Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00687-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00687-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00687-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
30 de marzo de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00687-00
Actor: MUNICIPIO DONMATÍAS (ANTIOQUIA)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00687-00
Demandante: MUNICIPIO DE DONMATIAS (ANTIOQUIA)
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
TERCERA DE DECISIÓN Y JUZGADO TRECE
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Temas: Tutela contra providencia judicial. Demanda ejecutiva.
Incumplimiento contractual. Requisito general de la relevancia
constitucional cuando se acude como instancia adicional
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el municipio de Donmatías (Antioquia), quien actúa mediante
apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de
Decision y el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Medellín, en la que pide
el amparo constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, supuestamente
vulnerados con las sentencias de 27 de octubre de 2022 y de 11 de junio de 2019,
en su orden, mediante las cuales declaro no probadas las excepciones de mérito
propuestas y ordenó seguir adelante con la ejecución en el marco del proceso
ejecutivo con radicado No. 05000-13-33-013-2017-00290-00.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La entidad territorial accionante relató que la administración municipal de los años
2012 a 2015, adquirió compromisos presupuestales con contratos de obra pública
e interventoría por valor de “$12.552.198”, respaldados en certificados de
disponibilidad y registros presupuestales falsos.
Sostuvo que la administración municipal 2016-2019 realizó las observaciones
pertinentes de unos hallazgos en el informe de empalme y puso tal situación en
conocimiento de las autoridades competentes.
Indicó que dentro de los 24 contratos estatales que dieron lugar a la denuncia
penal se encuentra el contrato de obra pública No. 29122014DT37 de 2015
celebrado con la sociedad Grucon S.A.S. para la construcción del colector y
planta de tratamiento de aguas residuales domésticas en el corregimiento de
Bellavista del municipio de Donmatías, por un valor de $1.134.033.161.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00687-00
Actor: MUNICIPIO DONMATÍAS (ANTIOQUIA)
Afirmó que el 24 de mayo de 2017, la sociedad Grucon S.A.S. presentó demanda
ejecutiva contra el municipio de Donmatías por el incumplimiento del contrato de
obra pública No. 29122014DT37 de 2015, al considerar vez que el 30 de
noviembre de 2015 se suscribió el acta de recibo final y el 11 de febrero de 2016
se firmó el acta de liquidación bilateral, y que para el momento en el que se
promovió la demanda el municipio se encontraba en mora en el pago de la factura
de venta No. 978 de 26 de noviembre de 2015 con un saldo de $230.027.168.
Señaló que el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Medellín en auto de
27 de junio de 2017, libro mandamiento de pago contra la entidad territorial
ejecutada por valor de $230.027.168.
Relato que contra la anterior decisión interpuso recurso de reposición con
sustento en que “los documentos que se presentaban como título ejecutivo no
contenían obligaciones claras, expresas y exigibles”, el cual fue desestimado por
ese despacho judicial en proveído de 28 de noviembre de 2017.
Sostuvo que propuso excepciones de mérito contra el mandamiento de pago,
entre las que resaltó las de falta de título ejecutivo, objeto y causa ilícita y cobro
de lo no debido, con sustento en “que en la celebración y ejecución del contrato
de obra No. 29122014DT37 se presentaron irregularidades constitutivas de
infracción a la ley de contratación estatal, que son de orden público y obligatorio
cumplimiento, entre las que se destacan (i) la inexistencia de los componentes
esenciales de los estudios previos, tales como la ausencia de diseños de obra,
especificaciones técnicas, (ii) falsedad en el CDP y RP, (iii) la indebida selección
del contratista, (iv) el detrimento al patrimonio público en razón de la falta de
amortización del anticipo, (v) la ejecución de obras extras no pactadas ni
contempladas y sin soporte técnico, entre otras. Tales razones, se dijo,
conllevaban a la inexistencia de una obligación clara, expresa y exigible que
pudiera ser objeto de cobro vía proceso ejecutivo”.
Afirmo que en el curso de la audiencia inicial del artículo 372 del Código General
del Proceso que se llevó a cabo el 25 de septiembre de 2018, el Juzgado Trece
Administrativo del Circuito de Medellín resolvió, entre otras cosas, negar la prueba
pericial solicitada. Agregó que contra esa decisión interpuso recurso de reposición
y en subsidio apelación, sin embargo, el mencionado despacho judicial no repuso
lo decidido, lo que fue confirmado por el Tribunal Administrativo de Antioquia en
auto de 26 de noviembre de 2018.
