentencia del
18 de mayo de 1993. Exp. 4092. Tesis reiterada en sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado,
el 1 de diciembre de 1997. Exp. 080.) Y luego se agregaron las siguientes: i) Cuando se condena a
quien no es parte; ii) cuando la sentencia se profiere con falta de competencia o de jurisdicción, y
iii) cuando carezca completamente de motivación.
25
Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 2 de febrero de
2016. Expediente núm. 11001-03-15-000-2015-02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro.
26
Sentencia de 8 de mayo de 2018 dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado C.P. Alberto
Yepes Barreiro. Radicación número: 11001-03-15-000-1998-00153-01(REV).

24

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Actora: JERO S.A.S.

CGP o a la invocación de transgresión del derecho fundamental del

debido proceso, en una de las circunstancias identificadas por la

jurisprudencia.

Aclarado este contexto, la Sala se ocupará de examinar el reproche

invocado por la parte actora a fin de identificar si se configura la

causal invocada.

5.4 Estudio del caso concreto

En esta oportunidad le corresponde a la Sala identificar si como lo

alega la sociedad recurrente, existe nulidad que vicie la sentencia

al incurrir en la presunta falta de motivación e incongruencia, esta

última causa en razón a que estima que se adoptó una decisión

extrapetita, al justificar la legalidad de los actos cuestionados en

normas que, asegura, no se invocaron como fundamento de la

decisión sancionatoria y cuya identificación por parte del fallador

representa, a juicio de la recurrente, el vicio alegado.

El objetivo será identificar si el fallador de segunda instancia se

excedió o no en su competencia al revocar el fallo que accedió a las

pretensiones; y si aludir en específico a estas disposiciones,

constituye la incongruencia de la decisión.

25

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
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Actora: JERO S.A.S.

Para tal fin, la Sala analizará el concepto y contexto en el que se

presentan estos eventos que explican la causal, para luego resolver

sobre las razones en que se funda, así:

5.4.1 La falta de motivación

En lo que respecta a este reproche, es oportuno destacar que la

Jurisprudencia de esta Corporación 27 ha sido enfática en señalar

que la nulidad originada en la sentencia por ausencia de motivación

se presenta únicamente ante la carencia total de pronunciamiento

del juez sobre las razones de hecho o de derecho que le permiten

arribar a una decisión28.

5.4.2 El principio de congruencia

La congruencia corresponde a un atributo de la decisión judicial y

se traduce en la armonía predicable tanto de su estructura interna,

esto es, la parte motiva y resolutiva del fallo, como de la externa,

entendida como la coherencia entre la decisión y lo pedido por las

partes.

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia de 27 de febrero de 2019, C.P. Guillermo Sánchez Luque, núm. único de radicación 54001-
33-31-006-2011-00207-01 (59706).
28
Sobre el particular se lee: “[…] la nulidad originada en la sentencia por ausencia de
motivación, se presenta solamente ante la carencia total de pronunciamiento del juez
sobre las razones de hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión. En efecto,
esta causal no procede para controvertir las razones del fallo ni para corregir los errores de
apreciación de los hechos y de las pruebas, en que, a juicio del recurrente, hubiera incurrido el
fallador. Un entendimiento distinto equivaldría a convertir el recurso en un juicio en que se discutirían
nuevamente los hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada […]” (La negrillas y subrayas
fuera de texto).

26

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Actora: JERO S.A.S.

Este principio es una garantía de que gozan las partes para exigir

del fallador una decisión que resuelva la controversia formulada no

solo frente a las pretensiones que formula el actor, sino respecto

del pronunciamiento que el juez debe realizar en relación con la

defensa de quien funge como parte accionada y que se ejerce

también a título de excepciones.

Ahora, la congruencia en la decisión de segunda instancia está

atada a la competencia del superior funcional y al examen que le

corresponde efectuar como consecuencia de la revisión de la

providencia de primer grado y el reproche de los apelantes, para

que, según su análisis, la revoque, modifique o, si lo encuentra

pertinente, la confirme, de conformidad con el artículo 320 29 ,

armonizado con el artículo 28130, ambos del CGP.

