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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02283-00

Fecha
2 de junio de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02283-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela ejercida por el señor José Alberto Botina Martínez, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02283-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

2 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., dos (2) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02283-00
Actor: JOSÉ ALBERTO BOTINA MARTÍNEZ
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA contra acto administrativo que resolvió recurso de reposición contra
Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022 / Convocatoria 27 / REQUISITO DE
SUBSIDIARIEDAD – No se cumple porque la parte actora cuenta con el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor José Alberto Botina
Martínez contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 4 de mayo de la presente anualidad1, el señor José Alberto Botina Martínez
interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa, a la carrera administrativa y de acceso a cargos públicos 2. Formuló las
siguientes pretensiones:

PRIMER: Dar respuesta de fondo, clara y congruente al recurso de reposición
radicado el 22 de septiembre de 2022 y ampliado el 15 de noviembre del mismo
año, los cuales plantean objeciones a las preguntas: 4, 7, 23, 27, 28, 30, 40,

1 Se advierte que, el 24 de mayo de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada

ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2
También consideró desconocido el principio de confianza legítima.

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02283-00
Actor: José Alberto Botina Martínez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

51, 52, 59, 61, 62, 63, 68, 69, 82, 86, 87, 104, 106, 108, 111, 120 y124., de la
prueba realizada para optar el cargo de Juez Penal Municipal

Respuesta que se solicita comedidamente sea verificada por el juez
constitucional, en tanto las mismas se emitan con fundamento en la norma y la
jurisprudencia actual.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS O MODIFICAR el acto administrativo
RESOLUCIÓN CJR23-0042 16ENE2023 Y SUS ANEXOS QUE RESUELVE
EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO EN CONTRA LA
RESOLUCIÓN CJR22- 0351 Y SU ANEXO, por medio del cual se negó el
recurso de reposición presentado y se ORDENE expedir otro conforme a
Derecho y las pretensiones precedentes y, en consecuencia, tener como
válidas las opciones de respuestas seleccionadas por el suscrito en el examen,
así mismo excluir o tener por inválidas aquellas preguntas que contenían
errores de redacción o admitían doble respuesta y finalmente se modifique el
puntaje para el Cargo de Juez Penal Municipal, para que en su lugar se asigne
un puntaje superior a 800 puntos, de conformidad a los aciertos obtenidos

A título de medida provisional, el accionante solicitó:

De manera respetuosa y en atención a la presente vinculación a la acción de
amparo, solicito que se ordene como MEDIDA PROVISIONAL la suspensión
de las demás etapas del CONCURSO CONVOCATORIA 27 hasta tanto se
resuelva la presente acción de tutela ya que de acuerdo al cronograma
publicado se tiene dispuesta la publicación de la resolución que relaciona a los
aspirantes admitidos para el 09 de febrero de 2023 y hasta el 16 de febrero se
podrán efectuar las verificaciones de documentación, así que puede
presentarse un perjuicio irremediable que afecte mis derechos pues el objeto
de la presente acción de tutela se encamina a que pueda continuar en las
demás fases de la convocatoria ya que las accionadas no resolvieron
adecuadamente el recurso de reposición interpuesto en contra de los
resultados asignados a la prueba escrita.

1.2 Hechos y argumentos de la tutela

De la solicitud de tutela se extraen los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

Manifiesta el accionante que presentó prueba de conocimiento en el marco de la
Convocatoria 27, adelantada para proveer cargos de funcionarios en la Rama
Judicial, y que inconforme con los resultados establecidos mediante Resolución
CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022, interpuso recurso de reposición, el cual
fue ampliado luego de asistir a la exhibición de la prueba.

Señaló que, mediante Resolución «CJR23-0042 del 16 de enero de 2023» 3 , la
Unidad de Apoyo a la Gestión de Proyectos de la facultad de ciencias humanas de
la Universidad Nacional confirmó el puntaje inicial, «mas no se pronunció frente a
las objeciones específicas realizadas en el recurso, consistentes en erros en la

3
Lo cierto es que la decisión que resolvió su recurso fue la Resolución CJR23-0028 del 16 de enero
de 2023.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02283-00
Actor: José Alberto Botina Martínez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

redacción, posibilidad de dos opciones de respuesta o error en la clave de respuesta
asignada».