Resaltó que el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Medellín en el curso
de la audiencia de pruebas, instrucción y juzgamiento celebrada el 11 de junio de
2019, resolvió no resolver de fondo las excepciones merito que se propusieron y
ordenó seguir adelante con la ejecución, bajo el argumento de que resultaba
improcedente dentro de un proceso ejecutivo estudiar la legalidad del título
ejecutivo, pues este goza de presunción de legalidad.
Por último, manifestó que contra la anterior decisión interpuso recurso de
apelación. El Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia de 29 de
septiembre de 2022 confirmó la decisión, con sustento en que “el trámite de
excepciones que discutan la legalidad del título base de recaudo en el proceso
ejecutivo desnaturaliza este tipo de proceso, pues este solo busca obtener
coercitivamente del deudor el pago a favor del acreedor de una obligación sobre
cuya claridad, expresión y exigibilidad, no existe duda alguna. Por lo tanto,
corresponderá al juez ordinario hacer el juicio o valoración correspondiente frente
a las actuaciones contractuales cuando se cuestiona la legalidad del proceso de
contratación y no al juez de la ejecución a través del trámite ejecutivo”.
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Actor: MUNICIPIO DONMATÍAS (ANTIOQUIA)
2. Fundamentos de la acción
La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la tutela judicial efectiva, supuestamente vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión y el Juzgado Trece
Administrativo del Circuito de Medellín con las sentencias de 27 de octubre de
2022 y de 11 de junio de 2019, en ese orden, mediante las cuales declaro no
probadas las excepciones de mérito propuestas y ordenó seguir adelante con la
ejecución.
En primer lugar, se refirió a los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, específicamente, mencionó que se cumple
con la relevancia constitucional, pues “es claro que una providencia judicial con
pretensión de ser definitiva, pero que resulte violatoria del derecho fundamental al
debido proceso por carecer de sustento probatorio, con desconocimiento de las
normas jurídicas aplicables y del precedente del Consejo de Estado, así como
incongruente, es de relevancia constitucional, máxime cuando se encuentran en
juego recursos públicos si se tiene en cuenta que las providencias condenaron al
municipio de Donmatías a pagar una suma dinerario con cargo a su presupuesto”.
Luego afirmó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto
sustantivo, toda vez que al rechazar las excepciones de mérito planteados por la
supuesta presunción de legalidad del título ejecutivo, actuaron en contra de lo
dispuesto en los artículos 282, 442 numeral 1 del Código General del Proceso y
784 numerales 12 y 13 del Código de Comercio que establecen la posibilidad de
proponer en el marco del proceso ejecutivo todo tipo de excepciones de mérito
derivadas del negocio jurídico que dio origen al título ejecutivo.
De otra parte, indicó que las providencias objetadas incurrieron en
desconocimiento del precedente judicial, por cuanto aplicaron el auto de
unificación de 7 de diciembre de 20101 de la Sala Plena Contenciosa del Consejo
de Estado y las sentencias de 10 de abril de 20192 y de 18 de marzo de 20223 de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, las cuales no guardan similitud fáctica
en razón a que los asuntos se resolvieron con el derogado Código de
Procedimiento Civil y no con el Código General del Proceso.
Finalmente, sostuvo que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
defecto fáctico, i) porque se le otorgo un alcance errado al acta de liquidación
bilateral, pues “no se determinó técnicamente el grado de ejecución, las
condiciones de calidad y oportunidad de entrega de las obras, no se expresó la
forma en cómo había sido amortizado el anticipo, no se realizó el balance
administrativo en el que se indicara el cumplimiento de las obligaciones de
seguridad social y parafiscales, pagos de impuestos y estado de licencias y
permisos, tampoco se realizó un balance jurídico en el que se indicara las
obligaciones que surgieron para las partes con ocasión de la suscripción del acta,
tampoco se hizo mención de la vigencia de las garantías, a pesar de que por la
naturaleza del contrato, la obra debía contar con las pólizas de estabilidad de la
obra, calidad del bien o servicio suministrado, pago de salarios y prestaciones y
responsabilidad civil”, y ii) porque no se decretó la prueba pericial, la cual era
conducente y pertinente, y no se valoraron otras decretadas como el estudio
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Radicado No. 08001-23-31-000-2009-00019-02 (IJ), C.P.: Enrique Gil Botero.
