Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01414-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01414-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-01414-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
22 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01414-01
Actor: JAIRO GARCÍA SUÁREZ
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA contra acto administrativo que resolvió recurso de reposición contra
Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022, expedida en el marco de la
Convocatoria 27 / REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD – No se cumple porque la parte
actora cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
del 1° de junio de 2023, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado,
que negó la acción de tutela.
I. A N T E C E D E N T E S
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 21 de marzo de la presente anualidad 1, el señor Jairo García Suárez interpuso
acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso (incluida la
garantía de defensa), de petición, a la carrera administrativa y de acceso a cargos
públicos 2. Formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Tutelar mis Derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO
ADMINISTRATIVO, PETICION, DERECHO DE DEFENSA, CARRERA
ADMINISTRATIVA Y ACCESO A CARGOS PÚBLICOS MEDIANTE
1 Se advierte que, el 27 de julio de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 También consideró desconocido los principios de confianza legítima y buena fe.
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01414-01
Actor: Jairo García Suárez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
CONCURSO DE MÉRITOS, al igual que el principio de buena fe y a la
confianza legítima en el marco del concurso de méritos, los cuales fueron
vulnerados por UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, EL CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA (UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA
CARRERA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL), con ocasión de la Resolución CJR23-0044 del 16 de enero de 2023.
SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA - EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA (UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL), proceda a resolver de fondo analizar los
argumentos expuestos, y, en consecuencia:
• Dar respuesta de fondo al recurso de reposición presentado el 21 de
septiembre de 2022; y la ampliación del mismo del 15 de noviembre del mismo
año.
• RESOLVER de fondo las objeciones a las preguntas 9, 25, 28, 32,53, 61, 63,
65, 69, 78, 82, 90, 105, 106, contenidas en la ampliación al recurso de
reposición del 15 de noviembre de 2022, y como consecuencia tener como
válidas las opciones de respuestas seleccionadas por mí en el examen.
Resolución CJR23- 0044 de 16 de enero de 2023.
• MODIFICAR la Resolución CJR23-0044 de 16 de enero de 2023 y su
respectivo anexo emitida dentro de la convocatoria 27 - ACUERDO PCSJA18-
11077.), por medio de la cual expide el listado de los resultados de la prueba
de conocimientos y que me asignó una calificación de aptitudes 189.38 y en el
componente de conocimiento 590.95. para un resultado total de 780.33 para el
Cargo de Magistrado de Tribunal Administrativo, Y EN SU LUGAR REPONER
DICHA DECISION ASIGNADO el puntaje aprobatorio superior a 800 PUNTOS
que corresponda acorde a los argumentos expuestos en las objeciones
presentadas, en virtud de que algunas preguntas tienen doble respuesta válida
que coindice con la que marqué, o, ya que algunas preguntas presentan
inconsistencias, por lo cual, solicito sean tenidas como válidas; por
consiguiente, se proceda a aumentar el puntaje otorgado. Además, solicito que
en caso de que alguna pregunta sea validada para otro concursante que haya
presentado reposición, por derecho a la igualdad se aplique la misma validez
en el evento de encontrarse en las mismas condiciones y se otorgue el puntaje
correspondiente.
TERCERO: Solicito al Honorable Despacho que mientras se surte el trámite
anteriormente descrito, SUSPENDA los efectos jurídicos contenidos la
Resolución CJR23-0044 del 16 de enero de 2023, puesto que la decisión
adoptada vulnera los derechos fundamentales anteriormente enunciados.
1.2. Hechos y argumentos de la tutela
De la solicitud de tutela se extraen los siguientes hechos jurídicamente relevantes:
Manifiesta el accionante que presentó prueba de conocimiento en el marco de la
Convocatoria 27, adelantada para proveer cargos de funcionarios en la Rama
Judicial, y que, inconforme con los resultados establecidos en la Resolución CJR22-
0351 del 1° de septiembre de 2022, interpuso recurso de reposición y en el mismo
escrito presentó solicitud de información sobre la fórmula matemática aplicada para
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01414-01
Actor: Jairo García Suárez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
los puntajes, precisando si existían ítems o preguntas excluidas de los
cuestionarios.
