Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-00680-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-00680-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2023-00680-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
13 de julio de 2023
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00680 01
Accionante: Martha Eugenia Gómez Guarín,
como agente oficiosa de Leonor Gómez Guarín
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00680 01
Accionante: MARTHA GÓMEZ GUARÍN, COMO AGENTE OFICIOSA DE
LEONOR GÓMEZ GUARÍN
Accionado: JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DE
BUCARAMANGA Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER
Tesis: Se configura la carencia actual de objeto por hecho
superado cuando en el transcurso de la acción de tutela la
autoridad judicial del proceso ordinario satisface lo
pretendido por el accionante.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la accionante en contra del
fallo de tutela proferido el 9 de marzo de 2023 por la Sección Quinta del
Consejo de Estado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Martha Eugenia Gómez Guarín, actuando como agente oficiosa
de su hermana la señora Leonor Gómez Guarín, promovió acción de tutela
en contra del Juzgado Tercero Administrativo Oral de Bucaramanga y el
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Accionante: Martha Eugenia Gómez Guarín,
como agente oficiosa de Leonor Gómez Guarín
Tribunal Administrativo de Santander1, y para ello formuló las siguientes
pretensiones2:
“[…] PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales, a la salud, a la
vida digna, a la integridad personal, al mínimo vital, al debido
proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia y a un
proceso sin dilaciones injustificadas de la señora Leonor Gómez
Guarín.
SEGUNDO: Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BUCARAMANGA decida con prontitud y celeridad el recurso de
apelación contra la providencia que aprobó la liquidación del crédito
y, como consecuencia de ello, remita a la mayor brevedad al
JUZGADO TERCERO (3) ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA las
diligencias para que, se entregue el depósito judicial en favor de mi
hermana LEONOR GÓMEZ GUARÍN, sin más dilaciones injustificadas
[…]”. [Mayúsculas y negrillas del escrito de tutela].
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La señora Martha Eugenia Gómez Guarín informó que su hermana, la
señora Leonor Gómez Guarín, padece las siguientes patologías: “(…) 1)
enfermedad de Alzheimer de comienzo tardío, 2) diabetes mellitus tipo II,
3) hipotiroidismo, 4) incontinencia fecal y urinaria, 5) trastorno depresivo,
6) trastorno de la marcha con postración, 7) tendencia al mutismo, apatía
y ánimo depresivo, 8) fallas en la memoria a corto plazo, memoria
episódica y anomalías aisladas, 9) progresión del deterioro cognitivo hasta
el estadio “severo” con dependencia para las actividades de la vida diaria
e instrumentales (…)”3.
Manifestó que el Juzgado Quinto de Familia de Bucaramanga, en
sentencia del 24 de noviembre de 2022, la designó como apoyo judicial
de su hermana.
1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00680 00.
2
Ibidem.
3
Ibidem.
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como agente oficiosa de Leonor Gómez Guarín
Señaló que, en el año 2008, en pleno uso de sus facultades, la señora
Leonor Gómez Guarín presentó, por conducto de apoderado, demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la extinta Caja Nacional de
Previsión Social – CAJANAL, y el Juzgado Tercero Administrativo Oral de
Bucaramanga accedió a sus pretensiones, por lo que, posteriormente,
promovió proceso ejecutivo para obtener el pago de las sumas de dinero
a la que fue condenada la entidad demandada, que hoy corresponde a la
UGPP.
Indicó que “(…) el 27 de abril de 2016 se libró mandamiento ejecutivo; el
27 de septiembre de 2017 se ordenó seguir adelante la ejecución; el 31
de mayo de 2019 se profiere auto de obedézcase y cúmplase confirmando
la sentencia; el 11 de junio de 2019 se corre traslado de la liquidación del
crédito, la cual se aprobó el 20 de junio de 2019; la cual fue nuevamente
recurrida y nuevamente aprobada el 15 de octubre de 2020; decisión que
fue apelada y enviada al Tribunal Administrativo de Santander el 18 de
noviembre de 2020 y desde entonces parece que nada ha sucedido en el
proceso (…)”4.
Anotó que el 29 de julio de 2022 el apoderado de la señora Leonor Gómez
Guarín solicitó al tribunal accionado información sobre el recurso de
apelación interpuesto por la UGPP el 21 de octubre de 2020 en contra del
auto del 15 de octubre de 2020, que aprobó la liquidación del crédito.
Expuso que el 31 de enero de 2023, la secretaría del Tribunal
Administrativo de Santander informó que el expediente fue devuelto al
juzgado de origen el día 4 de abril de 2019, con oficio 251 de la misma
fecha, debido a que se había proferido sentencia de segunda instancia el
15 de marzo de 2019.
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00680 00.
