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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00613-00

Fecha
2 de marzo de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00613-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela, en relación con los numerales 2.1, 2.5, 2.7 y 2.8 de la petición, formulada por el señor Danny Fabián Rodríguez Vargas el 5 de diciembre de 2022, por las razones expuestas. SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la acción de tutela promovida por el señor Danny Fabián Rodríguez Vargas, respecto a los numerales demás numerales de la petición del 5 de diciembre de 2022. 19 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Danny Fabián Rodríguez Vargas Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-00613-00 TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00613-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

2 de marzo de 2023

Demandante: Danny Fabián Rodríguez Vargas
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-00613-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00613-00
Demandante: DANNY FABIÁN RODRÍGUEZ VARGAS
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO

Tema: Tutela de fondo – derecho fundamental de petición

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve en primera instancia, la acción de tutela ejercida por el señor Danny
Fabián Rodríguez Vargas contra el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.

1. El extremo accionante, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela
contra las autoridades referenciadas en procura de la salvaguarda de sus derechos
fundamentales de petición y debido proceso administrativo1.

2. En criterio de la parte actora, tales garantías constitucionales resultaron
quebrantadas con ocasión de la falta de respuesta a la petición que presentó el 5 de
diciembre de 2022 en la que solicitó información y documentación en relación con los
resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente al concurso de
méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial,
Convocatoria 27 de 2018.

1 El escrito fue radicado el 7 de febrero de 2023 en la ventanilla virtual de recepción de tutelas
dispuesto por la Rama Judicial.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Danny Fabián Rodríguez Vargas
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-00613-00

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

PRIMERA: Tutelar mis derechos fundamentales de petición y debido proceso
administrativo vulnerados por las accionadas.

SEGUNDA: Ordenar a las accionadas que, en el término máximo de 48 horas
siguientes a la notificación de la respectiva sentencia, me otorguen una respuesta
clara, precisa, congruente y sin ambigüedades a cada uno de los ítems solicitados en
mi petición radicada el 5 de diciembre de 2022 y señalados en el hecho No. 8 de esta
demanda de tutela.

TERCERO: Ordenar a las entidades mencionadas que no continúen vulnerando el
derecho fundamental de petición y debido proceso administrativo de los ciudadanos
que elevaron diversas solicitudes con similar fin, dentro de la denominada
“convocatoria 27”

1.3. Hechos probados y/o admitidos

A continuación, se relacionan los supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la presente sentencia2:

4. El 24 de julio de 2022 el accionante presentó la prueba de aptitudes y
conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la conformación del
Registro Nacional de Elegibles en relación con los cargos de funcionarios de la Rama
Judicial, convocado mediante el Acuerdo PCSJA18- 11077 de 2018.
Específicamente, para el cargo de juez Promiscuo Municipal.

5. El 1°. de septiembre de 2022, el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad
de Administración de Carrera Judicial expidió la Resolución CJR22-0351 mediante la
cual publicó los resultados de la prueba en mención, los cuales resultaron
desfavorables para el señor Rodríguez Vera.

6. Contra el acto administrativo en mención, el actor interpuso recurso de
reposición el 22 de septiembre de 2022, que adicionó el 15 de noviembre del mismo
año. Ello con el propósito de que se le otorgara una puntuación mayor a la
inicialmente obtenida por considerar que se presentaron múltiples irregularidades3 en
el proceso que, en su sentir, justificaban lo pretendido.

2 Este apartado se desarrolla a partir de lo expuesto en el escrito de tutela y los elementos de
convicción que obran en el expediente.
3 El actor fundamentó el recurso, entre otras, en el presunto desconocimiento de los principios de

transparencia y publicidad en el procedimiento utilizado para calificar, el cual, indicó, no correspondió
con el establecido en el acuerdo de convocatoria. Igualmente, porque se dio preponderancia al
componente de aptitudes sobre el componente de conocimientos. Además, por la existencia de lo que
consideró preguntas ambiguas, con múltiple o ninguna respuesta, mal redactadas y/o
desactualizadas. Por su parte, señaló una expedición irregular del acto reprochado puesto que
desconoció las normas en que debía fundarse. Asimismo, reprochó el tiempo otorgado para responder
el examen, pues lo consideró insuficiente. De la misma manera, aseveró que las pruebas supletorias

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7. El 5 de diciembre de 2022, el accionante presentó una petición ante la Unidad
de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y la
Universidad Nacional de Colombia en la que solicitó información y documentos
relacionados con la prueba de aptitudes y conocimientos presentada el 24 de julio de
2022 en el marco del concurso de méritos para la provisión de cargos en la Rama
Judicial.

8. En específico, solicitó a las autoridades requeridas que precisaran ciertos
aspectos relacionados con el grupo 17 de preguntas relativas a los jueces
promiscuos municipales4, así como respecto de algunas relacionadas con el
componente de aptitudes y de conocimientos del cargo al que se presentó 5.
Asimismo, requirió que le fuera remitida la copia del “Manual de Procedimientos para
la Aplicación de las Pruebas”6.

