Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2023-00227-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2023-00227-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2023-00227-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
12 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Núm. único de Radicación: 11001032400020230022700
Actora: JERO S.A.S.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión presentado por
la sociedad JERO S.A.S. contra la sentencia de 22 de julio de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que
REVOCÓ1 la sentencia 092 de 17 de junio de 2017, dictada por el
Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito de Cali y, en su
lugar, DENEGÓ las pretensiones a las que había accedido el a quo
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por la sociedad actora.
I. ANTECEDENTES
1.1. La parte recurrente ejerció medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Departamento
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente de Cali 2 – DAGMA,
1
La sentencia revocada dispuso en el numeral 1° anular los actos acusados y en el 2°, accedió a
título de restablecimiento a declarar que la parte demandante no estaba obligada a pagar la sanción
impuesta.
2
En adelante DAGMA
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Núm. único de Radicación: 11001032400020230022700
Actora: JERO S.A.S.
tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones
4133.010.21.0643 de 14 de febrero de 2017 y 4133.010.21.662 de
26 de julio de 2017 4 ; y que, en consecuencia, no está en la
obligación de efectuar el pago de la multa que se le impuso.
1.2. Aseguró que las resoluciones demandadas se expidieron luego
de que la directora del DAGMA, mediante auto 741, abrió la
investigación en su contra por la supuesta afectación al sistema de
flujo de aguas subterráneas y de los niveles del aljibe concesionado
Vc-886, causados por las excavaciones desarrolladas con ocasión
del proyecto “Hotel La Sagrada Familia” de su propiedad.
1.3. Que en dicho acto se ordenó:
"[…] ARTICULO. SEGUNDO: Formular cargos contra la Sociedad
Constructora JERO S.A.S., identificada con el Nit. 900.400. 828-2,
ubicada en la Calle 3 Oeste No. 3- 20, Barrio el Peñón,
representada legalmente par el Sr. JERONIMO JIMENEZ AGUIRRE,
identificado con la C.C. No. 6.106.225 de Cali (V), quien adelanta
el proyecto constructivo HOTEL LA SAGRADA FAMILIA, por el no
acatamiento de las directrices o recomendaciones
impartidas por el Departamento Administrativo de Gestión
de Medio Ambiente DAGMA, con el fin de mitigar el daño
producido con la excavación realizada en inmediaciones del
aljibe Vc-886, infringiendo con esta conducta el Decreto
1541 de 1978 […]”.
1.4. Adujo que surtido el trámite administrativo se le declaró
responsable ambientalmente y, en consecuencia, fue sancionada,
así:
3
“Por medio de la cual se califica proceso sancionatorio ambiental adelantado por el DAGMA, contra
la - sociedad JERO S.A.S. (hotel la sagrada familia), ubicada en la carrera 3 oeste no. 3- 20 del barrio
el Peñón de la ciudad de Santiago de Cali".
4
"Por medio de la cual se resuelve un recurso".
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Núm. único de Radicación: 11001032400020230022700
Actora: JERO S.A.S.
“[…] ARTICULO PRIMERO: DECLARAR Responsable a la Sociedad
JERO S.AS., con el número de Nit .9004008282 y al Señor JORGE
LEONARDO JERÓNIMO JIMENEZ AGUIRRE identificado con cedula
de ciudadanía N° 6.106.225, expedida en Cali (Valle del Cauca)
Representante Legal de la Sociedad ubicada en la Carrera 3 Oeste
No. 3-20 Plazuela del Barrio El peñón de la ciudad de Santiago de
Cali y/o quien haga sus veces en la actualidad por las razones
expuestas en la parte motiva del presente proveído con
fundamento en lo que establece la Ley-1313 de 2009.
ARTICULO SEGUNDO: SANCIONAR, a la sociedad JERO S.AS.,
con el número de Nit 900400828-2 y al Señor JORGE LEONARDO
JERÓNIMO JIMENEZ AGUIRRE; identificado con cedula de
ciudadanía N° 6.1.06.225 expedida en Cali (Valle del Cauca)
Representante Legal de la Sociedad, ubicado en la Calle 3 Oeste
No. 3-20 Plazuela del Barrio El Peñón y/o quien haga sus veces en
la actualidad, por no acatar las directrices u órdenes y
recomendaciones impartidas por el Departamento
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, con el fin de
mitigar el daño producido por la excavación realizada en
inmediaciones del aljibe Vc-886 en concordancia con lo
establecido en el Decreto 1541 de 1978 y demás normas
establecidas en Materia Ambiental, con multa por valor de
TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS . PESOS ($37.134.416,00) M/L.
1.5. Indicó que la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho se soportó en la vulneración de los principios de tipicidad,
legalidad y debido proceso.
1.6. Señaló que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Cali profirió sentencia el 17 de junio de 2019, mediante la cual
declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y
ordenó el restablecimiento del derecho solicitado. Para ello, sostuvo
que:
“[...] el acto administrativo que se profiera como pliego de
cargos tiene que ser motivado, es decir, señalar los
fundamentos de hecho que indiquen la acción, omisión o
el daño causado y las razones de derecho o soporte
normativo para la acusación. Lo anterior adquiere mayor
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relevancia, si se tiene en cuenta la presunción de culpa o dolo
establecida en la Ley 1333 de 2009, por cuanto la motivación
permite al investigado ejercer el derecho de contradicción y
defensa frente a la acusación formulada y conocer que
comportamiento se exigía del mismo por parte de la
administración […]”.
1.7. Manifestó que tanto la parte actora como la entidad accionada
interpusieron recurso de apelación contra el fallo de primera
instancia, correspondiéndole su conocimiento al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
II. PROVIDENCIA RECURRIDA EN REVISIÓN
Corresponde a la sentencia de 22 de julio de 2022, por la cual el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca REVOCÓ el fallo
apelado y, en su lugar, DENEGÓ las pretensiones de la demanda y
CONDENÓ en costas a la parte accionante.
El recurso de apelación lo interpusieron: i) la parte demandante,
por la no condena en costas; y ii) la entidad demandada, al
oponerse a la declaratoria de nulidad y el restablecimiento del
derecho, bajo el argumento de que la exigencia impuesta resultaba
de un rigor excesivo en la clasificación de la conducta sancionatoria
en detrimento del derecho sancionador ambiental.
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Actora: JERO S.A.S.
El Tribunal al resolver el problema jurídico5, al que circunscribió su
pronunciamiento, indicó que revocaría el fallo de primera instancia
al considerar que no avizoraba irregularidad o ilegalidad del
procedimiento sancionatorio ambiental ni vulneración al debido
proceso a la Sociedad Jero S.A.S.
Para arribar a tal conclusión, -luego de aludir al marco normativo y
jurisprudencial sobre la materia y evidenciar las actuaciones
relevantes-, sostuvo:
Que las conductas descritas de: i) desperdicio del recurso hídrico,
ii) alteración al sistema de flujo de las aguas y iii) no acatamiento
de los requerimientos de la autoridad ambiental, se encontraban
tipificadas en los artículos 238 y 239 del Decreto 1541 de 1978;
y que el valor de la multa impuesta no superaba el tope máximo
previsto en la ley para esta clase de infracciones.
Que la entidad demandada adelantó el proceso administrativo
sancionatorio respetando las normas que rigen la materia, esto es,
los artículos 17 a 31 de la Ley 1333 de 2009, lo que impedía dar
por probada la vulneración al debido proceso.
5
Lo delimitó en los siguientes términos: “[…] La Sala debe establecer si los actos administrativos
cuestionados, incurrieron en alguna de las causales de nulidad consagradas en la Ley 1437
de 2011, para lo cual se confrontará la actuación de la administración con los cargos
esgrimidos por la parte actora en la demanda, los reparos realizados por parte del
municipio en su recurso de alzada y las consideraciones jurídicas del A quo para la
resolución del caso concreto. Finalmente, se analizará lo tendiente a la condena en costas según
el recurso de alzada impetrado por la parte actora […]”.
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Actora: JERO S.A.S.
Que se probó que la entidad accionada requirió, antes y en
desarrollo del proceso sancionatorio, a la sociedad propietaria del
bien inmueble por la infracción endilgada para que ésta ejerciera
su derecho de defensa y contradicción, rindiera los descargos en
oportunidad y recurriera las decisiones de la administración; y que
previo a la imposición de la multa tuvo la oportunidad de ejercer su
derecho de defensa y contradicción.
Concluyó que la entidad demandada actuó en cumplimiento de un
deber constitucional de preservar el medio ambiente, todo lo cual
se desarrolló con respeto al debido proceso.
III. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
La sociedad recurrente plantea que en este caso se configura la
causal 5ª del artículo 250 de la Ley 1437 del 2011, en tanto estima
que la cuestionada sentencia incurre en falta de congruencia por
disparidad entre lo pedido y lo resuelto.