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 9 de mayo de 2023, el despacho de la magistrada ponente
admitió la acción de tutela, negó la medida provisional solicitada y ordenó que se
notificara al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a la directora de la
Unidad de Administración de Carrera Judicial y a la rectora de la Universidad
Nacional de Colombia, como parte demandada, y, en calidad de terceros con
interés, a los participantes de la denominada Convocatoria 27. Así mismo, se
ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.2. La Universidad Nacional, por conducto del director del Proyecto Contrato de
Consultoría 096 de 2018, rindió el informe respectivo sobre las actuaciones en las
que ha intervenido dicha institución dentro de la Convocatoria 027 y expuso que, a
la fecha de la contestación de la tutela de la referencia, ya se había dictado la
Resolución CJR23-0028 del 16 de enero de 2023, por medio de la cual se brindó
respuesta de forma clara, completa y de fondo a todos los reparos y solicitudes
invocados en los recursos de reposición, incluido el radicado por el accionante,
interpuestos en contra de la Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022,
mediante el cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al mencionado concurso de méritos, por lo que no
existe la alegada vulneración a los derechos fundamentales invocados en la
demanda.

Asimismo, señaló que las objeciones a los ítems 4, 7, 23, 27, 28, 30, 40, 51, 52, 59,
61, 62, 63, 68, 69, 82, 86, 87, 104, 106, 108, 111, 120 y 124 de la prueba, están
debidamente justificadas al interior del anexo 2 de la Resolución CJR23-0028 del
16 de enero de 2023, por lo que la tutela carece de fundamento alguno.

Bajo este contexto, solicitó que se declarara la improcedencia de la tutela por
carencia actual de objeto. Asimismo, por carecer del requisito de subsidiariedad,
toda vez que cuenta con otros mecanismos de protección judicial ante la jurisdicción
contencioso administrativa para cuestionar la legalidad del acto administrativo que
decidió el recurso de reposición contra el resultado de la prueba de conocimientos.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02283-00
Actor: José Alberto Botina Martínez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

De igual forma, alegó el incumplimiento del requisito de inmediatez, pues el
accionante pretende atacar un acto administrativo expedido 4 meses antes, sin que
se argumentara o evidenciara la configuración de un perjuicio irremediable

2.3. La Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, por medio
de su directora, rindió el informe respectivo y solicitó que se negaran las
pretensiones de la tutela al no existir vulneración ni afectación de los derechos
fundamentales del accionante por parte de esa entidad.
Expuso que, mediante la Resolución CJR23-0028 del 16 de enero de 2023, se
resolvieron de forma grupal los recursos de reposición presentados en contra de la
Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022, por lo que se presentaba la
carencia actual de objeto por hecho superado, aclarando que en los puntos 17, 18,
19 y 35 del acto administrativo en cuestión se resolvieron las objeciones puntuales
presentadas por el accionante y otros, sobre las preguntas 4, 7, 23, 27, 28, 30, 40,
51, 52, 59, 61, 62, 63, 68, 69, 82, 86, 87, 104, 106, 108, 111, 120 y 124. Así lo
expuso:

En ese sentido, al haberse realizado la marcación en el punto 18 “Preguntas
capciosas, ambiguas, confusas - Solicita excluir preguntas - Informar si fue
excluido algún ítem – Recalificar” en la fila del Anexo 1 correspondiente al
concursante, se le dio respuesta de manera particular, indicándole de una parte
que, luego de haberse realizado una revisión detallada de los ítems incluidos
se determinó que no eran susceptibles de modificación, exclusión o invalidación
por no ser ambiguos, confusos, capciosos o impertinentes, toda vez que
cumplieron con los requisitos y estándares técnicos requeridos para la
elaboración de pruebas en esta clase de procesos de selección y de otra parte,
se aclaró que respecto del cargo para el cual aplicó, se evidenció que NO hay
preguntas con varias opciones de respuesta o también denominadas
multiclave, por lo que, no se encontró razón alguna para modificar la
calificación.

Adicionalmente, en el punto 19 se informó que, de acuerdo con la verificación
del examen, esto es, la revisión con lector óptico y manual del cuadernillo y las
hojas de respuestas, realizada de manera individual por parte de la Universidad
Nacional, no se observó inconsistencia alguna en el proceso de calificación y
por lo tanto no es posible revocarlos, por el contrario, se confirman los puntajes
publicados mediante Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022.

Conforme al numeral 35 de la Resolución CJR23-0028 de 16 de enero de 2023
y el “Anexo 2 - Respuesta a objeciones”, se dieron a conocer las claves de
respuesta correctas y la correspondiente explicación, como resultado de las
valoraciones técnicas que responden a criterios de objetividad e imparcialidad
con parámetros previamente determinados. Frente a lo señalado en los ítems
4, 7, 23, 27, 28, 30, 40, 51, 52, 59, 61, 62, 63, 68, 69, 82, 86, 87, 104, 106, 108,
111, 120 y 124, en la Resolución se indicó la pertinencia del enunciado de la
pregunta y la clave asignada, así como la justificación de las opciones de la
respuesta no válidas, las cuales son el producto de la estructura y elaboración
de las preguntas.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02283-00
Actor: José Alberto Botina Martínez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Adicionalmente, señaló que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para
cuestionar actos administrativos que gozan de plena legalidad, por lo que la tutela
resulta improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

2.4. Los demás vinculados guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si las entidades demandadas vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la carrera administrativa
y de acceso a cargos públicos del señor José Alberto Botina Martínez, al no haber
resuelto la ampliación del recurso de reposición interpuesto por el accionante en
contra de la Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022.