9. No obstante, indicó que, a la fecha de presentación del mecanismo de
resguardo constitucional, las autoridades accionadas no han dado contestación a la
petición que elevó el 5 de diciembre de 2022.

10. El 16 de enero de 2023, mediante Resolución CJR23-0042, el Consejo
Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial resolvió los
recursos de reposición interpuestos contra la Resolución CJR22-0351 del 1º de
septiembre de 2022 correspondientes a la provisión del cargo de Juez Promiscuo
Municipal de la Rama Judicial, entre los que se encontraba el del señor Rodríguez
Vargas. En esta decisión se confirmó lo contenido en el acto cuestionado y, por
ende, se mantuvieron los puntajes obtenidos por los recurrentes.

alteraron los guarismos de la calificación y que resultaba lesivo a la norma jurídica superior que se
haya tomado en consideración el puntaje de quienes presentaron las pruebas, pero no cumplían con
los requisitos mínimos, entre otras.
4 Concretamente que certificaran la calidad en la construcción de las preguntas contenidas en el grupo

17, “JUECES PROMISCUOS MUNICIPALES, expidiendo constancia de la existencia de errores en su
calificación o la existencia de ítems frente a los cuales se deba ratificar la respuesta. Igualmente, que
se precisara que hubiesen ítems frente a los cuales se debía modificar la clave; o se indicara si había
alguna que implicara algún puntaje adicional por presentar ambigüedad en su contenido, desconocían
el ordenamiento jurídico vigente o hacían alusión a normas derogadas o a sentencias que no tenían
vigencia al momento de la aplicación de la prueba.
5 En específico solicitó que respecto de ciertas preguntas se indicara: “i) sus características

esenciales; 2) atributo o proceso cognoscitivo o de pensamiento a evaluar; 3) tema; 4) competencia;
5) nivel de complejidad; 6) área del derecho; 7) opciones de repuesta y justificación de su inclusión; 8)
clave de respuesta y su justificación; 9) tiempo estimado para la respuesta”. Asimismo, que se
informara “el índice o nivel de discriminación y el comportamiento estadístico de cada una de las
preguntas y respecto de cada uno de sus distractores”. Igualmente, el índice de dificultad de cada una
de las preguntas citadas y si alguna de ellas estuvo dentro de las que presentaron mayor dificultad en
el contexto global de la prueba, así como que se certificara “los índices confiabilidad de todas y cada
una de las preguntas referidas anteriormente”, entre otras.
6 Documento que afirmó, “la UNIVERSIDAD NACIONAL debía entregar al Consejo Superior de la

Judicatura en el marco del contrato de consultoría No. No. 096 de 1 de agosto de 2018, según
documento denominada “anexo técnico” de aquel acuerdo de voluntades. Puntualmente, el referente
al examen realizado el pasado 24 de julio”.

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1.4. Fundamentos de la solicitud

11. El señor Danny Fabián Rodríguez Vargas afirmó que el Consejo Superior de
la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad
Nacional de Colombia vulneraron sus derechos fundamentales de petición y al
debido proceso administrativo.

12. Ello con ocasión a la falta de respuesta por parte de dichas autoridades
respecto de la petición que presentó ante las mismas el 5 de diciembre de 2022, y en
virtud de la cual solicitó información frente a aspectos relacionados con la prueba de
aptitudes y conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la provisión
de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.

13. Al efecto, indicó que la información y documentos que solicitó en torno a la
prueba de aptitudes y conocimientos realizada el 24 de julio de 2022 en el marco del
concurso de méritos en mención, resulta imprescindible porque son los insumos para
impugnar, en sede judicial, la calificación obtenida en el mencionado proceso de
acceso a la Rama Judicial.

1.5. Trámite de la acción de tutela

14. Mediante auto del 9.° de febrero de 2023, el magistrado ponente de esta
providencia admitió la tutela de la referencia y ordenó notificar a la parte accionante,
así como al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera
Judicial y a la Universidad Nacional de Colombia, como entidades accionadas.

15. Lo anterior, para efectos de que, si lo estimaban pertinente, se refirieran a los
hechos y pretensiones formulados por el actor.

1.6. Intervenciones

16. Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron los siguientes
informes:

1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera
Judicial

17. Por intermedio de la directora de la Unidad de Administración de Carrera
Judicial, se opuso al amparo invocado por el señor Danny Fabián Rodríguez Vargas.

18. Concretamente, afirmó que las solicitudes contenidas en el derecho de
petición presentado por el actor el 5 de diciembre de 2022, fueron atendidas de

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manera clara, completa y de fondo por parte de la Universidad Nacional de
Colombia, como operador técnico de la prueba, mediante el oficio de 15 de febrero
de 20237.

19. Igualmente, aseguró que, en todo caso, las solicitudes hechas por el
accionante en la petición, y que también fueron formuladas en el escrito de adición
del recurso de reposición, fueron resueltas mediante la Resolución CJR23-0042 de
16 de enero de 20238, por medio de la cual resolvió múltiples recursos promovidos
por personan interesadas, entre los que se incluía el señor Rodríguez Vargas.