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Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, Radicado No.: 13001-23-31-000-2008-00120-02 (39770), C.P.:
Martín Bermúdez Muñoz.
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Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, Radicado No.: 25000-23-26-000-2011-00673-01 (49.142), C.P.:
José Roberto Sáchica Méndez.
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Actor: MUNICIPIO DONMATÍAS (ANTIOQUIA)
detallado del contrato de obra, en el que se resaltaron todas las observaciones e
irregularidades halladas.
3. Pretensiones
La parte accionante formuló la siguiente:
“4.1. Se ampare el derecho fundamental al debido, acceso a la administración de
justicia y tutela judicial efectiva del municipio de Donmatías vulnerado por el Juzgado
13 Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el proceso
ejecutivo promovido por GRUCON S.A.S, con radicado 05001333301320170029000.
4.2. Como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos las providencias judiciales
del 11 de junio de 2019 y 27 de octubre de 2022 proferidas por el Juzgado Trece
Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, respectivamente.
4.3. Se ordene a las entidades accionadas rehacer el proceso, decretar las pruebas
solicitadas por el municipio de Donmatías en el escrito de formulación de excepciones y
que no fueron decretadas. Asimismo, que al momento de proferir una nueva sentencia,
se resuelvan de fondo las excepciones de mérito propuestas por el municipio de
Donmatías y se determine si el acta de liquidación del contrato presentada como título
ejecutivo con la demanda contiene obligaciones claras, expresas y exigibles”.
4. Pruebas relevantes
En correo electrónico de 21 de febrero de 2023, el Juzgado Trece Administrativo
del Circuito de Medellín remitió el expediente digital que contiene las actuaciones
del proceso ejecutivo que adelanta la sociedad Grucon S.A.S. contra el municipio
de Donmatías (radicado No. 05000-13-33-013-2017-00290-00).
5. Trámite procesal
Por auto de 14 de febrero de 2023, la Magistrada Sustanciadora admitió la
demanda de tutela y ordenó notificar a las autoridades judiciales demandadas, así
como a la sociedad Grucon S.A.S. y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 13033 a 13037 de 16
de febrero de 20234, con el fin de notificar a las partes.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Antioquia
En escrito de 17 de febrero de 2023, el magistrado ponente de la decisión
objetada pidió que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, al
considerar que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno al municipio
accionante.
Afirmó que el acta de liquidación bilateral del contrato contenía una obligación
clara, expresa y exigible, por lo que prestaba mérito ejecutivo. Además, señaló
que las excepciones que atacaban la legalidad del título ejecutivo no deben ser
resueltas a través del proceso de ejecución, el cual está previsto para obtener
coercitivamente del deudor el pago a favor del acreedor de una obligación clara,
expresa y exigible no existe duda alguna, por lo que sería el juez ordinario el
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La parte accionante, las autoridades judiciales demandadas y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes
direcciones de correo electrónico: bravorestrepoabogados@gmail.com, adm13med@cendoj.ramajudicial.gov.co,
sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, jorgejaramillo930@gmail.com y
info@conceptolegalabogados.com.co.
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Actor: MUNICIPIO DONMATÍAS (ANTIOQUIA)
encargado de hacer el juicio o valoración correspondiente frente a las actuaciones
contractuales, cuando se cuestiona la legalidad del proceso de contratación.
Finalmente, manifestó que el escrito de tutela es una reiteración de los
argumentos del recurso de apelación que fue resuelto por el tribunal accionado,
por lo que recordó que la solicitud de amparo no puede convertirse en una tercera
instancia.
6.2. Respuesta de la señora Patricia Hernández Urrea
En escrito de 20 de febrero de 2023, quien afirmó ser la apoderada5 de la sociedad
Grucon S.A.S., pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela, toda
vez que se utiliza como una tercera instancia.
Afirmó que todos los argumentos que se plantean en el escrito de tutela ya fueron
expuestos y debatidos a lo largo del trámite ejecutivo, en el que la parte ejecutada
quiso convertirlo en un proceso de controversias contractuales, pues planteó unas
excepciones improcedentes. Adicionalmente, las pruebas a las que hace alusión la
parte actora en el escrito de tutela fueron decretadas y practicadas, respecto de
las cuales se presentaron recursos y el debate correspondiente.
Sostuvo que las denuncias penales, disciplinarias y fiscales a pesar de que se
tramitaron, no establecieron responsabilidad de ninguna índole a los funcionarios
que participaron en la contratación.
