Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00673-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00673-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2011-00673-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
18 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 25000232600020110067301 (49.142)
Ejecutante: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-
Ejecutado: Segurexpo de Colombia S.A.
Proceso: Ejecutivo
Asunto: Sentencia de segunda instancia
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por
Segurexpo de Colombia S.A., contra la providencia mediante la cual se ordenó
seguir con la ejecución.
La parte ejecutada formula reparos relativos a la legalidad del contrato estatal y a
los actos administrativos que integran el título ejecutivo.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión proferida el 16 de agosto de 2013 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de
Descongestión, a través de la cual decidió (se transcribe conforme obra):
“PRIMERO: SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN a favor del INSTITUTO
DE DESARROLLO URBANO –IDU y contra la compañía SEGUREXPO DE
COLOMBIA S.A. ASEGURADORA DE CREDITO Y DEL COMERCIO
EXTERIOR, de conformidad con lo ordenado en el auto que libró mandamiento
de pago del 29 de septiembre de 2011.
“SEGUNDO: Condenar a la compañía SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.
ASEGURADORA DE CREDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR, a pagar las
costas del proceso, conforme a la liquidación que debe ser realizada por la
Secretaría de la Subsección.
“CUARTO (sic): Fijar como agencias en derecho la suma de CIEN MILLONES
DE PESOS ($100.000.000) M/CTE”1.
Tal proveído resolvió la demanda cuyas (i) pretensiones, (ii) hechos principales y
(iii) fundamentos de derecho son los siguientes:
1 Folio 205 del cuaderno principal.
Radicación: 25000232600020110067301 (49.142)
Ejecutante: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-
Ejecutado: Segurexpo de Colombia S.A.
Asunto: Ejecutivo
Pretensiones
2. El 8 de julio de 20112, el Instituto de Desarrollo Urbano –en adelante IDU–
presentó demanda en proceso ejecutivo contra Segurexpo de Colombia S.A.
Aseguradora de Crédito y del Comercio Exterior –en adelante Segurexpo–, con el
propósito de que se librara mandamiento de pago en los siguientes términos (se
transcribe literal, incluyendo eventuales errores):
“PRIMERO: Que se libre mandamiento de pago por la suma de MIL
DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO MIL PESOS ($1.225.458.000,oo) MONEDA LEGAL valor amparado
por la Garantía Única de Cumplimiento No. 00013748 del 9 de enero de 2009,
expedida por la compañía aseguradora SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.
en su amparo de cumplimiento del contrato IDU-072 de 2008 otorgada con el
fin de amparar el pago de los perjuicios derivada del incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el contrato IDU No. IDU-072 de 2008 suscrito con
la UNIÓN TEMPORAL VÍAS DE BOGOTÁ 2009, integrada por COSTCO
INGENIERÍA LTDA, BITACORA CIA LTDA. – CARENA SPAQ IMPRESA DI
CONSTRUZIONI cuyo objeto era realizar ‘LAS OBRAS Y ACTIVIDADES
PARA LA MALLA VIAL ARTERIAL, INTERMEDIA Y LOCAL DEL DISTRITO
DE CONSERVACIÓN DEL GRUPO 4 (SUR) EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
D.C.’
SEGUNDO: Que se libre mandamiento de pago por los intereses moratorios
sobre la suma señalada en la petición anterior, es decir, de MIL
DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO MIL PESOS ($1.225.458.000,oo) MONEDA LEGAL, contados a
partir del 29 de Noviembre de 2010 fecha en la cual quedó ejecutoriada la
Resolución No. 3238 del 21 de octubre de 2010 expedida por la Dirección
Técnica de Construcciones, por medio de la cual se resuelve el Recurso de
Reposición interpuesto por el señor (…) representante de la UNIÓN
TEMPORAL VÍAS DE BOGOTÁ y (…) apoderada de la Compañía
Aseguradora SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. contra la Resolución 682 del
12 de Marzo de 2010 expedida por la Dirección Técnica de Mantenimiento del
Instituto de Desarrollo Urbano y hasta cuando se verifique su pago, liquidados
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 884 del Código de Comercio, Artículo
4 numeral 8 de la Ley 80 de 1993 es decir a la tasa del doble interés civil
sobre el valor histórico actualizado.