20. En específico, indicó que en la mencionada resolución se hizo referencia a los
aspectos consultados por el actor en relación con “la construcción de ítems,
modificación de clave y asignación de puntaje adicional en preguntas por motivos de
ambigüedad en su contenido, desconocimiento del ordenamiento jurídico vigente, alusión a
normas derogadas o jurisprudencia sin vigencia al momento de la aplicación de la prueba,
así como lo relacionado al proceso de calificación, índices psicométricos, aciertos y datos de
otros aspirantes, entrega de copia parcial del material de la prueba y tiempo de aplicación del
examen”.

21. En consideración a lo expuesto, y atendiendo al hecho de que con las distintas
actuaciones adelantadas tanto por la Unidad de Administración de Carrera Judicial
del Consejo Superior de la Judicatura, así como por la Universidad Nacional,
mediante los cuales se resolvieron los requerimientos del accionante, había lugar a
declarar la carencia actual de objeto por hecho superado en el presente trámite.

1.6.2. Universidad Nacional de Colombia

22. Solicitó que se declarara la carencia actual de objeto por hecho superado por
cuanto lo pretendido por el accionante fue resuelto a través de la Resolución CJR23-
0046 de 16 de enero de 2023, así como el oficio del 15 de febrero de 2023 emitido
por dicha institución de educación superior.

23. Concretamente, indicó que, mediante la resolución referida, sus respectivos
anexos y la contestación que emitió el 15 de febrero de 2023, se resolvieron de
manera particular todas las solicitudes y reparos del actor puesto que se puso en su
conocimiento:

“[l]a justificación técnica de cada pregunta de la prueba en sus dos componentes, la
pertinencia respecto de los ítems invocados con relación al cargo aplicado, la
justificación técnico-jurídica de cada opción de respuesta establecida como correcta o

7 CONV27DP-5191 A.

8 “Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución
CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba
de aptitudes y conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de
Juez Promiscuo Municipal de la Rama Judicial.”

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incorrecta para efectos del cálculo del puntaje obtenido, entre otra información
relacionada con la aplicación y los resultados de las pruebas.

24. Igualmente, manifestó que, frente a las preguntas objetadas, en el ANEXO 2 de
la resolución en comento fue expuesta de manera expresa la justificación de cada
opción de respuesta. Ello, con miras a destacar las consideradas correctas para el
cómputo del puntaje de cada aspirante; opciones de respuesta y justificaciones que
atendieron a estándares técnicos internacionalmente aceptados como los parámetros
para pruebas educativas y psicológicas.

25. A su vez, precisó que se emitió toda la información respecto a: la calidad de la
prueba aplicada, proceso de calificación, construcción de ítems, valor de cada
pregunta, preguntas con respuesta multiclave, asignación de puntaje adicional a
preguntas por ambigüedad, por desconocimiento del ordenamiento jurídico o
vigencia, índices psicométricos (nivel de discriminación, dificultad, comportamiento
estadístico e índice de confiabilidad).

26. Igualmente afirmó que se hizo entrega de copia parcial del material de la prueba
y el tiempo de aplicación de la misma. A su vez, que las objeciones a las preguntas
de aptitudes y conocimientos, fueron atendidas y ampliamente desarrolladas en los
puntos 4, 7, 9, 10, 13, 17, 18, 20 y 35 de la resolución en mención.

1.6.3. Danny Fabián Rodríguez Vargas

27. Luego de las intervenciones de las autoridades accionadas, el actor se opuso
a la declaratoria de la carencia actual de objeto por hecho superado solicitada. En su
concepto, a través del oficio emitido por la Universidad Nacional de Colombia no se
han contestado todas y cada una de las solicitudes que formuló en su petición del 5
de diciembre de 2022.

28. En específico, manifestó que la parte accionada aún no había dado
contestación a lo siguiente:

a. El punto 2.1 de la petición -sobre la información técnica que sustentó las
preguntas-, respecto de: i) las opciones de respuesta y justificación de su
inclusión; y ii) clave de respuesta y su justificación.

b. Los puntos 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10, respectivamente.

29. El actor precisó que la autoridad accionada se reservó brindar información
frente a determinados aspectos con fundamento en que los mismos estaban sujetos
a reserva. Sin embargo, reprochó que no se hubiese invocado el sustento jurídico de
ello, sino que tan solo se haya citado como fundamento de la negativa lo dispuesto
en el parágrafo 2 del artículo 164 de la Ley 270 de 1996; el cual, en su sentir no

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justificaba que le fuera restringido el acceso a la información y documentación
solicitadas a partir de la modulación en la interpretación de esa norma que realizó la
Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 1996, reiterada en otros
pronunciamientos.