Por último, respecto al alegato relacionado con el desconocimiento del precedente
judicial, manifestó que “las sentencias no son un medio de prueba sino
simplemente, un argumento que refuerza la decisión desde un punto
jurisprudencial, pero no es cuestionable como valor probatorio”.
6.3. El Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Medellín, a pesar de que
se le notificó en debida forma el auto admisorio de la acción de tutela, guardó
silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Tercera de Decisión y el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de
Medellín, con las sentencias de 27 de octubre de 2022 y de 11 de junio de 2019,
respectivamente, mediante las cuales declararon no probadas las excepciones de
mérito propuestas y ordenaron seguir adelante con la ejecución, vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la tutela judicial efectiva, por incurrir en los defectos i) sustantivo, pues
actuaron en contra de lo dispuesto en los artículos 282, 442 numeral 1 del Código
General del Proceso y 784 numerales 12 y 13 del Código de Comercio que
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No se aporto poder que la acreditara como apoderada de la sociedad Grucon S.A.S.
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Actor: MUNICIPIO DONMATÍAS (ANTIOQUIA)
establecen la posibilidad de proponer en el marco del proceso ejecutivo todo tipo
de excepciones de mérito derivadas del negocio jurídico que dio origen al título
ejecutivo, ii) desconocimiento del precedente judicial, porque aplicaron el auto
de unificación de 7 de diciembre de 20106 de la Sala Plena Contenciosa del
Consejo de Estado y las sentencias de 10 de abril de 20197 y de 18 de marzo de
20228 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, las cuales no guardan
similitud fáctica en razón a que los asuntos se resolvieron con el derogado Código
de Procedimiento Civil y no con el Código General del Proceso y iii) fáctico, toda
vez que se le dio una alcance errado al acta de liquidación bilateral y, además,
porque no se decretó una prueba pericial.
De manera previa, la Sala deberá establecer si la acción de tutela cumple con el
presupuesto de la relevancia constitucional, en razón a que su inobservancia fue
alegada por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y
(ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones9.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 200510, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional11.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala12, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
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Radicado No. 08001-23-31-000-2009-00019-02 (IJ), C.P.: Enrique Gil Botero.
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Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, Radicado No.: 13001-23-31-000-2008-00120-02 (39770), C.P.:
Martín Bermúdez Muñoz.
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Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, Radicado No.: 25000-23-26-000-2011-00673-01 (49.142), C.P.:
José Roberto Sáchica Méndez.
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Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
11
la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
12
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00687-00
Actor: MUNICIPIO DONMATÍAS (ANTIOQUIA)
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con
serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan
previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como
si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe
insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron
decididos por los jueces competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. La entidad territorial accionante manifiesta que el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Tercera de Decisión y el Juzgado Trece Administrativo del Circuito
de Medellín con las sentencias de 27 de octubre de 2022 y de 11 de junio de
2019, en su orden, mediante las cuales declararon no probadas las excepciones
de mérito propuestas y ordenaron seguir adelante con la ejecución, vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la tutela judicial efectiva, por incurrir en los defectos i) sustantivo, pues
actuaron en contra de lo dispuesto en los artículos 282, 442 numeral 1 del Código
General del Proceso y 784 numerales 12 y 13 del Código de Comercio que
establecen la posibilidad de proponer en el marco del proceso ejecutivo todo tipo
de excepciones de mérito derivadas del negocio jurídico que dio origen al título
ejecutivo, ii) desconocimiento del precedente judicial, porque aplicaron el auto
de unificación de 7 de diciembre de 201013 de la Sala Plena Contenciosa del
Consejo de Estado y las sentencias de 10 de abril de 201914 y de 18 de marzo de
202215 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, las cuales no guardan
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Radicado No. 08001-23-31-000-2009-00019-02 (IJ), C.P.: Enrique Gil Botero.
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Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, Radicado No.: 13001-23-31-000-2008-00120-02 (39770), C.P.:
Martín Bermúdez Muñoz.
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Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, Radicado No.: 25000-23-26-000-2011-00673-01 (49.142), C.P.:
José Roberto Sáchica Méndez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00687-00
Actor: MUNICIPIO DONMATÍAS (ANTIOQUIA)
similitud fáctica en razón a que los asuntos se resolvieron con el derogado Código
de Procedimiento Civil y no con el Código General del Proceso y iii) fáctico, toda
vez que se le dio una alcance errado al acta de liquidación bilateral y, además,
porque no se decretó una prueba pericial.