TERCERO: Que se condene en costas y en gastos procesales al
demandado”3.
Hechos principales
3. Como supuestos fácticos, la parte actora indicó que el IDU y la unión temporal
Vías de Bogotá 2009 suscribieron el contrato IDU-072 de 2008, con el objeto de
ejecutar “las obras y actividades para la malla vial arterial, intermedia y local del
distrito de conservación del grupo 4 (sur), en la ciudad de Bogotá”, cuyo valor
ascendía a la suma de $100.487.124.278. Indicó que, para garantizar su
cumplimiento se constituyó la póliza 13748 del 9 de enero de 2009, a favor del IDU,
expedida por la compañía aseguradora Segurexpo.
2 Folio 12 del cuaderno 1.
3 Folios 1 y 2 del cuaderno 1.
2
Radicación: 25000232600020110067301 (49.142)
Ejecutante: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-
Ejecutado: Segurexpo de Colombia S.A.
Asunto: Ejecutivo
4. Durante la ejecución del aludido contrato de obra, la firma interventora CCU
solicitó el inicio de un procedimiento para la imposición de multas al contratista, (i)
por la falta de entrega de documentos que soporten el manejo del anticipo; (ii) por
no mantener los frentes de trabajo con el personal, equipo y materiales necesarios
para la obra; y (iii) por incumplimiento del plan de manejo de tráfico, señalización y
desvíos.
5. Explicó que, surtido el trámite sancionatorio, la entidad pública declaró, mediante
la Resolución 682 del 12 de marzo de 2010, que la unión temporal Vías de Bogotá
2009 incumplió sus obligaciones contractuales y, como consecuencia, le impuso al
contratista una multa por la suma de DOS MIL SETECIENTOS TRECE MILLONES
CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
($2.713.152.348) M/Cte.
6. El citado acto administrativo fue recurrido en reposición por la UT Vías de Bogotá
2009 y por Segurexpo, siendo resueltos a través de la Resolución 3238 del 21 de
octubre de 2010, en la que el IDU confirmó la declaratoria de incumplimiento de las
obligaciones contractuales y redujo el valor de la multa impuesta a la suma de MIL
DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO MIL PESOS ($1.225.458.000) M/Cte. Asimismo, dispuso que el siniestro de
incumplimiento sería cubierto por la garantía única 13748, expedida por Segurexpo
de Colombia S.A.
7. Afirmó que, mediante oficio IDU-DTGC20114350107211 del 4 de marzo de 2011
y de conformidad con el artículo 1080 del Código de Comercio, el IDU requirió a
Segurexpo para que cancelara el valor de la mencionada multa.
Mandamiento de pago
8. Mediante proveído del 29 de septiembre de 20114, el Tribunal de origen libró
mandamiento de pago en los siguientes términos:
“PRIMERO: Líbrese mandamiento de pago en contra SEGUREXPO DE
COLOMBIA S.A., por la suma de UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS
($1.225.458.000).
“SEGUNDO: El anterior mandamiento se efectúa por la suma de UN MIL
DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO MIL PESOS ($1.225.458.000), y por la suma de los intereses
causados desde la fecha de exigibilidad de la obligación (29 de noviembre de
2010, fecha en que quedó ejecutoriada la resolución que impuso la multa y
declaró el siniestro) y hasta tanto se verifique su pago, los cuales deberán
liquidarse de conformidad con el numeral 8° del artículo 4° de la ley 80 de
1993, como quiera que las partes no pactaron en el contrato los intereses
moratorios derivados del incumplimiento de las obligaciones del contratista.
4 Folios 16 a 20 del cuaderno 1.
3
Radicación: 25000232600020110067301 (49.142)
Ejecutante: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-
Ejecutado: Segurexpo de Colombia S.A.
Asunto: Ejecutivo
“TERCERO: La suma anterior deberá ser pagada por la empresa ejecutada,
dentro de los cinco (5) días siguientes conforme lo dispone el artículo 498 del
Código de Procedimiento Civil”5.
Oposición de la parte demandada
Como fundamento de su defensa, Segurexpo de Colombia S.A. propuso tres
excepciones de mérito, así:
9. La primera, denominada “interposición de demanda contencioso administrativa
por ilegalidad de los actos administrativos en que se fundamenta el mandamiento
de pago”, lo cual impide que estos actos sean el sustento de la acción ejecutiva,
situación que sustenta en que las Resoluciones 682 y 3238 de 2010, proferidas por
el IDU, fueron demandadas en sede contractual bajo el expediente con radicación
2011-00682.