30. Con relación a los demás requerimientos planteados en su petición, manifestó
estar de acuerdo con que se declarara la carencia actual de objeto por hecho
superado, puesto que los mismos sí fueron contestados de manera completa y de
fondo.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

31. El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de tutela
presentada por el señor Danny Fabián Rodríguez Vargas. Lo anterior de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley
2591 de 1991 y el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Legitimación en la causa

32. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

33. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 1991 9, en los artículos 1, 10, 46 y 49,
precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier persona
que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea i) por sí misma; ii) a
través de representante; iii) apoderado; o iv) por medio de la agencia oficiosa,
cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover
su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo y
los personeros municipales10.

34. Con fundamento en el marco conceptual expuesto11, la Sala advierte que el
tutelante es el titular de los derechos fundamentales que reclama, en consideración a

9 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
10 Corte Constitucional, Sentencia T-793 de 2007.
11 Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha

venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de
tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo
Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.

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que fue quien presentó la petición del 5 de diciembre de 2022 que informó no había
sido contestada por parte de las autoridades accionadas.

35. Por otro lado, se observa que el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia se
encuentran legitimadas en la causa por pasiva en atención a que de ellas se predica
la falta de respuesta a la petición realizada por el señor Rodríguez Vargas.

2.3. Problema jurídico

36. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados, el problema jurídico a
resolver en el caso concreto es el siguiente:

 ¿Se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado en la presente
solicitud de amparo? Lo anterior, teniendo en cuenta que en el trámite de la
tutela las autoridades accionadas manifestaron que las cuestiones formuladas
en la petición del 5 de diciembre de 2022 fueron atendidas en su totalidad
mediante el oficio del 15 de febrero de 2023 emitido por la Universidad
Nacional de Colombia.

37. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: i)
la naturaleza de la acción de tutela; ii) el derecho de petición; iii) la carencia actual de
objeto por hecho superado y iv) el análisis del caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

38. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.

39. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a
la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión
del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar
sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como
mecanismo transitorio.

2.5. Del derecho de petición

40. La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de
“presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o

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particular y a obtener pronta resolución”12. El mismo artículo superior precisa que el
Legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales.

41. La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: “El
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido”13.

42. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación de
la petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala quince (15) días para resolver la
misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante
la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular
deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la
complejidad de la solicitud.

43. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que “la respuesta al derecho de petición
debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante
o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al
peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que
desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación
de lo solicitado. Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente,
no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los
intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración
plena de la respuesta dada”14.

44. Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar “los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…)
la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el
propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante”15.

12 Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004.
13 Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015.
14 Sentencia T-149 de 2013.
15 Ibídem.

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45. Este deber de comunicación de la respuesta también debe cumplirse cuando
consista en indicar que se remitió la petición a la autoridad competente. En palabras
de la Corte Constitucional:

(…) El deber de notificación de (sic) mantiene, incluso, cuando se trate de contestaciones
dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e informar sobre la remisión a
la entidad encargada16.

46. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la
Corte Constitucional ha explicado que:

i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de la
democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se garantizan otros
derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la
libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende los siguientes elementos: a) la
posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades,
sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es
decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo
o contestación material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de la
solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los
asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo
fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con
independencia de que su sentido sea positivo o negativo 17.

47. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a
la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

48. Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia
constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de
petición y el derecho a lo pedido, por lo que el derecho de petición se ejerce y agota
en la solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento
o no del derecho subjetivo.

2.6. De la carencia actual de objeto

49. La Sala ha explicado en varias ocasiones18 que la acción de tutela ha sido
instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de
derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual
e inminente.

50. No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho

16 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2020.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-161 de 2011.
18Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias del 15.11.17, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 2017-00085-01 y del 19.10.17., M.P.
Rocío Araújo Oñate, Rad. 2017-2365-00.

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fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que torna inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.

51. En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación
del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres
supuestos: i) hecho superado; ii) daño consumado y iii) una situación sobreviniente.

52. Al respecto, la Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 201619, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de los
derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por lo tanto, se
ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el desaparecimiento de las
circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de
estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como
mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al
desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez
constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar las garantías
que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue
especialmente previsto para esta acción. 20

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó sobre este
respecto, que:

La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente bajo la
forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su amenaza
parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que
el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como en el
caso sub examine- que se hubiese presentado un peligro ya subsanado” (negrillas
inexistentes en el texto original)

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual
de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la
que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los
intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se
constituye en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede
materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o
(iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el
acaecimiento de una “situación sobreviniente21 (Negrita propia del texto).

53. Con base en el anterior marco referencial, el Tribunal Constitucional ha
sostenido que el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto
Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se
materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la

19 Corte Constitucional, Sentencia T-481 de 2016.
20 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual se

transcribe literalmente: Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005.
21 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual se

transcribe literalmente: Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013.

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autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la
vulneración de los derechos fundamentales.22

54. En palabras de la Corte Constitucional:

(…) la primera de estas figuras [hecho superado], regulada en el artículo 26 del Decreto 2591
de 1991, comprende el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la
demanda de amparo y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad
accionada, se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo
lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la
afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para
lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de
desconocer (…)23.

