Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00756-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00756-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00756-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
31 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00756-00
Accionante: Danny Fabián Rodríguez Vargas
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración
de Carrera Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO – Improcedencia
/ SUBSIDIARIEDAD – existencia de otro mecanismo judicial idóneo y eficaz - medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho para debatir la legalidad de
actos administrativos de carácter definitivo expedidos en el marco de un concurso de
méritos - Convocatoria 27.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por Danny Fabián Rodríguez Vargas
contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial y la Universidad Nacional de Colombia.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El señor Danny Fabián Rodríguez Vargas instauró demanda de tutela, con el
fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales de petición, debido
proceso administrativo, igualdad y acceso a cargos públicos. Estima que tales
prerrogativas fueron vulneradas por la Unidad de Administración de Carrera Judicial
del Consejo Superior de la Judicatura, al no resolver de forma clara, congruente y de
fondo los planteamientos esbozados en el recurso de reposición que interpuso contra
la Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de 20222.
2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se
contraen a lo siguiente:
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 “Por medio de la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente al
concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial”
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Accionante: Danny Fabián Rodríguez Vargas
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial
y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
<< PRIMERA: AMPARAR mis derechos fundamentales de petición, debido proceso
administrativo (garantías de defensa y contradicción), igualdad y acceso a cargos
públicos vulnerados y/o amenazados por las autoridades accionadas.
SEGUNDA: Como consecuencia, ORDENAR a las autoridades accionadas lo
siguiente:
2.1. RESPONDER de manera CLARA, CONGRUENTE Y DE FONDO los argumentos
de inconformidad plasmados por el suscrito mediante el recurso de reposición
interpuesto el 22 de septiembre de 2022 contra la Resolución CJR22-0351 de 01 de
septiembre de 2022 y complementado a través de documento de 15 de noviembre de
2022, los cuales condensé para facilidad del Despacho en el hecho No. 20 de esta
demanda (aclaro que solo solicitaré pronunciamiento de las autoridades accionadas
sobre los puntos que estimo más álgidos dentro de la convocatoria y cuya respuesta
aún no se ha suministrado):
➢ PREPONDERANCIA AL COMPONENTE DE APTITUDES SOBRE EL
COMPONENTE DE CONOCIMIENTOS. VULNERACIÓN DEL DERECHO
FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO. Esto porque, como lo
señalé en el Hecho No. 8 de esta demanda, los resultados de la prueba permiten inferir
que se le otorgó prevalencia al componente de aptitudes, sobre conocimientos.
➢ EXPEDICIÓN IRREGULAR DEL ACTO REPROCHADO Y CON
INFRACCIÓN DE LAS NORMAS EN QUE DEBÍA FUNDARSE: VULNERACIÓN
DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO, BUENA FE Y
CONFIANZA LEGÍTIMA, PORQUE ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS DEL
COMPONENTE DE CONOCIMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS SE
REALIZARON FUERA DEL MARCO PREVISTO DENTRO DEL INSTRUCTIVO
EXPEDIDO POR LA UNAL.
TERCERO: ORDENAR a las autoridades accionadas RESOLVER las objeciones DE
FONDO, DE MANERA CLARA Y COHERENTE con los argumentos que presenté
contra las preguntas 6, 9, 21, 23, 28, 32, 43, 53, 62, 65, 66, 70, 84, 100, 101, 102,
116, 126 y 129, mediante el escrito de complementación radicado el 15 de noviembre
de 2022, en iguales condiciones a como fue resuelto el recurso de reposición
interpuesto por el señor DIEGO ALEJANDRO BARACALDO AMAYA contra los
resultados del examen y decidido mediante Resolución CJR23-0019 de 16 enero de
2023.
CUARTA: ORDENAR a las autoridades accionadas que se pronuncien acerca de la
conducencia, pertinencia y utilidad de decretar las pruebas que solicité tanto en el
recurso de reposición como en el escrito de complementación.
QUINTO: ORDENAR a las autoridades accionadas que si, como consecuencia
de resolver los argumentos que presenté a través del recurso de reposición y
del escrito de complementación, determinan que se debe modificar el puntaje
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
obtenido, dando como resultado una puntuación superior a los 800 puntos, se reponga
la decisión contenida en la Resolución CJR23-0042 de 16 de enero de 2023 y se
concluya que sí aprobé el examen de aptitudes y conocimientos, permitiéndoseme
continuar con las demás etapas del concurso.>> (resaltado propio del texto).
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada
y de las pruebas allegadas se tiene, que:
4.- Mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura convocó a concurso de méritos
para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, denominado -
Convocatoria 27-; a la cual se inscribió el señor Danny Fabián Rodríguez Vargas,
con el fin de concursar por el cargo de Juez Promiscuo Municipal.
5.- El 24 de julio de 2022, el accionante presentó la prueba de aptitudes,
conocimientos y psicotécnica diseñada por la Universidad Nacional de Colombia,
para el desarrollo del proceso de selección de la aludida convocatoria.
6.- Surtidas las etapas respectivas, mediante Resolución CJR22-0351 del 1° de
septiembre de 2022, la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura publicó los resultados de las pruebas a que hizo referencia.
En dicho acto administrativo, se indicó que el actor obtuvo un puntaje de 798,40
puntos, por lo que fue calificado como “No aprobó”.
7.- En desacuerdo con la decisión anterior, el 22 de septiembre de 2022, el
accionante interpuso recurso de reposición, en el que cuestionó: (i) La falta de
transparencia y publicidad en el procedimiento utilizado para calificar la prueba de
aptitudes y conocimientos, (ii) la forma de calificación fue diferente a lo indicado en
el acuerdo de convocatoria, (iii) se dio preponderancia al componente de aptitudes
sobre el de conocimientos, (iv) algunas preguntas contenidas en la prueba
resultaban ambiguas, con múltiple o ninguna respuesta, mal redactadas y/o
desactualizadas y que tampoco se ajustaban al cargo al que se había postulado, (v)
el tiempo otorgado para la presentación del examen, (vi) la posibilidad de presentar
pruebas supletorias a algunos participantes, (vii) se tomaron en consideración los
puntajes de algunas personas que, en su criterio, no cumplían con los requisitos
mínimos para ostentar la calidad de aspirantes, (viii) no se informaron los parámetros
que servirían de fundamento para la calificación del examen, de forma previa a su
presentación y, (ix) se modificó la estructura de los componentes que conformaban
la prueba.
8.- En el citado recurso, el actor solicitó: (i) la modificación del puntaje inicialmente
obtenido, a fin de que se le otorgara uno superior a los 800 puntos, teniendo como
fundamento los reproches expuestos, (ii) el pronunciamiento de forma detallada y
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clara frente a cada uno de los planteamientos que formuló en el acápite IV del escrito
contentivo del recurso; y (iii) el decreto y la práctica de ciertas pruebas.
