Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00680-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00680-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00680-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
9 de marzo de 2023
Demandante: Martha Eugenia Gómez Guarín
como agente oficiosa de Leonor Gómez Guarín
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00680-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00680-00
Demandante: MARTHA EUGENIA GÓMEZ GUARÍN COMO AGENTE
OFICIOSA DE LEONOR GÓMEZ GUARÍN
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO
Temas: Mora judicial – Ampara – Ordena notificar actuación
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la solicitud de amparo presentada por la señora Martha
Eugenia Gómez Guarín contra el Tribunal Administrativo de Santander y el
Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
La señora Martha Eugenia Gómez Guarín, quien manifestó actuar como agente
oficiosa1 de la señora Leonor Gómez Guarín, presentó acción de tutela el 9 de
febrero de 2023, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la
salud, a la vida, a la integridad personal, al mínimo vital, al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, y “a un proceso sin dilaciones injustificadas”.
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas por el Tribunal
Administrativo de Santander y el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Bucaramanga, con ocasión a la falta de pronunciamiento respecto del
recurso de apelación que se presentó contra la providencia que aprobó la
liquidación del crédito, dictada dentro del proceso ejecutivo que adelantó la señora
Leonor Gómez Guarín contra la ahora Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante
UGPP), identificado con el radicado número 68001-33-33-003-2008-00085-00/01.
1
La señora Martha Eugenia Gómez Guarín allegó con el escrito de tutela la historia clínica de la
señora Leonor Gómez Guarían, así como la providencia en la que el Juzgado Quinto de Familia de
Bucaramanga designó a la accionante como apoyo judicial de su hermana, dichos medios de
convicción reposan en el aplicativo SAMAI.
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Demandante: Martha Eugenia Gómez Guarín
como agente oficiosa de Leonor Gómez Guarín
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
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1.2. Pretensiones
Las pretensiones de la solicitud de amparo son las siguientes:
“[…] PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales, a la salud, a la vida digna, a la
integridad personal, al mínimo vital, al debido proceso, al acceso efectivo a la
administración de justicia y a un proceso sin dilaciones injustificadas de la señora
Leonor Gómez Guarín.
SEGUNDO: Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA decida
con prontitud y celeridad el recurso de apelación contra la providencia que aprobó la
liquidación del crédito y, como consecuencia de ello, remita a la mayor brevedad al
JUZGADO TERCERO (3) ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA las diligencias
para que, se entregue el depósito judicial en favor de mi hermana LEONOR GÓMEZ
GUARIN, sin más dilaciones injustificadas […]”.
1.3. Hechos
La parte actora fundó su escrito de tutela en los siguientes:
1.3.1. La señora Martha Eugenia Gómez Guarín manifestó actuar como agente
oficiosa de la señora Leonor Gómez Guarín, quien actualmente padece las
siguientes patologías: “[…] 1) Enfermedad de Alzheimer de comienzo tardío, 2)
Diabetes Mellitus tipo II, 3) Hipotiroidismo, 4) Incontinencia fecal y urinaria, 5) Trastorno
depresivo. 6) trastorno de la marcha con postración, 7) Tendencia al mutismo, apatía y
ánimo depresivo, 8) Fallas en la memoria a corto plazo, memoria episódica y anomalías
aisladas. 9) Progresión del deterioro cognitivo hasta el estadio “severo” con dependencia
para las actividades de la vida diaria e instrumentales […]”.
1.3.2. La señora Martha Eugenia Gómez Guarín expresó que, en el año 2008, su
hermana Leonor Gómez Guarín, en pleno uso de sus facultades y por medio de
apoderado judicial, radicó medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la extinta CAJANAL, en el cual se accedieron a sus pretensiones.
1.3.3. Por consiguiente, inició un proceso ejecutivo contra la UGPP, con el fin de
cobrar el dinero que se le reconoció en el proceso ordinario, de manera que, el 27
de abril de 2016, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Bucaramanga libró mandamiento de pago a favor de la señora Leonor Gómez
Guarín; el 27 de septiembre de 2017, el Tribunal Administrativo de Santander
ordenó seguir adelante con la ejecución; y el 31 de mayo de 2019, se profirió auto
de obedézcase y cúmplase en relación con la sentencia del tribunal.
1.3.4. Mencionó que el 11 de junio de 2019 se corrió traslado de la liquidación del
crédito, la cual se aprobó por auto de 20 de junio de 2019, y adujo que, dicha
decisión fue recurrida por la UGPP, por lo que se corrió traslado del recurso el 2
de julio de 2019, y el 22 de julio de 2019 se decidió reponer la decisión y se
ordenó enviar el expediente al profesional contable del Tribunal Administrativo de
Santander para revisar la liquidación.