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Sostuvo que “(…) desde el día 18 de noviembre de 2020 se envió el
expediente al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER con el fin de
que resolviera un recurso de apelación contra una liquidación de un
crédito, (…) sin que nada haya pasado, ni que se haya decidido, en grave
perjuicio de mi hermana que por estar en la condición que está y ser una
adulta mayor, es un sujeto de especial protección constitucional y está
necesitando más que nunca de dichos recursos para satisfacer y solventar
sus necesidades (…)”5. (Mayúsculas del escrito de tutela).
Alegó que “(…) ni el JUZGADO TERCERO (3) ADMINISTRATIVO DE
BUCARAMANGA ni el despacho del MAGISTRADO JULIO EDISSON RAMOS
SALAZAR del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, dan
información confiable o verídica del proceso, ni mucho menos dan
celeridad al mismo, tanto así que han pasado ya 2 años y 2 meses desde
que el proceso se envió al TRIBUNAL y no se ha proferido decisión frente
al recurso de apelación formulado por la UGPP, frente a un problea (sic)
jurídico que en nada se compadece con la mora judicial que se está
presentando y de lo cual depende la entrega de los dineros para el
sostenimiento, manutención, cuidado de mi hermana Leonor (…)”6.
(Mayúsculas del escrito de tutela).
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN PRIMERA INSTANCIA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada en la ventanilla virtual de esta Corporación el
9 de febrero de 2023 y correspondió por reparto a la Sección Quinta que,
5
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00680 00.
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Ibídem.
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por auto del 14 de febrero de 20237, la admitió y dispuso notificar8 al
Juzgado Tercero Administrativo Oral de Bucaramanga y a los magistrados
del Tribunal Administrativo de Santander, así como vincular a la UGPP,
como tercero interesado en el resultado del proceso.
Igualmente, requirió al Tribunal Administrativo de Santander para que
allegara copia digital del expediente del proceso ejecutivo identificado con
el radicado nro. 68001 33 33 003 2008 00085 00/01, el cual fue remitido9.
3.2. La titular del Juzgado Tercero Administrativo Oral de Bucaramanga
rindió informe10 vía mensaje de datos, en el que hizo mención del trámite
que ha surtido el proceso. Agregó que, desde noviembre de 2020, el
expediente no ha regresado al juzgado y desconoce el trámite de segunda
instancia que se le haya impartido.
3.3. La escribiente del despacho 05 de la secretaría del tribunal accionado
envió, a través de correo electrónico11, copia digital del expediente del
proceso ejecutivo identificado con el radicado nro. 68001 33 33 003 2008
00085 02.
Adicionalmente, allegó copia de un auto del 15 de febrero de 2023
proferido en el precitado proceso por el magistrado Iván Fernando Prada
Macías del Tribunal Administrativo de Santander, en el que dispuso (i)
remitir el expediente al despacho del magistrado Julio Edisson Ramos
Salazar, para que allí se surtiera el trámite correspondiente frente al
recurso de apelación interpuesto en contra del auto del 15 de octubre de
2020, y se ordenó (ii) compulsar copias ante la Secretaría del mismo
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Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00680 00.
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Esta orden se cumplió el 15 de febrero de 2023. Visto en el índice 8 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023
00680 00.
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Visto en los índices 10 y 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00680 00.
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Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00680 00.
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Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00680 00.
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tribunal, para que investigara si algún empleado había incurrido en falta
disciplinaria, comoquiera que “(…) se configuró una mora atribuible a los
empleados de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander,
pues pese a que el proceso fue objeto de reparto por la Oficina Judicial el
pasado 19 de noviembre de 2020, según acta obrante en el expediente,
solo fue hasta el día de hoy que se realizó la correspondiente radicación
en SAMAI y se ingresó el mismo al Despacho, situación que se evidenció
con ocasión a la acción de tutela interpuesta por la señora Leonor Gómez
Guarín (…)”.
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 9 de marzo de
202312, amparó los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a
la administración de justicia de la accionante, y ordenó al Tribunal
Administrativo de Santander que en el término de cuarenta y ocho horas
notificara en debida forma el auto del 15 de febrero de 2023, proferido
en el proceso ejecutivo identificado con el radicado nro. 68001 33 33 003
2008 00085 02.
Para ello expuso que “(…) el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Bucaramanga a través de auto del 5 de noviembre de 2020
remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Santander para que
conociera de la apelación que la UGPP había radicado contra la providencia
del 15 de octubre del mismo año, por medio del cual se aprobó la
liquidación del crédito (…)”; sin embargo, el recurso de apelación se
registró por parte de la secretaría general del tribunal en el aplicativo
SAMAI hasta el 15 de febrero de 2023, fecha en la que se notificó el auto
admisorio de la presente tutela.