9.- Luego de asistir a la jornada de exhibición de los cuadernillos de preguntas y
hojas de respuestas, el 15 de noviembre de 2022, la parte actora presentó escrito de
ampliación del recurso de reposición, a través del cual manifestó su inconformidad
respecto a las preguntas 6, 9, 21, 23, 28, 32, 43, 53, 62, 65, 66, 70, 82, 84, 100, 101,
102, 116, 126 y 129. También reprochó que se hayan realizado algunas preguntas
que no habían sido señaladas inicialmente en el instructivo expedido por la
Universidad Nacional. Adicionalmente, solicitó del decreto y práctica de otras
pruebas.
10.- El 16 de enero de 2023, a través de la Resolución CJR23-00423, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial resolvió de manera conjunta los recursos de
reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de
2022, por aquellos concursantes que optaron para la provisión del cargo de Juez
Promiscuo Municipal. Para tal efecto, indicó que, previo a un análisis de las
solicitudes presentadas por los recurrentes, las mismas fueron agrupadas por
temáticas y así serían resueltas, precisando, a su vez, que se tomaron en cuenta las
peticiones principales, no sin antes referir que los demás argumentos serían
aplicables para todos los recurrentes sin excepción alguna4.
11.- Entre los mencionados criterios se destacan: la fórmula y metodología de
calificación, el cálculo e información de los datos estadísticos, el fundamento de la
fórmula de calificación, la teoría o modelo estadístico utilizado para calificar, la
verificación previa de requisitos mínimos, el proceso de construcción de la prueba,
las preguntas capciosas, ambiguas o confusas, el tiempo de la prueba, mayor valor
a algún componente de los que integran el examen.
12.- Como fundamento de las pretensiones, el accionante considera que las
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales de petición, debido proceso
administrativo, igualdad y acceso a cargos públicos, al expedir la Resolución CJR23-
0042 del 16 de enero de 2023, adicionada por la Resolución CJR23-0056 del 2 de
febrero siguiente, toda vez que, a su juicio, en ninguno de esos actos administrativos
se resolvió de forma clara, congruente y de fondo, cada uno de los argumentos
plasmados en el recurso de reposición interpuesto por el accionante, ni en el escrito
de ampliación del mismo, así como tampoco se pronunciaron sobre los elementos
probatorios que aportó o respecto de los que solicitó su decreto.
3 Adicionada por la Resolución CJR23-0056 del 2 de febrero de 2023.
4 En archivos anexos se relacionaron los recurrentes enmarcados dentro de las categorías de criterios que fueron
fijadas.
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13.- Sostuvo que en la Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023 se admitió
haber estudiado únicamente las peticiones principales de cada recurso,
circunstancia que evidencia que no se analizaron todos los aspectos formulados por
el demandante. Además, cuestionó que las temáticas escogidas para abordar
conjuntamente los planteamientos expuestos en los recursos de reposición, fueron
definidas de forma discrecional.
14.- Sumado a lo anterior, aseveró que, en el marco de la Convocatoria 27, la
Unidad en comento profirió otras 25 resoluciones, cuyo contenido es idéntico al
expuesto en el acto administrativo objeto de reproche constitucional, lo que denota
que el recurso de reposición que presentó fue resuelto de manera genérica.
15.- Destacó que en la Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023 se indicó
que contra dicho acto administrativo no procedían recursos en sede administrativa,
por lo que no existe algún mecanismo para cuestionar su contenido a través de esa
vía.
16.- Por su parte, manifestó que en el marco de dicha actuación administrativa elevó
una serie de peticiones ante las accionadas, con el fin de sustentar el recurso de
reposición, sin que hubiese obtenido alguna respuesta. Por esa razón, afirmó haber
presentado otras tres acciones de tutela contra las aquí demandadas, pero por
hechos distintos a los que son objeto de reclamo en la presente solicitud de amparo.
17.- Por otro lado, señaló que en aquellos casos en que se busca cuestionar, a
través de la acción de tutela, actos administrativos expedidos en el marco de los
concursos de méritos, en lo atinente al requisito de subsidiariedad, la Corte
Constitucional 5 ha señalado que pese a la existencia de otros mecanismos de
defensa para resolver la controversia, como el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, es necesario analizar si estos resultan ser idóneos y
eficaces, puesto que los medios ordinarios no ofrecen la suficiente eficacia en el
tiempo para proteger en toda su dimensión los derechos a la igualdad, al trabajo, al
debido proceso y el de acceso a los cargos públicos.
18.- Además, resaltó que, según la jurisprudencia constitucional6, es indispensable
diferenciar entre los actos de mero trámite y los definitivos, por cuanto el mecanismo
constitucional procede únicamente -de manera excepcional- frente a estos últimos,
cuando el acto tiene la potencialidad de definir una situación especial, producto de
una actuación abiertamente irrazonable o desproporcionada del funcionario,
vulnerando con ello las garantías constitucionales. Así mismo indicó que en la
sentencia SU-067 de 2022, proferida en el marco de la convocatoria 27, la Corte
Constitucional precisó que la acción de tutela era procedente en estos casos.
5 Para tal efecto, el accionante citó las sentencias T-507 de 2012 y T-682 de 2016.
6 Sentencias T-386 de 2016, T-340 de 2020 y SU-067 de 2022.
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19.- Esbozado lo anterior, precisó que el objeto de la acción de tutela no es debatir
el contenido de algún acto administrativo, por el contrario, lo que pretende es buscar
la protección de los derechos fundamentales invocados, presuntamente vulnerados,
ante la falta de respuesta sobre cada uno de los argumentos que presentó tanto en
el recurso de reposición, como en su escrito de ampliación.
20.- En ese sentido, sostuvo que la solicitud de amparo satisface el presupuesto de
subsidiariedad, toda vez que no existe otro mecanismo judicial idóneo ni eficaz para
obtener la protección de sus prerrogativas iusfundamentales, en la medida que no
está controvirtiendo la legalidad de algún acto administrativo.
21.- Ahora, afirmó que, si en gracia de discusión se advirtiera que el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho es procedente, dicho mecanismo
no resulta ser un medio eficaz ni idóneo. Al respecto, aseguró que “la prueba
contundente de ello es que las demandas que cursan en el Consejo de Estado frente
a la convocatoria 22, que fue la última en quedar en firme y con la cual se proveyeron
los cargos vacantes de jueces y magistrados (...) no se han resuelto de fondo”.
Inclusive resaltó que dicha demanda7 fue radicada en el año 2016, por lo que a la
fecha han transcurrido más de 6 años, sin que ni siquiera se haya citado a la
audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011.