Aludió que el motivo que expresó para cuestionar la legalidad de
los actos acusados obedeció a que en el “[…] proceso sancionatorio
ambiental, en el cual en ninguna etapa procesal se especificó
cuáles de las 288 disposiciones del mencionado Decreto
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fueron las que se vulneraron; situación que llevó a una evidente
vulneración del debido proceso, al principio de legalidad y principio
de tipicidad […]”, hecho que se corroboró, a su juicio, desde el
momento en que se decretó la medida cautelar de suspensión de
los efectos de las resoluciones demandadas.
Indicó que la sentencia de primera instancia fundamentó su
decisión en que “el auto de pliego de cargos debió ser motivado, es
decir, éste debe señalar los fundamentos de hecho que indiquen la
acción, omisión o el daño causado y las razones de derecho o
soporte normativo de la acusación”.
Agregó que “el juzgado indicó que en el auto de pliego de cargos
debía establecerse si la afectación generada por las obras
ejecutadas por JERO SAS constituye una infracción a las normas
ambientales y en qué medida, toda vez que en materia
sancionatoria la interpretación de las normas es restrictiva”.
Precisó que al considerarse por el Tribunal que las conductas en
que incurrió la sociedad recurrente están tipificadas en los artículos
238 y 239 del Decreto 1541 de 1978, normas que expresan
prohibiciones y sanciones contra el medio acuático, tal conclusión
desconoce que la parte accionada no enlistó “los artículos
mencionados por el Magistrado de conocimiento, la
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Actora: JERO S.A.S.
conducta por la que le impuso la multa a mi cliente. En este
caso, fue el Tribunal Contencioso (sic) Administrativo del Valle el
que adecuó a su arbitrio la conducta, sin ser el competente para
ello, extralimitando su función al fallar de manera ultra petita,
entendida esta última como aquella donde el fallador excede los
límites de lo fijado en el litigio y la ley […]”.
Agregó, con apoyo en la jurisprudencia de esta Corporación 6, que
la falta de congruencia es la disparidad entre lo pedido, lo debatido
y lo probado, circunstancia que tiene sustento en los artículos 29
de la Constitución Política y 248 del CGP. Con tal fin, transcribió el
siguiente aparte:
“[…] La falta de congruencia interna o externa se erige como
una causal de nulidad de la sentencia, que le permite al juez
de la revisión infirmar el fallo cuestionado. Es importante poner
de presente que normativamente este principio estaba previsto
en el artículo 170 del CCA y no de forma expresa en el CPACA.
(…) [E]l principio de congruencia se desprende del artículo 281
del CGP y del artículo 29 Constitucional, que consagra el
derecho fundamental al debido proceso. (…) En ese sentido,
la incongruencia genera la nulidad de la sentencia
cuando esta trastorna completamente los términos de
referencia que sirvieron al desarrollo del proceso. Por
esta razón, no cualquier reproche sobre la falta de
congruencia externa o interna estructura la causal de
revisión, pues se exige que la disparidad entre lo pedido,
lo debatido y lo probado sea protuberante, a tal punto
que, no exista justificación objetiva y relacionada con las
materias medulares del proceso […]”. (Resaltado en el
texto original)
6
Se refirió a la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 13 de octubre del 2020 proferida
dentro del proceso con radicación 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV) C.P. Alberto Montaña
Plata
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Bajo esta causal estimó que también se incurre en la nulidad
alegada por falta absoluta de motivación de la sentencia,
sustentada en que el Tribunal ad quem desconoció las ritualidades
sustanciales propias del fallo, por cuanto en su decisión se limitó a:
“[…]
1) Transcribir el contenido de la resolución No.
4133.010.21.064 del 14 de febrero del 2014.
2) Transcribir los argumentos que la sociedad JERO SAS rindió
dentro del recurso de reposición interpuesto en contra de la
resolución No. 4133.010.21.064 del 14 de febrero del 2014.
3) Transcribir el contenido de la resolución No.
4133.010.21.662 de fecha 26 de Julio de 2017 a través de la
cual se resolvió el recurso interpuesto por mi poderdante contra
la resolución No. 4133.010.21.064 del 14 de febrero del 2014.
4) El argumento del fallo se circunscribe en decir que las
conductas impuestas a la sociedad JERO SAS están
tipificadas en los artículos 238 y 239 del Decreto 1541
de 1978, y que el valor de la multa impuesta no supera
ellos topes permitidos por la ley.
5) El fallo indica finalmente que la entidad demandada adelantó
el proceso sancionatorio respetando las etapas del proceso y
que mi poderdante tuvo la oportunidad procesal para ejercer la
defensa, solicitar las pruebas y controvertir las decisiones,
luego entonces, indica que no hay lugar a la violación al debido
proceso […]”.
Bajo esta consideración, insistió en que su reproche se circunscribió
en el hecho de que “[…] en ningún momento el DAGMA especificó
cuál de las 288 disposiciones del Decreto 1541 de 1978 fue
la que supuestamente transgredió la Sociedad que
represento, con esto claramente violentando el principio de
legalidad y tipicidad de las sanciones disciplinarias al momento de
sancionar administrativamente a mi poderdante […]”.
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Agregó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se
atribuyó una facultad que no le correspondía, esto es, “[…] adecuó
a su manera, las normas que presuntamente violó mi poderdante;
función que debió realizar la parte demandada desde el momento
en que decidió proferir el pliego de cargos […]”.
Señaló que los criterios adoptados por el DAGMA para establecer el
valor de la multa y su tasación no se sustenta en ninguna norma
jurídica; y que es, precisamente, este hecho el que vulnera el
debido proceso habida cuenta que las autoridades administrativas
no pueden imponer a su arbitrio el valor de la sanción, pues es una
competencia reservada a la ley.
Finalmente, adujo que si bien es cierto que a la recurrente se le
sancionó “por no acatar las directrices u órdenes y
recomendaciones impartidas por el Departamento Administrativo
de Gestión del Medio Ambiente”, también lo es que dicha conducta,
u omisión atribuida, no está prevista por el legislador como
infracción lo que acredita la violación del principio de tipicidad.
IV. TRÁMITE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO
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Actora: JERO S.A.S.
4.1. Mediante proveído de 12 de julio de 2024, se inadmitió el
recurso para que se corrigiera el escrito debiendo al efecto acreditar
que remitió, por medio electrónico, copia del escrito del recurso
extraordinario de revisión y sus anexos a la parte demandada, de
conformidad con lo previsto en el numeral 8 del artículo 162 del
CPACA.
4.2. Subsanado el escrito inicial, por auto de 20 de agosto de 2024,
el Despacho admitió el recurso7 y ordenó notificar al DISTRITO
ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
También a la Procuraduría Delegada ante esta Corporación.
4.2. Cumplidas en debida forma las notificaciones 8 , tanto el
Ministerio Público como el Distrito Especial de Santiago de Cali se
pronunciaron en relación con lo pretendido en el recurso
extraordinario, de la siguiente manera:
4.2.1. DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI
7
Al señalar los defectos del escrito del recurso extraordinario de revisión, se halló oportuno su
ejercicio, en razón a que La sentencia recurrida de 22 de julio de 2022 quedó notificada el 8 de agosto
de 2022 y adquirió ejecutoria el 11 de agosto de 2022, lo que habilitaba para su ejercicio oportuno
hasta el 14 de agosto de 2023. Comoquiera que el recurso se presentó el 4 de agosto de 2023,
resulta oportuno. Este análisis se efectuó en el auto inadmisorio de 12 de julio de 2024.
8
Según da cuenta los documentos soporte del envío de los correos electrónicos. Registro SAMAI 14-
15.
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Actora: JERO S.A.S.
Por conducto de apoderado judicial9 dio respuesta a este recurso y
refirió que el juez de la revisión no se encuentra facultado para
reabrir los debates de las instancias ordinarias, por lo que no es
admisible cuestionar la manera en que el juez de la segunda
instancia fundó su decisión; y que la interpretación jurídica que
realiza el juez corresponde al ámbito de su autonomía judicial.
Indicó, en relación con los reproches planteados, que la decisión sí
fue motivada; que el vicio invocado se presenta solo ante “la
carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de
hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión”; y que,
en ese orden, esta causal no procede para controvertir las razones
del fallo ni para corregir los errores de apreciación de los hechos y
de las pruebas, que es la pretensión del recurrente, por encontrarse
en desacuerdo con el fallo.
Frente a la alegación de la presunta incongruencia, adujo que lo
pretendido por esta vía extraordinaria es insistir en el litigio ya
resuelto, esto es, acerca de la tipicidad de la conducta que, a su
juicio, no fue motivada en los actos demandados.