Para ahondar en esta estructura, se prohíja la siguiente decisión 31

en la que se adujo:

29
“[…] ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el
superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados
por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del
coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71. […]”
30
“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y
con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho
sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la
demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada
a más tardar en su alegato de conclusión, o que la ley permita considerarlo de oficio.”
31
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de
Decisión. Sentencia de 2 de febrero de 2016. Radicación número: 11001-03-15-000-2015-02342-
00(REV). Actor: Luis Ángel Torres Gómez. CP Alberto Yepes Barreiro.

27

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Núm. único de Radicación: 11001032400020230022700
Actora: JERO S.A.S.

“[…] Ello significa que es procedente el recurso
extraordinario de revisión contra los fallos dictados por esta
jurisdicción en segunda instancia o única, si se alega el
desconocimiento del principio de la congruencia, que en
últimas implica una actuación sin competencia.

[…] En términos generales, la congruencia se entiende como
el deber legal que tienen los funcionarios judiciales al emitir
sus decisiones de NO INCURRIR en fallos ultrapetita,
extrapetita o minuspetita, definidos por la jurisprudencia
del Consejo de Estado, en los siguientes términos:

“Este principio de la congruencia de la sentencia [C.C.A.
Art. 170], exige de una parte que exista armonía
entre la parte motiva y la parte resolutiva de la
misma, lo que se denomina congruencia interna, y de otra,
que la decisión que ella contenga, sea concordante con
lo pedido por las partes tanto en la demanda, como
en el escrito de oposición, denominada congruencia
externa, es decir, se tome la decisión conforme se ha
marcado la controversia en el proceso.

“Cuando en una providencia judicial, no se respeta el
principio de la congruencia, se incurre en lo que la
doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en
reconocer un mayor derecho que el invocado por el
demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un
derecho que no ha sido reclamado o cuando se
reconoce un derecho reclamado o se acoge la
pretensión pero por una causa diferente o deducida
de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se
omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones.”32

Además, la congruencia también se puede calificar según las
relaciones que se produzcan entre la sentencia, entendida
como un todo, y lo pedido y planteado por las partes.

En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la
sentencia. Se puede identificar porque en líneas generales es
lo que preceptuaba el artículo 170 del C.C.A., y las normas
del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar en
armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte
demandante como por la parte demandada. Y, en el
segundo evento, corresponde a la congruencia interna, que
es la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la
parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la
providencia.

32
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta. Sentencia de 16 de
agosto de 2002. Expediente: 760012324000199704345-01 (12668). Actor: Productora de Papeles
Propal S.A. Demandado: Municipio de Yumbo – Valle del Cauca. C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

28

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Actora: JERO S.A.S.

Las dos formas de congruencia han sido abordadas por la
jurisprudencia de esta Corporación en los siguientes
términos:

“Se reitera 33 que el principio de congruencia de la
sentencia, exige de una parte, que exista armonía entre
la parte motiva y la parte resolutiva de la misma, lo
que se denomina congruencia interna, y de otra, que
la decisión que ella contenga, sea concordante con lo
pedido por las partes tanto en la demanda, como en
el escrito de oposición, denominada congruencia
externa, es decir, se tome la decisión conforme se ha
marcado la controversia en el proceso.

Este principio fundamental busca no solo la protección del
derecho de las partes a obtener una decisión judicial que dé
certeza jurídica al asunto que se ha puesto a consideración
de un juez, sino la salvaguarda del derecho de defensa de
la contraparte, quien ha dirigido su actuación a controvertir
los argumentos y hechos expuestos en la demanda.

La violación de dicho principio traería como consecuencia,
igualmente la violación al debido proceso, en la medida en
que nuestro ordenamiento positivo consagra etapas
procesales exclusivas a que las partes manifiesten y
contradigan argumentos en defensa de sus derechos,
siempre bajo el marco de litis que se ha planteado desde la
demanda.

En materia contenciosa la demanda marca el límite dentro
del cual el funcionario judicial debe pronunciarse para
decidir la controversia, las normas violadas y su concepto
de violación, se constituyen en el marco de análisis y
estudio al momento proferir la sentencia […]”34(Subrayas
fuera del texto original)

Precisado lo anterior, la Sala procede al examen de los reclamos de

este recurso.