22.- Aseguró que la tardanza en la resolución de ese asunto, permite advertir la
existencia de un perjuicio irremediable, pues las eventuales demandas de nulidad y
restablecimiento del derecho presentadas contra los actos administrativos proferidos
en el marco de la Convocatoria 27, tardarían años en resolverse, lo cual implica que
el accionante “pierda la oportunidad” de obtener una respuesta de fondo frente a sus
reclamos y, “probablemente, la posibilidad de posesionarme como juez en propiedad
a la par de los demás aspirantes.”
23.- Así mismo indicó que en el caso del señor DIEGO ALEJANDRO BARACALDO
AMAYA las entidades accionadas sí emitieron un pronunciamiento sobre todos los
reproches realizados en su recurso. En ese sentido solicita ser tratado en iguales
condiciones.
24.- Como medida provisional solicitó que se ordenara a las autoridades accionadas
permitir al accionante continuar en las demás etapas del proceso de selección, hasta
tanto se resolviera de manera definitiva la acción constitucional de la referencia.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
7 Tramitada con número de radicado 11001-03-25-000-2016-00081-00.
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Accionante: Danny Fabián Rodríguez Vargas
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
25.- Mediante auto del 16 de febrero de 2023, el despacho sustanciador dispuso: (i)
admitir la acción de tutela; (ii) notificar de su presentación al Consejo Superior de la
Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial y a la Universidad Nacional
de Colombia; (iii) vincular a los aspirantes al cargo de Juez Promiscuo Municipal, en
el marco de la Convocatoria 27, como terceros interesados en las resultas del
proceso; (iv) comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, para lo de su cargo; y (v) negar la medida provisional deprecada.
(i) Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial8
26.- La Unidad manifestó que no vulneró en forma alguna los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, comoquiera que los argumentos
esgrimidos por el accionante en el recurso de reposición y el escrito de adición,
fueron resueltos de forma clara, completa y de fondo, a través de la Resolución
CJR23-0042 de 16 de enero de 2023.
27.- En concreto, indicó que las inconformidades planteadas en relación con el
procedimiento utilizado para calificar la prueba, la preponderancia del componente
de aptitudes sobre el de conocimientos, los reproches formulados frente las
preguntas 6, 9, 21, 23, 28, 32, 43, 53, 62, 65, 66, 70, 82, 84, 116, 126 y 129, la
modificación de la estructura y/o componentes de las preguntas de la prueba
aplicada, así como el pronunciamiento frente al decreto y la práctica de pruebas, se
resolvieron en los puntos 9, 13, 14, 17, 18, 28 y 35 del citado acto administrativo.
28.- Aclaró que si bien el punto 28 no fue marcado expresamente para el aspirante,
éste fue resuelto en atención a quienes expresaron el mismo interés frente el ítem
en cuestión, con base en la información proporcionada por la Universidad Nacional
de Colombia, como operador técnico de la prueba.
29.- Aunado a ello, informó que, a través de los oficios CONV27MS-001 de 21 de
septiembre de 2022, CONV27DP-5191 A y CJO23-882 del de 15 y 24 de febrero de
2023, tanto la Unidad, como la Universidad Nacional han atendido las diferentes
peticiones que ha presentado el accionante, con el fin de que se le otorgara una
contestación de fondo respecto a los argumentos esgrimidos en el recurso de
reposición y el escrito de adición, sin que ello implique modificación del puntaje que
le fue asignado al actor en el examen en cuestión.
30.- Por su parte, señaló que la Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023
se profirió en atención a los principios de eficiencia, celeridad y economía. Por ese
motivo, los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución CJR22-0351 del
1° de septiembre de 2022, por los concursantes al cargo de Juez Promiscuo
8 Intervención digital contenida en 29 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00756-00
Accionante: Danny Fabián Rodríguez Vargas
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y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Municipal, fueron resueltos en un solo acto administrativo mediante categorías
numeradas que agruparon cada uno de los temas planteados y con un análisis
particular sobre cada escrito.
31.- En lo referente a los reproches planteadas por el actor respecto a las preguntas
100, 101, 102 y 129, informó que el 3 de febrero de 2023, la Universidad Nacional
indicó que “las respuestas entregadas y dadas ya a conocer al público, contienen los
elementos necesarios para la defensa contundente de las pruebas aplicadas, pues
de su lectura se extraen las justificaciones de la pertinencia para el cargo sobre
aspectos fundamentales y transversales a las áreas del conocimiento previamente
indicadas.”
32.- Adicionalmente, aseveró que la solicitud de coadyuvancia formulada por el
señor Nelson Julián Valencia Zamora debe ser rechazada, ya que los argumentos
que presentó difieren ostensiblemente de las inconformidades objeto de relato en la
solicitud de amparo, por lo que es evidente que la solicitud persigue unos intereses
diferentes a los que se buscan con la presente acción constitucional.
33.- Por último, alegó que en el presente asunto se configura la temeridad, por
cuanto el actor presentó otra acción de tutela con fundamento en los mismos hechos
y las mismas pretensiones, invocando la vulneración de sus derechos fundamentales
con ocasión de las preguntas objetadas en el recurso de reposición y el escrito de
ampliación que presentó contra la Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de
2022. Dicha acción le correspondió para su conocimiento a la Sección Quinta de esta
Corporación y fue tramitada con el número de radicado 11001-03-15- 000-2023-
00613-00.
(ii) Universidad Nacional de Colombia9
34.- La institución educativa solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo,
pues en el caso objeto de estudio se presenta la carencia actual de objeto por hecho
superado, toda vez que mediante los oficios CONV27DP-5191 A y CJO23-882 del
24 de febrero de 2023 dio una contestación clara, completa y de fondo frente a cada
uno de los reparos planteados por el accionante en el recurso de reposición y el
escrito de adición a que se hizo referencia, a pesar de que los mismos ya habían
sido atendidos en debida forma por la Unidad de Administración de Carrera Judicial,
a través de la Resolución cuestionada.
35.- Sumado a lo anterior, señaló que la acción de tutela se torna improcedente,
habida cuenta que: (i) el accionante no acreditó, ni siquiera de forma sumaria, la
ocurrencia de un perjuicio irremediable; (ii) no se presentó en un tiempo razonable,
9 Intervención digital contenida en 7 folios.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
pues el accionante acudió a este mecanismo constitucional un mes y medio después
de haberse publicado el acto administrativo enjuiciado.