Agregó que no se vulnera el principio de congruencia, por cuanto
se requiere que la sentencia tenga una disparidad “protuberante”
9
Registro SAMAI. Índice 20. Memorial CONTESTACION 2023 00227(.pdf) NroActua 20
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Actora: JERO S.A.S.
para configurar la transgresión de dicho principio; que lo que se
aprecia es que la tipicidad de la conducta y la sanción impuesta fue
tema consustancial debatido y probado en sede de apelación
En ese orden, indicó que al tenor de los artículos 320 y 328 del CGP
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca tenía competencia
para verificar si la conducta se subsumía dentro de los supuestos
de hecho que trae el Decreto 1541 de 1978 y pronunciarse sobre
ello, aspecto que está inescindiblemente ligado al objeto del litigio;
además de que fue objeto de apelación por el demandado, Distrito
Especial de Santiago de Cali, motivo por el cual el fallador de
segunda instancia estaba autorizado para determinar si la
recurrente incurrió en la falta, con independencia de que la
demanda se hubiera referido o no a ello, cuando el recurso de
apelación si lo hizo.
Concluyó que no hay lugar a infirmar la sentencia recurrida y, en
consecuencia, pidió declarar infundado el recurso extraordinario de
revisión comoquiera que no se evidencia la configuración de la
causal invocada.
4.2.2. EL MINISTERIO PÚBLICO
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Actora: JERO S.A.S.
El Procurador Quinto Delegado10 ante esta Corporación, indicó que
el recurso de revisión tiene por objeto procurar el restablecimiento
de la justicia material de la decisión, cuando quiera que esta última
ha sido afectada por situaciones exógenas que no pudieron
plantearse en el proceso correspondiente.
En relación con la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, alegada, y
los motivos invocados como constitutivos de ésta, refirió que el
propósito del recurso extraordinario de revisión no es el de reparar
los posibles errores en los que hubiere incurrido el juez o las partes,
sino que lo que se busca es un nuevo estudio del asunto.
Luego de identificar el trámite administrativo y judicial que
concierne con las resoluciones que se cuestionaron y que dieron
lugar al fallo que se recurre por este medio extraordinario, adujo
que la situación que se alega no desconoció el principio de
congruencia ni interna ni externa, por parte del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por lo que debe declararse
infundado.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
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Registro SAMAI. Índice 18. Memorial 20230022700pdf(.pdf) NroActua 16
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Actora: JERO S.A.S.
5.1. Competencia de la Sala
En los términos del artículo 248 del CPACA, el recurso
extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas, dictadas por el Consejo de Estado, los tribunales y
los jueces administrativos.
Frente a la competencia asignada a esta Sección, el artículo 249
del CPACA dispone que conocerá del recurso extraordinario de
revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los
Tribunales Administrativos, según la materia.
En este caso, le corresponde a esta Sala decidir el recurso
extraordinario de revisión interpuesto contra el fallo dictado por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, atendiendo a la
distribución de los procesos entre las secciones, prevista en el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, esto es, el Reglamento de la
Corporación.
5.2. Generalidades del recurso extraordinario
Este recurso es un medio judicial de carácter extraordinario
establecido por el legislador como excepción al principio de
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Actora: JERO S.A.S.
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, que hacen tránsito a
cosa juzgada.
Su propósito se orienta a cuestionar la decisión judicial que ha
adquirido firmeza, bajo el entendido de que su controversia se
sustenta en la ocurrencia de alguna de las causales taxativas
previstas en los artículos 250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de 2003
que se tramitan bajo este procedimiento especial.
El objeto del recurso extraordinario es el restablecimiento de la
justicia material y su procedencia se supedita a demostrar que la
decisión cuestionada es contraria a derecho. Ello ocurre cuando se
prueba que las circunstancias que surgieron con la sentencia se
encuadran en alguna de las causales delimitadas por el legislador
con lo cual procede la información 11 , tanto para “enmendar los
errores o ilicitudes cometidos en su expedición, así como [para] restituir
el derecho del afectado a través de una nueva providencia fundada en
razones de justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento
jurídico”12.
En estos términos, la Corte constitucional precisó:
“[…] La revisión, que no es un recurso sino una acción,
pretende, como lo ha señalado la doctrina y la
jurisprudencia, un examen detallado de ciertos hechos
11
El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 prevé la manera
en que el fallador debe proceder atendiendo la causal alegada que se encuentre fundada.
12
Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009. M.P María Victoria Calle.
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Actora: JERO S.A.S.
nuevos que afectan la decisión adoptada y el sentido de
justicia que de ella emana. La acción de revisión, en la
medida en que afecta la certeza brindada por la cosa juzgada,
es no sólo extraordinaria, sino que además procede por las
causales taxativamente señaladas por la ley, y no es
posible aducir otras distintas. Y esta taxatividad es
razonable, pues se trata de una figura que modifica
providencias amparadas en el principio de cosa juzgada, y por
ello las causales previstas para la revisión deben ser aplicadas
e interpretadas en sentido restringido” 13.
Además, es oportuno destacar que su objeto y la naturaleza de
constituir un nuevo trámite ajeno al proceso en el que se dictó la
decisión cuestionada, torna en improcedente su uso como medio
para plantear reproches a modo de una instancia adicional, en
razón a que está vedado cuestionar la interpretación normativa y
la valoración probatoria que sustentó la decisión del juez natural;
es decir, que en este trámite únicamente pueden ventilarse
aspectos que encuadren en alguna de las causales taxativas14 que
habilitan su procedencia.
5.3 De la causal invocada
13
Corte Constitucional. Sentencia C-450 de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
14
En Efecto, la taxatividad deviene de lo restrictivo y específico de su examen. Al respecto la
jurisprudencia destacó: “Las causales que pueden proponerse como fundamento de este recurso,
enlistadas de manera taxativa en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, dan cuenta
de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que, de conformidad
con la ley procesal, son los únicos que permiten la revisión de la sentencia por la vía del recurso
extraordinario que se analiza […]” Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 1° de
diciembre de 2010. Radicación número: 11001-03-15-000-2008-00480-00 (REV). Actor: Municipio
de Belmira y Otros. Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. C.P. Susana Buitrago
Valencia.
18
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Núm. único de Radicación: 11001032400020230022700
Actora: JERO S.A.S.
En el asunto bajo examen se invocó la causal 5ª del artículo 250 de
la Ley 1437 de 201115, cuyo texto es del siguiente tenor:
“[…] Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de
lo previsto en el artículo 20 de la ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
[...]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación. […].”
En lo que respecta al entendimiento de esta causal, la Sala precisa
que su ocurrencia ha sido examinada por la jurisprudencia de esta
Corporación aclarando que puede provenir de una nulidad procesal,
en los términos del artículo 133 del CGP, o de una de carácter
constitucional, fundada en el artículo 29 Superior 16.
En uno u otro caso, los requisitos para su formulación se concretan
así:
1. Debe existir una sentencia que ponga fin al proceso ordinario
y contra la que no procede recurso de apelación.
15
En vigencia del CCA correspondía a la enlistada en el numeral 6° del artículo 188, por lo tanto, cuando
se haga mención de esta como consecuencia de decisiones judiciales dictadas en su vigencia ha de
entenderse que se trata de la prevista ahora en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.
16
Sobre el particular esta Corporación precisó: “[…] las causales de nulidad de la sentencia son las
previstas en el estatuto procesal civil, en las condiciones que establece el art. 142 del mismo y las
que se originen en la sentencia por violación del debido proceso constitucional, contemplado en el
artículo 29 […]”. CONSEJO DE ESTADO. Sala Especial núm. 26. Expediente: 11001-03-15-000-2011-
01639-00 Demandante: Vehivalle S.A. Referencia: Recurso extraordinario de revisión. C.P. Olga
Melida Valle de De la Hoz
19
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Núm. único de Radicación: 11001032400020230022700
Actora: JERO S.A.S.
2. El vicio de nulidad debe configurarse en el momento de la
expedición de la sentencia. De este modo, no es procedente
controvertir circunstancias que acaecieron con anterioridad a ésta,
y que, por oportunidad, debieron ser alegadas cuando ocurrieron,
según el artículo 13417 del CGP.
3. En su alegación debe identificarse la irregularidad o el vicio
grave y su influencia sobre la decisión, con la cual se acredite que
de no haber acaecido el resultado sería distinto. De lo anterior se
evidencia que no resultan aceptables errores en la aplicación de la
ley o in iudicando.
Ahora, para acreditar la ocurrencia de alguna de las causales de
nulidad es posible recurrir a las previstas en el Código General del
Proceso como constitutivas de este vicio, en los términos de artículo
133, restringido, como se dijo atrás, a la expedición de la sentencia.
