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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00656-00

Fecha
13 de abril de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00656-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia invocados del señor Germán Triviño Rojas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. En consecuencia, dejar sin efectos la sentencia del 25 de octubre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, y ordenar a esa autoridad judicial que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la presente providencia, profiera una sentencia de reemplazo en la que tome en consideración las pautas indicadas en la parte motiva de esta providencia. 3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-00656-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

13 de abril de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00656-00
Demandante: Germán Triviño Rojas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-00656-00
Demandante GERMÁN TRIVIÑO ROJAS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA SEGUNDA
DE ORALIDAD
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defecto por
desconocimiento del precedente jurisprudencial. Medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. Ex detective
del Departamento Administrativo de Seguridad DAS.
Reliquidación pensional con inclusión de la prima de riesgo.
Sentencia SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por Germán Triviño Rojas, de conformidad con lo dispuesto por los
Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 8 de febrero de 20231, Germán Triviño Rojas, interpuso acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia. Las pretensiones son las siguientes:
“1. Se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso efectivo a
la administración de justicia y/o cualquiera otro que se considere vulnerado, por la vía de
hecho en que incurrió el operador judicial colegiado al tipificar con su decisión el defecto
de desconocimiento del precedente judicial.
2. Como consecuencia del amparo de los derechos fundamentales de mi representado se
ordene dejar sin efectos la providencia judicial de segunda instancia del 25 de octubre de
2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del proceso adelantado
a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado 05001-
33-33-005-2013-00052- 01.
3. Se ordene al Tribunal Administrativo de Antioquia en un término perentorio a la
comunicación de la decisión proferir una nueva providencia que tenga en cuenta los
parámetros de la Sentencia de Unificación SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022,
radicado 25000-23-42-000-2013-02380-01 (NI 2656-2014)”.

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

1 Escrito de tutela radicado en el correo de tutelas en línea.
1

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www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00656-00
Demandante: Germán Triviño Rojas

2.1. El señor Germán Triviño Rojas laboró al servicio del Departamento
Administrativo de Seguridad, DAS, durante el periodo comprendido entre el 20
de enero de 1989 y el 31 de agosto de 2011.

2.2. Por reunir los requisitos de ley, mediante la Resolución PAP 17016 del 8 de
octubre de 2010 la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL reconoció y
ordenó el pago de la pensión de jubilación a favor del actor, efectiva a partir
del 1º de marzo de 2009, condicionada al retiro definitivo de la entidad.

2.3. Posteriormente, el 11 de noviembre de 2011 el accionante solicitó a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social UGPP, la reliquidación de la pensión de jubilación, por
nuevos tiempos con ocasión de su retiro definitivo del servicio y, con la
inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados en el último año
de servicios.

La UGPP mediante la Resolución Nro. RDP 000264 del 4 de enero de 2013
negó la reliquidación pretendida por el actor, razón por la que presentó recurso
de apelación, resuelto mediante la Resolución Nro. RDP 012153 del 12 de
marzo de 2013 que confirmó la decisión recurrida.

2.4. Por lo anterior, el actor, Germán Triviño Rojas, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social UGPP pretendiendo la nulidad de los actos administrativos que le
negaron la reliquidación de la pensión de jubilación. A título de
restablecimiento del derecho, pidió se reliquidara la prestación con la totalidad
de los factores percibidos en el último año de servicios.

2.5. Del asunto conoció en primera instancia el Juzgado Quinto Administrativo de
Medellín (radicación Nro. 05001-33-33-005-2013-00052-00) que, en sentencia
del 10 de marzo de 2016, accedió a las pretensiones de la demanda.

Consideró que al actor le eran aplicables las normas pertenecientes al régimen
especial de los servidores del DAS en materia pensional, esto es, el Decreto
1933 de 1989 y el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 y, en ese sentido,
concluyó que el actor tenía derecho a que la pensión le fuera reconocida con
el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios con la
inclusión de los factores enlistados en el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989,
incluida la prima de riesgo como factor salarial.

2.6. La decisión fue apelada por las partes demandante y demandada ante el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad que, en
sentencia del 25 de octubre de 2022 <<notificada por correo electrónico el 27 de
octubre de 2022>>, confirmó parcialmente la decisión de primera instancia y
modificó el restablecimiento del derecho.

Encontró que, para la entrada en vigencia del Decreto 1835 de 1994,
concretamente para el 4 de agosto de 1994, el actor aún laboraba en el DAS,
razón por la que le eran aplicables las normas anteriores a la Ley 100 de 1993.
Sin embargo, aclaró que a pesar de ser beneficiario del régimen de transición,
el IBL de la mesada del actor debía calcularse conforme lo dispuesto en los
artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 como lo hizo Cajanal, conforme con

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Demandante: Germán Triviño Rojas

las reglas fijadas por el Consejo de Estado en la sentencia del 28 de agosto
de 2018.

Consideró que le asistió razón al accionante, en solicitar que en liquidación de
la pensión, se tuvieran en cuenta los nuevos tiempos laborados desde marzo
de 2009 hasta agosto de 2011 en razón al retiro definitivo del servicio.

Frente a la prima de riesgo, encontró que no obraba prueba que acreditara que
el accionante hubiera cotizado sobre este factor y que, la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018 había indicado que solo podían
considerarse para la pensión los factores cotizados previstos en los Decretos
1158 de 1994 y 1068 de 1995.

3. Fundamentos de la acción

El accionante consideró que, al proferir la sentencia del 25 de octubre de 2022 en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con la radicación Nro.
05001-33-33-005-2013-00052-00/01, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Segunda de Oralidad incurrió en defecto por desconocimiento del precedente
jurisprudencial.

En su criterio, la sentencia del tribunal dejó de aplicar la Sentencia de Unificación
SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022, radicado 25000-23-42-000-2013-
02380-01 (NI 2656-2014).
En este orden de ideas, indicó que conforme con el precedente citado, las pensiones
de los detectives del DAS deben ser liquidadas con la prima de riesgo en los
porcentajes contemplados en el artículo 2º de la Ley 860 de 2003 y que, la sentencia
del tribunal resolvió que la mencionada prima no era factor salarial y negó la
reliquidación pensional con la inclusión de esa prestación, sin que se evidenciara
algún argumento en el fallo en el que se indicaran las razones por la que el tribunal
se apartaba del precedente vinculante, máxime cuando su caso guardaba identidad
fáctica con el caso del que se ocupó la sentencia de unificación.
4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 14 de febrero de 2023, el despacho admitió la demanda de tutela,
ordenó notificar a las partes accionante y accionada y, dispuso la vinculación
como terceros con interés a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP,
entidad demandada en el proceso ordinario; y al Juzgado Quinto
Administrativo de Medellín, autoridad que dictó la sentencia de primera
instancia.