4.2. La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de tutela, porque
no cumple el requisito de la relevancia constitucional, en tanto se acude a ella con
la intención de dar continuidad al debate legal que fue resuelto en dos instancias.
La sociedad Grucon S.A.S. presentó demanda ejecutiva contra el municipio de
Donmatías por el incumplimiento del contrato de obra pública No. 29122014DT37,
al considerar que el 30 de noviembre de 2015 se suscribió el acta de recibo final y
el 11 de febrero de 2016 se firmó el acta de liquidación bilateral, y que el
municipio se encontraba en mora en el pago de la factura de venta No. 978 de 26
de noviembre de 2015 con un saldo de $230.027.168.
El Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Medellín en auto de 27 de junio
de 2017, libro mandamiento de pago contra la entidad territorial ejecutada por
valor de $230.027.168.
El municipio de Donmatías interpuso recurso de reposición contra la anterior
decisión, con sustento en que no se integró adecuadamente el título ejecutivo y,
además, que se presentaron las respectivas denuncias y quejas ante la Fiscalía
General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría
General de la República.
El Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Medellín en proveído de 28 de
noviembre de 2017, no repuso el auto que libro mandamiento de pago, bajo el
argumento de que el título ejecutivo se constituyó adecuadamente y el proceso
ejecutivo no es el medio “para verificar o constatar el incumplimiento de un
contrato estatal, pues se está frente a un proceso ejecutivo en el cual no se
discute la existencia de un derecho, sino a la efectividad del derecho que se tiene
plenamente establecido”.
Posteriormente, el municipio de Donmatías formuló como excepciones las de i)
falta de título ejecutivo, porque no se integró adecuadamente el título, toda vez
que los documentos que se aportaron no cumplían los requisitos formales, ii)
objeto y causa ilícita, en razón a que ocurrieron varios hechos ilícitos durante la
etapa precontractual y contractual, como la inexistencia del certificado de
disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal por el valor de los contratos
ni por el presupuesto vigente y iii) la aplicación del principio nemo auditur
propriam turpitudinem allegans, toda vez que la sociedad ejecutante no podía
pretender beneficiarse de su propio comportamiento culposo y negligente.
Igualmente, aportó pruebas documentales y solicitó que i) se oficiara a la Fiscalía
General de la Nación, ii) se practicaran pruebas testimoniales, iii) interrogatorio de
partes y iv) la práctica de una prueba pericial por parte de la Unidad
Administrativa Especial, Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia
Compra Eficiente, para que dictaminaran sobre el proceso precontractual,
evaluaran las propuestas y posterior adjudicación, para que determinaran si se
cumplieron los requisitos para la ejecución y si se presentaron irregularidades.
El Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Medellín en el curso de la
audiencia inicial de 25 de septiembre de 2018, negó la práctica de la prueba
pericial, en tanto “está orientado a verificar si todas las etapas contractuales
fueron ajustadas a derecho y no a determinar si el proceso se desarrolló con
mayor eficiencia, transparencia y optimización, que son las actividades propias de
esa entidad, dicho trabajo no se decretó”, y el interrogatorio de parte al
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representante legal del municipio ejecutado, “toda vez que la finalidad del
interrogatorio de parte busca en esencia la confesión y en los términos del artículo
195 de la Ley 1564 de 2012, no valdrá la confesión de los representantes de las
entidades públicas independiente de su régimen, y como quiera que la
demandada es entidad pública, municipio de Donmatías (entidad territorial) se
torna improcedente su decreto”. Contra esa decisión el municipio interpuso
recurso de reposición, el cual se resolvió en la misma audiencia, y en subsidio de
apelación que se concedió en efecto devolutivo.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, en auto de 26
de noviembre de 2018, confirmó el auto de 25 de septiembre de 2018, con
sustento en que “el análisis del proceso precontractual y contractual de la obra
pública celebrado entre las partes y que dio lugar al acta de liquidación bilateral
que se ejecuta, en nada toca con el objeto de la Litis, por cuanto busca probar un
hecho inocuo para los fines perseguidos dentro del proceso ejecutivo, teniendo en
cuenta que se pretende el pago de una obligación contenida en el acta de
liquidación y no siendo esta la vía procesal adecuada para examinar las
irregularidades que pudieron presentarse en la celebración y ejecución del
contrato de obra No. 2922014DT37 de 2015”.