En este primer escenario 18 la jurisprudencia se decantó por
identificar que para la interpretación de la causal invocada debía
acudirse al artículo 140 del CPC, hoy 133 del CGP, a fin de delimitar
17
“ARTÍCULO 134. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de
las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella. […]”
18
El consejo de Estado desde la previsión de este recurso extraordinario y en específico, para esta
causal de nulidad originada en la sentencia ha transitado por diversas posturas de interpretación de
las cuales se identificaron 3 etapas según se lee en la providencia 3 de febrero de 2015. Radicación
número: 11001-03-15-000-1998-00157-01(REV). Actor: Sociedad de Mejoras Públicas de Cali C.P.
Olga Mélida Valle de De La Hoz (E), que las recoge así: i) Las causales de nulidad de la sentencia
son las que define la jurisprudencia, ii) Las causales de nulidad de la sentencia son las que expresa
y taxativamente define el artículo 140 del CPC –art. 133 CGP, y iii) Las causales de nulidad de la
sentencia son las previstas tanto en la jurisprudencia como en el artículo 140 del CPC.
20
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Núm. único de Radicación: 11001032400020230022700
Actora: JERO S.A.S.
las circunstancias en las cuales se podría encuadrar la nulidad
invocada, y para ello ejemplarizó algunas situaciones que podrían
dar lugar a su configuración. Al respecto, es del caso traer a
colación el siguiente pronunciamiento19:
“[…] De forma más clara expresó la sentencia del 4 de
noviembre de 1999 - exp. 2185 - que las nulidades a las
que remite el recurso extraordinario de revisión, por la
causal sexta, son las previstas en el artículo 140 del
CPC20. El razonamiento fue el siguiente: i) la sentencia hace
parte del proceso, y lo concluye; ii) como lo señala el artículo
140, el proceso solamente es nulo por las causales allí
señaladas; por tanto iii) la nulidad que se origina en la
sentencia se configura solo por las causales previstas en la
disposición referida.
A partir del razonamiento precedente, se destacaron
algunos eventos que configurarían la nulidad originada
en la sentencia, los cuales no se aducen como causales
de nulidad propiamente dicha, sino eventos,
circunstancias, ejemplos, que se desprenden de las
causales del artículo 140, cuya abstracción se concretiza. La
providencia señaló:
“La sentencia, que es la providencia mediante la cual se
decide sobre las pretensiones de la demanda y las
excepciones de fondo y con la cual, de ordinario, concluye el
proceso, es, obviamente, parte del proceso en que se
dicta. Y el proceso es nulo, en todo o en parte, solo por
las causas establecidas en el artículo 140 del Código
de Procedimiento Civil.
“Así, por ejemplo, la nulidad que tiene origen en la
sentencia puede ocurrir, según el artículo 140 referido, (i)
cuando se provee sobre aspectos para los que el juez no
tiene jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2); cuando,
(ii) sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, o (iii)
sin más actuación se dicta sentencia después de
ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el
desistimiento, aprobada la transacción o declarada la
perención del proceso, porque así se revive un proceso
legalmente concluido, o (iv) cuando se dicta sentencia
como única actuación, sin el previo trámite correspondiente,
porque así se pretermite íntegramente la instancia; o cuando
19
Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo - Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia de 3 de febrero de 2015. Radicación número: 11001-03-15-000-1998-00157-
01(REV). Actor: Sociedad de Mejoras Públicas de Cali C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz (E)
20
Debe entenderse que en la normativa vigente se entiende el artículo 133 del CGP.
21
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Núm. único de Radicación: 11001032400020230022700
Actora: JERO S.A.S.
(v) se condena al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente de la invocada en esta, o (vi) se condena a quien
no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo
concerniente, también (vii) se pretermite íntegramente la
instancia (numeral 3); o cuando, (viii) sin más actuación,
se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos
casos, antes de la oportunidad debida (numeral 5), entre
otros eventos. (…)
“Ninguna de las causas de nulidad establecidas en el artículo
140 del Código de Procedimiento Civil alegó el recurrente en
apoyo del cargo de nulidad de la sentencia, lo cual sería
bastante para desestimar el recurso […]”. (Cursiva fuera de
texto)”
A esta remisión normativa se sumó la interpretación contenida en
la sentencia de exequibilidad21 de la Corte Constitucional C-491-95,
en la que dicha Corporación sostuvo que además de las causales
del artículo 140 del CPC 22 debía comprender la de violación al
debido proceso, bajo el entendido de que es una garantía que debe
observarse en el trámite procesal y que su previsión está en la
Constitución Política. Al respecto precisó:
“[…] Al examinar las causales de nulidad previstas en el art.
140, claramente se advierte que allí no aparece
enlistada la referida nulidad de carácter constitucional.
Sin embargo, esta omisión obedece a la circunstancia de
que dicha norma es anterior a la Constitución de 1991.
• No se opone a la norma del art. 29 de la Constitución
la circunstancia de que el legislador señale
21
En el proceso de control de constitucionalidad se cuestionó el inciso 1° del artículo 140 del Código
de Procedimiento Civil, subrogado por el art. 1, numeral 80, del decreto 2282 de 1989,
específicamente la expresión “solamente” de la frase “Causales de nulidad: El proceso es nulo en
todo o en parte, solamente en los siguientes casos: […]". Del examen de constitucionalidad la Corte
concluyó “Declarar EXEQUIBLE la expresión acusada del inciso 1° del artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil, subrogado por el art. 1, numeral 80, del decreto 2282 de 1989, con la
advertencia expresa de que dicho artículo reguló las causales de nulidad legales en los procesos
civiles. En consecuencia, además de dichas causales, es viable y puede invocarse la prevista
en el art. 29 de la Constitución, según el cual, "es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con
violación del debido proceso", que es aplicable en toda clase de procesos […]”
22
Actualmente está previsto en el artículo 133 del CGP.
22
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Núm. único de Radicación: 11001032400020230022700
Actora: JERO S.A.S.
taxativamente las causales o motivos de nulidad, por
las siguientes razones:
La Constitución en el art. 29 señala los fundamentos básicos
que rigen el debido proceso; pero corresponde al legislador
dentro de su facultad discrecional, aunque con arreglo a
criterios objetivos, razonables y racionales, desarrollar a
través de las correspondientes fórmulas normativas las
formas o actos procesales que deben ser cumplidos para
asegurar su vigencia y respeto. En tal virtud, la regulación
del régimen de las nulidades, es un asunto que atañe
en principio al legislador, el cual puede señalar, con
arreglo a dichos criterios y obedeciendo al principio de
la proporcionalidad normativa, las causales o motivos
que generan nulidad, a efecto de garantizar la regularidad
de las actuaciones procesales y consecuentemente el debido
proceso.
Conforme a lo anterior no corresponde, en principio, al
Constituyente señalar las causales de nulidad en los procesos.
La aludida nulidad constitucional que consagra el art.
29, constituye una excepción a dicha regla. […]
Es el legislador, como se advirtió antes, quien tiene la facultad
para determinar los casos en los cuales un acto
procesal es nulo por carencia de los requisitos formales
y sustanciales requeridos para su formación o
constitución. Por consiguiente, es válido, siempre que se
respete la Constitución, el señalamiento taxativo de las
nulidades por el legislador. […]
Con fundamento en lo anterior, estima la Corte que se ajusta
a los preceptos de la Constitución, porque garantiza el debido
proceso, el acceso a la justicia y los derechos procesales de
las partes, la expresión "solamente" que emplea el art. 140
del C.P.C., para indicar que en los casos allí previstos es
posible declarar la nulidad, previo el trámite incidental
correspondiente, pero advirtiendo, que además de dichas
causales legales de nulidad es viable y puede ser
invocada la consagrada en el art. 29 de la Constitución,
según el cual "es nula, de pleno derecho, la prueba
obtenida con violación del debido proceso", esto es, sin
la observancia de las formalidades legales esenciales
requeridas para la producción de la prueba,
especialmente en lo que atañe con el derecho de
contradicción por la parte a la cual se opone ésta. Por lo tanto,
se declarará exequible la expresión demandada, con la
referida advertencia.
Al mantener la Corte la expresión "solamente" dentro de la
referida regulación normativa, respeta la voluntad política del
legislador, en cuanto reguló de manera taxativa o
específicamente las causales legales de nulidad en los
23
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Núm. único de Radicación: 11001032400020230022700
Actora: JERO S.A.S.
procesos civiles, las cuales ahora con el cambio
constitucional se encuentran adicionadas con la
prevista en la norma del art. 29, a la cual se hizo
referencia. […]”23.