10. La segunda, relativa a la “nulidad de las resoluciones que pretender (sic) ser
título ejecutivo”; para el efecto, señaló que como las multas ostentan un carácter
conminatorio, cuya finalidad específica es inducir al cumplimiento del contrato, si el
mismo está “detenido, diferido, cancelado, anulado o abolido”6, porque se cedió, no
es posible entonces que se conmine jurídicamente a un tercero a su ejecución,
puesto que éste nada tiene que ver con el incumplimiento acontecido.
Para los efectos, aseguró que el IDU impuso la multa el 12 de marzo de 2010
(Resolución 682) y el 19 de abril de ese mismo año el contrato fue cedido por la
unión temporal Vías de Bogotá 2009 al consorcio Vías del Distrito, y que para el
momento de expedición del acto que confirmó la aludida sanción –el 21 de octubre
de 2010 (Resolución 3238)–, la multa ya no cumplía el propósito para el que fue
creada; por ende, en su criterio, las Resoluciones 682 y 3238 adolecen de falsa
motivación y desconocen las normas en que debían fundarse, por cuanto, itera, la
multa no tendría el carácter de apremio, ya que todas las obligaciones fueron
asumidas por el tercero cesionario. Así mismo, indicó que cumplió con las
exigencias mínimas de equipo y maquinaria, y que la inobservancia del plan de
manejo de tráfico y señalización ocurrió por el hecho de terceros que destruyeron y
hurtaron la señalización y las herramientas para el manejo del tráfico.
11. Agregó que el contrato 072 de 2008 adolece de nulidad por causa ilícita,
comoquiera que tiene origen en el llamado “Carrusel de la Contratación”, por lo que
todos los actos que se derivan de éste -el contrato- son nulos.
12. Como tercera excepción, planteó la existencia de “prejudicialidad” pidiendo la
suspensión del proceso ejecutivo hasta que la jurisdicción se pronuncie sobre la
legalidad de los actos administrativos que constituyen el título ejecutivo.
Alegatos en primera instancia
5 Folio 20 del cuaderno 1.
6 Folio 39 del cuaderno 1.
4
Radicación: 25000232600020110067301 (49.142)
Ejecutante: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-
Ejecutado: Segurexpo de Colombia S.A.
Asunto: Ejecutivo
13. Mediante auto del 25 de junio de 20137, el a quo corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión, oportunidad en la cual la parte ejecutada reiteró los
argumentos que expuso al formular las excepciones de fondo.
14. La parte ejecutante adujo que cuando el proceso ejecutivo tiene como título de
recaudo un acto administrativo, como sucede en este proceso, es improcedente la
proposición de excepciones dirigidas a cuestionar su legalidad; además, sostuvo
que las excepciones propuestas deben buscar atacar el título ejecutivo complejo (a
saber, las de compensación, confusión, novación, remisión, prescripción,
transacción, pérdida de la cosa debida) y no atacar el procedimiento como tal, como
se advierte de la excepción “interposición de la demanda contencioso administrativa
por ilegalidad de los actos administrativos en que se fundamenta el mandamiento
de pago”.
El Ministerio Público guardó silencio.
Fundamentos de la providencia recurrida
15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de
Descongestión, dictó sentencia8 en el sentido de seguir adelante con la ejecución a
favor del IDU y contra Segurexpo, al considerar que, de conformidad con el artículo
488 del C. de P.C., se integró en debida forma el título ejecutivo complejo, mediante
copia auténtica del contrato de obra 72 del 30 de diciembre de 2008, la Resolución
682 del 12 de marzo de 2010, el edicto de notificación, la Resolución 3238 del 21
de octubre de 2010, con su constancia de notificación por edicto y el original de la
garantía única de cumplimiento contenida en la póliza 137489 del 9 de enero de
2009, expedida por Segurexpo.
