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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01523-00

Fecha
8 de mayo de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01523-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela ejercida por el señor Armel Vásquez Mejía, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01523-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

8 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01523-00
Actor: ARMEL VÁSQUEZ MEJÍA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA contra acto administrativo que resolvió recurso de reposición contra
Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022 / Convocatoria 27 /
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE LA SUBSIDIARIEDAD – medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Armel Vásquez Mejía
contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial y la Universidad Nacional de Colombia.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 24 de marzo de la presente anualidad1, el señor Armel Vásquez Mejía interpuso
acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y de acceso a los cargos públicos. Formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: Tutelar mis derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y
acceso a cargos públicos que están siendo vulnerados por el Consejo
Superior de la Judicatura y por la Universidad Nacional de Colombia,
entidades que han tenido como válidas: a) preguntas con dos opciones de
respuestas correctas (aunque solo se acepta una de ellas); b) preguntas en
las que la respuesta correcta no estaba en las opciones de respuestas; c)
preguntas formuladas en forma ambigua, imprecisa o con insuficiencia de
información; d) preguntas con enunciados y/o opciones de respuestas mal
redactadas; e) preguntas con enunciados y/o opciones de respuesta con
errores jurídicos; y f) preguntas ajenas a los ejes temáticos objeto de
evaluación.

1Se advierte que, el 19 de abril de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01523-00
Actor: Armel Vásquez Mejía
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Consejo
Superior de la Judicatura que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación del fallo de tutela, proceda a realizar el estudio
juicioso y objetivo de mis argumentos, de modo que se reconozca su validez y
como consecuencia revoquen y/o modifiquen mi calificación, sumándole a la
misma el puntaje correspondiente a cada una de las preguntas respondidas
correctamente.

TERCERO: Expedir un nuevo acto administrativo de trámite con el fin de
corregir la actuación administrativa vulnerante de mis derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a cargos públicos y, en
consecuencia, proceda a publicar el nuevo resultado de la prueba de
aptitudes y conocimientos de la convocatoria 27.

1.2 . Hechos y argumentos de la tutela

De la solicitud de tutela se extraen los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

Manifiesta el accionante que presentó prueba de conocimiento en la Convocatoria
27, adelantada para proveer cargos de funcionarios en la Rama Judicial, y que
inconforme con los resultados establecidos mediante Resolución CJR22-0351 del
1° de septiembre de 2022, el 5 de septiembre de 2022, interpuso recurso de
reposición, el cual fue ampliado en escrito radicado el 15 de noviembre siguiente.

Señaló que, mediante Resolución CJR23-0046 del 16 de enero de 2023, la Unidad
de Apoyo a la Gestión de Proyectos de la facultad de ciencias humanas de la
Universidad Nacional confirmó el puntaje inicial, «sin pronunciarse expresamente
sobre los argumentos planteados en la ampliación del recurso de reposición».

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 31 de marzo de 2023, el despacho de la magistrada
ponente admitió la acción de tutela y ordenó que se notificara al presidente del
Consejo Superior de la Judicatura, a la directora de la Unidad de Administración
de Carrera Judicial y a la rectora de la Universidad Nacional de Colombia, como
parte demandada, y, en calidad de terceros con interés, a los participantes de la
denominada Convocatoria 27. Así mismo, se ordenó la notificación de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.2. La Universidad Nacional, por conducto del director del Proyecto Contrato de
Consultoría 096 de 2018, rindió el informe respectivo sobre las actuaciones en las
que ha intervenido dicha institución dentro de la Convocatoria 027 y expuso que, a
la fecha de la contestación de la tutela de la referencia, ya se había dictado la
Resolución CJR23-0044 del 16 de enero de 2023, por medio de la cual se brindó
respuesta de forma clara, completa y de fondo a todos los reparos y solicitudes

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01523-00
Actor: Armel Vásquez Mejía
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

invocados en los recursos de reposición, incluido el radicado por el accionante,
interpuestos en contra de la Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de
2022, mediante el cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al mencionado concurso de méritos, por lo que
no existe la alegada vulneración a los derechos fundamentales invocados en la
demanda.