Bajo este análisis, la Corporación 24 ha delimitado que la causal
examinada se predica, entre otras, cuando la sentencia: i) no
cuenta con el número de votos necesarios para su aprobación; ii)
se profiere dentro de un proceso culminado por desistimiento,
transacción o perención; iii) se dicta en un proceso que se
encuentra suspendido o interrumpido; iv) se profiere fallo
condenatorio contra un tercero que no fue vinculado al proceso; v)
se profiere sentencia con falta de competencia o de jurisdicción;
vi) el fallo carece de motivación formal y material; vii) se aprecia
incongruencia25; viii) se profiere un fallo inhibitorio injustificado 26;
y ix) se dicta con violación al principio de la non reformatio in pejus.
Este examen, sobre el alcance y contenido de la causal invocada,
impone que el recurrente en ejercicio de su derecho de acción
precise la razón que invoca como constitutiva de nulidad y que ella
obedezca bien a las causales taxativas que prevé el artículo 133 del
23
Corte Constitucional. Sentencia C-491-95 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
24
En una inicial etapa, la jurisprudencia identificó que ocurriría cuando: i) la sentencia hubiera sido
firmada por un número diferente de magistrados al que ordena la ley; ii) que la sentencia se hubiera
proferido dentro de un proceso que había culminado por desistimiento, transacción o perención; iii)
que se profiera en un proceso que se encuentre suspendido o interrumpido. (Sentencia de Sala Plena
del 08 de septiembre de 1992. Exp. 039. Tesis reiterada por la Sección Segunda en la sentencia del
18 de mayo de 1993. Exp. 4092. Tesis reiterada en sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado,
el 1 de diciembre de 1997. Exp. 080.) Y luego se agregaron las siguientes: i) Cuando se condena a
quien no es parte; ii) cuando la sentencia se profiere con falta de competencia o de jurisdicción, y
iii) cuando carezca completamente de motivación.
25
Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 2 de febrero de
2016. Expediente núm. 11001-03-15-000-2015-02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro.
26
Sentencia de 8 de mayo de 2018 dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado C.P. Alberto
Yepes Barreiro. Radicación número: 11001-03-15-000-1998-00153-01(REV).
24
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Núm. único de Radicación: 11001032400020230022700
Actora: JERO S.A.S.
CGP o a la invocación de transgresión del derecho fundamental del
debido proceso, en una de las circunstancias identificadas por la
jurisprudencia.
Aclarado este contexto, la Sala se ocupará de examinar el reproche
invocado por la parte actora a fin de identificar si se configura la
causal invocada.
5.4 Estudio del caso concreto
En esta oportunidad le corresponde a la Sala identificar si como lo
alega la sociedad recurrente, existe nulidad que vicie la sentencia
al incurrir en la presunta falta de motivación e incongruencia, esta
última causa en razón a que estima que se adoptó una decisión
extrapetita, al justificar la legalidad de los actos cuestionados en
normas que, asegura, no se invocaron como fundamento de la
decisión sancionatoria y cuya identificación por parte del fallador
representa, a juicio de la recurrente, el vicio alegado.
El objetivo será identificar si el fallador de segunda instancia se
excedió o no en su competencia al revocar el fallo que accedió a las
pretensiones; y si aludir en específico a estas disposiciones,
constituye la incongruencia de la decisión.
25
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Núm. único de Radicación: 11001032400020230022700
Actora: JERO S.A.S.
Para tal fin, la Sala analizará el concepto y contexto en el que se
presentan estos eventos que explican la causal, para luego resolver
sobre las razones en que se funda, así:
5.4.1 La falta de motivación
En lo que respecta a este reproche, es oportuno destacar que la
Jurisprudencia de esta Corporación 27 ha sido enfática en señalar
que la nulidad originada en la sentencia por ausencia de motivación
se presenta únicamente ante la carencia total de pronunciamiento
del juez sobre las razones de hecho o de derecho que le permiten
arribar a una decisión28.
5.4.2 El principio de congruencia
La congruencia corresponde a un atributo de la decisión judicial y
se traduce en la armonía predicable tanto de su estructura interna,
esto es, la parte motiva y resolutiva del fallo, como de la externa,
entendida como la coherencia entre la decisión y lo pedido por las
partes.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia de 27 de febrero de 2019, C.P. Guillermo Sánchez Luque, núm. único de radicación 54001-
33-31-006-2011-00207-01 (59706).
28
Sobre el particular se lee: “[…] la nulidad originada en la sentencia por ausencia de
motivación, se presenta solamente ante la carencia total de pronunciamiento del juez
sobre las razones de hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión. En efecto,
esta causal no procede para controvertir las razones del fallo ni para corregir los errores de
apreciación de los hechos y de las pruebas, en que, a juicio del recurrente, hubiera incurrido el
fallador. Un entendimiento distinto equivaldría a convertir el recurso en un juicio en que se discutirían
nuevamente los hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada […]” (La negrillas y subrayas
fuera de texto).
26
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Núm. único de Radicación: 11001032400020230022700
Actora: JERO S.A.S.
Este principio es una garantía de que gozan las partes para exigir
del fallador una decisión que resuelva la controversia formulada no
solo frente a las pretensiones que formula el actor, sino respecto
del pronunciamiento que el juez debe realizar en relación con la
defensa de quien funge como parte accionada y que se ejerce
también a título de excepciones.
Ahora, la congruencia en la decisión de segunda instancia está
atada a la competencia del superior funcional y al examen que le
corresponde efectuar como consecuencia de la revisión de la
providencia de primer grado y el reproche de los apelantes, para
que, según su análisis, la revoque, modifique o, si lo encuentra
pertinente, la confirme, de conformidad con el artículo 320 29 ,
armonizado con el artículo 28130, ambos del CGP.
Para ahondar en esta estructura, se prohíja la siguiente decisión 31
en la que se adujo:
29
“[…] ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el
superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados
por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del
coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71. […]”
30
“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y
con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho
sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la
demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada
a más tardar en su alegato de conclusión, o que la ley permita considerarlo de oficio.”
31
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de
Decisión. Sentencia de 2 de febrero de 2016. Radicación número: 11001-03-15-000-2015-02342-
00(REV). Actor: Luis Ángel Torres Gómez. CP Alberto Yepes Barreiro.
27
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Núm. único de Radicación: 11001032400020230022700
Actora: JERO S.A.S.
“[…] Ello significa que es procedente el recurso
extraordinario de revisión contra los fallos dictados por esta
jurisdicción en segunda instancia o única, si se alega el
desconocimiento del principio de la congruencia, que en
últimas implica una actuación sin competencia.
[…] En términos generales, la congruencia se entiende como
el deber legal que tienen los funcionarios judiciales al emitir
sus decisiones de NO INCURRIR en fallos ultrapetita,
extrapetita o minuspetita, definidos por la jurisprudencia
del Consejo de Estado, en los siguientes términos:
“Este principio de la congruencia de la sentencia [C.C.A.
Art. 170], exige de una parte que exista armonía
entre la parte motiva y la parte resolutiva de la
misma, lo que se denomina congruencia interna, y de otra,
que la decisión que ella contenga, sea concordante con
lo pedido por las partes tanto en la demanda, como
en el escrito de oposición, denominada congruencia
externa, es decir, se tome la decisión conforme se ha
marcado la controversia en el proceso.
“Cuando en una providencia judicial, no se respeta el
principio de la congruencia, se incurre en lo que la
doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en
reconocer un mayor derecho que el invocado por el
demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un
derecho que no ha sido reclamado o cuando se
reconoce un derecho reclamado o se acoge la
pretensión pero por una causa diferente o deducida
de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se
omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones.”32
Además, la congruencia también se puede calificar según las
relaciones que se produzcan entre la sentencia, entendida
como un todo, y lo pedido y planteado por las partes.
En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la
sentencia. Se puede identificar porque en líneas generales es
lo que preceptuaba el artículo 170 del C.C.A., y las normas
del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar en
armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte
demandante como por la parte demandada. Y, en el
segundo evento, corresponde a la congruencia interna, que
es la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la
parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la
providencia.
32
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta. Sentencia de 16 de
agosto de 2002. Expediente: 760012324000199704345-01 (12668). Actor: Productora de Papeles
Propal S.A. Demandado: Municipio de Yumbo – Valle del Cauca. C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.
28
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Núm. único de Radicación: 11001032400020230022700
Actora: JERO S.A.S.
Las dos formas de congruencia han sido abordadas por la
jurisprudencia de esta Corporación en los siguientes
términos:
“Se reitera 33 que el principio de congruencia de la
sentencia, exige de una parte, que exista armonía entre
la parte motiva y la parte resolutiva de la misma, lo
que se denomina congruencia interna, y de otra, que
la decisión que ella contenga, sea concordante con lo
pedido por las partes tanto en la demanda, como en
el escrito de oposición, denominada congruencia
externa, es decir, se tome la decisión conforme se ha
marcado la controversia en el proceso.