55. En concordancia con lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta
irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos
fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta esta
Sección), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta de
la autoridad demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron o no los
derechos fundamentales.

56. En efecto, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos
casos en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales
ocurre luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el
trámite de revisión ante ese Tribunal.24

57. En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales
se supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha
destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la
conducta desplegada por la autoridad demandada para formular un juicio de
reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la
conducta lesiva de los derechos afectados. Así lo ha indicado la Corte Constitucional:

En estos casos, “no es perentorio para los jueces de instancia, aunque sí para Corte en
sede de Revisión,25 incluir en la argumentación de su fallo el análisis sobre la
vulneración de los derechos fundamentales planteada en la demanda. Sin embargo
puede hacerlo, sobre todo si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de
los hechos del caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad
constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la
inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera”. 26
Según la jurisprudencia de la Corte, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la

22 Corte Constitucional. Sentencia T-038 de 2019.
23 Corte Constitucional. Sentencia T-481 de 2016.
24 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.
25 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 45, la cual

se transcribe literalmente: “Esto se debe a que la Corte Constitucional, como Juez de máxima
jerarquía de la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de determinar el alcance de los derechos
fundamentales cuya protección se solicita”.
26 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 46, la cual

se transcribe literalmente: Ver sentencia T-612 de 2009.

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providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del momento
del fallo, es decir que se demuestre el hecho superado 27.28 (Negrita y subrayado fuera de
texto).

58. Pero en sede de revisión, la Corte Constitucional sí se debe pronunciar para
formular un juicio de reproche, si ello hay lugar. Sobre el particular, la Alta
Corporación en cita ha dicho lo siguiente:

Se está frente a un hecho superado cuando durante el trámite de amparo las acciones u
omisiones que amenazan al derecho fundamental desaparecen por la satisfacción de la
pretensión que sustenta la acción de tutela, por lo que la orden a impartir por parte del juez
constitucional pierde su razón de ser, pues que el derecho ya no se encuentra en riesgo 29.

No obstante lo anterior, esta Corporación ha señalado que puede adelantar el estudio
del asunto sometido a su conocimiento, pues le corresponde en sede de revisión,
determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se solicita 30,
pronunciarse sobre la vulneración invocada en la demanda conforme al artículo 24 del
Decreto 2591 de 1991 y determinar si, con atención de las particularidades del caso, procede
el amparo de la dimensión objetiva de los derechos conculcados 31. Dicho análisis puede
comprender: i) observaciones sobre los hechos del caso estudiado; ii) llamados de atención
sobre la situación que originó la tutela; iii) el reproche sobre su ocurrencia y la advertencia
sobre la garantía de no repetición32; y iv) la posibilidad de adoptar las medidas de protección
objetiva33.34 (Negrita y subrayado fuera del texto)

59. El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la
interposición de la acción de tutela. Al respecto, ha sostenido el Tribunal
Constitucional: “la segunda de las figuras referenciadas [daño consumado], consiste
en que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía ejecutándose, se ha
consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de
forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se
concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé una orden al respecto”.35

60. Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de los
derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de tutela, pero
por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos de daño consumado y
hecho superado.

61. La citada Corporación ha indicado lo siguiente sobre este supuesto de hecho
para declarar la carencia actual de objeto:

27 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 47, la cual

se transcribe literalmente: Sentencia T-170 de 2009.
28 Corte Constitucional. Sentencia T-112 de 2010.
29 Corte Constitucional. Sentencia T-311 de 2012.
30 Corte Constitucional. Sentencia T-170 de 2009.
31 Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 2008.
32 Corte Constitucional. Sentencia SU-225 de 2013.
33 Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 2008.
34 Corte Constitucional. Sentencia T-662 de 2016.
35 Corte Constitucional. Sentencia T-030 de 2017.

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El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las
distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran
utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud
cobija casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño
consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier ‘otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo
solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el
vacío’. No se trata entonces de una categoría homogénea y completamente
delimitada36 (Negrita y subrayado fuera del texto).

2.7. Caso concreto

62. En el presente asunto el señor Danny Fabián Rodríguez Vargas, alegó que el
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y
la Universidad Nacional de Colombia vulneraron sus derechos fundamentales de
petición y al debido proceso administrativo, toda vez que, a la fecha de presentación
del mecanismo de amparo, no habían emitido respuesta a la petición que formuló
desde el pasado 5 de diciembre de 2022.

63. En el trámite del proceso constitucional, conforme se ha puesto de presente
en líneas anteriores, las autoridades accionadas solicitaron que se declarara la
carencia actual de objeto por hecho superado, como consecuencia de la existencia
de la i) Resolución CJR23-0046 de 16 de enero de 202337 y el ii) oficio del 15 de
febrero de 2023 proferido por el ente universitario en mención. En su concepto,
mediante tales actuaciones se resolvieron de fondo y de manera detallada las
cuestiones planteadas por el accionante contenidas en la petición materia de interés.