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Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00680 00.
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Precisó que, si bien el tribunal accionado explicó las razones por las cuales
hubo una tardanza, y que el proceso ejecutivo ya se encontraba al
despacho del magistrado competente, la demora en el proceso persistía;
y agregó que no había evidencia que el auto del 15 de febrero de 2023 se
le hubiese notificado a la parte actora.
5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN
Inconforme con el fallo de primera instancia, la accionante lo impugnó13,
alegando lo siguiente:
Que la orden impartida en la sentencia del 9 de marzo de 2023 no se
había cumplido.
Arguyó que el amparo concedido no fue suficiente, y cuestionó cuánto
tiempo más debían esperar para que se resolviera el recurso de apelación
interpuesto hace más de dos años contra la providencia que aprobó la
liquidación de crédito.
Solicitó que la providencia sea complementada, ajustada y modificada, en
el sentido de disponer un término para que se resuelva el respectivo
recurso y se ordene al despacho del magistrado competente darle
prelación al caso. Adicionalmente, solicitó se le otorgue acceso al
expediente del proceso ejecutivo.
Por auto del 23 de marzo de 2023 se concedió la impugnación14.
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Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00680 00.
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Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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6. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN SEGUNDA INSTANCIA
6.1. Por escrito remitido el 29 de marzo de 202315 al correo electrónico
de la Secretaría General de esta Corporación, reiterado el 15 de mayo de
2023, el apoderado de la UGPP16 informó que no fueron notificados del
auto admisorio, ni de la sentencia de primera instancia proferida en la
presente acción de tutela, y que la notificación fue remitida a una
dirección electrónica errada. No obstante, precisó que el auto que
concedió la impugnación presentada por la parte actora en contra del fallo
del 9 de marzo de 2023 sí le fue notificado en debida forma, por lo que,
una vez revisada la sentencia de primera instancia en SAMAI, solicitó que
sea confirmada.
Adicionalmente, manifestó que el 23 de marzo de 2023 fueron notificados
del auto proferido en esa misma fecha por el magistrado Julio Edisson
Ramos Salazar del Tribunal Administrativo de Santander, a través del cual
se decidió el recurso de apelación interpuesto por la UGPP en contra del
auto que aprobó la liquidación del crédito, y para el efecto aportó una
copia. Por último, solicito que fueran desvinculados del presente trámite
tutelar.
6.2. La impugnación del fallo de tutela de primera instancia fue asignada
a esta sección por acta de reparto del 13 de abril de 2023.
6.3. Mediante proveído del 21 de abril de 202317 el magistrado ponente
de la presente decisión ordenó que, por secretaría, (i) se remitiera copia
del escrito de impugnación al despacho del Consejero Ponente del fallo de
tutela de primera instancia, a raíz de la manifestación realizada por la
parte actora frente a un presunto incumplimiento de la orden de amparo
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Visto en el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00680 00.
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Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00680 01.
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Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00680 01.
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impartida, y (ii) se atendiera la solicitud de la accionante frente al acceso
al expediente del proceso ejecutivo.
6.4. El expediente ingresó nuevamente al despacho el 4 de mayo de
202318.
6.5. Por auto del 18 de mayo de 202319, el magistrado ponente de la
presente decisión requirió al Tribunal Administrativo de Santander para
que remitiera las providencias proferidas en el proceso ejecutivo,
comoquiera que, al revisar el auto del 23 de marzo de 2023 aportado por
la UGPP, se evidenció que allí se indicaba que se decidió el recurso de
apelación presentado por dicha entidad en contra del auto del 28 de junio
de 2022 proferido por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito
de Bucaramanga, mientras que, según la situación fáctica expuesta en el
escrito de tutela y las pruebas que obran en el expediente, el recurso de
apelación interpuesto por la UGPP fue contra el auto del 15 de octubre de
2020, por el cual el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de
Bucaramanga aprobó la liquidación que hizo la profesional contable del
tribunal accionado.
6.6. En respuesta al requerimiento, el 26 de mayo de 2023 la escribiente
del despacho 05 de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander
envió vía correo electrónico20 copia de los autos del 15 de febrero de
202321, del 16 de marzo de 202322 y del 23 de marzo de 202323.
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Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00680 01.
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Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00680 01.
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Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00680 01.
21
Por el cual se remitió el expediente del proceso ejecutivo al despacho del magistrado
Julio Edisson Ramos Salazar para que allí se surta el trámite correspondiente frente al
recurso de apelación interpuesto en contra el auto de fecha 15 de octubre de 2020.