Este principio fundamental busca no solo la protección del
derecho de las partes a obtener una decisión judicial que dé
certeza jurídica al asunto que se ha puesto a consideración
de un juez, sino la salvaguarda del derecho de defensa de
la contraparte, quien ha dirigido su actuación a controvertir
los argumentos y hechos expuestos en la demanda.
La violación de dicho principio traería como consecuencia,
igualmente la violación al debido proceso, en la medida en
que nuestro ordenamiento positivo consagra etapas
procesales exclusivas a que las partes manifiesten y
contradigan argumentos en defensa de sus derechos,
siempre bajo el marco de litis que se ha planteado desde la
demanda.
En materia contenciosa la demanda marca el límite dentro
del cual el funcionario judicial debe pronunciarse para
decidir la controversia, las normas violadas y su concepto
de violación, se constituyen en el marco de análisis y
estudio al momento proferir la sentencia […]”34(Subrayas
fuera del texto original)
Precisado lo anterior, la Sala procede al examen de los reclamos de
este recurso.
5.4.3 Análisis del asunto bajo examen
33
Sentencia de 16 de agosto de 2002, expediente 12668, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.
34
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta. Sentencia de 21 de
noviembre de 2007. Expediente: 500012331000200200198-02 (15770). Actor: Germán Darío
Ospina Garzón. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. C.P. María Inés
Ortiz Barbosa.
29
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Núm. único de Radicación: 11001032400020230022700
Actora: JERO S.A.S.
5.4.3.1 Falta de motivación
Examinada la alegación expuesta por la sociedad recurrente es
claro que si bien planteó la ausencia de motivación lo cierto es que
no se configura tal vicio, pues en realidad las características de esta
alegación suponen acreditar que el juez omitió por completo
sustentar la decisión que resolvió los recursos de apelación
interpuestos35.
En efecto, este reproche resulta improbable e incoherente, cuando
se acompaña también de una alegación de incongruencia por
constituir una decisión extra petita, pues esta causal de “falta de
motivación” no puede coexistir con la de incongruencia, la que
también propuso la sociedad recurrente, si lo que bajo este último
reproche se cuestiona es la discrepancia del pronunciamiento del
juez, según los límites de su competencia.
En ese orden, cuando la parte recurrente alega que la sentencia
recurrida excedió el límite de su competencia, ello necesariamente
traduce en que sí emitió una decisión motivada. Contrario a este
hecho resulta que las razones expuestas no las comporta por no
estar de acuerdo, en tanto constituye un fallo desfavorable a sus
35
Se aclara que en este asunto el fallo del juzgado anuló las resoluciones acusadas y accedió a las
pretensiones de la demanda, lo que motivó la interposición del recurso de apelación tanto por la
sociedad demandante, por la no condena en costas, y por la entidad demandada, en el que pidió la
revocatoria de la decisión.
30
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Núm. único de Radicación: 11001032400020230022700
Actora: JERO S.A.S.
pretensiones, habida cuenta que implicó la revocatoria del fallo de
primera instancia.
Por lo expuesto, y al estar la falta de motivación condicionada a
la carencia radical, absoluta y total de pronunciamiento, claramente
este evento que puede configurar la causal invocada no prospera
debido a que el juez ad quem no se sustrajo de este deber
constitucional de motivar su decisión.
5.4.3.2 Falta de congruencia
Respecto de este reproche contra la sentencia recurrida por
extralimitación en los argumentos que constituyeron las razones
de la apelación, se advierte que la parte demandada en el proceso
ordinario explicó esta causal, bajo el concepto de constituir una
decisión extrapetita, porque: i) se revocó la sentencia del a quo, al
fundarse la decisión sancionatoria en los artículos 238 y 239 del
Decreto 1541 de 1978, que si bien expresan las prohibiciones y
sanciones contra el medio acuático, tales disposiciones no se
identificaron por la entidad accionada en los actos acusados, sino
que fue el Tribunal ad quem, el que adecuó las conductas
infractoras y justificó la multa impuesta en éstas, todo lo cual
excedió su pronunciamiento limitado por el acto de formulación de
cargos; y ii) que según el artículo 24 de la Ley 1313 de 2009, el
auto de formulación de cargos debe comprender obligatoriamente
31
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Actora: JERO S.A.S.
las normas ambientales debidamente individualizadas que
se estiman transgredidas, lo que explica la violación al debido
proceso e impedía la revisión y extensión que, a juicio de la
recurrente, realizó el Tribunal ad quem.
En orden a establecer si existe incongruencia o no en la decisión,
es necesario abordar y examinar los motivos que sustentaron la
apelación de la parte demandada. Al respecto la Sala identifica del
examen del proceso ordinario que los escritos de alzada
controvirtieron el fallo, así:
• La sociedad demandante solicitó que se condenara en costas en
la instancia, por cuanto el juez no se pronunció al respecto 36. Como
fundamento de su reproche, precisó:
36
Expediente digital. Folios 349-354 del documento 01Expediente digitalizado.pdf
32
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Actora: JERO S.A.S.
• Por su parte el Distrito Especial de Santiago de Cali en el escrito
de alzada37 refirió puntualmente las razones de su oposición al fallo
anulatorio, en los siguientes términos:
Así, en este memorial de alzada se aprecia que el apoderado de la
entidad accionada explicó el desacuerdo con el fallo anulatorio y
expresó la postura fáctica y normativa que esgrimió para solicitar
que se revocara la sentencia. El razonamiento se orientó a
cuestionar la decisión del a quo que declaró la nulidad de los actos
administrativos cuestionados y, en específico, frente al argumento
que la sociedad recurrente estima que existe incongruencia por el
fallador de instancia, la entidad insistió en que sí se indicó la norma
sustento de la infracción, según se lee en la siguiente explicación:
37
Expediente digital. Folios 357 y s.s. del documento 01Expediente digitalizado.pdf
33
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
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Actora: JERO S.A.S.
De lo transcrito se tiene que, contrario a lo aludido, la entidad
territorial sí argumento como aspecto de reproche la alusión a la
norma que se invocó en el pliego de cargos como constitutiva de la
infracción endilgada a la sociedad recurrente.
Precisamente, en el pliego de cargos 38 se puede leer lo siguiente
frente al apartado que identificó el apoderado de la entidad
accionada en la interposición del recurso de apelación, así:
38
Expediente digital. Folios 266-267 del documento 02 Antecedentes Administrativos.pdf.
34
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Actora: JERO S.A.S.
Todo lo anterior explica que el Tribunal ad quem, contrario a lo
planteado en este recurso, sí estaba habilitado para examinar no
solo la posición de la sociedad demandante frente a los reproches
invocados en el escrito de demanda y el recurso de apelación de su
autoría, sino frente a la totalidad de los argumentos expuestos en
36
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Núm. único de Radicación: 11001032400020230022700
Actora: JERO S.A.S.
el proceso, incluidos aquellos que la entidad presentó al oponerse
a la demanda y a la sentencia de primera instancia.
Por ello, el examen que realizó el Tribuna ad quem no representa
una infracción constitutiva de la causal invocada debido a que no
está soportada en la incongruencia externa e interna invocadas,
pues, como quedó registrado, la decisión cuestionada se
circunscribió al objeto de lo pretendido y a las razones que
constituyeron el pronunciamiento judicial, sin que implicara un
aspecto superior al planteado.
Ahora, debe aclararse en cuanto a la trascripción de algunos
apartes de la actuación administrativa, tales como el contenido de
las resoluciones cuestionadas y la intervención de la accionante en
el proceso ordinario, que para la Sala esta reproducción no puede
constituir un cuestionamiento reprochable en la estructura del fallo,
pues, tal como se expone, lo que en realidad representa es un
apoyo para identificar el contexto de la actuación administrativa y
a partir de las alegaciones formuladas tomar la decisión sobre el
estudio de legalidad planteado y los fundamentos de la apelación.
De ahí que no pueda perderse de vista que es, precisamente, de su
contenido que se corroboró que le asistía razón a los argumentos
de oposición que la entidad esgrimió contra el fallo de primera
instancia.
37
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Actora: JERO S.A.S.
Entonces, para esta Sala la explicación de las etapas que se
evacuaron en el procedimiento administrativo y que mereció la
transcripción de apartes del acto de formulación de cargos y de los
actos acusados, no deviene en que una decisión sea incongruente;
al contrario, constituye el respaldo fáctico y normativo de la
actuación que fue la que le permitió al fallador valorar si procedía
o no la revocatoria del fallo apelado, luego de examinar el marco
normativo ambiental preestablecido para el adelantamiento del
proceso sancionatorio que cuestionó la recurrente y las actuaciones
soporte de los actos acusados.