36.- También resaltó que las entidades demandadas han garantizado el debido
proceso del accionante durante toda la actuación administrativa, pues el actor ha
tenido la posibilidad de ejercer los correspondientes recursos para controvertir los
actos administrativos expedidos en el marco de la convocatoria 27, en igualdad de
condiciones a los demás aspirantes. Precisó que el ejercicio del recurso de
reposición, no supone que el mismo deba ser resuelto favorablemente, máxime
teniendo en cuenta que la participación en el concurso de méritos constituye una
mera expectativa que solo se concreta al finalizar la convocatoria, una vez superadas
todas las etapas del proceso de selección.
37.- Finalmente, aseveró que el actor promovió otra acción de tutela10 que presenta
similitud de hechos, causa y objeto a la que ahora es objeto de estudio, por lo que,
en su criterio, se configuró una actuación temeraria.
(iii) Otras intervenciones
38.- El señor Jorge Enrique Camacho Carvajal11 allegó memorial a través del cual
manifestó que “teniendo en cuenta la vinculación que se me hace; como de la misma
resultan objetivos e intereses comunes, me hago parte de la acción”.
39.- Por su parte, los señores Ariel Arias Núñez 12 , Edisson Ferney Gómez
Rodríguez13, John Facter Gómez Cuellar14, Juan Diego Hernández Galindo15, Luis
Eduardo Ángel Alfaro16, Diego Fernando Moreno Montenegro17, Edgar Antonio Díaz
Rey18, Fernando Arístides Revollo Pérez19, Jhon Darío Álvarez García20 presentaron
solicitud de coadyuvancia en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 21.
40.- A su vez, Camilo Andrés Guerrero Salas22 señaló que coadyuva cada una de
las pretensiones planteadas en la solicitud de amparo, toda vez que presentó una
acción de tutela similar ante el Consejo de Estado, contra la Resolución CJR23-0042
del 16 de enero de 2023. Afirmó que sus derechos también se vieron vulnerados
10 Identificada con número de radicado 11001-03-15-000-2023-00613-00.
11 Intervención digital, visible a índice 9 del expediente.
12 Intervención digital, visible a índice 20 del expediente.
13 Intervención digital, visible a índice 42 del expediente.
14 Intervención digital, visible a índice 27 y 28 del expediente.
15 Intervención digital, visible a índice 41, 46 y 47 del expediente.
16 Intervención digital, visible a índice 44 y 45 del expediente.
17 Intervención digital, visible a índice 52 y 53 del expediente.
18 Intervención digital, visible a índice 39 del expediente.
19 Intervención digital, visible a índice 30 del expediente.
20 Intervención digital, visible a índice 14 del expediente.
21 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.”
22 Intervención digital, visible a índice 33 y 34 del expediente.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00756-00
Accionante: Danny Fabián Rodríguez Vargas
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial
y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
ante la falta de una respuesta clara, congruente y acorde a lo pedido respecto al
recurso de reposición que interpuso contra la Resolución CJR22-0351 del 1° de
septiembre de 2022.
41.- Carlos Augusto Zuluaga Ramírez 23 remitió escrito en el que manifestó que
acepta la vinculación como “litisconsorcio necesario por activa” en la acción
constitucional de la referencia.
42.- Edwar Fernney Martínez Cáceres24 intervino en calidad de tercero, indicando
que: (i) el procedimiento utilizado para calificar la prueba de aptitudes y
conocimientos desconoció los principios de transparencia y publicidad; (ii) el examen
contenía preguntas ambiguas, con múltiple o ninguna respuesta, mal redactadas y/o
desactualizadas, preguntas de conocimientos que no se ajustaban al cargo de juez
promiscuo municipal; (iii) las pruebas se realizaron por fuera del marco previsto en
el instructivo expedido por la Universidad Nacional; y (iv) las actuaciones
administrativas adelantadas en el marco de la Convocatoria 27 no están acorde a los
requisitos exigidos para su idoneidad.
43.- Javier Enrique González Rodríguez25 allegó escrito a través del cual presentó
solicitud de “adhesión” a la presente acción de tutela. Para tal efecto, indicó que se
inscribió en la Convocatoria 27 para concursar por el cargo de Juez Promiscuo
Municipal y, según la Resolución CJR-0351 del 1 de septiembre de 2022, obtuvo
796,16 puntos en la prueba de aptitudes y conocimientos, por lo que presentó
recurso de reposición contra dicho acto administrativo. Aseveró que las entidades
accionadas se limitaron a rechazar de forma conjunta los sendos recursos de
reposición interpuestos contra la referida resolución, sin realizar un análisis a
profundidad de cada uno de los reparos propuestos por los recurrentes. Por lo
expuesto anteriormente, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales de
acceso a cargos públicos, mérito y transparencia y, en consecuencia, se exhorte a
las entidades accionadas a entregar copia de las preguntas objetadas por el señor
González Rodríguez o, en su defecto, la transcripción de las mismas.
44.- Jeffer Andrés González Guerrero26, actuando en calidad de inscrito y aspirante
al cargo de Juez Promiscuo Municipal de la Convocatoria 27, manifestó que
coadyuva cada uno de los supuestos fácticos y las pretensiones esbozadas en la
solicitud de amparo, con el fin de que se le hagan extensivos los efectos favorables
de la decisión que adopte el juez constitucional. Al respecto, afirmó que, a través de
Resolución CJR19-0679 del 07 de junio de 2019, se publicó la calificación de las
pruebas de aptitudes y conocimientos, en las cuales obtuvo un puntaje de 824,93.
23 Intervención digital, visible a índice 26, 50 y 51 del expediente.
24 Intervención digital, visible a índice 24 del expediente
25 intervención digital, visible a índice 40 del expediente
26 Intervención digital, visible a índice 23 del expediente.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00756-00
Accionante: Danny Fabián Rodríguez Vargas
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial
y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Ante una segunda corrección administrativa por parte de la Universidad Nacional, el
24 de julio de 2022, presentó nuevamente el examen, en el que se le otorgó un
puntaje de 793.17. Inconforme con lo anterior, sostuvo que elevó solicitud de
recalificación de algunas preguntas, sin que le otorgara una respuesta frente a los
planteamientos esgrimidos en su solicitud, pues la Universidad Nacional se limitó a
expedir la Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023, de forma uniforme, sin
realizar un análisis subjetivo respecto de cada uno de los reparos esbozados por los
recurrentes.