22
Por el cual se remitió el expediente al profesional contable adscrito al Tribunal
Administrativo de Santander para que efectuara la liquidación del crédito, teniendo en
cuenta el mandamiento de pago, el auto que ordenaba seguir adelante con la ejecución
y los pagos efectuados por la entidad ejecutada, así como las liquidaciones presentadas
tanto por la parte demandante como por la demandada.
23
Por el cual se ordenó “(…) REVOCAR el auto del 28 de junio de 2022 proferido por el
Juzgado Tercero Administrativo Oral de Bucaramanga (…)”; y “(…) APROBAR la
9
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Igualmente, remitió el enlace del expediente digital del proceso ejecutivo
identificado con el radicado nro. 68001 33 33 003 2008 00085 02.
6.7. Según consulta realizada en el aplicativo Samai del proceso ejecutivo
radicado con el nro. 68001 3333 003 2008 00085 00, el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga profirió en la fecha
del 29 de junio de 2023 auto mediante el cual obedeció y cumplió lo
resuelto por el Tribunal Administrativo de Santander en el auto del 23 de
marzo de 2023 y dispuso la entrega de los títulos al apoderado de la
señora Leonor Gómez Guarín.
7. CONSIDERACIONES DE LA SALA
7.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199124, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201525, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 26, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12
de marzo de 201927 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.
liquidación del crédito presentada por el Profesional Contable del Tribunal con corte a
marzo de 2023, por valor de $54.948.950 (…)”.
24
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
25
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
26
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
27
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
10
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7.2. CUESTIÓN PREVIA
La Sala comenzará por precisar que la UGPP, en el informe que rindió en
sede de impugnación, afirmó que no fue notificada del auto que admitió
la tutela, ni de la sentencia de primera instancia; pero, aunque lo
mencionó, no manifestó ninguna inconformidad, ni tampoco pidió la
nulidad de lo actuado. En ese sentido, en aplicación de lo previsto por el
numeral 1 del artículo 136 del Código General del Proceso28, debido a que
actuó sin proponerla, la nulidad por indebida notificación del auto que
admitió la tutela se considera saneada.
De otro lado, en relación con la solicitud de desvinculación presentada por
el apoderado de la UGPP el 15 de mayo de 2023, se advierte que la
petición no es procedente, comoquiera que la citada entidad fue vinculada
al trámite tutelar por tener interés en el resultado del proceso, atendiendo
a que la demanda ejecutiva que es objeto de esta acción fue promovida
en su contra, lo que así se dispondrá en la parte resolutiva.
7.3. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente29:
7.3.1. La señora Leonor Gómez Guarín, actuando por conducto de
apoderado, promovió proceso ejecutivo30 contra la UGPP con el fin de que
se librara mandamiento de pago a su favor “(…) por concepto de intereses
moratorios derivados de la sentencia judicial proferida por el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Bucaramanga y el Honorable
28
“Artículo 136. Saneamiento de la nulidad. La nulidad se considerará saneada en los
siguientes casos: 1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o
actuó sin proponerla (…)”.
29
Lo que se desprende de las pruebas aportadas por las partes.
30
Folio 5 del cuaderno principal nro. 1 del expediente del proceso ejecutivo identificado
con el radicado nro. 68001 33 33 003 2008 00085 00. Visto en el índice 10 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023
00680 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 00680 01
Accionante: Martha Eugenia Gómez Guarín,
como agente oficiosa de Leonor Gómez Guarín
Tribunal Administrativo de Santander, debidamente ejecutoriadas con
fecha 9 de diciembre de 2010 (…)”.
7.3.2. Por auto del 27 de abril de 201631, el Juzgado Tercero
Administrativo Oral de Bucaramanga libró mandamiento de pago a favor
de la señora Leonor Gómez Guarín y a cargo de la UGPP y en audiencia
inicial celebrada el 27 de septiembre de 201732 se ordenó seguir adelante
con la ejecución. La apoderada de la UGPP presentó recurso de apelación
contra dicha decisión, y el 15 de marzo de 201933 el Tribunal
Administrativo de Santander la confirmó.
7.3.3. El Juzgado Tercero Administrativo Oral de Bucaramanga obedeció
y cumplió lo dispuesto por el tribunal, y por auto del 20 de junio de
201934 aprobó la liquidación del crédito.
7.3.4. Inconforme con la decisión, el 27 de junio de 201935 la apoderada
de la UGPP interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, y por
auto del 22 de julio de 201936 el Juzgado Tercero Administrativo Oral
de Bucaramanga dispuso (i) reponer el auto del 20 de junio de 2019; (ii)
31
Folio 128 del cuaderno principal nro. 1 del expediente del proceso ejecutivo
identificado con el radicado nro. 68001 33 33 003 2008 00085 00. Visto en el índice 10
de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03
15 000 2023 00680 00.