En ese orden, la competencia para resolver el recurso de alzada se
amparó en la totalidad de las razones que integraron la litis, esto
es, no solo en aquellos que constituyeron la oposición a la legalidad
de los actos acusados, sino de los que explicó la entidad y que le
permitieron al fallador identificar el contexto fáctico y normativo
que la autoridad ambiental consideró frente al seguimiento de las
responsabilidades exigidas a la sociedad JERO S.A.S., sin que la
decisión producto de dicho análisis pueda calificarse como una
decisión extra petita, entendida como aquella que resuelve “sobre
elementos o puntos no comprendidos en la relación jurídico-procesal”39.
39
Corte Constitucional. Sentencia T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
38
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En efecto, de la lectura del texto de la sentencia objeto del recurso
se aprecia que la estructura del fallo no deviene en incongruente,
había cuenta que el Tribunal expuso los fundamentos que lo
llevaron a proferir la sentencia revocatoria, así:
“[...] Ahora bien, una vez analizado el procedimiento
administrativo sancionatorio, no comparte la Sala la
apreciación realizada por el Juzgado de conocimiento,
puesto que éste se adecúa a las normas en las cuales se debe
sustentar la actuación, pese a que no se mencionan en las
consideraciones ni en la parte resolutiva de las
resoluciones cuestionadas.
De conformidad con lo anterior, las conductas descritas
(desperdicio del recurso hídrico, alteración al sistema de flujo
de las aguas y no acatar los requerimientos de la autoridad
ambiental) están tipificadas en los artículos 238 y 239 del
Decreto 1541 de 197840; el valor de la multa impuesta no
supera el tope máximo consagrado en la ley para esta clase de
infracciones 41 , y por último, la entidad demandada
adelantó el proceso administrativo sancionatorio
respetando las normas que rigen la materia (artículos 17
40
ARTICULO 238. Por considerarse atentatorias contra el medio acuático se prohíben las siguientes
conductas: (…) 3. Producir en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos:
a. La alteración nociva del flujo natural de las aguas;
b. La sedimentación en los cursos y depósitos de agua;
c. Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas;
e. La extinción o disminución cualitativa o cuantitativa de la flora o de la fauna acuática, y
f. La disminución del recurso hídrico como fuente natural de energía.
ARTICULO 239. Prohíbase también:
1. Utilizar aguas o sus cauces son la correspondiente concesión o permiso cuando éste o aquella son
obligatorios conforme al Decreto - Ley 2811 de 1974 y a este Decreto, o sin el cumplimiento de las
obligaciones previstas por el artículo 97 Del Decreto - Ley 2811 de 1974;
2. Utilizar mayor cantidad de la asignada en la resolución de concesión o permiso;
3. Interferir el uso legítimo de uno o más usuarios;
4. Desperdiciar las aguas asignadas; (…)
10. Obstaculizar o impedir la vigilancia o inspección a los funcionarios competentes, o
negarse a suministrar la información a que están obligados los usuarios, de conformidad
con lo establecido por los artículos 23, 133, 135 y 144 del Decreto - Ley 2811 de 1974
41
Sobre el tema, el artículo 85 numeral 1º de la Ley 99 de 1993, por medio de la cual “se crea el
Ministerio Del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental
–SINA y se dictan otras disposiciones, establece las clases de sanciones que se pueden interponer:
”1. Sanciones:
a. Multas diarias hasta por una suma equivalente a trescientos (300) salarios mínimos
mensuales, liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución;
b. Suspensión del registro o de la licencia, la concesión, permiso o autorización;
c. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio respectivo y revocatoria o
caducidad del permiso o concesión;
d. Demolición de obra, a costa del infractor, cuando habiéndose adelantado sin permiso o licencia, y
no habiendo sido suspendida, cause daño evidente al medio ambiente o a los recursos naturales
renovables;
e. Decomiso definitivo de individuos o especímenes de fauna o flora o de productos o implementos
utilizados para cometer la infracción…”. (Subrayado fuera de texto).
39
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a 31 de la ley 1333 de 2009), a saber: formulación de
cargos42 (folios 1 a 6 del expediente), práctica de pruebas 43
(folios 28 a 31 del expediente) y, resolviendo el asunto
determinado44 (folios 32 a 51 y 72 a 78 del expediente), en
consecuencia, no puede alegarse vulneración al debido
proceso teniendo en cuenta la oportunidad que tuvo en
su momento la parte actora para solicitar la práctica de
pruebas y de controvertir las decisiones de la
administración en el proceso sancionatorio adelantado.
En síntesis, al confrontar la actuación de la entidad junto con
los antecedentes administrativos aportados, se tiene que el
Municipio de Santiago de Cali adelantó el proceso sancionatorio
requiriendo a la sociedad propietaria del bien inmueble donde
se cometió la infracción a efectos de que ejerciera su derecho
de defensa y contradicción, rindiendo descargos en su
oportunidad y recurriendo las decisiones de la administración,
con claridad absoluta consta en el expediente los
requerimientos efectuados por el Municipio de Santiago de Cali
por la infracción cometida (desperdicio del recurso hídrico,
alteración al sistema de flujo de las aguas y no acatar los
requerimientos de la autoridad ambiental), la cual fue
verificada por la administración, la sociedad multada dispuso
de la oportunidad de ensayar su defensa, solicitar la práctica
de pruebas e interponer los recursos procedentes; es decir, que
de ninguna manera es de recibo considerar que dentro del
trámite surtido en sede administrativa se pretermitieron las
garantías que concretan el debido proceso, por lo que se
encuentra improbado el cargo formulado en tal sentido.
[…]
Bajo estas consideraciones, se tiene que la entidad demandada
actuó en cumplimiento de un deber constitucional de preservar
el medio ambiente15 45 respetando el debido proceso al
42
Ley 1333 de 2009. Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan
otras disposiciones. “ART. 24. FORMULACIÓN DE CARGOS. Cuando exista mérito para continuar
con la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente
motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o
causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las
acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se
estiman violadas o el daño causado…”
43
ART. 26. PRÁCTICA DE PRUEBAS. Vencido el término indicado en el artículo anterior, la autoridad
ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los
criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere
necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá
prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca
la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas. PARÁGRAFO. Contra el acto
administrativo que niegue la práctica de pruebas solicitadas, procede el recurso de reposición. La
autoridad ambiental competente podrá comisionar en otras autoridades la práctica de las pruebas
decretadas.
44
ART. 27. DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCIÓN. Dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según
el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por
violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar.
45
En la sentencia C-259 de 2016, luego de hacer una lectura sistemática de la Constitución, la Corte
encontró que el Estado asume cuatro deberes fundamentales con relación al medio ambiente: “(i) El
deber de prevenir los daños ambientales, entre otros, se contempla en los siguientes preceptos
40
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Actora: JERO S.A.S.
infractor en el trámite de la actuación administrativa, en el caso
concreto no existe una atipicidad de la conducta e ilegalidad del
procedimiento que vulnerara el debido proceso al actor tal y
como lo pretende hacer notar, por lo que al no evidenciar la
Sala ninguna irregularidad en el actuar del Municipio de
Santiago de Cali, resulta forzoso revocar la sentencia recurrida
y negar las pretensiones de la demanda, tal y como se
plasmará en la parte resolutiva de este proveído […]”.
Así las cosas, la Sala aprecia que la actuación administrativa
sometida a control judicial exigía para el juez de la apelación
examinar los fundamentos fácticos y jurídicos de los actos
acusados, motivo por el cual no se encuentra que el
pronunciamiento del juez constituya la aludida “extralimitación”
que planteó la sociedad recurrente, motivo por el cual se advierte
que sus argumentos son de oposición y desacuerdo con la
constitucionales: (a) en el mandato de evitar factores de deterioro ambiental (CP art. 80.2), esto es,
adoptando de forma anticipada un conjunto de medidas o de políticas públicas que, a través de la
planificación, cautelen o impidan el daño al ecosistema y a los recursos naturales; o que, en caso de
existir, permitir o habilitar algún impacto sobre los mismos, logren asegurar su aprovechamiento en
condiciones congruentes y afines con el desarrollo sostenible. Este deber también se expresa en el
(b) fomento a la educación ambiental (CP arts. 67 y 79) y en la garantía (c) a la participación de la
comunidad en las decisiones que puedan afectar el medio ambiente (CP art. 79). (ii) El deber de
mitigar los daños ambientales se manifiesta en el control a los factores de deterioro ambiental (CP
art. 80.2), en términos concordantes con el artículo 334 del Texto Superior, el cual autoriza al Estado
a intervenir, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, y en la producción,
distribución, utilización y consumo de los bienes, con el fin de racionalizar la economía en aras de
mejorar la calidad de vida de los habitantes, y lograr los beneficios del desarrollo y la preservación
de un ambiente sano. Por esta vía, por ejemplo, se destaca la existencia de los planes de manejo
ambiental y de las licencias ambientales, que en relación con actividades que pueden producir un
deterioro al ecosistema o a los recursos naturales, consagran acciones para minimizar los impactos
y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad. (iii) El deber de indemnizar o reparar los daños
ambientales encuentra respaldo tanto en el principio general de responsabilidad del Estado (CP art.