Asimismo, señaló que las objeciones a los ítems 7, 18, 31, 28, 37, 43, 53, 62, 66,
68, 69, 82, 90, 105, 106, 107, 122, 123 de la prueba, están debidamente
justificadas al interior del anexo 2 de la Resolución CJR23-0044 del 16 de enero
de 2023, por lo que la tutela carece de fundamento alguno.

Bajo este contexto, solicitó que se declarara la improcedencia de la tutela por
carencia actual de objeto y por carecer de los requisitos de subsidiariedad e
inmediatez, toda vez que el accionante pretendía atacar un acto administrativo
expedido 3 meses antes, sin que se argumentara o evidenciara la configuración de
un perjuicio irremediable

2.3. La Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, por
medio de su directora, rindió el informe respectivo y solicitó que se negaran las
pretensiones de la tutela al no existir vulneración ni afectación de los derechos
fundamentales del accionante por parte de esa entidad.

Expuso que, mediante la Resolución CJR23-0044 del 16 de enero de 2023, se
resolvieron de forma grupal los recursos de reposición presentados en contra de la
Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022, por lo que se presentaba
la carencia actual de objeto por hecho superado, aclarando que en los puntos 18 y
35 del acto administrativo en cuestión se resolvieron las objeciones puntuales
presentadas por el accionante y otros, sobre las preguntas 7, 18, 28, 37, 43, 53,
62, 66, 68, 69, 82, 90, 105, 106, 107, 122, y 123. Así lo expuso:

[C]onforme al numeral 35 de la Resolución CJR23-0044 de 16 de enero de
2023 y el “Anexo 2 - Respuesta a objeciones”, se dieron a conocer las claves
de respuesta correctas y la correspondiente explicación, como resultado de
las valoraciones técnicas que responden a criterios de objetividad e
imparcialidad con parámetros previamente determinados. Frente a lo
señalado en los ítems 7, 18, 28, 37, 43, 53, 62, 66, 68, 69, 82, 90, 105, 106,
107, 122, y 123, se indicó la pertinencia del enunciado de la pregunta y la
clave asignada, así como la justificación de las opciones de la respuesta no
válidas, las cuales son el producto de la estructura y elaboración de las
preguntas.

Adicionalmente, señaló que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para
cuestionar actos administrativos que gozan de plena legalidad, por lo que la tutela
resulta improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01523-00
Actor: Armel Vásquez Mejía
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2.4. Los demás vinculados guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si las entidades demandadas vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a los cargos
públicos del señor Armel Vásquez Mejía, al no haber resuelto la ampliación del
recurso de reposición interpuesto por el accionante en contra de la Resolución
CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022.

2. Aspectos generales de la Convocatoria 27, para proveer cargos de
funcionarios en la Rama Judicial

Mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, el Consejo Superior
de la Judicatura inició el proceso de selección y convocó al concurso de méritos
para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, denominado
convocatoria 27.

A través de la Resolución CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020, la Unidad de
Carrera Judicial decidió corregir la actuación que previamente se había
desarrollado «a partir de la citación a la prueba de aptitudes, conocimientos
generales y específicos y psicotécnica». Dicha decisión fue respaldada por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-067 de 2022.

Con fundamento en lo anterior, los concursantes fueron citados el 24 de julio de
2022, para que presentaran nuevamente la prueba de aptitudes y de
conocimientos.

Por medio de la Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022, se publicó
el listado contentivo de los resultados obtenidos por los concursantes, acto
administrativo contra la cual procedía el recurso de reposición, de conformidad con
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), las reglas de la convocatoria y la parte resolutiva del acto administrativo.
La anterior actuación fue publicada a través de la página web de la Rama Judicial
y notificada mediante su fijación durante cinco (5) días hábiles, en la secretaría del
Consejo Superior de la Judicatura, del 2 al 8 de septiembre de 2022, por lo que el
término para interponer los recursos en sede administrativa transcurrió del 9 al 22
de septiembre de esa misma anualidad.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01523-00
Actor: Armel Vásquez Mejía
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

El 16 de enero de 2023, la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura dictó la Resolución CJR23-044 por medio de la
cual se resolvió confirmar las decisiones contenidas la Resolución CJR22-0351 del
1° de septiembre de 2022 y rechazar los recursos de reposición y apelación
interpuestos por los recurrentes que participaron para el cargo de magistrado de
tribunal administrativo.