32
Folios 328 - 338 del cuaderno principal nro. 1 del expediente del proceso ejecutivo
identificado con el radicado nro. 68001 33 33 003 2008 00085 00. Visto en el índice 10
de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03
15 000 2023 00680 00.
33
Folios 417 - 422 del cuaderno principal nro. 1 del expediente del proceso ejecutivo
identificado con el radicado nro. 68001 33 33 003 2008 00085 00. Visto en el índice 10
de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03
15 000 2023 00680 00.
34
Folio 439 del cuaderno principal nro. 1 del expediente del proceso ejecutivo
identificado con el radicado nro. 68001 33 33 003 2008 00085 00. Visto en el índice 10
de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03
15 000 2023 00680 00.
35
Folios 441 - 443 del cuaderno principal nro. 1 del expediente del proceso ejecutivo
identificado con el radicado nro. 68001 33 33 003 2008 00085 00. Visto en el índice 10
de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03
15 000 2023 00680 00.
36
Folios 450 - 451 del cuaderno principal nro. 1 del expediente del proceso ejecutivo
identificado con el radicado nro. 68001 33 33 003 2008 00085 00. Visto en el índice 10
de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03
15 000 2023 00680 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 00680 01
Accionante: Martha Eugenia Gómez Guarín,
como agente oficiosa de Leonor Gómez Guarín
remitir el proceso al profesional contable del Tribunal Administrativo de
Santander para que hiciera la liquidación del crédito; y (iii) rechazó, por
improcedente, el recurso de apelación.
7.3.5. Por oficio nro. 087 - CL del 30 de abril de 202037, la profesional
contable del Tribunal Administrativo de Santander presentó la liquidación
del crédito actualizada a marzo de 2020, por una suma de $50.691.062.
7.3.6. Por auto del 15 de octubre de 202038, el Juzgado Tercero
Administrativo Oral de Bucaramanga aprobó la liquidación del crédito.
7.3.7. El 21 de octubre de 202039, la apoderada de la UGPP interpuso
recurso de apelación contra el auto del 15 de octubre de 2020 que aprobó
la liquidación del crédito, y el 5 de noviembre de 2020 el Juzgado Tercero
Administrativo Oral de Bucaramanga concedió el recurso.
7.3.8. El 29 de julio de 202240, vía correo electrónico, el apoderado de la
señora Leonor Gómez Guarín en el proceso ejecutivo, solicitó a la
Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander información del
estado del recurso de apelación concedido.
7.3.9. El 31 de enero de 202341, la escribiente del despacho 05 de la
secretaría del Tribunal Administrativo de Santander informó que “(…) el
expediente fue devuelto al juzgado de origen el día 4 de abril de 2019,
37
Folios 452 - 454 del cuaderno principal nro. 1 del expediente del proceso ejecutivo
identificado con el radicado nro. 68001 33 33 003 2008 00085 00. Visto en el índice 10
de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03
15 000 2023 00680 00.
38
Folios 455 del cuaderno principal nro. 1 del expediente del proceso ejecutivo
identificado con el radicado nro. 68001 33 33 003 2008 00085 00. Visto en el índice 10
de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03
15 000 2023 00680 00.
39
Folio 2 – 13 del cuaderno principal nro. 2 del expediente del proceso ejecutivo
identificado con el radicado nro. 68001 33 33 003 2008 00085 00. Visto en el índice 10
de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03
15 000 2023 00680 00.
40
Anexo del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00680 00.
41
Ibídem.
13
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 00680 01
Accionante: Martha Eugenia Gómez Guarín,
como agente oficiosa de Leonor Gómez Guarín
con oficio 251 de la misma fecha, dado que fue proferida sentencia de
segunda instancia el 15 de marzo de 2019 (…)”.
7.3.10. Por auto del 15 de febrero de 202342, proferido por el magistrado
Iván Fernando Prada Macías del Tribunal Administrativo de Santander,
dispuso (i) remitir el expediente al despacho del magistrado Julio Edisson
Ramos Salazar, para que allí se surtiera el trámite correspondiente frente
al recurso de apelación interpuesto en contra del auto del 15 de octubre
de 2020; y ordenó (ii) compulsar copias ante la Secretaría del mismo
tribunal, para que investigara si algún empleado había incurrido en falta
disciplinaria, comoquiera que “(…) se configuró una mora atribuible a los
empleados de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander,
pues pese a que el proceso fue objeto de reparto por la Oficina Judicial el
pasado 19 de noviembre de 2020, según acta obrante en el expediente,
solo fue hasta el día de hoy que se realizó la correspondiente radicación
en SAMAI y se ingresó el mismo al Despacho, situación que se evidenció
con ocasión a la acción de tutela interpuesta por la señora Leonor Gómez
Guarín (…)”.