90), como en el precepto constitucional que permite consagrar hipótesis de responsabilidad civil
objetiva por los perjuicios ocasionados a los derechos colectivos (CP art. 88). Adicionalmente, el
artículo 80 del Texto Superior le impone al Estado el deber de exigir la reparación de los daños
causados al ambiente. Por esta vía, a manera de ejemplo, esta Corporación ha avalado la
exequibilidad de medidas compensatorias, que lejos de tener un componente sancionatorio, buscan
aminorar y restaurar el daño o impacto causado a los recursos naturales. (iv) Finalmente, el deber
de punición frente a los daños ambientales se consagra igualmente en el artículo 80 de la
Constitución, en el que se señala la posibilidad de imponer sanciones de acuerdo con la ley. De este
precepto emana la potestad sancionatoria del Estado en materia ambiental, cuyo fin es el de
garantizar la conservación, preservación, protección y uso sostenible del medio ambiente y de los
recursos naturales. Esta atribución, como manifestación del ius puniendi, admite su ejercicio tanto
por la vía del derecho administrativo sancionador (lo que incluye el derecho contravencional y el
derecho correccional), como a través del derecho punitivo del Estado. Se trata en esencia, de un
poder de sanción, que lejos de ser discrecional es eminentemente reglado, sobre todo en lo que
refiere a la garantía del derecho fundamental al debido proceso (CP art. 29). Incluso los
pronunciamientos reiterados de la Corte han destacado que cualquier medida sancionatoria debe
estar sujeta a los principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, juez natural,
inviolabilidad de la defensa y non bis in ídem”.
41
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Actora: JERO S.A.S.
sentencia, planteamientos que, conforme se ha reiterado, son
imposibles de reexaminarse a través de este medio extraordinario.
Ahora, en relación con el reproche relativo a que el Tribunal
concretó las normas que contenían la presunta infracción
endilgada, lo relevante para este caso es que al analizar el recurso
de apelación el fallador resolvió este reproche e indicó que el pliego
de cargos se profirió conforme a la regulación pertinente, todo lo
cual implica para esta Sala que se estudió la observancia de los
requisitos exigidos por la norma y se estableció que no se probó la
violación alegada.
Finalmente, no puede ocuparse el juez extraordinario de corroborar
en este trámite si como lo plantea la sociedad recurrente el no
referirse en los actos acusados a las normas que identificó como
omitidas, implicó la infracción que alega, pues está claro que de
este examen ya se ocupó el Tribunal sin que sea posible sustituir o
revisar tal decisión porque ello desborda el objeto de este recurso.
Por último, no sobra destacar que el fallo recurrido también fue
objeto de revisión a través de la acción de tutela por esta
Corporación46 al ocuparse de resolver si era violatorio de derechos
46
La Sección Primera de esta Corporación por sentencia de 9 de marzo de 2023 DECLARÓ
IMPROCEDENTE la acción de tutela radicada bajo el número 11001 03 15 000 2023 00559 00.C.P.
Oswaldo Giraldo López. Expediente Digital. Archivo 12SentenciaTutelaConsejoEstado.pdf. Por su
parte, en virtud de la impugnación del fallo, la Sección Cuarta mediante sentencia de 8 de junio de
42
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Actora: JERO S.A.S.
fundamentales, según da cuenta el expediente digital que se
remitió a este trámite extraordinario.
Por todo lo expuesto, no encuentra la Sala probado el reproche de
incongruencia, pues entenderlo como lo propuso la parte recurrente
implica dejar sin defensa a la parte accionada, a quien le está
reconocido también el ejercicio pleno de su derecho de
contradicción no solo a través de la contestación de la demanda,
sino del planteamiento de excepciones y, por supuesto, del ejercicio
de los recursos contra las decisiones proferidas en el curso del
proceso, como en este caso ocurrió al resolver la apelación
interpuesta por ambas partes.
Estos razonamientos son más que suficientes para concluir que
debe declararse infundado el recurso extraordinario de revisión.
5.5 Condena en costas
Las costas procesales se definen 47 como la “erogación económica
que debe asumir la parte que resulte vencida en un proceso judicial,
2023, REVOCÓ la sentencia impugnada y en su lugar, DENEGÓ las pretensiones de la acción de
tutela formulada por Jero SAS. CP. WILSON RAMOS GIRÓN. Expediente Digital. Archivo
13SentenciaTutelaSegundaInstancia.pdf.
47
Consejo de Estado - Sala Plena. Exp. 15001-33-33-007-2017-00036-01(AP)REV-SU. Sentencia de
6 de Agosto de 2019. C.P. Rocío Araújo Oñate.
43
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que se compone de las i) expensas 48 y las ii) agencias en
derecho49”.
En la jurisdicción de lo contencioso administrativo su fijación varió
con respecto a lo estatuido en el CCA 50, al pasar de un criterio
subjetivo51 a uno objetivo valorativo52, en el que se requiere que
el juez revise si se causaron.
Ahora, el CPACA prevé que las costas se fijen de manera objetiva
contra la parte vencida en juicio, pues no operan de manera
automática, en tanto al juzgador le corresponde valorar si se
configura alguna de las hipótesis previstas por el legislador, reglas
que también se predicaban para los recursos extraordinarios de
revisión.
No obstante, la condena en costas en el recurso extraordinario fue
objeto de reforma por la Ley 2080 de 2021, en el sentido de prever
que, en los términos del artículo 255 ibidem, cuando “se declare
48
“73. […] responden a los gastos necesarios para tramitar el proceso, tales como son el valor de
copias, publicaciones, impuestos de timbre, honorarios de peritos, honorarios de auxiliares de la
justicia, gastos de desplazamiento por diligencias fuera del despacho judicial, gasto de traslado de
testigos, por citar algunos ejemplos”.
49
“74. Las […] -agencias de derecho-, obedecen a la suma que el juez debe ordenar en beneficio de
la parte favorecida con la condena en costas, para reconocerle los costos afrontados por la
representación de un abogado o, si actuó en nombre propio, como contraprestación por el tiempo y
esfuerzo dedicados a la causa.”
50
Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo - sección segunda - subsección a.
Sentencia de 28 de febrero de 2020. Radicación número: 19001-23-33-000-2017-00086-01(2445-
18). C.P. William Hernández Gómez.
51
esa valoración estaba atada a la prueba del comportamiento de la parte y a la mala fe o temeridad
durante el proceso.
52
En cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea total
o parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso.
44
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
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Actora: JERO S.A.S.
infundado [el recurso] se condenará en costas”, mandato que
resulta imperativo para el fallador que adopte esta decisión.
Para verificar entonces su aplicación basta establecer que este
proceso se presentó luego de entrar en vigor la Ley 2080 de 2020
que modificó el CPACA y que, al decidirse el recurso, se declaró
infundado.
En el caso bajo examen se dan los presupuestos requeridos lo que
impone que se fijen de acuerdo con la naturaleza, calidad y
duración de la gestión útil.
Con tal propósito y en observancia del artículo 366 del Código
General del Proceso y del Acuerdo PSAA16-10554 de
2016, contentivo de las tarifas de agencias en derecho expedido
por el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala, de acuerdo con
las actuaciones procesales realizadas, fijará las agencias en
derecho en un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha
de esta providencia, para el Distrito Especial Deportivo, Cultural
Turístico de Cali.
Por último, se reconocerá personería al doctor ANDRES FELIPE
CABEZAS TORRES 53 como apoderado judicial del DISTRITO
53
Registro 20 SAMAI. CONTESTACION 2023 00227(.pdf) NroActua 20
45
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
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Actora: JERO S.A.S.
ESPECIAL DE CALI, de conformidad con el poder presentado al
contestar este recurso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de
revisión interpuesto contra la sentencia de 22 de julio de 2022, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la sociedad recurrente. Por la
Secretaría, liquídense.
TERCERO: FIJAR como agencias en derecho la suma equivalente
a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta
providencia, la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a
pagar por la sociedad recurrente en favor del Distrito Especial
Deportivo, Cultural Turístico de Cali.
CUARTO: RECONOCER PERSONERÍA al abogado ANDRES
FELIPE CABEZAS TORRES como apoderado judicial del
46
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
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Actora: JERO S.A.S.
DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO,
EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI, de
conformidad con el poder presentado al contestar este recurso.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de diciembre de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la
gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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