En Oficio CONV27RR-0365 A del 10 de octubre de 2022, la Universidad Nacional
de Colombia le informó que existía reserva frente a los puntajes individuales
obtenidos por todos los concursantes y que no existían ítems o preguntas excluidas.
En la jornada de exhibición del 30 de octubre de 2022, se suministró la información
sobre las fórmulas matemáticas empleadas. El 15 de noviembre siguiente amplió el
recurso de reposición.
Mediante Resolución CJR23-0044 del 16 de enero de 2023, le dieron respuesta al
recurso de reposición, en el que confirmó el puntaje inicial. Expuso que la respuesta
brindada afecta gravemente el principio de confianza legítima y confiabilidad de la
prueba, pues no resulta cierto que se hubiera realizado un control previo de vigencia
de las preguntas ni que se hubieran actualizado las mismas o ajustado los
cuadernillos.
Expuso que la demandada no desató los argumentos planteados en el recurso en
ninguno de los casos; tampoco resolvió de fondo las peticiones y los reparos allí
planteados. De ahí que, más que «controvertir la legalidad del acto administrativo,
lo que se pretende garantizar es la obtención de una respuesta real, efectiva y de
fondo, y de acceso a los documentos contentivos de información relacionada con la
convocatoria».
Señaló que las entidades accionadas negaron el mandato constitucional de dar
respuesta íntegra a todos los puntos, brindando respuestas en bloque, sin analizar
las observaciones presentadas y negando la información solicitada.
Manifestó que las objeciones a las preguntas 53, 61, 63, 65, 69, 78, 82, 90, 105 y
106 no fueron resueltas de fondo, pues las demandadas se limitaron a enunciar, sin
mayor análisis jurídico, la ratificación de las claves de respuesta de las preguntas,
pero no se desvirtuaron los argumentos explícitos desarrollados en los escritos de
complementación del recurso de reposición presentado.
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Actor: Jairo García Suárez
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 27 de marzo de 2023, el Despacho del magistrado Alberto
Montaña Plata remitió el expediente al Despacho del magistrado Gabriel Valbuena
Hernández, para que resolviera sobre la posible acumulación de la tutela con la de
radicado 2023-00712-00. En providencia del 10 de abril de 2023, este último
Despacho negó la solicitud de acumulación. En auto del 26 de abril siguiente, se
remitió el expediente al Despacho del magistrado Hernando Sánchez Sánchez,
para que estudiara la eventual acumulación.
En providencia del 8 de mayo de la presente anualidad, el magistrado sustanciador
del proceso en primera instancia avocó conocimiento de la presente acción de
tutela, admitió la demanda y ordenó notificar al presidente del Consejo Superior de
la Judicatura, a la directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial y a
la rectora de la Universidad Nacional de Colombia, como parte demandada; y a los
participantes de la convocatoria 27, en calidad de terceros con interés. En el mismo
auto negó la medida provisional solicitada.
2.2. La Universidad Nacional, por conducto del director del Proyecto Contrato de
Consultoría 096 de 2018, rindió el informe respectivo sobre las actuaciones en las
que ha intervenido dicha institución dentro de la Convocatoria 027 y expuso que, a
la fecha de la contestación de la tutela de la referencia, ya se había dictado la
Resolución CJR23-0044 del 16 de enero de 2023, por medio de la cual se brindó
respuesta de forma clara, completa y de fondo a todos los reparos y solicitudes
invocados en los recursos de reposición (incluido el radicado por el accionante)
interpuestos en contra de la Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022,
mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al mencionado concurso de méritos, por lo que no
existe la alegada vulneración a los derechos fundamentales invocados en la
demanda.