7.3.11. Se allegó el auto del 23 de marzo de 202343, proferido por el
magistrado Julio Edisson Ramos Salazar del Tribunal Administrativo de
Santander, que revocó el auto del 28 de junio de 2022 del Juzgado
Tercero Administrativo Oral de Bucaramanga y aprobó la liquidación del
crédito presentada por el profesional contable del tribunal, con corte a
marzo de 2023, por valor de $54.948.950.
42
Allegado por el tribunal accionado. Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00680 00.
43
Allegado por la UGPP y el tribunal accionado en el trámite de la impugnación. Visto en
el índice 14 y 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
nro. 11001 03 15 000 2023 00680 01.
14
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 00680 01
Accionante: Martha Eugenia Gómez Guarín,
como agente oficiosa de Leonor Gómez Guarín
7.4. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, la Sección Quinta del Consejo de Estado tuteló
los derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la
administración de justicia de la parte actora y ordenó al Tribunal
Administrativo de Santander que, en un plazo de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la notificación de la sentencia, notificara en
debida forma el auto del 15 de febrero de 2023, proferido en el proceso
ejecutivo.
La señora Martha Eugenia Gómez Guarín, actuando como agente oficiosa
de su hermana la señora Leonor Gómez Guarín, impugnó la decisión con
fundamento en que el amparo concedido no era suficiente, debido a que
su inconformidad está relacionada con que el tribunal accionado no ha
resuelto el recurso de apelación interpuesto hace más de dos años contra
la providencia que aprobó la liquidación de crédito. Por ello, solicitó que
la decisión de primera instancia sea complementada, ajustada y
modificada, en el sentido de disponer un término para que se resuelva el
respectivo recurso.
Teniendo en cuenta la argumentación formulada por la recurrente, la Sala
estima pertinente detenerse en las actuaciones más relevantes que se
han surtido en el proceso ejecutivo:
(i) Está acreditado en el expediente que la accionante promovió proceso
ejecutivo contra la UGPP, en el que se libró mandamiento de pago el 27
de abril de 2016; se ordenó seguir adelante con la ejecución el 27 de
septiembre de 2017 y por auto del 20 de junio de 2019 fue aprobada la
liquidación del crédito.
(ii) El 27 de junio de 2019, la apoderada de la UGPP interpuso recurso de
reposición y en subsidio apelación contra el auto del 20 de junio de 2019,
y el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Bucaramanga resolvió:
15
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 00680 01
Accionante: Martha Eugenia Gómez Guarín,
como agente oficiosa de Leonor Gómez Guarín
“(…) PRIMERO: REPONER el auto de fecha 20 de junio de 2019,
por el cual se aprobó la liquidación del crédito dentro del presente
proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: REMÍTASE el proceso a la Profesional Contable del
Tribunal Administrativo de Santander, para que se sirva realizar la
liquidación del crédito, teniendo en cuenta el abono realizado por la
ejecutada por valor de $718.532.
TERCERO: RECHÁZASE por improcedente el recurso de apelación
interpuesto por la apoderada de la parte ejecutada (…)”.
(iii) El 30 de abril de 2020, la profesional contable del tribunal accionado
presentó la liquidación del crédito actualizada a marzo de 2020 y, en
consecuencia, el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Bucaramanga,
por auto del 15 de octubre de 2020, dispuso:“[…] De conformidad con lo
establecido en el numeral 3 del artículo 446 del Código General del
Proceso, SE APRUEBA la liquidación realizada por la Profesional Contable
del Tribunal Administrativo de Santander, la cual obra de folios 452 a 454
del expediente digital […]”.
(iv) El 21 de octubre de 2020, la apoderada de la UGPP radicó recurso de
apelación contra la precitada providencia.
(v) Por auto del 23 de marzo de 2023, el magistrado Julio Edisson Ramos
Salazar del Tribunal Administrativo de Santander señaló:
“[…] Mediante auto del 28 de junio de 2022 el Juzgado Tercero
Administrativo Oral de Bucaramanga, decidió, aprobar la liquidación
del crédito presentada por la parte ejecutante indicando que la parte
ejecutada presentó liquidación de manera extemporánea.
La UGPP el 27 de junio de 2019 interpone recurso de apelación
contra la anterior providencia, reiterando el escrito el 21 de octubre
de 2020 indicando que el juez de primera instancia:
• Desconoció el depósito judicial a órdenes del juzgado realizado el 27
de septiembre por valor de $718.532.
• Manifiesta que no se puede ordenar el pago de intereses sobre los
intereses, pues ocasionaría un perjuicio de incurrir en un doble pago
o más por el mismo concepto.