1.3.5. Adicionalmente precisó que por medio de auto de 15 de octubre de 2020 se
aprobó la liquidación, sin embargo, esa decisión fue apelada por la parte
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ejecutada, dicho recurso se concedió el 5 de noviembre de la misma anualidad, y
se ordenó remitir al Tribunal Administrativo de Santander para su conocimiento.
1.3.5. Finalmente expresó que, a la fecha de radicación de esta tutela, el Tribunal
Administrativo de Santander no se había pronunciado respecto del mencionado
recurso, por lo que estaba incurriendo en una mora judicial.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La tutelante consideró que los derechos fundamentales a la salud, a la vida, a la
integridad personal, al mínimo vital, al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, y “a un proceso sin dilaciones injustificadas ” están siendo
transgredidos, con fundamento en que, a la fecha de radicación de esta tutela, el
Tribunal Administrativo de Santander no se había pronunciado respecto del
recurso de apelación que la UGPP interpuso contra el auto de 15 de octubre de
2020, por medio del cual se aprobó la liquidación del crédito en el marco del
proceso ejecutivo identificado con el radicado N.º 68001-33-33-003-2008-00085-
00/01.
1.5. Trámite de la acción de tutela
En auto de 14 de febrero de 2023, el magistrado ponente de esta decisión admitió
la acción constitucional y ordenó notificar a la parte accionada, así como vincular
en calidad de tercero con interés a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) [parte
ejecutada en el proceso N.º 68001-33-33-003-2008-00085-00/01], para que si lo
consideraba del caso interviniera en la presente acción constitucional.
1.6. Intervenciones
Realizada la notificación ordenada, se presentaron las siguientes:
1.6.1. Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Bucaramanga
Por medio de contestación de 16 de febrero de 2023, la juez titular intervino en la
presente acción de tutela, donde mencionó que a la accionante se le han
respetado sus derechos fundamentales, y adicionalmente expuso lo siguiente:
Precisó que dentro del trámite judicial del proceso ejecutivo objeto de debate, se
agotaron todas y cada una de las etapas procesales como lo indica la tutelante y
como consta en el Sistema Justicia Siglo XXI, de suerte que:
(i) Mediante proveído de 27 de abril de 2016 se libró mandamiento de pago.
(ii) En auto de 27 de septiembre de 2017 se ordenó seguir adelante la ejecución.
(iii) El 31 de mayo de 2019 se profirió auto de obedézcase y cúmplase en relación
con la providencia del superior que confirmó la sentencia de primera instancia.
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(iv) El 11 de junio de 2019 se corrió traslado de la liquidación del crédito, la cual se
aprobó por auto de 20 de junio de 2019; precisó que, dicha decisión fue recurrida,
y se corrió traslado del recurso el 2 de julio del mismo año, y el 22 del mismo mes
y año se repuso la decisión y se ordenó enviar el expediente al profesional
contable del Tribunal Administrativo de Santander para revisar la liquidación.
(v) Por auto del 15 de octubre de 2020 se aprobó la liquidación, no obstante, dicha
decisión fue apelada por la parte ejecutada, de manera que “[…] se corrió traslado
del recurso el 29 de octubre de 2020, por auto del 5 de noviembre siguiente se concedió
el recurso y se ordenó remitir al Tribunal Administrativo de Santander para resolver la
alzada […]”.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Santander
A través de correo electrónico de 16 de febrero de 2023, la judicatura accionada
allegó el enlace para consultar las etapas procesales que se han surtido al interior
del proceso ordinario, así mismo, rindió informe, y allegó un auto de 15 de febrero
de 2023, por medio del cual se remitió el expediente a otro despacho.
Lo anterior, en razón a que, al revisar el escrito del recurso de alzada que radicó la
UGPP contra el auto de 15 de octubre de 2020, que aprobó la liquidación del
crédito y costas, el magistrado Iván Fernando Prada Macías advirtió que en el fallo
de segunda instancia el ponente había sido el magistrado Julio Edisson Ramos
Salazar.
De manera que, remitió el asunto con base en el siguiente argumento:
“[…] en atención a lo dispuesto en el artículo 8° numeral 8.5 del acuerdo PSAA06-
3334 de 2006, según el cual: “Cuando un asunto fuere repartido por primera vez en
segunda instancia, en todas las demás ocasiones en que deba volver al superior
funcional, el negocio corresponderá a quien se le repartió inicialmente”, es
procedente remitir el expediente al Despacho del H. Magistrado Julio Edisson
Ramos Salazar […]”.
Por su parte, y respecto a la presunta mora judicial, el togado manifestó que la
tardanza le era atribuible a la Secretaría del tribunal, pues pese a que el proceso
fue objeto de reparto por parte de la Oficina Judicial el 19 de noviembre de 2020,
según acta obrante en el expediente, solo fue hasta el 15 de febrero de 2023, que:
(i) se realizó la correspondiente radicación en el aplicativo SAMAI; y (ii) se ingresó
el expediente al Despacho, “[…] situación que se evidenció con ocasión a la acción de
tutela interpuesta por la señora Leonor Gómez Guarín, identificada con el radicado No.