4.2. El Juzgado Quinto Administrativo de Medellín, rindió informe en el que
manifestó que se respetaron los derechos procesales que le asistían al actor,
así como los términos y las oportunidades para oponerse a las decisiones
proferidas en cada una de las instancias.

Anunció que cada decisión contó con la motivación jurídica y jurisprudencial
por parte del juzgado y que no se advertía la vulneración de derechos
fundamentales al actor, sumado a que, se trataba del cuestionamiento que se
hacía a la decisión del tribunal, por lo que pidió se desvinculara al juzgado de
la presente acción.
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Demandante: Germán Triviño Rojas

4.3. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, presentó
informe en el que indicó que la presente acción era improcedente por no estar
estructurados ni los requisitos generales ni los específicos de tutela contra
providencia judicial, sumado a que se trataba de una sentencia que había
estudiado de manera acertada el tema y que había hecho tránsito a cosa
juzgada, sin que se evidenciara la existencia de un perjuicio irremediable.
Además, destacó que se trataba de la discusión de aspectos económicos,
razón de más para indicar que la tutela no era procedente en estos casos.
4.4. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, no se
pronunció en esta oportunidad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus
derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial
(inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

3. Cuestión previa

Previo a la resolución del caso, advierte la Sala que el Juzgado Quinto
Administrativo de Medellín pidió ser desvinculado de la presente acción, al
considerar que la decisión que se cuestionaba era la proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad.

En este sentido, debe decirse el juzgado fue vinculado como parte sino en calidad
de tercero con interés, por haber sido la autoridad judicial que conoció en primera
instancia del proceso ordinario en el que se profirió la decisión cuestionada en tutela,
motivo por el cual, no procede la solicitud de desvinculación presentada.

4. Planteamiento del problema jurídico

Por tratarse de una tutela contra providencia judicial, de manera preliminar,
corresponde a la Sala verificar el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente el
de subsidiariedad.

De superar el anterior análisis, teniendo en cuenta los antecedentes del caso,
corresponderá a la Sala determinar si, al proferir la sentencia del 25 de octubre de
2022 en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con la
radicación Nro. 05001-33-33-005-2013-00052-00/01, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Segunda de Oralidad incurrió en defecto por desconocimiento del
precedente jurisprudencial , según afirma el tutelante, por no atender el precedente
de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en la sentencia SUJ-028-CE-
S2-2022 del 28 de julio de 2022.

5. Requisito de subsidiariedad en materia de tutela contra providencia
judicial y su análisis en el caso concreto

5.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de
subsidiariedad. De acuerdo con esa norma, esta última “solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.” A su turno, el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela es improcedente
cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos
ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser
desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está, siempre que
estos sean idóneos y eficaces. Por tanto, la acción de tutela solo procede
cuando no existen otros medios de defensa idóneos para amparar los
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derechos fundamentales invocados; o siempre que ello sea necesario para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá
como mecanismo transitorio de protección.

Así las cosas, la tesis de la Sección consiste en que, por regla general, cuando
existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción
de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se
definen en función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las
que se encuentra el solicitante. En ese estudio también debe analizarse la
existencia o no de un perjuicio irremediable, en los términos del numeral 1º del
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.

En ese sentido, el juez de tutela tiene la potestad de valorar las circunstancias
particulares de cada caso y determinar si la acción es procedente; o si por el
contrario, existen otros medios que permiten satisfacer los derechos
fundamentales del actor.

Sobre el requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional manifestó:

“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o
amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no
tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a
objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías
judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la
discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado
la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece
—con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un
medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto.
Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su
naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente
incorporado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin de llenar
los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena
protección de sus derechos esenciales (…)” 6.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe,
por lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición,
pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente.

5.2. En el caso bajo estudio, el señor Germán Triviño Rojas invoca la configuración
del defecto por desconocimiento del precedente, porque a pesar de la
existencia de la sentencia de unificación SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio
de 2022, proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda de esta
Corporación, al resolver su caso en segunda instancia, tal precedente dejó de
ser aplicado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de
Oralidad.

Al respecto, encuentra la Sala que, en principio, el actor contaría con otro
mecanismo de defensa judicial previsto por el legislador, concretamente con
el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia consagrado en los
artículos 256 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

6 Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992.
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De acuerdo con el artículo 258, tal recurso procede “cuando la sentencia
impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado”.
En ese sentido, podría interpretarse que a través de esa herramienta judicial
la accionante pudo haber expuesto el argumento de inconformidad que
presentó en la tutela, es decir que la sentencia proferida por el tribunal
accionado es opuesta a la Sentencia de Unificación SUJ-028-CE-S2-2022 del
28 de julio de 2022.

Sin embargo, estima la Sala que es dable tener por superado tal requisito, en
consideración (i) a la naturaleza del asunto, por tratarse de un asunto
pensional que involucra a una persona que se desempeñó como detective en
el DAS; actividad que por la naturaleza de la función, llevó a la creación de una
prima de riesgo a fin de retribuir la especial y riesgosa labor de este tipo de
servidores; y, (ii) porque, si bien el ordenamiento jurídico estableció el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia como mecanismo para asegurar
la unidad de la interpretación del derecho, éste procede “cuando la sentencia
impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado”, y
se tiene que en el caso concreto, más que una posición del tribunal que hubiera
contrariado o se hubiera opuesto a la sentencia de unificación mencionada, lo
que hizo fue omitirla, sin explicar las razones para apartarse del criterio
jurisprudencial7.

Sobre el particular, se advierte la aplicación del precedente equivocado por
parte del tribunal accionado en lo relativo a la prima de riesgo, toda vez que
resolvió el asunto a la luz del precedente de unificación del 28 de agosto de
2018 sobre la determinación del ingreso base de liquidación de las pensiones,
sin considerar que, en la sentencia de unificación del 28 de julio de 2022 la
Sección Segunda del Consejo de Estado se ocupó de manera concreta de la
prima de riesgo, para verificar si tal emolumento debía ser incluido como factor
computable para la liquidación de la pensión de jubilación especial de los
servidores del DAS, y unificó la jurisprudencia en tal aspecto concreto, lo que
imponía que se observara tal pronunciamiento por parte del juez natural para
sustentar su decisión o apartarse de manera justificada de tal postura.