Asimismo, señaló que las objeciones a los ítems 9, 25, 28, 32, 53, 61, 63, 65, 69,
78, 82, 90, 105 y 106 de la prueba, están debidamente justificadas al interior del
anexo 2 de la Resolución CJR23-0028 del 16 de enero de 2023, por lo que la tutela
carece de fundamento alguno.
Bajo este contexto, solicitó que se declarara la improcedencia de la tutela por
carencia actual de objeto. Asimismo, por carecer del requisito de subsidiariedad,
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toda vez que cuenta con otros mecanismos de protección judicial ante la jurisdicción
contencioso administrativa para cuestionar la legalidad del acto administrativo que
decidió el recurso de reposición contra el resultado de la prueba de conocimientos .
De igual forma, alegó el incumplimiento del requisito de inmediatez, pues el
accionante pretende atacar un acto administrativo expedido 4 meses antes, sin que
se argumentara o evidenciara la configuración de un perjuicio irremediable.
2.3. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura, por medio de su directora, rindió el informe respectivo y solicitó que se
negaran las pretensiones de la tutela al no existir vulneración ni afectación de los
derechos fundamentales del accionante por parte de esa entidad.
Expuso que, mediante la Resolución CJR23-0044 del 16 de enero de 2023, se
resolvieron de forma grupal los recursos de reposición presentados en contra de la
Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022, por lo que se presentaba la
carencia actual de objeto por hecho superado, aclarando que en los ítems 9, 17, 18,
19, 31 y 35 del acto administrativo en cuestión se resolvieron las objeciones
puntuales presentadas por el accionante y otros, sobre las preguntas 9, 25, 28, 32,
53, 61, 63, 65, 69, 78, 82, 90, 105 y 106. Así lo expuso:
Igualmente, en el punto 17 se señaló que las pruebas aplicadas permitieron
identificar y medir los atributos relacionados con las funciones de los cargos
convocados en sus diferentes especialidades, y en ese sentido posibilitaron la
clasificación de los candidatos en relación con las calidades requeridas para el
desempeño satisfactorio de las funciones, adaptándose en su contenido a los
criterios psicométricos definidos, y por ende fueron adecuadas para evaluar las
aptitudes, habilidades, capacidades y conocimientos requeridas para el
ejercicio del cargo al que se aspira.
En ese sentido, al haberse realizado la marcación en el punto 18 “Preguntas
capciosas, ambiguas, confusas - Solicita excluir preguntas - Informar si fue
excluido algún ítem – Recalificar” en la fila del Anexo 1 correspondiente al
concursante, se le dio respuesta de manera particular, indicándole de una parte
que, luego de haberse realizado una revisión detallada de los ítems incluidos
se determinó que no eran susceptibles de modificación, exclusión o invalidación
por no ser ambiguos, confusos, capciosos o impertinentes, toda vez que
cumplieron con los requisitos y estándares técnicos requeridos para la
elaboración de pruebas en esta clase de procesos de selección y de otra parte,
se aclaró que respecto del cargo para el cual aplicó, se evidenció que NO hay
preguntas con varias opciones de respuesta o también denominadas
multiclave, por lo que, no se encontró razón alguna para modificar la
calificación.
Adicionalmente, en el punto 19 se informó que, de acuerdo con la verificación
del examen, esto es, la revisión con lector óptico y manual del cuadernillo y las
hojas de respuestas, realizada de manera individual por parte de la Universidad
Nacional, no se observó inconsistencia alguna en el proceso de calificación y
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por lo tanto no es posible revocarlos, por el contrario, se confirman los puntajes
publicados mediante Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022.
Por su parte, en el punto 31 se informó que, al momento de reactivarse el
proceso de selección, la Universidad Nacional de Colombia procedió a revisar
la vigencia de todas las preguntas que conformaron las pruebas escritas, donde
participaron diferentes expertos en las materias y áreas del conocimiento
jurídico de las temáticas que estaban definidas, y, como consecuencia de dicha
revisión, fueron eliminadas las preguntas que no superaron el control de
vigencia. Por lo anterior, se informó que la estructura y contenidos de los
diferentes ítems cumplieron a cabalidad con las exigencias requeridas para
este concurso.