16. Sostuvo que mediante las Resoluciones 682 y 3238 de 2010, el IDU declaró la
ocurrencia del siniestro de incumplimiento amparado por la Garantía Única de
Seguro de Cumplimiento a favor de entidades estatales, la cual tenía vigencia del
30 de diciembre de 2008 al 6 de julio de 2015, con un monto asegurado de
$30.146.137.283, valor superior al de la multa impuesta por $1.225.458.000.
17. Agregó que no era procedente analizar las excepciones de mérito formuladas
por la parte ejecutada, dado que no se refieren a las previstas en el numeral 2 del
artículo 509 del C. de P.C., a saber, pago, compensación, confusión, novación,
remisión, prescripción o transacción, únicas que pueden alegarse cuando el título
ejecutivo consista en una sentencia, laudo de condena o está integrado por un acto
administrativo.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
7 Folio 177 cuaderno 1.
8 Folios 196 a 205 del cuaderno principal.
5
Radicación: 25000232600020110067301 (49.142)
Ejecutante: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-
Ejecutado: Segurexpo de Colombia S.A.
Asunto: Ejecutivo
Síntesis del recurso de apelación:
18. Segurexpo, parte ejecutada, interpuso recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia, con el fin de que sea revocada; para el efecto, sostuvo que
carece de relevancia la discusión que planteó el a quo en torno a la procedencia de
las excepciones de que trata el artículo 509 del C. de P.C., comoquiera que ante la
advertencia de nulidad absoluta del contrato estatal, en virtud del cual se expidieron
los actos administrativos que sirven como título de recaudo ejecutivo, tal declaración
de nulidad se extiende a estos últimos actos, “llegando a la inexorable conclusión
alusiva a la inexistencia de título ejecutivo”9.
19. Afirmó que ante la evidencia de la ilicitud en la adjudicación y celebración del
contrato -por el reconocimiento del otorgamiento de dádivas para funcionarios del
IDU-, el Tribunal no podía dejar de pronunciarse sobre la referida nulidad del
contrato y la consecuente ausencia total de título ejecutivo.
20. Insistió en que se configuró la prejudicialidad, dado que estaba siendo
cuestionada la legalidad de los actos administrativos que integran el título ejecutivo
complejo. Por lo anterior y como en su criterio los actos que sirvieron de fundamento
a dicha ejecución perderán validez, procede la declaratoria de prejudicialidad, en
aras de precaver decisiones contradictorias entre el proceso ejecutivo y el ordinario.
21. Precisó que, en todo caso, la multa impuesta -sustento del título- carecía de
propósito y de soporte jurídico, pues no cumplió con su fin de constreñir al contratista
para satisfacer sin más dilación la obligación respectiva, en la medida que hasta el
21 de octubre de 2010 fue confirmada dicha sanción, esto es, cuando el contrato ya
había sido cedido a un tercero, lo que ocurrió el 19 de abril de 2010.
Trámite de segunda instancia
22. El 8 de octubre de 2013, el Tribunal de primera instancia concedió el recurso de
apelación10 y esta Corporación, en proveído del 19 de febrero de 2014, lo admitió11;
el 9 de abril siguiente, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al
Ministerio Público para que rindiera concepto12, oportunidad en la cual la parte
ejecutada reiteró los argumentos que expuso en su alzada y el IDU ratificó su
postura. Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio.
23. Mediante proveído del 7 de octubre de 201913, el Despacho sustanciador
suspendió el trámite procesal, pues la sentencia a proferir dependía de lo que fuera
resuelto en el proceso de controversias contractuales que cursaba en esta
Corporación -identificado con el número interno 48.612-, en el cual se discutía la
legalidad del contrato estatal -contrato 72 de 2008- y los actos administrativos que
integran el título ejecutivo -Resoluciones 682 y 3238 de 2010-.
9 Folio 208 del cuaderno principal.
10 Folio 227 del cuaderno principal.
11 Folio 231 del cuaderno principal.
12 Folio 233 del cuaderno principal.
13 Folios 246 y 247 del cuaderno principal.
6
Radicación: 25000232600020110067301 (49.142)
Ejecutante: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-
Ejecutado: Segurexpo de Colombia S.A.
Asunto: Ejecutivo
24. En auto del 10 de marzo de 202114, se decretó la reanudación del presente
asunto, dado que (i) el artículo 163 del CGP. prevé que la suspensión por
prejudicialidad se reanudará cuando se presente copia de la providencia
ejecutoriada que puso fin al proceso que le dio origen, y (ii) al expediente se aportó
copia de la sentencia proferida en el proceso 25000232600020110068201 (48.612)
-que dio lugar a la suspensión procesal-.