5.3. En este sentido, la tutela se convierte en un mecanismo idóneo de protección
inmediata de derechos fundamentales como el debido proceso y la tutela
judicial efectiva materializada en el acceso a la administración de justicia, pues
en el caso del actor, debe tenerse presente que no solo no se aplicó el
precedente jurisprudencial sino que tampoco se justificó de alguna manera las
razones por las que se apartaba del mismo, lo que implica una vulneración de
derechos fundamentales que deben ser protegidos por el juez constitucional.
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-048 de 20228, precisó:
“[e]l respeto por el precedente judicial exige que ningún juez (individual o colegiado) falle un
caso sin determinar si él mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de
decisión en relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de la
jurisprudencia. En particular, cuando las altas cortes se han pronunciado sobre determinado
asunto, el juez debe aplicar la regla fijada por ellas, pues, en estos casos, la autonomía judicial

7
Nótese que la sentencia de unificación SUJ-028-CE-S2-2022 se profirió el 28 de julio de 2022, fue notificada
por correo electrónico a las partes el 5 de agosto de 2022 y publicada en el boletín del Consejo de Estado
en la edición Nro. 258 del mes de septiembre de 2022.
8 Sentencia del 16 de febrero de 2022. Magistrada ponente Cristina Pardo Schlesinger.
7

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se restringe a los criterios unificadores de dichos jueces colegiados. En caso de que el juez
decida adoptar un cambio de postura y no lo justifique de manera expresa, la consecuencia
no es otra distinta a la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y el debido
proceso”.

De manera que, pese a que el ordenamiento jurídico establezca un recurso
que busca propender por asegurar la unidad de la interpretación del derecho
y cuya causal es “cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una
sentencia de unificación del Consejo de Estado”, lo cierto es que, en el caso
concreto, más que una posición del tribunal que hubiera contrariado o se
hubiera opuesto a la sentencia de unificación mencionada, lo que hizo fue
omitirla y tampoco manifestó las razones para apartarse del criterio
jurisprudencial o para inaplicar el mismo al caso y, en esa medida, sumado a
la naturaleza de la prestación que estaba en discusión y que merecía un
pronunciamiento en uno u otro sentido, hace que se evidencie una trasgresión
de derechos fundamentales que el juez de tutela no puede pasar por alto.

Por las razones expuestas, la Sala en el caso bajo estudio considera que debe
entenderse superado el requisito de subsidiariedad y pasará al estudio de
fondo del caso.

6. Defecto por desconocimiento del precedente y su análisis en el caso
concreto.

6.1. El precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido resuelto en el
pasado y sirve como referente para que se decidan otros conflictos
semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el
juez al momento de decidir el nuevo caso. Por lo anterior, la aplicación del
precedente busca armonizar y salvaguardar los principios de igualdad y
seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y,
consecuentemente, se garantice el debido proceso del ciudadano.

La Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del precedente judicial
implica que9 “…un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los)
caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia
jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente
y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más
específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.

Para la Sala10, puede plantearse la transgresión del precedente si se
demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan
identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación; (ii) que
tales decisiones eran vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto
por ser el precedente vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente;
(iii) que la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela es contraria al
precedente vinculante, (iv) y que el juez de instancia no presentó una
justificación razonable para apartarse del precedente vinculante.

El desconocimiento del precedente constitucional es una causal autónoma y
específica de procedibilidad, que se configura, entre otros motivos: (i) cuando

9 Corte Constitucional. SU-573 de 2017.
10 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 23 de abril de 2014. Expediente No. 11001-03-15-000-
2013-02625-00. C.P. Jorge Octavio Ramírez.
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Demandante: Germán Triviño Rojas

se contraría la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad y/o (ii)
cuando se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado a
través de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela, mucho más cuando
se trata de sentencias de unificación.

6.2. En el caso que corresponde estudiar en esta oportunidad, anticipa la Sala que
deberán tutelarse los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad
y de acceso a la administración de justicia invocados como desconocidos por
el actor Germán Triviño Rojas en la medida que, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, desconoció el reciente precedente de
unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en lo relacionado
con la denominada prima de riesgo. Las razones para llegar a esta conclusión
pasan a exponerse a continuación.

6.3. De acuerdo con los antecedentes, el señor Germán Triviño Rojas laboró al
servicio del entonces Departamento Administrativo de Seguridad DAS, desde
el 20 de enero de 1989 al 31 de agosto de 2011, en calidad de detective.

Reconocida la pensión al actor, consideró que debía ser reliquidada con la
inclusión de la totalidad de los factores percibidos en el último año de servicios
y que, debía tenerse en cuenta el tiempo laborado desde el reconocimiento de
la pensión de jubilación reconocida cuando aún estaba en servicio, hasta la
fecha en que se retiró del servicio.

La discusión se planteó ante el juez natural y, aun cuando en primera instancia
el Juzgado Quinto Administrativo de Medellín accedió a las pretensiones de la
demanda con los postulados vigentes para el momento en que se emitió esa
decisión11, en segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Segunda de Oralidad en la sentencia emitida el 25 de octubre de 2022,
confirmó parcialmente la decisión y la modificó en aspectos concretos del
restablecimiento del derecho, anunciando concretamente en relación con la
denominada prima de riesgo que pretendía el actor fuera incluida en la
liquidación pensional, que no se había demostrado que el actor hubiera
cotizado sobre esta prestación.

6.4. En concreto, la sentencia cuestionada en su estructura, planteó inicialmente
previo a resolver el problema jurídico, varios aspectos a considerar desde el
punto de vista de las normas y la jurisprudencia y, en concreto frente a la prima
de riesgo como factor a tener en cuenta en la pensión, sostuvo lo siguiente:
“9.7 De la prima de riesgo como factor pensional
En el artículo 4 del Decreto 1933 de 1989 se reguló una prima de riesgo para los empleados
pertenecientes a las áreas de dirección superior, operativa y los conductores del área
administrativa adscritos a los servicios de escolta, a la unidad de operaciones especiales y a
los grupos antiexplosivos. Esta prima se percibía mensualmente en un valor equivalente al
10% de su asignación básica y no podía percibirse simultáneamente con la prima de orden
público.
En el año 1994 se expidió el Decreto 132 con el que se concede dicha prima a los servidores
públicos que prestaban sus servicios de conductor a los Ministros y Directores de
Departamento Administrativo, equivalente al 20% de la asignación básica mensual y se resalta
que la prima de riesgo no tendría carácter salarial.