64. Al respecto, esta Sala de Decisión debe poner de presente que solo será
objeto de análisis el oficio emitido por la Universidad Nacional de Colombia fechado
del 15 de febrero de 2023. Ello, comoquiera que fue a través de dicho documento
que se dio contestación a la petición formulada por el actor el 5 de diciembre de
2022, mientras que la aludida resolución resolvió los múltiples recursos de reposición
“presentados contra la Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, mediante la
cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos,
correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez Promiscuo
Municipal de la Rama Judicial”.

65. Lo anterior, al margen que la respuesta brindada por la Universidad Nacional
de Colombia encuentre fundamento o replique asuntos mencionados o contenidos en

36 Corte Constitucional. Sentencia SU-522 de 2019.
37 Proferida por el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial

“Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución
CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba
de aptitudes y conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de
Juez Promiscuo Municipal de la Rama Judicial.”

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la Resolución CJR23-0046 de 16 de enero de 2023 expedida por el Consejo Superior
de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial.

66. Igualmente, debe advertirse que durante el trámite el accionante remitió
memorial en el que manifestó que estaba de acuerdo con la declaratoria de la
carencia actual de objeto por hecho superado, pero únicamente respecto de algunas
de las cuestiones que presentó en la petición, por considerar que frente a las mismas
si obtuvo contestación completa y de fondo por parte de la Universidad Nacional de
Colombia.

67. Sin embargo, indicó que no podía predicarse lo mismo en lo que correspondía
a los numerales 2.1 -sobre la información técnica que sustentó las preguntas-,
respecto de: i) las opciones de respuesta y justificación de su inclusión; y ii) clave de
respuesta y su justificación, así como los apartados de la petición 2.5, 2.6, 2.7, 2.8,
2.9 y 2.10, respectivamente. En su entender, con la contestación emitida no se
resolvieron tales aspectos contenidos en su petición.

68. En consecuencia, la Sala concentrará su análisis únicamente respecto de los
puntos de la petición referidos con antelación comoquiera que es en torno a los
cuales el accionante insiste que, pese a la contestación efectuada por la Universidad
Nacional, no han sido resueltos de fondo.

69. En este sentido, corresponde en este punto tener claridad sobre lo pretendido
por el accionante en cada uno de los numerales mencionados con antelación. En
específico, se observa lo siguiente de la petición:

SEGUNDO: “Me permito solicitar que en relación con las siguientes
preguntas: i) componente de aptitudes: 6, 9, 21, 23, 28, 32, 43; y ii)
conocimientos examen juez promiscuo municipal: 53, 63, 65, 66, 70, 82, 84,
100, 101, 102, 116, 126 y 129, se ponga en conocimiento la información
técnica que las sustentaron y, en concreto, la autoridad requerida se sirva:
2.1. Indicar: i) sus características esenciales; 2) atributo o proceso
cognoscitivo o de pensamiento a evaluar; 3) tema; 4) competencia; 5) nivel de
complejidad; 6) área del derecho; 7) opciones de repuesta y justificación de su
inclusión; 8) clave de respuesta y su justificación; 9) tiempo estimado para la
respuesta.

2.5. Informar el número de concursantes que presentaron el examen el 24 de
julio de 20221 y que respondieron cada opción de respuesta de las preguntas:
6, 9, 21, 23, 28, 32, 43, 53, 63, 65, 66, 70, 82, 84, 100, 101, 102, 116, 126 y
129, ubicadas en el componente de aptitudes y conocimientos del examen de
juez promiscuo municipal. Esto es cuántos de los concursantes que
presentaron el examen, respondieron la opción a), cuántos la opción b),
cuántos la opción c) y cuántos la opción d), de cada una de las preguntas
referidas en este numeral.

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2.6. Indicar qué sucede con determinada pregunta (se excluye, se asume por
válida, etc.) cuando un alto número de participantes que presentaron el
examen el 24 de julio de 2022, contestaron de forma incorrecta determinada
pregunta según la clave de respuesta otorgada por la UNAL.

2.7. Bajo la hipótesis reseñada en el numeral 2.6. de esta petición, señalar
cuánto es el porcentaje mínimo o el número mínimo de personas que
contestaron de acuerdo con la clave de respuesta de la UNAL, respecto de las
que presentaron el examen el 24 de julio de 2022, requerido para que una
pregunta se asuma por válida.

2.8. Bajo la hipótesis reseñada en el numeral 2.6. de esta petición, indicar
cuánto es el porcentaje mínimo o el número mínimo de personas que
contestaron de acuerdo con la clave de respuesta de la UNAL, respecto de las
que presentaron el examen el 24 de julio de 2022, requerido para que una
pregunta sea excluida del examen.

2.9. Señalar qué implicaciones tiene en la calificación de la prueba de cada
persona, cuando una o varias preguntas del examen de aptitudes y
conocimientos realizado el 24 de julio de 2022 no es contestada de forma
correcta por un número mínimo de los concursantes de acuerdo con la clave
de respuesta de la UNAL (se excluye, se invalida, se valida, etc.)