Conforme al numeral 35 de la Resolución CJR23-0028 de 16 de enero de 2023
y el “Anexo 2 - Respuesta a objeciones”, se dieron a conocer las claves de
respuesta correctas y la correspondiente explicación, como resultado de las
valoraciones técnicas que responden a criterios de objetividad e imparcialidad
con parámetros previamente determinados. Frente a lo señalado en los ítems
9, 25, 28, 32, 53, 61, 63, 65, 69, 78, 82, 90, 105 y 106, en la Resolución se
indicó la pertinencia del enunciado de la pregunta y la clave asignada, así como
la justificación de las opciones de la respuesta no válidas, las cuales son el
producto de la estructura y elaboración de las preguntas.
Adicionalmente, señaló que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para
cuestionar actos administrativos que gozan de plena legalidad, por lo que la tutela
resulta improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
2.4. Los señores Luis Eduardo Ángel Alfaro, Doris Silva Vega, Carlos Cristopher
Viveros Echeverri, José Meneses, Jesús Enrique Hernández Gámez, Ramón Ángel
Hernández Trujillo, Carlos Felipe Manuel Remolina Botía, Paola Andrea Meléndez
Díaz, David Alberto Angulo Angulo, Martín Gilberto González Torres y Ariel Arias
Núñez coadyuvaron las pretensiones de la parte demandante.
3. Fallo impugnado
En sentencia del 1º de junio de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado
negó las pretensiones de la demanda.
En primer lugar, consideró acreditado el requisito de subsidiariedad, pues, si bien
se solicita la modificación de la Resolución CJR23-0044 del 16 de enero de 2023 y
sus anexos, la realidad es que dicha petición surgió por cuanto las demandadas no
resolvieron de manera clara, de fondo y congruente los cuestionamientos u
objeciones que presentó frente a las preguntas 9, 25, 28, 32, 53, 61, 63, 65, 69, 78,
82, 90, 105 y 106. En esos términos, puntualizó, la tutela está encaminada a
determinar si se violó o no el núcleo esencial de los derechos fundamentales con
ocasión del recurso de reposición que promovió en contra de la Resolución CJR22-
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
0351 del 1º de septiembre de 2022, por lo que el medio de defensa ordinario, a su
juicio, resultaría ineficaz para tal fin.
En cuanto al fondo del asunto, luego de analizar cada uno de los argumentos del
recurso de reposición y de la respuesta que brindaron las autoridades demandadas,
sostuvo que se resolvieron uno a uno los requerimientos del actor, lo cual, en su
criterio, constituyó una respuesta congruente y de fondo al respectivo recurso. En
esos términos, consideró que no se le habían vulnerado los derechos
fundamentales al señor Jairo García Suárez.
4. Impugnación
Inconforme con la anterior decisión la parte demandante la impugnó. Señaló que los
argumentos de las demandadas fueron genéricos, pues él realizó cuestionamientos
puntuales a las preguntas y claves de respuesta dadas por la Universidad Nacional,
sin que, a su juicio, se fundamentara por qué estaba errado en sus apreciaciones.
Indicó que en relación con las preguntas 9, 25, 28, 32, 53, 61, 63, 65, 69, 78, 82, 90,
105 y 106, hubo cuestionamientos con fundamento legal y jurisprudencial, que
fueron resueltos de manera «lacónica, sin que se evidenciara un planteamiento que
contraargumentara lo esbozado». Señaló que esas respuestas fueron brindadas
para cumplir con el requisito de agotar el trámite en sede administrativa y «obligarme
a acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho».