11 Sentencia emitida el 10 de marzo de 2016.
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Demandante: Germán Triviño Rojas

El 2 de junio de 1994 se profirió el Decreto 1137, “por el cual se crea una prima especial de riesgo
con carácter permanente para algunos empleados del Departamento Administrativo de Seguridad” . En
el artículo 1º se determinó que tendrían derecho a la prima los empleados que desempeñen
los cargos de Detective Especializado, Detective Profesional, Detective Agente, Criminalístico
Especializado, Criminalístico Profesional y Criminalístico Técnico que no estuviesen
asignados a tareas administrativas y los Conductores y que se recibiría mensualmente en
cuantía equivalente al 30% de su asignación básica mensual. Se dice en la disposición que la
prima de riesgo “no constituye factor salarial y no podrá percibirse simultáneamente con las primas de
que tratan los artículos 2º, 3º, y 4º del Decreto 1933 de 1989 y el Decreto 132 de 1994.”
Luego se expidió el Decreto 2646 del 2 de noviembre de 1994, a través del cual se establece
nuevamente la prima especial de riesgo para los empleados del Departamento Administrativo
de Seguridad y en mediante el artículo 5° deroga el canon 4º del Decreto 1933 de 1989 y el
Decreto 1137 de 1994. El artículo 1º del Decreto en mención dispuso que los empleados del Departamento
Administrativo de Seguridad que desempeñen cargos de Detective Especializado, Detective
Profesional, Detective Agente, Criminalístico Especializado, Criminalístico Profesional,
Criminalístico Técnico y los Conductores tendrían derecho a percibir mensualmente y con
carácter permanente dicha prima equivalente al 35% de la asignación básica. Mientras que en los artículos 2º y 3º la establecieron para otro tipo de empleados de esa
entidad, en cuantías del 30% y 15% en los siguientes términos:
“Artículo 2. Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad que desempeñen cargos del
área operativa no contemplados en el artículo anterior y los Directores Generales de Inteligencia e
Investigaciones, los Directores de Protección y Extranjería, el Jefe de la Oficina de Interpol, los Directores
y Subdirectores Seccionales, así como los Jefes de División y Unidad que desempeñen funciones
operativas y el Delegado ante Comité Permanente tendrán derecho a percibir mensualmente y con
carácter permanente una Prima Especial de Riesgo equivalente al treinta por ciento (30%) de su
asignación básica mensual. Artículo 3. Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad que desempeñen cargos de
las áreas de Dirección Superior y Administrativa no contemplados en los artículos anteriores, tendrán
derecho a percibir mensualmente y con carácter permanente una Prima Especial de Riesgo equivalente
al quince por ciento (15%) de su asignación básica mensual. Parágrafo. El Director y el Subdirector del Departamento no tendrán derecho a percibir la prima de que
trata el presente Decreto.”
Y en el artículo 4º del Decreto 2646 se determina que la prima especial de riesgo no constituye
factor salarial, así:
“La Prima a que se refiere el presente Decreto no constituye factor salarial y no podrá percibirse
simultáneamente con la prima de que trata el artículo 2º del Decreto 1933 de 1989 y el Decreto 132 de
1994.”. El Consejo de Estado consideró inicialmente que la prima especial de riesgos no podía ser
incluida para establecer el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación de los
empleados del Departamento Administrativo de Seguridad dado que no tenía el carácter de
factor salarial53.

Sin embargo, mediante fallo del 10 de noviembre de 2010 la Alta Corporación
replanteó la postura y dijo que:
“(…) la Sección Segunda del Consejo de Estado en anterior oportunidad respecto de la liquidación
pensional señaló54 que es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir
aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa
por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé.
(…) De lo anterior es claro, que el argumento del Tribunal resulta insuficiente y ambiguo, pues si bien es
cierto el Legislador señaló expresamente en los Decretos 1137 de 2 de junio de 1994 y 2646 de 29 de
noviembre de 1994, que la prima de riesgo no constituía factor salarial, también lo es que dicha prima
tiene proyección dentro del marco de la liquidación de la pensión, pues de conformidad con el artículo
73 del Decreto 1848 del 4 de noviembre de 1969 la pensión vitalicia de jubilación debe liquidarse con el
promedio de los salarios y primas de toda especie, razón por la cual el hecho de que la prima de riesgo
no tuviera el carácter de factor salarial no la excluía de ser tenida en cuenta para efectos liquidar la
pensión de jubilación del demandante. (…)” (Negrillas de origen). Luego el Consejo de Estado profirió la sentencia de unificación del 1º de agosto de 201356 a
través de la cual unificó el criterio en el sentido de considerar la prima de riesgos de los
servidores del Departamento Administrativo de Seguridad como factor salarial para el
reconocimiento de las pensiones de jubilación o de vejez de aquellos sujetos beneficiarios del