2.10. Indicar qué implicaciones tiene en la calificación de la prueba de cada
persona, cuando una o varias preguntas del examen de aptitudes y
conocimientos realizado el 24 de julio de 2022 tiene más de una opción de
respuesta correcta.

70. Del análisis de la respuesta brindada por la Universidad Nacional de Colombia
se advierte que dicha institución dio contestación al numeral 2.1 con relación a los
ítems 7 y 8 relativos a: las opciones de respuesta y justificación de su inclusión, así
como la clave de respuesta y su justificación, en los siguientes términos:

Respecto de las solicitudes relacionadas con la indicación de cuáles fueron
las opciones de respuesta y las claves seleccionadas, así como su
justificación, es preciso reiterar al aspirante que no es posible acceder a
dicha petición, dada la reserva que sobre esta información recae,
establecida en el parágrafo 2 del artículo 163 de la Ley 270 de 1996. No
obstante, es preciso señalar que mediante el “Anexo 2” de la Resolución
CJR23-0042 de 16 de enero de 2023, fueron relacionadas cada una de las
preguntas que fueron objeto de inconformidad por parte de los recurrentes en
el cargo, donde se indicó la pertinencia, la justificación de la clave asignada,
así como las razones por las cuales las demás claves no resultaron válidas
para las mismas. (Énfasis propio)

71. Por su parte, en lo que se refiere a los numerales 2.5, 2.7 y 2.8 relacionados
con señalar, entre otras, cuántos de los concursantes que presentaron el examen
respondieron de una u otra forma según la clave de respuesta otorgada por la UNAL,
y en virtud de ello, se asumiera una pregunta por válida o la misma fuera excluida, se
observa lo siguiente de la contestación:

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Por otra parte, frente a la información solicitada de los aspirantes y la cantidad de
aciertos obtenidos en las preguntas 6, 9, 21, 23, 28, 32, 43, 53, 63, 65, 66, 70, 82, 84,
100, 101, 102, 116, 126 y 129, ubicadas en el componente de aptitudes y
conocimientos del examen para el cargo de Juez Promiscuo Municipal, así como los
porcentajes mínimos o números mínimos de aciertos en las mismas para su
validez o exclusión, se advierte que dicha información hace parte integral de los
informes psicométricos de análisis de ítems los cuales están sujetos a reserva,
tal como se prevé en el citado parágrafo segundo del artículo 164 de la Ley 270
de 1996; por tanto, la Universidad Nacional de Colombia, en cumplimiento de sus
obligaciones contractuales y legales, se abstiene de entregar los documentos técnicos
solicitados por el aspirante.

72. Adicional a lo anterior, y en lo que atañe a los numerales 2.6 y 2.9,
relacionados con las implicaciones que tiene sobre una pregunta (en punto de
validez o exclusión) y sobre la calificación de la prueba respecto de aquellos
interrogantes respecto de las cuales un alto número de personas no contestan
correctamente, se advierte lo siguiente:

Ahora bien, es necesario señalar que debido a que todas las preguntas evaluadas
en la prueba para el cargo de Juez Promiscuo Municipal son válidas y se
ajustaron a los parámetros psicométricos, y que, de acuerdo con el
procedimiento de juicio de expertos, dichos ítems fueron relevantes y
pertinentes, no fue necesario excluir ítems. De este modo, debe indicarse que
tampoco se presentó ninguna situación que dé lugar a las hipótesis planteadas
por el aspirante, y por tal motivo, tampoco resulta viable brindar una respuesta de
fondo frente a las mismas. (Énfasis propio)

73. Ahora bien, en lo que atañe al numeral 2.10 mediante el cual se requirió
indicar las implicaciones que tenía en la calificación de la prueba de cada aspirante
cuando una o varias preguntas del examen tuviera más de una opción de respuesta
correcta, el ente universitario precisó:

A partir de dicha verificación, se concluyó que los ítems cumplieron con todos los
requisitos y estándares técnicos de construcción, verificación, dificultad, metodología y
confidencialidad requeridos para la elaboración de pruebas en esta clase de procesos
de selección, por lo cual no fueron susceptibles de modificación, exclusión o
invalidación así como tampoco se efectuaron modificaciones de clave en las
respuestas asignadas a las preguntas ni se evidenciaron ítems con varias
opciones de respuesta o multiclave que conlleve a la recalificación de preguntas
para el cargo de Juez Promiscuo Municipal. (Resaltado de la Sala)

74. A todo lo anterior, se suma que el ente universitario también precisó:

[l]as solicitudes relacionadas con la calidad de la prueba aplicada, proceso de
calificación, construcción de ítems, valor de cada pregunta, preguntas con respuesta
multiclave, asignación de puntaje adicional a preguntas por ambigüedad, por
desconocimiento del ordenamiento jurídico o vigencia, índices psicométricos (nivel de
discriminación, dificultad, comportamiento estadístico e índice de confiabilidad),
entrega de copia parcial del material de la prueba, tiempo de aplicación de la prueba,
así como las objeciones a las preguntas de aptitudes y conocimientos, fueron
atendidas y ampliamente desarrolladas en los puntos 4, 7, 9, 10, 13, 17, 18, 20 y
35 de la Resolución CJR23-0042 de 16 de enero de 2023 (…) publicada en la