Precisó que existieron contradicciones en las preguntas presentadas en los
componentes y, para tal efecto, citó como ejemplo la pregunta 69, que versó sobre
la fijación en litigio en el componente de aptitudes, es decir, se les preguntó a los
aspirantes de todos los cargos sobre ese tema, y la fijación del litigio está regulada
de manera diferente en el Código General del Proceso y en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Agregó que en su recurso no se atacaron únicamente las preguntas 9, 25, 28, 32,
53, 61, 63, 65, 69, 78, 82, 90, 105 y 106, sino que se cuestionó en términos
generales el trámite que se había dado a la Convocatoria 27, como la cadena de
custodia de la prueba, la normativa vigente para la época en que se imprimieron los
cuadernillos, entre otros aspectos, los cuales, en su criterio, no fueron resueltos.
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Adujo que la sentencia de primera instancia solo analizó el derecho de petición, sin
tener en cuenta que hubo una argumentación frente a cada pregunta y las mismas
no fueron analizadas por las demandadas, lo que vulneró su derecho al debido
proceso y confianza legítima.
Finalmente, insistió en que hubo una vulneración a sus derechos fundamentales
porque hubo un desconocimiento de la ponderación 700/300, que implicaba
otorgarle mayor puntuación al componente de conocimiento; asimismo, existió una
indebida formulación de las preguntas en ambos componentes, y hubo preguntas
con errores gramaticales en su estructuración, que admitían doble respuesta, y que
podían ser abordadas desde componentes distintos y especialidades.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo proferido el 1º de junio de 2023 por la Sección Primera del Consejo de Estado,
por medio del cual se negó la solicitud de amparo.
Para ello, en primer lugar, se determinará si la solicitud de amparo cumple con el
requisito de subsidiariedad. De cumplirse, se abordará el estudio de fondo, con el
fin de establecer si se vulneraron o no los derechos fundamentales invocados por
la parte actora.
2. Aspectos generales de la Convocatoria 27, para proveer cargos de
funcionarios en la Rama Judicial
Mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, el Consejo Superior
de la Judicatura inició el proceso de selección y convocó al concurso de mér itos
para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, denominado
convocatoria 27.
A través de la Resolución CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020, la Unidad de
Carrera Judicial decidió corregir la actuación que previamente se había desarrollado
«a partir de la citación a la prueba de aptitudes, conocimientos generales y
específicos y psicotécnica». Dicha decisión fue respaldada por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-067 de 2022.
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Con fundamento en lo anterior, los concursantes fueron citados el 24 de julio de
2022, para que presentaran nuevamente la prueba de aptitudes y de conocimientos.
Por medio de la Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022, se publicó
el listado contentivo de los resultados obtenidos por los concursantes, acto
administrativo contra la cual procedía el recurso de reposición, de conformidad con
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), las reglas de la convocatoria y la parte resolutiva del acto administrativo.
La anterior actuación fue publicada a través de la página web de la Rama Judicial y
notificada mediante su fijación durante cinco (5) días hábiles, en la secretaría del
Consejo Superior de la Judicatura, del 2 al 8 de septiembre de 2022, por lo que el
término para interponer los recursos en sede administrativa transcurrió del 9 al 22
de septiembre de esa misma anualidad.
El 16 de enero de 2023, la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura dictó la Resolución CJR23-0044, por medio de la cual se
resolvió confirmar las decisiones contenidas la Resolución CJR22-0351 del 1° de
septiembre de 2022 y rechazar los recursos de reposición y apelación interpuestos
por los recurrentes que participaron para el cargo de magistrado de tribunal
administrativo.
En el mismo acto administrativo se ordenó la notificación de la decisión mediante la
fijación por 5 días hábiles en el Consejo Superior de la Judicatura, así como que se
informara a los interesados a través de la página web de la Rama Judicial y en los
Consejos Seccionales de la Judicatura.
3. Análisis de la Sala
En el caso particular, el señor Jairo García Suárez interpuso acción de tutela contra
el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial
y la Universidad Nacional de Colombia, por considerar vulnerados los derechos
fundamentales debido proceso, de petición, a la carrera administrativa y de acceso
a cargos públicos pues, a su juicio, no se resolvieron de fondo los argumentos
presentados en el recurso de reposición y la ampliación del mismo que radicó en
contra de la Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de la misma anualidad,
en el cual manifestó sus inconformidades respecto de las preguntas 25, 28, 32, 53,
61, 63, 65, 69, 78, 82, 90, 105 y 106 de la prueba.