16
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 00680 01
Accionante: Martha Eugenia Gómez Guarín,
como agente oficiosa de Leonor Gómez Guarín
• El cálculo de intereses debe realizarse con el número exacto de días
que tiene cada mes del año.
• Arguye que el pago de intereses cesa a la fecha en que consta la
solicitud de pago.
• La liquidación aprobada por el Despacho no se realizó conforme a
las normas y datos del caso […]”. [Se destaca].
Y, al respecto, resolvió:
“[…] PRIMERO. REVOCAR el auto del 28 de junio de 2022 proferido
por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Bucaramanga.
SEGUNDO. APROBAR la liquidación del crédito presentada por el
Profesional Contable del Tribunal con corte a marzo de 2023, por valor
de $54.948.950.
TERCERO: Ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el expediente al
juzgado de origen para decidir lo pertinente, previas constancias de
rigor en el sistema SAMAI […]”. [Se destaca].
El recurso de apelación presentado por la UGPP, respecto del cual la
accionante manifestó que no ha sido resuelto, corresponde al presentado
el 21 de octubre de 2020 y estaba dirigido en contra del auto 15 de
octubre de 2020, que aprobó la liquidación del crédito.
En el auto del 23 de marzo de 2023, se dispuso revocar el auto del “28
de junio de 2022”, providencia que no obra en el proceso ejecutivo objeto
de la acción de tutela; a lo que se agrega que la UGPP interpuso el 21 de
octubre de 2020 recurso de apelación contra el auto del 15 de octubre de
2020; sin embargo, en el auto del 23 de marzo de 2023, se hizo referencia
al recurso de apelación interpuesto el 27 de junio de 2019, cuando, como
se indicó, la apelación que no ha sido resuelta corresponde a la
presentada el 21 de octubre de 2020 contra el auto del 15 de octubre de
2020.
(vi) Sin perjuicio de ello, consultado en el aplicativo Samai el proceso
ejecutivo radicado con el nro. 68001 3333 003 2008 00085 00, se observa
que, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 00680 01
Accionante: Martha Eugenia Gómez Guarín,
como agente oficiosa de Leonor Gómez Guarín
Bucaramanga profirió el 29 de junio de 2023 auto mediante el cual
obedeció y cumplió lo resuelto por el Tribunal Administrativo de Santander
en el auto del 23 de marzo de 2023 y dispuso la entrega de los títulos al
apoderado de la señora Leonor Gómez Guarín.
El precitado auto resolvió:
“[…] De acuerdo a la constancia que antecede y conforme lo obrante
en el plenario, se observa que ha regresado del Superior el presente
proceso; en virtud de lo anterior, procede el Despacho a OBEDECER
Y CUMPLIR lo resuelto por el H. Tribunal Administrativo de
Santander, en providencia de segunda instancia de fecha 23 de
marzo de 2023, mediante la cual REVOCÓ el auto de fecha 28 de
junio de 2022 que aprobó liquidación de crédito.
En virtud de lo anterior, y como quiera que el Superior aprobó la
liquidación de crédito efectuada por el Profesional Contable del
Tribunal Administrativo de Santander, por valor de $54.948.950
(archivo 19 del ED), y que conforme a lo informado por el apoderado
de la parte actora mediante memorial visible en el archivo 64 del ED
y verificados los extractos de este Despacho, existe el título judicial
No. 460010001202016 constituido el 27 de septiembre de 2016
por valor de $718.532 y el título No. 460010001670294 constituido
el 27 de diciembre de 2021 por valor de $50.691.062, los cuales
se encuentran pendientes de pago, se ORDENA la entrega de dichos
títulos al apoderado de la parte demandante, Dr. MANUEL
SANABRIA CHACON, identificado con C.C. No. 91.068.058 y
portador de la T.P. No. 90.682 del C.S. de la J., según los términos
del mandato conferido por la señora LEONOR GOMEZ GUARIN,
obrante a folio 12 archivo 70 del ED.
De otra parte, y teniendo en cuenta que queda pendiente un saldo
de $3.539.356, SE REQUIERE a la entidad ejecutada UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION
SOCIAL - UGPP, para que pague dicho saldo a la señora GOMEZ
GUARIN, a fin de dar por terminado el presente proceso. Una vez
se realice el pago respectivo, deberá informar al despacho para
proferir auto dando por terminado el presente ejecutivo. Lo anterior,
teniendo en cuenta que quedó en firme la liquidación de crédito
aprobada por el Tribunal Administrativo de Santander […]”.