2. Aspectos generales de la Convocatoria 27, para proveer cargos de
funcionarios en la Rama Judicial

Mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, el Consejo Superior
de la Judicatura inició el proceso de selección y convocó al concurso de méritos
para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, denominado
convocatoria 27.

A través de la Resolución CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020, la Unidad de
Carrera Judicial decidió corregir la actuación que previamente se había desarrollado
«a partir de la citación a la prueba de aptitudes, conocimientos generales y
específicos y psicotécnica». Dicha decisión fue respaldada por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-067 de 2022.

Con fundamento en lo anterior, los concursantes fueron citados el 24 de julio de
2022, para que presentaran nuevamente la prueba de aptitudes y de conocimientos.

Por medio de la Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022, se publicó
el listado contentivo de los resultados obtenidos por los concursantes, acto
administrativo contra la cual procedía el recurso de reposición, de conformidad con
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), las reglas de la convocatoria y la parte resolutiva del acto administrativo.

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02283-00
Actor: José Alberto Botina Martínez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

La anterior actuación fue publicada a través de la página web de la Rama Judicial y
notificada mediante su fijación durante cinco (5) días hábiles, en la secretaría del
Consejo Superior de la Judicatura, del 2 al 8 de septiembre de 2022, por lo que el
término para interponer los recursos en sede administrativa transcurrió del 9 al 22
de septiembre de esa misma anualidad.

El 16 de enero de 2023, la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura dictó la Resolución CJR23-0028, por medio de la cual se
resolvió confirmar las decisiones contenidas la Resolución CJR22-0351 del 1° de
septiembre de 2022 y rechazar los recursos de reposición y apelación interpuestos
por los recurrentes que participaron para el cargo de juez penal municipal.

En el mismo acto administrativo se ordenó la notificación de la decisión mediante la
fijación por 5 días hábiles en el Consejo Superior de la Judicatura, así como que se
informara a los interesados a través de la página web de la Rama Judicial y en los
Consejos Seccionales de la Judicatura.

3. Análisis de la Sala

En el caso particular, el señor José Alberto Botina Martínez interpuso acción de
tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, por considerar vulnerados
los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la carrera
administrativa y de acceso a cargos públicos pues, a su juicio, no se había resuelto
de fondo la ampliación del recurso de reposición que este radicó en contra de la
Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de la misma anualidad, en el cual
adicionó sus inconformidades respecto de las preguntas 4, 7, 23, 27, 28, 30, 40, 51,
52, 59, 61, 62, 63, 68, 69, 82, 86, 87, 104, 106, 108, 111, 120 y 124.

Pues bien, de conformidad con lo expuesto en el acápite anterior, se tiene que,
mediante Resolución CJR23-028 del 16 de enero de 2023, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura resolvió,
de manera conjunta, los múltiples recursos de reposición interpuestos
oportunamente contra el acto administrativo que estableció los resultados obtenidos
por los concursantes y, como se señaló, rechazó los recursos de reposición y
apelación interpuestos por los recurrentes, relacionados en el anexo 2, que
participaron para el cargo de juez penal municipal.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02283-00
Actor: José Alberto Botina Martínez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Una vez revisados los documentos allegados a la acción de la referencia por la parte
demandada, observa la Sala que el señor José Alberto Botina Martínez se
encuentra relacionado en el Anexo 2, como aspirante al cargo de juez penal
municipal, y que objetó las preguntas 4, 7, 23, 27, 28, 30, 40, 51, 52, 59, 61, 62, 63,
68, 69, 82, 86, 87, 104, 106, 108, 111, 120 y 124.

Bajo este contexto, se tiene que la inconformidad del accionante se centra en lo
decidido en la Resolución CJR23-0028 del 16 de enero de 2023, acto administrativo
de carácter particular cuya legalidad puede cuestionarse a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 de la
ley 1437 de 20114.
Así las cosas, precisa la Sala que la tutela se torna en improcedente, toda vez que
el señor Botina Martínez dispone de otro mecanismo judicial para reclamar la
protección de los derechos fundamentales invocados, tal como lo ha establecido
esta misma Subsección en casos con fundamentos fácticos y jurídicos similares a
los de la referencia así:

73.- En primer lugar, en la Sentencia SU-067 de 2022, precedente que la parte
actora alega como aplicable al caso concreto, la Corte estudió un grupo de
tutelas relacionadas con diversas actuaciones y actos administrativos
proferidos en el marco de la Convocatoria No. 27, sin embargo al pronunciarse
sobre el cumplimiento del requisito de subsidiariedad y la procedibilidad de la
acción de tutela contra actos administrativos, el Tribunal Constitucional se
refirió específicamente a la Resolución No. CJR20-0202 de 27 de octubre de
2020, mediante la cual la Unidad de Administración de la Carrera Judicial
resolvió corregir la actuación administrativa de la referida convocatoria desde
la citación a las pruebas de conocimientos generales y específicos, de aptitudes
y psicotécnicas, para ajustar todo el trámite a derecho y en consecuencia,
continuar el trámite de la convocatoria.