5.4.3 Análisis del asunto bajo examen

33
Sentencia de 16 de agosto de 2002, expediente 12668, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.
34
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta. Sentencia de 21 de
noviembre de 2007. Expediente: 500012331000200200198-02 (15770). Actor: Germán Darío
Ospina Garzón. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. C.P. María Inés
Ortiz Barbosa.

29

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5.4.3.1 Falta de motivación

Examinada la alegación expuesta por la sociedad recurrente es

claro que si bien planteó la ausencia de motivación lo cierto es que

no se configura tal vicio, pues en realidad las características de esta

alegación suponen acreditar que el juez omitió por completo

sustentar la decisión que resolvió los recursos de apelación

interpuestos35.

En efecto, este reproche resulta improbable e incoherente, cuando

se acompaña también de una alegación de incongruencia por

constituir una decisión extra petita, pues esta causal de “falta de

motivación” no puede coexistir con la de incongruencia, la que

también propuso la sociedad recurrente, si lo que bajo este último

reproche se cuestiona es la discrepancia del pronunciamiento del

juez, según los límites de su competencia.

En ese orden, cuando la parte recurrente alega que la sentencia

recurrida excedió el límite de su competencia, ello necesariamente

traduce en que sí emitió una decisión motivada. Contrario a este

hecho resulta que las razones expuestas no las comporta por no

estar de acuerdo, en tanto constituye un fallo desfavorable a sus

35
Se aclara que en este asunto el fallo del juzgado anuló las resoluciones acusadas y accedió a las
pretensiones de la demanda, lo que motivó la interposición del recurso de apelación tanto por la
sociedad demandante, por la no condena en costas, y por la entidad demandada, en el que pidió la
revocatoria de la decisión.

30

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Actora: JERO S.A.S.

pretensiones, habida cuenta que implicó la revocatoria del fallo de

primera instancia.

Por lo expuesto, y al estar la falta de motivación condicionada a

la carencia radical, absoluta y total de pronunciamiento, claramente

este evento que puede configurar la causal invocada no prospera

debido a que el juez ad quem no se sustrajo de este deber

constitucional de motivar su decisión.

5.4.3.2 Falta de congruencia

Respecto de este reproche contra la sentencia recurrida por

extralimitación en los argumentos que constituyeron las razones

de la apelación, se advierte que la parte demandada en el proceso

ordinario explicó esta causal, bajo el concepto de constituir una

decisión extrapetita, porque: i) se revocó la sentencia del a quo, al

fundarse la decisión sancionatoria en los artículos 238 y 239 del

Decreto 1541 de 1978, que si bien expresan las prohibiciones y

sanciones contra el medio acuático, tales disposiciones no se

identificaron por la entidad accionada en los actos acusados, sino

que fue el Tribunal ad quem, el que adecuó las conductas

infractoras y justificó la multa impuesta en éstas, todo lo cual

excedió su pronunciamiento limitado por el acto de formulación de

cargos; y ii) que según el artículo 24 de la Ley 1313 de 2009, el

auto de formulación de cargos debe comprender obligatoriamente

31

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las normas ambientales debidamente individualizadas que

se estiman transgredidas, lo que explica la violación al debido

proceso e impedía la revisión y extensión que, a juicio de la

recurrente, realizó el Tribunal ad quem.

En orden a establecer si existe incongruencia o no en la decisión,

es necesario abordar y examinar los motivos que sustentaron la

apelación de la parte demandada. Al respecto la Sala identifica del

examen del proceso ordinario que los escritos de alzada

controvirtieron el fallo, así:

• La sociedad demandante solicitó que se condenara en costas en

la instancia, por cuanto el juez no se pronunció al respecto 36. Como

fundamento de su reproche, precisó:

36
Expediente digital. Folios 349-354 del documento 01Expediente digitalizado.pdf

32

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• Por su parte el Distrito Especial de Santiago de Cali en el escrito

de alzada37 refirió puntualmente las razones de su oposición al fallo

anulatorio, en los siguientes términos:

Así, en este memorial de alzada se aprecia que el apoderado de la

entidad accionada explicó el desacuerdo con el fallo anulatorio y

expresó la postura fáctica y normativa que esgrimió para solicitar

que se revocara la sentencia. El razonamiento se orientó a

cuestionar la decisión del a quo que declaró la nulidad de los actos

administrativos cuestionados y, en específico, frente al argumento

que la sociedad recurrente estima que existe incongruencia por el

fallador de instancia, la entidad insistió en que sí se indicó la norma

sustento de la infracción, según se lee en la siguiente explicación:

37
Expediente digital. Folios 357 y s.s. del documento 01Expediente digitalizado.pdf

33

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De lo transcrito se tiene que, contrario a lo aludido, la entidad

territorial sí argumento como aspecto de reproche la alusión a la

norma que se invocó en el pliego de cargos como constitutiva de la

infracción endilgada a la sociedad recurrente.

Precisamente, en el pliego de cargos 38 se puede leer lo siguiente

frente al apartado que identificó el apoderado de la entidad

accionada en la interposición del recurso de apelación, así:

38
Expediente digital. Folios 266-267 del documento 02 Antecedentes Administrativos.pdf.

34

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Todo lo anterior explica que el Tribunal ad quem, contrario a lo

planteado en este recurso, sí estaba habilitado para examinar no

solo la posición de la sociedad demandante frente a los reproches

invocados en el escrito de demanda y el recurso de apelación de su

autoría, sino frente a la totalidad de los argumentos expuestos en

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Núm. único de Radicación: 11001032400020230022700
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el proceso, incluidos aquellos que la entidad presentó al oponerse

a la demanda y a la sentencia de primera instancia.

Por ello, el examen que realizó el Tribuna ad quem no representa

una infracción constitutiva de la causal invocada debido a que no

está soportada en la incongruencia externa e interna invocadas,

pues, como quedó registrado, la decisión cuestionada se

circunscribió al objeto de lo pretendido y a las razones que

constituyeron el pronunciamiento judicial, sin que implicara un

aspecto superior al planteado.

Ahora, debe aclararse en cuanto a la trascripción de algunos

apartes de la actuación administrativa, tales como el contenido de

las resoluciones cuestionadas y la intervención de la accionante en

el proceso ordinario, que para la Sala esta reproducción no puede

constituir un cuestionamiento reprochable en la estructura del fallo,

pues, tal como se expone, lo que en realidad representa es un

apoyo para identificar el contexto de la actuación administrativa y

a partir de las alegaciones formuladas tomar la decisión sobre el

estudio de legalidad planteado y los fundamentos de la apelación.

De ahí que no pueda perderse de vista que es, precisamente, de su

contenido que se corroboró que le asistía razón a los argumentos

de oposición que la entidad esgrimió contra el fallo de primera

instancia.

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Núm. único de Radicación: 11001032400020230022700
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Entonces, para esta Sala la explicación de las etapas que se

evacuaron en el procedimiento administrativo y que mereció la

transcripción de apartes del acto de formulación de cargos y de los

actos acusados, no deviene en que una decisión sea incongruente;

al contrario, constituye el respaldo fáctico y normativo de la

actuación que fue la que le permitió al fallador valorar si procedía

o no la revocatoria del fallo apelado, luego de examinar el marco

normativo ambiental preestablecido para el adelantamiento del

proceso sancionatorio que cuestionó la recurrente y las actuaciones

soporte de los actos acusados.

En ese orden, la competencia para resolver el recurso de alzada se

amparó en la totalidad de las razones que integraron la litis, esto

es, no solo en aquellos que constituyeron la oposición a la legalidad

de los actos acusados, sino de los que explicó la entidad y que le

permitieron al fallador identificar el contexto fáctico y normativo

que la autoridad ambiental consideró frente al seguimiento de las

responsabilidades exigidas a la sociedad JERO S.A.S., sin que la

decisión producto de dicho análisis pueda calificarse como una

decisión extra petita, entendida como aquella que resuelve “sobre

elementos o puntos no comprendidos en la relación jurídico-procesal”39.