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página web de la Rama Judicial, documento que puede consultar en el siguiente link:
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/7227621/132623650/CJR23-
0042.pdf/63547f6e 665f-4f20-8d3e-4395c44197b0 (…)

75. De todo lo anterior, esta Sala de Decisión observa lo siguiente:

76. La Universidad Nacional puso de presente que la información contenida en los
numerales 2.1, 2.5, 2.7 y 2.8 de la petición se encuentra bajo la reserva legal
establecida en el parágrafo 2º del artículo 164 de la Ley 270 de 1996 que dispone:
“Las pruebas que se apliquen en los concursos para proveer cargos de carrera judicial, así
como también toda la documentación que constituya el soporte técnico de aquéllas, tienen
carácter reservado”.

77. El accionante reprochó la reserva legal argüida sobre la información solicitada
puesto que, en su concepto, dicha determinación desconoce la interpretación que ha
hecho la Corte Constitucional del parágrafo 2 del artículo 164 de la Ley 270 de
199638, y en virtud de la cual, no puede restringirse al tutelante el acceso a lo
pretendido comoquiera que i) el proceso ya se llevó a cabo y ii) él formó parte del
mismo.

78. Con relación a este aspecto, debe ponerse de presente que el artículo 26 de
la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de 2015 39, determina que a quien
se le niegue información invocando reserva legal, puede insistir en su petición de
información ante el juez administrativo o el Tribunal –según sea el caso–; autoridad
judicial a la que corresponde decidir, en única instancia, si se niega o se acepta, total
o parcialmente la petición formulada.

79. En el presente caso, de los elementos de convicción arrimados al proceso no
se advierte que el accionante haya iniciado el referido trámite de insistencia,
entendido como el mecanismo ordinario idóneo y eficaz para la protección del
derecho de petición invocado. En consecuencia, respecto de estos puntos en
particular en los que la administración invocó la reserva legal, esta Sala de Decisión

38 “Las pruebas que se apliquen en los concursos para proveer cargos de carrera judicial, así como

también toda la documentación que constituya el soporte técnico de aquéllas, tienen carácter
reservado”.
39 Artículo 26. Insistencia del solicitante en caso de reserva. Si la persona interesada insistiere en su

petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al
Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de
autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se
trata de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o
parcialmente la petición formulada.
Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez
administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este término se interrumpirá en
los siguientes casos:
(…)
PARÁGRAFO. El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y sustentado en la diligencia
de notificación, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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Demandante: Danny Fabián Rodríguez Vargas
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-00613-00

declarará la improcedencia del amparo solicitado, y por ello no se analizará de fondo
este asunto.

80. Por su parte, esta Sala observa con relación a los numerales 2.6, 2.9 y 2.10,
que la Universidad Nacional se refirió a los mismos de manera clara y de fondo, en el
sentido de indicarle al actor que no existía ninguna implicación respecto a las
preguntas y que no resultaba necesario excluir ítems comoquiera que todos los
interrogantes evaluados en la prueba respecto del cargo de Juez Promiscuo
Municipal, no solo fueron válidos y se ajustaron a los parámetros establecidos,
sino que además, solo admitían una opción de respuesta.

81. Por todo lo anterior, esta Sala de Decisión considera que respecto de tales
aspectos, se le brindó al accionante una respuesta precisa y completa, al margen
que haya resultado de manera desfavorable a sus intereses. Teniendo en cuenta que
ello ocurrió durante el trámite constitucional, esta Sala de Decisión declarará la
carencia actual de objeto por hecho superado en relación con estos componentes de
la petición del 5 de diciembre de 2022.

2.8. Conclusión

82. Así las cosas, y conforme con lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia
del mecanismo de amparo respecto de las solicitudes formuladas en los numerales
2.1, 2.5, 2.7 y 2.8 de la petición del 5 de diciembre de 2022. Ello, por no superar el
requisito de subsidiariedad, por cuanto el accionante cuenta con el recurso de
insistencia, mecanismo que resulta ser idóneo y eficaz.

83. Finalmente, y en lo que corresponde a los demás numerales contenidos en la
petición la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado
comoquiera que, durante el presente trámite, se resolvieron de manera clara y
precisa las solicitudes contenidas en los mismos según indicó el accionante, y
respecto de los numerales 2.6, 2.9 y 2.10, constató este juez constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela, en relación con los
numerales 2.1, 2.5, 2.7 y 2.8 de la petición, formulada por el señor Danny Fabián
Rodríguez Vargas el 5 de diciembre de 2022, por las razones expuestas.

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la
acción de tutela promovida por el señor Danny Fabián Rodríguez Vargas, respecto a
los numerales demás numerales de la petición del 5 de diciembre de 2022.

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Demandante: Danny Fabián Rodríguez Vargas
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-00613-00

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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