En el mismo acto administrativo se ordenó la notificación de la decisión mediante
la fijación por 5 días hábiles en el Consejo Superior de la Judicatura, así como que
se informara a los interesados a través de la página web de la Rama Judicial y en
los Consejos Seccionales de la Judicatura.

3. Análisis de la Sala

En el caso particular, el señor Armel Vásquez Mejía interpuso acción de tutela
contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, por considerar vulnerados los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a cargos
públicos pues, a su juicio, no se había resuelto de fondo la ampliación del recurso
de reposición que este radicó el 15 de noviembre de 2022 en contra de la
Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de la misma anualidad, en el cual
adicionó sus inconformidades respecto de las preguntas 7, 18, 28, 37, 43, 53, 62,
66, 68, 69, 82, 90, 105, 106, 107, 122 y 123.

Pues bien, de conformidad con lo expuesto en el acápite anterior, se tiene que,
mediante Resolución CJR23-044 del 16 de enero de 2023, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura resolvió,
de manera conjunta, los múltiples recursos de reposición interpuestos
oportunamente contra el acto administrativo que estableció los resultados
obtenidos por los concursantes y, como se señaló, rechazó los recursos de
reposición y apelación interpuestos por los recurrentes, relacionados en el anexo
2, que participaron para el cargo de magistrado de tribunal administrativo.

Una vez revisados los documentos allegados a la acción de la referencia por la
parte demandada, observa la Sala que el señor Armel Vásquez Mejía se
encuentra relacionado en el Anexo 22, como aspirante al cargo de magistrado de
tribunal administrativo, quien, mediante escrito radicado el 5 de septiembre de
2022, objetó las preguntas 7, 18, 28, 37, 43, 53, 62, 66, 68, 69, 82, 90, 105, 106,
107, 122 y 123.

2 Ver fila 44 del folio 2 en el Anexo 2.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01523-00
Actor: Armel Vásquez Mejía
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Bajo este contexto, se tiene que la inconformidad del accionante se centra en lo
decidido en la Resolución CJR23-044 del 16 de enero de 2023, acto administrativo
de carácter particular cuya legalidad puede cuestionarse a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 de la
ley 1437 de 20113.

Así las cosas, precisa la Sala que la tutela se torna en improcedente, toda vez que
el señor Vásquez Mejía dispone de otro mecanismo judicial para reclamar la
protección de los derechos fundamentales invocados, tal como lo ha establecido
esta misma Subsección en casos con fundamentos fácticos y jurídicos similares a
los de la referencia así:

73.- En primer lugar, en la Sentencia SU-067 de 2022, precedente que la
parte actora alega como aplicable al caso concreto, la Corte estudió un grupo
de tutelas relacionadas con diversas actuaciones y actos administrativos
proferidos en el marco de la Convocatoria No. 27, sin embargo al
pronunciarse sobre el cumplimiento del requisito de subsidiariedad y la
procedibilidad de la acción de tutela contra actos administrativos, el Tribunal
Constitucional se refirió específicamente a la Resolución No. CJR20-0202 de
27 de octubre de 2020, mediante la cual la Unidad de Administración de la
Carrera Judicial resolvió corregir la actuación administrativa de la referida
convocatoria desde la citación a las pruebas de conocimientos generales y
específicos, de aptitudes y psicotécnicas, para ajustar todo el trámite a
derecho y en consecuencia, continuar el trámite de la convocatoria.