39
Corte Constitucional. Sentencia T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

38

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En efecto, de la lectura del texto de la sentencia objeto del recurso

se aprecia que la estructura del fallo no deviene en incongruente,

había cuenta que el Tribunal expuso los fundamentos que lo

llevaron a proferir la sentencia revocatoria, así:

“[...] Ahora bien, una vez analizado el procedimiento
administrativo sancionatorio, no comparte la Sala la
apreciación realizada por el Juzgado de conocimiento,
puesto que éste se adecúa a las normas en las cuales se debe
sustentar la actuación, pese a que no se mencionan en las
consideraciones ni en la parte resolutiva de las
resoluciones cuestionadas.

De conformidad con lo anterior, las conductas descritas
(desperdicio del recurso hídrico, alteración al sistema de flujo
de las aguas y no acatar los requerimientos de la autoridad
ambiental) están tipificadas en los artículos 238 y 239 del
Decreto 1541 de 197840; el valor de la multa impuesta no
supera el tope máximo consagrado en la ley para esta clase de
infracciones 41 , y por último, la entidad demandada
adelantó el proceso administrativo sancionatorio
respetando las normas que rigen la materia (artículos 17

40
ARTICULO 238. Por considerarse atentatorias contra el medio acuático se prohíben las siguientes
conductas: (…) 3. Producir en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos:
a. La alteración nociva del flujo natural de las aguas;
b. La sedimentación en los cursos y depósitos de agua;
c. Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas;
e. La extinción o disminución cualitativa o cuantitativa de la flora o de la fauna acuática, y
f. La disminución del recurso hídrico como fuente natural de energía.

ARTICULO 239. Prohíbase también:
1. Utilizar aguas o sus cauces son la correspondiente concesión o permiso cuando éste o aquella son
obligatorios conforme al Decreto - Ley 2811 de 1974 y a este Decreto, o sin el cumplimiento de las
obligaciones previstas por el artículo 97 Del Decreto - Ley 2811 de 1974;
2. Utilizar mayor cantidad de la asignada en la resolución de concesión o permiso;
3. Interferir el uso legítimo de uno o más usuarios;
4. Desperdiciar las aguas asignadas; (…)
10. Obstaculizar o impedir la vigilancia o inspección a los funcionarios competentes, o
negarse a suministrar la información a que están obligados los usuarios, de conformidad
con lo establecido por los artículos 23, 133, 135 y 144 del Decreto - Ley 2811 de 1974
41
Sobre el tema, el artículo 85 numeral 1º de la Ley 99 de 1993, por medio de la cual “se crea el
Ministerio Del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental
–SINA y se dictan otras disposiciones, establece las clases de sanciones que se pueden interponer:

”1. Sanciones:
a. Multas diarias hasta por una suma equivalente a trescientos (300) salarios mínimos
mensuales, liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución;
b. Suspensión del registro o de la licencia, la concesión, permiso o autorización;
c. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio respectivo y revocatoria o
caducidad del permiso o concesión;
d. Demolición de obra, a costa del infractor, cuando habiéndose adelantado sin permiso o licencia, y
no habiendo sido suspendida, cause daño evidente al medio ambiente o a los recursos naturales
renovables;
e. Decomiso definitivo de individuos o especímenes de fauna o flora o de productos o implementos
utilizados para cometer la infracción…”. (Subrayado fuera de texto).

39

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a 31 de la ley 1333 de 2009), a saber: formulación de
cargos42 (folios 1 a 6 del expediente), práctica de pruebas 43
(folios 28 a 31 del expediente) y, resolviendo el asunto
determinado44 (folios 32 a 51 y 72 a 78 del expediente), en
consecuencia, no puede alegarse vulneración al debido
proceso teniendo en cuenta la oportunidad que tuvo en
su momento la parte actora para solicitar la práctica de
pruebas y de controvertir las decisiones de la
administración en el proceso sancionatorio adelantado.
En síntesis, al confrontar la actuación de la entidad junto con
los antecedentes administrativos aportados, se tiene que el
Municipio de Santiago de Cali adelantó el proceso sancionatorio
requiriendo a la sociedad propietaria del bien inmueble donde
se cometió la infracción a efectos de que ejerciera su derecho
de defensa y contradicción, rindiendo descargos en su
oportunidad y recurriendo las decisiones de la administración,
con claridad absoluta consta en el expediente los
requerimientos efectuados por el Municipio de Santiago de Cali
por la infracción cometida (desperdicio del recurso hídrico,
alteración al sistema de flujo de las aguas y no acatar los
requerimientos de la autoridad ambiental), la cual fue
verificada por la administración, la sociedad multada dispuso
de la oportunidad de ensayar su defensa, solicitar la práctica
de pruebas e interponer los recursos procedentes; es decir, que
de ninguna manera es de recibo considerar que dentro del
trámite surtido en sede administrativa se pretermitieron las
garantías que concretan el debido proceso, por lo que se
encuentra improbado el cargo formulado en tal sentido.