45.- Juan Sebastián Osorio Muñoz27, actuando en calidad de concursante para el
cargo de Juez Promiscuo Municipal dentro de la Convocatoria 27, indicó que
coadyuva la presente acción de tutela. Para tal efecto, aseveró que también
interpuso recurso de reposición contra la Resolución CJR22-0351 del 1º de
septiembre de 2022, aclarando que se reservaba el derecho de ampliación una vez
se llevara a cabo la jornada de exhibición, la cual, a su juicio, constituyó una flagrante
violación a los derechos de igualdad y debido proceso de los concursantes de la
aludida convocatoria, pues no se permitió la reproducción del cuadernillo de
preguntas. Con todo, informó que el 15 de noviembre de 2022, presentó escrito de
adición del recurso de reposición, en el que formuló una serie de reparos frente a las
preguntas 21, 23, 25, 26, 28, 55, 62, 65, 70, 77, 82 y 97. A su vez, cuestionó la
fórmula utilizada para calificar la prueba de aptitudes y conocimientos. Por lo tanto,
solicitó acceder a las pretensiones de la demanda.
46.- Por otro lado, Leonardo Alexander Arias Villa 28 allegó un escrito en el que
solicitó ser vinculado al trámite de tutela de la referencia como tercero con interés,
en su calidad de “aspirante al cargo de Juez Promiscuo Municipal”, en el marco de
la Convocatoria 27.
47.- Los señores Mireza Marina Montero Coronel 29 y Nelson Julián Valencia
Zamora 30 presentaron solicitud de coadyuvancia, a fin de que se accedan a las
pretensiones de la demanda, considerando que: (i) se vulneró el derecho a la
igualdad del accionante, toda vez que a otro aspirante de la Convocatoria 27 le
resolvieron de fondo y congruentemente el recurso de reposición que promovió
contra la Resolución CJR22-0351 del 1 de septiembre de 2022; (ii) los actos
administrativos expedidos en el marco de la aludida convocatoria, son firmados por
la Directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial, aunque el Consejo
Superior de la Judicatura afirme que no tiene ninguna responsabilidad en dicha
actuación administrativa; y (iii) la Directora en comento reconoció la vulneración del
27 Intervención digital, visible a índice 32 del expediente.
28 Intervención digital, visible a índice 17 y 19 del expediente.
29 Intervención digital, visible a índice 22 del expediente.
30 Intervención digital, visible a índice 9 y 25 del expediente.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00756-00
Accionante: Danny Fabián Rodríguez Vargas
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial
y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
derecho al debido proceso de los concursantes por el cargo de Juez Promiscuo
Municipal en una serie de actos administrativos que resultan contradictorios entre sí.
48.- Por otro lado, la señora Otilia Pinto García 31 remitió escrito de solicitud de
coadyuvancia, en los siguientes términos: “Es mi voluntad coadyuvar en interés
general (...) como quiera que no tengo conocimiento, ni fui notificada de la decisión
final de las accionadas, frente a lo resuelto de manera particular y con base en los
argumentos concretos que plasme dentro del recurso y la ampliación del mismo que
tuvo lugar después de la exhibición de las pruebas y que se interpuso contra la
Resolución CJR22-0351 del 1 de septiembre de 2022”. En esa línea, sostuvo que
con el actuar de las accionadas, además de vulnerarse los derechos fundamentales
del accionante, se transgredieron los de aquellos aspirantes de la Convocatoria 27
que ejercieron su derecho de contradicción.
49.- Igualmente, Pamela Quintero Álvarez 32 presentó solicitud de coadyuvancia,
indicando que las accionadas tampoco le otorgaron una respuesta de fondo y acorde
a lo pedido respecto a los reproches planteados en el recurso de reposición que
presentó contra la Resolución CJR22-0351 del 1 de septiembre de 2022. En ese
sentido, alegó una falta de motivación en la Resolución CJR23-0042 del 16 de enero
de 2023. Por lo tanto, solicitó acceder a las súplicas de la demanda, toda vez que,
de no hacerlo, se causaría un perjuicio irremediable para todas aquellas personas
que concursaron en la Convocatoria 27, al exigirles el agotamiento de los medios
ordinarios, pues los mismos no resultan ser idóneos ni eficaces para obtener la
protección de sus derechos.
50.- Por otro lado, Paola Andrea Meléndez Díaz33 remitió memorial en los siguientes
términos: “Me permito vincularme toda vez que a mi tambien se me vulnero el debido
proceso y el derecho al merito en la convocatoria 27, por cuanto me postule al cargo
de Magistrada (...) presente el respectivo recurso y no hubo pronunciamiento de
fondo por parte de las accionadas”.
51.- A su turno, Wilson Carreño Murcia 34 y Wilson Leonel Lindarte Contreras 35
manifestaron que coadyuvan la solicitud de amparo, habida cuenta de que las
autoridades accionadas tampoco resolvieron de forma clara, de fondo y
congruentemente, cada uno de los argumentos que formularon en los recursos de
reposición que interpusieron contra la Resolución CJR22-0351 del 1 de septiembre
de 2022. Adicionalmente, el señor Lindarte Contreras solicitó que se ordenara a las
autoridades accionadas brindar una contestación a la petición que presentó el 20 de
31 Intervención digital, visible a índice 35, 48 y 49 del expediente.
32 Intervención digital, visible a índice 15 y 18 del expediente.
33 Intervención digital, visible a índice 21 del expediente.
34 Intervención digital, visible a índice 16 del expediente.
35 Intervención digital, visible a índice 31 del expediente.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00756-00
Accionante: Danny Fabián Rodríguez Vargas
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial
y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
septiembre de esa misma anualidad, así como dejar sin efectos el acto administrativo
mencionado previamente.
II. CONSIDERACIONES
C. Cuestiones previas
(i) La solicitud de vinculación como tercero
52.- La Sala negará la solicitud de vinculación como tercero, formulada por el señor
Leonardo Alexander Arias Villa, toda vez que, una vez verificado el listado de
inscritos a la Convocatoria 27, se observa que el mismo no se postuló al cargo de
Juez Promiscuo Municipal, sino al de Juez Civil Municipal - Juez de Pequeñas
Causas y Competencia Múltiple - Juez Civil Municipal de Ejecución de Sentencias,
por lo que no se advierte que le asista un interés legítimo para intervenir en la
presente acción constitucional.
(ii) Las solicitudes de coadyuvancia
53.- De conformidad con el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, en materia de
tutela, “Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir
en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien
se hubiere hecho la solicitud.”
54.- La Corte Constitucional36 ha definido la coadyuvancia como: (i) la participación
de un tercero con interés en el resultado del proceso (ii) que manifiesta compartir las
reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante (iii) sin que ello suponga
que éste puede realizar nuevos planteamientos o reclamaciones propias que difieran
de las hechas por el demandante.
55.- De acuerdo con lo expuesto, la Sala negará las solicitudes de coadyuvancia
planteadas por los señores Ariel Arias Núñez, Edisson Fernney Gómez Rodríguez,
John Facter Gómez Cuellar, Juan Diego Hernández Galindo y Luis Eduardo Ángel
Alfaro, toda vez que no ostentan la calidad de terceros con interés en el trámite de
tutela de la referencia, pues si bien hicieron parte de la Convocatoria 27, los
intervinientes concursaron para un cargo diferente al de Juez Promiscuo Municipal.