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régimen de transición pensional y dijo que sería constitutiva de salario únicamente para
establecer el ingreso base de cotización y para la liquidación de las mencionadas
prestaciones. Explicó la Corporación:
“(…) Teniendo en cuenta lo anterior, y con la finalidad de unificar criterios en torno al asunto específico
de la prima de riesgo de los servidores del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, como factor
para el reconocimiento de las pensiones de jubilación o de vejez de quienes sean sujetos del régimen
de transición pensional, la Sala en esta ocasión se permite precisar que dicha prima sí debe ser tenida
en cuenta para los fines indicados.
Lo anterior, en primer lugar, porque la jurisprudencia de esta Corporación, ha entendido por salario la
remuneración que percibe el trabajador por la prestación de un servicio a favor del empleador, de forma
personal, directa y subordinada, el cual, no sólo está integrado por una remuneración básica u ordinaria
sino también, por todo lo que bajo cualquier otra denominación o concepto, en dinero o en especies,
ingrese al patrimonio del trabajador en razón a la prestación de sus servicios.
Bajo estos supuestos, ha de decirse que todas las sumas que de manera habitual y periódica perciba
el trabajador, son factores que integran el salario que éste percibe lo que incide de manera directa en la
forma cómo se establecen los ingresos base de cotización y liquidación de una prestación pensional.
(…) Es precisamente este último principio, la primacía de la realidad sobre las formas, el que en este
caso permite advertir que la prima de riesgo, de los empleados del extinto Departamento Administrativo
de Seguridad, DAS, si goza del carácter de factor salarial, independientemente de que el Decreto 2646
de 1994 le niegue tal condición en la medida en que, como quedó visto, la referida prima constituye en
forma visible una retribución directa y constante a los detectives, criminalísticos y conductores en
atención a las características especiales de la labor que desarrollaban. (…)” (Negrillas de origen,
subrayas de la sala).
En la providencia se concluye que:
“(…) Así las cosas, y con el fin de unificar criterios en torno a la naturaleza de la prima de riesgo, concluye
la Sala, teniendo en cuenta lo expresado en precedencia, dicha prestación sí goza de una naturaleza
salarial intrínseca lo que permite que, en casos similares al presente, sea tenida en cuenta como factor
salarial para efectos de establecer el ingreso base de cotización y liquidación de la prestación pensional
de los servidores del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS (…)”.
Corolario de lo anterior, pese a que el legislador indicó expresamente en los Decretos 1137
de 2 de junio de 1994 y 2646 de 29 de noviembre de 1994, que la prima de riesgo no constituía
factor salarial, lo cierto es que dicha prima tiene proyección dentro del marco de la liquidación
de la pensión, toda vez que acorde con el artículo 73 del Decreto 1848 del 4 de noviembre de
1969, la pensión vitalicia de jubilación debe liquidarse con el promedio de los salarios y primas
de toda especie, motivo por el cual el hecho de que la prima de riesgo no tenga carácter
salarial, no la excluye de ser tenida en cuenta para efectos liquidar la pensión de jubilación de
los detectives del DAS que se encuentren en régimen de transición”.

Ya al abordar el caso concreto, sostuvo lo siguiente:
“Pide también el demandante se liquide la pensión con los factores devengados durante el
último año de servicios, incluida la prima de riesgo. De acuerdo con las normas citadas y la
sentencia de unificación del Consejo de Estado sólo pueden considerarse para la pensión los
factores cotizados previstos en los Decretos 1158 de 1994 y 1068 de 1995 .
El Consejo de Estado en sentencia del 8 de octubre de 2020 en el proceso con radicado No.
25000-23-42-000-2015-05021-01 y con ponencia de la Doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez,
sobre la prima de riesgo dijo:
“(…) 57. Ahora bien, en cuanto a la prima de riesgo, es de señalarse que es una remuneración mensual
de carácter permanente equivalente al 30% de la asignación básica mensual, creada, en principio, por
el Decreto 1137 de 1994, destinada a los empleados del DAS que se desempeñaran en los cargos de:
«(d)detective Especializado, Detective Profesional, Detective Agente, Criminalístico Especializado,
Criminalístico Profesional y Criminalístico Técnico que no estén asignados a tareas administrativas y los
Conductores»; sin embargo, fue clara en establecer que dicha prestación no debía tenerse en cuenta
como factor salarial y no podía percibirse simultáneamente con las primas descritas en los artículos 2.º,
3.º y 4.º del Decreto 1933 de 1989 y el Decreto 132 de 1994.
58. Esta norma, fue derogada por el Decreto 2646 de 1994, el cual reguló nuevamente la prima de riesgo
y determinó sus porcentajes de pago según el cargo que cada funcionario desempeñara en la entidad,
dejando claro que esta prestación no era factor salarial y no podía percibirse simultáneamente con la
prima que trata el artículo 2º del Decreto 1933 de 1989 y el Decreto 132 de 1984.

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59. Finalmente, el parágrafo 4º del artículo 2º de la Ley 860 de 200392 estableció el ingreso base de
cotización para el personal del DAS, al que se refieren los artículos 1º y 2º del Decreto 2646 de 199493,
que estará constituido por los factores incluidos en el Decreto 1158 de 1994, adicionado en un 40% de
la prima especial de riesgo a la que se refieren los artículos 1º y 2º del mencionado decreto. El porcentaje
del 40% considerado para el ingreso base de cotización se incrementará al 50% a partir del 31 de
diciembre del 2007.
60. No obstante lo anterior, de acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales relacionados con la
materia, señalados anteriormente, en el IBL pensional se deberán incluir los factores sobre los cuales se
hayan efectuado los correspondientes aportes, además de los previstos en los Decretos 691 y 1158 de
1994 como ingreso base de cotización (IBC), por lo tanto, la inclusión de la prima de riesgo se encuentra
supeditada a que el actor haya realizado aportes sobre ella, de lo cual no se evidencia prueba alguna.
61. En ese orden de ideas, al no existir prueba de las cotizaciones del accionante sobre la prima de
riesgo, esta no constituye factor salarial para tenerse en cuenta en el IBL, dado que no se permite la
inclusión dentro del mismo de los factores salariales sobre los cuales no se haya realizado aportes.
62. El anterior criterio, ha sido sostenido por esta Sala a través de providencia del 14 de noviembre de
201994, que resuelve una solicitud de extensión de jurisprudencia relacionada con la inclusión de la
prima de riesgo en el IBL pensional, en la que se concluye que «(…) la prima de riesgo no puede ser
incluida para calcular la reliquidación de la pensión de la actora, pues, como se dilucidó, sobre tal
emolumento no se realizaron los aportes a que había lugar, lo cual torna en improcedente la figura de la
extensión de jurisprudencia solicitada en la medida que desconoce de contera el principio medular del
sistema de seguridad social en pensiones.»
63. Criterio reiterado en providencia del 18 de mayo de 202095, en el que se determina que «(…) la
solicitud de extensión de jurisprudencia interpuesta por el señor Juan de Dios Restrepo Morales no
cumple con los requisitos exigidos por los artículos 102 y 267 del CPACA, en la medida que existe un
nuevo criterio jurisprudencial por parte de esta Corporación, sobre la interpretación que se le debe dar a
la liquidación del IBL de las personas beneficiarias del régimen de transición y que en consecuencia, no
permite la inclusión dentro del mismo de los factores salariales sobre los cuales no se haya cotizado
dentro de los últimos diez años laborados o del tiempo que hiciere falta para acceder a la mencionada
asignación.»
64. Por lo dicho en esta providencia, se revocará la sentencia de primera instancia, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, para en su lugar negarlas sin consideración adicional
sobre fondo del asunto. (…)”
En este caso no se demostró que el demandante haya cotizado sobre la prima de riesgo. La
anterior posición fue reiterada por el Consejo de Estado en la sentencia del 20 de noviembre
de 2020 en el proceso con radicado No. 25000-23-42-000-2013-00329-01 y con ponencia del
Doctor Cesar Palomino Cortés”.
6.5. Pues bien, de acuerdo con el recuento hecho en la sentencia que se cuestiona,
es posible advertir que, en efecto, no se hizo mención al reciente precedente
de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado, concretamente
la sentencia SUJ-028-S2-2022 del 28 de julio de 202212, que estableció varias
reglas de unificación en relación con el personal que estuvo al servicio del
DAS, dentro de las que destacó lo relacionado con la prima de riesgo y el deber
de cotización ante la respectiva entidad que, de no haberse efectuado, no
podía serle oponible al servidor.