25. La parte ejecutada presentó solicitud de nulidad procesal por indebida
integración del contradictorio15, por cuanto el mandamiento de pago hizo
responsable a Segurexpo por el pago del 100% de la obligación derivada de la
garantía única de cumplimiento, cuando lo cierto es que dicha garantía se expidió
bajo la figura de coaseguro, y en esa virtud se estableció que en caso de siniestro
el amparo sería cubierto en un 60% por Segurexpo y en un 40% por Seguros
Colpatria S.A.
26. Por medio de auto del 30 de noviembre de 202116, esta Corporación rechazó de
plano la referida solicitud de nulidad procesal, toda vez que Segurexpo no alegó que
la demanda no comprendía todos los litisconsortes necesarios como excepción
previa y en la oportunidad que la ley fijó para tal fin –pues tratándose de los procesos
ejecutivos, los hechos constitutivos de excepciones previas deben proponerse
mediante recurso de reposición contra el mandamiento de pago–.
27. En memorial obrante en el índice 31 de SAMAI, la parte ejecutante allegó
comprobante de depósito judicial al sub lite, por valor de $2.247.597.879, monto
arrojado de la liquidación que realizó –y que adjuntó al referido comprobante- donde
tuvo en cuenta el capital adeudado en un porcentaje del 60%, los intereses debidos
respecto de dicho porcentaje de capital desde el 29 de noviembre de 2010 hasta el
28 de febrero de 2021 y $60’000.000, por concepto de agencias en derecho.
III. CONSIDERACIONES
El objeto de la apelación
28. Vistos los argumentos esgrimidos en el recurso de alzada, corresponde a la Sala
establecer si los reparos manifestados por la ejecutada, que se corresponden con
las excepciones de fondo propuestas, tienen la envergadura requerida para impedir
el avance de la ejecución.
Motivación de la sentencia
29. Segurexpo centró su recurso de apelación en tres aspectos esenciales; el
primero, referente a la configuración de prejudicialidad; el segundo, relativo al
debate formulado contra los referidos actos administrativos, al aducir que los
mismos no se ajustaron al ordenamiento jurídico, al carecer de próposito y soporte
14 Folios 257 y 258 del cuaderno principal.
15 El 23 de junio de 2021, folios 246 y 247 del cuaderno principal.
16 Folios 260 a 262 del cuaderno principal.
7
Radicación: 25000232600020110067301 (49.142)
Ejecutante: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-
Ejecutado: Segurexpo de Colombia S.A.
Asunto: Ejecutivo
jurídico; y, el tercero, aludió a la falta de pronunciamiento del a quo respecto de la
nulidad del contrato estatal.
30. Sobre la configuración de la prejudicialidad, el numeral 2 del artículo 170 del C.
de P.C. establece que el juez decretará la suspensión del proceso cuando la
sentencia que deba dictarse en un proceso dependa de lo que deba decidirse en
otro proceso civil que verse sobre cuestiones que no sea procedente resolver en el
primero, o de un acto administrativo de alcance particular cuya nulidad esté
pendiente del resultado del proceso contencioso administrativo.
Asimismo, de conformidad con la doctrina, “para que pueda hablarse de
prejudicialidad se requiere no la simple relación entre dos procesos sino la
incidencia definitiva y directa que la decisión que se tome en un proceso tenga sobre
la que se adopte en otro, de modo tal que sea condicionante total o parcialmente
del sentido del fallo que deba proferirse”17.
31. En tal contexto, al advertir que la sentencia a proferir en este asunto dependía
necesariamente de lo decidido en el proceso de controversias contractuales
(número interno 48612) adelantado para cuestionar la legalidad del contrato estatal
y los actos administrativos que integran el título ejecutivo, y en la medida que al juez
de la ejecución no le corresponde el análisis de legalidad de éstos, esta
Corporación, como ya se mencionó, decretó la suspensión del proceso por
prejudicialidad, en auto del 7 de octubre de 2019, medida que se levantó el 10 de
marzo de 2021, con el aporte de la copia de la sentencia proferida dentro del aludido
proceso contractual.