11001-03-15-000-2023-00680-00 […]”.
En consecuencia, y con ocasión a lo anterior, precisó que encontraba necesario
compulsar copias de lo descrito para que la Secretaría de la Corporación, en
ejercicio de su competencia, adelantara las actuaciones disciplinarias a las que
hubiere lugar.
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de
tutela presentada por la señora Martha Eugenia Gómez Guarín como agente
oficiosa de su hermana, la señora Leonor Gómez Guarín contra el Tribunal
Administrativo de Santander y el Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Bucaramanga, de conformidad con los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa
La señora Martha Eugenia Gómez Guarín manifestó que presentaba esta acción
de tutela como agente oficiosa de su hermana, la señora Leonor Gómez Guarín,
puesto que padece diversas patologías que le impiden ejecutar actos jurídicos
concretos.
Para probar lo anterior, anexó con el escrito de tutela la historia clínica de la
señora Leonor Gómez Guarín y la providencia de 24 de noviembre de 2022 por
medio de la cual el Juzgado Quinto de Familia de Bucaramanga designó a la
accionante como apoyo judicial de su hermana, y dentro de los actos jurídicos
concretos que tiene permitidos realizar se encuentra el siguiente:
“[…] RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN O CONDENA QUE SE IMPUSO A LA
UGPP EN SU FAVOR POR CONCEPTOS PRESTACIONALES E INTERESES
MORATORIOS […]”.
De manera que, esta Sala de Decisión, con fundamento en los medios de
convicción allegadas a la presente acción de tutela, reconocerá a la señora
Martha Eugenia Gómez Guarín como agente oficiosa de su hermana, la señora
Leonor Gómez Guarín.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales de la parte accionada, con ocasión a
que, a la fecha de radicación de esta tutela, el Tribunal Administrativo de
Santander no se había pronunciado respecto del recurso de apelación que la
UGPP interpuso contra el auto de 15 de octubre de 2020, por medio del cual se
aprobó la liquidación en el marco del proceso ejecutivo identificado con el radicado
N.º 68001-33-33-003-2008-00085-00/01.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
naturaleza de la acción de tutela; (ii) mora judicial justificada y (iii) análisis del
caso concreto.
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2.4. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable2.
2.5. Mora judicial justificada
La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial se
encuentra justificado en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una
actuación tiene lugar debido a la complejidad particular del asunto o a la existencia
de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios
judiciales3.
Por su parte, el Alto Tribunal ha indicado que, en estos casos, existe una
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, en aquellos casos en los que dicho retardo se deba a la
falta de diligencia y la omisión sistemática en el cumplimiento de los deberes de
tales servidores públicos4.
De igual forma, dicha Corte ha considerado que “atendiendo la realidad del país, en la
gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es imputable al
actuar de los funcionarios judiciales”5.
A su vez, frente al particular, la Corte Constitucional afirmó que:
“(…) por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por
ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable
al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo,
no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012,
luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta
Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra
justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del
proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se
2
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
3
Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, Sentencia T-1019 del 06.11.10., M.P. Nilson Pinilla
Pinilla.
4
Ibidem.
5
Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-230 del 18.04.13., M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
6
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constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración
de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii)
cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la
resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los
términos de la misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada,
cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su
comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus
funciones.” (Negrilla y subrayado fuera del texto)
Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
en relación con la existencia de mora judicial6, según la cual solo se predica si hay
dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez.
De acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso de las partes en un proceso.
En este sentido, esta Corporación ha señalado que, en caso de comprobarse una
dilación injustificada del proceso, la acción de tutela resulta procedente con el fin
de amparar los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia7.
Al respecto, se ha precisado que:
“la mora judicial o administrativa que configura vulneración del derecho
fundamental al debido proceso se caracteriza por: (i) el incumplimiento de los
términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del
funcionario competente; (ii) que la mora desborde el concepto de plazo razonable
que involucra: análisis sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal del
interesado, la conducta de la autoridad competente y el análisis global de
procedimiento y (iii) la falta de motivo o justificación razonable en la demora.”8
2.6. Caso concreto
En la presente solicitud de amparo, la señora Martha Eugenia Gómez Guarín,
como agente oficiosa de la señora Leonor Gómez Guarín, presentó acción de
tutela el 9 de febrero de 2023, con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales a la salud, a la vida, a la integridad personal, al mínimo vital, al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, y “ a un proceso sin
dilaciones injustificadas”.