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Pues bien, de conformidad con lo expuesto en el acápite anterior, se tiene que,
mediante Resolución CJR23-0044 del 16 de enero de 2023, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura resolvió,
de manera conjunta, los múltiples recursos de reposición interpuestos
oportunamente contra el acto administrativo que estableció los resultados obtenidos
por los concursantes y, como se señaló, rechazó los recursos de reposición y
apelación interpuestos por los recurrentes, relacionados en el anexo 2, que
participaron para el cargo de magistrado de tribunal administrativo.
Una vez revisados los documentos allegados a la acción de la referencia por la parte
demandada, observa la Sala que el señor Jairo García Suárez se encuentra
relacionado en el Anexo 2, como aspirante al cargo de magistrado de tribunal
administrativo, y que objetó las preguntas 25, 28, 32, 53, 61, 63, 65, 69, 78, 82, 90,
105 y 106 de la prueba.
Bajo este contexto, se tiene que la inconformidad del accionante se centra en lo
decidido en la Resolución CJR23-0044 del 16 de enero de 2023, pues, si bien el
demandante manifestó que se vulneró su derecho fundamental de petición por
cuanto los mismos no fueron resueltos de fondo, lo cierto es que, en últimas, está
inconforme con las respuestas que le brindó la autoridad demandada frente al
recurso de reposición que interpuso, situación que quedó más clara aún con los
argumentos expuso el señor García Suárez en la impugnación interpuesta contra el
fallo de tutela de primera instancia (ver acápite 4 de los antecedentes de esta
providencia).
Entonces, como la resolución mencionada es un acto administrativo de carácter
particular, en tanto que confirmó la estableció la calificación su legalidad pudo
haberse cuestionado a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, dentro del término de 4 meses previsto para tal fin en el artículo 138 de la
ley 1437 de 2011 3.
3 «Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general
y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o
la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se
presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un
acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir
de la notificación de aquel».
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Contrario a lo considerado por el a quo, precisa la Sala que la acción de tutela se
torna improcedente, toda vez que el señor García Suárez disponía de otro
mecanismo judicial para reclamar la protección de los derechos fundamentales
invocados, el cual, de hecho, ejerció, según información registrada en el sistema de
consulta de procesos de la Rama Judicial, tal como se desprende de esta imagen:
En casos con fundamentos fácticos y jurídicos similares a los de la acción de tutela
de la referencia, con base en la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, esta Subsección ha establecido que los actos expedidos en el marco de
un concurso de méritos, a través de los cuales se asignan puntajes a los
participantes, que determinan la posibilidad de continuar o no en la siguiente fase,
deben tenerse como verdaderos actos administrativos susceptibles de ser
demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Textualmente, se
anotó:
73.- En primer lugar, en la Sentencia SU-067 de 2022, precedente que la parte
actora alega como aplicable al caso concreto, la Corte estudió un grupo de
tutelas relacionadas con diversas actuaciones y actos administrativos
proferidos en el marco de la Convocatoria No. 27, sin embargo al pronunciarse
sobre el cumplimiento del requisito de subsidiariedad y la procedibilidad de la
acción de tutela contra actos administrativos, el Tribunal Constitucional se
refirió específicamente a la Resolución No. CJR20-0202 de 27 de octubre de
2020, mediante la cual la Unidad de Administración de la Carrera Judicial
resolvió corregir la actuación administrativa de la referida convocatoria desde
la citación a las pruebas de conocimientos generales y específicos, de aptitudes
y psicotécnicas, para ajustar todo el trámite a derecho y en consecuencia,
continuar el trámite de la convocatoria.