[…]

Bajo estas consideraciones, se tiene que la entidad demandada
actuó en cumplimiento de un deber constitucional de preservar
el medio ambiente15 45 respetando el debido proceso al

42
Ley 1333 de 2009. Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan
otras disposiciones. “ART. 24. FORMULACIÓN DE CARGOS. Cuando exista mérito para continuar
con la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente
motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o
causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las
acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se
estiman violadas o el daño causado…”
43
ART. 26. PRÁCTICA DE PRUEBAS. Vencido el término indicado en el artículo anterior, la autoridad
ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los
criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere
necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá
prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca
la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas. PARÁGRAFO. Contra el acto
administrativo que niegue la práctica de pruebas solicitadas, procede el recurso de reposición. La
autoridad ambiental competente podrá comisionar en otras autoridades la práctica de las pruebas
decretadas.
44
ART. 27. DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCIÓN. Dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según
el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por
violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar.
45
En la sentencia C-259 de 2016, luego de hacer una lectura sistemática de la Constitución, la Corte
encontró que el Estado asume cuatro deberes fundamentales con relación al medio ambiente: “(i) El
deber de prevenir los daños ambientales, entre otros, se contempla en los siguientes preceptos

40

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infractor en el trámite de la actuación administrativa, en el caso
concreto no existe una atipicidad de la conducta e ilegalidad del
procedimiento que vulnerara el debido proceso al actor tal y
como lo pretende hacer notar, por lo que al no evidenciar la
Sala ninguna irregularidad en el actuar del Municipio de
Santiago de Cali, resulta forzoso revocar la sentencia recurrida
y negar las pretensiones de la demanda, tal y como se
plasmará en la parte resolutiva de este proveído […]”.

Así las cosas, la Sala aprecia que la actuación administrativa

sometida a control judicial exigía para el juez de la apelación

examinar los fundamentos fácticos y jurídicos de los actos

acusados, motivo por el cual no se encuentra que el

pronunciamiento del juez constituya la aludida “extralimitación”