56.- Asimismo, se negará las solicitudes de coadyuvancia incoadas por los señores
Camilo Andrés Guerrero Salas, Jeffer Andrés González Guerrero, Juan Sebastián
Osorio Muñoz, Otilia Pinto García, Pamela Quintero Álvarez, Wilson Carreño Murcia
y Wilson Leonel Lindarte Contreras, dado que si bien fungen como terceros en el
proceso de la referencia, pues se postularon al cargo de Juez Promiscuo Municipal
36 En sentencia T-1062 de 2010.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00756-00
Accionante: Danny Fabián Rodríguez Vargas
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial
y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
en el marco de la Convocatoria 27, lo cierto es que cada uno presentó reclamaciones
propias, que difieren de las planteadas por el demandante en la solicitud de amparo,
por lo que no es posible tener los escritos presentados como coadyuvancias.
57.- En igual sentido, se negará la solicitud de coadyuvancia propuesta por el señor
Javier Enrique González Rodríguez, pues pese a que ostenta la condición de tercero
interesado en la acción constitucional, el interviniente planteó supuestos fácticos,
reproches y pretensiones diferentes a las esgrimidas por el accionante en la solicitud
de amparo. De esta manera, se advierte que lo que pretende es que el contenido de
su escrito sea tramitado como una demanda de tutela independiente.
58.- Por el contrario, la Sala accederá a la solicitud de coadyuvancia formulada por
los señores Diego Fernando Moreno Montenegro, Edgar Antonio Díaz Rey,
Fernando Arístides Revollo Pérez, Jhon Darío Álvarez García, Mireza Marina
Montero Coronel y Nelson Julián Valencia Zamora, por cuanto fungen como terceros
con interés en las resultas del proceso, así como manifestaron compartir los
cuestionamientos expuestos por el accionante en el escrito de tutela, sin haber
presentado nuevos argumentos o reclamaciones propias que difieran de las
esgrimidas por el actor.
(iii) Las intervenciones de Jorge Enrique Camacho Carvajal, Carlos Augusto
Zuluaga Ramírez y Paola Andrea Meléndez Díaz37
59.- Cabe precisar que las intervenciones realizadas por los señores Jorge Enrique
Camacho Carvajal, Carlos Augusto Zuluaga Ramírez y Paola Andrea Meléndez Díaz
no serán tenidas en cuenta por la Sala, comoquiera que los intervinientes en mención
no fueron vinculados al proceso en calidad de terceros interesados, pues aunque
participaron en la Convocatoria 27, se postularon para un cargo diferente al de Juez
Promiscuo Municipal.
(iv) La supuesta configuración de la temeridad en el presente asunto
60.- De la revisión de la acción de tutela tramitada con número de radicado 11001-
03-15-000-2023-00613-00 y la que ahora es objeto de estudio, la Sala estima que en
el presente asunto no se configura la temeridad endilgada, pues si bien la parte
accionante promovió otra demanda de tutela que presenta cierto grado de similitud
con la que actualmente se estudia, dado que ambos asuntos están relacionados con
una serie de reparos frente a los resultados obtenidos por el accionante en las
pruebas de conocimiento y aptitudes en el marco de la Convocatoria 27, y en ambos
asuntos se demandó tanto al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
37 Adicional a estas personas intervino Edwar Fernney Martínez Cáceres, quien sí fue vinculado como tercero.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00756-00
Accionante: Danny Fabián Rodríguez Vargas
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial
y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Administración de Carrera Judicial y a la Universidad de Colombia, lo cierto es que
no existe identidad de hechos, de causa, ni de objeto entre ambos procesos.
61.- En efecto, lo que se discute en la acción constitucional 11001-03-15-000-2023-
00613-00, es la ausencia de contestación frente a una petición que elevó el actor el
5 de diciembre de 2022, en la que solicitó información y documentos relacionados
con las pruebas en comento, mientras que en la demanda de tutela de la referencia
se está cuestionando la presunta falta de respuesta respecto a los planteamientos
esbozados en el recurso de reposición interpuesto por el accionante el 22 de
septiembre esa misma anualidad, contra la Resolución CJR22-0351 del 1° de
septiembre de 2022.
D. Análisis del caso concreto
62.- De entrada, la Sala advierte que la solicitud de amparo se torna improcedente
por no satisfacer el presupuesto de subsidiariedad, ante la existencia de otro
mecanismo idóneo y eficaz para obtener la protección de los derechos invocados, a
saber, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
63.- En virtud de su carácter subsidiario, la acción de tutela procede cuando el
accionante no dispone de otro medio de defensa salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. Es
decir, los interesados deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y
extraordinarios que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para remediar la situación
que amenaza o lesiona sus derechos, de modo que se impida el uso indebido de
este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial adicional de
protección, pues eso implicaría desconocer abiertamente que la Constitución y la ley
determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
64.- Lo anterior, de conformidad con el artículo 86 38 de la Constitución Política y el
numeral 1° del artículo 639 del Decreto 2591 de 1991, los cuales prevén como causal
de improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa
para la protección de los derechos invocados.
38 “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública.(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable (…)”. (se destaca).
39“Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1. “Cuando existan otros recursos
o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo
las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…)”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00756-00
Accionante: Danny Fabián Rodríguez Vargas
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
65.- Por lo tanto, para que el juez constitucional estudie una solicitud de tutela, el
interesado debió haber agotado los recursos –idóneos y eficaces– que tenía a su
disposición para lograr el amparo de sus derechos, pues, de lo contrario, la tutela
deviene improcedente.
66.- Tratándose de la acción de tutela contra actos administrativos, la Corte
Constitucional ha indicado que la excepcionalidad del recurso de amparo se torna
especialmente estricta, en tanto no es el mecanismo idóneo para atacarlos ya que,
por su propia naturaleza, se encuentran amparados por el principio de legalidad,
pues se parte del presupuesto de que la administración, al momento de manifestarse
a través de un acto, debe acatar las prerrogativas constitucionales y legales a las
que se encuentra subordinada. De allí que la legalidad de un acto administrativo se
presuma, obligando a demostrar a quien pretende controvertirlo que aquel se apartó,
sin justificación alguna, del ordenamiento jurídico, debate que se debe adelantar ante
la Jurisdicción Contencioso Administrativa40.
67.- En esa línea, la jurisprudencia constitucional 41 ha señalado que, por regla
general, la improcedencia de la acción de tutela contra actos administrativos obedece
a: (i) la existencia de mecanismos judiciales ordinarios previstos por el legislador
para controvertir las actuaciones de la administración; (ii) la presunción de legalidad
que las cobija; y (iii) la posibilidad de adoptar medidas cautelares a fin de proteger y
garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.