(mayúsculas y subrayas originales)
Conforme con lo anotado, se comprueba que la parte accionada ya
satisfizo lo solicitado por la accionante, comoquiera que lo pretendido en
la acción de tutela consistía en que se le ordenara al Tribunal
Administrativo de Santander que resolviera el recurso de apelación
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Accionante: Martha Eugenia Gómez Guarín,
como agente oficiosa de Leonor Gómez Guarín
formulado contra la providencia que aprobó la liquidación del crédito y,
como consecuencia, remitiera las diligencias al Juzgado Tercero
Administrativo de Bucaramanga para que entregara el depósito judicial
existente a favor de la ejecutante.
En esa medida, si bien el auto proferido el 23 de marzo de 2023 por el
citado tribunal, en la parte resolutiva, hizo referencia a un auto que no
obra en el expediente ordinario, el caso es que, ahí se dispuso, en el
numeral segundo, aprobar la liquidación del crédito y producto de ello, el
juzgado profirió el auto de obedezca y cúmplase en el que ordenó entregar
el respectivo título judicial a favor de la accionante.
En consecuencia, para la Sala, está acreditado que se configuró la
carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que, se cumplió
lo pretendido en la acción de tutela y la parte accionada actuó de manera
voluntaria.
Al efecto, se tiene que, la acción de tutela fue establecida por la
Constitución Política de 1991 con la finalidad de que toda persona,
mediante un procedimiento preferente y sumario, solicite la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública; “en
ocasiones, sin embargo, la alteración o el desaparecimiento de las
circunstancias que dieron origen a la presunta vulneración de los
derechos, conlleva a que la acción de amparo pierda su razón de ser como
mecanismo extraordinario de protección judicial”44. La jurisprudencia
constitucional ha explicado que estos eventos constituyen el fenómeno de
carencia actual de objeto.
La Corte Constitucional ha indicado que la carencia actual de objeto se
configura “cuando la orden del juez constitucional no tendría efecto
44
Corte Constitucional. Sentencia SU – 522 del 5 de noviembre de 2019. M.P.: Diana
Fajardo Rivera.
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Accionante: Martha Eugenia Gómez Guarín,
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alguno o “caería al vacío” (…)”45 y puede presentarse bajo las categorías
de (i) daño consumado, (ii) hecho superado o (iii) una situación
sobreviniente.
En cuanto al hecho superado se presenta cuando “entre la interposición
de la acción y la emisión de la decisión cesan las circunstancias que dieron
lugar a la solicitud de amparo, de modo que “la amenaza o violación del
derecho no existen al momento de proferir el fallo, salvo que los hechos
que configuran una u otra persistan y sean actual y ciertamente percibidas
por el juez”. Significa ello que el hecho superado se consolida cuando la
materia de decisión se sustrae, o lo que en algunas ocasiones es lo mismo,
cuando todas las pretensiones fueron satisfechas al punto en que la
amenaza sobre los derechos cesó y ésta no reclama intervención judicial
alguna (ultra o extra petita)”46.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional también ha explicado que
“[…] “la ocurrencia de un hecho superado se asocia principalmente a la
desaparición de “los motivos que (…) originaron” la formulación de la
acción. Estos motivos son concebidos desde dos puntos de vista distintos
pero complementarios. De una parte, hay un enfoque que liga los motivos
de la interposición de la acción a los presupuestos fácticos o situaciones
de hecho que llevaron al actor a percibir una amenaza para sus derechos
y que, al mismo tiempo, constituyen el marco de decisión del juez de
tutela; y de otra, la motivación se entiende en función de las pretensiones
hechas en el escrito de tutela, de modo que cuando “la pretensión
instaurada en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, el
instrumento constitucional pierde eficacia y por tanto, su razón de ser”
[…]”47.
45
Corte Constitucional. Sentencia T – 086 del 2 de marzo de 2020. M.P.: Alejandro
Linares Cantillo.
46
Corte Constitucional. Sentencia T – 213 del 1 de junio de 2018. M.P.: Gloria Stella
Ortiz Delgado.
47
Ibídem.
20
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Accionante: Martha Eugenia Gómez Guarín,
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La Corte Constitucional ha señalado que se deben verificar los siguientes
aspectos para determinar la configuración del hecho superado: i) que se
ha satisfecho por completo lo pretendido mediante la acción de tutela y
ii) que la entidad accionada haya actuado a motu propio, es decir,
voluntariamente48.
Corolario de explicado, la Sala revocará el fallo proferido el 9 de marzo
de 2023 por la Sección Quinta del Consejo de Estado y, en su lugar,
declarará la carencia actual de objeto por hecho superado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR el fallo proferido el 9 de marzo de 2023 por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, y en su lugar, DECLARAR LA
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO, por las
razones señaladas en la parte motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
48
Corte Constitucional. Sentencia Corte Constitucional. Sentencia T – 086 del 2 de marzo
de 2020. M.P.: Alejandro Linares Cantillo.
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
22
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