74.- Por lo anterior, resulta evidente que las reglas y consideraciones
establecidas por la Corte Constitucional en relación con la subsidiariedad del
asunto no resultan aplicables a la demanda de tutela objeto de estudio. Esto
debido a que, en la sentencia de unificación, la entidad judicial se pronunció
sobre el cumplimiento del requisito de subsidiariedad en relación con un acto
que corregía una actuación administrativa, mientras que en la demanda de
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01414-01
Actor: Jairo García Suárez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
tutela de la referencia se pretende atacar un acto administrativo de calificación
o evaluación.
75.- En segundo lugar, esta Corporación ha establecido que los actos
administrativos que contienen la manifestación de la voluntad de la
Administración y definen la situación de un interesado, así como los de trámite
que imposibilitan continuar con la actuación administrativa, son susceptibles de
control judicial por parte de la jurisdicción contencioso administrativa,
excluyendo expresamente de dicho control los actos de simple gestión y
ejecución, pues estos en estricto sentido, cumplen una orden concreta y no
crean, modifican ni extinguen ninguna circunstancia jurídica.
76.- Teniendo en cuenta lo anterior, la Sección Segunda ha precisado que, en
el caso de los actos administrativos proferidos en el marco de un concurso de
méritos, tanto las listas de elegibles como los actos administrativos de
calificación de los concursantes, pueden ser objeto de demanda ante la
jurisdicción contencioso administrativa. Sobre este último grupo de actos, ha
sostenido que, si bien al ser anteriores a la emisión de la lista de elegibles,
podrían ser calificados como actos preparatorios, en la práctica al ser
decisiones utilizadas por la administración exterioriza el resultado obtenido por
un concursante y que refleja la potencialidad o predisposición de la persona
para desarrollar una habilidad o un comportamiento, valoración que es dada a
conocer al participante a través de una decisión particular en la que se le asigna
un puntaje, que a su vez determina la posibilidad del concursante de
mantenerse vigente en la actuación administrativa, este tipo de actos deben ser
tenidos como actos administrativos enjuiciables ante la jurisdicción contencioso
administrativa, pues el carácter definitivo de un acto, no depende
necesariamente de hallarse situado en el final del trámite, puesto que este
puede dar por terminado un ciclo autónomo de la actuación administrativa
claramente definido, generando que pueda ser atacado en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho4.
Cabe recordar, además, que el proceso contencioso administrativo prevé
mecanismos como las medidas cautelares, que permiten que el juez adopte las
decisiones pertinentes para que, por ejemplo, no se vulneren derechos
fundamentales. De modo que la parte actora, en el respectivo medio de control,
puede pedir la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto administr ativo
que cuestiona por vía de tutela, medida cautelar que sí es un medio de defensa ágil
y efectivo, en cuanto permite proteger y garantizar, de manera provisional, el objeto
del proceso y la efectividad de la sentencia.
Sobre la eficacia de las medidas cautelares en los procesos ordinarios para la
protección de los derechos fundamentales, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación consideró:
En estos términos, se concluye que: i) lo que ahora se discute a través de la
acción de tutela se podrá discutir promoviendo el proceso de nulidad o nulidad
y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que: ii) que la suspensión
provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia protectora que
4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 31 de marzo de 2023, radicado
11001-03-15-000-2023-00756-00, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01414-01
Actor: Jairo García Suárez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el proceso,
b) procede para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción
que se exige para suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la
exigencia del pasado: que sea ostensible; de hecho se puede hacer un estudio
complejo para concluirlo5.
En los anteriores términos, la Sala modificará la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, la declarará improcedente, por no cumplir con el requisito de la
subsidiariedad, sin que se evidencie la configuración de un perjuicio irremediable
para que la tutela proceda como mecanismo transitorio.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Modificar la sentencia del 1º de junio de 2023, proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado, la cual quedará así:
PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela ejercida por el señor Jairo
García Suárez, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad
de su contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece
a la derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
aspx.
5 Consejo de Estado, Sala Plena. Providencia del 5 de marzo de 2014. Expediente No. 25000-23-42-000-2013-
06871-01. Demandante: Gustavo Francisco Petro Urrego.
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