68.- Sin perjuicio de lo anterior, también cabe reconocer que, aún en los casos en
que concurran otros medios de defensa, la jurisprudencia constitucional ha
establecido que existen dos excepciones que justifican la procedibilidad de la acción
de tutela. Tales son: (i) la falta de idoneidad y eficacia del medio de defensa judicial
ordinario; o (ii) en aquellas hipótesis en las que pese a existir un medio de defensa
judicial que cumple con las mencionadas características, éste no impide la ocurrencia
de un perjuicio irremediable 42 , caso en el cual la acción de tutela procede como
mecanismo transitorio43.
69.- En el caso objeto de estudio, la parte actora le atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
40 Corte Constitucional, Sentencia T -332 de 2018.
41 Corte Constitucional, Sentencia T-253 de 2020, MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.
42 La noción de perjuicio irremediable ha sido definida como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la
amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna manera
de ser reparado, esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende, ante tales hipótesis, es
necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela. Sobre la condición anotada, a Corte
Constitucional ha trazado una serie de criterios para identificar el perjuicio irremediable; así ha indicado que “es
aquel (i) que se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente;
(iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección
para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos
es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela”.
43 Corte Constitucional, Sentencia T-375 de 2018.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00756-00
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y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Administración de Carrera Judicial y a la Universidad Nacional de Colombia, al no
pronunciarse de fondo, de forma clara y congruente respecto a cada uno de las
inconformidades que planteó en el recurso de reposición y su escrito de adición
interpuesto contra la Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022,
mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos correspondiente al concurso de méritos No. 27 para la provisión de
los cargos de Funcionarios de la Rama Judicial.
70.- Ahora bien, cabe aclarar que el recurso de reposición presentado por el
demandante fue resuelto por la Unidad de Administración de Carrera Judicial, a
través de la Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023, adicionada por la
Resolución CJR23-0056 del 2 de febrero siguiente, por lo que si bien en el escrito de
tutela el actor manifestó que no está cuestionando la legalidad de dichos actos, una
revisión de los reproches planteados en la solicitud de amparo, permite advertir que,
en últimas, lo que pretende el accionante es controvertir el contenido de los mismos.
Mas aún, la censura de éstos pretende una modificación de la decisión bajo el
argumento de que existieron serias falencias en su motivación, que se concretaron
en no estudiar varios de los reproches realizados en el recurso de reposición y dar
un trato desigual frente a otros concursantes44.
71.- Precisado lo anterior, la Sala advierte que el asunto carece de subsidiariedad,
toda vez que el actor no agotó los mecanismos judiciales ordinarios, idóneos y
eficaces que el ordenamiento jurídico le otorga para proteger sus derechos, pues
aquel cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 45 y,
con éste, la posibilidad de solicitar medidas cautelares 46 . Estos mecanismos le
permiten debatir, no sólo la presunción de legalidad de los actos administrativos que
son objeto de reproche y obtener el restablecimiento de sus derechos, sino también
la de solicitar su suspensión provisional.
72.- En este punto es importante mencionar que, al referirse al cumplimiento del
requisito general de subsidiariedad en el presente asunto, el accionante señaló que
en la Sentencia SU-067 de 2022, al resolver tutelas interpuestas en la convocatoria
que nos ocupa, la Corte Constitucional estableció que la acción de tutela
excepcionalmente procede contra actos administrativos proferidos en el desarrollo
de los concursos de mérito. Sobre el particular, debe precisarse que los argumentos
44 Particularmente mencionada que recibió un trato desigual con respecto a Diego Alejandro Baracaldo Amaya.
45 El artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, establece que “Toda persona que se crea lesionada en un derecho
subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular,
expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño (...) siempre
y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación.”
46 Desde el mismo momento en que el actor presente su demanda, tiene la posibilidad de solicitar la práctica de
medidas cautelares, tal y como lo señala el artículo 229 del CPACA , al tenor del cual: “en todos los procesos
declarativos que se adelanten ante la jurisdicción contencioso administrativo, antes de ser notificado, el auto
admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá
el juez o magistrado ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere
necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00756-00
Accionante: Danny Fabián Rodríguez Vargas
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
propuestos por el demandante no están llamados a prosperar, la menos por dos
razones:
73.- En primer lugar, en la Sentencia SU-067 de 2022, precedente que la parte
actora alega como aplicable al caso concreto, la Corte estudió un grupo de tutelas
relacionadas con diversas actuaciones y actos administrativos proferidos en el marco
de la Convocatoria No. 27, sin embargo al pronunciarse sobre el cumplimiento del
requisito de subsidiariedad y la procedibilidad de la acción de tutela contra actos
administrativos, el Tribunal Constitucional se refirió específicamente a la Resolución
No. CJR20-0202 de 27 de octubre de 2020, mediante la cual la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial resolvió corregir la actuación administrativa de
la referida convocatoria desde la citación a las pruebas de conocimientos generales
y específicos, de aptitudes y psicotécnicas, para ajustar todo el trámite a derecho y
en consecuencia, continuar el trámite de la convocatoria.
74.- Por lo anterior, resulta evidente que las reglas y consideraciones establecidas
por la Corte Constitucional en relación con la subsidiariedad del asunto no resultan
aplicables a la demanda de tutela objeto de estudio. Esto debido a que, en la
sentencia de unificación, la entidad judicial se pronunció sobre el cumplimiento del
requisito de subsidiariedad en relación con un acto que corregía una actuación
administrativa, mientras que en la demanda de tutela de la referencia se pretende
atacar un acto administrativo de calificación o evaluación.
75.- En segundo lugar, esta Corporación ha establecido que los actos
administrativos que contienen la manifestación de la voluntad de la Administración y
definen la situación de un interesado, así como los de trámite que imposibilitan
continuar con la actuación administrativa, son susceptibles de control judicial por
parte de la jurisdicción contencioso administrativa, excluyendo expresamente de
dicho control los actos de simple gestión y ejecución, pues estos en estricto sentido,
cumplen una orden concreta y no crean, modifican ni extinguen ninguna
circunstancia jurídica47.