que planteó la sociedad recurrente, motivo por el cual se advierte

que sus argumentos son de oposición y desacuerdo con la

constitucionales: (a) en el mandato de evitar factores de deterioro ambiental (CP art. 80.2), esto es,
adoptando de forma anticipada un conjunto de medidas o de políticas públicas que, a través de la
planificación, cautelen o impidan el daño al ecosistema y a los recursos naturales; o que, en caso de
existir, permitir o habilitar algún impacto sobre los mismos, logren asegurar su aprovechamiento en
condiciones congruentes y afines con el desarrollo sostenible. Este deber también se expresa en el
(b) fomento a la educación ambiental (CP arts. 67 y 79) y en la garantía (c) a la participación de la
comunidad en las decisiones que puedan afectar el medio ambiente (CP art. 79). (ii) El deber de
mitigar los daños ambientales se manifiesta en el control a los factores de deterioro ambiental (CP
art. 80.2), en términos concordantes con el artículo 334 del Texto Superior, el cual autoriza al Estado
a intervenir, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, y en la producción,
distribución, utilización y consumo de los bienes, con el fin de racionalizar la economía en aras de
mejorar la calidad de vida de los habitantes, y lograr los beneficios del desarrollo y la preservación
de un ambiente sano. Por esta vía, por ejemplo, se destaca la existencia de los planes de manejo
ambiental y de las licencias ambientales, que en relación con actividades que pueden producir un
deterioro al ecosistema o a los recursos naturales, consagran acciones para minimizar los impactos
y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad. (iii) El deber de indemnizar o reparar los daños
ambientales encuentra respaldo tanto en el principio general de responsabilidad del Estado (CP art.
90), como en el precepto constitucional que permite consagrar hipótesis de responsabilidad civil
objetiva por los perjuicios ocasionados a los derechos colectivos (CP art. 88). Adicionalmente, el
artículo 80 del Texto Superior le impone al Estado el deber de exigir la reparación de los daños
causados al ambiente. Por esta vía, a manera de ejemplo, esta Corporación ha avalado la
exequibilidad de medidas compensatorias, que lejos de tener un componente sancionatorio, buscan
aminorar y restaurar el daño o impacto causado a los recursos naturales. (iv) Finalmente, el deber
de punición frente a los daños ambientales se consagra igualmente en el artículo 80 de la
Constitución, en el que se señala la posibilidad de imponer sanciones de acuerdo con la ley. De este
precepto emana la potestad sancionatoria del Estado en materia ambiental, cuyo fin es el de
garantizar la conservación, preservación, protección y uso sostenible del medio ambiente y de los
recursos naturales. Esta atribución, como manifestación del ius puniendi, admite su ejercicio tanto
por la vía del derecho administrativo sancionador (lo que incluye el derecho contravencional y el
derecho correccional), como a través del derecho punitivo del Estado. Se trata en esencia, de un
poder de sanción, que lejos de ser discrecional es eminentemente reglado, sobre todo en lo que
refiere a la garantía del derecho fundamental al debido proceso (CP art. 29). Incluso los
pronunciamientos reiterados de la Corte han destacado que cualquier medida sancionatoria debe
estar sujeta a los principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, juez natural,
inviolabilidad de la defensa y non bis in ídem”.

41

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sentencia, planteamientos que, conforme se ha reiterado, son

imposibles de reexaminarse a través de este medio extraordinario.

Ahora, en relación con el reproche relativo a que el Tribunal

concretó las normas que contenían la presunta infracción

endilgada, lo relevante para este caso es que al analizar el recurso

de apelación el fallador resolvió este reproche e indicó que el pliego

de cargos se profirió conforme a la regulación pertinente, todo lo

cual implica para esta Sala que se estudió la observancia de los

requisitos exigidos por la norma y se estableció que no se probó la

violación alegada.

Finalmente, no puede ocuparse el juez extraordinario de corroborar

en este trámite si como lo plantea la sociedad recurrente el no

referirse en los actos acusados a las normas que identificó como

omitidas, implicó la infracción que alega, pues está claro que de

este examen ya se ocupó el Tribunal sin que sea posible sustituir o

revisar tal decisión porque ello desborda el objeto de este recurso.

Por último, no sobra destacar que el fallo recurrido también fue

objeto de revisión a través de la acción de tutela por esta

Corporación46 al ocuparse de resolver si era violatorio de derechos

46
La Sección Primera de esta Corporación por sentencia de 9 de marzo de 2023 DECLARÓ
IMPROCEDENTE la acción de tutela radicada bajo el número 11001 03 15 000 2023 00559 00.C.P.
Oswaldo Giraldo López. Expediente Digital. Archivo 12SentenciaTutelaConsejoEstado.pdf. Por su
parte, en virtud de la impugnación del fallo, la Sección Cuarta mediante sentencia de 8 de junio de

42

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fundamentales, según da cuenta el expediente digital que se

remitió a este trámite extraordinario.

Por todo lo expuesto, no encuentra la Sala probado el reproche de

incongruencia, pues entenderlo como lo propuso la parte recurrente

implica dejar sin defensa a la parte accionada, a quien le está

reconocido también el ejercicio pleno de su derecho de

contradicción no solo a través de la contestación de la demanda,

sino del planteamiento de excepciones y, por supuesto, del ejercicio

de los recursos contra las decisiones proferidas en el curso del

proceso, como en este caso ocurrió al resolver la apelación

interpuesta por ambas partes.

Estos razonamientos son más que suficientes para concluir que

debe declararse infundado el recurso extraordinario de revisión.