En palabras de la sentencia de unificación, la tesis planteada por la Sección
Segunda es la siguiente:
“2.2. La prima de riesgo del Decreto 2646 de 1994 y su incidencia en el ingreso base de
liquidación
97. El Decreto 1137 del 2 de junio de 199453 creó la prima mensual de riesgo equivalente al
30% de la asignación básica, para los detectives de la entidad que no estén asignados a tareas
administrativas y los conductores, con la salvedad de que aquella no constituía factor salarial
y no podría devengarse simultáneamente con las primas de orden público, de clima y de riesgo
de que tratan los artículos 2, 3 y 4 del Decreto 1933 de 1989 y la de riesgo señalada por el
Decreto 132 del 17 de enero de 1994. Luego, el Decreto 2646 del 29 de noviembre de 1994
aumentó el porcentaje de dicho emolumento al 35%, para el anterior personal y extendió el

12 Expediente Nro. 25000-23-42-000-2013-02380-01 (2656-2014). Actor: Margenys del Socorro Enríquez
Erazo.
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beneficio para otros empleados del área no operativa y la hizo incompatible solamente con las
prestaciones con la misma denominación previstas en los Decretos 1933 de 1989 y 132 de
1994 y reiteró su exclusión como factor salarial. 98. Con todo, la sentencia del 1 de agosto de 2013 sostuvo que, como la prima de riesgo al
ser percibida en forma permanente y mensual, hace parte de la contraprestación directa que
recibían los servidores del DAS, debe ser considerada en la liquidación de la pensión. Este
planteamiento es incompatible con la interpretación que en la actualidad se viene dando por
el Consejo de Estado, desde la sentencia del 28 de agosto de 2018, que atiende la taxatividad
normativa para efectos de determinar los emolumentos que componen el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación o vejez. 99. Posteriormente, el parágrafo 457 del artículo 2 de la Ley 860 de 2003 incluyó la prima de
riesgo en el ingreso base de cotización para los servidores del DAS, ello se efectuó solo en
un porcentaje del 40% que se incrementó al 50% a partir del 31 de diciembre de 2007. Es
decir, a partir de este momento se previó que la prima en mención amplió sus efectos, pero
únicamente en materia pensional, sin extender su incidencia a otras prestaciones sociales, tal
y como lo observó la sentencia del 12 de mayo de 2022. 100. De acuerdo con lo anterior, en atención a lo previsto por el artículo 21 de la Ley 100 de
1993, aplicable a los servidores del DAS por remisión expresa de los Decretos 1835 de 1994
y 2090 de 2003 y por la Ley 860 de 2003, esta prima también debe componer el ingreso base
de liquidación de este personal, en el porcentaje que sirvió de base para los aportes. 101. En consecuencia, la prima de riesgo del DAS debe integrar el ingreso base de liquidación
de las pensiones del personal de que tratan los artículos 1 y 2 del Decreto 2646 de 1994, a
partir de la entrada en vigor de la Ley 860 de 2003, hasta que se llevó a cabo la incorporación
del personal del DAS a otras entidades luego de su supresión, de la siguiente forma:
• En porcentaje del 40%, desde el 26 de diciembre de 2003 hasta el 30 de diciembre de
2007.
• En porcentaje del 50%, desde el 31 de diciembre de 2007 hasta la incorporación de los
servidores del DAS a otras entidades, por disposición del Decreto Ley 4057 de 2011. 102. Luego, el mencionado Decreto Ley 4057 de 2011 previó que, a partir de la incorporación
de los servidores del DAS a otras entidades de la rama ejecutiva, la prima de riesgo «se
entiende integrada y reconocida en la asignación básica del nuevo cargo» . Por ende, en el evento en
que el empleo al que ingresara el servidor tuviera una asignación básica inferior al valor de
ambos conceptos, la diferencia se reconoce con una bonificación mensual individual por
compensación integrada a aquella y, por lo tanto, es factor salarial en su totalidad, para todos
los efectos legales. 103. Es de anotar que, con posterioridad al Decreto 2646 de 1994, los decretos que fijaron
anualmente la escala de remuneraciones para los empleos del DAS, a partir de 1997 previeron
una prima especial de riesgo, equivalente al 50% de la asignación básica para los servidores
señalados en los numerales 1 y 2 del mencionado Decreto 2646 de 1994 «que presten sus
servicios en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, bien sea en Casa Militar
o en la Secretaría para la Seguridad del Presidente, en virtud de comisión, destinación o asignación» al
igual que para las personas que se desempeñaran como escolta de ministros y director del
DAS. De acuerdo con aquellos decretos esta prima especial «no constituye factor salarial para
ningún efecto legal» y no podría devengarse simultáneamente con la prima regulada por el
Decreto 2646 de 1994. 104.