Por lo anterior y al constatar que se generó la suspensión temporal de la
competencia de la Sala hasta la decisión del proceso 48.612 y que se reanudó el
asunto de la referencia con la noticia de la providencia expedida en aquel proceso,
ningún fundamento subsiste al argumento de prejudicialidad formulado entre los
cargos de censura. En efecto, la suspensión por prejudicialidad decretada, así como
la reanudación de la actuación del sub lite se produjo con la decisión de fondo sobre
la legalidad de los títulos de recaudo materia de ejecución; de modo que, superado
el cargo y su motivación, corresponde a la Sala avanzar en relación con los demás
argumentos formulados por la parte apelante.
32. Respecto del segundo reparo esgrimido en la alzada, es imprescindible,
nuevamente, traer de presente la sentencia del 7 de septiembre de 2020 que decidió
la acción de controversias contractuales con radicado 25000-23-26-000-2011-
00682-01 (48.612), dentro de la cual la parte actora –Segurexpo- buscó obtener (i)
la nulidad de las Resoluciones 682 y 3238 de 2010 –por medio de las cuales se
impuso una multa y se confirmó la imposición de tal sanción, respectivamente; y (ii)
la nulidad absoluta del contrato estatal 72 de 2008, suscrito entre el IDU y la Unión
Temporal Vías de Bogotá 2009, por “ilicitud de la causa”.
17 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, “Procedimiento Civil Parte General”, Novena edición, Dupré Editores, Bogotá́
D.C., pág. 977.
8
Radicación: 25000232600020110067301 (49.142)
Ejecutante: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-
Ejecutado: Segurexpo de Colombia S.A.
Asunto: Ejecutivo
Mediante dicha providencia, esta Corporación negó las súplicas de la demanda, al
señalar que el IDU obró atendiendo las circunstancias vigentes al tiempo de
expedición de los actos que impusieron una multa, y que la legalidad de éstos no
se afectó con la posterior cesión del contrato. Resaltó que la sustitución de una de
las partes del contrato no genera la extinción del vínculo jurídico, pues la cesión
contractual no equivale a una novación.
Igualmente, no accedió a la petición de nulidad absoluta del contrato, por cuanto la
compañía aseguradora demandante carecía de legitimación para formular dicha
pretensión, en la medida que no acreditó un interés directo perjudicado por la
celebración del contrato, y no a raíz de los efectos posteriores que éste produjo.
Al hilo de lo anterior, es claro que no se desvirtúo la legalidad de las Resoluciones
682 y 3238 de 2010, de conformidad con la sentencia que, en sede de controversias
contractuales, así lo determinó; en cambio, consideró que las mismas se ajustaron
al ordenamiento jurídico porque el examen de su legalidad debía realizarse teniendo
en cuenta las circunstancias vigentes al momento de su expedición.
33. Adviértase que, al juez de la ejecución le está vedado el análisis de la legalidad
de los actos administrativos que se aduzcan como parte integrante de un título
ejecutivo, comoquiera que esa tarea es facultad exclusiva del juez de conocimiento
dentro de un juicio de naturaleza declarativa –v. gr nulidad y restablecimiento del
derecho, o controversias contractuales–, pues no de otro modo se garantizarían los
principios del juez natural18 y del debido proceso, tal como la jurisprudencia de esta
Corporación19 lo tiene establecido de manera pacífica y reiterada. Esta restricción
se refuerza en su contenido y alcance cuando, además de obrar la presunción de
legalidad de los actos, obra sentencia ejecutoriada que ha negado la nulidad de los
mismos.
34. En esa medida y como el juez natural de las decisiones unilaterales de la
Administración ya se pronunció sobre ellas sin desvirtuar su presunción de
legalidad, es evidente que el fin del asunto de la referencia, en el marco del proceso
ejecutivo, únicamente se contrae a la satisfacción del derecho cierto y determinado
invocado por la parte ejecutante.