6
Al respecto, consultar: Sentencia del 31.10.18., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 54001-23-33-
0002018-00276-01; Sentencia del 14.11.19., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-
2019-04391-00; Sentencia del 10.09.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
03562-00; Sentencia del 10.09.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 76001-23-33-000-2020-
00925-01; Sentencia del 17.09.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-02484-
01; Sentencia del 24.09.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-
2020-03578-00; Sentencia del 08.10.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-
03-15-000-2020-03907-00; Sentencia del 15.10.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad.
11001-03-15-000-2020-04098-00; Sentencia del 05.11.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad.
11001-03-15-000-2020-04370-00 y Sentencia del 26.11.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-
03-15-000-2020-04518-00.
7
Al respecto ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 30 de
enero de 2003 con Radicación N° 2002-1267-01(AC-309). M.P. Alier Eduardo Hernández
Enríquez.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, sentencia del 26 de
enero de 2012. M.P. Susana Buitrago Valencia, Radicado No. 5001-23-31-000-2011-00480-01.
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Lo anterior, con fundamento en que, a la fecha de radicación de esta tutela, el
Tribunal Administrativo de Santander no se había pronunciado respecto del
recurso de apelación que la UGPP interpuso en el marco del proceso ejecutivo
identificado con el radicado N.º 68001-33-33-003-2008-00085-00/01.
Ahora bien, de la revisión del expediente, y teniendo en cuenta el informe que
presentaron las autoridades judiciales enjuiciadas, se tiene que, en efecto el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga a través de
auto de 5 de noviembre de 2020 remitió el expediente al Tribunal Administrativo de
Santander para que conociera de la apelación que la UGPP había radicado contra
la providencia de 15 de octubre del mismo año, por medio del cual se aprobó la
liquidación del crédito y costas.
No obstante, y conforme a lo explicado por el magistrado Iván Fernando Prada
Macías en su intervención, el recurso de apelación objeto de debate se registró
por parte de la Secretaría General del tribunal en el aplicativo SAMAI hasta el 15
de febrero de 2023, fecha en la que se notificó el auto admisorio de la presente
tutela.
Adicionalmente adujo que, con ocasión a lo anterior, el mismo 15 de febrero de
2023 profirió providencia en la que remitió el expediente al Despacho del
magistrado Julio Edisson Ramos Salazar, quien conoció la segunda instancia del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, donde se profirieron
las sentencias que dieron lugar al proceso ejecutivo del que se predica la presunta
mora judicial.
Lo anterior “[…] en atención a lo dispuesto en el artículo 8° numeral 8.5 del acuerdo
PSAA06-3334 de 2006, según el cual: “Cuando un asunto fuere repartido por primera
vez en segunda instancia, en todas las demás ocasiones en que deba volver al
superior funcional, el negocio corresponderá a quien se le repartió inicialmente”, es
procedente remitir el expediente al Despacho del H. Magistrado Julio Edisson Ramos
Salazar […]”. (Resaltas fuera del texto original)
En ese sentido, para esta Sala de Decisión es claro que en el presente caso si
bien, el Tribunal Administrativo de Santander explicó y justificó las razones por las
cuales hubo una tardanza9, lo cierto es que la demora al interior del proceso
identificado con el radicado Nº. 68001-33-33-003-2008-00085-00/01 persiste.
Aunado a lo expuesto en el párrafo anterior, es importante precisar que, por medio
de correo electrónico de 16 de febrero de 2023, se remitió el proceso ejecutivo en
cuestión al magistrado Ramos Salazar, como se puede advertir en la siguiente
imagen:
9
Existió un error de la Secretaría General, pues solo registró y pasó el expediente a Despacho
hasta el 15 de febrero de 2023.
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En ese sentido, si bien el Tribunal Administrativo de Santander adujo que en este
momento el expediente ya se encuentra en el Despacho del magistrado Edisson
Ramos Salazar, lo cierto es que no se evidencia que el auto de 15 de febrero de
2023, se le haya notificado a la señora Martha Eugenia Gómez Guarín, como
agente oficiosa de la señora Leonor Gómez Guarín.
En razón a lo anterior, esta Sección amparará los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, y le ordenará al
Tribunal Administrativo de Santander que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas contado a partir de la notificación de esta providencia, notifique el auto de 15
de febrero de 2023 a la señora Martha Eugenia Gómez Guarín, como agente
oficiosa de la señora Leonor Gómez Guarín, en debida forma.
3. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: RECONOCER a la señora Martha Eugenia Gómez Guarín como
agente oficiosa de su hermana, la señora Leonor Gómez Guarín.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia de la señora Martha Eugenia Gómez Guarín,
como agente oficiosa de la señora Leonor Gómez Guarín, y ORDÉNASE al
Tribunal Administrativo de Santander que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas contado a partir de la notificación de esta providencia, notifique el auto de 15
de febrero de 2023, en debida forma.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
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Demandante: Martha Eugenia Gómez Guarín
como agente oficiosa de Leonor Gómez Guarín
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00680-00
CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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