74.- Por lo anterior, resulta evidente que las reglas y consideraciones
establecidas por la Corte Constitucional en relación con la subsidiariedad del
asunto no resultan aplicables a la demanda de tutela objeto de estudio. Esto
debido a que, en la sentencia de unificación, la entidad judicial se pronunció
sobre el cumplimiento del requisito de subsidiariedad en relación con un acto
que corregía una actuación administrativa, mientras que en la demanda de
tutela de la referencia se pretende atacar un acto administrativo de calificación
o evaluación.

75.- En segundo lugar, esta Corporación ha establecido que los actos
administrativos que contienen la manifestación de la voluntad de la
Administración y definen la situación de un interesado, así como los de trámite

4 «Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho

subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo
particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.
La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del
derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho
particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general,
el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel».

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02283-00
Actor: José Alberto Botina Martínez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

que imposibilitan continuar con la actuación administrativa, son susceptibles de
control judicial por parte de la jurisdicción contencioso administrativa,
excluyendo expresamente de dicho control los actos de simple gestión y
ejecución, pues estos en estricto sentido, cumplen una orden concreta y no
crean, modifican ni extinguen ninguna circunstancia jurídica.

76.- Teniendo en cuenta lo anterior, la Sección Segunda ha precisado que, en
el caso de los actos administrativos proferidos en el marco de un concurso de
méritos, tanto las listas de elegibles como los actos administrativos de
calificación de los concursantes, pueden ser objeto de demanda ante la
jurisdicción contencioso administrativa. Sobre este último grupo de actos, ha
sostenido que, si bien al ser anteriores a la emisión de la lista de elegibles,
podrían ser calificados como actos preparatorios, en la práctica al ser
decisiones utilizadas por la administración exterioriza el resultado obtenido por
un concursante y que refleja la potencialidad o predisposición de la persona
para desarrollar una habilidad o un comportamiento, valoración que es dada a
conocer al participante a través de una decisión particular en la que se le asigna
un puntaje, que a su vez determina la posibilidad del concursante de
mantenerse vigente en la actuación administrativa, este tipo de actos deben ser
tenidos como actos administrativos enjuiciables ante la jurisdicción contencioso
administrativa , pues el carácter definitivo de un acto, no depende
necesariamente de hallarse situado en el final del trámite, puesto que este
puede dar por terminado un ciclo autónomo de la actuación administrativa
claramente definido, generando que pueda ser atacado en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho5.

Cabe recordar, además, que el proceso contencioso administrativo prevé
mecanismos como las medidas cautelares, que permiten que el juez adopte las
decisiones pertinentes para que, por ejemplo, no se vulneren derechos
fundamentales. De modo que la parte actora, en el respectivo medio de control,
puede pedir la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto administrativo
que cuestiona por vía de tutela, medida cautelar que sí es un medio de defensa ágil
y efectivo, en cuanto permite proteger y garantizar, de manera provisional, el objeto
del proceso y la efectividad de la sentencia.

Sobre la eficacia de las medidas cautelares en los procesos ordinarios para la
protección de los derechos fundamentales, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación consideró:

En estos términos, se concluye que: i) lo que ahora se discute a través de la
acción de tutela se podrá discutir promoviendo el proceso de nulidad o nulidad
y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que: ii) que la suspensión
provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia protectora que
la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el proceso,
b) procede para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción
que se exige para suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 31 de marzo de 2023, radicado 11001-03-

15-000-2023-00756-00, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02283-00
Actor: José Alberto Botina Martínez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

exigencia del pasado: que sea ostensible; de hecho se puede hacer un estudio
complejo para concluirlo6.

En los anteriores términos, la Sala declarará improcedente el amparo solicitado por
el señor José Alberto Botina Martínez, por no cumplir con el requisito de la
subsidiariedad, sin que se evidencie la configuración de un perjuicio irremediable
para que la tutela proceda como mecanismo transitorio.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela ejercida por el señor José
Alberto Botina Martínez, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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6 Consejo de Estado, Sala Plena. Providencia del 5 de marzo de 2014. Expediente No. 25000-23-42-000-2013-

06871-01. Demandante: Gustavo Francisco Petro Urrego.

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