35. Bien es sabido que “los procesos ejecutivos no tienen por objeto declarar
derechos dudosos o controvertidos, sino, por el contrario, a llevar a efecto los
derechos que se hallan reconocidos por actos o en títulos de tal fuerza que
constituyen una vehemente presunción de que el derecho del actor es legítimo y
está suficientemente probado para que sea desde luego atendido”20. De modo que
ante la existencia de una decisión proferida por el juez de conocimiento que ratifica
que las resoluciones que sustentan el título ejecutivo gozan del atributo estable de
18 “La exigencia de un juez competente, independiente e imparcial remite necesariamente a la noción de ‘juez
natural’, que tiene en el ordenamiento jurídico colombiano un significado preciso, esto es, aquél a quien la
Constitución o la ley le ha atribuido el conocimiento de un determinado asunto” (Corte Constitucional C-200 de
2002).
19 Al respecto, ver, entre otras, las sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 27 de julio de
2005, expediente 23565 y del 14 de marzo de 2019, expediente 46616.
20 PINEDA RODRÍGUEZ, Alfonso y otro, “El Título Ejecutivo y los Procesos Ejecutivos”, Décima Edición, Leyer,
Bogotá D.C., pág. 177.
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Radicación: 25000232600020110067301 (49.142)
Ejecutante: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-
Ejecutado: Segurexpo de Colombia S.A.
Asunto: Ejecutivo
legalidad, basta ello para avanzar en la tarea de hacer efectivo el derecho
judicialmente reconocido a favor de la ejecutante –el IDU– y no pronunciarse
respecto de una controversia que ya fue resuelta por esta jurisdicción, y que escapa
a la naturaleza y objeto del proceso ejecutivo.
36. En este mismo sentido habrá de pronunciarse la Sala en torno al tercer reproche
elevado en la apelación –la supuesta omisión del a quo sobre la declaratoria de
nulidad absoluta del contrato estatal–, comoquiera que no le compete al juez de la
ejecución contender respecto a la declaratoria de la existencia, inexistencia o
modificación de un derecho o interés reclamado (declarativo, constitutivo o de
condena)21 cuyo fin es llegar a un punto de certeza jurídica, pues, en este caso, el
juez de conocimiento en sede contractual ya se pronunció negando la pretensión de
declaratoria de nulidad absoluta del contrato, por las razones antes aludidas; y,
dicho sea de paso, tal decisión no es susceptible de ser revaluada, criticada o
controvertida en sede de ejecución.
37. En este orden de ideas y comoquiera que los argumentos del recurso de
apelación –que se corresponden con las excepciones de mérito propuestas por
Segurexpo– están orientados únicamente a ventilar un juicio de legalidad de las
Resoluciones 682 y 3238 de 2010 y del contrato de obra 72 de 2008, análisis que
no le atañe al juez de la ejecución, aspecto que, por demás, ya fue objeto de análisis
por el juez de la legalidad, es evidente que le corresponde a la Sala negar los
reparos presentados por Segurexpo en su alzada, razón por la cual la Sala
confirmará la decisión de seguir adelante la ejecución.
Costas
38. Se condenará en costas a la parte ejecutada, Segurexpo de Colombia S.A., tal
como lo dispone el artículo 510 (literal e) del C. de P.C., norma aplicable a los
procesos ejecutivos que se tramitan en esta jurisdicción al amparo de la legislación
anterior al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
39. Las agencias en derecho se fijarán con sujeción a lo dispuesto en los artículos
3 y 6 del Acuerdo 1887 de 200322, proferido por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura y, como consecuencia, se fija la suma de veinticinco
millones de pesos ($25’000.000 m/cte) por concepto de agencias en derecho.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
21DEVIS ECHANDIA, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Tomo I, Editorial ABC, pág. 198.
22 Según este Acuerdo, la condena por agencias en derecho en los procesos ejecutivos en segunda instancia
se puede fijar hasta por el cinco por ciento (5%) del valor del pago confirmado o revocado total o parcialmente
en la respectiva providencia
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Radicación: 25000232600020110067301 (49.142)
Ejecutante: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-
Ejecutado: Segurexpo de Colombia S.A.
Asunto: Ejecutivo
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de agosto de 2013, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C” de
Descongestión, a través de la cual se ordenó seguir adelante con la ejecución contra
SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a Segurexpo de Colombia S.A. –parte
ejecutada– para lo cual se fija como agencias en derecho para la segunda instancia,
la suma de veinticinco millones de pesos ($25’000.000 m/cte).
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE23
MARTHA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
V.F
23 Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se
suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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