Luego, el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Medellín en el trámite de la
audiencia de pruebas, instrucción y juzgamiento que tuvo lugar el 11 de junio de
2019 profirió sentencia, en la que declaró no probadas las excepciones de falta de
título ejecutivo, objeto y causa ilícita y aplicación del principio de nemo auditur
propiam turpitudem allegans. Así mismo, ordenó seguir adelante con la ejecución
y condenó en costas al municipio Donmatías.
Ese despacho judicial consideró que el acta de liquidación bilateral del contrato
por si solo configura el título ejecutivo a partir del cual se puede solicitar
mandamiento de pago de acuerdo con lo establecido en el auto de unificación de
7 de diciembre de 2010 de la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado y en
la sentencia de 13 de febrero de 2013 de la Sección Tercera, Subsección “C” del
Consejo de Estado. Adicionalmente, resaltó que el numeral 3 del artículo 297 de
la Ley 1437 de 2011 no requiere que el acta se aporte en original.
Asimismo, frente al objeto y causa ilícita el a quo manifestó que “no es la instancia
para verificar o constatar el incumplimiento de un contrato estatal, pues se está
frente a un proceso ejecutivo en el cual no se discute la existencia de un derecho,
sino a la efectividad del derecho que se tiene plenamente establecido”. De igual
modo, recordó que para esos efectos está previsto el medio de control de
controversias contractuales regulado en el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011.
Finalmente, frente el principio nemo auditur propiam turpitudem allegans, reiteró lo
antes expuesto en el cargo de objeto y causa ilícita, con el fin de negarlo.
El municipio de Donmatías interpuso recurso de apelación contra la decisión de
negar las excepciones propuestas y ordenó seguir adelante con la ejecución, en
el que insistió en las excepciones propuestas.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, en sentencia de
27 de octubre de 2022 confirmó el fallo de primera instancia, para lo cual se
sustentó en el auto de 7 de diciembre de 2010 de la Sala Plena Contenciosa del
Consejo de Estado, reiterada en providencia de 25 de octubre de 2019 de la
Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, en el que se estableció
que el acta de liquidación bilateral del contrato constituye el título ejecutivo. Por
consiguiente, verificó que “la obligación que se pretende cobrar a través de la
demanda ejecutiva deriva del acta de liquidación bilateral del contrato de obra
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pública No. 29122014DT37 de 2015, en la que se reconoció un saldo a favor de la
sociedad GRUCON S.A.S. por parte del municipio de Don Matías, Antioquia, por
un valor de $230.027.168, sin salvedad alguna, documento que obra en los folios
36 a 37 del expediente y que fue allegado en copia auténtica”. Agregó que en la
mencionada acta “se relacionan los pagos realizados al contratista, quedando un
saldo pendiente por valor $230.027.168, sin someterse a un plazo o condición el
pago del saldo debido al contratista”. Es decir, ese documento contiene una
obligación clara, expresa y exigible.
De otro lado, respecto a las excepciones de objeto y causa ilícita y la aplicación
del principio nemo auditur propiam turpitudem allegans, el tribunal reiteró lo
expuesto en la decisión de primera instancia frente “a la imposibilidad de formular
excepciones tendientes a acreditar la ilegalidad del título en el proceso de la
ejecución, toda vez que el trámite de excepciones que discutan la legalidad del
título base de recaudo en el proceso ejecutivo desnaturaliza este tipo de proceso,
pues esto solo busca obtener coercitivamente del deudor el pago a favor del
acreedor de una obligación sobre cuya claridad, expresión y exigibilidad, no existe
duda alguna. Por lo tanto, corresponderá al juez ordinario hacer juicio o valoración
correspondiente frente a las actuaciones contractuales cuando se cuestiona la
legalidad del proceso de contratación y no al juez de la ejecución a través del
trámite ejecutivo”.
De lo anterior, la Sala observa que en primera y segunda instancia después de
analizar las pruebas en conjunto y la jurisprudencia del órgano de cierre de la
jurisdicción contencioso administrativa se evidenció que el acta de liquidación
bilateral del contrato contenía una obligación clara, expresa y exigible y constituía
el título ejecutivo, legalidad que no podía ser motivo de análisis, pues para eso el
municipio ejecutado contaba con el medio de control de controversias
contractuales.