En esas condiciones, la prima especial de riesgo de que tratan los mencionados decretos
se distingue de la prestación económica que recibe la misma denominación señalada por el
Decreto 2646 de 1994, que es a la que se circunscribe el análisis de esta providencia, y que,
a su vez, es objeto de consideración en el ingreso base de cotización a pensión, pues así lo
indicó expresamente la Ley 860 de 2003. Por lo tanto, la incidencia pensional de la prima de
riesgo de los decretos que fijan las escalas de remuneración para los servidores del DAS
anualmente deberá ser analizada en cada caso particular y concreto, cuando ello sea
necesario. 105. En suma, la incorporación de la prima de riesgo a la base de cotización pensional tiene
incidencia en el período para efectos de la liquidación de la pensión y no en el estatus
pensional, pues este puede alcanzarse con posterioridad a la Ley 860 de 2003. 2.2.1. Obligaciones del empleador frente a los aportes para pensión

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106. Antes quedaron delimitadas las condiciones para acceder a la pensión especial por alto
riesgo, sus destinatarios, cómo debe realizarse la liquidación de la prestación y los factores
que deben incluirse en el ingreso base de liquidación. Sin embargo, la Sala estima necesario
referirse al evento en el que se hubieran dejado de efectuar los aportes correspondientes al
sistema general de seguridad social en pensiones, sobre los emolumentos que deben ser base
de cotización. 107. Según el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, durante la vigencia de la relación laboral
existe el deber de realizar cotizaciones obligatorias al sistema general de pensiones tanto por
los afiliados como por los empleadores. En armonía con lo anterior, el artículo 22 prescribe
que el empleador es el responsable del pago de sus aportes y los de sus trabajadores. Para
ello, deduce del salario del empleado el valor de la cotización obligatoria. La totalidad de las
sumas deben ser trasladadas a la entidad de previsión social, dentro de los plazos señalados
por el gobierno nacional. En todo caso, es el empleador el responsable por la totalidad del
aporte «aun en el evento de que no hubiere efectuado el descuento al trabajador». Este
contenido normativo es reiterado en el Decreto 692 del 29 de marzo de 1994 (artículo 27). 108. Por su parte, el artículo 53 de la Ley 100 de 1993 confirió a las entidades administradoras
amplias facultades de fiscalización e investigación sobre los empleadores para asegurar el
cumplimiento de dicha ley. Dentro de aquellas está la de verificación de la exactitud de las
cotizaciones y aportes. Igualmente, el Decreto 1161 del 3 de junio de 1994 impuso a las
administradoras de pensiones el deber de verificación de las consignaciones «en especial, si
los valores aportados se ajustan a la ley» (artículo 8 compilado por el Decreto 1833 de 2016,
artículo 2.2.3.1.18). 109. De acuerdo con esta verificación y en caso de que la administradora observe que los
valores no se ajustan a la ley, bien sea porque se omite el pago oportuno o el monto
consignado es inferior, el ordenamiento jurídico colombiano contiene los mecanismos para
asegurar el cumplimiento de aquellas obligaciones y señala las consecuencias de su
incumplimiento. 110. Según el artículo 23 de la misma Ley 100 de 1993 el empleador que no realice las
consignaciones de los aportes estará a cargo de un interés moratorio igual al que rige para el
impuesto a la renta. Así mismo, se prevén consecuencias disciplinarias para quienes
desarrollan la función pública de ordenador del gasto, que sin justa causa se abstengan de
efectuar la consignación oportuna de estos conceptos. Adicionalmente, con el fin de asegurar
el cumplimiento de la ley, el artículo 24 ibidem instituyó las acciones de cobro en cabeza de
las entidades administradoras de los aportes adeudados, y el artículo 57 señala la posibilidad
de adelantar el cobro coactivo, para hacer efectivos sus créditos. 111. Todo lo anterior permite garantizar que el trabajador logre acceder a su derecho pensional
con la plenitud de condiciones que las normas consagran, así como la sostenibilidad financiera
del sistema pensional. Ello atiende el principio protector que está ligado con la propia razón
de ser del derecho del trabajo. Este principio parte de la consideración especial que se tiene
frente a quien se presenta en el extremo más débil de la relación laboral, por ende, hay
desigualdad o discriminación positiva en su favor a fin de equipararlo con la otra parte, de
manera que se tiende a brindar una protección jurídica favorable para el trabajador.
(…)
115.

De esta manera, el hecho de que el empleador no haya cumplido con el descuento y
pago oportuno de los aportes correspondientes y de que la entidad administradora de
pensiones haya omitido su deber de verificación y ejecución de los procedimientos tendientes
a su pago, en manera alguna puede imponerse como un obstáculo para el reconocimiento de
la pensión, que tiene la finalidad de cubrir los riesgos derivados de la vejez, invalidez o muerte,
pues se trata de la negligencia de las entidades cuyas consecuencias no pueden ser
trasladadas al trabajador. 116. Cuando la administradora no adelanta las gestiones necesarias para el cobro respectivo
o acepta el pago extemporáneo de aportes por parte del empleador, se entiende que asume
las consecuencias derivadas de su propia negligencia. En este caso, le corresponde admitir
la mora patronal y reconocer el pago de las mesadas a las que tiene derecho el trabajador. Ahora, como las instituciones que administran el sistema de pensiones disponen de todas las
herramientas jurídicas para hacer exigible la consignación efectiva de los aportes, la
constitución en mora del empleador en manera alguna justifica la negativa del derecho

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Demandante: Germán Triviño Rojas

pensional a la persona que cumple con los requisitos para acceder a ella. Es este el contenido
del llamado allanamiento a la mora.
(…)
119. Todo lo expuesto lleva a concluir que, los servidores del DAS, para quienes se previó que
la prima de riesgo haría parte del ingreso base de cotización, no deben verse afectados en su
derecho pensional, por el hecho de que no acrediten los descuentos sobre este factor con
incidencia pensional. Ciertamente, era responsabilidad de su empleador efectuar las
deducciones y traslados correspondientes por este concepto, obligación que debía ser
verificada por el ente de previsión social, conforme las competencias legal y
reglamentariamente asignadas. Así las cosas, el incumplimiento de estos últimos no debe ser
asumido por el trabajador que aspira a consolidar su derecho pensional, en la plenitud de las
condiciones que concede la ley.
120. Frente a esta interpretación es importante precisar que no se considera que con ella de
desconozca el Acto Legislativo 01 de 2005, en cuanto señala «Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones», si se parte de que dichas cotizaciones han debido efectuarse según las
disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia y las consecuencias de su
incumplimiento están igualmente reguladas por la ley.
121. En esas condiciones, entender que la omisión de las autoridades públicas ya sea como
empleadores o como administradoras de pensiones es causa suficiente para disminuir el
derecho a la pensión, como componente de la garantía de seguridad social, sería tanto como
admitir la validez de una actuación que vulnera el ordenamiento jurídico y que, a su vez,
conlleva la afectación de los fines esenciales del Estado, especialmente los de promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en el artículo 2 de la Constitución; del mismo artículo 48 superior, que garantiza
los derechos adquiridos con arreglo a la ley y del artículo 53, que tiene dentro de los principios
mínimos fundamentales en materia laboral: la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales; la situación más favorable al trabajador en caso de duda
en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y la garantía a la seguridad
social.
122. En consecuencia, los errores, omisiones o inexactitudes en la consignación de los aportes
no son un aspecto que pueda modificar las condiciones en las cuales la ley concede el derecho
pensional, cuando el afiliado ha acreditado los requisitos para acceder a la prestación”.