74.- Por lo anterior, resulta evidente que las reglas y consideraciones
establecidas por la Corte Constitucional en relación con la subsidiariedad del
asunto no resultan aplicables a la demanda de tutela objeto de estudio. Esto
debido a que, en la sentencia de unificación, la entidad judicial se pronunció
sobre el cumplimiento del requisito de subsidiariedad en relación con un acto
que corregía una actuación administrativa, mientras que en la demanda de
tutela de la referencia se pretende atacar un acto administrativo de calificación
o evaluación.

75.- En segundo lugar, esta Corporación ha establecido que los actos
administrativos que contienen la manifestación de la voluntad de la
Administración y definen la situación de un interesado, así como los de trámite
que imposibilitan continuar con la actuación administrativa, son susceptibles
de control judicial por parte de la jurisdicción contencioso administrativa,
excluyendo expresamente de dicho control los actos de simple gestión y
ejecución, pues estos en estricto sentido, cumplen una orden concreta y no
crean, modifican ni extinguen ninguna circunstancia jurídica.

76.- Teniendo en cuenta lo anterior, la Sección Segunda ha precisado que, en
el caso de los actos administrativos proferidos en el marco de un concurso de
méritos, tanto las listas de elegibles como los actos administrativos de
calificación de los concursantes, pueden ser objeto de demanda ante la
jurisdicción contencioso administrativa. Sobre este último grupo de actos, ha
sostenido que, si bien al ser anteriores a la emisión de la lista de elegibles,

3 «Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho

subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo
particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.
La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del
derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho
particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general,
el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel».

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01523-00
Actor: Armel Vásquez Mejía
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

podrían ser calificados como actos preparatorios, en la práctica al ser
decisiones utilizadas por la administración exterioriza el resultado obtenido
por un concursante y que refleja la potencialidad o predisposición de la
persona para desarrollar una habilidad o un comportamiento, valoración que
es dada a conocer al participante a través de una decisión particular en la que
se le asigna un puntaje, que a su vez determina la posibilidad del concursante
de mantenerse vigente en la actuación administrativa, este tipo de actos
deben ser tenidos como actos administrativos enjuiciables ante la jurisdicción
contencioso administrativa , pues el carácter definitivo de un acto, no depende
necesariamente de hallarse situado en el final del trámite, puesto que este
puede dar por terminado un ciclo autónomo de la actuación administrativa
claramente definido, generando que pueda ser atacado en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho4.

Cabe recordar, además, que el proceso contencioso administrativo prevé
mecanismos como las medidas cautelares, que permiten que el juez adopte las
decisiones pertinentes para que, por ejemplo, no se vulneren derechos
fundamentales. De modo que la parte actora, en el respectivo medio de control,
puede pedir la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto
administrativo que cuestiona por vía de tutela, medida cautelar que sí es un medio
de defensa ágil y efectivo, en cuanto permite proteger y garantizar, de manera
provisional, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

Sobre la eficacia de las medidas cautelares en los procesos ordinarios para la
protección de los derechos fundamentales, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación consideró:

En estos términos, se concluye que: i) lo que ahora se discute a través de la
acción de tutela se podrá discutir promoviendo el proceso de nulidad o nulidad
y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que: ii) que la suspensión
provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia protectora que
la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el
proceso, b) procede para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la
contradicción que se exige para suspender el acto administrativo ya no tiene
el rigor y la exigencia del pasado: que sea ostensible; de hecho se puede
hacer un estudio complejo para concluirlo5.

En los anteriores términos, la Sala declarará improcedente el amparo solicitado
por el señor Armel Vásquez Mejía, por no cumplir con el requisito de la
subsidiariedad, sin que se evidencie la configuración de un perjuicio irremediable
para que la tutela proceda como mecanismo transitorio.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 31 de marzo de 2023, radicado 11001-03-

15-000-2023-00756-00, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
5 Consejo de Estado, Sala Plena. Providencia del 5 de marzo de 2014. Expediente No. 25000-23-42-000-

2013- 06871-01. Demandante: Gustavo Francisco Petro Urrego.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01523-00
Actor: Armel Vásquez Mejía
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

FALLA:

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela ejercida por el señor Armel
Vásquez Mejía, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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