4.3. Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que los reproches formulados
por la parte actora en el escrito de tutela, independientemente que se quieran
encuadrar en la supuesta vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, por la supuesta configuración
de los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y fáctico, lo
que en realidad pretende es darle continuidad al debate litigioso relacionado con la
excepciones de falta de título ejecutivo, objeto y causa ilícita y aplicación del
principio de nemo auditur propiam turpitudem allegans, propuestas en el curso del
proceso ejecutivo que se adelantó en su contra.
En efecto, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y el
Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Medellín, analizaron con suficiencia
el acta de liquidación bilateral del contrato y concluyeron que esta contenía una
obligación clara, expresa y exigible, razón por la cual constituía el título ejecutivo el
cual sirvió de base para librar el mandamiento de pago.
Igualmente, las autoridades judiciales accionadas en su rol de juez natural
aclararon a la parte actora que la naturaleza de los procesos ejecutivos no les
permitía estudiar la legalidad del título ejecutivo, pues para eso el ordenamiento
jurídico prevé el medio de control de controversias contractuales.
Pese a lo anterior, la entidad territorial insiste en los mismos reproches
relacionados con la legalidad del título ejecutivo y al no estar de acuerdo con las
valoraciones que se realizaron de las pruebas y de la aplicación del precedente
del órgano de cierre en las decisiones que declaró no probada las excepciones y
ordenó seguir adelante con la ejecución en las dos instancias, formuló acción de
tutela bajo la supuesta vulneración de derechos fundamentales con sustento en
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argumentos subjetivos, lo que no es razón suficiente para omitir el hecho de que el
mecanismo de tutela se está utilizando como una instancia adicional, lo que
desconoce el requisito de la relevancia constitucional.
Adicionalmente, se constató que los fundamentos que el municipio demandante
desarrolló en la solicitud de amparo se plantearon de manera similar en el recurso
de reposición en el que propuso las excepciones y en la sustentación del recurso
de apelación, los cuales han sido objeto de estudio y pronunciamiento, lo que
evidencia el propósito de continuar con un debate que ya fue abordado por el juez
natural del asunto.
Igualmente, se advierte que el hecho de que se alegue la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, no da por superado automáticamente el requisito de la relevancia
constitucional, pues es necesario que se proponga un genuino debate
constitucional alejado de apreciaciones subjetivas y que esté relacionado con el
contenido, alcance y goce de derechos fundamentales, lo que, como quedó
expuesto, no ocurre en esta oportunidad. Se trata de una discusión que tiene más
visos económicos y de estricta legalidad, que en nada involucra una discusión
constitucional que pueda habilitar el estudio de fondo de la solicitud, lo que
conlleva a darle una dimensión de peso mayor a los principios de seguridad
jurídica y cosa juzgada.
Al respecto, es necesario recordar que la Corte Constitucional en sentencia SU-
573 de 201916, estableció que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a
saber: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de
la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces”17 (Negrilla y resalta de la Sala)
En la sentencia SU-215 de 202218, la Corte Constitucional recordó que el
cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional requiere “involucrar algún
debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico”, a lo que agregó que “la controversia no debe limitarse a una
puramente legal y/o económica”. De allí que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección de los derechos efectiva de los
derechos fundamentales y no a problemas de carácter legal”.
Lo expuesto es suficiente para concluir que la parte actora acudió a la acción de
tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en
este caso, a la manera de una tercera instancia, toda vez que insiste en el mismo
debate litigioso relacionado con la legalidad del título ejecutivo que, a su juicio,
evidenciaba su objeto y causa ilícitas.
Finalmente, respecto al alegato consistente en que se negó la práctica de la
prueba pericial, se observa que esto fue un asunto que se analizó en la etapa
16
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
17
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
18
M.P. Natalia Ángel Cabo.
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procesal pertinente y que culminó con el auto de 26 de noviembre de 2018,
notificado mediante estado de 30 de noviembre de 2018, en el cual el Tribunal
Administrativo de Antioquia confirmó la decisión de primera instancia que negó
dicha prueba, providencia que no fue reprochada en el escrito de tutela y que,
además, no resulta procedente realizar algún análisis porque desatendería el
requisito de la inmediatez, en tanto han transcurrido 4 años, 2 meses y 8 días
desde que fue notificada.
Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela, por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
municipio de Donmatías contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Tercera de Decisión y el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Medellín,
por las razones aquí expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON ORLANDO RAMOS GIRÓN
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