Para la Sala, debió atenderse al precedente de unificación que de manera
específica reguló el caso de la prima de riesgo de los ex servidores del extinto
DAS así como las consecuencias en la omisión de las cotizaciones y aportes
a efectos del reconocimiento y la inclusión de la prestación en la liquidación
pensional, estableciendo las siguientes reglas de unificación:
“3. Reglas de unificación
(i) Los servidores que desarrollaron actividades de alto riesgo del DAS, cobijados por los
regímenes de transición de que tratan los Decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003 y la Ley
860 de 2003, tienen derecho a que se respeten las condiciones de edad, tiempo de
servicios y monto, entendido como el porcentaje o tasa de retorno, señalados por los
Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, sin embargo, el ingreso base de liquidación es
el previsto por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, este es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente
con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

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(ii) Los factores salariales que se deben tener en cuenta para liquidar las pensiones aquí
referidas son los devengados por el servidor que, de acuerdo con el Decreto 1158 de
1994 y demás normas aplicables, constituyen la base de cotización para pensión. En el
caso del personal del DAS de que tratan los artículos 1 y 2 del Decreto 2646 de
1994, la prima de riesgo prevista en este decreto debe incluirse para liquidar la
pensión a partir de la entrada en vigor de la Ley 860 de 2003, en los porcentajes
señalados por el artículo 2 de la misma ley, es decir:
• En el 40%, desde el 26 de diciembre de 2003 hasta el 30 de diciembre de 2007.
• En el 50%, desde el 31 de diciembre de 2007 hasta la incorporación de los servidores del
DAS a otras entidades, por disposición del Decreto 4057 de 2011.
(iii) Si el empleador no cumplió la obligación de realizar los descuentos en el porcentaje
a su cargo y el del empleado destinados a las cotizaciones para el sistema de
pensión sobre los factores devengados que, de conformidad con el Decreto 1158
de 1994 y la Ley 860 de 2003, debían ser base de cotización o si omitió el traslado
de la cotización especial por alto riesgo, sin que la entidad de previsión social
hubiera adelantado las gestiones pertinentes para su cobro, ello no es oponible al
interesado para que la pensión especial se reconozca y liquide de acuerdo con los
parámetros indicados en esta sentencia.
123. Se aclara que no se desconoce que anteriormente se emitieron algunas providencias de
Subsección en las que se adoptaron interpretaciones distintas en relación con la inclusión de
la prima de riesgo del DAS como factor salarial en el ingreso base de liquidación de las
pensiones sometidas al régimen especial aquí estudiado, tal y como se expuso en el auto del
23 de septiembre de 2021, por el cual esta Sección avocó conocimiento del asunto. Sin
embargo, la Sala de Sección acoge las reglas de unificación aquí definidas, pues luego
de efectuar una nueva revisión de la materia bajo los parámetros de las Leyes 860 de
2003 y 100 de 1993, en armonía con las obligaciones que se generan a cargo del
empleador, particularmente, con la de deducir los aportes y su traslado a los entes de
previsión social, derivada del artículo 22 de la mencionada Ley 100 de 1993, lleva a la
conclusión de que la motivación que en esta oportunidad se presenta se acompasa de
mejor forma con los principios que inspiran el derecho laboral y el de sostenibilidad
financiera del sistema pensional”.

6.6. De manera que, se cumplen los presupuestos para entender que se trataba
de un precedente jurisprudencial de obligatoria observancia por parte del
tribunal en la decisión, pues: (i) la situación fáctica de la demandante que se
estudió en la sentencia de unificación de la Sección Segunda de esta
Corporación es similar al caso del actor; (ii) se trata de una sentencia anterior
a la decisión del tribunal, pues es un pronunciamiento del 28 de julio de 202213;
(iii) se trata de una sentencia de unificación sobre el tema que fijó unas reglas
de obligatoria observancia y, (iv) es una decisión que de manera expresa dejó
establecido que tenía efectos retrospectivos, de manera que las reglas
jurisprudenciales allí establecidas se aplicarían a todos los casos pendientes
de solución tanto en vía administrativa como judicial.
6.7. En ese orden de ideas, encuentra la Sala que el tribunal debió observar el
precedente de unificación de la Sección Segunda citado y, de considerar que
no había lugar a tenerlo en cuenta, debió haberlo dejado dicho de manera
expresa en la decisión cuestionada, indicando las razones por las que se
apartaba del precedente de unificación.
Debe dejar claro esta Sección que, la decisión de amparo que se adoptará en
esta sentencia, no implica que la decisión del tribunal accionado deba
adoptarse en uno u otro sentido, pues es claro que debe respetarse y
atenderse al principio de autonomía judicial con el que cuentan las autoridades
judiciales.
13 Notificada por correo electrónico a las partes el 5 de agosto de 2022.
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4. Conclusión

Tales consideraciones resultan suficientes para concluir que el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad incurrió en defecto por
desconocimiento del precedente, razón por la que se ampararán los derechos
fundamentales del actor, se dejará sin efectos la sentencia del 25 de octubre de
2022 y, en consecuencia, se ordenará al tribunal accionado para que dentro de los
veinte (20) días siguientes a la notificación de la presente providencia, dicte una
nueva sentencia en la que tenga en cuenta las consideraciones hechas en este fallo.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia invocados del señor Germán Triviño
Rojas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. En consecuencia, dejar sin efectos la sentencia del 25 de octubre de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de
Oralidad, y ordenar a esa autoridad judicial que, dentro de los veinte (20) días
siguientes a la notificación de la presente providencia, profiera una sentencia
de reemplazo en la que tome en consideración las pautas indicadas en la parte
motiva de esta providencia.

3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

5. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRON

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