5.5 Condena en costas

Las costas procesales se definen 47 como la “erogación económica

que debe asumir la parte que resulte vencida en un proceso judicial,

2023, REVOCÓ la sentencia impugnada y en su lugar, DENEGÓ las pretensiones de la acción de
tutela formulada por Jero SAS. CP. WILSON RAMOS GIRÓN. Expediente Digital. Archivo
13SentenciaTutelaSegundaInstancia.pdf.
47
Consejo de Estado - Sala Plena. Exp. 15001-33-33-007-2017-00036-01(AP)REV-SU. Sentencia de
6 de Agosto de 2019. C.P. Rocío Araújo Oñate.

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que se compone de las i) expensas 48 y las ii) agencias en

derecho49”.

En la jurisdicción de lo contencioso administrativo su fijación varió

con respecto a lo estatuido en el CCA 50, al pasar de un criterio

subjetivo51 a uno objetivo valorativo52, en el que se requiere que

el juez revise si se causaron.

Ahora, el CPACA prevé que las costas se fijen de manera objetiva

contra la parte vencida en juicio, pues no operan de manera

automática, en tanto al juzgador le corresponde valorar si se

configura alguna de las hipótesis previstas por el legislador, reglas

que también se predicaban para los recursos extraordinarios de

revisión.

No obstante, la condena en costas en el recurso extraordinario fue

objeto de reforma por la Ley 2080 de 2021, en el sentido de prever

que, en los términos del artículo 255 ibidem, cuando “se declare

48
“73. […] responden a los gastos necesarios para tramitar el proceso, tales como son el valor de
copias, publicaciones, impuestos de timbre, honorarios de peritos, honorarios de auxiliares de la
justicia, gastos de desplazamiento por diligencias fuera del despacho judicial, gasto de traslado de
testigos, por citar algunos ejemplos”.
49
“74. Las […] -agencias de derecho-, obedecen a la suma que el juez debe ordenar en beneficio de
la parte favorecida con la condena en costas, para reconocerle los costos afrontados por la
representación de un abogado o, si actuó en nombre propio, como contraprestación por el tiempo y
esfuerzo dedicados a la causa.”
50
Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo - sección segunda - subsección a.
Sentencia de 28 de febrero de 2020. Radicación número: 19001-23-33-000-2017-00086-01(2445-
18). C.P. William Hernández Gómez.
51
esa valoración estaba atada a la prueba del comportamiento de la parte y a la mala fe o temeridad
durante el proceso.
52
En cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea total
o parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso.

44

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infundado [el recurso] se condenará en costas”, mandato que

resulta imperativo para el fallador que adopte esta decisión.

Para verificar entonces su aplicación basta establecer que este

proceso se presentó luego de entrar en vigor la Ley 2080 de 2020

que modificó el CPACA y que, al decidirse el recurso, se declaró

infundado.

En el caso bajo examen se dan los presupuestos requeridos lo que

impone que se fijen de acuerdo con la naturaleza, calidad y

duración de la gestión útil.

Con tal propósito y en observancia del artículo 366 del Código

General del Proceso y del Acuerdo PSAA16-10554 de

2016, contentivo de las tarifas de agencias en derecho expedido

por el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala, de acuerdo con

las actuaciones procesales realizadas, fijará las agencias en

derecho en un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha

de esta providencia, para el Distrito Especial Deportivo, Cultural

Turístico de Cali.

Por último, se reconocerá personería al doctor ANDRES FELIPE

CABEZAS TORRES 53 como apoderado judicial del DISTRITO

53
Registro 20 SAMAI. CONTESTACION 2023 00227(.pdf) NroActua 20

45

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ESPECIAL DE CALI, de conformidad con el poder presentado al

contestar este recurso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera,

administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de

revisión interpuesto contra la sentencia de 22 de julio de 2022, por

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la sociedad recurrente. Por la

Secretaría, liquídense.

TERCERO: FIJAR como agencias en derecho la suma equivalente

a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta

providencia, la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a

pagar por la sociedad recurrente en favor del Distrito Especial

Deportivo, Cultural Turístico de Cali.

CUARTO: RECONOCER PERSONERÍA al abogado ANDRES

FELIPE CABEZAS TORRES como apoderado judicial del

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DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO,

EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI, de

conformidad con el poder presentado al contestar este recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de diciembre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la
gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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