76.- Teniendo en cuenta lo anterior, la Sección Segunda ha precisado que, en el
caso de los actos administrativos proferidos en el marco de un concurso de méritos,
tanto las listas de elegibles como los actos administrativos de calificación de los
concursantes, pueden ser objeto de demanda ante la jurisdicción contencioso
administrativa. Sobre este último grupo de actos, ha sostenido que, si bien al ser
anteriores a la emisión de la lista de elegibles, podrían ser calificados como actos
47 Para tal efecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha diferenciado entre los actos administrativos de
trámite, entendidos como aquellas “decisiones instrumentales proferidas con el propósito de permitirle a la
Administración avanzar hacia la consecución de sus objetivos a través de la adopción de determinaciones de
fondo, de suerte que la existencia de aquéllos no se explica y menos se justifica por sí sola, sino en la medida
en que forman parte de una secuencia o serie de actividades unidas y coherentes”, y los actos administrativos
definitivos, como aquellos que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o hacen imposible continuar
la actuación.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00756-00
Accionante: Danny Fabián Rodríguez Vargas
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y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
preparatorios, en la práctica al ser decisiones utilizadas por la administración
exterioriza el resultado obtenido por un concursante y que refleja la potencialidad o
predisposición de la persona para desarrollar una habilidad o un comportamiento,
valoración que es dada a conocer al participante a través de una decisión particular
en la que se le asigna un puntaje, que a su vez determina la posibilidad del
concursante de mantenerse vigente en la actuación administrativa, este tipo de actos
deben ser tenidos como actos administrativos enjuiciables ante la jurisdicción
contencioso administrativa 48 , pues el carácter definitivo de un acto, no depende
necesariamente de hallarse situado en el final del trámite, puesto que este puede dar
por terminado un ciclo autónomo de la actuación administrativa claramente definido,
generando que pueda ser atacado en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho49.
77.- De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra que las resoluciones CJR23-
0042 y CJR23-0056 del 16 de enero y 2 de febrero de 2023, se tratan de verdaderos
actos administrativos definitivos, dado que en ellos se resolvió de forma definitiva la
situación jurídica del señor Danny Fabian Rodríguez Vargas, como participante de la
Convocatoria 27, pues si bien no son propiamente el acto inicial de evaluación -la
Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022- 50 , lo cierto es que estos
tienen la vocación de excluirlo definitivamente del concurso de méritos51.
78.- Lo anterior, teniendo en cuenta que en el recurso de reposición interpuesto
contra el acto de evaluación, el demandante solicitó la recalificación del puntaje que
obtuvo inicialmente en las pruebas de aptitudes y conocimientos, por lo que es a
partir de los actos administrativos que resolvieron el citado recurso y que son objeto
de reproche en la presente acción constitucional, que se consolidó la situación
jurídica del concursante en el marco de la actuación administrativa, pues le otorgaron
un estatus al participante y afectaron directamente su interés de acceder a la carrera
judicial. Por esa razón, no sólo son susceptibles de ser objeto de control por parte
del juez contencioso administrativo, sino que tal y como se mencionó con
anterioridad, debido a su naturaleza, las controversias relacionadas con este tipo de
actos, deben ser tramitadas a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, mecanismo de defensa idóneo y eficaz, dispuesto por
nuestro sistema jurídico para resolver estos asuntos. Sin embargo, el demandante
no acudió a dicho instrumento jurídico.
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 17 de noviembre de 2016, medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, Rad. 11001-03-25-000-2009-00014-00(0410-09); Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 05 de noviembre de 2020, medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, Rad. 25000-23-41-000-2012-00680-01(3562-15).
49 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 8 de marzo de 2012, medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, Rad. 11001-03-25-000-2010-00011-00(0068-10); Consejo de Estado, Sección
Segunda, Sentencia del 5 de noviembre de 2020, medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
Rad. 25000-23-41-000-2012-00680-01(3562-15).
50 Mediante la cual se publicó el puntaje que obtuvo el actor en las pruebas de aptitudes y conocimientos.
51 En ese mismo sentido, ver sentencia del 2 de marzo de 2023, proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado al interior de la acción de tutela identificada con número de rad. 11001-03-15-000-2023-00326-00.
19
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00756-00
Accionante: Danny Fabián Rodríguez Vargas
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial
y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
79.- Aunado a lo anterior, la Sala observa que no se acreditó la configuración de un
perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez constitucional como
mecanismo transitorio, en asuntos que no son de su competencia, teniendo en
cuenta que, para sustentar la ocurrencia de un perjuicio de tal naturaleza el
accionante se limitó a cuestionar la eficacia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, reprochando el tiempo en el que eventualmente
tardaría en resolverse el asunto, sin fundamentar su alegato en los términos que ha
establecido la Corte Constitucional para tales efectos y que fueron previamente
mencionados.
80.- Además, cabe reiterar la posibilidad que tiene el accionante de solicitar en
cualquier estado del proceso la adopción de las medidas cautelares que considere
necesarias con el fin de garantizar -provisionalmente- el objeto del proceso y, de esta
manera, evitar la consumación o agravación de los daños que estima provienen de
la presunta transgresión de los derechos invocados, hasta tanto se profiriera una
decisión definitiva. Por tal motivo, se insiste, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho resulta ser el mecanismo idóneo y eficaz que tiene
cualquier persona a su alcance para debatir la legalidad de los actos administrativos
cuestionados, sin que ante el mismo quepa oponer un carácter de insuficiencia ante
las eventuales dificultades que impone el curso normal y ordinario de un proceso.
81.- Así las cosas, la acción de tutela que se examina no cumple con el requisito
general de subsidiariedad, de suerte que esta Sala habrá de declarar improcedente
la solicitud de amparo impetrada por el señor Danny Fabián Rodríguez Vargas.
82.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de vinculación planteada por el señor Alexander
Arias Villa, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: RECHAZAR las solicitudes de coadyuvancia formuladas por los
señores Ariel Arias Núñez, Edisson Ferney Gómez Rodríguez, John Facter Gómez
Cuellar, Juan Diego Hernández Galindo, Luis Eduardo Ángel Alfaro, Camilo Andrés
Guerrero Salas, Jeffer Andrés González Guerrero, Juan Sebastián Osorio Muñoz,
Otilia Pinto García, Pamela Quintero Álvarez, Wilson Carreño Murcia, Wilson Leonel
Lindarte Contreras y Javier Enrique González Rodríguez, en los términos expuestos
en la parte motiva de la presente sentencia.
20
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00756-00
Accionante: Danny Fabián Rodríguez Vargas
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial
y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
TERCERO: ACCEDER a la solicitud de coadyuvancia presentada por los señores
Diego Fernando Moreno Montenegro, Edgar Antonio Díaz Rey, Fernando Arístides
Revollo Pérez, Jhon Darío Álvarez García, Mireza Marina Montero Coronel y Nelson
Julián Valencia Zamora, por los motivos expuestos en esta providencia.
CUARTO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado, en los
términos expuestos en la parte motiva de la presente sentencia.
QUINTO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
SEXTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE52
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
52 VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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